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“El horror de este hecho nos interpela porque esta muerte fue el punto final de una vida de sufrimiento en soledad y desamparo institucional”.

Así termina el comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió esta semana sobre el asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, ocurrido el pasado viernes.

En este caso espantoso de violencia intrafamiliar que se extendió durante más de diez años hubo numerosas denuncias, intervinieron varios organismos, todas las alarmas se activaron pero nada de eso impidió que los golpes continuaran y que la tragedia culminara de la peor manera.

Ahora, una vez que sucedió el fallecimiento, se fueron produciendo reacciones: una investigación administrativa en el Ministerio del Interior, un informe que pidió la Suprema Corte de Justicia, una convocatoria al Parlamento de las autoridades del INAU y otras instituciones involucradas. Esas líneas de trabajo permitirán obtener información sobre la ominosa omisión en la que incurrió el Estado en esta historia. Y ojalá deriven en aprendizajes y reformas para el futuro.

De todos modos, este drama deja también otras preguntas.

¿Qué más se puede hacer cuando se denuncia y no hay respuesta de las instituciones responsables? ¿Existe alguna forma alternativa para rescatar a una víctima de un ciclo de violencia así? ¿La comunidad educativa y/o los vecinos tienen herramientas para hacer algo más? ¿Cómo se puede ayudar?

Emiliano Cotelo conversó con Teresa Herrera, socióloga especializada en Violencia de Género, consultora de organismos internacionales en estos temas.

Teresa Herrera

• Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires)
• Posgrado en Comunicación Social  (Ciespal)
• Licenciada y profesora de Sociología (Universidad de Buenos Aires)
• Coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh

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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Miguel Brechner, Eleonora Navatta y Tomás Teijeiro

El presidente Yamandú Orsi confirmó que en junio mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para consultar cómo debía proceder ante un informe sobre el estado de salud de varios presos de la cárcel de Domingo Arena, condenados por delitos de lesa humanidad.

Aquel encuentro no se conocía hasta el jueves pasado cuando lo dio informó el semanario Búsqueda.

Según esa publicación, en la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la SCJ, Orsi habría transmitido su “preocupación” por la situación de más de diez de los reclusos alojados en Domingo Arena, a lo que Pérez respondió que el tema “era resorte de los jueces y no de la Corte” y que los informes debían remitirse a los juzgados competentes.

De acuerdo a lo que consignó la nota de Búsqueda, el planteo de Orsi generó “sorpresa” entre algunos ministros de la Corte, que interpretaron el gesto como un posible intento de incidir en decisiones judiciales.

Consultado horas más tarde en rueda de prensa, el mandatario negó haber manifestado preocupación y sostuvo que su consulta fue estrictamente institucional.

“Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un informe de Sanidad Militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviárselo a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto, y me dijo: eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía”.

En la misma jornada, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó la reunión entre el presidente Orsi y el titular de la Suprema Corte de Justicia.

La organización calificó como “improcedente” cualquier señal que pueda interpretarse como influencia sobre el Poder Judicial en favor de condenados por delitos de lesa humanidad.

En un comunicado, recordó que esos militares fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y torturas, todos delitos inamnistiables, y que gozan de garantías procesales que no tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado. También afirmó que siguen sin aportar información sobre el paradero de los desaparecidos.

Madres y Familiares sostuvo que los internos de Domingo Arena están recluidos en “condiciones privilegiadas” y rechazó cualquier intento de otorgarles un trato excepcional. Concluyó que la democracia se sostiene en verdad, justicia y memoria, y que no debe haber retrocesos en la lucha contra la impunidad.

Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, valoró el viernes en entrevista con Desayunos Informales que el presidente se ocupara personalmente del tema y afirmó que el gesto “habla bien” de Orsi.

Cabildo Abierto promueve la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, iniciativa que ha acompañado reiteradamente. Orsi rechazó que su reunión con Pérez tenga vínculo con negociaciones parlamentarias o acuerdos políticos.

Continúa en: ¿Por qué a las nuevas generaciones no les gustan las llamadas telefónicas?

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La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Gloria Robaina y Daniel Supervielle

Julio Alfredo Posada asumió el lunes como ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que estaba vacante desde septiembre tras el cese de María Elena Martínez. De esta forma, el máximo órgano del Poder Judicial vuelve a quedar integrado en su totalidad.

Posada integraba desde 2008 el Tribunal de Apelaciones del Trabajo y era el ministro más antiguo del escalafón.

Su designación se concretó por el mecanismo constitucional que establece que, si la Asamblea General no elige al nuevo integrante en 90 días, se incorpora automáticamente el ministro de tribunal de apelaciones con mayor antigüedad.

Pero este no es el único cambio a nivel de organismos de justicia que necesita acuerdos. El sistema político tiene aun pendiente la designación de un nuevo fiscal de Corte -o definir que quede como titular la actual fiscal surrogante, Mónica Ferrero, y también las renovaciones o vacantes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Todos esos casos requieren venia con mayoría parlamentaria especial.

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Santiago Gutiérrez, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

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La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Patricia González, Desireé Pagliarini y Daoiz Uriarte.

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El Frente Amplio cumple 53 años; hay que "estar alertas" con los incendios forestales… y otros telegramas

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició ayer un sumario al juez en materia Civil Alejandro Recarey, que fue quien suspendió el mes pasado la vacunación anti covid en niños menores de 13 años.

El proceso disciplinario fue decidido luego de que la Corte estudiara los antecedentes remitidos por el Tribunal de Apelaciones, que el 26 de julio revocó el fallo de Recarey.

El presidente de la SCJ John Pérez, hablando con el diario El País, dijo: “Sobre los motivos del sumario no se puede hablar porque está en trámite; todo va a ser analizado ahí”.

Como instructora del sumario fue designada la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil Rosario Sapelli.

Reglamentariamente, los jueces suspendidos no pueden ingresar en la oficina en que desempeñan funciones, sin autorización de la SCJ, ni pueden tener acceso a los sistemas informáticos corporativos mientras dure la medida preventiva.

¿Qué implica un sumario? ¿Qué tan frecuentemente sucede? ¿Qué consecuencias podría tener?

Conversamos En Perspectiva con el abogado Adrián Gutiérrez.

Destaques de la entrevista:

• Responsabilidad disciplinaria: "Análisis de las faltas que pudo haber cometido el juez en el ejercicio de su función. Distinto es analizar desde un punto de vista disciplinario como ese juez puede interpretar la aplicación de una norma en un caso concreto. Eso ya entra dentro del ámbito de la autonomía técnica".
• "Se habla de una falta de imparcialidad del juez porque ya se había pronunciado anteriormente sobre este tema".
• "El juez instó en varias oportunidades al abogado (Dentone) para que aclarara algunos puntos, inclusos lo que refiere al petitorio. La demanda carecía de petitorio. Se señala una violaicón de principio dispositivo".
• "El juez termina fallando más de lo que había pedido el propio actor en su demanda".
• "La Suprema Corte de Justicia es la que terminará resolviendo si efectivamente existió una falta y si existió aplicará alguna de las sanciones que están previstas en el art. 114 de la ley orgánica de la judicatura".
• "Hay que ser muy cuidadoso y separar cuando se trata de una falta en el ejercicio de la función administrativa y no invadir la esfera de la autonomía técnica de los jueces y la garantía que en definitiva nos terminan brindando los jueces".
• "Un juez puede interpretar la aplicación de una norma en uno u otro sentido, y están los mecanismos jurídicos y judiciales para que, en todo caso, quien se sienta perjudicado por esa decisión pueda poner en marcha esos mecanismos como fue el recurso de apelación que sucedió en este caso".
• "Hay que separar muy bien los carriles para no invadir la autonomía técnica y las garantías que todos tenemos".

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La Suprema Corte de Justicia y el Parlamento protagonizaron esta semana pasada un choque de poderes.

El 20 de julio el máximo órgano judicial declaró la inconstitucionalidad de los siete artículos de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales (19.830), una norma aprobada en setiembre de 2019, con votos de todos los partidos, para regular y transparentar los criterios para los ascensos y los traslados de los jueces.

En la sentencia, la SCJ sostuvo que el Poder Legislativo invadió la “soberanía” del Poder Judicial al legislar sobre su organización interna. Incluso, en la sentencia, los magistrados citaron expresiones del constitucionalista Martín Risso que advierten que la intervención de los poderes políticos en la elección de los jueces implica “una politización” de las designaciones y una pérdida de las garantías respecto a la independencia judicial.

El senador frenteamplista Charles Carrera, uno de los redactores de aquella ley, sostuvo ayer que la sentencia es una “infamia” e implica un “retroceso” en la trasparencia del funcionamiento de la Justicia.

Conversamos En Perspectiva a profundizar en estos argumentos con el senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera.

Destaques de la entrevista:

• "Actuar con discrecionalidad da lugar a abusos".
• "Esta ley que promoví y que fue votada por unanimidad en Senadores y en Diputados tuvo votos de todos los partidos. Es una ley que a esta altura del desarrollo del estado de derecho de la República, no hay ningún argumento válido para decir que no tienen que existir criterios objetivos para ingresar".
• "Si uno tiene una carrera transparente, ¿quien se puede oponer a esto? Nadie, y esto no es violentar la división de poderes. No es un avasallamiento del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Tal es así que la ley de 1985 avanzó sobre una serie de cuestiones de lo que tiene que ver con la organización del sistema de justicia en Uruguay. Avanzó sobre los concursos y la SCJ nunca declaró inconstitucional esa ley".
• "La Asociación de Magistrados realizó muchísimos aportes en su momento, en el mundo se discute muchísimo este tema y no se cuestionan los mecanismos de transparencia para la selección del ascenso y para evitar estos traslados sin fundamento".
• "No estamos dictando, estamos dando criterios objetivos. Estamos coadyuvando para el desarrollo del estado de derecho. No estamos diciendo: "Seleccione a tal juez", porque ahora, ¿qué pasaría si la cámara de senadores no le da venia a ninguno de los ministros propuestos? Nosotros participamos en el proceso de nombramiento de los ministros de los tribunales de apelaciones".
• "Tenemos que tratar que los fallos sean aceptados, y cuando los propios jueces resuelven sus propios asuntos, eso crea suspicacia en la sociedad. Lo mejor es ir por el camino de un sistema de conjueces en el cual por lo menos se le dé tranquilidad a la sociedad que no son los propios jueces los que están resolviendo".
• "Un traslado arbitrario puede violentar la autonomía, la imparcialidad, el principio del juez natural. Antes que llevemos un conflicto a la justicia los jueces ya están establecidos por ley, por un sistema de turnos. Pero si yo a través de mis poderes, como jerarca de turno, lo puedo trasladar, estoy violentando eso".
• "Tenemos que discutir los temas de justicia, exigir que haya mecanismos de transparencia para el ingreso y el ascenso para la carrera judicial. Asegurarle eso a los magistrados, que puedan prevalecer esos principios de imparcialidad que marca nuestra Constitución. Tenemos que buscar mecanismos para resolver esto. Sin ir a la reforma de la Constitución, lo que se puede establecer es un sistema de conjueces. Esto existió en su momento y es la Asamblea General la que nombra un listado de jueces para que nuestros jueces no sean juez y parte en causas de las cuales tienen interés".
• "No hay ninguna violación de poderes. Es una sentencia que parece del siglo XVIII. El Poder Legislativo no le impuso ningún mecanismo de elección de los jueces, sino que lo que estableció fue un conjunto de parámetros objetivos que sea un mecanismo transparente y que asegure la transparencia en el ingreso y ascenso de los jueces. Que les dé herramientas a los jueces de la República para que puedan ascender sin criterios subjetivos y sí con criterios objetivos. El meollo de la discusión es ese".
• "En el estado de derecho actual no existen poderes absolutos porque tienen que existir mecanismos de contralor".
• Mecanismo que aprobó el propio Poder Judicial: "No le da garantías a los jueces, no establece criterios objetivos ni parámetros para que los jueces puedan tener información, y si no están de acuerdo puedan recurrir".
• "Creo que hay que ir hacia la creación de un ministerio de Justicia para que se comiencen a discutir estos temas de evaluación de la justicia".

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