El Poder Ejecutivo sigue de cerca sus actuaciones y no está dispuesto a homologar fallos que absuelvan a los oficiales investigados, según supo En Perspectiva.

Producción: Alejandro Rodríguez Dopico

La situación que se dio en los últimos meses en el Ejército caló hondo en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, quien aspira a recibir a la brevedad las novedades de otros tribunales militares que están en funcionamiento en las otras dos fuerzas.

Las autoridades parten de la base de que en todos los casos habrá sanciones. Es más, el nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, jugó fuerte durante Semana de Turismo y dejó claro a los comandantes en jefe que espera cuanto antes las resoluciones de los casos pendientes.

¿Qué casos están siendo analizados en la Marina y en la Fuerza Aérea?

Por un lado, se evalúa a Carlos Larcebeau, capitán de navío condenado en 2009 por el entonces juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a cargo de las investigaciones del llamado Plan Cóndor. Charles concluyó en su sentencia que, como miembro de la inteligencia naval, durante la dictadura Larcebeau viajaba "asiduamente a Argentina, donde participó en operaciones militares tendientes a la desarticulación del denominado aparato subversivo".

Según el magistrado, este oficial de la Armada intervino en "los grupos armados que realizaron detenciones ilegales en Argentina, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados y asesinatos", y pese a que "estaba sometido a jerarquía resulta notorio que poseía facultades de mando y que sus actividades de inteligencia eran operativas".

Larcebeau fue condenado a 20 años de penitenciaría como autor de 29 homicidios. Y un año después, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena, pero con un matíz: le adjudicó esos 29 asesinatos en calidad de coautor.

En esta segunda instancia se acreditó su participación directa en “los actos ejecutivos que terminaron con la muerte de ciertas personas”.

“Viajaba a Argentina asiduamente y se desempeñaba de igual manera en cualquiera de los dos países. Si se valoran todas las probanzas a la luz de la sana crítica, debe tenerse por acreditada la participación de Larcebeau en los operativos de la Argentina, que incluyeron detenciones, torturas y confinamiento de compatriotas”, sostiene el fallo del tribunal de apelaciones.

“Está fuera de discusión que Larcebeau tenía poder de mando, que sus actividades de inteligencia en Argentina y Uruguay eran operativas y que en definitiva logró exitosamente la culminación de sus esfuerzos en la lucha antisediciosa”, agrega el fallo.

Tribunal y análisis en Defensa

Con esta sentencia en las manos –junto con las de otros militares- en 2017 el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez (fallecido este mes), convocó a los tribunales de honor de la Armada Nacional, al amparo del decreto ley 55/985, que regula su funcionamiento.

Según supo En Perspectiva, el tribunal fue integrado por capitanes de navío y en su trabajo, finalizado en octubre del año pasado, no halló mérito para sancionar a Larcebeau.

Ese mismo mes, los resultados llegaron a Menéndez con una breve nota del jefe de la Armada, almirante Carlos Abilleira, quien avalaba las actuaciones del tribunal.

Según supo En Perspectiva, tras escuchar a Larcebeau, que negó todas las acusaciones, el tribunal entendió que no había elementos que fundamentaran la convicción de que su accionar hubiese significado una violación a los códigos de honor de la institución militar, del cuerpo de oficiales ni del honor propio de ese militar.

Se trató, entonces, de la misma percepción que tuvieron, paralelamente, los tribunales convocados en el Ejército que analizaron los casos de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente.

El entonces ministro Menéndez estudió el expediente junto a los abogados de su cartera y elevó a la Presidencia de la República esa documentación junto con una nota de dos páginas en la que recomendó no homologar el fallo. Y así ocurrió: A fines de 2018 Menéndez y el presidente Vázquez acordaron rechazar las actuaciones y solicitaron que un tribunal de alzada se constituyera en la Armada para que volviera a estudiar el caso. ¿Qué había ocurrido? El Poder Ejecutivo no estaba dispuesto a avalar un fallo que no condenaba a un militar que en la Justicia Penal había sido considerado responsable de 29 homicidios.

Efectivamente, un tribunal de alzada fue convocado en la Armada, y según las fuentes de En Perspectiva, esta segunda instancia se perfila hacia la emisión de una sanción que determine el pase de Larcebeau a situación de reforma. Esta medida implica que el militar pierde su grado como oficial de la Armada y que sólo percibirá un tercio de sus haberes de retiro, mientras que los restantes dos tercios los recibirá su familia.

En Semana de Turismo

Según supo En Perspectiva, el ministro Bayardi mantuvo un encuentro el martes de Semana de Turismo con el comandante Abilleira, al que le pidió celeridad en los trámites, pese a que no hay plazos formales en el funcionamiento de los tribunales de honor ni tampoco en los de alzada. Esta reunión “bilateral” ocurrió apenas pocos días después del encuentro que el viernes 12 Bayardi sostuvo con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

"Complejo"

Cabe preguntarse por qué recién en segunda instancia terminará habiendo una sanción a Larcebeau. La explicación brindada por varias fuentes políticas es que “el espíritu de cuerpo” en los estamentos militares es muy fuerte, y ello tuvo su peso en esta situación, al igual que en el Ejército.

“Les cuesta tomar una posición de condena” contra las conductas del pasado, más allá de que los oficiales de la actualidad poco y nada tienen que ver con la dictadura que se extendió entre 1973 y 1985”, dijo uno de los informantes, quien reconoció “lo complejo” de lidiar con esta situación.

Igualmente, hubo un punto de quiebre. La polémica por los fallos de los tribunales de honor del Ejército, la destitución del excomandante en jefe de esa fuerza, Guido Manini Ríos y los pedidos de pase a retiro obligatorio de los generales que integraron aquellos tribunales marcaron un antes y un después.

No hay dudas de que los episodios del Ejército tuvieron sus repercusiones en las otras dos Fuerzas Armadas.

Con ese telón de fondo el tribunal de alzada constituido en la Armada se encamina a sancionar a Larcebeau.

Y a ese cuadro se debe agregar un elemento no menor: al frente de la Armada hay un almirante que no cuestiona la actuación de la Justicia Penal, como sí hizo Manini Ríos en el Ejército. “Por lo general, los tribunales de honor están condicionados a la voluntad del comandante en jefe”, explicó a En Perspectiva una fuente del Ministerio de Defensa.

Actuaciones en la Fuerza Aérea

Las actuaciones de los tribunales de honor militares también llegaron a la FAU. El punto de partida fue la investigación de la justicia penal sobre Ubagésner Chaves Sosa, un militante comunista detenido en suelo uruguayo que murió como consecuencia de las torturas en el año 1976 durante su reclusión en la base aérea Boiso Lanza. Pero en el trabajo de este tribunal de honor no hubo dolores de cabeza para el gobierno.

Los restos óseos de Chaves Sosa fueron hallados en una chacra en Pando, en 2005, en el primer año del primer gobierno del Frente Amplio. En el año 2012 la entonces jueza penal Mariana Mota condenó a dos aviadores retirados por este asesinato. Al teniente Enrique Rivero se lo consideró autor material de un delito de homicidio muy especialmente agravado y al coronel José Araújo coautor. Se les impuso 19 y 17 años de penitenciaría, respectivamente, una pena que quedó firme tras la intervención de un tribunal de apelaciones.

¿Qué ocurrió ahora en los tribunales de honor?

El tribunal de honor conformado para José Araújo estuvo integrado por tres brigadieres generales y lo presidió Hugo Marenco, quien el 1 de febrero asumiría como comandante en jefe de la FAU. Culminó su trabajo en diciembre del año pasado, cuando resolvió pasar a reforma a Araújo en el entendido de que su conducta había lesionado el honor de la institución militar. Quien era entonces comandante de la fuerza, Alberto Zanelli, recibió el expediente y lo remitió al ministro Menéndez.

El fallo aún no fue tratado por el Poder Ejecutivo, pero en el Ministerio de Defensa ya hay una resolución escrita y pronta para ser enviada a la Presidencia de la República en la que se solicita la homologación, según supo En Perspectiva.

Mientras tanto, todavía no está el fallo del tribunal de honor que analiza el comportamiento del teniente Enrique Rivero, que se prevé sea del mismo tono que el relativo a Araújo (*) .

Avances y pendientes

En el gobierno se entiende que en la FAU prevalece el criterio de tomar distancia respecto a las acciones de esa fuerza en el período de la dictadura. Ello, según se explicó a En Perspectiva, quedó plasmado en las gestiones de Zanelli y Marenco como comandantes. Diferente sería la situación en el Ejército y en la Armada, donde, como se vio en los hechos notorios de los últimos meses, aún prevalecen tendencias al ocultamiento y la negación de los crímenes cometidos en dictadura.

O sea, este año el Poder Ejecutivo podría cerrar las actuaciones de los tribunales convocados por crímenes de lesa humanidad. Pero, por lo visto, aún quedarían asignaturas pendientes en el trabajo con una parte de las Fuerzas Armadas en cuanto a su inserción en la sociedad.

(*) Un detalle adicional: Si bien en el segundo tribunal de honor de la Fuerza Aérea aún no finalizaron las actuaciones, en los últimos días el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la remisión de las actas con la declaración tomada meses atrás a Rivero.

Según dijo el propio Perciballe a En Perspectiva, la información contenida en las actas puede aportar información sobre alguna de las causas que investiga esa sede, y por ello se solicitó una copia a pesar de no haber concluido las actuaciones.

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La entrada Oposición pide acceder a expedientes de Tribunales de Honor del Ejército antes de aprobar venia para pasar generales a retiro: Entrevista con Javier García se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Gregorio Álvarez, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente y Jorge Silveira, todos ellos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas (FFAA), fueron condenados hace ya por lo menos cinco años por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Sin embargo a ninguno de ellos le fueron disminuidos los atributos militares; en particular, sus pasividades no han sido suspendidas ni recortadas.

La noticia fue una de las más comentadas del día de ayer, a partir de un artículo que publicó el semanario Búsqueda.

Según la nota, hasta que murió, en diciembre pasado, el ex dictador Gregorio Álvarez cobraba una jubilación de $ 172.647 como consecuencia del grado de teniente general (retirado) que ostentaba.

El monto mensual que recibía Álvarez figura actualizado al 31 de diciembre de 2016 y no es el único que supera los $ 100.000: a la misma fecha los coroneles retirados Jorge Silveira y José Araújo Umpiérrez recibieron $ 128.744 y $ 118.278 mensuales, respectivamente. Por su parte, el teniente coronel retirado José “Nino” Gavazzo tiene una pasividad de $ 68.348.

Los datos aparecen en la respuesta del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a una solicitud realizada por Búsqueda al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.831). En el documento, fechado el 17 de enero, la asesoría jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA explica que “no existe normativa que regule la suspensión de haberes de retiro a las personas que cumplen pena de penitenciaría”. De todos modos, Búsqueda recordó que hay un mecanismo que permite al MDN impulsar la quita de hasta dos tercios de la jubilación de los militares retirados: la convocatoria a un Tribunal de Honor que juzgue el accionar de esos oficiales retirados.

La pregunta que muchos nos hicimos luego de leer la nota de Búsqueda es: ¿Cómo se explica que, estando disponible esa herramienta, estas personas no hayan visto disminuidas sus pasividades? ¿Se crearon esos tribunales de honor?  Y, en caso afirmativo, ¿qué fallos arrojaron?

La producción de En Perspectiva estuvo trabajando en ese tema.

La Historia

Los procedimientos judiciales con estos ex militares comenzaron en 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y las sentencias de la justicia penal se produjeron varios años después. Así lo recuerda José Bayardi, que en ese período fue primero subsecretario y luego ministro de Defensa Nacional.

"En la primera etapa lo que había existido eran los procesamientos. Los procesamientos se hicieron con prisión. Hubo sentencias en primera instancia, después fueron a apelaciones, y hasta que no hubiera la sentencia firme no se habían desencadenado los tribunales de honor. Eso fue en la primera etapa, estoy hablando hasta que yo me fui, el 31 de agosto de 2009″, aseguró Bayardi

Bayardi dejó sus funciones cuando los procesos judiciales aún se encontraban en curso. Las primeras sentencias definitivas se conocieron en 2010 y un año año después, en 2011, bajo la presidencia de José Mujica y con Eleuterio Fernández Huidobro al frente de la cartera de Defensa, comenzó a analizarse la posibilidad de  conformar tribunales de honor para estos oficiales retirados.

Honor y situación de reforma

Según lo que resuelvan estos tribunales, un militar puede pasar de estar en situación de retiro a “situación de reforma”. De acuerdo al artículo 212 de la ley orgánica militar (Nº 14.157), esta “sanción” puede aplicarse, entre otras razones, por “mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar”. En ese caso, el soldado “pierde el derecho a ocupar cargos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, ni aun en la reserva” y no puede “usar el título ni el uniforme correspondientes al grado que investía”. En esa situación, además, “un tercio del haber de reforma pertenecerá al Oficial reformado y dos tercios a los familiares que tuvieran derecho a pensión”, y si estos  familiares no existen, “los dos tercios pasarán al Servicio de Retiros y Pensiones”.

De todos modos, como queda claro, el Estado sigue gastando en la pasividad de esa persona el mismo monto que antes de la sanción: simplemente, esa cifra se reparte entre el oficial en reforma y sus familiares.

Tribunales y tiempos

¿Cómo se forma un Tribunal de Honor y de qué manera trabaja? En Perspectiva consultó al politólogo Julián González Guyer, especializado en temas de defensa.

Según explicó el experto, “los tribunales de honor deben estar integrados por oficiales de por lo menos la misma jerarquía de los oficiales que están siendo sometidos al Tribunal de honor. De igual o mayor jerarquía. Eso ya plantea un problema porque hay muchos que son coroneles hasta teniente general. Una vez constituido el Tribunal, lo que es llamativo es que la normativa dice que los procesos deben desarrollarse con gran diligencia”

El ministro Fernández Huidobro demoró varios años en concretar la convocatoria. Recién entre 2014 y 2016 convocó al menos a cuatro tribunales de honor, según publicó el pasado setiembre el semanario Brecha:

El primero fue para Álvarez, el 20 de enero de 2014. Luego vinieron los que se ocuparían de Maurente, Ramas, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez (el 13 de noviembre de 2015), el de Nino Gavazzo (el 23 de diciembre de 2015) y el de Larcebeau (19 de febrero de 2016).

Lo llamativo es que ninguno de éstos tribunales llegó a una resolución. Cuando  parecía que las decisiones iban a producirse finalmente se activaron otros mecanismos de demora

“No sé qué importancia, qué prioridad, qué pasó, qué gestiones se hicieron y cuáles se dejaron de hacer, por qué no tuvieron resultados concretos, cuáles son los argumentos de los miembros del tribunal para demorar tanto sus actuaciones. Habrá problemas de salud… lo que a mí se me escapa es la o las razones que puedan existir para que los miembros del Tribunal de Honor no puedan avanzar. Yo sospecho que allí hay un montón de presiones que están jugando, de solidaridades corporativas”, opinó González Guyer.

José Ignacio Korseniak, director  de Asuntos Jurídicos, Notariales y DDHH del MDN, explicó someramente qué fue lo que sucedió en uno de los tribunales, el dedicado a Alvarez.

"Hubo varias razones por las cuales ese resultado no se produjo. Uno tuvo que ver con objeciones a la conformación y otro tuvo que ver con la enfermedad de Gregorio Álvarez", dijo.

En definitiva, a pesar de que sus actuaciones tienen carácter “urgente” y que para el estudio que deben realizar no rigen “horarios ni feriados”, ninguno de los tribunales ha fallado todavía y, por lo tanto, los ex militares condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos siguen gozando de todos los beneficios que les corresponden como oficiales retirados de las FFAA.

¿Y el control?

La pregunta siguiente es: ¿nadie fiscaliza el trabajo de los Tribunales de Honor? ¿Quién hace el seguimiento de su trabajo?

Según González Guyer, “el Ministerio tiene todas las potestades, es el mando superior, Integra el mando superior. Y los oficiales que integran los Tribunales de Honor están sujetos a su jerarquía”

Además, el politólogo enfatizó en el problema de la falta de transparencia: lo poco que se comunica al respecto este trabajo

“Demoró mucho, se ha sabido muy poco, se han filtrado con cuentagotas las noticias, uno nunca sabe exactamente cómo es la cosa. Es muy difícil establecer qué es lo que está pasando, o qué pasó”, opinó.

El Futuro

Desde el MDN se admite estas carencias y por ello se están considerando cambios en el funcionamiento de los tribunales de honor. Sobre todo, en cuanto a los tiempos de trabajo. Hablando con En Perspectiva Korzeniak abundó sobre esta posibilidad.

"Hace un tiempo el ministro de Defensa, Jorge Menéndez nos había instruido al director de políticas y a mí, que soy el director de Derecho Humanos del Ministerio de Defensa, que revisáramos esa normativa. Primero, manifestó la voluntad política de que se reactivaran los tribunales y empujar la conformación de los que estaban en condiciones de conformarse. Y segundo, ordenó revisar la normativa para proyectar eventuales cambios, lo que no depende de nosotros si no que habrá que hacer una ley que modifique los contenidos de un decreto ley de la dictadura que tiene muchos años. Una de las razones para revisar es que los Tribunales se hagan lo más rápidamente posible".

En particular, con respecto a los tribunales ya integrados y que tienen sus resoluciones pendientes, aseguró que van a completar sus tareas a la brevedad.

Korzeniak ratificó así lo anunciado por el ministro Jorge Menéndez a fines del año 2016, cuando dijo que en los primeros días de diciembre había dado órdenes en ese sentido.

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Aclaración: Ayer, en nuestro panorama de titulares y luego, cuando repasamos y comentamos la nota de Búsqueda, nosotros reprodujimos un error: entre las jubilaciones que difundimos estaba la del coronel retirado Juan Carlos Gómez. Sin embargo, éste no debió haber figurado en esa lista ya que, si bien en su momento fue procesado por su presunta vinculación con  el asesinato del militante tupamaro Roberto Gomensoro, luego fue sobreseído; eso ocurrió hace más de tres años en diciembre de 2013. Por lo tanto, no correspondía cuestionar si seguía cobrando o no su pasividad.

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Crédito Foto: Presidencia de la República

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