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El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, reconoció que los mecanismos de prevención y atención de la violencia basada en género que existen en la institución “no son suficientes” y anunció que el Rectorado impulsará una actualización de esa política, con participación de estudiantes, docentes, funcionarios y egresados.

En entrevista con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, Cancela se refirió al intento de femicidio ocurrido esta semana en la Facultad de Medicina y a las movilizaciones y ocupaciones dispuestas por estudiantes de distintos servicios universitarios.

“Es muy bueno que la conmoción no quede solo en eso, en la preocupación, sino que se exprese en un reclamo de cambios y de mejoras”, dijo. Para el rector, el cuestionamiento de los estudiantes a las autoridades y a la institucionalidad universitaria “es efectivamente lo que corresponde”.

Cancela explicó que la Udelar cuenta desde hace más de 20 años con políticas específicas para atender la violencia, el acoso y la discriminación. Esa política se apoya en tres pilares: prevención, monitoreo y atención.

La prevención incluye la notificación, la capacitación y la comunicación, mientras que la atención contempla mecanismos de consulta, resolución de conflictos y denuncias.

“¿Esto es suficiente? Y bueno, entendemos que no”, admitió el rector. A su vez, señaló que la Universidad viene revisando sus mecanismos y que el ataque ocurrido en la Facultad de Medicina debe servir para profundizar y generalizar las acciones existentes.

Capacitación y detección temprana

Uno de los problemas identificados por Cancela es el desconocimiento que existe entre estudiantes y docentes sobre las herramientas disponibles para pedir ayuda o presentar una denuncia. “Está la información, sí, está en una web, pero la gente la tiene incorporada, no”. 

El rector explicó que la Universidad ofrece cursos sobre derechos humanos, violencia basada en género e interseccionalidad, pero que esas instancias todavía alcanzan a un grupo reducido de personas.

La intención, dijo, es que la capacitación llegue a toda la comunidad universitaria y que la información sobre los mecanismos de denuncia se refuerce en distintos momentos de la trayectoria estudiantil, y no únicamente al ingresar a la institución.

Cancela también planteó la necesidad de desarrollar mecanismos de detección temprana que no dependan exclusivamente de que la persona afectada presente una denuncia. “Necesitamos justamente incorporar en la política y desarrollar nuevas herramientas”, señaló. La idea, explicó, es poder advertir situaciones de riesgo en los entornos de estudio y de trabajo y actuar mediante talleres, espacios de reflexión o acompañamiento.

En ese sentido, descartó que la instalación de cámaras de videovigilancia o controles de metales sea la respuesta principal.

“Con la cámara uno no detecta si hay un ambiente propenso a la violencia”, dijo. “Estamos hablando de que las personas puedan estar capacitadas para detectar y puedan prevenir algún ámbito de la universidad”.

Consultado sobre controles en las entradas de los edificios universitarios, sostuvo que tampoco se trata de una medida que el Rectorado esté considerando activamente. Además, advirtió que esos controles no necesariamente impedirían una agresión: “Si nosotros no dejamos que una persona entre, pero esa persona espera afuera a la salida de una compañera, el hecho de violencia no lo vamos a estar evitando. El cambio es un cambio cultural y es un cambio de acompañamiento”.

Intercambio de información entre instituciones

El rector también fue consultado sobre los antecedentes del joven acusado de atacar a la estudiante de Medicina y sobre si la Universidad había recibido información acerca de su trayectoria en la educación media.

Cancela respondió que la Udelar no tenía sistematizada esa información y señaló que los sistemas de la educación pública están fragmentados.

La Universidad trabaja junto con la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) en un plan para democratizar el acceso a la educación superior. Uno de los objetivos es compartir información sobre las trayectorias estudiantiles, respetando las autonomías institucionales y la protección de los datos personales.

“Creemos que, más allá de las autonomías y con el respeto a los datos personales que hay que tener, la educación pública es una”. 

Según Cancela, ese intercambio podría incluir antecedentes académicos, disciplinarios y de comportamiento, aunque aclaró que se trata de un proceso que todavía requiere tiempo e inversión.

Acompañamiento a la estudiante y a la comunidad

El rector informó que la Facultad de Medicina y el Rectorado están en contacto con la familia de la estudiante atacada para acompañar su recuperación física y emocional, así como su eventual retorno a los estudios.

También señaló que la cátedra de Psicología Médica trabaja con los estudiantes que presenciaron el ataque y que se organizaron talleres y espacios de intercambio en distintas facultades.

“Surgen los testimonios más personales y surge esa necesidad de un acompañamiento más general también desde lo emocional, desde lo grupal”, explicó.

“Los motores del cambio”

Cancela consideró legítimo el descontento expresado por los gremios estudiantiles y defendió el valor de las movilizaciones: “Está muy bien estar insatisfechos. La insatisfacción, la disconformidad, el enojo y el reclamo son los motores del cambio”.

El rector adelantó que el Rectorado promoverá una actualización de la política contra la violencia de género y convocará a instancias participativas con representantes de los distintos órdenes universitarios.

El objetivo será reforzar las acciones existentes, extenderlas y definir nuevas medidas. “Tenemos que revisar nuestros mecanismos”, concluyó.

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Foto: Daniel Rodríguez /adhocFOTOS

Las protestas por el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina se extendieron a distintos servicios de la Universidad de la República. Además de Medicina, fueron ocupados el edificio Alpargatas —anexo de las facultades de Medicina y Química— y las facultades de Arquitectura, Psicología, Humanidades y Ciencias de la Educación.

La Asociación de Estudiantes de Medicina y la Federación de Estudiantes Universitarios resolvieron mantener la ocupación hasta este sábado a las 8 de la mañana y retomarla el lunes a la misma hora. Por su parte, la Agremiación de Funcionarios Federados de la Universidad de la República ocupó este viernes el edificio principal de la Facultad de Medicina.

En diálogo con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva, Pablo Martínez, estudiante de Medicina, consejero estudiantil y vocero de la Corriente Gremial Universitaria (CGU), dijo que su agrupación no participa directamente de la ocupación, aunque acompaña la medida como herramienta de movilización.

Martínez describió un clima de “mucha impotencia, mucho miedo y mucha inseguridad” en la Facultad de Medicina, tanto entre los estudiantes como entre docentes y funcionarios. A su entender, el episodio dejó expuestas carencias que la Universidad debe atender con medidas concretas.

El estudiante señaló que las situaciones de acoso psicológico, acoso por género y abuso "ya estaban presentes en distintos ámbitos de la institución". Aunque aclaró que no se habían registrado hechos de una gravedad similar al ataque ocurrido esta semana, sostuvo que algunas conductas están “muy normalizadas”.

También afirmó que se han presentado más denuncias de las esperadas, pero que los mecanismos existentes resultan "insuficientes". Según explicó, las personas que denuncian deben atravesar procedimientos burocráticos, declarar varias veces ante tribunales o comisiones y esperar el traslado de sus expedientes entre distintas oficinas. “Muchas veces terminan retirando la denuncia porque se cansaron de esperar o directamente, cuando se resuelve, ya ha pasado mucho tiempo”.

Martínez sostuvo que las situaciones de acoso no se producen únicamente entre estudiantes. También pueden involucrar a integrantes del cuerpo docente, aunque remarcó que se trata de casos puntuales y que no representan a la mayoría. A esto sumó los problemas de seguridad y de acceso a los edificios universitarios, que permiten el ingreso de personas ajenas a las facultades.

Entre las medidas reclamadas, mencionó fortalecer la formación sobre violencia de género y salud mental dentro de las carreras, mejorar los mecanismos de denuncia y crear espacios de apoyo psicológico y contención para estudiantes, docentes y funcionarios. “Nosotros en el futuro vamos a ser profesionales y no tenemos las herramientas como para desenvolvernos correctamente ante situaciones de este tipo”, planteó Martínez.

El consejero estudiantil también reclamó revisar de forma integral el protocolo de actuación de la Universidad. A su juicio, esa discusión debería involucrar a las autoridades, los docentes, los funcionarios y los estudiantes, porque cada sector vive estas situaciones desde lugares diferentes. “No basta solo con la mirada de las autoridades”, sostuvo.

Martínez consideró que el ataque dejó en evidencia fallas que hasta ahora habían pasado inadvertidas y reclamó que se tomen medidas para garantizar que estudiantes y trabajadores puedan transitar de forma segura por los centros universitarios. “Necesitamos que las autoridades reaccionen y que hagan lugar a lo que les estamos reclamando”, concluyó.

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

Cientos de personas se movilizaron ayer en las inmediaciones del Palacio Legislativo para reclamar respuestas institucionales ante el intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). Participaron el Colectivo de Mujeres Estudiantes de la Udelar, la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), la FEUU y la Escuela de Parteras, además de allegados a la víctima.

Una amiga de la estudiante cuestionó durante la concentración la actuación de las instituciones y preguntó dónde estaban cuando se realizaron denuncias previas sobre el agresor como las que hicieron sus excompañeros del Liceo N° 1 de Salinas.

La AEM, en tanto, sostuvo que el episodio no puede considerarse un hecho aislado ni reducirse a responsabilidades individuales y reclamó revisar las herramientas existentes para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia.

La FEUU exigió “respuestas institucionales inmediatas y claras” y afirmó que no alcanza con suspender las clases, por lo que pidió acciones preventivas, espacios de sensibilización y referentes profesionales para atender casos de acoso, violencia y discriminación.

El agresor no pudo declarar ayer ante Fiscalía ya que fue internado en una unidad de psiquiatría de su mutualista con custodia policial.

El martes, luego de una clase, el joven de 19 años agredió a una compañera de la misma edad con un cuchillo, hiriéndola en el rostro y en el abdomen. El agresor manifestó después del ataque estar “obsesionado” con la estudiante y sostuvo que ella no respondía sus mensajes ni había aceptado salir con él. La víctima debió ser internada y se recupera favorablemente de las heridas.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Cientos de personas se movilizaron este miércoles en las inmediaciones del Palacio Legislativo para reclamar respuestas institucionales luego del intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

La concentración fue convocada por el colectivo de mujeres estudiantes de la Udelar, la Asociación de Estudiantes de Medicina, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Escuela de Parteras, además de allegados a la víctima.

Durante la movilización, una amiga de la estudiante cuestionó la actuación de las instituciones y preguntó dónde estaban cuando se realizaron denuncias previas sobre el agresor, entre ellas las formuladas por excompañeros del Liceo N.º 1 de Salinas.

Según esos testimonios, el joven habría protagonizado durante años episodios de acoso y violencia contra estudiantes. En un comunicado público, sus excompañeros mencionaron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso a través de redes sociales y amenazas verbales.

La Asociación de Estudiantes de Medicina sostuvo que el episodio no puede considerarse un hecho aislado ni reducirse a responsabilidades individuales. La FEU, en tanto, reclamó respuestas institucionales “inmediatas y claras” y afirmó que no alcanza con suspender las clases: pidió medidas preventivas, espacios de sensibilización y referentes profesionales para atender situaciones de acoso, violencia y discriminación.

En diálogo con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, sostuvo que el caso debe ser analizado como una situación de violencia de género y no únicamente como consecuencia de una eventual enfermedad mental: “Lo primero es llamar a las cosas por su nombre, reconocer que existe la violencia de género, existe la violencia contra las mujeres por su condición de tal”. 

La jerarca cuestionó que este tipo de hechos sean explicados exclusivamente a partir de una patología psiquiátrica. “No todas las enfermedades mentales terminan cometiendo este tipo de atrocidades, ni en la mayoría de los casos donde ocurren estas terribles violencias hay enfermedades mentales”, señaló.

En esa línea, advirtió: “Patologizar la violencia de género solo lleva a minimizarla, a justificarla”. Según Xavier, una eventual enfermedad mental y la violencia de género pueden tener puntos de contacto, pero no deben confundirse.

“Que hay intersecciones, sí, puede haberlas, sin lugar a dudas. Que Uruguay tiene un problema de salud mental importante, por supuesto”, dijo. Sin embargo, remarcó que “no es cierto que quien tenga una patología mental esté predispuesto a hacer este tipo de cosas”.

Para Xavier, en estos casos también debe observarse la existencia de relaciones de poder y desigualdad. “Acá hay un hombre que sintió que tenía todo el poder sobre una mujer”, afirmó, y agregó: “La desigualdad viene de raíz; por tanto, la desigualdad hay que tratarla a lo largo de la vida de las personas”.

La directora de Inmujeres sostuvo que, de acuerdo con los testimonios difundidos, hubo señales previas que las instituciones deberán analizar. “Efectivamente, el Estado acá falló”, dijo. A su entender, cuando una persona manifiesta conductas de acoso o violencia en un ámbito educativo, ese espacio debe contar con herramientas para detectarlas y actuar: “Cuando alguien tiene conductas de esta naturaleza, el espacio educativo es el más claro para detectarlas, en la convivencia que se tiene en las aulas”.

Xavier destacó que la Facultad de Medicina había comenzado en agosto la implementación del Modelo de Calidad con Equidad, un proceso impulsado por Inmujeres, con asesoramiento del LATU, que procura que las instituciones revisen la distribución del poder, sus mecanismos para prevenir el acoso y la violencia, y las condiciones de igualdad dentro de la organización.

No obstante, reconoció que la puesta en marcha de ese modelo no impide que existan carencias. Entre ellas mencionó los protocolos de actuación, los mecanismos de seguridad y la comunicación entre las distintas instituciones del Estado.

“Sin duda, ahí hay que revisar desde el punto de vista educativo esos elementos que son claros”, dijo. También sostuvo que debe analizarse por qué una institución educativa no recibió o no pudo utilizar información vinculada con antecedentes de violencia denunciados en otro centro de enseñanza.

Capacitación para docentes

Consultada sobre la responsabilidad de los docentes que habrían recibido advertencias sobre el comportamiento del joven, Xavier pidió evitar conclusiones apresuradas sobre un caso que todavía está en curso, pero reclamó una mayor preparación de los equipos educativos.

“No es lo más recomendable hablar públicamente sobre un caso que está transcurriendo, porque uno puede cometer errores, excesos”, dijo. Al mismo tiempo, sostuvo que “los docentes tienen que tener mayor capacitación en estos temas, tienen que tener una caja de herramientas de cómo responder”.

La directora de Inmujeres rechazó que la solución pase por criminalizar automáticamente a quienes debieron intervenir: “No podés criminalizar a los docentes; tenés que decir: los docentes tienen que estar capacitados para responder frente a estas situaciones y no naturalizarlas”.

También cuestionó que, en nombre de la integración, se relativicen comportamientos violentos: “No hay que confundir una situación de una enfermedad que eventualmente pueda existir con que todo esté permitido”.

Para Xavier, la formación en igualdad debe incorporarse de manera permanente a la educación. “Importa saber matemática, importa saber geografía, literatura, pero también importan estas cosas para que la convivencia sea de otra naturaleza”.

En su opinión, las respuestas no pueden limitarse a una investigación administrativa o a la eventual sanción de determinados responsables. “Es demasiado grande y estructural la situación como para pensar que con una investigación administrativa que sancione a tal o cual vamos a prevenir hechos futuros”, señaló. “Esto no es tirar la pelota para afuera del campo; esto es decir: esto es grande, esto es estructural”.

“No podemos naturalizar la violencia”

Xavier también se refirió a las reacciones que generó el caso en redes sociales y dijo que algunas respuestas resultaron “muy dolorosas para la sociedad”, porque negaron o minimizaron la existencia de la violencia contra las mujeres.

“No podemos naturalizar la violencia, no podemos tomar como un chiste algunas de las tantas respuestas que se hicieron por parte de gente que sigue planteando que este tipo de violencia no existe”.

La directora de Innujeres recordó que en Uruguay se registran entre 18 y 30 femicidios por año, además de miles de denuncias por violencia de pareja o expareja: “Por algo hay violencia vicaria en nuestro país, por algo hay miles de denuncias de violencia en general de pareja o expareja”.

Sobre las medidas inmediatas, Xavier explicó que la atención a la víctima y a su entorno corresponde, en esta etapa, a la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Agregó que Inmujeres cuenta con 35 servicios para mujeres y 20 para varones agresores en todo el país, aunque reconoció que la institución no tiene capacidad suficiente para atender todas las formas de violencia.

Según indicó, se procura mejorar la coordinación entre la Unidad de Víctimas y Testigos, la Unidad de Género del Ministerio del Interior e Inmujeres.

“Muchas veces estamos trabajando en sinergia y, frente a estas situaciones, tratamos de cubrir estos huecos que el Estado, muchas veces presente, por no articular adecuadamente, termina fallándole a las personas. Hay mucho por hacer”, concluyó. 

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La Tertulia de los Lunes con Gonzalo Baroni, Matías Bordaberry, Juan Erosa y Teresa Herrera

¿Se deben poner "dos campanas" o visiones contrapuestas en cuestiones de violencia de género?

Esta interrogante se reavivó con fuerza a raíz de los crímenes imputados a Pablo Laurta, el uruguayo que lideraba “Varones Unidos”, un grupo que se presenta como “defensor de los derechos humanos de los hombres” y que se dedica a la difusión de contenido contra lo que define como “ideología de género”.

Este debate plantea una tensión fundamental: ¿cómo equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger a las víctimas de violencia de género y evitar la propagación de discursos que puedan incitar a la discriminación y la violencia?

Organizaciones como la Red Contra la Violencia Doméstica y Sexual han sido enfáticas al señalar que "promover, amplificar y validar discursos de odio es parte del problema". Señalan que amplificar este tipo de mensajes puede tener consecuencias graves, ya que puede deslegitimar las denuncias de las víctimas, generar un clima de impunidad para los agresores y perpetuar la desigualdad de género.

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El gobierno se comprometió a instalar una mesa de trabajo con la sociedad civil para trabajar sobre el sistema de respuesta a la violencia de género luego del doble homicidio de los niños Alfonsina y Francisco Morosini, de dos y seis años, ejecutado por su padre, Andrés Morosini, que se ahogó con ellos cuando lanzó el auto en el que viajaban dentro de un arroyo en el litoral del país.

La decisión de instalar una mesa de trabajo se tomó luego de una movilización convocada el viernes frente a Torre Ejecutiva dónde organizaciones sociales y colectivos feministas reclamaron respuestas concretas y fueron recibidas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que se comprometió llevar adelante está instancia de intercambio.

El grupo de trabajo estará integrado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la sociedad civil. 

Según informó la diaria, la primera reunión será hoy a las 17.00.

Conversamos En Perspectiva con Mónica Xavier, director de Inmujeres.

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La Tertulia de los Miércoles con Miguel Brechner, Elena Grauert, Teresa Herrera y Tomás Teijeiro.

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Daniel Supervielle y Daoiz Uriarte.

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Proyecto Neptuno "es un problema que va a tener que asumir el próximo gobierno"… y otros telegramas

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El documento Gobernar para todos, que presentó el candidato Álvaro Delgado apoyado por Andrés Ojeda, Pablo Mieres, Guido Manini Ríos y Eduardo Lust, no contiene la palabra “género” en sus 33 páginas.

Esto fue criticado por la diputada suplente colorada Desirée Pagliarini, quien informó la semana pasada, luego de las elecciones nacionales, que se aleja de la actividad política.

“No hay ninguna” política pública en materia de género, escribió Pagliarini en redes sociales. “¿Casualidad que los líderes coalicionistas sean todos varones y no haya ni un lente de género en el compromiso? No lo creo”, siguió.

Pagliarini criticó además que sí hay un capítulo de bienestar animal en el documento: “Los animales parecen tener un lugar de protección más importante que las mujeres víctimas de violencia basada en género, tremendo”, escribió.

En tanto, según constató En Perspectiva, la palabra “mujer” aparece cinco veces en el documento en las siguientes medidas:

En la sección “Una economía más competitiva con foco en las PYMES”:

• Se promoverá́ especialmente la autonomía económica de las mujeres en referencia a su capacidad para acceder y controlar recursos. Para esto será menester enfocarse en la corresponsabilidad del trabajo no remunerado, en la educación y formación para el empleo y en una regulación laboral moderna.

En primera infancia y familia:

• Incremento y extensión gradual del bono crianza para familias vulnerables. con el propósito de una significativa reducción de la pobreza de los niños y sus familias.
• Primer etapa: Bono crianza a 30.000 Niños/as de 0-3 años con una triplicación del monto pasando a cobrar $6900 pesos por mujer embarazada o niño/a 0-3.

En “segunda generación de transformación educativa”:

• Fortalecer la innovación y el uso de la tecnología en la educación, como por ejemplo, el Pensamiento Computacional y habilidades STEM, promoviendo la participación equitativa de mujeres en carreras STEM.

En “seguridad y protección ciudadana”:

• En este gobierno se quebró la tendencia al alza de los delitos, y más aún, por primera vez desde la vuelta de la democracia, bajaron. El segundo gobierno de coalición debe dar un salto cualitativo en el abatimiento de los homicidios, reducción de la violencia a las mujeres y en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
• En el caso de Mujeres con hijos, que en su mayoría se encuentran hoy en la Unidad Nro. 9, proponemos también modelo de chacra, con espacios individuales que protejan los derechos de los niños en el goce de su vida, su desarrollo y su crianza.

En diálogo con la producción de En Perspectiva, Desirée Pagliarini dijo que el documento deja en “evidencia” que “los hombres no representan la perspectiva de género”.

Al respecto de este cuestionamiento, Agustín Iturralde, coordinador del programa por parte del Partido Nacional, indicó a En Perspectiva: “No somos amigos de los grandes relatos y discusiones teóricas”. Y dijo que, en realidad, en el documento se buscó plantear “acciones concretas”. “No quedó una sección porque, justamente, no es un tema que hay que encajonar, tiene una mirada transversal en el documento”, agregó.

Matías Bordaberry, coordinador del Partido Colorado, dijo que las medidas sobre el tema “están un poco dispersas, no hay una sección”. “Creo que podíamos haber hecho un mejor trabajo para presentarlo de una manera más clara, pero fue contemplado”, agregó.

Además, señaló que el documento que sintetiza las propuestas de cada partido se realizó con poco tiempo pero que “se consultó con técnicos de todos los partidos”.

Bordaberry dijo, además, que el documento final “fue validado por muchas personas”, aunque prefirió no nombrar qué mujeres estuvieron involucradas.

En tanto, una técnica del Partido Nacional consultada por En Perspectiva dijo que no llegó a ver la versión final porque no había tiempo.

Por su parte, Mónica Bottero, quien fuera compañera de fórmula de Pablo Mieres en el Partido Independiente, y que es directora de Instituto Nacional de las Mujeres, consideró que "hay varios temas del programa transversalizados por las políticas de género".

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