La Tertulia de los Viernes con Marcia Collazo, Pablo Eguren, Víctor Ganón y Juan Grompone.

A través del Consejo de Formación en Educación (CFE), la ANEP firmó este lunes un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe) para implementar una maestría en formación docente. Al mismo tiempo se dejó de renovar acuerdos que, con el mismo objetivo, se habían suscrito con universidades privadas uruguayas.

La decisión marca un giro explícito respecto a la administración anterior y se apoya en un criterio declarado por las autoridades actuales: priorizar el fortalecimiento de la educación pública —nacional o regional— y evitar que fondos estatales se destinen al financiamiento de posgrados en instituciones privadas.

Continúa en: ¿En diciembre cambia la forma de vincularnos y nos volvemos más afectuosos?

Accidentes de tránsito: Hay una "anomía gozosa y desafiante en las calles y rutas"… y otros telegramas

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Ahora el problema parece ser las exoneraciones de las instituciones privadas de educación.

Ya estamos llegando al limite de lo incomprensible en Uruguay.

José Olivera de Fenapes, el senador [Ernesto] Agazzi y la diputada [Macarena] Gelman despotrican contra las exoneraciones de aportes patronales en las instituciones de educación primaria. A mí más me preocupa el déficit de Ancap, pero claro, esa es otra plata, no es la misma plata del pueblo o que UTE aumente las tarifas sin argumento, no hablemos de Alas U, los favores del Brou y un sin fin de situaciones que no se pueden tocar.

Volvamos al tema neurálgico del problema cuando la plata no está y las promesas no se van a poder cumplir.

José Olivera de Fenapes cuestiona que algunas instituciones privadas se han fundido, como si la educación publica no lo estuviese. Yo estaría encantado de que mis hijos fuesen a la escuela pública o liceo, pero las instituciones públicas no me dan la confianza y hago mucho esfuerzo en pagar una institución privada.
Fenapes debería pensar por qué la gente no recibe la educación que paga con altos impuestos. Deberían sincerarse y darse cuenta de que los maestros y profesores forman parte del problema.

Macarena Gelman está preocupada porque las empresas donan a instituciones privadas y exoneran impuestos. Lo mismo sucede con Teletón, cientos de ONG o fundaciones creadas o financiadas por empresas. Sería bueno aclarar cómo se financian las campañas políticas, sobre todo porque reciben muchas donaciones también.

En 2015 las certificaciones médicas al BPS  nos costaron cerca de US$ 150 millones, sin contar todo los demás costos que esto significa. ¿Tampoco sería el problema?

Me gustaría que Agazzi, Gelman y Olivera me iluminaran con algunos temas que me preocupan más que la educación privada. Hoy me conformo con que arreglen los problemas que hay y que sin duda deberían ser tratados con mayor rapidez. Esos problemas sabemos que representan cientos de miles de millones de dólares.

Poder Ejecutivo, senadores y diputados: hagan su trabajo con el respeto y altura que nos merecemos los uruguayos.

Federico González
Vía correo electrónico

Mesa relacionada
La Mesa de los Miércoles: Exoneraciones fiscales a las donaciones para universidades privadas divide al FA

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Durante estos últimos días, muchos uruguayos discutimos con fervor sobre el destino de US$ 1.500.000. Ese dinero es el que, aproximadamente, dejarían de percibir las universidades privadas por concepto de donaciones empresariales a cuenta (hasta en un 83 %) del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con los votos de los legisladores del Frente Amplio y resta saber si el Senado hará lo mismo.

Probablemente, la fuerte polémica instaurada se explica no tanto por el dinero en juego (una cifra muy menor en términos de su impacto impositivo) sino más bien por los temas subyacentes, vinculados a la relación deseable entre Estado y mercado y, más específicamente, a los grados de libertad que deberían tener los contribuyentes para elegir el destino de sus impuestos, a lo que constituyen auténticas prácticas de solidaridad y a las características que debería tener nuestro sistema de educación terciaria.

En medio de esta polémica, varios dirigentes y militantes del Frente Amplio han utilizado como argumento la necesidad de favorecer a la educación pública superior por su carácter presuntamente igualitario y gratuito (los diputados Macarena Gelman y Gonzalo Civila han sido probablemente quienes más han subrayado este argumento en el reciente debate mediático). El problema con esa clase de argumentos, sin embargo, es que obvian la existencia del Fondo de Solidaridad, un impuesto que desde 1994 ha transformado a la educación terciaria estatal en parcialmente gratuita y que en 2015 recaudó casi US$ 30 millones.

Desde su creación, el Fondo de Solidaridad establece que aquellos egresados de la educación terciaria pública deben obligatoriamente realizar aportes para solventar, entre otras cosas, un amplio programa de becas universitarias¹. Desde la Ley de Presupuesto de 2015, además, el Fondo de Solidaridad se extendió significativamente en el tiempo, obligando a los egresados a pagarlo hasta los 70 años de edad (en lugar de un período máximo de 25 años). Según el nuevo régimen, un egresado de una carrera de cuatro o más años de duración que aportara durante 30 años, culminaría pagando cerca de US$ 7.000. La cifra podría llegar a los US$ 12.000 si ese egresado pagase un adicional actualmente comprendido para carreras de cinco o más años. Considerando esta información, la pregunta es más que obvia: ¿cómo puede considerarse gratuito a un sistema educativo que tiene en los aportes obligatorios de su población graduada una de sus vías de financiamiento?

Además de no ser gratuita, la educación terciaria superior y su Fondo de Solidaridad están lejos de operar con criterios de auténtica equidad. Es encomiable, por un lado, que nuestra universidad pública tenga un poderoso sistema de becas para apoyar a sus estudiantes de escasos recursos. Aunque los estudiantes del sistema público están exentos de pagar una matrícula, la educación superior tiene múltiples costos que justifican el apoyo a los sectores de bajo poder adquisitivo (que de lo contrario deberían tener una inserción de tiempo completo en el mercado laboral en desmedro de su rendimiento estudiantil).

En la actualidad, 18 de cada 100 estudiantes de Udelar son de hecho becarios, con partidas promedio que rondan los $ 50.000 anuales. También es destacable y compartible que, como parte de las modificaciones introducidas en 2015, el Fondo de Solidaridad incrementara significativamente la franja de ingresos exonerada de realizar aportes. Mientras antiguamente debían aportar al fondo los egresados con ingresos mensuales mayores a 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), hoy equivalentes a $ 13.360, hoy lo deben hacer aquellos con ingresos superiores a 8 BPC, $ 26.720.

Sin embargo, mucho más discutibles son otros criterios que emplea el Fondo de Solidaridad para decidir quiénes pagan y quiénes no. En especial, llama poderosamente la atención que estén exonerados de pagar este impuesto todos aquellos ciudadanos que hicieron uso del sistema pero que no se graduaron. Quizás la premisa para establecer esta línea demarcatoria es que la obtención del título universitario o terciario suele ser recompensado por mejores ingresos.

Esta presunción tiene sustento empírico pues existe una probaba y fuerte correlación entre título e ingresos. Sin embargo, tal correlación está a años luz de ser perfecta. Con este criterio más que imperfecto, pues, el Fondo de Solidaridad abre la puerta a un cúmulo de injusticias. ¿Qué criterio de equidad puede sustentar, por ejemplo, que esté exonerado de pagar el Fondo de Solidaridad un ex estudiante avanzado de ingeniería que no llegó a graduarse pero que aprovechó sus estudios como insumos para fundar una exitosa empresa, mientras que sí debe pagarlo una graduada en trabajo social con ingresos mucho menores? ¿Acaso no hicieron ambos un uso extensivo de todos los servicios brindados por la universidad? Un razonamiento similar podría realizarse respecto al criterio que exonera de pagar este tributo a los egresados que no residen en Uruguay. Una vez más: ¿qué clase de criterio es aquel que exonera del tributo a un acaudalado abogado que vive en el extranjero pero que se formó íntegramente en la Facultad de Derecho de Udelar y obliga en cambio a realizar aportes a un defensor de oficio con un sueldo bastante inferior al del promedio de la profesión?

Si nuestra universidad pública no es universalmente gratuita ni tampoco emplea los mejores criterios posibles de justicia distributiva para determinar quiénes pagan o no por haber utilizado sus servicios, ¿no será tiempo de volcarnos hacia un sistema diferente? ¿Por qué no establecer un sistema en el cual los estudiantes aporten durante sus años de estudio (y no a posteriori) según la cantidad de años cursados y sus posibilidades económicas? O, alternativamente, si nos volcáramos por una alternativa de educación universitaria superior genuinamente gratuita, ¿por qué no derogar el Fondo de Solidaridad y solventar el sistema de becas universitarias con parte de los ingresos provenientes del IRPF, un impuesto que grava a los ciudadanos según su nivel de ingresos?

Curiosamente, ninguno de estos temas cruciales referidos al Fondo de Solidaridad han propiciado un debate amplio en nuestra sociedad (aunque sí es verdad que un pequeño grupo de profesionales ha intentado derogarlo sin éxito en diversas instancias judiciales). Inversamente, la mayor polémica instaurada en torno al Fondo de Solidaridad en los últimos tiempos se suscitó al publicarse el suculento sueldo de su gerente general, un dato que por más polémico o irritante que sea no toca el verdadero centro de gravedad de este asunto.

En este contexto en el que tanta importancia le hemos dado al millón y medio de dólares que hoy reciben las universidades privadas gracias a las exoneraciones impositivas de las empresas, sería deseable que sumáramos a la discusión a una educación pública superior que acoge a muchos más estudiantes, a la que se destinan muchos más recursos y sobre la que existen unas cuantas preguntas, hasta ahora, sin la debida respuesta.

1. Junto a la Universidad de la República, también pagan este impuesto los egresados de la novel Universidad Tecnológica (UTEC) y de las carreras terciarias ofrecidas por el Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP.

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Segunda mirada es el blog de Rafael Porzecanski en EnPerspectiva.net. Actualiza el sábado en forma quincenal.

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Por Emiliano Cotelo ///

Uno de los temas dominantes en la agenda política de esta semana fue el artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que elimina los beneficios tributarios a las donaciones de empresas a las universidades privadas (*).

Es una disposición nueva, que apareció en escena hace apenas siete días, el viernes 29 de julio, de madrugada, cuando la aprobó por unanimidad la bancada del Frente Amplio (FA).

Entre sábado y domingo este asunto se instaló con una fuerza enorme en las redes sociales, donde, además, se discutía con crudeza y agresividad. Me impresionó ese fenómeno. Sobre una cuestión que, creo, es bastante compleja, de repente todos tenían una opinión, inexorable y contundente. Y casi todos trataban a los que estaban en la vereda de enfrente con espanto y reprobación. Una grieta perfecta.

¿Cómo hicieron todos ellos para saber tan rápido qué pensar? Se lo pregunto a esos habitantes de “las redes”. Pero, sobre todo, a los legisladores que terminaron levantando la mano para que esta norma prosperara en la Cámara de Diputados.

¿Los uruguayos vamos a definir así nuestras políticas educativas? ¿Así, “al golpe del balde”?

Estamos hablando de la educación, una materia muy delicada, seguramente el principal desafío que tiene por delante el sistema político uruguayo. Y el FA carga con la primera responsabilidad, porque está al frente del gobierno y porque tiene mayoría propia en el Parlamento.

El mecanismo

Este mecanismo que otorga beneficios fiscales a empresas que realizan donaciones a instituciones educativas públicas y privadas tiene sus antecedentes en 1991 pero se amplió y alcanzó su forma actual en la reforma tributaria del año 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Por supuesto, cabe la posibilidad de evaluarlo 10 años después. Pero…¿existe un examen serio de sus resultados?

La clave de este instrumento es que la empresa que dona dinero a las instituciones incluidas en el sistema puede llegar a descontar de su liquidación de impuestos hasta 82 de cada 100 pesos que pone. Eso quiere decir que en la hipótesis extrema su contribución real termina siendo de 18 y los 82 restantes salen de Rentas Generales. O sea, la empresa entrega 18 y “obliga” al Estado a poner 82 en esa universidad. Este es el punto polémico para mucha gente.

A mí no me parece mal. Primero, porque ese dinero de Rentas Generales sólo se desvía hacia ese destino si el proyecto correspondiente fue examinado y aprobado previamente por el Poder Ejecutivo, que además lo monitorea; segundo, porque en el caso particular de las universidades privadas estamos hablando de instituciones habilitadas por el Estado; tercero, porque los beneficiarios de esos fondos no son las universidades en sí mismas, sino determinadas líneas de investigación o alumnos de bajos recursos que reciben becas para poder continuar sus estudios; y, por último, porque los montos que están en juego son relativamente bajos. El año pasado las empresas donaron a universidades privadas unos 44 millones de pesos, lo que implicó una renuncia fiscal de 36 millones, o sea poco más de un millón de dólares (cuando el presupuesto total de la educación pública es de 1.500 millones de dólares).

El gesto

Pero lo que más me preocupó de este episodio no fue el gasto, fue el gesto. No por su contenido ideológico, que es perfectamente válido, sino por su displicencia técnica.

¿Sabemos fehacientemente de qué forma utilizaron ese dinero las instituciones? ¿Conocemos si impactó o no positivamente en la sociedad? Los que sostienen que las universidades privadas uruguayas obtienen ganancias y que de esas ganancias deberían salir las becas, ¿tienen pruebas de lo que declaran?

Como ya mencioné, en principio yo soy partidario de mantener vigente este instrumento. Pero, ya que se planteó su discusión, estoy dispuesto a abrir la cabeza y volver a pensar en el tema. Sin embargo, me encuentro que en pocas horas quedó laudado. Ya está. Ya tiene media sanción.

¿Los que votaron tuvieron en cuenta el golpe que significa eliminar de un año al otro una línea de financiamiento de la que depende la realización de trabajos académicos muy concretos y las posibilidades de estudio de un número significativo de estudiantes? ¿Es responsable cambiar las reglas de juego drásticamente en un campo como la educación, cuyos procesos deben ser, necesariamente, de largo plazo?

Yo imagino que el grupo IR, cuando propuso la medida, la había examinado en profundidad. Pero los otros legisladores del FA, ¿cómo hicieron para alinearse tan velozmente? No se entiende, especialmente cuando a las pocas horas el ministro de Economía, Danilo Astori, salió a rechazar de plano la propuesta de cambio y a defender este canal de donaciones del que ayer, además, dijo que está “orgulloso”.

Ahora el diputado Alfredo Asti, que pertenece al grupo de Astori y que votó el artículo, dice que la discusión continuará en el Senado. Espero que así sea. Por lo menos habrá algo más de tiempo para tratar de razonar.  Pero en realidad, una medida como esta no debería incluirse en esa bolsa variopinta que termina siendo una Rendición de Cuentas. En todo caso, debería formar parte de un debate más amplio, más integral.

Pronósticos

En su primer año, este tercer gobierno del FA no estuvo a la altura de las expectativas que había generado Tabaré Vázquez en la campaña electoral cuando prometió una reforma en el ADN de la educación uruguaya. Piensen, por ejemplo, en el papelón que se conformó con la remoción del director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Juan Pedro Mir, y la renuncia en solidaridad con él del subsecretario Fernando Filgueira. Y la lista de desprolijidades y pasos desconcertantes no se limita a aquel episodio.

Con esos antecedentes muchos tememos que en esta materia, otra vez, pase muy poco o nada. Y, lamentablemente, ese pronóstico no se disipa, más bien se afirma, al ver lo que ocurrió esta semana, con la forma tan ligera con que se decidió intervenir en este sistema de donaciones.

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(*) La disposición excluye de este sistema de donaciones sólo a las universidades privadas. Mientras tanto,  se mantiene para las donaciones destinadas a la Universidad de la Republica y otras instituciones educativas  públicas y también privadas (por ejemplo, liceos o escuelas), la Fundación Teletón, etc.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 05.08.2016, hora 08.05

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Bienvenida la discusión ideológica. Fortuna es lo que tenemos cuando alguien plantea debatir sobre educación y exoneraciones fiscales sin que se trate de una mera ecuación financiera.

El libro El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama, afirmaba el triunfo de una visión de mundo sobre otra, y por ende el fin de las ideologías. Una tesis contaminada por la cercanía a la caída del muro de Berlín, y bastante cómoda para varios nuevos actores políticos con ánimos exclusivamente gerenciales.

En estos días, se está discutiendo en el Parlamento uruguayo la Rendición de Cuentas, documento en el cual, además de cumplir con la obligación de rendir cuentas de lo gastado el año anterior, se pueden aumentar rubros en varias de las dependencias estatales.

¿Qué es lo que nos llamó la atención este año en particular? En el artículo 6° de su propuesta inicial, el Poder Ejecutivo aplazaba aumentos presupuestales en la educación –así como en varias áreas– por $ 1.500 millones. Finalmente, luego de duras negociaciones intestinas en la fuerza de gobierno, el recorte terminó en $ 630 millones.

La explicación –o defensa– vino dada por la “consolidación fiscal” –nombre puesto al ajuste fiscal 2016 por su "padre", el Frente Amplio–. En definitiva es un ajuste numérico que cualquier gobierno en ejercicio hubiera tenido que hacer, visto que no cierran los números por la gestión de años anteriores.

Pero aquí empezaríamos con las diferencias ideológicas o, quizás, de énfasis en las promesas electorales. ¿La educación primero?

La época de rendición de cuentas es de jornadas extensas y sumamente expeditivas. Ante la inminencia de conflictos sociales y la presión de diferentes lobbies, el reacomodo de números entre organismos es moneda de cambio en comisiones de carácter público y reuniones privadas.

En una de estas últimas, se acordó retomar una propuesta de modificar la lista de instituciones habilitadas por el Ministerio de Economía para recibir fondos de donaciones con exoneración fiscal. Este beneficio es de aproximadamente el 83 % de descuento sobre IRAE e IRPF.

El cambio sería eliminando a las universidades privadas como beneficiarias.

Al parecer, nos estaríamos dando un lujo en la miseria. Teniendo al sistema educativo en crisis, evitamos que algunas de sus instituciones reciban fondos extra.

El fundamento, según sus propulsores, es ideológico. Los números fríos lo demuestran. Los $ 36,6 millones de exoneración fiscal del año anterior no alcanzan a ser el 6 % de todo lo que el Frente Amplio le recortó a la educación. Un mensaje más fuerte en lo simbólico que en el fondo del asunto.

Hay un debate sobre la educación que queremos, que se nos está escapando, y lo único que escuchamos públicamente es una contradicción enorme en el discurso del Frente Amplio. Luego de recortar $ 630 millones a la ANEP, Universidad de la República y UTEC, el partido oficialista sale con gritos a los cuatro vientos como defensor de la educación por “dejar de favorecer” a las universidades privadas. Un símbolo para su propia militancia.

En este momento tenemos una discusión ideológica forzada por la plata. Porque no alcanza la caja del gobierno. Porque no se fue prudente en momentos de auge. Y en el menos malo de los casos, por ingenuidad –consciente o no– a la hora de armar el presupuesto.

La educación uruguaya está en crisis. Existe una crisis económica y de modelo. Tenemos carencias en capital humano, ya sea porque no tenemos tantos docentes como se necesitarían, como por los magros sueldos que reciben. Las tasas de abandono en la educación media –Secundaria y ex-UTU– son alarmantes, y las explicaciones que arrojan los análisis no son en su mayoría por imposibilidad de acceso, sino por el orígen socioeconómico –no encontré una palabra menos técnica– de los alumnos y las modalidades de estudio, como marca uno de los últimos informes del INEEd y la Facultad de Ciencias Sociales.

Evidentemente en este momento estamos ante una batalla, pero no ideológica, sino comunicacional. Plantear rediscutir hacia donde van los fondos públicos en la educación, según sea público o privado, faltando 72 horas para que se apruebe la Rendición de Cuentas, es una cortina de humo.

En la prensa, en las redes sociales, en reuniones, todos hemos llegado a discutir el tema, e incluso contraponer universidad pública contra las universidades privadas.

Sin embargo, la discusión de fondo sobre la educación es otra: tener discusión.

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Sobre este blog
Ruta 26 es el blog de Gonzalo Baroni en EnPerspectiva.net. Toma su nombre de una de las principales rutas que atraviesa transversalmente al Uruguay (y que llamativamente nunca ha estado en buenas condiciones). Actualiza los miércoles.

Sobre el autor
Gonzalo Baroni nació en Montevideo, en democracia. Economista por la Universidad de la República, militante universitario y sindical, integró el Consejo de Ciencias Económicas. Funcionario de Casinos del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, actual presidente de la Juventud del Partido Nacional y docente de Matemáticas en Secundaria. Lector compulsivo. Hincha de Nacional. Integrante de La Mesa de En Perspectiva.

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Martín Couto , integrante del sector IR que propuso la medida, explicó en diálogo con En Perspectiva, que la medida busca estimular el apoyo a otras instituciones incluidas en el listado de organizaciones destinatarias de donaciones con exoneraciones impositivas. Entre ellas, dijo Couto, están los liceos de gestión privada que se encuentran en zonas de contexto crítico, o la Universidad de la República que a diferencia de las privadas sí paga aportes patronales.

Couto agregó que a través de las exoneraciones fiscales el Estado está financiando a determinadas instituciones sin un criterio público común, ya que es el empresario que resuelve a qué organización dona y a cual no. "Esta es un forma de mejorar el direccionamiento del gasto público. Si una universidad privada tiene que pedir un subsidio, es el Estado el que lo resuelve a la luz de criterios públicos", explicó Couto.

El diputado (suplente) rechazó la "amenaza" de las universidades privadas de recortar las becas si se aprueba la medida, ya que implica "cortar por el lado más fino" cuando puede haber otros rubros, como publicidad y sueldos de jerarcas, que también se pueden revisar.

Además dijo que si el apoyo privado disminuye después de que se  aprueba la medida, quedaría demostrado que muchas donaciones no se hicieron por solidaridad si no como una forma de descontar impuestos.

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Foto en Home: Martín Couto. Crédito: Javier Calvelo/adhoc Fotos.

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