En Uruguay hay mas de 600 asentamientos irregulares, donde viven unas 200.000 personas, y el déficit habitacional se ubica en torno a las 60.000 viviendas. Aunque en las últimas décadas se han aplicado distintos planes de vivienda y realojos, el problema se mantiene prácticamente estable.

Un estudio presentado el año pasado por el economista Ignacio Munyo, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), planteó que para resolver esa deuda social en un plazo breve sería necesario construir unas 12.000 viviendas por año durante cinco años.

En ese marco, el ingeniero químico y empresario Jacinto Muxí promueve una alternativa basada en el uso del SMC, sigla en inglés de Sheet Molding Compound. Se trata de un compuesto de resina poliéster, fibra de vidrio, cargas minerales y aditivos, que se fabrica en forma de placas livianas y luego se moldea para distintos usos.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, Muxí explicó que “el problema de los asentamientos se ha mantenido durante años a pesar de los programas de vivienda existentes”. Según señaló, se construyen menos de 1.000 viviendas por año destinadas a ese tipo de necesidad, por lo que, si no aumentara la población en los asentamientos, se necesitarían unos 60 años para resolver el déficit actual.

“Si lo queremos solucionar, no podemos seguir haciendo lo mismo; creo que hay que hacer algo diferente”, dijo Muxí.

El empresario sostuvo que el sistema tradicional de construcción no sería suficiente para alcanzar el objetivo de levantar 12.000 viviendas por año. Entre las dificultades mencionó los costos, los tiempos de obra y la falta de mano de obra especializada.

Actualmente, la construcción emplea a unas 55.000 personas y, según estimó, un plan de esa magnitud podría requerir entre 10.000 y 20.000 trabajadores adicionales. Para Muxí, no habría tiempo suficiente para capacitar a esa cantidad de personas dentro de un sistema tradicional, por lo que propuso utilizar un proceso industrial para fabricar parte de las viviendas y luego armarlas en el lugar.

Cómo se construirían las viviendas

El SMC se fabrica mediante un proceso industrial que combina resina poliéster y fibra de vidrio. El material se coloca en moldes calefaccionados y, mediante presión, adopta la forma de la pieza. Luego, las placas se trasladan a la obra y se unen mediante bulones.

Las piezas principales tienen aproximadamente un metro por un metro y cuentan con perforaciones para facilitar el ensamblaje. También se pueden fabricar placas de otras dimensiones, así como piezas especiales para las esquinas, las aberturas y la unión entre paredes y techo.

Muxí explicó que el sistema permite construir viviendas con diseños diferentes, modificando la ubicación de puertas y ventanas. El techo puede realizarse con placas planas o con piezas curvas, como las que se utilizaron en un prototipo construido años atrás con materiales importados de India.

Una vez trasladadas las placas al terreno, se arma la estructura y se incorporan las instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua. El piso puede construirse sobre una platea de hormigón convencional o sobre una estructura metálica.

La propuesta también incluye la participación de los destinatarios de las viviendas mediante un sistema de autoconstrucción dirigida y supervisada. Muxí consideró que muchas personas que actualmente viven en asentamientos ya cuentan con habilidades adquiridas al construir sus propias viviendas con distintos materiales.

La instalación eléctrica podría realizarse por fuera de las placas y llevaría aproximadamente ocho horas, según sus cálculos. La instalación sanitaria, en tanto, debería quedar a cargo de personal técnico y demandaría alrededor de dos días de trabajo.

Costos y características del material

El empresario tomó como referencia el realojo del barrio Kennedy, en Maldonado, donde el costo promedio de cada vivienda se ubicó en unos 105.000 dólares. De ese monto, aproximadamente 40.000 dólares correspondieron a infraestructura, como caminos, saneamiento, energía eléctrica y espacios comunitarios, mientras que unos 65.000 dólares correspondieron a la vivienda.

La propuesta basada en SMC apunta a reducir el costo de la vivienda a unos 30.000 dólares y el de la infraestructura a otros 30.000. De esa manera, el costo total por unidad sería de aproximadamente 60.000 dólares.

Para construir 12.000 viviendas por año durante cinco años, la inversión estimada rondaría los 700 millones de dólares. Muxí señaló que ese financiamiento podría obtenerse mediante una combinación de bonos sociales y créditos de organismos multilaterales.

El empresario sostuvo que las viviendas construidas con SMC serían “permanentes” y no “soluciones provisorias”. Según explicó, el material tiene alta durabilidad, requiere poco mantenimiento, presenta resistencia térmica y acústica, no se quema y es mucho más liviano que el metal.

Una placa de un metro por un metro pesa aproximadamente 18 kilos, por lo que puede ser manipulada por una persona sin requerir maquinaria pesada. En el espacio interior de las placas se puede colocar lana de vidrio y luego realizar terminaciones con yeso, madera u otros materiales.

Muxí dijo que existen experiencias de utilización de esta tecnología en otros países. En Brasil, según indicó, ya se construyeron más de 30.000 viviendas con sistemas similares. También señaló que el SMC se utiliza en la industria automotriz, en maquinaria agrícola y en la fabricación de piezas de gran resistencia.

En cuanto al impacto ambiental, reconoció que el material tiene un origen vinculado al petróleo, pero sostuvo que su fabricación genera pocos residuos y que se trata de una obra seca, sin utilización de agua ni hormigón. También destacó que las piezas pueden producirse con mermas inferiores a las de la construcción tradicional.

Financiamiento y decisión política

Muxí estimó que el plan podría ejecutarse en cinco años, aunque sostuvo que, con una mayor inversión en equipamiento, también sería posible reducir los plazos a tres años o incluso a uno.

La propuesta, además de atender el déficit habitacional, generaría puestos de trabajo en la fabricación del material, el moldeo, el transporte y las distintas tareas de instalación. El empresario consideró que el SMC también podría producirse en Uruguay y exportarse a otros países de la región.

“Hay demanda de vivienda en todos los países de Latinoamérica”, dijo. A su entender, Uruguay podría fabricar el material localmente y luego instalar prensas y moldes en otros países para producir las viviendas en esos mercados.

Muxí contó que conversó sobre la iniciativa con autoridades, aunque reconoció que no fue “un buen vendedor” del proyecto. De todos modos, sostuvo que una propuesta de esa magnitud requiere liderazgo político y un cambio cultural.

Para el empresario, el debate no debería centrarse únicamente en una tecnología específica, sino en cómo construir las 60.000 viviendas que faltan en Uruguay en un plazo breve. “El problema que hay es que faltan 60.000 viviendas. Lo que tenemos que resolver es cómo hacemos esas viviendas en un plazo corto para resolver el problema social que implican las condiciones de vida de muchos uruguayos”, concluyó.

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Peter Thiel, uno de los empresarios más destacados de Silicon Valley y referente de la llamada “tecno derecha libertaria”, volvió a quedar en el centro de la escena en Argentina luego de que se conociera una inversión de su fondo en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo del país.

La operación se suma a otros movimientos realizados por Thiel en los últimos meses. En abril se reunió con el presidente Javier Milei y otros integrantes de su gobierno. Posteriormente compró una mansión en el barrio Parque de Buenos Aires y, según se informó, inscribió a sus hijas en colegios de esa ciudad.

Además, adquirió cinco lotes en el complejo Fasano Las Piedras, en Punta del Este, donde proyecta construir una vivienda de grandes dimensiones. En total, se estima que sus inversiones inmobiliarias y empresariales en ambas orillas del Río de la Plata rondan los US$ 100 millones, una cifra menor frente a una fortuna calculada en unos US$ 30.000 millones.

El vínculo con Javier Milei

Thiel fue uno de los fundadores de PayPal, participó tempranamente en empresas como Facebook, Tesla, Uber, Airbnb y SpaceX, y fundó Palantir, una compañía dedicada al procesamiento de datos que trabaja con gobiernos y empresas en áreas como defensa, vigilancia y salud.

También mantiene una marcada actividad política. Hace una década apoyó a Donald Trump en su primera campaña presidencial y desde entonces se convirtió en uno de sus respaldos dentro del mundo empresarial estadounidense.

El corresponsal en Buenos Aires de En Perspectiva, Fernando Gutiérrez dijo en diálogo con Emiliano Cotelo que Milei llamó la atención de Thiel por su perfil político y por su propuesta de transformación económica.

“Thiel, como a mucha gente en Estados Unidos, le llamó la atención la figura de Milei”, señaló. Según agregó, el presidente argentino quedó posicionado en Silicon Valley como “un presidente muy pro mercado, muy liberal”.

Gutiérrez recordó que Milei se presenta en foros internacionales como “el primer presidente anarco capitalista de la historia mundial” y que su imagen se hizo conocida en Estados Unidos a partir de su cercanía con figuras como Elon Musk.

Otro elemento que habría influido en el interés de Thiel es el proyecto de Milei para convertir a Argentina en un gran laboratorio de inteligencia artificial: “Argentina va a permitir una desregulación absoluta de la inteligencia artificial”, había planteado el mandatario en una columna publicada en el Financial Times.

La propuesta incluiría la posibilidad de que se registren empresas gestionadas completamente por inteligencia artificial y sin presencia humana directa. Milei sostiene que ese proceso podría representar un cambio comparable al surgimiento de las sociedades anónimas en Holanda durante el siglo XVII.

La apuesta por Vista Energy

La inversión más reciente de Thiel se concretó en Vista Energy, una compañía vinculada principalmente con la explotación de Vaca Muerta.

La empresa es liderada por Miguel Galuccio, quien fue presidente de YPF luego de la reestatización de la compañía en 2012 y tuvo un papel central en el desarrollo inicial del yacimiento.

Vista Energy es la segunda petrolera más grande de Argentina, detrás de YPF, y tiene una valorización bursátil cercana a los US$ 7.600 millones. La empresa participa, además, en proyectos destinados a ampliar la infraestructura de transporte y exportación de petróleo y gas.

Según una presentación regulatoria difundida en Estados Unidos, el fondo de Thiel, Thiel Macro LLC, tenía al cierre del segundo trimestre casi 1,2 millones de acciones de Vista Energy. La empresa se convirtió así en la segunda mayor posición declarada del fondo, solo por detrás de Amazon, y en la única compañía no estadounidense incluida en esa cartera.

Para Gutiérrez, ese dato resulta significativo más allá del monto de la inversión: “Por más que la suma que él invirtió se pueda considerar relativamente pequeña, al lado de otras inversiones que ha hecho Thiel, el hecho de que sea la única empresa que no es de Estados Unidos está dando una pauta de la importancia estratégica que los empresarios estadounidenses le asignan a Argentina, y especialmente al área energética”.

Vaca Muerta, el nuevo motor económico

Durante décadas, Argentina ocupó un lugar secundario en el mercado energético internacional. El desarrollo de Vaca Muerta modificó ese escenario, al poner en valor un yacimiento de petróleo y gas no convencional ubicado en la provincia de Neuquén.

La extracción del shale requiere técnicas más complejas, entre ellas la fractura hidráulica o fracking, un método que genera cuestionamientos ambientales por el uso de agua y sus posibles impactos.

Sin embargo, la mejora de la eficiencia permitió reducir los costos de producción. Gutiérrez señaló que, cuando comenzó la explotación, se estimaba que el petróleo no convencional solo era rentable con precios superiores a los US$ 60 por barril.

Actualmente, el nuevo presidente de YPF sostuvo que Vaca Muerta podría seguir siendo rentable incluso con un precio de US$ 40 por barril. El petróleo cotiza hoy en torno a los US$ 90, lo que alimenta las expectativas del gobierno argentino y de los inversores.

“Está claro que hay mucha confianza en lo que va a ser Vaca Muerta y el sector energético como un sector de mucho desarrollo”, dijo Gutiérrez.

El crecimiento de la producción energética podría permitirle a Argentina desplazar al agro como principal generador de dólares. Para ello, el país necesita ampliar la infraestructura de transporte y exportación, con nuevos oleoductos, gasoductos y plantas de licuefacción.

De los bits a los átomos

El interés de Thiel por Vista Energy también se conecta con su visión sobre el futuro de la economía global. El empresario ha cuestionado que Estados Unidos y Occidente hayan concentrado demasiados esfuerzos en el mundo digital —los “bits”— y hayan descuidado la infraestructura material —los “átomos”— necesaria para sostener ese desarrollo.

Su última iniciativa empresarial, General Matter, apunta al sector de la energía nuclear en Estados Unidos. El objetivo es construir una compañía que tenga en esa industria un papel similar al que General Motors tuvo en el desarrollo de la industria automotriz.

“Evidentemente está con una pata en cada mundo”, resumió Gutiérrez. Por un lado, Thiel es un referente del desarrollo de la inteligencia artificial; por otro, busca posicionarse en el sector energético, una actividad de fuerte importancia económica y geopolítica.

La expansión de la inteligencia artificial requiere grandes volúmenes de energía y disponibilidad territorial. En ese sentido, la Patagonia reúne, según el gobierno argentino, condiciones favorables para atraer inversiones tecnológicas y energéticas.

Milei llegó a afirmar que Neuquén, una ciudad de unos 300.000 habitantes y principal centro urbano de la Patagonia, podría convertirse en una gran metrópolis vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

La disputa entre Estados Unidos y China

El desembarco de capitales estadounidenses en Vaca Muerta también se produce en el marco de una disputa tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, expresó su respaldo a las inversiones de su país en el sector energético, pero advirtió que esas operaciones están vinculadas con la competencia global entre Washington y Beijing.

Lamelas cuestionó la posibilidad de que Argentina adopte el estándar tecnológico 5G promovido por la empresa china Huawei. Según su planteo, una decisión de ese tipo podría poner en riesgo el flujo de inversiones estadounidenses hacia Vaca Muerta.

La embajada china respondió con dureza y sostuvo que Huawei es una empresa independiente, además de acusar a Estados Unidos de continuar actuando con una lógica propia de la Guerra Fría.

Gutiérrez señaló que no está claro a quién estaba dirigido el mensaje del embajador: “No da la impresión de que sea Milei. No es necesario convencer a Milei, que ya está convencido”.

También planteó que la advertencia pudo estar dirigida a empresarios estadounidenses o a la oposición argentina, ante la posibilidad de un futuro cambio político en la Casa Rosada. “Es difícil imaginar una inversión de Peter Thiel que sea en abierta contradicción o en abierto desacuerdo con una línea diplomática del gobierno de Estados Unidos”, dijo Gutiérrez.

Un empresario polémico

La figura de Thiel genera rechazo en sectores políticos y sociales argentinos. Durante el debate por una ley destinada a proteger las inversiones extranjeras, la oposición peronista advirtió que la eliminación de los límites para la compra de tierras podía permitir que empresarios como Thiel o Elon Musk adquirieran grandes extensiones en la Patagonia.

El gobierno defendía la iniciativa como una forma de otorgar seguridad jurídica a los inversores, mientras que sus críticos la presentaban como una amenaza a la soberanía nacional.

Finalmente, Milei debió modificar el proyecto. La propuesta inicial eliminaba los límites a la tenencia de tierras por parte de extranjeros, pero luego se estableció un tope de 25%, frente al límite vigente de 15%. El capítulo referido a la propiedad de la tierra terminó quedando fuera del proyecto por falta de apoyo político.

“Peter Thiel tiene todas las condiciones para ser un villano perfecto en un debate y en una campaña electoral”, dijo Gutiérrez.

El corresponsal relató que un grupo de manifestantes llegó a concentrarse frente a la casa de Thiel en Buenos Aires disfrazado como Gandalf, el personaje de El Señor de los Anillos. La protesta aludía a Palantir, la empresa fundada por el empresario, cuyo nombre remite a una piedra mágica que permite observar hechos a distancia.

¿Una residencia ante un escenario global incierto?

La instalación de Thiel en la región también alimentó especulaciones sobre sus motivos personales. Además de sus inversiones, el empresario habría evaluado obtener un pasaporte argentino y comenzó a participar de actividades locales, como un torneo de ajedrez en un club del barrio porteño de Almagro.

Gutiérrez señaló que en Argentina circulan teorías según las cuales algunos empresarios tecnológicos estarían buscando instalarse en la Patagonia como eventual refugio ante un agravamiento de las tensiones internacionales: “Se habla mucho de ese tema, pero bueno, ya entro un poco más en el terreno de la fantasía y de la conspiración política”.

Por ahora, la apuesta más concreta de Thiel en Argentina está vinculada con la energía. Su inversión en Vista Energy lo ubica dentro del grupo de capitales internacionales que buscan aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta y el proyecto de convertir a Argentina en un proveedor relevante de petróleo y gas para Estados Unidos y otros mercados.

“El país le gustó y debe estar analizando la posibilidad de tener una semiresidencia”, concluyó Gutiérrez.

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El conflicto entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) continúa bajo la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El diferendo incluye reclamos salariales y la reivindicación de una reducción de la jornada laboral, luego del acuerdo alcanzado por el sindicato de la construcción.

Según datos difundidos esta semana, en lo que va del año el puerto de Montevideo acumuló 33 días de interrupciones totales o parciales. La Unión de Exportadores y la Confederación de Cámaras Empresariales advirtieron sobre el impacto de las medidas en el transporte, la logística, las importaciones, las exportaciones y los transbordos.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, dijo que el conflicto tiene características particulares debido al peso de TCP en la actividad portuaria. La terminal tiene una posición monopólica en el movimiento de contenedores, por lo que una medida de huelga genera un impacto diferente al de un conflicto en una empresa que opera en un sector con mayor competencia.

“Un conflicto puntual en una empresa tiene una dimensión un poco desmesurada por la importancia misma que tiene la empresa en la vida económica”, dijo.

Barretto aclaró que no participa directamente de las negociaciones, aunque realiza un seguimiento por su responsabilidad en el Ministerio. De todos modos, afirmó que la reunión desarrollada el día anterior había sido “positiva” y que se habían registrado avances: “Tengo la expectativa y la esperanza de que en los próximos días podamos redondear de mejor manera un acuerdo que permita salir del conflicto”.

El impacto sobre las exportaciones

El subsecretario también se refirió a las advertencias empresariales sobre el perjuicio que las medidas pueden generar en sectores como el agrícola, donde una demora puede afectar la calidad de la mercadería, aumentar los costos o hacer perder una ventana comercial.

Barretto reconoció que las huelgas generan dificultades, porque precisamente buscan llamar la atención, presionar y dar mayor efectividad a los reclamos. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se hayan presentado datos concretos sobre las pérdidas provocadas por el conflicto.

“No hay ningún dato empírico que nos diga cuánto se ha perdido. Tampoco me consta que se haya perdido enteramente un embarque”,dijo.

A su entender, las advertencias sobre las consecuencias para las exportaciones constituyen una enumeración general de los efectos que podría tener un conflicto de estas dimensiones, pero no están respaldadas —al menos hasta el momento— por ejemplos concretos.

Respecto a la afirmación del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, quien sostuvo que el puerto de Montevideo podía transformarse en un “puerto sucio” para las navieras, Barretto dijo no le consta que "las compañías navieras hayan planteado esa inquietud en el Ministerio de Trabajo".

Servicios mínimos y guardias gremiales

Barretto sostuvo que la medida aplicada por los trabajadores corresponde a la forma tradicional de huelga: la paralización de actividades y el retiro de los trabajadores del lugar de trabajo.

En ese marco, señaló que es posible acordar servicios mínimos o guardias gremiales, siempre que exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Esa posibilidad está prevista tanto en los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo como en convenios colectivos y resoluciones de los Consejos de Salarios.

El subsecretario recordó que el convenio colectivo reciente de la construcción incluye mecanismos de prevención de conflictos. A su entender, las partes pueden acordar cláusulas de paz y procedimientos previos a la declaración de una huelga.

“Quizás durante la realización del conflicto no sea posible pactar servicios mínimos o guardias gremiales, pero nada impide que en este conflicto o en cualquier otro momento de paz laboral las partes puedan acordar” esos mecanismos, dijo. 

En cuanto al papel del Ministerio, explicó que si existe un acuerdo previo, una cláusula de paz o un mecanismo de prevención, la cartera puede reclamar a las partes que cumplan con lo pactado. Si no existe una previsión de ese tipo, en cambio, el Ministerio puede poner los servicios mínimos a consideración de los negociadores, pero no imponerlos: “El Ministerio de Trabajo no puede obligar desde el punto de vista coactivo o jurídico. No tiene potestades para eso”.

Según Barretto, las partes pueden recurrir a la Justicia si no se cumple un acuerdo previamente establecido. La acción coactiva para exigir su cumplimiento, agregó, queda en manos del Poder Judicial.

Servicios esenciales y derecho de huelga

Consultado sobre la posibilidad de declarar servicios esenciales en el puerto, Barretto explicó que el concepto tiene un alcance específico en la legislación y en los criterios del Comité de Libertad Sindical.

“Cuando hablamos de servicios esenciales en sentido estricto, entendemos que son aquellos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”, señaló.

El subsecretario diferenció esa categoría de los servicios mínimos. Mientras los primeros pueden ser establecidos por una resolución del Ministerio de Trabajo en determinadas circunstancias, los servicios mínimos requieren un acuerdo entre las partes y no implican la suspensión general del derecho de huelga.

En el caso del puerto de Montevideo, Barretto dijo que no considera aplicable, por ahora, la declaración de servicios esenciales: “No veo en el horizonte que podamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”.

Además cuestionó lo que definió como una “discusión un poco desmesurada” sobre la aplicación de esa herramienta. Dijo que no le consta que se haya perdido mercadería como consecuencia de las medidas y sostuvo que, mientras la negociación continúe abierta y existan perspectivas de acuerdo, no corresponde hablar de servicios esenciales.

“Al día de hoy, con una negociación en curso y con perspectivas interesantes de solución, no podríamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”, insistió.

Una actividad podría transformarse en esencial

Barretto explicó que una actividad que inicialmente no es considerada esencial podría adquirir esa condición si la prolongación de un conflicto genera consecuencias graves.

Como ejemplo, mencionó el servicio de recolección de residuos: un día de interrupción no configura, en principio, un servicio esencial, pero una paralización de 15 días podría transformar la situación y poner en riesgo la salud de la población.

En ese sentido, reconoció que la extensión de un conflicto puede llevar a revisar sus efectos, aunque remarcó que el análisis debe realizarse de acuerdo con los criterios establecidos por la OIT.

El subsecretario también aclaró que los servicios esenciales no se establecen mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, habilitada por la Ley 13.720.

Admitió que existe una discusión jurídica de larga data sobre la posibilidad de que una resolución ministerial limite un derecho fundamental como el derecho de huelga, pero sostuvo que actualmente se reconoce la competencia del Ministerio para resolver en esa materia.

De todos modos, Barretto concluyó que la declaración de servicios esenciales no resulta viable por ahora en el conflicto portuario. “Si se llega a la conclusión de que son servicios esenciales, hay que aplicarlos. Lo que ocurre es que no estamos en el momento de que se haya llegado a esa conclusión respecto de una paralización en el puerto”, concluyó.

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El domingo 16 de agosto, bajo lluvia y al final de una larga cabalgata, propia de la liturgia blanca, quedó reinaugurado en Cerro Largo el Museo Estancia El Cordobés, donde fuera la casa de Aparicio Saravia, su esposa Cándida y sus seis hijos.

A 170 años del nacimiento del caudillo nacionalista, y después de varios años de deterioro y abandono, las construcciones lucen restauradas y albergan una nueva propuesta museística referida a la vida, la familia y las luchas de Saravia. 

El predio conserva el casco, galpones y la manguera de piedra para el manejo de animales. También incluye la capilla que ordenó construir Cándida en homenaje a su esposo luego de su muerte tras la batalla de Masoller, en 1904.

¿Cómo fue el desafío de recuperar y ordenar y poner en valor los muebles, carruajes, prendas, armas, blasones, ponchos y cuadros de la familia que fue protagonista de varias de las revoluciones de fines del siglo XIX? ¿Qué otros elementos se sumaron y por qué? ¿Con qué criterio rediseñaron los espacios? ¿Cuál es la idea que guía el recorrido ahora para quienes vayan a visitar el lugar?

Emiliano Cotelo entrevistó a Ana Ribeiro, historiadora, investigadora, integrante de La Tertulia de los Viernes, a quien las autoridades del Partido Nacional le encargaron la curaduría y el guion del nuevo museo.

Contenido audiovisual complementario

El Cordobés volvió a abrir sus puertas

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Uruguay busca ampliar el uso del riego como una herramienta de desarrollo productivo y no solamente como una respuesta frente a las sequías. Así lo explicó el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y actual coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego.

La estrategia oficial apunta a promover inversiones privadas en infraestructura hidráulica, facilitar la construcción de obras que abastezcan a varios establecimientos y mejorar las condiciones de acceso a la energía, el financiamiento y los permisos necesarios.

“Uruguay podría duplicar su producción de soja o triplicar la producción de maíz agregando un elemento clave a la cadena productiva: el riego”, dijo Aguerre en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva. Para el ingeniero agrónomo, el desafío consiste en generar las condiciones para que ese potencial pueda desarrollarse sin depender exclusivamente de la inversión pública.

De las obras individuales a los proyectos multiprediales

En Uruguay, buena parte de las obras de riego se desarrollaron de forma individual, especialmente en el sector arrocero. Aguerre recordó que durante la década de 1990 existió un programa que subsidió el 50% del costo de determinadas obras y permitió ampliar la superficie regada.

Sin embargo, la estrategia actual pretende avanzar también hacia proyectos multiprediales, capaces de abastecer a varios productores desde una misma fuente de agua.

“Lo que estamos tratando de promover diferencialmente es, primero, levantar las restricciones y mejorar los estímulos al riego en general, incluido el individual. Pero, en segundo lugar, tratar de generar algunos mecanismos que permitan o faciliten la ejecución de obras de carácter multipredial”, explicó.

Este tipo de proyectos puede mejorar la eficiencia en el uso del agua, el suelo y la energía. También permitiría que productores que no cuentan con la escala suficiente para construir una represa propia puedan acceder al riego. “Socialmente le va a permitir acceder al riego a todos aquellos que no tienen escala o posibilidad de hacerse su propia fuente de agua”, señaló Aguerre.

Uno de los principales obstáculos, sin embargo, es la coordinación entre los distintos propietarios y usuarios. Las obras requieren acuerdos de largo plazo, inversiones importantes y mecanismos claros para distribuir los costos y beneficios. “Es muy difícil poner de acuerdo a la gente para una inversión millonaria que requiere 20 años de amortización”, reconoció el exministro.

A su entender, la falta de una cultura asociativa puede explicar parte de las dificultades para concretar grandes obras hidráulicas, aunque no sería el único factor. También inciden los costos, el financiamiento, la energía eléctrica y los tiempos de autorización.

Incentivos para atraer inversión privada

La comisión interministerial trabaja en una serie de instrumentos para estimular la participación privada. Entre ellos se analizan beneficios fiscales, reservas de agua para determinados proyectos y mecanismos de promoción desde la Corporación Nacional para el Desarrollo.

La lógica es que el Estado facilite las condiciones, pero que las obras se concreten a partir de proyectos económicamente viables y con demanda identificada. “Estamos promoviendo inversión privada con una potente promoción pública”, dijo Aguerre.

El coordinador de la comisión remarcó que cada proyecto debe resultar razonable tanto para quien realiza la inversión como para el productor que luego contratará el servicio de riego.

“Hay alguien que quiere invertir en una obra de agua y, como todo inversor, lo va a hacer en búsqueda de una determinada tasa interna de retorno. Y en el otro extremo están los demandantes de riego, que van a comprar o no comprar el servicio dependiendo de cuánto cueste el agua”, explicó.

Entre las medidas previstas también se encuentra la posibilidad de otorgar una reserva de agua por dos años a proyectos multiprediales impulsados a través de la CND. Ese plazo permitiría completar los estudios necesarios antes de presentar la solicitud definitiva.

Energía y una ventanilla única

Otro de los puntos centrales de la estrategia es el acceso a la energía eléctrica en las zonas rurales. Las redes existentes fueron diseñadas originalmente para consumos mucho menores y, en algunos casos, no tienen capacidad suficiente para abastecer los motores utilizados en los sistemas de riego. “Cuando en esas redes aparece una demanda de 150 kW para un motor de riego, esas redes no son suficientes y hay que hacer inversiones”, explicó Aguerre.

La planificación conjunta de varios proyectos podría permitir un diseño más eficiente de las redes eléctricas y evitar que las obras de ampliación se realicen varias veces sobre una misma zona.

En ese marco, la comisión también plantea crear una ventanilla única que permita coordinar desde el inicio la intervención de los organismos involucrados, entre ellos los ministerios de Ganadería y Ambiente, UTE y la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. “El tiempo no se puede comprar. Usted puede comprar máquinas, puede comprar combustible, puede comprar electricidad, pero el tiempo no lo puede comprar”, expresó Aguerre.

A su entender, reducir los tiempos de tramitación es fundamental para una política de promoción de inversiones, ya que las demoras pueden desestimular proyectos antes de que lleguen a concretarse.

Una política que trascienda los gobiernos

Aguerre sostuvo que el desarrollo del riego necesita continuidad y acuerdos políticos amplios, porque las obras demandan años de planificación, ejecución y amortización: “Una línea de trabajo que requiere años para vencer la costumbre, para amortizar las inversiones y para demostrar que es viable, requiere trascender a varios gobiernos”.

La comisión trabaja inicialmente con cuatro proyectos piloto ubicados en distintos puntos del país: el arroyo del Águila, en Soriano; el río San Salvador, en Dolores; el paraje Palo a Pique, en Treinta y Tres; y dos predios del Instituto Nacional de Colonización, uno en Flores y otro en Florida. La intención es probar diferentes modelos en ambientes y escalas productivas diversas antes de extender los instrumentos a otros proyectos.

Producción y ambiente

El aumento del riego también plantea una discusión ambiental. Los proyectos deberán atravesar las evaluaciones correspondientes y considerar los posibles impactos sobre los cursos de agua, los suelos y las áreas que puedan quedar bajo agua.

Para Aguerre, la discusión no debe plantearse como una oposición entre producción y ambiente: “Se trata de armonizar el potencial conflicto que se genera entre la necesidad de construir reservas hidráulicas que garanticen el crecimiento y el desarrollo socioeconómico versus los impactos medioambientales que pueda generar”.

En ese sentido, advirtió sobre dos posiciones extremas: una mirada productivista que considere que cualquier impacto está justificado y otra que rechace todos los proyectos preventivamente. “No hay que caer en la visión productivista de que todo fin justifica los medios, ni caer, por otro lado, en un exceso del principio precautorio que diga: ‘Por las dudas, me opongo a todo’”, dijo.

La apuesta del gobierno es que el riego se transforme en una herramienta de planificación productiva para todo el país. “El agua es un recurso natural que Uruguay puede, de una manera sostenible, transformar en una herramienta de desarrollo”, concluyó Aguerre.

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El oficialismo contará con los votos de Cabildo Abierto para aprobar en general la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. El acuerdo permitirá que el proyecto avance a la discusión artículo por artículo, aunque el Frente Amplio no tiene asegurada la aprobación de todo el articulado.

El diputado Sebastián Valdomir, del Movimiento de Participación Popular, dijo en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva que la noticia fue recibida “de una manera muy positiva” por la bancada oficialista. Según explicó, el proyecto contiene más de 360 artículos y aborda asuntos vinculados con la infancia, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la ley de medios.

“Nosotros entendíamos que era un buen proyecto”, sostuvo Valdomir, quien agregó que, con el respaldo de Cabildo, se podrá pasar a “enriquecer con el aporte de todos los partidos la discusión del articulado”.

¿Un plan B?

Valdomir rechazó que la negociación haya sido un “acting” y señaló que el entendimiento se concretó después de que Guido Manini Ríos presentara por escrito una serie de propuestas al gobierno.

“Yo no sé si es un acting o no”, dijo. De todos modos, cuestionó la idea de que los votos de Cabildo Abierto estuvieran siendo utilizados únicamente para “salvar al gobierno” y recordó que ese partido también había sido decisivo durante la administración de Luis Lacalle Pou para aprobar la Ley de Urgente Consideración y la reforma jubilatoria.

El diputado admitió que el oficialismo no tuvo asegurados los votos hasta los últimos días. “Algunas cosas todavía no estaban tan seguras y no estaban tan claros esos votos. Hoy los tenemos”, señaló.

En ese contexto, recordó que el Frente Amplio llegó a evaluar un escenario alternativo si la Rendición de Cuentas no era aprobada en general. “Si esto no sale, vamos a tener que apelar al Plan B”, dijo.

Derechos humanos y Domingo Arena

Valdomir señaló que el acuerdo genera “escepticismo y dudas” dentro del Frente Amplio, pero destacó que Cabildo Abierto no puso como condición ningún planteo relacionado con la agenda de derechos humanos o con los presos de Domingo Arena.

“El tema de derechos humanos y Domingo Arena es innegociable para el Frente Amplio”, dijo. En ese sentido, valoró que Cabildo Abierto “sabiamente ni siquiera se lo colocó” como condición de la negociación.

Para el diputado, este aspecto es central a la hora de explicar el entendimiento dentro de su propia fuerza política. “Ahora para nosotros nos toca explicar, hacer pedagogía”, sostuvo, en referencia a las dudas que el acuerdo puede generar entre dirigentes, militantes y votantes frenteamplistas.

Valdomir advirtió que muchos frenteamplistas daban por descontado que la Rendición de Cuentas sería aprobada, pero recordó que el gobierno no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados. “Las tenemos muy complicadas en la Cámara de Diputados”, dijo, y explicó que algunos artículos podrían no reunir los 50 votos necesarios.

Deudores y organismos públicos

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el proyecto de protección para deudores de bajos recursos, que se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Valdomir explicó que Cabildo Abierto consideraba que la iniciativa estaba bien encaminada, pero que “hay que incluir también las deudas con organismos públicos”. Allí mencionó posibles adeudos con la DGI, el BPS, las intendencias y empresas públicas.

El compromiso es que el proyecto sea tratado en un plazo de 180 días. “Es un compromiso que me parece que es saludable”, dijo Valdomir, quien recordó que Cabildo Abierto había juntado firmas para impulsar una solución al endeudamiento de hogares y pequeñas empresas.

Según explicó, el objetivo es que la propuesta se transforme en “un instrumento real y válido para las familias que tienen problemas de endeudamiento crónico”.

Transferencias para la infancia

Cabildo Abierto había planteado aumentar en un 50% la asignación única para niños y adolescentes prevista en la Rendición de Cuentas. Valdomir dijo que el incremento implicaba unos 15 millones de dólares adicionales y sostuvo que “eso es mucho dinero” en el actual escenario presupuestal.

El gobierno no aceptó el aumento, pero sí acordó modificar los mecanismos de seguimiento de las familias beneficiarias. El diputado dijo que se busca reforzar los controles médicos, nutricionales y educativos.

También se modificará la sanción prevista ante incumplimientos. En lugar del 20% establecido originalmente, pasará al 40%. “El concepto está bien direccionado”, sostuvo Valdomir, quien aclaró que “no se condiciona el 100%, solamente el 40%”.

El legislador explicó que el seguimiento debe concentrarse especialmente en los niños de cero a tres años. “Estas familias tienen que hacer de alguna manera el seguimiento, sobre todo médico, para chiquilines que son de cero a tres años”, dijo.

El uso de la Tarjeta Uruguay Social

Cabildo Abierto también había planteado que el pago se realizara exclusivamente a través de la Tarjeta Uruguay Social. Valdomir dijo que “eso es un problema para nosotros”, porque el mecanismo podría limitar la libertad de uso de los recursos por parte de las familias.

El diputado mencionó el caso de hogares que necesitan utilizar el dinero para pagar un arreglo, una pensión o realizar compras en ciudades fronterizas. “No se puede comprar del otro lado de la frontera”, señaló al referirse a las limitaciones que podría generar la tarjeta.

Por ese motivo, el oficialismo analiza otras vías de pago, como las cuentas bancarias o las redes de cobranza. “Lo que se tiene que efectivizar es que este dinero, estos recursos lleguen a la familia para usarlo”, sostuvo Valdomir.

Funcionarios, cárceles y vivienda

Cabildo Abierto había propuesto reducir el número de funcionarios públicos a razón de 1% anual hasta alcanzar una disminución total del 10%. Valdomir dijo que el objetivo quedó más abierto y que el compromiso consiste en revisar gastos, vacantes y partidas de funcionamiento.

“Vamos a seguir monitoreando esto”, afirmó, y explicó que el gobierno continuará analizando el Estado “inciso por inciso y repartición por repartición”.

En materia carcelaria, el acuerdo contempla destinar 20 millones de pesos anuales al Instituto Nacional de Rehabilitación para talleres de oficios, infraestructura de trabajo y el pago del denominado peculio.

“Con 16 mil, casi 17 mil personas privadas de libertad, que todos trabajen es un compromiso sin duda importante, pero difícil de concretar presupuestalmente”, dijo Valdomir. De todos modos, destacó que se busca generar “la posibilidad de que todo aquel que quiera trabajar pueda hacerlo”.

También se acordó acelerar los procesos de escrituración y construcción de cooperativas de vivienda. “Esto es muy importante”, sostuvo el diputado, quien explicó que parte de los recursos podría surgir de fondos recuperados por la Agencia Nacional de Vivienda.

En materia de defensa, el gobierno aceptó exceptuar al Ministerio de Defensa de determinados recortes en gastos de funcionamiento. Valdomir señaló que “es una línea de trabajo que también no es nueva para Cabildo” y que permitirá preservar recursos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Cannabis y financiamiento

Cabildo Abierto reclamó una campaña de bien público para advertir sobre los riesgos del consumo de cannabis. Valdomir explicó que el acuerdo apunta a reforzar la tarea de la Junta Nacional de Drogas entre adolescentes, jóvenes y embarazadas.

“Lo que Cabildo colocó muy arriba de la mesa es que, como existe una ley en Uruguay de regulación del mercado de cannabis, haya un fuerte foco en ello”, dijo.

El partido también había planteado mecanismos de financiamiento para aumentar las transferencias destinadas a la infancia, como una sobretasa a la actividad bancaria, una revisión del gasto tributario y la regulación del juego online.

Valdomir sostuvo que “hay como tres paquetes muy pesados” y que, en particular, la creación de una sobretasa al sistema financiero era “difícil de procesar positivamente” dentro de esta Rendición de Cuentas.

Sobre el gasto tributario, el diputado dijo que se trata de una agenda para discutir más adelante. “Yo creo que hay que ver si lo que se exonera de hecho termina beneficiando la actividad económica”, sostuvo.

No todos los artículos tendrán los votos

Valdomir aclaró que el respaldo de Cabildo Abierto a la Rendición de Cuentas en general no significa que el partido vaya a acompañar todos los artículos.

“Algunos no”, respondió cuando se le preguntó si todo el proyecto sería aprobado. Luego agregó: “Por supuesto que no, no lo van a hacer”.

El legislador estimó que algunos bloques podrían reunir solamente 48 votos y quedarían sin aprobar. Entre ellos mencionó las modificaciones a la Ley de Medios, que, según su pronóstico, no contarían con apoyo suficiente.

“Se le va a dar un entierro de lujo”, dijo Valdomir sobre esa parte del proyecto, al señalar que probablemente sea desglosada y no prospere si solo cuenta con los votos del Frente Amplio.

De esta forma, el acuerdo con Cabildo Abierto permitirá al gobierno superar la votación general, pero no resolverá todas las dificultades del trámite parlamentario. El Frente Amplio deberá negociar artículo por artículo y, al mismo tiempo, explicar dentro de su propia fuerza política por qué decidió alcanzar un entendimiento con Cabildo y cuáles fueron los límites de esa negociación.

La entrada Acuerdo por Rendición de Cuentas: "Sabiamente", Cabildo Abierto no puso condiciones "sobre derechos humanos" o "los presos de Domingo Arena", dijo Sebastián Valdomir (MPP, FA) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En el Auditorio del Sodre se prepara un gran acontecimiento cultural.

La semana próxima conoceremos una versión única y muy uruguaya de una de los títulos más destacados del bel canto italiano: L’elisir d´amore, de Donizetti.

Seguramente todos, seamos aficionados a la ópera o no, hemos escuchado alguna vez "Una furtiva lágrima", esa aria tan emotiva. Quien la canta es Nemorino, cuando piensa que Adina, de quien está enamorado, también tiene sentimientos hacia él. Para asegurar ese amor, este joven le compró al doctor Dulcamara una poción, un elixir del amor, que es el elemento central del espectáculo.

En la puesta en escena que se estrena el viernes 21 de agosto, este clásico, que Gaetano Donizetti compuso en 1832, se traslada a nuestra campaña en la Banda Oriental de comienzos del siglo XIX: Nemorino es un gaucho, Adina la propietaria de una estancia y la ambientación se basa en la estética de las pinturas de Juan Manuel Blanes.

Esta producción uruguaya, realizada en conjunto por el Sodre y Pro-Opera, cuenta con dos elencos, uno nacional y otro extranjero, la dirección escénica y el vestuario de la irlandesa Vivien Hewitt, la batuta del español Miquel Ortega, la Orquesta Juvenil del Sodre, que debuta en este rubro, y el Coro Nacional.

¿Cómo surgió la idea de esta adaptación? ¿Qué dicen los artistas que lo están preparando? ¿Qué esperan de una producción como esta? 

Emiliano Cotelo conversó con la soprano española Marga Cloquell y el tenor argentino Francisco Gatell, los dos protagonistas, y el maestro catalán Miquel Ortega, que es el director musical.

Además, se sumó a la mesa "nuestro melómano de cabecera", Fernando Medina, director del programa Oír Con Los Ojos, acá, en Radiomundo.

La entrada Vuelve la ópera al Sodre: “L’elisir d’amore”, de Donizetti, ambientada en la Banda Oriental de los tiempos de Artigas se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El periodista y analista político Daniel Supervielle interpretó el discurso que Luis Lacalle Pou pronunció el domingo pasado en la Plaza Matriz como una "señal de re posicionamiento del Partido Nacional" y de "preparación del escenario político" rumbo a 2029.

Supervielle, que integró los comandos de campaña de Lacalle Pou en 2014 y 2019, sostuvo que el exmandatario definió una nueva frontera ideológica para el partido, a partir de una concepción de la libertad que combina la defensa de la iniciativa individual con un papel activo del Estado.

“Con su reivindicación no ortodoxa de la libertad, Lacalle Pou definió un nuevo posicionamiento estratégico”, planteó Supervielle, al analizar su discurso en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva.

Durante el acto, Lacalle Pou también defendió una forma de hacer política basada en el respeto y en la búsqueda de acuerdos. “Firme con las ideas, suave con las personas”, fue una de las frases que destacó el analista.

Para Supervielle, ese planteo se vincula con una constante en la trayectoria política del exmandatario. “La buena política hace mejores sociedades, hace mejores individuos”, dijo, y agregó que Lacalle Pou ha evitado, desde el inicio de su carrera, los insultos y los agravios personales.

Una nueva frontera para el Partido Nacional

Supervielle señaló que el liderazgo de Lacalle Pou no se explica únicamente por su formación académica o por las corrientes históricas del Partido Nacional.

“Lacalle Pou no viene de los libros; viene de la escucha de la gente y de la acción, y de una tradición familiar donde se debe haber hablado mucho en los desayunos, en los almuerzos y en las giras sobre política”, dijo.

A su entender, el exmandatario logró fusionar distintas tradiciones del partido, entre ellas el herrerismo, el wilsonismo y sectores independientes. Por eso, consideró que no se trata simplemente de un desplazamiento hacia el wilsonismo o la socialdemocracia, sino de una ampliación de los límites tradicionales del partido.

“Ahora está mucho más fusionado y más complejo”, dijo Supervielle, quien sostuvo que esa síntesis “amplía mucho el espectro del Partido Nacional para que quepa mucha más gente”.

El analista consideró que el discurso de Lacalle Pou fue recibido favorablemente por la dirigencia nacionalista y que esa reacción constituye una señal de aceptación de la nueva orientación. De todos modos, aclaró que se trata de su propia lectura y que no puede afirmar cuáles fueron las motivaciones exactas del exmandatario.

Distancia de Milei y Trump

Otro de los aspectos destacados por Supervielle fue la distancia que Lacalle Pou marcó con los liderazgos de Javier Milei y Donald Trump, tanto en el plano ideológico como en las formas de hacer política.

“Es una cosa mucho más auténtica uruguaya y con vida propia que querer asimilarlo a lo que es Milei”, dijo. Según su interpretación, Lacalle Pou no se ubica en una posición de ultraliberalismo y tampoco comparte una política basada en la confrontación permanente.

El analista recordó que, para Lacalle Pou, el Estado no es necesariamente un obstáculo, sino que puede funcionar como “un trampolín para ayudarte a no caerte del sistema y permitirte correr la carrera de la libertad”.

En ese sentido, sostuvo que la defensa de la libertad individual no implica promover un Estado ausente, sino impulsar transformaciones que permitan mejorar su funcionamiento y reducir sus trabas.

El escenario hacia 2029

Supervielle consideró que este posicionamiento puede ayudar a Lacalle Pou a ampliar su llegada electoral en una eventual candidatura presidencial. “El discurso del otro día le habla al 70% o 75% de los uruguayos”, dijo.

Según el analista, la nueva frontera planteada por el exmandatario puede resultar atractiva para ciudadanos que no se identifican plenamente como blancos, colorados o frenteamplistas. También puede facilitar una futura articulación entre los partidos de la oposición, en un momento en que se discuten distintas alternativas para la coalición republicana.

Sin embargo, aclaró que Lacalle Pou no parece dispuesto a adelantar definiciones. “Va a volver a ese silencio presente, pero silencio al fin”, sostuvo, y señaló que el exmandatario continuará observando el escenario y escuchando a los distintos sectores antes de tomar una decisión.

Sobre la posibilidad de una coalición con lema único, Supervielle afirmó que no debería ser una decisión impuesta por las dirigencias. “No se puede imponer”, dijo, y sostuvo que una alternativa de ese tipo debería surgir desde las bases y del reclamo de los sectores políticos y sociales que integran la coalición.

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Columna de Daniel Supervielle en Ceres: https://ceres.uy/index.php/contenidos/show/402

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Un ómnibus de UCOT que circulaba por Montevideo fue obligado a desviarse de su recorrido durante la mañana del domingo 9, cuando alrededor de 50 hinchas del Club Atlético Cerro subieron al vehículo y ordenaron al chofer dirigirse hacia el Intercambiador Belloni. Según el relato del conductor, uno de los hombres le apuntó con un arma y durante el trayecto también fue amenazado desde dos motos que circulaban delante del coche.

El vehículo trasladaba pasajeros ajenos a la hinchada, que fueron descendiendo en distintas paradas. Al llegar al intercambiador, los ocupantes bajaron y, según el testimonio del chofer, vandalizaron parte del lugar. El trabajador quedó en estado de shock y debió iniciar un período de reposo.

“Por suerte está bien, está con un poco de shock traumático por lo que pasó”, dijo a En Perspectiva Matías Costa, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT). El sindicalista señaló que lo ocurrido con ese trabajador se suma a otras situaciones de violencia que se repiten durante los fines de semana.

“Esto pasó una raya más, porque lo hicieron a punta de arma, lo amenazaron y no le dejaron seguir con la línea. Pero cuando hay partidos de fútbol es algo que viven a diario los compañeros”, dijo Costa.

La respuesta de la Policía

Una de las principales preocupaciones planteadas por ASCOT durante la reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, fue la falta de intervención policial. El ómnibus recorrió durante unos 40 minutos distintos puntos de Montevideo mientras se realizaban comunicaciones al 911.

Costa explicó que el Ministerio realiza una investigación interna y una auditoría del centro de llamadas para determinar por qué no se activó una respuesta. Según relató, el encargado de la empresa informó por dónde circulaba el vehículo y el chofer llegó a comunicarse con el servicio de emergencias, aunque tenía dificultades para hablar debido al ruido dentro del ómnibus.

“Si las empresas se están comunicando, si llaman al chofer y el chofer les dice que no puede hablar, nos imaginamos que algo está pasando, que no es casualidad”, dijo.

El dirigente sostuvo que la situación genera una preocupación especial entre los trabajadores del transporte. “Si nosotros, que estamos todo el día en la calle, precisamos el 911 y no podemos tener respuesta, me parece que no tendríamos garantía”, señaló.

El sindicato definió el episodio como un secuestro, mientras que desde el Ministerio del Interior se habló de una privación de libertad. Costa explicó que el ministro planteó que se trata de una diferencia técnica y que la privación de libertad puede tener una pena mayor.

Sin embargo, para ASCOT la descripción del hecho no cambia: “Que suban a punta de armas y te hagan ir a un lugar de forma expresa contra tu voluntad, para nosotros sigue siendo un secuestro, más allá de que después para la Justicia pueda ser otra cosa”, dijo.

Violencia habitual durante los partidos

Costa advirtió que el episodio no debe analizarse como un hecho aislado ni como un problema exclusivo de Cerro. Según explicó, durante los partidos de fútbol grupos de hinchas suelen subir a los ómnibus, ocuparlos y generar situaciones de tensión para trabajadores y pasajeros.

“Se adueñan de las unidades, van arriba del ómnibus saltando, cantando, golpeando, tomando alcohol y fumando porro”, describió.

El dirigente señaló que esta situación afecta a hinchas de distintos clubes y que incluso los propios equipos han realizado llamados públicos para que se cuiden las unidades de transporte.

“No está bien decir que es solo Cerro. Es una realidad del fútbol uruguayo”, dijo. “No es una realidad ajena de un cuadro puntual, sino del fútbol en sí o de la sociedad en sí”.

Piquetes policiales y botón antipánico

Durante la reunión con Negro, ASCOT planteó la necesidad de recuperar el esquema de piquetes policiales que funcionaba durante los fines de semana con partidos considerados de riesgo. Según Costa, anteriormente se instalaban 21 puntos de control en distintos lugares de Montevideo, lo que permitía que los conductores tuvieran una referencia cercana a la que recurrir ante una emergencia.

El ministro explicó que en la actualidad no cuentan con personal suficiente para desplegar ese operativo, aunque señaló que en los próximos meses ingresarán nuevos funcionarios.

Como alternativa, el Ministerio prevé utilizar drones de varias comisarías para monitorear las zonas donde se desarrollen partidos. Además, se comprometió a realizar gestiones para que el botón antipánico instalado en los ómnibus quede operativo.

“El botón ya está. El problema es que la Intendencia está teniendo un problema con el software y eso hace que no esté operativo arriba de las unidades”, explicó Costa.

El dispositivo permite que, ante una situación de emergencia, el trabajador se comunique en tiempo real con el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y la empresa. Sin embargo, todavía no funciona debido al recambio de las máquinas de boletos y a problemas de implementación del sistema.

Emiliano Cotelo conversó con Matías Costa, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT). 

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El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande atraviesa un proceso de renovación que se extenderá durante 25 años y demandará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. El objetivo es garantizar por 40 años más la operativa de esta infraestructura binacional, que genera cerca de un tercio de la energía eléctrica que consume Uruguay y cumple un papel clave en la regulación del río Uruguay.

En entrevista con En Perspectiva, el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, explicó las distintas finalidades del complejo y repasó las etapas de la renovación: “Es una función energética y también tiene un tema de gestión de crecidas”

Salto Grande fue concebido hace 80 años, a partir del tratado firmado entre Uruguay y Argentina, y la represa lleva más de cuatro décadas en funcionamiento. Además de generar energía, el complejo permite la interconexión eléctrica entre ambos países, cuenta con un sistema de transmisión de extra alta tensión, es un puente binacional y tiene responsabilidades sociales y ambientales en la región.

Casaravilla recordó que la construcción de la represa implicó el desplazamiento de poblaciones, entre ellas Belén y Constitución, en Uruguay, y Federación, en Argentina. Por ese motivo, sostuvo que cualquier emprendimiento energético debe encontrar un equilibrio con las comunidades afectadas.

En ese marco, Salto Grande definió una estrategia de responsabilidad social y ambiental con cinco áreas de trabajo: desarrollo socioambiental, salud, desarrollo productivo, educación, cultura y deporte, además del fomento comunitario.

El complejo tiene un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de dólares para la delegación uruguaya y destina alrededor de dos millones de dólares a responsabilidad social y ambiental. Para Casaravilla, la diferencia con otras políticas empresariales está en la planificación y en la coordinación con organismos públicos. “¿Repartiendo gorros y camisetas? No, esa no es la forma que concebimos la responsabilidad social”, dijo.

La delegación trabaja mediante convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional del Deporte, entre otros organismos.

La regulación de las crecidas

En el río Uruguay hay cinco represas importantes: cuatro están en Brasil y una es Salto Grande. Según Casaravilla, la represa binacional es la única que cuenta con capacidad para gestionar las crecidas, mientras que las otras funcionan como represas de paso de agua.

La operación consiste en generar espacio en el embalse antes de que llegue una crecida, para poder retener parte del caudal y regular el agua que se libera aguas abajo. En la crecida de 2015, por ejemplo, llegaron a la represa unos 34.000 metros cúbicos de agua por segundo y nunca se dejaron pasar más de 31.500. Esa diferencia, dijo Casaravilla, probablemente permitió que hubiera unas 4.000 personas menos desplazadas.

El nivel del río comienza a generar desplazamientos de personas a partir de los 12 metros. En 2015, el río llegó a 16,50 metros en Salto, mientras que en la gran crecida de 1959 alcanzó los 18 metros y provocó el desplazamiento de unas 10.000 personas.

Las decisiones se toman a partir de modelos hidrológicos y de información que se actualiza en tiempo real. La aplicación de Salto Grande permite consultar el nivel del lago, las previsiones meteorológicas e hidrológicas y la generación de cada turbina.

Para Casaravilla, esa previsibilidad es fundamental porque permite coordinar las acciones con los gobiernos departamentales y los organismos de emergencia. “La previsibilidad de las inundaciones es importante para que se pueda gestionar”, dijo. “La hidráulica es la batería que nos permite filtrar las renovables”.

Salto Grande cuenta con 14 turbinas Kaplan que llevan más de cuatro décadas en funcionamiento. La central genera aproximadamente un tercio de la electricidad que consume Uruguay y cerca del 3% de la que utiliza Argentina.

El complejo también dispone de casi 350 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kilovoltios y una capacidad de intercambio de 2.000 megavatios con Argentina. Esa interconexión aporta seguridad y estabilidad al sistema eléctrico uruguayo.

Casaravilla explicó que las centrales hidráulicas y térmicas aportan la llamada “inercia” del sistema, una característica que permite absorber variaciones repentinas en la generación eólica o solar. La comparó con el peso de un automóvil: cuanto más pesado es, más estable resulta frente a un viento fuerte.

En ese sentido, Salto Grande y las represas del río Negro permitieron incorporar energías renovables no convencionales al sistema eléctrico uruguayo. El embalse de Salto Grande tiene capacidad para unos cinco días de generación, mientras que Rincón del Bonete puede almacenar energía para aproximadamente 140 días.

“El embalse es muy importante, porque es la batería que nos permite filtrar las renovables”, explicó Casaravilla. Cuando hay viento o sol, dijo, se puede utilizar menos agua y reservarla para los momentos en que la generación renovable disminuye.

“No me imagino el Uruguay sin Salto Grande”

Casaravilla definió a Salto Grande como uno de los activos energéticos más importantes del país y dijo que, si Uruguay no hubiera contado con la represa, el costo de expansión del sistema eléctrico habría sido unos 400 millones de dólares mayor por año.

Según explicó, el costo actual de la energía generada por Salto Grande ronda los seis dólares por megavatio hora. Como referencia, mencionó que la energía eólica o solar podría ubicarse en torno a los 40 dólares por megavatio hora, mientras que un contrato con UPM fue acordado en 72 dólares.

La energía hidráulica, dijo, continúa siendo la más barata del sistema. “Sigue siendo la energía más barata que va a tener Uruguay”, sostuvo.

El proceso de renovación no modificará sustancialmente esa ventaja. Casaravilla estimó que, en los años de mayor impacto del financiamiento, el costo podría pasar de seis a entre 14 y 15 dólares por megavatio hora, pero aun así seguiría siendo la fuente más conveniente para el país.

Salarios, ingresos y cuestionamientos políticos

Durante la entrevista, Casaravilla respondió a preguntas de los oyentes sobre los salarios en Salto Grande. Dijo que las remuneraciones deben analizarse teniendo en cuenta las dificultades para captar profesionales y técnicos capacitados en el interior del país, así como la necesidad de cubrir guardias rotativas y tareas especializadas.

Reconoció que los salarios son competitivos en comparación con los de la región, pero sostuvo que esa característica también se observa en otras empresas públicas, como UTE y Antel.

Ante la acusación de que la Comisión Técnica Mixta puede ser utilizada para el pago de favores políticos, Casaravilla dijo que desde el comienzo de la actual gestión se decidió no realizar ingresos directos y limitar los contratos a término.

Según explicó, unos 15 contratos no fueron renovados y, cuando fue necesario cubrir cargos, se realizaron concursos. También señaló que la plantilla administrativa de la delegación pasó de más de 30 personas a unas 19. “Estamos tratando de ser lo más republicanos posibles en ese sentido”, dijo.

Una renovación para las próximas generaciones

La primera etapa de la renovación comenzó en 2019, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 40 millones de dólares para Uruguay —80 millones en total, sumando la parte argentina—. Incluyó la modernización del sistema de protección de las cuatro subestaciones, la compra de transformadores y la reparación de compuertas y automatismos. Según Casaravilla, esa etapa está prácticamente finalizada.

La segunda etapa, dividida en dos partes, tendrá un costo total de unos 150 millones de dólares, 75 millones correspondientes a cada país. Incluye, entre otras obras, el recambio de unos 34 interruptores de alta tensión y de otros equipos vinculados al sistema de transmisión.

La fase más importante será la renovación de las turbinas. El plan prevé comenzar a intervenir la primera máquina entre 2030 y 2031 y trabajar durante aproximadamente diez años para completar las 14. El contrato binacional podría tener un valor de entre 600 y 700 millones de dólares.

Casaravilla explicó que los estudios técnicos ya definieron distintas alternativas: se prevé instalar dos turbinas nuevas y renovar componentes de las restantes, como las palas y los sistemas hidráulicos.

El financiamiento de esta etapa todavía no está definido y deberá acordarse entre Uruguay y Argentina. Para el jerarca, el principal desafío consiste en diseñar un proceso transparente y estable, que pueda atravesar los cambios de gobierno en ambos países.

“La renovación de Salto Grande es política de Estado”, dijo Casaravilla, y pidió que el proyecto no quede atrapado en la polarización política. “El desafío es lograr armar algo robusto, que esté muy bien diseñado, muy transparente”, sostuvo.

La inversión será financiada a largo plazo. Para Uruguay, el costo total rondaría los 500 millones de dólares, pero Casaravilla señaló que esa cifra debe analizarse dentro del volumen de inversiones que requiere el sistema energético y de los beneficios que genera la represa.

A su entender, la renovación es una de las inversiones de infraestructura más convenientes que puede realizar el país. La meta, dijo Casaravilla es que Salto Grande "continúe siendo, durante las próximas décadas, una pieza central para la generación eléctrica, la estabilidad del sistema y la regulación de las crecidas del río Uruguay".

Emiliano Cotelo entrevistó al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, ingeniero Gonzalo Casaravilla.

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