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“El horror de este hecho nos interpela porque esta muerte fue el punto final de una vida de sufrimiento en soledad y desamparo institucional”.

Así termina el comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió esta semana sobre el asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, ocurrido el pasado viernes.

En este caso espantoso de violencia intrafamiliar que se extendió durante más de diez años hubo numerosas denuncias, intervinieron varios organismos, todas las alarmas se activaron pero nada de eso impidió que los golpes continuaran y que la tragedia culminara de la peor manera.

Ahora, una vez que sucedió el fallecimiento, se fueron produciendo reacciones: una investigación administrativa en el Ministerio del Interior, un informe que pidió la Suprema Corte de Justicia, una convocatoria al Parlamento de las autoridades del INAU y otras instituciones involucradas. Esas líneas de trabajo permitirán obtener información sobre la ominosa omisión en la que incurrió el Estado en esta historia. Y ojalá deriven en aprendizajes y reformas para el futuro.

De todos modos, este drama deja también otras preguntas.

¿Qué más se puede hacer cuando se denuncia y no hay respuesta de las instituciones responsables? ¿Existe alguna forma alternativa para rescatar a una víctima de un ciclo de violencia así? ¿La comunidad educativa y/o los vecinos tienen herramientas para hacer algo más? ¿Cómo se puede ayudar?

Emiliano Cotelo conversó con Teresa Herrera, socióloga especializada en Violencia de Género, consultora de organismos internacionales en estos temas.

Teresa Herrera

• Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires)
• Posgrado en Comunicación Social  (Ciespal)
• Licenciada y profesora de Sociología (Universidad de Buenos Aires)
• Coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh

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Foto: Presidencia

La Tertulia de los Miércoles con Matías Bordaberry, Juan Erosa, Teresa Herrera y Guillermo López

Durante su discurso de este lunes ante la Asamblea General, el presidente Yamandú Orsi, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

La iniciativa generó rechazo en toda la oposición y también en algunas voces del oficialismo. 

El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que se trata de “una cortina de humo” para desviar la atención de temas prioritarios como la seguridad, la economía, la pobreza infantil y la salud mental.

Además, cuestionó que el proyecto no haya sido incluido en el Presupuesto y afirmó que el propio plan del Ministerio del Interior para transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado ya prevé su vínculo con esa cartera, lo que, según dijo, evidencia contradicciones en la propuesta.

Por su lado, el diputado el Partido Nacional Pablo Abdala explicó las razones de su discrepancia cuando visitó En Perspectiva: 

“Con relación al Ministerio de Justicia, a nosotros se nos pretende señalar la contradicción de que está nuestro programa de gobierno y y ahora no lo queremos votar y no lo queremos votar porque no nos merece confianza el gobierno y no nos merece confianza el Dr. Díaz. Y no nos la merece, estoy hablando del punto de vista político, por las actitudes que ha tenido sostenida y reiteradamente en los últimos tiempos".

Mientras tanto, en el oficialismo hay diferentes posturas. Ayer llamó la atención la opinión negativa del senador Daniel Caggiani, uno de los principales dirigentes del MPP.

Entrevistado en Radio Carve, Caggiani dijo: “Personalmente no me gusta mucho; si hay una mayoría evidente lo vamos a trabajar, pero es insensato ponerse en contra de algo que todavía no conocemos”, agregó.

Consultado por esos dichos de Caggiani, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo notar que, en realidad, “con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades en ningún lado”, afirmó.

Sánchez recordó que “todos los partidos políticos presentaron en la campaña electoral la creación de un Ministerio de Justicia” y añadió: “Lo que está haciendo el presidente es enviarlo al Parlamento para que lo discutan. Habrá algunos que estarán de acuerdo, otros en contra. Es la democracia”. 

Hacia el final de la jornada el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, aseguró que la fuerza política "va a votar" la creación de un Ministerio de Justicia porque así fue comprometido en la campaña electoral y agregó que hablará con el senador Caggiani "Conversaré con Caggiani, pero claramente el FA cumple con su programa".

Continúa en: Tiempo de espera para consultas médicas y estudios: Ministerio de Salud Pública ajustó la regulación 

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Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Miércoles con Matías Bordaberry, Juan Erosa, Teresa Herrera y Guillermo López

El Poder Ejecutivo aprobó cambios en la normativa que regula los tiempos de espera en el sistema de salud, con el objetivo de garantizar un acceso más oportuno a consultas, estudios y cirugías.

La medida forma parte del Plan Integral Nacional de Garantías y Acceso Oportuno a la Salud, impulsado por el Ministerio de Salud Pública y respaldado por un decreto ya firmado por el presidente Yamandú Orsi.

El nuevo marco fija estándares obligatorios para todos los prestadores públicos y privados. Se mantiene el plazo de 24 horas hábiles para consultas de medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar, y 30 días para el resto de las especialidades. Además, se establecen plazos específicos para el médico tratante y se fija un máximo de 30 días para cirugías oncológicas coordinadas.

La presidenta de la Junasa, Gabriela Pradere, explicó ayer en rueda de prensa qué cambia con la nueva normativa respecto a lo que ya existía: 

“El decreto del 2007 lo que regulaba eran los tiempos máximos para la atención en consulta en policlínica de las especialidades básicas, el resto de las especialidades y las cirugías no urgentes. Este nuevo decreto mantiene muchos de los plazos del decreto anterior, pero incorpora otras dimensiones. Incorpora la consulta con el médico tratante, incorpora el concepto de médico tratante, de que el usuario tenga derecho no solo a acceder en un plazo determinado a el primer médico disponible, sino que si, por ejemplo, la madre quiere consultar con el pediatra que sigue a su niño, tenga un plazo acotado por la normativa. En este caso, para las especialidades básicas sería de 30 días y para el resto de las especialidades de 90”.    

Por primera vez también se regulan los tiempos de espera para estudios diagnósticos no urgentes, como tomografías, resonancias y endoscopías. 

A su vez, se crea una comisión de seguimiento en la órbita de la Junasa, que controlará el cumplimiento de los plazos y podrá exigir planes de mejora si hay desvíos. Esta comisión medirá el cumplimiento de plazos, casos fuera de estándar, diferencias territoriales en cuanto al acceso, continuidad terapéutica y repercusión en la experiencia de los usuarios. 

El plan incluye además nuevas medidas para reducir trámites y consultas administrativas, con el fin de liberar agenda médica y mejorar la atención a los usuarios. 

“Eso no está en este decreto que yo les mencionaba, pero está para la firma del presidente, así que va a salir en las próximas semanas. Un decreto que hace que para los tratamientos crónicos poner un plazo de 365 días para que las personas tengan un seguimiento de su médico de la especialidad con un plazo razonable, pero que no necesiten ir, por ejemplo, cada 2 meses para que le den una orden por repetición de medicamentos. Aquellas patologías que tienen tratamientos crónicos, que sabemos que las personas van a usar el anticoagulante, el antihipertensivo durante toda su vida o por los próximos años, que no tengan que estar de manera permanente consultando con el especialista. Eso baja el número de consultas con el especialista y, por lo tanto, libera esas consultas para quienes lo necesitan”.         

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sostuvo que los tiempos de espera generan angustia y desigualdad. 

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Foto: adhocFotos / página web Cardama

La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte

La decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama abrió un nuevo frente político y jurídico en torno a la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2023, durante la administración anterior, por un monto superior a los 82 millones de euros.

El viernes, el presidente Yamandú Orsi confirmó la decisión que ya había adelantado en octubre pasado, cuando anunció la presentación de una denuncia penal. Ahora, en una conferencia de prensa realizada tras un Consejo de Ministros celebrado en la Torre Ejecutiva, el mandatario informó que el Poder Ejecutivo resolvió dar por terminado el contrato y avanzar en acciones para defender los intereses del Estado.

“Después de recorrer todo este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad, incluso, de resolver y de poder caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones. La primera: rescindir el contrato de suministro con la empresa Cardama por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios. Segundo: iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo. Tercero: definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello. Y por último, procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”.

El núcleo del planteo del gobierno está en las garantías exigidas para que el contrato entrara en vigor. Según ya habían indicado las autoridades el año pasado y se confirmó en estos meses, la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama (emitida por la firma inglesa EuroCommerce) era falsa.

Recientemente se agregó que la garantía de reembolso no cumplía con lo pactado, ya que el documento presentado no era una póliza válida sino un escrito que detalla “términos y condiciones”.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo que se trata de incumplimientos graves que habilitan la rescisión unilateral del contrato conforme a la normativa vigente.

“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato. La pregunta que nos hemos hecho estos días es por qué causa, razón, motivo o circunstancia no se agregó la póliza real. Y la única explicación razonable que hemos encontrado –salvo que a alguien se le pueda ocurrir otra, y estoy abierto a escucharla– es que no se agregó porque, como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”.

Continúa en: Viajes de delegaciones al exterior: Una nueva polémica

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Foto: @Constanza_FA

La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte

La semana pasada, el viaje de una misión oficial de Uruguay a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, generó un cruce fuerte entre legisladores del oficialismo y la oposición sobre la pertinencia y el costo político del viaje.

La delegación, de 23 miembros, se hizo presente para rendir cuentas en nombre del país ante el organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado que obliga a los Estados partes a garantizar derechos como la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva cuestionó el viaje y escribió en su cuenta de X: “Hay una asamblea de zurdes en Ginebra”. Por su parte, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz, que fue parte de la delegación, le contestó: “Vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de Lacalle: informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas. Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política”.

Da Silva le respondió pidiendo explicaciones sobre los motivos del viaje y la cantidad “de burócratas” que integraron el grupo. “¿Cuál es la necesidad de tanto burócrata?, ¿cuál es la trascendencia de tres senadores en el hacerse cargo?, ¿qué hicieron?, ¿cuál es el aporte determinante?, ¿cuál es el antes y el después de una reunión al santo botón que NO le cambia la vida a nadie, excepto a los que van al Mont Blanc con la plata del pueblo?”, cuestionó.

A raíz de esta polémica el periodista Diego Martini Lemos publicó en su cuenta de X que en 2024, último año de la administración de Luis Lacalle Pou, 24 funcionarios de varias instituciones viajaron también a Ginebra para comparecer en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Foto: AFP

La Tertulia de los Jueves con Elena Grauert, Teresa Herrera, Gabriel Mazzarovich y Daniel Supervielle

El presidente Yamandú Orsi viaja hoy con destino a China, donde realizará una visita oficial del 1 al 8 de febrero, acompañado por una comitiva de 30 jerarcas de gobierno, una delegación de unos 100 empresarios y algunos representantes sindicales. La agenda prevista está centrada en asuntos comerciales, cooperación y los vínculos políticos.

Orsi será recibido el martes 3 por el presidente Xi Jinping en Pekín, y en la segunda parte de la estadía, en Shanghái, ofrecerá un discurso ante empresarios chinos.

Además, está previsto que el mandatario se reúna con autoridades del Partido Comunista de China y que visite la Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín, donde el expresidente José Mujica plantó un árbol durante una visita oficial, en 2013.

El viaje oficial del presidente a China es seguido "de cerca" por el gobierno de Estados Unidos, que manifestó su preocupación por las acciones de la potencia asiática en áreas clave en nuestra región.

Según dijo a Búsqueda una fuente de la embajada estadounidense, si bien la amistad con Uruguay implica trabajar juntos, la preocupación se centra en prácticas específicas de China que afectan la seguridad y la economía regional. Además de la vigilancia y las amenazas a la protección de datos, Estados Unidos también cuestiona las deficientes prácticas laborales y de derechos humanos de China.

Para ilustrar estas inquietudes, el funcionario estadounidense citó el caso de China Machinery Engineering Corporation (CMEC) en Uruguay, donde se habrían cometido múltiples violaciones laborales durante un contrato con UTE. En el ámbito comercial, el expresó alarma por las prácticas de China de subsidiar su sector manufacturero, que termina ingresando al país afectando a varios sectores.

Continúa en: El ministro Carlos Negro pidió disculpas por siniestro de tránsito y reconoció “errores cometidos”

Recomendación del libro “Huellas en el camino”, de Carlos Pérez del Castillo, para los interesados en política internacional… y otros telegramas

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Elena Grauert, Teresa Herrera, Gabriel Mazzarovich y Daniel Supervielle

Durante la comparecencia ayer en la Comisión Permanente, el ministro del Interior, Carlos Negro, pidió disculpas por el siniestro de tránsito que protagonizó el jueves pasado, cuando atropelló a un motociclista conduciendo su vehículo particular con la libreta vencida y sin respetar un cartel de Pare. 

El tema no estaba incluído en la citación original. De todas maneras, Abdala había adelantado que le iba a preguntar al ministro sobre el incidente. 

“Ese episodio policial, relacionado con un accidente de tránsito, se convierte en un hecho político por una circunstancia muy sencilla. Acá no hay chicanas ni intenciones de sacar rédito político. El episodio objetivamente afecta a la autoridad del ministro del Interior”.

El diputado sostuvo que Negro, al conducir con la libreta vencida, cometió un ilícito tipificado en la Ley de Faltas.

A su turno, el ministro dijo que quiso aprovechar la instancia parlamentaria para disculparse ante la ciudadanía y ante el motociclista que fue dado de alta horas después del hecho.

"Quería aprovechar esta circunstancia de reunirme con los legítimos representantes de la ciudadanía, que son los legisladores, y a través de ellos a la ciudadanía toda. Corresponde que un ministro que tiene un accidente como el que protagonizó y que incumplió alguna normativa reglamentaria, pida disculpas por la investidura que tiene con su carácter de ministro y así lo estamos haciendo", dijo. 

Además, Negro sostuvo que va a “revisar” el hábito de circular en su auto particular sin custodia y chofer. De esa forma, dijo el ministro, estaría mejor “blindado” ante este tipo de circunstancias que “después terminan afectando a la política en general”. 

Debido a la licencia vencida, Negro debió abonar una multa dispuesta por un agente policial y fue intimado por la justicia a renovar la libreta.

Una vez que escuchó las explicaciones, Abdala destacó “desde lo humano” el pedido de disculpas de Negro y no pidió su renuncia. No obstante, hoy más temprano aquí En Perspectiva dijo que este episodio puede afectar el liderazgo del ministro al ser el mando político de la Policía Caminera, que es la que controla las libretas de conducir.

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La Tertulia de los Jueves con Elena Grauert, Teresa Herrera, Gabriel Mazzarovich y Daniel Supervielle

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Orsi viaja a China con delegación de 150 personas

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La Tertulia de los Jueves con
Miguel Fernández Galeano, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daniel Supervielle

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue una de las figuras más destacadas hasta ahora en la edición 2026 del Foro Económico Mundial, que se celegra en la ciudad de Davos, Suiza. Su discurso, de 16 minutos de duración, se ha vuelto viral y es motivo de todo tipo de análisis, en general elogiosos.

Carney, un economista y político liberal, que se impuso en las elecciones de marzo del año pasado en su país por la forma como se plantó frente a las amenazas de anexión de Donald Trump, afirmó en el comienzo de su disertación que este es “un este momento decisivo para Canadá y para el mundo”.

A continuación anunció que hablaría “sobre la ruptura del orden mundial, el fin de una bonita historia y el comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún límite”. Pero enseguida aclaró que “otros países, en particular las potencias medias como Canadá, no son impotentes”: “Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores, como el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados” y sentenció: “El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad”.

"Las potencias medianas deben actuar conjuntamente porque si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal", declaró Carney.

"Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse", declaró Carney.

Canadá, agregó, fue uno de los primeros países en "escuchar la llamada de atención" de que se estaba produciendo un cambio fundamental.

Carney reconoció que durante décadas Canadá se benefició de una era de "hegemonía estadounidense" pero añadió que ahora debe dar un giro.

"Sabíamos que la narrativa sobre el orden basado en normas era parcialmente falsa… Sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado y la víctima. Esta ficción era útil debido a los beneficios que proporcionaba la hegemonía de EE.UU. Así que participamos en los rituales. Y en gran medida evitamos señalar las discrepancias entre la retórica y la realidad. Este acuerdo ya no funciona. Permítanme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”.

Según Carney “el antiguo orden no va a volver”, “no debemos lamentarlo”, “la nostalgia no es una estrategia”. Pero, añadió, “a partir de esa fractura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo”. “Esta -dijo- es la tarea de las potencias medias, que son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y las que más tienen que ganar en un mundo de cooperación genuina”.

Continúa en: Muertes de menores bajo amparo del INAU: INDDHH exigió al Estado una respuesta urgente

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La Tertulia de los Jueves con
Miguel Fernández Galeano, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daniel Supervielle

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) exigió al Estado una respuesta urgente y concreta ante las muertes de menores bajo amparo del sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

"Estos hechos continúan interpelando la calidad y suficiencia de las medidas de protección, los dispositivos de cuidado y los mecanismos de supervisión", señaló en un comunicado.

"La INDDHH enfatiza la responsabilidad del Estado de resguardar la vida, la integridad y la dignidad de las infancias y adolescencias”, agrega. .

El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años murió ahogado en una playa de Capurro, en la zona oeste de Montevideo. La víctima estaba al amparo del INAU, alojada en el Hogar Tribal.

Luego, el domingo 11 de enero, un niño de 10 años oriundo de Paysandú, falleció en una clínica especializada en la que se encontraba internado, bajo el amparo de INAU.

Este martes, en Tacuarembó, un incendio en un hogar del INAU causó la intoxicación de una menor de edad. La adolescente de 15 años se encuentra en estado grave en el CTI con sus vías respiratorias comprometidas. Bomberos ingresó al lugar y encontraron a la menor desvanecida en el lugar donde se originó el foco. Los demás menores se encuentran alojados en un hotel de la ciudad.

Por otro lado, esta semana se conoció que una adolescente que está bajo el amparo del INAU, y que se había ausentado del hogar el pasado 28 de diciembre tras una salida no acordada, fue hallada en una boca de venta de drogas tras un allanamiento en la ciudad de Rivera.

Según detalló el director de INAU en Rivera, Marcio Pintos, la joven "fue vulnerada por adultos". "No es una adolescente que consume", aseguró el jerarca en conferencia de prensa este martes, pero sí hay señales de que se encuentre dentro de una red de trata, por lo que "se trabaja para protegerla de todas las maneras posibles".

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