Este domingo se cumplieron 40 años del lanzamiento de la Ronda Uruguay, la negociación comercial multilateral que comenzó en Punta del Este en 1986 y culminó ocho años después con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La negociación reunió inicialmente a 92 partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y terminó en 1994, en Marrakech, con 123 países a la mesa. El proceso incorporó a las reglas internacionales áreas que hasta entonces no estaban reguladas de forma integral, como el comercio de servicios, la propiedad intelectual y determinados aspectos vinculados a las inversiones.

También reincorporó a las normas multilaterales sectores de particular importancia para los países en desarrollo, como la agricultura y los textiles.

Elbio Rosselli, abogado, doctor en Diplomacia y representante permanente de Uruguay ante el GATT entre 1985 y 1990, dijo en En Perspectiva que la Ronda Uruguay continúa siendo la negociación más exitosa en la historia del sistema multilateral de comercio.

“El nombre de la Ronda Uruguay sigue siendo el nombre de la negociación más exitosa que ha habido en la historia del sistema multilateral de comercio”, señaló en diálogo con Emiliano Cotelo.

Uruguay, protagonista en Punta del Este

Rosselli explicó que Uruguay tuvo un papel activo en la preparación de la ronda y que la elección de Punta del Este como sede del lanzamiento tuvo una importancia política particular para el país.

Uruguay acababa de recuperar la democracia luego de 13 años de dictadura y buscaba recomponer su prestigio internacional. Para el diplomático, organizar la reunión implicaba una oportunidad de volver a ocupar un lugar relevante en el sistema internacional.

“Era hora de recuperar el prestigio del Uruguay. Y qué mejor manera que trabajando dentro del sistema multilateral de comercio, por una causa importante para el país, como era buscar la mejora en los términos de acceso a los mercados internacionales”, dijo.

La candidatura de Punta del Este compitió con la de otros países, como Canadá, Corea y Singapur. Según Rosselli, la propuesta uruguaya se apoyó en la idea de que el lanzamiento debía realizarse en un país en desarrollo. “Que un país pequeño, pero serio, abierto al mundo, con libertades, sea el ejemplo para desarrollar este tipo de negociaciones, era una manzanita que estaba colgando del árbol para todos”, recordó.

El diplomático también destacó el papel del entonces canciller Enrique Iglesias, quien presidió la reunión ministerial. Según Rosselli, Iglesias tuvo una intervención decisiva para acercar a las delegaciones y destrabar las diferencias: “Enrique convenció a los que necesitaban ser convencidos, encantó a los que tenían que estar encantados y suavizó a los que necesitaban suavizar”.

La reunión culminó en la madrugada del 20 de septiembre de 1986, luego de una extensa negociación. Rosselli recordó que Iglesias les dijo a los participantes: “De acá no nos vamos hasta que no tengamos un acuerdo”.

Las reglas de la Ronda Uruguay siguen vigentes

Para Rosselli, las normas aprobadas al final de la Ronda Uruguay mantienen su vigencia, pese a que el sistema atraviesa una de sus mayores crisis desde la creación de la OMC.

“Las normas acordadas en la Ronda Uruguay mantienen su vigencia”, dijo. Sin embargo, señaló que actualmente están afectadas por el desconocimiento de principios básicos del sistema multilateral y por las medidas de represalia que adoptaron distintos países.

El exrepresentante uruguayo ante el GATT cuestionó especialmente la política arancelaria de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, pero también explicó que las respuestas de la Unión Europea, Canadá y China se encuentran al margen de las normas de la OMC.

Rosselli distinguió, de todos modos, entre las medidas aplicadas por Estados Unidos y las respuestas de sus socios comerciales. Según explicó, los aranceles estadounidenses tienen un alcance general y afectan a países de todo el mundo, mientras que las medidas de represalia de otros gobiernos se concentran en su relación bilateral con Estados Unidos.

El diplomático señaló que las diferencias más profundas están vinculadas a los subsidios, el funcionamiento de las empresas estatales y las normas antidumping. En particular, mencionó el conflicto entre un modelo basado en empresas privadas y otro con una fuerte presencia estatal en la economía. “Hasta que esos elefantes traben cuernos y negocien y dialoguen, va a estar difícil”, dijo.

Una organización “herida”

Uno de los principales logros de la Ronda Uruguay fue la creación de un mecanismo de solución de controversias con características casi judiciales. A diferencia del sistema anterior, los informes de los paneles pasaron a ser obligatorios, con la posibilidad de recurrir a un órgano de apelación.

Ese mecanismo se encuentra paralizado desde hace varios años debido a la falta de designación de nuevos integrantes, una situación que Rosselli atribuyó principalmente a la oposición de Estados Unidos, aunque señaló que las objeciones comenzaron durante administraciones anteriores a la de Trump.

“Hoy día ni negocia ni puede ejercer la tarea de vigilancia jurídica”, resumió al referirse a la OMC.

A su entender, la organización fue creada para negociar acuerdos y controlar su cumplimiento, pero actualmente no logra desempeñar plenamente ninguna de esas dos funciones.

“La OMC está herida”, dijo. De todos modos, sostuvo que sus normas continúan siendo una base relevante para el comercio mundial.

“Sobrevive con respiración lenta y funciona, pero hay algunas funciones que no andan bien”, explicó. Ante ese escenario, defendió la necesidad de preservar las estructuras existentes antes que abandonar completamente el sistema.

“Apoyémonos en esto que todavía está, antes de bajar los brazos y decir que esto está perdido”, señaló.

El futuro del multilateralismo

Rosselli consideró que la OMC no puede reformarse únicamente mediante cambios institucionales, porque los problemas actuales requieren una nueva negociación entre los países.

“No creo que sea posible reformar la OMC nada más, porque los problemas que existen hoy en el comercio internacional requieren una negociación de esos problemas”, sostuvo.

También planteó que resulta difícil repetir el esquema de la Ronda Uruguay, que se basó en un único paquete de compromisos aceptado por todos los participantes. En 1986, explicó, la negociación involucraba a 92 partes contratantes; actualmente la OMC cuenta con 166 miembros.

Para Rosselli, el consenso en materia comercial es particularmente complejo porque cada concesión tiene un costo económico.

“En una negociación comercial, usted gana o paga las dos veces. Siempre va a estar ganando y pagando”, afirmó.

Como alternativa, mencionó la posibilidad de avanzar mediante acuerdos plurilaterales, en los que un grupo de países adopte nuevas reglas sin imponerlas al conjunto de los miembros.

A corto plazo, el diplomático prevé un período de incertidumbre, al menos hasta el final del mandato de Trump. Sin embargo, sostuvo que el desafío consiste en evitar que el sistema se destruya y mantenerlo como base para una futura reorganización.

“Hay que tratar de que no se destruya y que pueda servir como base para algo que va a ser distinto”, dijo.

Uruguay debe “estar en la mesa”

Rosselli sostuvo que Uruguay tiene un interés directo en la defensa del multilateralismo, porque su tamaño y capacidad de negociación hacen que no le convenga actuar en soledad. “Nuestro universo fundamental es nuestra relación comercial principal, que es China, que es Mercosur, que es la Unión Europea y también Estados Unidos”, explicó.

Para el diplomático, la estrategia uruguaya debe consistir en participar activamente en los distintos ámbitos de negociación y construir alianzas según el tema. “La apuesta uruguaya siempre es por el multilateralismo”, dijo. Y agregó: “Uruguay se fortalece apoyándose en otros. Nosotros navegar solos no tenemos tanta capacidad”, sostuvo.

En ese marco, destacó la importancia de que Uruguay esté presente en las distintas mesas de negociación, incluso cuando eso implique un esfuerzo adicional para la Cancillería.

Por otro lado, advirtió que la diplomacia del país enfrenta un déficit de recursos humanos: el servicio exterior mantiene aproximadamente 250 funcionarios, una cifra similar a la de hace 50 años. “El mundo cambió en 50 años. El número de funcionarios diplomáticos de la Cancillería del Uruguay se mantiene congelado”, cuestionó. A su entender, la política exterior debe afrontar una agenda cada vez más amplia, que incluye comercio, cambio climático, derechos humanos, cuestiones de género e inteligencia artificial.

Para Rosselli, la defensa de los intereses del país exigirá paciencia y una estrategia flexible, capaz de articular acuerdos con distintos grupos de países según cada asunto. “Uruguay no tiene otra salida que el multilateralismo. A nosotros no nos conviene que esto se caiga”, concluyó.

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La investigación de la Operación Caranchos puso el foco en una red que, según la reconstrucción de Fiscalía, obtenía información sobre personas heridas o fallecidas en accidentes de tránsito para luego contactar a las víctimas o a sus familiares y ofrecerles servicios legales vinculados al cobro del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

La maniobra involucraba, entre otros, a policías, enfermeros, inspectores de tránsito, abogados y gestores. Hasta el momento, la investigación alcanzó a 70 personas, con 18 condenas y tres imputaciones, y continúa en curso en Montevideo, Canelones y Maldonado.

El caso también dejó en evidencia el desconocimiento general sobre el funcionamiento del SOA. En entrevista con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, la abogada y escribana pública Verónica Sixto explicó las principales características de este seguro, quiénes pueden reclamarlo y qué pasos deben seguir las personas lesionadas en un accidente.

Sixto, que trabaja desde hace más de 20 años en accidentes de tránsito, dijo que la investigación generó preocupación entre quienes ejercen la profesión de manera legal, porque existe el riesgo de que la opinión pública termine generalizando y considere que todos los abogados actúan de la misma forma.

Un accidente de tránsito, explicó, coloca a la persona y a su familia “en una situación de extrema vulnerabilidad”, porque muchas veces no saben qué hacer, adónde recurrir ni qué derechos tienen. Por eso, consideró que la difusión de información sobre el SOA es especialmente importante.

“Hay mucho desconocimiento de la ley”, señaló. Como ejemplo, contó que algunas personas creen que existe una oficina específica del SOA o que pueden ser contactadas por un supuesto abogado de ese seguro. “No hay una oficina del SOA”, aclaró, y agregó que tampoco existe “el abogado del SOA” como figura institucional.

Un seguro obligatorio y de carácter social

El SOA fue creado por la Ley 18.412, aprobada en 2008. Su objetivo es cubrir los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidentes provocados por vehículos automotores y acoplados remolcados.

Sixto explicó que el seguro surgió ante el alto nivel de siniestralidad que tenía Uruguay y frente a las limitaciones del régimen de responsabilidad civil común. En ese sistema, para obtener una reparación, es necesario probar quién tuvo la culpa del accidente.

El SOA funciona de otra manera. “Es un seguro social”, dijo la abogada, porque busca que las personas lesionadas reciban una indemnización sin que sea necesario determinar previamente quién fue responsable del siniestro.

La ley no habla de “víctimas”, sino de “terceras personas”. Esa diferencia es relevante, porque una persona que fue responsable del accidente también puede cobrar el SOA si resultó lesionada y reclama contra el seguro del otro vehículo involucrado.

“Si tú sos víctima vas a recibir la indemnización por SOA, pero si tú sos culpable en el accidente de tránsito, también vas a recibir la indemnización por SOA”, explicó Sixto.

La cobertura se reclama contra el seguro del otro vehículo. Una persona no puede reclamar contra el SOA del auto en el que viajaba si se trata de su propio vehículo, si es propietaria, tomadora, cónyuge, concubina, ascendiente, descendiente o dependiente del titular, entre otras exclusiones previstas por la ley.

En esos casos, señaló la abogada, se debe presentar una declaración jurada para dejar constancia de que quien reclama es efectivamente un tercero respecto del vehículo contra cuyo seguro se inicia el trámite.

Qué cubre y qué no cubre

El SOA cubre las lesiones, la incapacidad y la muerte de las personas lesionadas en un accidente. No cubre los daños materiales del vehículo, el casco u otros objetos, ni tampoco el lucro cesante derivado del período de inactividad.

“Es muy importante porque es lo que diferencia del régimen de responsabilidad civil común”, explicó Sixto. Si una persona queda tres meses sin trabajar, por ejemplo, el SOA no cubre automáticamente los ingresos que dejó de percibir durante ese período.

La indemnización se calcula a partir de un baremo establecido por decretos reglamentarios. El sistema asigna porcentajes de acuerdo con el tipo y la gravedad de la lesión. La amputación de una mano, de un dedo o una lesión en distintas partes del cuerpo puede corresponder a determinados porcentajes.

El máximo previsto para el fallecimiento es de 250.000 unidades indexadas, una cifra que al momento de la entrevista equivalía aproximadamente a 40.000 dólares.

Sin embargo, ese monto corresponde al total disponible por accidente y no necesariamente a cada persona lesionada. Si en un siniestro mueren dos personas y hay tres lesionadas, la suma debe distribuirse entre todas las personas que tienen derecho a cobrar.

Sixto explicó que “esos 40.000 dólares” funcionan como una bolsa que se prorratea. La muerte puede recibir una indemnización mayor, mientras que las lesiones reciben montos menores, según el porcentaje asignado a cada caso.

“Una muerte en un siniestro de tránsito vale diferente según cuántos muertos haya en ese siniestro”, señaló Cotelo durante la entrevista. Sixto explicó que una misma lesión puede recibir una indemnización distinta según la cantidad de personas afectadas en el accidente.

Dos años para reclamar y 30 días para cobrar

El plazo para presentar el reclamo es de dos años. Una vez iniciado el trámite con la documentación correspondiente, la compañía aseguradora tiene 30 días hábiles para pagar.

Sixto explicó que esa rapidez tiene una ventaja, porque permite que la persona lesionada reciba dinero para afrontar tratamientos, medicamentos y gastos vinculados al accidente. Sin embargo, también puede tener riesgos si la lesión todavía no está completamente determinada.

“Después que nos pagaron, no: ‘ah, me quedó un poquito’. No, ya te pagaron y firmás que no tenés más nada que reclamar con el SOA”, advirtió.

Por eso, recomendó esperar a conocer la evolución médica de las lesiones antes de cerrar un acuerdo, salvo que la persona necesite el dinero con urgencia. Algunas fracturas o lesiones pueden requerir nuevas intervenciones o mostrar sus consecuencias con el paso de las semanas.

Además del SOA, cuando la persona lesionada no fue responsable del accidente, puede reclamar otros daños mediante la responsabilidad civil: daño emergente, lucro cesante y daño moral. En esos casos, algunas compañías aseguradoras pueden ofrecer una indemnización integral para evitar un proceso judicial.

Qué ocurre si el vehículo no tiene seguro

Si el vehículo que provocó el accidente no tiene SOA, la persona lesionada igualmente puede tener derecho a una indemnización.

En ese caso, debe realizarse un trámite ante la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), que asignará una compañía aseguradora para cubrir el reclamo. Luego, la aseguradora podrá iniciar una acción de repetición contra el responsable del vehículo que circulaba sin seguro.

La misma lógica se aplica cuando una persona responsable del accidente no tenía vigente el SOA. La compañía puede pagar la indemnización a quien resultó lesionado y luego reclamarle al propietario o usuario que incumplió con la obligación de contar con el seguro.

Sixto destacó por eso la importancia de mantener la póliza vigente. La acción de repetición puede operar cuando no existe seguro, cuando no estaba vigente, cuando hubo dolo o cuando se comprueba una situación grave vinculada al mantenimiento del vehículo.

En el caso del transporte público de pasajeros, como ómnibus y taxis, existe otro tipo de cobertura: el seguro de responsabilidad civil de pasajeros. Según explicó la abogada, esa póliza funciona de manera diferente y puede cubrir daño moral, daño emergente y lucro cesante.

Cómo iniciar el trámite

La persona lesionada debe reunir una serie de documentos para iniciar el reclamo. Entre ellos se encuentran el parte policial, la historia clínica, la cédula de identidad, la constancia de atención de la emergencia móvil y la declaración jurada que acredita que quien reclama es un tercero respecto del vehículo.

Si el vehículo responsable tiene seguro, el trámite se presenta ante esa compañía. Si no tiene, se debe recurrir a la UNASEV para que se designe una aseguradora.

Sixto explicó que no se necesita obligatoriamente un abogado para iniciar el trámite, pero consideró conveniente contar con asesoramiento profesional. El cálculo de la indemnización no se realiza a partir de un monto fijo por cada lesión, sino mediante porcentajes que pueden variar dentro de un rango.

“Como no hay un monto, no te dice ‘fractura, 200.000 pesos’”, señaló. El baremo puede establecer, por ejemplo, un porcentaje de entre 5% y 10%, y la persona debe conocer qué porcentaje corresponde a su caso.

La abogada indicó que las compañías trabajan con médicos legistas para evaluar las historias clínicas y determinar los porcentajes de incapacidad. También explicó que los abogados pueden solicitar una reconsideración si entienden que la suma ofrecida inicialmente no corresponde a la gravedad de la lesión.

El desconocimiento como una de las principales debilidades

Para Sixto, una de las principales lecciones que deja el caso Caranchos es la necesidad de mejorar la información pública sobre el SOA.

La abogada dijo que la ley tiene un objetivo social y que no necesariamente debe modificarse, pero consideró que es necesario que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo iniciar un reclamo sin quedar expuestas a presiones o engaños.

“Lo que hay que mejorar es que las personas conozcan”, expresó. A su entender, se podría desarrollar una campaña de información para explicar qué cubre el SOA, quién puede reclamar, qué documentos se necesitan y cuáles son los plazos.

También recomendó actuar rápidamente para preservar pruebas. Las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, no se conservan indefinidamente. “Las cámaras duran 30 días”, explicó, por lo que es importante solicitar a tiempo el resguardo de las imágenes que puedan servir para reconstruir el accidente.

En relación con los honorarios profesionales, Sixto señaló que no existe un único porcentaje aplicable a todos los casos y que cada abogado establece sus condiciones. De todos modos, consideró que las personas tienen derecho a consultar y comparar antes de contratar un servicio.

“Lo importante es tener una herramienta completa de asesoramiento con un accidente de tránsito”, dijo.

La entrevista permitió aclarar el funcionamiento de un sistema que existe desde hace más de 15 años, pero que continúa siendo poco conocido por la población. En ese desconocimiento, explicó Sixto, las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad pueden quedar expuestas a intermediarios que se aprovechen de la urgencia, la falta de información y la complejidad del trámite.

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Al comienzo de la entrevista con Emiliano Cotelo y Fernando Medina, realizada el viernes 11 de setiembre en el marco del programa especial En Perspectiva en Movimiento, desde la Feria del Libro de San José, el escritor y periodista uruguayo Mario Delgado Aparaín se refirió a la trayectoria del programa y a su lugar en la radio nacional.

En el contexto de los 41 años de En Perspectiva, Delgado Aparaín dijo que se trata de “una de las escuelas más genuinas de periodismo radial” y sostuvo que el reconocimiento no se limita a Uruguay. También comparó al programa con espacios periodísticos de otros países de América Latina y señaló que tiene “personalidad propia”.

El escritor destacó, además, el vínculo construido entre el programa y su audiencia. Según expresó, los conductores se transformaron en figuras que “el público conoce, siente y espera”, luego de haber dedicado buena parte de su vida cotidiana a la tarea periodística.

En ese sentido, señaló que quienes hacen En Perspectiva han postergado “horas de vida diaria” para ofrecer a los oyentes puntos de vista sobre la realidad nacional e internacional, aunque subrayó especialmente el aporte al análisis de los asuntos del país.

La radio como espacio de aprendizaje

Delgado Aparaín sostuvo que En Perspectiva cumple una función que va más allá de la transmisión de información. “Eso es una escuela”, dijo, y explicó que los oyentes aprenden a través de la imitación, la asimilación o la oposición a las ideas que se presentan en el programa.

A su entender, una de las principales contribuciones de En Perspectiva consiste en facilitar “el conocimiento de la realidad” mediante la interpretación de los hechos. En ese punto, diferenció entre transmitir una noticia y analizar sus implicancias.

“No es lo mismo dar una noticia con diez renglones de información internacional que interpretar esa noticia”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la cobertura de las guerras en Gaza y Ucrania. Según explicó, es sencillo condenar un bombardeo o utilizar adjetivos para describirlo, pero el desafío periodístico consiste en aportar elementos que permitan comprender los conflictos y sus consecuencias.

El escritor consideró que la audiencia no siempre busca otras fuentes para ampliar la información que recibe. Por eso, destacó el valor del trabajo de análisis que realiza el programa, ya que permite enriquecer la mirada sobre los asuntos que dominan la agenda internacional.

Al cerrar su intervención, Delgado Aparaín dijo sentirse "orgulloso" de la trayectoria de En Perspectiva y del aporte que realiza al periodismo radial uruguayo.

La entrevista completa disponible en YouTube

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) lanzó el programa Abriendo Puertas-Alquiler, dirigido a hogares de ingresos medios y medios bajos que pueden pagar un alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro para acceder a una vivienda propia.

La ministra Tamara Paseyro explicó en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva que el diagnóstico del Plan Quinquenal identificó a un sector de la población que “tiene capacidad de pagar una cuota, que tiene capacidad de pagar un alquiler, pero no tiene capacidad de ahorrar”. Según señaló, el problema no es únicamente conseguir una vivienda, sino sostener el costo del arrendamiento en el tiempo.

“Cuando uno tiene que hacer tanto esfuerzo para pagar el alquiler, esto va en detrimento de otras cuestiones, de la alimentación, de la salud, de la educación”, dijo. En algunos hogares, agregó, ese esfuerzo llega al 37% de los ingresos.

El nuevo programa de alquiler público

Abriendo Puertas-Alquiler comenzará con 74 viviendas públicas ubicadas en Montevideo, Artigas y Tacuarembó. En esta primera etapa, la política estará dirigida a “los hogares monoparentales con niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad a cargo, y jóvenes de entre 18 y 29 años”.

Paseyro explicó que se trata de dos grupos que enfrentan dificultades específicas. En los hogares monoparentales, dijo, generalmente existe una jefatura femenina que debe “sostener los cuidados, sostener el alquiler”. En el caso de los jóvenes, señaló que suelen tener “una menor trayectoria laboral, a veces más informal y menos posibilidades de ahorro”.

Por eso, consideró que el alquiler puede ser un primer paso en la trayectoria habitacional de los jóvenes: “Ese primer paso puede ser este paso también del alquiler, para después seguir su trayectoria”.

Los alquileres tendrán topes máximos de ocho unidades reajustables para las viviendas de un dormitorio, diez para las de dos y doce para las de tres dormitorios. Los precios se ubicarán aproximadamente entre $15.000 y algo más de $23.000.

A esos valores se podrá sumar un subsidio, dependiendo de la situación económica de cada hogar. Los contratos serán por dos años, con posibilidad de continuidad, y los subsidios serán revisables. “Si la familia mejora o si el hogar empeora su situación”, explicó la ministra, el apoyo podrá ajustarse a la nueva realidad.

El programa estará dirigido a hogares con ingresos que puedan sostener un alquiler. En principio, se solicitarán ingresos formales, porque, según Paseyro, el Ministerio busca que la solución sea sostenible: “Si nosotros le damos soluciones a la gente que después, en vez de ser una solución, es una complicación, no estamos cumpliendo con el objetivo”.

De todos modos, los requisitos podrán adaptarse según las características de cada departamento. “El territorio uruguayo tiene particularidades también bien diferentes”, sostuvo. En Artigas, por ejemplo, algunas familias complementan el trabajo formal con actividades informales, por lo que el Ministerio podrá contemplar esa realidad.

Subsidios para alquilar en el mercado privado

La ministra anunció que el Ministerio trabaja con la Contaduría General de la Nación para incorporar, antes de fin de año, un subsidio parcial para alquileres en el mercado privado.

“Lo que va a apoyar es a quien va a alquilar en el mercado privado con un subsidio”, explicó Paseyro. El Estado no comprará edificios ni será arrendatario, sino que contribuirá a sostener parte del alquiler de las familias que lo necesiten. La Contaduría General de la Nación otorgará la garantía.

Además, el Ministerio prevé construir alrededor de 20 edificios durante el quinquenio. No todos estarán destinados al alquiler, pero habrá un cupo para continuar ampliando la vivienda pública en arrendamiento.

La ministra remarcó que esta política busca atender una necesidad que ya había sido identificada en el Plan Quinquenal. “No es solo acceder, sino el poder permanecer”, insistió, tanto en relación con el alquiler como con la compra de una vivienda.

Personas mayores y jóvenes que egresan del INAU

Paseyro también se refirió a las personas mayores que viven solas y pueden pagar un alquiler, pero no comprar una vivienda. El Ministerio trabaja en ese tema junto con el Banco de Previsión Social, la Comisión Honoraria y organizaciones de jubilados.

La ministra sostuvo que el modelo de construir edificios exclusivamente para pasivos no siempre ofrece una buena solución. “Estos edificios que sean solo de adultos mayores tampoco nos parece que sean capaces en lugares donde no están todas las condiciones dadas para esas personas porque su familia les quedó lejos”, explicó.

En los nuevos edificios de vivienda pública se prevé incluir un cupo para personas mayores, con una perspectiva de intergeneracionalidad.

También existe un convenio con el INAU y el INJU para atender a los jóvenes que egresan de la institucionalización al cumplir la mayoría de edad. “La vivienda no lo es todo”, dijo Paseyro, y agregó que también es necesario garantizarles “una oportunidad laboral” para acompañar el comienzo de esa nueva etapa.

El déficit habitacional y los cambios demográficos

Consultada por la cifra de unas 40.000 viviendas de déficit habitacional, Paseyro dijo que el diagnóstico del Ministerio no se limita a contar cuántas viviendas faltan.

“En ese diagnóstico se habla del déficit, pero también se habla de las necesidades básicas insatisfechas”, explicó. Por eso, agregó, “no es solo el déficit en vivienda, sino en las condiciones en las que están las viviendas”.

La ministra mencionó el programa Crece desde el Pie, que se desarrolla junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y atiende a embarazadas, niños y niñas recién nacidos hasta los tres años que viven en condiciones habitacionales inadecuadas.

También destacó la necesidad de adaptar la política habitacional a los cambios demográficos. Los hogares unipersonales, recordó, pasaron del 11% al 29% en los últimos 50 años. “Es un desafío importante cómo la política de vivienda va acompañando esa realidad demográfica”, señaló.

Otro de los objetivos es recuperar inmuebles vacíos y abandonados en zonas que ya tienen servicios e infraestructura. El Ministerio trabaja con las intendencias de Lavalleja y Tacuarembó en experiencias localizadas en Minas y Paso de los Toros.

Paseyro explicó que Uruguay enfrenta dificultades para generar suelo urbanizado. “Cuando uno va a implementar un programa de vivienda, necesitamos suelo”, dijo. Lo mismo ocurre cuando se debe relocalizar a una familia que vive en un asentamiento: “El lugar donde va es ese suelo que necesitamos generar, suelo con infraestructuras”.

Por eso, planteó que el país debe evitar que las ciudades continúen extendiéndose hacia zonas donde vivir resulta más caro. “No seguir justamente haciendo crecer la ciudad para lugares donde después al Estado y a la gente le cuesta más caro vivir”, afirmó.

Asentamientos: “No es solamente un problema de vivienda”

Según el último relevamiento disponible, en Uruguay hay 667 asentamientos. El Ministerio prepara una actualización de ese registro, pero Paseyro advirtió que no alcanza con observar si la cantidad aumenta o disminuye.

“Es importante no quedarnos parados en ese número, en esa cantidad de asentamientos, sino mirar la composición de esos asentamientos, las características de esos asentamientos”.

La ministra cuestionó que la solución se reduzca a construir una determinada cantidad de viviendas. “El problema de los asentamientos no es solamente un problema de vivienda”, dijo. Según explicó, hay asentamientos que necesitan nuevas viviendas, pero otros requieren infraestructura, saneamiento, iluminación, regularización de la tenencia de la tierra o mejoras en las construcciones existentes.

“Hay asentamientos que no necesitan vivienda”, agregó. Como ejemplo, mencionó un lugar con 40 viviendas que se inundan porque una cañada no está saneada. “Si nosotros saneamos esa cañada y mejoramos las viviendas de ese lugar, e iluminamos ese asentamiento, va a seguir siendo un asentamiento, pero la calidad de vida de la gente no se va a inundar más, va a mejorar su vivienda”.

Paseyro también sostuvo que la pobreza no se concentra solamente en los asentamientos. “La pobreza no está solo en los asentamientos”, dijo. También existe “en la trama formal de las ciudades”, por lo que consideró necesario ampliar el enfoque del debate.

Materiales alternativos y falta de suelo

La ministra fue consultada por propuestas de construcción con materiales alternativos que permitirían levantar 60.000 viviendas en cinco años, como presentó Jacinto Muxí en diálogo con En Perspectiva.

“Las soluciones alternativas son bienvenidas si cumplen con el reglamento de producto del Ministerio de Vivienda”, dijo. Las licitaciones públicas, explicó, están abiertas a esas propuestas siempre que cumplan con los requisitos técnicos.

Sin embargo, volvió a señalar que construir viviendas no resolvería por sí solo el problema de los asentamientos. “Si uno dijera el problema es vivienda, tengo la plata para 60 mil viviendas, ahora construyamos ya, mañana no hay tierra”, planteó.

Además del suelo, dijo, son necesarias las infraestructuras y la planificación territorial. Por eso, defendió el trabajo conjunto con las 19 intendencias: “No solo hacer viviendas, sino cómo construimos la ciudad, cómo construimos el territorio en conjunto”.

Consultada sobre cuánto tiempo llevará resolver la deuda social vinculada a los asentamientos, Paseyro evitó establecer un plazo. “Yo sería irresponsable de mi parte decir cuánto tiempo va a llevar”, respondió. De todos modos, destacó que el Gobierno decidió duplicar el presupuesto para esos sectores de la población.

Atención a las viviendas más precarias

La atención a la emergencia habitacional es el primer lineamiento del Plan Quinquenal. El Ministerio relevó las viviendas más precarias del país y cruzó esa información con la presencia de embarazadas, niños y niñas.

“Esa gente que no puede, esas familias que no pueden esperar”, dijo Paseyro al referirse a los hogares con mayor precariedad habitacional.

Cuando la vivienda puede ser refaccionada, se trabaja en el lugar. En los casos en que la construcción no admite mejoras, se recurre a módulos que pueden incorporar un baño, una cocina, un dormitorio o una ampliación completa.

“Hay veces que esa vivienda no admite, por su precariedad, mejoras de la vivienda”, explicó. Estas intervenciones estarán a cargo del Plan Juntos y se complementarán con Crece desde el Pie y Más Barrio.

La ministra indicó que el objetivo es que durante 2027 el Ministerio tenga presencia en todo el territorio nacional para realizar obras puntuales de mejoramiento habitacional.

Más Barrio y la mejora de la convivencia

El programa Más Barrio comenzó en Cerro Norte y luego se extendió a Corfrisa (Las Piedras), Rivera y Durazno. También está previsto realizar un censo en Maldonado entre fines de setiembre y octubre.

Paseyro aclaró que “este no es un programa de vivienda, este no es un programa de seguridad”, sino una política que busca mejorar la convivencia en los barrios.

“La seguridad desde el lugar de la represión no alcanza”, sostuvo. Por eso, el programa incluye iluminación, limpieza, poda, recolección de residuos, recuperación de espacios públicos, obras de infraestructura y mejoras habitacionales.

En Cerro Norte, el Ministerio trabaja junto con la Intendencia de Montevideo. Ya se realizaron tareas de iluminación, recolección de residuos y limpieza del entorno, incluido el retiro de vehículos abandonados.

El objetivo es publicar las primeras licitaciones en octubre y comenzar las obras durante el primer trimestre de 2027. Se prevé abrir calles y mejorar dos centros comunitarios.

La intervención también incluirá préstamos blandos de Mejorá tu Vivienda y apoyos de mayor alcance para los hogares con más carencias. “No nos olvidemos que no es un plan de asentamientos”, explicó Paseyro, porque Más Barrio también contempla a familias de la ciudad formal que viven en condiciones habitacionales deficientes.

El trabajo, concluyó, deberá hacerse junto con las organizaciones existentes en cada barrio: “Está la escuela, está el liceo, el CAIF”, enumeró, y destacó la importancia de “trabajar con las organizaciones que existen en el barrio, potenciando y que cada vez sea más”.

Material complementario

Accedé aquí al Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat del MVOT (2025-2029)

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A menos de tres semanas de la primera vuelta, Lula mantiene una ventaja sobre Flávio Bolsonaro, aunque algunos sondeos ubican por primera vez al candidato bolsonarista por delante del presidente en un eventual balotaje. La crisis del Supremo Tribunal Federal y el escándalo del Banco Master dominan la campaña.

Brasil se encamina hacia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 4 de octubre, en un clima de incertidumbre y fuerte tensión política e institucional.

Las encuestas muestran una disputa ajustada entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Aunque Lula mantiene una ventaja en la primera vuelta, algunos sondeos recientes ubican por primera vez a Flávio Bolsonaro por delante del mandatario en un eventual balotaje, aunque dentro del margen de error.

En este escenario, la crisis del Supremo Tribunal Federal y el caso Banco Master se convirtieron en los principales asuntos de la campaña.

“El caso Master viene convirtiéndose en el principal tema de debate en la opinión pública, en los medios de comunicación y también en las propias campañas”, explicó el corresponsal de En Perspectiva en Brasil, Marcelo Silva de Sousa.

Una crisis inédita en el Supremo

La crisis institucional quedó expuesta durante una sesión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal que debía resolver si se iniciaba una investigación contra el juez Alexandre de Moraes, uno de los magistrados más influyentes de la corte.

La investigación se vincula con un informe policial elaborado a partir del teléfono de Daniel Vorcaro, excontrolador del liquidado Banco Master, entidad involucrada en un presunto fraude financiero que es considerado el mayor de la historia del sistema financiero brasileño.

El informe habría revelado una relación estrecha entre Moraes y Vorcaro, que incluiría asesoramiento y filtración de información vinculada con la investigación. El juez André Mendonça fue quien levantó el secreto del documento y planteó la apertura de una investigación contra su colega.

La sesión se extendió durante casi seis horas, pero los magistrados no llegaron a discutir el fondo del asunto. El debate se concentró en cuestiones procesales y dejó en evidencia la división entre los integrantes del tribunal.

El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, pidió vista del expediente. Esto podría postergar la definición hasta por 90 días.

“Todo parece indicar que la crisis institucional en el Supremo Tribunal Federal se va a prolongar, se va a extender, al menos hasta después de las elecciones”, señaló Silva de Sousa.

La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre los magistrados. Según el corresponsal, “la novedad fue ayer, por un lado, que todos los brasileños pudieron ver públicamente cómo los jueces se atacaban y se acusaban de corrupción directamente en algunos casos”.

La situación también expuso la debilidad de la corte, que actualmente funciona con diez integrantes y tuvo además dos jueces que se excusaron de participar en la sesión.

Para Silva de Sousa, el problema ya no está limitado a la situación de Moraes, sino que alcanza a todo el tribunal: “Está poniendo en cuestionamiento la idoneidad del Tribunal como un todo, ya no solo de Alexandre de Moraes”.

Lula y Flávio Bolsonaro explotan el caso

La crisis judicial impacta directamente en la campaña electoral. Lula ha intentado mantener cierta distancia del escándalo, aunque en los últimos días ajustó su discurso y sostuvo que la corte debe ser un ejemplo para las instituciones brasileñas.

“El presidente Lula viene ajustando de alguna manera el discurso en relación al caso Master, preocupado por el impacto que tiene”, explicó el corresponsal.

El mandatario también insiste en que quien haya cometido delitos debe ser juzgado y castigado, independientemente de su posición política.

La oposición, en cambio, busca vincular al presidente con Alexandre de Moraes. “Por el lado de Flávio, está claro que la estrategia es justamente pegar a Lula con Moraes”, sostuvo Silva de Sousa.

Poco antes de la sesión del Supremo, Flávio Bolsonaro difundió una pieza publicitaria en la que acusó a Lula de haber compartido el poder con Moraes y de haber dejado a Brasil “sin presidente”.

El senador también intenta capitalizar el rechazo al Supremo Tribunal Federal, una consigna histórica del bolsonarismo. Sin embargo, el propio Flávio Bolsonaro aparece mencionado en la investigación del Banco Master por conversaciones con Vorcaro vinculadas con el financiamiento de una película biográfica sobre su padre.

Una competencia muy ajustada

“La competencia está peleadísima”, resumió Silva de Sousa al describir la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Según los datos citados durante la entrevista, Lula mantiene una ventaja en la primera vuelta, con alrededor de 36% de intención de voto, frente a entre 30% y 31% de Flávio Bolsonaro.

“Si bien Lula todavía lidera con cierto margen en la primera vuelta del 4 de octubre, algunas encuestas empiezan a dar por primera vez arriba numéricamente a Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje”, explicó el corresponsal.

La crisis del Supremo también se refleja en los niveles de confianza institucional. Silva de Sousa mencionó una encuesta de la consultora Quest que registró “una desconfianza de más de la mitad de los brasileños” hacia la corte. Según ese sondeo, 56% de los consultados considera que el Supremo Tribunal Federal no es confiable, diez puntos más que en la medición anterior de la misma firma.

Otros temas desplazados

El caso Banco Master y la crisis institucional desplazaron buena parte de los demás asuntos de la campaña. “A partir de la irrupción del escándalo Master y la contaminación en el Supremo Tribunal Federal, realmente poco” se ha hablado de otros temas, afirmó Silva de Sousa.

Lula intenta instalar una agenda vinculada con el desarrollo y la explotación de tierras raras. También busca promover medidas como la exoneración del impuesto a la renta para quienes ganan cerca de 1.000 dólares mensuales y la reducción de la jornada laboral de la escala 6 por 1.

Flávio Bolsonaro, por su parte, cuestiona al gobierno por el aumento del costo de vida. “Viene buscando castigar al gobierno con el aumento del costo de vida”, explicó el corresponsal.

Aunque la economía brasileña se ha mantenido estable y creció en los últimos años, Silva de Sousa sostuvo que ese desempeño no se tradujo necesariamente en una mejora para los hogares: “No ha provocado un efecto de mejora o de alivio económico en el bolsillo de los brasileños y en la economía doméstica”.

La incógnita de los debates

La participación de Lula y Flávio Bolsonaro en los próximos debates todavía no está definida.

“Todavía es una incógnita”, dijo Silva de Sousa. El próximo debate relevante está previsto para el 1.º de octubre, en la cadena Globo, tres días antes de la primera vuelta.

Lula no está obligado por la legislación electoral a participar y su comando de campaña entiende que, en primera vuelta, podría quedar expuesto a una disputa entre varios candidatos opositores.

Flávio Bolsonaro tampoco tendría incentivos para participar si Lula se ausenta. “Si el presidente Lula no participa, es muy probable que Flávio tampoco lo haga”, afirmó el corresponsal.

En ese caso, los debates entre los dos principales candidatos podrían quedar para un eventual balotaje, previsto para el 25 de octubre.

La crisis del Supremo Tribunal Federal seguirá siendo uno de los ejes de la campaña. “El futuro de Moraes es el futuro de la Corte”, resumió Silva de Sousa.

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El debate sobre los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial volvió a instalarse en los últimos días, luego de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtiera que estos sistemas avanzan a un ritmo vertiginoso y podrían superar la capacidad humana de comprenderlos y controlarlos.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el ingeniero en sistemas y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT, Eduardo Mangarelli, señaló que la discusión está atravesada por distintos factores y que todavía resulta difícil establecer con claridad cuáles son las motivaciones detrás de las declaraciones de los principales referentes de la industria.

“Hoy es muy difícil distinguir realidad de ruido y es muy difícil entender de alguna de estas acciones cuál es realmente la intencionalidad”, dijo. En ese sentido, sostuvo que es necesario diferenciar “qué son hechos objetivos, qué se dijo, de qué es lo que está sucediendo por detrás”.

Para Mangarelli, las grandes compañías que desarrollan los llamados modelos de frontera están impulsando la creación de un marco regulatorio. Sin embargo, consideró que ese reclamo puede responder tanto a una preocupación genuina por la seguridad como a intereses económicos y competitivos.

“Lo que podemos interpretar es que hay un movimiento por parte de las empresas tecnológicas de inteligencia artificial en Estados Unidos por generar un marco regulatorio que genere cierto nivel de protección al sector”, explicó.

El especialista también se refirió al incidente entre OpenAI y Hugging Face, en el que agentes de inteligencia artificial protagonizaron una serie de ciberataques. Según Mangarelli, el episodio mostró la sofisticación de estos sistemas, pero también una serie de fallas humanas y empresariales.

“Esto no fue una rebelión de agentes, sino que esto fue un conjunto de negligencias en el proceso y un sistema que estaba configurado, diseñado y con la capacidad de violar una cantidad de procedimientos porque no estaba el marco adecuado para controlar”, sostuvo.

En su opinión, el episodio tampoco debería analizarse con términos que atribuyan a los sistemas comportamientos propios de las personas. “La realidad no es agentes que se sacrificaron. Estos sistemas están orientados para seguir un objetivo y van a ser extremadamente rigurosos en seguir ese objetivo”, explicó.

La competencia con China

Mangarelli vinculó el debate regulatorio con la competencia entre las empresas estadounidenses, los modelos chinos y los sistemas de código abierto. Recordó que el lanzamiento de un modelo chino de pesos abiertos tuvo un impacto negativo en la valoración de Anthropic en el mercado privado.

“Un cierto marco de regulación lo que podría implicar es bloquear o prohibir el uso de modelos chinos, particularmente en jurisdicción norteamericana”, señaló.

También mencionó las restricciones estadounidenses al acceso de China a los procesadores más avanzados de Nvidia y concluyó: “Hay una componente proteccionista tan explícita” en algunas de estas políticas.

Para el ingeniero, una regulación que imponga procesos complejos de certificación y evaluación podría terminar favoreciendo a las compañías que ya tienen mayores recursos. “Quienes están mejor posicionados para pasar por esos procesos son los más grandes, los más avanzados”, explicó. Por eso, advirtió que una regulación de ese tipo “podría transformarse en una protección para aquellos que hoy son los que están en ese” mercado.

Auditorías y automejora recursiva

Mangarelli consideró positivo que existan terceras partes que auditen el desarrollo de estos sistemas, siempre que sean verdaderamente independientes y cuenten con capacidad técnica y credibilidad.C

“No hay elemento para decir que no a que haya terceras partes creíbles auditando el desarrollo de estos sistemas”, afirmó. A su entender, esas organizaciones deberían tener “el conocimiento técnico, las credenciales, la reputación y la credibilidad” necesarias para realizar esa tarea.

En cuanto a la llamada automejora recursiva —la posibilidad de que los sistemas contribuyan a crear versiones posteriores de sí mismos—, sostuvo que todavía no está claro hasta qué punto esa tecnología se está utilizando, porque “no está públicamente documentado” cuánto han avanzado en ese campo los principales laboratorios.

De todos modos, remarcó que, si esos sistemas se autodesarrollan, será “extremadamente importante” poder “entender, auditar, monitorear y controlar estos sistemas que son desarrollados”.

Los riesgos más cercanos

Frente a las advertencias sobre la posibilidad de que una inteligencia artificial superinteligente provoque la extinción de la humanidad, Mangarelli consideró que se trata de una extrapolación extrema.

“Yo creo que eso es una proyección, una extrapolación llevada al extremo de las capacidades de estos sistemas”, dijo.

En cambio, identificó como amenazas más inmediatas los ataques contra infraestructuras críticas y la creciente dependencia de los sistemas informáticos. “Riesgos mucho más cercanos son incidentes de ciberseguridad”, sostuvo.

En esa lista incluyó posibles ataques contra el sistema financiero, los servicios esenciales y los sistemas que permiten el funcionamiento de los aviones. Según explicó, la complejidad de esos riesgos “es exponencialmente” mayor que algunos años atrás.

Por último, Mangarelli llamó a analizar el fenómeno con espíritu crítico y consultar distintas fuentes. “Mi invitación es, a la hora de leer, múltiples fuentes y tratar de tener una mirada muy amplia”, afirmó. Y agregó: “Hoy es difícil distinguir entre la realidad y el ruido”.

A pesar de las advertencias, también destacó los beneficios de estas herramientas. “Estas mismas herramientas tienen un impacto real, genuino, en múltiples aspectos”, dijo, y mencionó sus aplicaciones en el descubrimiento de tratamientos contra el cáncer, el análisis de proteínas y la evaluación de compatibilidad entre medicamentos.

Para el ingeniero, el desafío consiste en combinar el desarrollo responsable con controles adecuados: “Más allá de la productividad de las personas y de las empresas, también hay otra derivada de esto, que es la genuina mejora de la calidad de vida de las personas”.

Materiales complementarios

Columna de Dario Amodei, cofundador y CEO de Anthropic

https://darioamodei.com/post/we-must-pace-the-frontier

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Foto: Intendencia de San José

Presenta: Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios

En Perspectiva se puso otra vez En Movimiento y viajó hasta San José para una nueva edición de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.

El viernes 11 de setiembre, desde las 8.30 de la mañana, estuvimos realizando entrevistas y La Tertulia de los Viernes con platea abierta al público en la Carpa de la Comunicación, en la Plaza de los 33 Orientales de San José de Mayo.

Además, contamos con la conducción habitual de Emiliano Cotelo y la co-conducción de Fernando Medina, de Oír Con Los Ojos, y Ana Ribeiro.

Entrevista Central

“Todos tenemos una historia propia para contar”: Mario Delgado Aparaín habló de la literatura, la memoria y su nueva novela autobiográfica "Ni un solo día claro sin tormenta"

Con la conducción de Emiliano Cotelo y Fernando Medina

La Tertulia de los Viernes

La lectura: Después de la caída que mostraron en el mundo las pruebas PISA 2025, ¿cómo podemos recuperarla o fortalecerla?

Con Fernando Medina, Ana Ribeiro, Pedro Peña y Cristina Callorda

Entrevista

¿Qué poder tienen las palabras? Con Mario Delgado Aparaín, Graciela Huinao, Ana Ribeiro y Celeste Verges 

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La coordinadora nacional de la evaluación PISA en Uruguay, Laura Noboa, analizó en En Perspectiva los resultados de la edición 2025 de las pruebas organizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En comparación con la medición de 2022, Uruguay mejoró en Ciencias y registró una leve caída en Lectura y Matemática. El puntaje en Ciencias fue de 444,5 puntos, nueve puntos más que en la edición anterior. En Lectura alcanzó 423,2 puntos, lo que supone una caída de 7,2 puntos, mientras que en Matemática obtuvo 449 puntos, 3,8 menos que en 2022. Según Noboa, esta última variación no es estadísticamente significativa.

En cuanto al porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel mínimo aceptable o más, los resultados fueron de 64,2% en Ciencias, 56,6% en Lectura y 42,1% en Matemática.

“En el caso de Matemática nos mantuvimos estables”, explicó Noboa, aunque advirtió que esa área “viene bajando y que en promedio está peor, con logros más descendidos que las otras dos áreas”.

Una mejora en la cobertura

En diálogo con Emiliano Cotelo, la coordinadora de PISA sostuvo que los resultados deben analizarse dentro de un marco más amplio de calidad educativa, que incluya los aprendizajes, la cobertura y las trayectorias de los estudiantes.

“Esta estabilidad relativa se logra en un país que es más inclusivo en términos de la proporción de estudiantes de 15 años que tienen educación media”.

Noboa explicó que la cobertura pasó de 75% en 2013 a cerca de 90% en la actualidad. Además, el 81% de los estudiantes de 15 años se encuentra en el grado esperado para su edad, un avance importante respecto de una década atrás.

“Si yo elijo los mejores, mi puntaje va a mejorar. Si yo incluyo a todos, que en general los que quedan fuera del sistema son más vulnerables, con menores desempeños, los promedios en general tienden a bajar”, señaló.

En ese sentido, consideró que Uruguay logró mantener una relativa estabilidad en los resultados al mismo tiempo que incorporó a más estudiantes al sistema educativo. “No era obvio que al incluir más estudiantes se mantuviera esa estabilidad”, planteó.

Sin embargo, también marcó los problemas que persisten. En Ciencias, según explicó, casi tres de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo; en Lectura, cuatro de cada diez quedan por debajo de ese umbral, y en Matemática son seis de cada diez.

Las brechas socioeconómicas

Noboa identificó la inequidad de los aprendizajes como uno de los principales desafíos del sistema educativo uruguayo.

“Uruguay, junto con Latinoamérica, pero en particular Uruguay, es de los países donde las desigualdades socioeconómicas explican en mayor medida también las desigualdades educativas”, sostuvo.

Como ejemplo, señaló que en Ciencias el 47,2% de los estudiantes más vulnerables alcanzó el nivel 2 o superior, mientras que entre los estudiantes del nivel socioeconómico más alto ese porcentaje llegó al 87,6%.

“En otras palabras, de 10 estudiantes de mejor nivel socioeconómico que alcanzan los logros mínimos, solo cinco de nivel socioeconómico bajo lo logran”, resumió.

La coordinadora destacó que la mejora de la cobertura y el avance en las trayectorias educativas no se tradujeron todavía en una reducción equivalente de las brechas en los aprendizajes.

La comparación con los mejores

Noboa relativizó la importancia de los rankings regionales y sostuvo que Uruguay debe analizar sus resultados en relación con los países que tienen los mejores desempeños a nivel mundial.

“Yo lo que trato de evitar es ese ranking”, dijo. Según explicó, Uruguay se encuentra en los primeros lugares de América Latina junto con Chile, pero mantiene una diferencia importante con el promedio de la OCDE y con los sistemas educativos de mejor desempeño.

La especialista mencionó a Turquía y Estonia como países que deberían ser observados, debido a que lograron mejorar o mantener sus resultados a partir de reformas sostenidas. En el caso de Turquía, destacó la profesionalización de los docentes, la entrega de libros de texto y el desarrollo de investigación pedagógica.

Por otra parte, señaló que los países con mejores resultados no necesariamente aplican un único modelo educativo. Algunos tienen sistemas más selectivos y otros son más inclusivos; algunos presentan una fuerte centralización y otros otorgan mayor autonomía a los centros.

“La discusión no es centralización versus autonomía”, sostuvo. A su entender, la comparación internacional debe servir "para analizar qué decisiones toma cada país" y "en qué contexto obtiene determinados resultados".

El impacto de la tecnología

Durante la entrevista, Noboa también se refirió a las hipótesis sobre la caída mundial de los resultados en Lectura y Matemática. Entre ellas mencionó los efectos de la pandemia, el uso de teléfonos celulares y la incorporación de la inteligencia artificial. “Lo que genera el uso de los dispositivos digitales, principalmente de los celulares, es una forma distinta de abordar lo que es la lectura y la escritura”.

También advirtió que el uso de herramientas digitales puede afectar la capacidad de los estudiantes para leer textos extensos, identificar ideas principales y sostener el esfuerzo necesario para comprenderlos.

Sobre la inteligencia artificial, señaló que algunos países optaron por prohibirla en los procesos de aprendizaje, mientras que otros buscan incorporarla para enseñar a formular preguntas, analizar respuestas y comprender cómo funcionan los algoritmos.

Reformas y continuidad

Noboa sostuvo que los resultados de PISA 2025 "no permiten medir el impacto específico de la transformación curricular impulsada en el período anterior". Según explicó, los resultados obtenidos por estudiantes de 15 años reflejan al menos diez años de escolarización y, por lo tanto, son consecuencia de múltiples políticas y experiencias acumuladas a lo largo de toda la trayectoria educativa.

“La evidencia muestra que cuando las mejoras en educación, la posibilidad de mover la aguja en algo lleva tiempo”, señaló.

En ese sentido, consideró necesaria cierta estabilidad para sostener los cambios. “Cuando queremos hacer cambios en la educación, los sistemas educativos en el mundo necesitan cierta estabilidad porque las cosas llevan tiempo”, concluyó.

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Mario Delgado Aparaín publicó este año Ni un solo día claro sin tormenta, una novela autobiográfica de iniciación en el interior profundo del Uruguay. En una entrevista con Emiliano Cotelo y Fernando Medina en En Perspectiva en Movimiento, realizada desde la Carpa de la Comunicación de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José, explicó cómo llegó a la decisión de escribir sobre su propia vida.

El título del libro surgió de una frase de su tía Silvana, referida a su padre. Delgado Aparaín recordó que, luego de que su padre fuera víctima de una golpiza y quedara gravemente herido, su tía le dijo: “Su padre siempre tuvo mucha suerte. Incluso antes de nacer tuvo suerte, desde antes de nacer tuvo suerte. Pero eso sí, en toda su vida no tuvo ni un solo día claro, sin tormenta”.

Para el escritor, la novela implicó recurrir a una materia prima que muchos autores prefieren mantener fuera de sus libros: la intimidad. “Se precisa mucho coraje para hacer esto. Yo soy consciente de eso. Demoré mucho en decidirme”, señaló.

En la obra aparecen recuerdos de la infancia, la adolescencia y la primera juventud, pero también asuntos que durante mucho tiempo fueron difíciles de abordar dentro de las familias. “¿Cómo puedo involucrar mi intimidad con temas que ni siquiera en el ámbito familiar se hablaba?”, se preguntó. Entre esos temas mencionó “la deshonra, las conquistas amorosas, la muerte” y las experiencias ideológicas y políticas de los años de la dictadura.

Escribir contra el olvido

Delgado Aparaín definió la literatura como “una tarea de rescate”. Según explicó, el escritor intenta impedir que determinados recuerdos y pensamientos desaparezcan: “Uno tenía que evitar que recuerdos fundamentales se disolvieran, se perdieran en el olvido”.

“La memoria ejerce una batalla continua contra el olvido”, agregó. En esa batalla, cada persona selecciona qué conserva y qué descarta. “Elegimos guardar lo que vale, lo que nos deja una enseñanza, un valor; eso lo guardamos, otros lo desechamos”, sostuvo.

El autor contó que empezó a pensar en sus memorias durante su exilio en Argentina, en el contexto de la dictadura uruguaya. Vivió en una pensión de Buenos Aires junto con perseguidos políticos de distintos países y recordó una serie de episodios que luego se convirtieron en material literario.

Entre ellos mencionó la historia de una azafata de Alitalia que ayudaba a sacar del país a hijos de presos y perseguidos políticos. Un día, relató, un camión militar llegó a la pensión y se llevó a varios de sus habitantes. “A esta chica la metieron en el camión y hasta hoy nunca apareció”, dijo, en referencia a los desaparecidos durante la dictadura argentina.

También recordó los apagones que se producían en Buenos Aires. Para él, esos momentos tenían una dimensión especial: “Siempre dije que para mí los apagones son los mejores acontecimientos culturales”. Según explicó, la oscuridad obliga a reparar en quienes están alrededor y puede generar conversaciones que, en otras circunstancias, no ocurrirían.

En su caso, ese diálogo fue consigo mismo. “¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Quién soy? ¿Cómo me convertí en esto que está aquí y no en otra cosa?”, recordó que se preguntaba.

La decisión de escribir en primera persona

La escritura autobiográfica, explicó, también fue una forma de dejar de postergarse. “¿Por qué no contar lo que yo vivo, si lo que yo vivo es tan importante como lo que viven los demás?”, planteó.

“No estoy al servicio de los demás. No estoy prestando un servicio de darle lugar a otro narrador que no sea yo. Yo quiero narrar lo mío también”, dijo. Y resumió esa decisión en una frase: “Narrar lo propio es un acto de resistencia”.

Para Delgado Aparaín, esa resistencia se dirige contra “el olvido, la alienación y la pérdida de la memoria”. En ese proceso descubrió la potencia de la primera persona y de la intimidad como materia narrativa.

“Si todos tenemos, absolutamente todos, sin excepción, en nuestro mundo interior un acervo cuya columna vertebral es la propia vida, yo quiero darle importancia a eso, jerarquizar eso”, dijo.

La intimidad, agregó, puede convertirse en una fuente de reflexión sobre preguntas esenciales: “¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué busco de la vida? ¿Aprecio la vida o no?”. A partir de esas preguntas, sostuvo, el escritor empieza a trabajar con los valores y con la interpretación de su propia historia.

Una identidad construida en el vínculo con la tierra

Durante la entrevista, Medina le preguntó por la dimensión latinoamericana de su obra. Delgado Aparaín respondió que necesita pensarse dentro de ese espacio para comprender su propia identidad. Para ello, recordó una idea de Francisco Espínola sobre Uruguay, un país situado entre las “prepotencias” de Brasil y Argentina. Para construir una identidad propia, sostuvo, es “necesaria una comunión entre las personas y el territorio”.

“Para ser uruguayo hay que lograr una comunión con la tierra”, dijo. Esa comunión permite construir lo que definió como “el espíritu de nación” y llegar a una palabra que considera fundamental: “nosotros”.

“Para mí es sagrada la palabra nosotros”, dijo. A su juicio, una nación no puede reducirse a un territorio habitado por personas. “Si no logramos esa comunión con la tierra, corremos el riesgo de ser un pedazo de tierra nada más”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que las historias individuales también forman parte de la historia colectiva. “La suma de todas las historias personales, la suma de todas las historias nuestras, es la historia de la nación”, dijo.

El escritor comparó el trabajo de los historiadores con el de quien busca minerales valiosos dentro de una formación rocosa. Según dijo, los historiadores ordenan un material caótico, pero extraordinariamente rico, compuesto por las experiencias y los recuerdos de una sociedad.

La palabra como forma de existencia

Delgado Aparaín también habló de su relación con los libros que escribió. Cuando Medina le preguntó qué siente al verlos reunidos en su biblioteca, respondió con humor: “Un dolor de barriga impresionante. Digo: todo eso lo escribí yo”.

Luego vinculó la escritura con una reflexión de René Descartes: si una persona duda, piensa; y si piensa, existe. A partir de ahí formuló su propia conclusión: “Yo escribo para existir”.

También citó a Juan Rulfo: “Yo escribo para no morirme”. Para Delgado Aparaín, la escritura permite prolongar la vida a través de la palabra y mantener el vínculo con los demás.

“Las palabras tienen ese don de contener la comunicación”, afirmó. Ese poder se vuelve especialmente visible, dijo, en situaciones de aislamiento, porque permite que una persona no se sienta completamente sola y conserve la presencia de aquellos a quienes está unida.

La conversación terminó con una referencia a sus obras recientemente relanzadas. Medina mencionó Cuentos del norte y el sur y destacó también La balada de Johnny Sosa, además de Mosquitos, uno de los libros de cuentos más reconocidos del escritor.

Al final de la entrevista, Delgado Aparaín volvió a la idea que atraviesa su último libro: la historia personal como parte de una historia mayor. Y dejó planteada una definición de la literatura como una “forma de recuperar voces, recuerdos y experiencias para que no se pierdan en el tiempo”.

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El nuevo convenio colectivo de la industria de la construcción, firmado en agosto entre las gremiales empresariales y el SUNCA, establece una reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 44 a 40 horas semanales en 2030. El acuerdo también incluye ajustes salariales, nuevos beneficios sociales, mecanismos de flexibilidad horaria y una comisión destinada a estudiar la productividad del sector.

En una entrevista con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, y el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, Gustavo Robayna, defendieron el contenido del convenio y explicaron sus principales alcances.

El texto fue presentado por el SUNCA como un acuerdo histórico, especialmente por la reducción de la semana laboral sin pérdida salarial nominal. Del lado empresarial, en tanto, se lo considera un entendimiento de largo plazo que incorpora herramientas de modernización y flexibilidad para las empresas.

“Es un convenio moderno y disruptivo”, dijo Ruibal. Robayna lo definió como “un buen convenio que deja satisfecha a todas las partes”.

Un acuerdo de cinco años

El convenio fue negociado por las cuatro gremiales empresariales de la industria: la Cámara de la Construcción, la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y la Liga de la Construcción del Uruguay.

Ruibal remarcó que ninguna de las organizaciones quedó fuera de la negociación.

“Participamos las cuatro gremiales de la industria”, explicó. “El acuerdo, el preacuerdo, lo firmamos los cuatro, negociamos los cuatro. No hay ninguna gremial que haya quedado afuera”.

Las instituciones representan a empresas constructoras, desarrolladores, subcontratistas y compañías de diferentes tamaños y especialidades.

Uno de los aspectos que valoraron los empresarios es la duración del convenio, que se extenderá por cinco años. Robayna sostuvo que ese plazo aporta estabilidad y previsibilidad, especialmente para los inversores extranjeros.

“Un convenio cinco años, una estabilidad que para el inversor, sobre todo inversor extranjero, sabe que tiene un convenio a cinco años, no es poca cosa”, señaló. “Las reglas de juego están claras, los números están claros”.

La negociación se produjo luego de un período de conflictividad. Según señalaron los entrevistados, el convenio anterior venció y transcurrieron 136 días hasta la firma del nuevo texto, aunque Robayna aclaró que una parte de ese período estuvo vinculada a la convocatoria del Ministerio de Trabajo y a las elecciones internas del SUNCA.

El presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este dijo que la negociación fue especialmente compleja en Maldonado, donde se registraron medidas como interrupciones en el hormigonado, ocupaciones y daños en obras, según su relato.

“Cuando hay cosas que pasan ciertos límites, y hablo de límites legales, ya las cosas pasan a otros lados”, dijo Robayna. A su entender, esas situaciones deterioraron la relación entre empresas y trabajadores y provocaron perjuicios económicos, especialmente en las empresas pequeñas.

“Las relaciones cuesta mucho generarlas. Cuesta mucho tiempo generar esa relación y romperla cuesta muy poco”, sostuvo.

Ruibal señaló que el nuevo convenio incluye una cláusula de paz por la cual, durante su vigencia, las partes se comprometen a canalizar las diferencias a través del diálogo, la conciliación y la negociación antes de promover medidas que afecten el normal desarrollo de la actividad.

“La letra es clara. Ese es el espíritu de lo que queremos que pase en estos cinco años”, dijo. “Queremos dar vuelta la hoja”.

La reducción de la jornada laboral

El punto más complejo de la negociación fue la reducción gradual de la semana laboral. La jornada, que actualmente es de 44 horas, llegará a 40 horas en 2030.

Ruibal recordó que la primera reacción empresarial ante el planteo del SUNCA había sido negativa.

“Un año antes de sentarnos a hablar de esto, cuando vino el SUNCA a plantear esto, la primera reacción nuestra fue: ‘Esto es una locura, no es momento de hablar de esto’”, relató.

Según explicó, inicialmente el sindicato propuso alcanzar las 40 horas en un período mucho más breve, pero la negociación avanzó hacia un esquema gradual de cinco años, acompañado por otras modificaciones en la organización del trabajo.

Entre esas medidas se encuentra la posibilidad de distribuir las horas de manera flexible durante la semana. Como ejemplo, Ruibal mencionó que en el futuro podría organizarse una semana de 44 horas y otra de 36, o concentrar la reducción en determinados días, de acuerdo con las características de cada obra.

“La flexibilización a la hora de repartir los horarios en la semana es muy importante para la organización del trabajo”, dijo.

Según explicó, se trata de una actividad que se desarrolla al aire libre, con obras que tienen diferentes ritmos, duraciones y condiciones. La lluvia, los traslados, la disponibilidad de materiales y la coordinación entre distintos oficios son algunos de los factores que inciden en la organización cotidiana.

Robayna señaló que la reducción de la jornada tiene un impacto sobre los costos, aunque cuestionó las estimaciones que proyectan aumentos elevados y automáticos.

“Si uno hace un número, dice: trabajo 44 horas por semana, paso a 40, hace el número y da nueve y pico”, explicó. Sin embargo, aclaró que ese impacto debe analizarse sobre la incidencia de la mano de obra en cada tipo de obra.

En una obra de edificación, dijo, la mano de obra puede representar entre 35% y 40% del costo, mientras que en otras actividades, como carreteras, puentes o montajes, la proporción puede ser menor.

“Cuando uno empieza a ponerle números a las cosas, esos 10%, 15% que aparecieron empiezan a desaparecer y se bajan con datos”, dijo.

Robayna también sostuvo que los incrementos salariales previstos para cada año no alcanzan por sí solos a compensar todo el efecto de la reducción horaria.

“Hay una parte que ya están absorbiendo los trabajadores”, dijo, en referencia a la forma gradual en que se instrumentará el cambio.

Ruibal, por su parte, distinguió entre costo y precio. Señaló que el precio final de una obra incluye, además de la mano de obra, otros componentes como materiales, gastos indirectos, intereses y ganancias.

“El precio lo pone el mercado al final de todo”, sostuvo. Por eso, advirtió que no se puede concluir que cada aumento de costos se traslada automáticamente al consumidor.

Productividad, tecnología y organización

La palabra productividad ocupó un lugar central en la defensa empresarial del convenio. Para Ruibal, el concepto no puede reducirse al rendimiento individual de los trabajadores.

“La productividad no es solo que los trabajadores rindan más”, dijo. “Hay muchas variables que hacen a la productividad”.

Entre ellas mencionó la planificación, la organización de la obra, la calidad de los proyectos, la logística, la disponibilidad de materiales, la prevención de accidentes, la formación de los mandos medios y el ambiente de trabajo.

“Si yo tengo un buen ambiente de trabajo, le doy buenos elementos a una obra, hago un buen procedimiento constructivo y una buena planificación, la productividad de ese centro de trabajo aumenta muchísimo”, dijo.

Robayna coincidió y diferenció productividad de producción.

“La producción no es productividad”, sostuvo. “La productividad es mucho más amplia”.

Según explicó, la productividad debe medirse a lo largo de todo el proceso, desde el diseño y la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento de una obra.

Como ejemplo, mencionó los retrabajos que se generan cuando un proyecto tiene errores o cuando una instalación debe rehacerse. También destacó el uso de herramientas digitales como la tecnología BIM, que permite anticipar problemas, coordinar instalaciones y reducir la necesidad de romper o corregir elementos una vez terminada la obra.

“Muchas veces el ejemplo es un proyecto mal hecho. Ahí tenés un paso para mejorar la productividad antes de empezar la obra”, dijo.

Ruibal remarcó que los retrabajos representan un costo para las empresas y que la planificación permite evitarlos.

“La buena organización de la llegada de los materiales hace a la productividad del centro de trabajo”, dijo. “Que no tengas que estar esperando un material y te quedes sin hacer nada: eso es organización”.

La Comisión de Productividad

El convenio prevé la reinstalación de una Comisión de Productividad. La comisión ya fue presentada en el Ministerio de Trabajo y deberá definir su funcionamiento y sus objetivos.

Ruibal destacó que el sindicato haya participado en el lanzamiento de la comisión y que también haya planteado la posibilidad de crear un observatorio permanente.

“Lo primero es que se hable de productividad”, dijo. “Después hay que darle contenido y trabajar”.

La propuesta apunta a generar información y datos objetivos sobre la evolución del sector, con participación de trabajadores, empresarios y eventualmente instituciones académicas.

Entre las instituciones que podrían participar fueron mencionados el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la UTU y las facultades de Arquitectura e Ingeniería.

“Si no tenemos transparencia y no reinstalamos la confianza entre los trabajadores y los empresarios, entre el SUNCA y las distintas cámaras, no vamos a poder construir un observatorio”, advirtió Ruibal.

Robayna sostuvo que la comisión no debería convertirse en un ámbito meramente declarativo.

“No es una comisión para hablar y juntarse muchas personas para hablar de algo”, dijo. “Es para bajar y tener números”.

El impacto de la tecnología sobre el empleo

Los empresarios también señalaron que la industria atraviesa un proceso de incorporación tecnológica que continuará en los próximos años.

Ruibal mencionó la expansión de las grúas, los sistemas de bombeo de hormigón, las herramientas inalámbricas y los robots que ya pueden realizar algunas tareas en las obras.

“Ya hay robots que esparcen el hormigón en los pisos”, señaló. “Obviamente, eso atenta contra la cantidad de trabajadores. Ese es el mundo del trabajo”.

Robayna sostuvo que las obras que antes requerían 150 personas pueden realizarse actualmente con 100. El desafío, dijo, es encontrar nuevas oportunidades laborales para los trabajadores desplazados por la tecnología.

“Esas 50 personas hay que volver a redistribuir”, dijo. “Una manera es producir más y tener más obras”.

Ruibal también vinculó este proceso con la necesidad de profesionalizar el sector. Dijo que se requieren trabajadores capacitados en el uso de herramientas, seguridad y trabajo en equipo, así como empresas con mejores niveles de gestión y planificación.

“Nosotros queremos obreros profesionales, que sepan usar las herramientas, que tengan formación en seguridad y buen manejo de las herramientas”, dijo.

Las pequeñas empresas

Ante una consulta de la audiencia sobre el posible impacto del convenio en las pequeñas empresas, Robayna negó que el acuerdo las perjudique específicamente.

“Este convenio no exige a las empresas chicas ni a las empresas grandes: exige para todos”, dijo.

Explicó que la construcción está integrada por empresas de muy distintos tamaños, incluyendo numerosas micro y pequeñas empresas, especialmente en departamentos como Maldonado.

Como ejemplo de una solución contemplada en el convenio, mencionó el día pago para que los trabajadores puedan realizarse estudios de próstata. Según explicó, el beneficio será financiado por los fondos sociales de la construcción y no directamente por cada empresa.

Ruibal sostuvo que las pequeñas empresas también pueden incorporar tecnología y especializarse en determinados segmentos.

“No es como antes, que cualquiera compraba una hormigonera, un trompo y un puntal y ya era empresa constructora”, dijo. La industria, agregó, tiene mayores exigencias en materia de seguridad, gestión y profesionalización.

Robayna agregó que los costos de la tecnología y de la maquinaria han disminuido, lo que facilita el acceso de pequeñas empresas y subcontratistas a herramientas que antes eran demasiado caras.

Competitividad e inversión

Robayna señaló que la construcción uruguaya no compite solamente entre empresas locales. También compite por atraer inversiones extranjeras frente a otros países.

“Nosotros competimos hacia afuera con los inversores”, dijo. “Si hay otras plazas más rentables, bajo las mismas condiciones, tenemos que ser eficientes para poder ser competitivos”.

Por esa razón, consideró necesario mejorar la eficiencia y reducir los costos asociados a la organización de las obras, la burocracia estatal y otros factores que inciden en la actividad.

Ruibal cuestionó las comparaciones directas con países como Paraguay o Perú. Dijo que Uruguay tiene una realidad social y laboral diferente, con menores niveles de informalidad, y que no se pueden trasladar automáticamente modelos de otros países.

“Quien quiera comparar una situación de Perú o Paraguay con Uruguay no conoce nuestro país”, dijo. “¿Podemos cambiar algunas cosas? Sí. ¿Podemos tener la competitividad de costos que tiene Paraguay? No”.

De todos modos, dijo que es necesario observar las experiencias internacionales y analizar qué medidas pueden adaptarse a la realidad local.

El objetivo, señaló, es avanzar hacia una industria más profesional, productiva y competitiva, con mejores niveles de formación, tecnología y organización.

Al cierre de la entrevista, Ruibal resumió la importancia que los empresarios le asignan a la nueva Comisión de Productividad: “Es un tema que no tiene mucha prensa, pero me parece que nos va la vida”.

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