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Transcripción de la entrevista con el doctor Óscar Sarlo

El Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno revocó, por unanimidad, el fallo judicial que había ordenado al Colegio Santa María que promoviera a quinto año a una niña que, según los docentes, debía repetir.

En la resolución, los ministros del tribunal sostuvieron que “la decisión [de la institución de enseñanza], puede ser cuestionable, pero está muy lejos de revestir la nota de manifiestamente ilegítima”, que es un requisito básico para que pueda disponerse una acción de amparo, según está previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

La situación quedó planteada en torno a una niña de 8 años a quien los técnicos diagnosticaron en su momento “trastorno de la coordinación motriz, trastorno por déficit atencional y probable dificultad específica en lectoescritura”, según surge de los antecedentes en el juzgado.

Vale la pena considerar la resolución que se conoció ayer, de 32 páginas. Hoy hay un buen resumen en La Diaria.

La reprobación, "aunque hoy pueda parecer perjudicial a su interés, en realidad podría no serlo", dicen los ministros del tribunal de apelaciones. El abogado de la familia, Bruno Rivero, informó que van a acatar el fallo y que la niña recursará cuarto año, pero en otro centro educativo.

El maestro Rafael Ibarzábal, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), dijo que el fallo lo deja “más tranquilo”. Ibarzábal, licenciado en Pedagogía y Educación, de origen español, reconoció que hoy existe una discusión académica sobre si la repetición es un recurso pedagógico efectivo y cuáles son los efectos que tiene esa medida en el aprendizaje de los niños. Pero, subrayó, en ningún caso puede sostenerse que sea una decisión “ilegítima”.

El episodio ha dado pie a una controversia muy amplia, que ha corrido en varios frentes, el de la educación misma, el político, el jurídico.

Por eso, incorporamos esta mañana En Perspectiva una lectura de la academia en la Facultad de Derecho: conversamos con el doctor Óscar Sarlo, profesor de Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad de la República y habitual participante de La Mesa de En Perspectiva.

Transcripción de la entrevista con el doctor Óscar Sarlo

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EN PERSPECTIVA
Miércoles 21.02.2018, hora 8.44

EMILIANO COTELO (EC) —El Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno revocó, por unanimidad, el fallo judicial que había ordenado al Colegio Santa María que promoviera a quinto año a una niña que, según los docentes, debía repetir. En la resolución, los ministros del tribunal sostuvieron que “la decisión [de la institución de enseñanza], puede ser cuestionable, pero está muy lejos de revestir la nota de manifiestamente ilegítima”, que es un requisito básico para que pueda disponerse una acción de amparo, según está previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

La situación quedó planteada en torno a una niña de 8 años a quien los técnicos diagnosticaron en su momento “trastorno de la coordinación motriz, trastorno por déficit atencional y probable dificultad específica en lectoescritura”, según surge de los antecedentes en el juzgado.

Vale la pena considerar la resolución que se conoció ayer, de 32 páginas. Hoy hay un buen resumen en La Diaria:

“La resolución adoptada por los ministros Álvaro Messere, María Lilián Bendahan y Eduardo Cavalli, señala que no se demostró que existió ilegitimidad manifiesta en el proceder de la institución demandada. Y dice que la decisión que tomó la maestra fue adoptada dentro del marco de atribuciones que le confiere la normativa. En ese sentido recuerda que la resolución número 7 del acta número 119 del Consejo de Educación Inicial y Primaria de noviembre 2017 establece que la decisión de una promoción es competencia del maestro de clase, el que, para adoptarla, utilizará información proveniente de diferentes ámbitos. También cita la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de Salamanca sobre Principios, Política y Práctica relativos a las Necesidades Especiales en Materia de Educación, Acceso y Calidad, de Unesco, del año 1994, y cita el Marco de Acción de Dakar sobre Educación para Todos, Cumplir Nuestros Compromisos Comunes, aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación, que apunta a la necesidad de modificar las prácticas educativas para incluir a los niños con discapacidad en el sistema educativo”. Esto último refiere a que la niña tiene esas dificultades de aprendizaje que yo recién mencionaba.

“El fallo argumenta que están probados los esfuerzos que hizo la institución en el sentido que reclama el Comité de Derechos del Niño, y advierte que en la normativa internacional citada, que garantiza la adopción de mecanismos por la educación inclusiva, no hay una sola referencia a limitantes en cuanto a la evaluación del docente ni norma que contradiga la decisión política del Estado uruguayo, dispuesta por las autoridades competentes en el acta 119, resolución 7. ‘La institución demandada, el Colegio, obró de acuerdo con el principio constitucional de igualdad y también de acuerdo a lo aconsejado por la normativa nacional e internacional relacionada. Es decir, no se trató a la niña igual que a los demás compañeros de curso, sino que, por el contrario, se actuó en la forma debida, esto es, se la discriminó positivamente en todo momento contemplando su mejor interés’, señala la sentencia, y cita un informe de la maestra en el que describía algunas de las adaptaciones del currículo que realizaba, teniendo presente las características, fortalezas y debilidades de la niña. ‘Estas adaptaciones abarcan desde objetivos, metodologías, materiales, actividades e incluso evaluaciones. Señalamos en este último aspecto que se evalúa en forma permanente, dando la posibilidad de modificar las adecuaciones pensadas con el fin de beneficiar el proceso de aprendizaje de la niña’. Dice el texto: ‘Las evaluaciones como actividad en sí también se realizan como una instancia más, fueron seleccionadas pautas de intervención docente con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y potenciar sus fortalezas. Como ejemplos de adaptaciones, se mencionan contacto ocular y proximidad física, consignas breves, explicaciones motivadoras, tiempo extra, trabajos alternados en duplas, pequeños grupos y personalizados, constante mediación docente, uso de registros varios, materiales adaptados y diversificados, manejo de tablet, actividades de respuesta verbal sencilla’.

El tribunal también considera, contra la opinión del juez que actuó en primera instancia, que la normativa recientemente aprobada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria no impone que las repeticiones deban verificarse en tercer y sexto año, y que en cambio sí estableció que la promoción de un alumno dentro del ciclo escolar es una situación compleja que exige analizar cuál es su mejor destino en el próximo período.

Además cita el inciso 1 del artículo 12 de la Ley de Educación, al opinar que difícilmente pueda admitirse que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad si no se cumplen los objetivos perseguidos en cada año lectivo. Y concluye: ‘Puede considerarse que se viola el derecho del educando, que en definitiva viene a ser una aplicación del interés superior del niño, si se decide un paso de grado para la niña si ella no está preparada para ello. El citado interés debe ser visualizado al futuro más que al presente, y ello es particularmente así en materia de educación. Por ende, la reprobación, aunque hoy pueda parecer perjudicial a su interés, en realidad podría no serlo’, dicen los ministros del tribunal de apelaciones.

El abogado de la familia, Bruno Rivero, informó que van a acatar el fallo y que la niña recursará cuarto año, pero en otro centro educativo.

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EN PERSPECTIVA
Jueves 03.08.2017, hora 8:22

EMILIANO COTELO (EC) —A mediados de junio, una fotografía dejó en evidencia las malas condiciones de reclusión del módulo 8 del Comcar, uno de los puntos más críticos del sistema carcelario uruguayo. En la imagen, que circuló en varios medios, podía verse a un grupo de presos con una delgadez pronunciada.

El caso fue detectado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que decidió presentar un recurso de amparo para forzar al Poder Ejecutivo a que implementara un programa de tratamiento individual para esos reclusos.

La justicia hizo lugar en primera instancia al escrito presentado por Petit. Pero sobre fines de julio, el Ministerio del Interior (MI) apeló la resolución, argumentando, entre otros puntos, que el Poder Judicial estaba “invadiendo” su gestión.

Ayer, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó el fallo de primera instancia. La sentencia sostiene, entre otras cosas, que este caso configura “una flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

¿Qué importancia tiene esta resolución judicial? ¿Cómo incide en la gestión de las cárceles?

Vamos a conversarlo con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.

Le pido en primer lugar una valoración general.

JUAN MIGUEL PETIT (JMP) —Un comentario a lo que tú decías recién. Esa foto, que fue la que mostró la situación, es una foto que saqué yo y no circuló en ningún lado, ni siquiera la bajé de mi celular, la tuve tres semanas guardadas y se presentó en el juzgado directamente. Después circuló cuando un matutino la sacó del expediente, con todo derecho además, porque el expediente ahí ya era público. Quiero decir con esto que traté de ser muy cuidadoso, de manejar esto sin buscar ningún tipo de escándalo o impacto, haciendo el informe al Parlamento primero y realizando una acción de amparo, que es una de las herramientas legales que tenemos para actuar.

EC —Esa precisión también tiene que ver con una objeción que había presentado el propio MI. En su escrito de apelación se señalaba que no se conocía al autor de la foto; había dudas sobre su veracidad incluso.

JMP —Sí, yo no quise entrar en polémicas con respecto a la foto, porque estaba seguro de su veracidad, porque la había sacado yo. Estaban autoridades del propio establecimiento atrás de mí cuando la saqué, sabían que era verdad, pero no quise entrar en polémica por ese punto. Además en ningún momento dijimos que hubiéramos detectado nosotros la situación; la situación la empezó a manejar la gente de salud en el lugar. Y tampoco dijimos que no se hubiera tomado ninguna medida, dijimos que las medidas que se estaban tomando deberían ser de otra naturaleza, de otro tipo y configurar un plan integral de tratamiento. Abordar en toda su variedad de aspectos la vida de esas personas –salud mental, aspectos sociales, capacitación laboral, educación, deporte, cultura– y hacer lo que las normas internacionales llaman un plan de tratamiento individual. No alcanzaba para nosotros con sacarlo de ese lugar –que cuando fuimos todavía no los habían sacado–, se requería un plan integral.

La entrada Entrevista central, jueves 3 de agosto: Juan Miguel Petit se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

¿Qué importancia tiene esta sentencia? En la entrevista central de En Perspectiva lo conversamos con el comisionado Juan Miguel Petit.

Transcripción de la entrevista con Juan Manuel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario

A mediados de junio, una fotografía dejó en evidencia las malas condiciones de reclusión del módulo 8 del Comcar, uno de los puntos más críticos del sistema carcelario uruguayo.

En la imagen, que circuló en varios medios, podía verse a un grupo de presos con una delgadez pronunciada.

El caso fue detectado por el Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que decidió presentar un recurso de amparo para obligar al Poder Ejecutivo a que implementara un programa de tratamiento individual para esos reclusos.

La Justicia hizo lugar en primera instancia al escrito presentado por Petit. Pero sobre fines de julio el Ministerio del Interior apeló la resolución, argumentando, entre otros puntos, que el Poder Judicial estaba “invadiendo” su gestión.

Ayer, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó el fallo de primera instancia. La sentencia sostiene que este caso configura “una flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

¿Qué consecuencias tiene esta resolución judicial? ¿Cómo incide en la gestión de las cárceles? Esta mañana dialogamos con el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.

Transcripción de la entrevista con Juan Manuel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario

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En diálogo con En Perspectiva, Andrés Ojeda, abogado defensor de Amodio Pérez, dijo que no se logró probar ningún delito contra su cliente porque en el expediente "lo único que hay son declaraciones de personas que no fueron testigos de los hechos si no denunciantes con una enemistad manifiesta con él".

Según Ojeda, aunque el ex tupamaro negó sistemáticametne "marcar" a sus compañeros en la calle, "las detenciones realizadas por militares en 1972 están amparadas por el régimen democrático que es una autoridad legitima. Por lo tanto nadie que colabore en la detención de alguien por orden de una autoridad legítima está cometiendo delito. Si las ordenes era convenientes o no, no corresponde discutirlo en juzgado", aseguró Ojeda.

Además, según el abogado, si Amodio Pérez hubiera cometido un delito igual hubiera estado amnistiado por ley. De acuerdo a Ojeda, el ex tupamaro no actuó "bajo el amparo del Estado si no que estaba coaccionado a través de amenazas hacia su pareja".

Ojeda aseguró que en principio la intención de Pérez es quedarse en Uruguay durante los 15 días plazo en el que la fiscal del caso puede interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. "Finalizado ese lapso, si se confirma que hubo una prisión indebida nos sentaremos a evaluar una eventual demanda contra el Estado", agregó.

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Foto en Home: El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez ingresando al juzgado de Penal de la calle Juan Carlos Gómez. Crédito: Santiago Mazzarovich/adhoc Fotos.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Lunes 23.05.2016, hora 8.23

El sábado 17 de marzo del año 2012, la noticia cortaba el aliento de todos aquellos que iban tomando contacto con ella, en Uruguay y también fuera de fronteras: Dos enfermeros comparecían ante la justicia sospechosos de haber asesinado a más de una decena de pacientes a su cargo en el Hospital Maciel y la Asociación Española.

Tanto en la prensa nacional como en la extranjera, que -dada la espectacularidad del episodio- también se ocupó del caso, empezaron a llamarlos “Los ángeles de la muerte”. También se utilizó otra expresión: “Los enfermeros asesinos”.

Las sospechas habían comenzado a gestarse meses antes, en el Hospital Maciel. Se comentaba en la Unidad de Cuidados Coronarios de ese centro asistencial se había disparado la tasa de mortalidad. Los rumores apuntaban como responsable a uno de sus funcionarios: Marcelo Pereira.

El 12 de marzo los hechos se precipitaron con lo que le ocurrió a la paciente Gladys Lemos. La médica tratante había firmado ese día la autorización para que dejara el hospital. Sin embargo, antes de que la señora se retirara, hizo una crisis que motivó que fuera derivada a la Unidad de Cuidados Coronarios, donde poco tiempo después falleció. Fue en esa unidad donde, por primera vez, tuvo contacto con Pereira quien, posteriormente, ante el juez, reconoció haberle suministrado morfina, sin la debida prescripción médica. “No con el fin de matarla”, sino con la intención de “sedarla”, dijo. En su declaración, Pereira agregó que no podía precisar cuántas veces ni con cuantos pacientes había realizado esa maniobra, ni cuándo había comenzado con esa práctica.

Cuando Pereira fue detenido, entre sus pertenencias encontraron un celular que guardaba cientos de mensajes de texto. Uno de ellos fue el que terminó haciendo la conexión con otro enfermero, Ariel Acevedo, que trabajaba –junto con Pereira- en la Asociación Española, en el Centro de Terapia Intensiva (CTI) Neuroquirúrgico. Era un SMS enviado en diciembre del año anterior, 2011, a Andrea Acosta, la enfermera que luego sería procesada como cómplice de uno de los supuestos homicidios. El mensaje hacía referencia a que Acevedo “limpió” a un paciente en ese centro, que se había ido a la farmacia y que habían quedado resucitándolo. Ese paciente falleció poco más tarde.

Acevedo admitió ante el juez haberle puesto la medicación a esa persona. El enfermero dijo que, mientras se encontraba solo, se “aproximaba al paciente con una jeringa y le inoculaba 20 centímetros de aire”. No pudo confirmar cuántos pacientes fueron víctimas de estas acciones, ni cuándo comenzó a llevarlas a cabo, aunque estimó que podría haber ocurrido durante “un par de años”.

En la sede judicial, tanto a Pereira como a Acevedo, les mostraron fotos de pacientes que podrían haber muerto como consecuencia de sus maniobras. Los indagados reconocieron a varios de ellos. Con esas pruebas, Pereira y Acevedo fueron procesados con prisión por la muerte de 15 personas internadas.

A Pereira se le atribuían, prima facie, cinco delitos de homicidio en régimen de reiteración real. A Acevedo, otros diez delitos de homicidio especialmente agravado en reiteración real. Andrea Acosta fue procesada como "cómplice de homicidio muy especialmente agravado".

Esta causa, que se conoció como "Operación Ángeles", fue conducida en la etapa inicial por el juez en lo penal Rolando Vomero. En declaraciones a la prensa, el doctor Vomero explicaba así lo que había podido reconstruir sobre la conducta de los procesados.

[Audio de entrevista de Vomero]

ROLANDO VOMERO (RV) —La metodología en un caso era aplicarle morfina directamente en vía central y en otro caso, al parecer, era aire en vía central, lo cual le ocasionaba la muerte en pocos minutos.
PERIODISTA —¿Por qué lo hacían, doctor?
RV —Según manifestaron, porque no querían ver sufrir a la gente. Se trataba de situación graves, pero en las que la muerte no era un episodio que se representaba en el momento en que ocurría.
PERIODISTA —¿Entonces, eran pacientes terminales?
RV —No. No eran pacientes terminales. Independientemente de que hubiera alguno que lo fuera.

[Fin audio]

Sin embargo, con el correr de lo meses, el caso empezó a desarmarse, junto con la presunta responsabilidad de los tres involucrados.

El informe de la Junta Médica de Peritos que trabajó en el expediente, a partir de las historias clínicas de los pacientes fallecidos, no pudo probar la existencia de elementos exógenos que hubieran contribuido a esas muertes. A su vez, se verificó que en algunos casos los enfermeros ni siquiera habían trabajado en los días en que fallecieron algunos de los pacientes supuestamente asesinados.

La causa cambió de manos y un año después se encontraba a cargo de la jueza Dolores Sánchez y el fiscal Gilberto Rodríguez.

En abril de 2013, Ariel Acevedo retiró su confesión inicial. Sostuvo que había admitido los homicidios por consejo de su anterior abogada. También dijo que había recibido presiones de la Policía para que confesara los asesinatos.

El 26 de febrero de 2015, y después de haber estado en prisión casi tres años, la justicia absolvió a los tres enfermeros de los delitos imputados y los dejó en libertad. En la sentencia, la jueza Dolores Sánchez explicó que el denominador común encontrado en el análisis de la prueba testimonial es que "nadie los había visto hacer nada a ningún paciente".

De todos modos, unas semanas después la fiscal Mónica Ferrero apeló este fallo y el expediente pasó al Tribunal de Apelaciones de Primer Turno. Volvió a correr el tiempo y el miércoles pasado -mayo de 2016- ese tribunal confirmó la absolución de los tres: Marcelo Pereira, Ariel Acevedo y Andrea Acosta.

Ahora, la fiscal Ferrero tiene todavía algunos días para decidir si presenta, o no, un recurso de casación. En caso de presentarse, la causa se definiría en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). O sea, el trámite judicial no está 100 % cerrado. De todos modos, creo que todos, incluidos los periodistas que informamos sobre este caso durante estos años, tenemos muchas preguntas en torno a este expediente y, sobre todo, el desenlace al que parece que se encamina.

¿Cómo se explica, cómo se entiende este proceso tan retorcido? Vamos a tratar de comprenderlo. Para eso hemos invitado esta mañana a dos de los abogados que participaron del caso. Están con nosotros el doctor Humberto Teske, representante de Marcelo Pereira, y el doctor Andrés Ojeda, uno de los representantes de Andrea Acosta.

La entrada Entrevista central, lunes 23 de mayo: Humberto Teske, Andrés Ojeda se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.