Tribunal de Cuentas de la República Archives - Radiomundo En Perspectiva

Se archivó la causa de Antel Arena: Pablo Díaz y Daoiz Uriarte en una "mini" Tertulia

En Perspectiva — Fri, 23 Feb 2024 17:48:27 +0000

Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

En un dictamen de 88 páginas conocido ayer, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, consideró que los elementos de la “profusa evidencia” recolectada “no permiten sustentar” que los funcionarios a cargo de la obra “hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”.

Los denunciantes plantearon que la construcción del Antel Arena violó “el principio de especialidad” consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que establece que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.

En ello, coinciden con el Tribunal de Cuentas de la República. En contrapartida, el fiscal Machado destacó que el directorio que construyó el Antel Arena se basó en “prestigiosos constitucionalistas como así también a renombrados estudios especializados en Derecho Administrativo”, por lo que “jurídicamente es una cuestión absolutamente opinable determinar si Antel se encontraba habilitada para abocarse a la construcción del citado complejo multifuncional en el marco de un proyecto de marketing y publicidad, pero es precisamente por ello, que debe descartarse la arbitrariedad que reclama el artículo 162 del Código Penal”, el que tipifica abuso de funciones.

Los denunciantes criticaron también el costo final del Antel Arena -que tiene una capacidad para 12.000 espectadores- estimado por ellos en U$S 119 millones a pesar de que inicialmente se previó que fuera US$ 40 millones.

El fiscal dijo que “los US$ 40 millones de los cuales se hablaba públicamente se referían únicamente a la primera etapa de la obra, esto es, la obra civil”, y se preguntó: “¿Cuánto costó en definitiva el complejo multifuncional Antel Arena? ¿Costó los US$ 120 millones que señala el informe de E (el auditor externo contratado por el directorio denunciante) o costó los US$ 65 millones que establece el Ec. L (Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio) en su informe presentado ante Fiscalía?”.

Machado planteó que “el único informe oficial es el elaborado por el Tribunal de Cuentas con fecha 6 de marzo de 2019”, que concluye que “lo gastado por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena asciende a la suma de US$ 85.995.517”. De todas maneras, consigna que “en el Plan de Negocios del Antel Arena ya se manejaban tres escenarios posibles en cuanto a la inversión, a saber: primer escenario una inversión de US$ 51 millones más tributos; segundo escenario una inversión de US$ 59 millones más tributos; y tercer escenario una inversión de US$ 66 millones más los tributos correspondientes”.

Además, los denunciantes afirmaron que lo que costó finalmente “supera en cuatro o cinco veces el costo de otros complejos de similares características construidos alrededor del mundo” y como ejemplo mencionaron que el Movistar Arena de Argentina para 15.000 espectadores costó US$ 38 millones, según surge de Wikipedia. El fiscal alertó que “no parece razonable ni riguroso determinar los costos de distintas obras realizadas alrededor del mundo a partir de fuentes de prensa como ser una radio, un diario o una página web como es Wikipedia”, sino que “se debe exigir un mínimo de rigurosidad en la información manejada”.

A su vez, el fiscal remarcó que “solicitó tanto a las autoridades anteriores de Antel -imputados- como a las actuales -denunciantes-, un informe oficial acerca del costo definitivo de la multicitada obra”, y se le respondió “que se carecía de dicha información”. Entonces, a pesar de “reconocer estas falencias”, el magistrado advirtió que “ello no implica que las autoridades de la época hayan incurrido en algún ilícito sino más bien dan cuenta de la ausencia de los debidos controles así como de desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la obra”. En definitiva, “en el Concurso de Ideas de Arquitectura se valoró la obra civil en la suma de US$ 40 millones”, pero “luego el equipamiento y/o alojamiento del complejo se fue haciendo sobre la marcha a medida de los requerimientos y los avances de obra”.

El fiscal Machado rechazó los señalamientos de que el 90% de las compras para la construcción del Antel Arena fueron realizadas en forma directa. El fiscal se basó en un informe de la Auditoría Interna de la Nación, que en julio de 2020 concluyó que las adjudicaciones “correspondieron a las propuestas más convenientes” y que no hubo irregularidades en el proceso de compras. Además, apuntó que el actual directorio de Antel sigue utilizando el mecanismo de compra directa.

En otro punto de la denuncia, Machado concluyó que la decisión de la empresa de, en su momento, declarar la reserva sobre las actuaciones, sigue siendo una política que se aplica habitualmente por Antel para la compra de publicidad y de derechos de imagen de personalidades famosas.

Con respecto a otra irregularidad denunciada, el fiscal afirmó que “la reiteración de gastos por parte de los ordenadores no sólo es un procedimiento frecuente dentro del Estado sino que expresamente nuestra Carta Magna prevé la resolución de dicho conflicto”. En su opinión, resulta “inadmisible” que esto pueda constituir un reproche penal.

Machado también cuestionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que en setiembre de 2021 aseguró que en el proceso se habían violentando los principios de transparencia, eficiencia y legalidad. Ese informe, decía la propia Jutep, se había hecho a partir de un informe de una empresa externa presentada por el directorio de Antel durante el actual período, algo que fue duramente cuestionado por Machado.

El fiscal concluyó: “la propia Jutep admite en su resolución que toma como único insumo el informe confeccionado por una empresa externa y por tanto reconoce sin hesitaciones las debilidades que puede presentar su dictamen”. Machado consideró que, de acuerdo a eso, la citada resolución de la junta carece de la rigurosidad jurídica requerida en esta instancia”.

La Mini Tertulia con Pablo Diaz y Daoiz Uriarte.

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50 medidas en seguridad del Partido de la Gente

Gastón González — Tue, 12 Mar 2019 18:44:59 +0000

La colectividad que lidera Edgardo Novick presentó las medidas en una conferencia vía Facebook; de su preparación participó la consultora del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani

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Informe del Tribunal de Cuentas sobre gastos del Antel Arena

Gastón González — Mon, 11 Mar 2019 22:58:12 +0000

El TCR respondió a un pedido del senador Pablo Mieres y concluyó que el costo total de la obra fue de casi US$ 86 millones; se dejó por fuera otros US$ 5 millones gastados en la contratación de una subsidiaria cuyo paquete de acciones es 100% propiedad de Antel

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¿Por qué el Tribunal de Cuentas no logra cumplir su función de contralor?: "No es un problema de normas, es un problema de uruguayez", dice Carlos Delpiazzo

Gastón González — Wed, 01 Aug 2018 17:38:39 +0000

El abogado especialista en Derecho Administrativo aclaró que si bien las falencias del TCR no son nuevas, es un buen momento para discutir posibles mejoras porque se está discutiendo una Rendición de Cuentas que no le da mayor presupuesto a este tribunal de por sí "asfixiado"

¿El Tribunal de Cuentas de la República sirve realmente así como funciona?

Ayer, en un seminario del Instituto Manuel Oribe, del Partido Nacional, varios especialistas opinaron que es necesario ajustar algunas clavijas.

¿Por qué? Porque las actuaciones del Tribunal de Cuentas quedan, en la mayoría de los casos, en pronunciamientos sin efectos prácticos, lo que desvirtúa su contralor sobre los gastos de las oficinas estatales.

¿Qué mejoras pueden implementarse? ¿Es factible extender las competencias del Tribunal de Cuentas a las empresas de derecho privado de los entes estatales? En Perspectiva lo conversó con el doctor Carlos Delpiazzo, catedrático especializado en Derechos Administrativo y socio director del estudio Delpiazzo Abogados.

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Subsidio a Sendic: "Durante estos últimos años tanto la auditoría como la Cámara de Representantes se olvidaron del artículo 77 de la Constitución", dice Francisco Gallinal (TCR)

Gabriel Díaz — Wed, 22 Nov 2017 18:50:34 +0000

La decisión del Tribunal de Cuentas, que la semana pasada observó el otorgamiento de un subsidio de 13 mil dólares mensuales a Raúl Sendic, generó reproches desde la lista 711, que acusó al organismo de contralor de contribuir a una persecución política contra el ex vicepresidente. La actual vicepresidente Lucía Topolansky también se sumó a los cuestionamientos y se molestó porque se enteró por la prensa de la resolución. ¿Cómo fue la actuación del Tribunal de Cuentas en este caso? En la entrevista central de hoy lo conversamos con el ministro de ese organismo, Francisco Gallinal.

Transcipción de la entrevista con Francisco Gallinal, ministro del TCR

El jueves pasado Raúl Sendic cerró otra dura controversia con la oposición cuando anunció que renunciaba a cobrar a partir de ahora el subsidio que se le había asignado cuando renunció.

Sendic tomó la decisión luego de que el Tribunal de Cuentas se pronunció observando el gasto bajo el argumento de que el ex vicepresidente era un legislador y, por lo tanto, si dejaba el cargo sólo podía acceder al subsidio a partir de 2020, cuando termina el período para el que fue electo.

Ante ese fallo, la agrupación que encabeza Sendic, la lista 711, decidió solicitarle a la vicepresidente Lucía Topolansky que no reiterara el gasto. De todos modos, acusó al Tribunal de Cuentas de “contribuir” a una supuesta “persecución” política contra Sendic.

¿Cómo fue la actuación del Tribunal en este caso? ¿Qué va a pasar con otros subsidios de ex parlamentarios que podrían ser pasibles de la misma objeción que se aplicó al de Sendic? Esta mañana lo conversamos con el ministro del TCR, Francisco Gallinal.

Transcipción de la entrevista con Francisco Gallinal, ministro del TCR

Documento relacionado
Resolución del TCR sobre subsidio a Raúl Sendic

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Entrevista central, miércoles 22 de noviembre: Francisco Gallinal

Gabriel Díaz — Wed, 22 Nov 2017 18:13:18 +0000

Entrevista con el doctor Francisco Gallinal, ministro del Tribunal de Cuentas de la República.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 22.11.2017, hora 08.24

EMILIANO COTELO (EC) —El jueves pasado el exvicepresidente Raúl Sendic cerró otra controversia dura con la oposición cuando anunció que renunciaba a cobrar a partir de ahora el subsidio de US$ 13.000 mensuales que se le había asignado.

Sendic tomó la decisión luego de que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) se pronunciara observando el gasto con el argumento de que el vicepresidente es un legislador y por lo tanto, si deja el cargo, solo puede acceder al subsidio a partir de 2020, cuando termina el período para el que fue elegido.

Ante la observación, la agrupación de Sendic, la lista 711, decidió solicitarle a la vicepresidenta actual, Lucía Topolansky, que no reiterara el gasto. De todos modos, acusó al TCR de “contribuir” a una supuesta “persecución” política que estaría en curso contra Sendic.

¿Cómo fue la actuación del Tribunal en este caso? ¿Qué va a pasar con otros subsidios de exparlamentarios que podrían ser pasibles de la misma objeción que se manejó ahora?

Para conversar del asunto, estamos con el doctor Francisco Gallinal, que integra el TCR desde el mes de octubre pasado, pero que tiene una trayectoria anterior como parlamentario, en particular como senador del Partido Nacional.

El principal reproche a la intervención del TCR en este tema viene por el lado de que no suele actuar cada vez que se otorga un subsidio a un legislador que no completa el período. La agrupación de Sendic, la 711, planteó que la intervención del TCR fue parte de un enseñamiento contra el exvicepresidente. ¿Por qué el TCR actuó en este caso?

FRANCISCO GALLINAL (FG) —El TCR actúa en todos los casos en que se producen gastos del Estado. Ha intervenido en todas las decisiones de subsidio que ha otorgado el Parlamento.

EC —¿Sí? ¿Ha intervenido en todos los subsidios?

FG —En todos.

EC —¿Cómo es esto?

FG —El TCR tiene dos formas de actuar. Una es a través del auditor delegado, que por sí puede intervenir el gasto, es decir, legitimarlo u observarlo, o puede también actuar por sí mismo si el auditor delegado considera pertinente remitir las actuaciones directamente a su conocimiento. Lo que venía sucediendo era que el propio auditor intervenía directamente en todo lo que tiene que ver con subsidios y las intervenciones habían sido legitimando los gastos. En este caso particular no tuve oportunidad de conversar con el auditor de los motivos que lo llevaron a no pronunciarse y elevar el expediente a conocimiento directo del TCR, pero los imagino.

Primero, lo primero que hace la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, cuando le llega el pedido de subsidio es solicitar informes a la Asesoría Jurídica del Parlamento, de la que obtiene dos pronunciamientos contrarios a que se otorgara el subsidio, también según la hipótesis de que el subsidio debía otorgarse a partir de la finalización del mandato, es decir, de febrero de 2020, y uno, solo uno, producido por los propios asesores de la vicepresidenta de la República, se pronunciaba a favor del otorgamiento del subsidio. La vicepresidenta decide autorizarlo, y una vez que firma la autorización el expediente pasa a conocimiento del auditor delegado del TCR.

Y me imagino que el auditor, primero por la dimensión que había tomado el tema en el transcurso de todos estos días, porque ya se venía discutiendo a nivel parlamentario y por distintos legisladores la pertinencia o no del subsidio en función de lo que dice el artículo 77 de la Constitución, y segundo, básicamente –ahí sí desde el punto de vista jurídico– en atención a que era un caso distinto de los anteriores, porque se trataba de la institución vicepresidente de la República, con respecto al cual siempre existió la polémica, la discusión sobre si integra o no el Poder Legislativo, si tiene o no la calidad de legislador. Eso es fundamental, porque el artículo 77, numeral 10 de la Constitución de la República establece que los subsidios y todo tipo de beneficios a los legisladores y a los intendentes, en el caso de que la renuncia se produzca antes de finalizar el mandato, deben abonarse una vez finalizado el mandato, salvo que la renuncia esté acompañada de un certificado médico que la justifique o que la Cámara correspondiente o la Junta Departamental correspondiente, autorice el subsidio por una mayoría especial.

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