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Por Emiliano Cotelo ///

Entre un gobierno electo que llega y otro que se retira transcurre un largo verano que llamamos transición. Ese período, que esta vez comenzó con la proclamación de Luis Lacalle Pou como ganador del balotaje, el 29 de noviembre, es un intermedio que se extiende, con paso de tortuga, hasta el 1º de marzo. Puede durar tres meses, como ahora, o cuatro, si el presidente se define en la primera vuelta.

Es muy largo. Y puede ser muy ruidoso, como estamos viendo. 

Mientras el equipo saliente adopta sus últimas decisiones y el entrante hace anuncios y muestra sus primeros nombres también asistimos a algunas polémicas riesgosas entre las dos partes.

En estos días, como otros medios y periodistas, aquí, En Perspectiva, abordamos esos debates. Y mientras lo hacíamos me puse a pensar que en Uruguay falta algo. 

Pese a que en este país sobra vocación regulatoria y vivimos envueltos en una cantidad enorme de normas, no existe un procedimiento determinado que rija la transición de un gobierno al siguiente. 

Y como tenemos ese bache, pasan las cosas que hemos visto últimamente. 

Tiroteos

En la mañana del 2 de diciembre, Tabaré Vázquez y Lacalle Pou mantienen una reunión cordialísima en la Torre Ejecutiva en la que superan enfrentamientos del pasado. Nos ilusionamos con que el trabajo que se pone en marcha será armonioso. Pero esa sensación dura un rato, nada más. Después del mediodía, las futuras autoridades cambian el talante y se muestran ofendidas al enterarse de una declaración del ministro de Industria, que confirma que no habrá ajuste de las tarifas en enero. Denuncian “una viveza” política y falta de responsabilidad. Desde el oficialismo responden que se está haciendo lo que la oposición reclamó tantas veces cuando llegaba fin de año. La gente de Lacalle Pou replica que una decisión como esta, por su impacto fiscal, debería ser conversada con el gobierno electo. Y desde el Frente Amplio (FA) retrucan que no existe cogobierno sino un solo gobierno que tiene derecho a gobernar hasta el último día. 

Parece que las dos partes tienen algo de razón. Cada una de las dos hinchadas vocifera y alienta a los suyos. Pero…¿dónde está escrito de qué manera deben resolverse  estos contenciosos?

Paralelamente, la vicepresidente Lucía Topolansky dice: “Estamos haciendo las cosas con una prolijidad envidiable (…) Los informes que se van a presentar en todos los ministerios y el Poder Legislativo son un abismo al lado de los que le presentaron al gobierno entrante en 2005…” Y acá surgen otras preguntas: ¿Por qué Topolansky destaca algo que es lo que corresponde? ¿La prolijidad y la transparencia no deberían ser la norma? Y, por otra parte, ¿fue, efectivamente, deficiente, la base de datos que entregó Jorge Batlle al final de su mandato? ¿Quién evalúa la calidad de estas carpetas que se preparan para los sucesores? ¿Y cómo sabemos que la documentación que prepara el FA es realmente de “una prolijidad envidiable”? ¿Cuáles son los stándares en esa materia? 

A todo esto, el equipo de Lacalle Pou insiste en que llevará a cabo auditorías, no en plan “caza de brujas” en busca de irregularidades sino porque necesita un piso firme para apoyarse en el comienzo de su gestión. Eso es lógico. Pero también los que se van deberían estar interesados en que se pasara raya con rigor y seriedad. Incluso, agrego, nosotros, los que votamos a unos o a otros, necesitamos saber cómo están las cosas al último día de febrero. Por eso, otra pregunta: ¿Cuál debe ser la profundidad de las auditorías? ¿Cómo nos garantizamos la máxima cristalinidad?

La herencia maldita

Y, de paso, agrego otra preocupación muy personal: ¿cómo desterramos la tentación de los que están llegando de ampararse en “la herencia maldita”? El FA pasó varios de sus 15 años de gobierno utilizando ese tipo de argumentos para atenuar su responsabilidad en algunas situaciones. Y ahora, en estas semanas después de la segunda vuelta hubo voceros de la coalición multicolor advirtiendo que van a recibir “la casa en desorden” y en una situación más agravada aún por la conservación de las tarifas. ¿Esta costumbre es parte del ritual sacrificial que tenemos que aceptar cada vez que hay alternancia política? Yo digo que no. De ninguna manera.

A regular

En fin. Volviendo a esa regulación que falta…Creo que debería estar claro de antemano quiénes, cómo y cuándo deben intercambiar información sobre las cuestiones del interés común que hay que encarar en este trimestre tan particular. Además, podría, eventualmente, obligarse al gobierno en funciones a consultar con el electo para resolver sobre algunos, pocos, temas muy sensibles. Y debería ser ineludible la realización de inspecciones a fondo, con su método y su alcance bien nítidos, para registrar cómo se encuentra el Estado en el momento del pase de la posta.

Miren que no estaríamos innovando demasiado… La transición está regulada en varios países del mundo. Con variantes, por supuesto, por ley o por decreto, existe, por citar algunos casos, en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. 

Se supone que, una vez expresada la voz popular, ya conformado el Parlamento y electo el nuevo Presidente de la República, hay que “volver a las cosas” con el panorama lo más despejado que se pueda. El hecho de que para la transición entre gobiernos no exista una mecánica establecida, escrita, pública y sujeta a contralor, menoscaba la eficacia del sistema. Y lleva a que en algunos momentos parezca que seguimos en plena campaña electoral.

Hoy, las dos coaliciones, la aún gobernante y la vencedora, tienen liderazgos avezados. Ellos saben que es urgente desmontar cuanto antes, y cada día, esa cultura de confrontación ideológica que envenena a la sociedad y al sistema político con simplificaciones y caricaturas burdas (“fachos” y “focas”), mientras la complejidad de los problemas reales nos desborda por todas partes. 

Los dirigentes de una vereda y de la otra cargan con la responsabilidad de fortalecer o debilitar la credibilidad de todos los políticos, de todos los partidos. Y los formadores de opinión, de menor o mayor calibre, tenemos que hacer todo lo necesario para que la transición no termine en ebullición. 

Dentro de cinco años

Ya no es de este mundo una transición como la nuestra: estirada en sus plazos, ambigua en sus procedimientos y corta en sus pretensiones y alcances examinatorios. Habría que acortarla, pero eso requeriría una reforma constitucional y, por lo tanto, enfrentaría algunas dificultades. Pero tal vez la abreviación no sea imprescindible si, en cambio, señalizamos nítidamente cómo debe recorrerse esta etapa y, así, la sacamos de la política mezquina. Esta reglamentación es posible y realizable. ¿Por qué no nos la proponemos como objetivo para la próxima? 

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En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 13.12.2019

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Comunicado

Fitch Ratings-New York-03 December 2019: El nuevo gobierno de Uruguay se enfrenta al desafío de reducir un déficit fiscal alto ante crecimiento bajo, opina Fitch Ratings. La estabilidad política es una fortaleza crediticia en medio de la volatilidad en otras partes de Latinoamérica, pero la estabilización de la carga de deuda pondrá a prueba la capacidad de la administración de adoptar medidas políticas contundentes y confiables.

La victoria estrecha de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, de centro-derecha, marca un cambio de gobierno después de 15 años de mandato del partido Frente Amplio, de centro-izquierda. Lacalle se ha comprometido a levantar las tasas de crecimiento débil y reducir el déficit fiscal para estabilizar la deuda pública creciente. Estas tendencias hicieron que Fitch modificara la Perspectiva de la calificación ‘BBB-‘ de Uruguay a Negativa en octubre de 2018 y han empeorado desde entonces.

La estabilidad institucional de Uruguay ha ayudado a evitar cambios drásticos de políticas en el pasado, pero no garantiza una acción decisiva en relación con los desafíos económicos, como lo demuestra la inercia de algunas reformas y la erosión de la credibilidad de las políticas en los últimos años.

En promedio, el crecimiento real del PIB ha sido de solo 1,3% desde 2015 e incluso este ritmo lento ha sido impulsado en gran medida por unos pocos sectores no intensivos en mano de obra, principalmente las telecomunicaciones. Fitch espera que el crecimiento repunte a 1,5% en 2020, desde 0,3% en 2019, a medida que avancen las obras de construcción de una gran planta de celulosa de UPM y otros proyectos de infraestructura. Más allá de esto, las perspectivas de crecimiento parecen silenciadas tras una contracción dramática de 32% en la inversión fija desde 2014 (incluso mayor que en Brasil).

Lacalle se ha comprometido a abordar los principales obstáculos para la competitividad, lo que incluye la reducción de las tarifas de los servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles. Sin embargo, aunque el Partido Nacional ha formado una coalición que le dará una mayoría legislativa, su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas. Por ejemplo, en un documento en el que se esbozan sus objetivos comunes, la coalición abandonó sus planes de liberalizar las importaciones de combustible para incorporar los puntos de vista de facciones más izquierdistas. La inclusión de Cabildo Abierto, un partido socialmente conservador, podría crear fricciones dentro de la coalición.

La consolidación fiscal es un desafío clave. El déficit primario del sector público aumentó de 0,8% del PIB en 2018 a 1,7% en octubre, neto de ingresos extraordinarios por concepto de pensiones. Fitch proyecta que la deuda del gobierno general alcanzará 66% del PIB en 2019 (incluidos los bonos emitidos para recapitalizar el banco central), tras haber subido 17 puntos porcentuales en los últimos cinco años, lo que representa el mayor aumento en la categoría BBB. Fitch estima que una mejora de 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario estabilizaría la deuda, pero esto podría requerir más de 2,5 puntos porcentuales en medidas dadas las presiones persistentes sobre los gastos.

Un crecimiento más firme contribuiría a la consolidación, pero creemos que su impacto podría ser mucho menor de lo que sugiere la estimación del gobierno saliente de que la desaceleración económica explica 1 punto porcentual del PIB del déficit más amplio. Los ingresos fiscales no han disminuido como porcentaje del PIB a pesar del crecimiento lento. Esta resistencia es positiva, pero destaca la forma en que las presiones estructurales sobre los gastos han impulsado el deterioro fiscal. El gasto corriente primario ha aumentado en 3 puntos porcentuales del PIB desde 2014, superando ampliamente las proyecciones presupuestarias de cada año, incluidas las de 2019 (el aumento de 0,8 puntos porcentuales del PIB hasta octubre superó con creces la previsión de junio de 0,1 puntos porcentuales).

El nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, pero esto podría resultarle difícil. Los recortes de gastos prometidos de USD900 millones (1,6% del PIB) han suscitado cierto escepticismo por parte de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno y es posible que se enfrenten problemas de implementación. Si bien todo el espectro político considera que la reforma de seguridad social es necesaria, podría llevar tiempo negociarla y mucho más para generar ahorros. Incluso así, es posible que estos ahorros solo estabilicen el gasto en lugar de reducirlo y contribuyan a la disminución del déficit.

Algunas partes del plan de crecimiento del gobierno (p. ej., los recortes en las tarifas de los servicios públicos) podrían ser incompatibles, hasta cierto punto, con la consolidación fiscal. Las metas fiscales quinquenales de la administración, que se publicarán en el ejercicio presupuestario del próximo año, indicarán cómo se espera equilibrar estos compromisos.

Fuente: Sitio web de Fitch

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