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Durante años, las empresas tecnológicas defendieron una idea sencilla: las redes sociales son herramientas que las personas utilizan libremente y la responsabilidad por el tiempo de uso corresponde, en última instancia, a cada usuario y a su familia.

El acuerdo alcanzado por Meta con una coalición de estados y territorios de Estados Unidos cuestiona esa explicación. La empresa propietaria de Facebook e Instagram aceptó pagar hasta 18.000 millones de dólares y modificar la forma en que sus plataformas funcionan para los adolescentes.

Meta no reconoció haber cometido irregularidades. La empresa negó las acusaciones y afirmó que está comprometida con la seguridad de los jóvenes. Pero decidió cerrar el juicio antes de exponerse a una eventual condena que podía implicar sanciones cercanas a los 200.000 millones de dólares.

El acuerdo todavía debe ser aprobado por un juez. Si se confirma, será uno de los mayores arreglos judiciales alcanzados por una empresa tecnológica y puede convertirse en una referencia para otros casos contra redes sociales.

De la responsabilidad individual al diseño de las plataformas

El centro de la discusión no es solamente cuánto tiempo pasa un adolescente en Instagram o Facebook. La pregunta es qué hacen las plataformas para conseguir que ese tiempo se extienda.

Los estados que demandaron a Meta sostuvieron que la empresa diseñó sus productos para captar la atención de niños y adolescentes y mantenerlos conectados. Entre las funciones cuestionadas aparecen la reproducción automática de videos, las historias de Instagram y las notificaciones que invitan a volver a la aplicación.

Estas herramientas forman parte de la experiencia cotidiana de cualquier usuario. Un video comienza cuando termina el anterior; una historia lleva a otra; una notificación interrumpe una actividad y propone regresar a la pantalla. El planteo judicial es que ese diseño no es accidental: está orientado a aumentar la permanencia y la frecuencia de uso.

La acusación también sostiene que Meta conocía los posibles efectos negativos de sus plataformas. Durante el proceso aparecieron documentos internos que, según los fiscales generales, mostraban que algunos responsables de la empresa estaban al tanto de problemas vinculados con el uso de las redes y no tomaron medidas suficientes.

La discusión tiene una dimensión económica. Cuanto más tiempo permanece una persona en una plataforma, más oportunidades tiene la empresa de mostrarle publicidad y recopilar información sobre sus intereses y comportamientos. Los menores, por su edad, pueden tener más dificultades para comprender esas dinámicas y para regular su propia exposición.

Qué cambia para los adolescentes

El acuerdo establece restricciones que estarán activadas por defecto para los usuarios menores de 18 años.

Facebook e Instagram deberán establecer un límite diario de dos horas. El acceso quedará bloqueado durante la noche, entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo que exista autorización de los padres o tutores. También se desactivarán la mayoría de las notificaciones durante el horario escolar, entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde.

La empresa deberá reforzar la verificación de edad y eliminar las cuentas de menores de 13 años. Esa edad ya era, en teoría, el límite mínimo para utilizar las plataformas, pero hasta ahora el control dependía en buena medida de la información declarada por el propio usuario.

También se prevén cambios en los mecanismos de denuncia. Meta deberá ofrecer herramientas más eficaces para reportar contenidos dañinos y responder rápidamente a esos avisos.

El número de “me gusta” y reacciones dejará de estar visible para los usuarios menores de 18 años. Además, se prohibirán ciertos filtros vinculados con procedimientos cosméticos.

La lógica del acuerdo es modificar la configuración inicial. El adolescente no tendrá que activar manualmente un límite o pedir a sus padres que bloqueen las notificaciones: las restricciones estarán aplicadas desde el comienzo y solo podrán flexibilizarse con autorización adulta.

Un cambio importante, pero no una transformación total

El acuerdo no obliga a Meta a abandonar su modelo de negocio. La empresa podrá continuar utilizando recomendaciones personalizadas y publicidad dirigida. Tampoco se establece que todos los contenidos relacionados con salud mental, imagen corporal o trastornos alimentarios deban desaparecer de las plataformas.

Por eso, el pacto tiene un alcance relevante, pero limitado. Cambia los horarios, las notificaciones, el control de edad y algunos elementos de la interfaz. No modifica completamente la lógica de funcionamiento de Facebook e Instagram.

Además, las medidas se aplicarán como consecuencia de un acuerdo con autoridades estadounidenses. No significa automáticamente que las mismas restricciones vayan a regir en Uruguay o en el resto del mundo.

Meta puede decidir extenderlas internacionalmente, especialmente si busca presentar el acuerdo como un nuevo estándar de la industria. Pero también podría aplicar condiciones diferentes según la legislación de cada país.

Por qué el acuerdo puede afectar a toda la industria

Meta no es la única empresa involucrada en la discusión. Los jóvenes utilizan varias plataformas y se trasladan de una a otra. Si Instagram limita el tiempo de uso, el usuario puede pasar a TikTok, YouTube, Snapchat, Discord o cualquier otro servicio.

La propia Meta utilizó ese argumento para pedir que sus competidores adopten medidas similares. Parte del acuerdo económico quedaría condicionada a que TikTok y YouTube establezcan restricciones comparables.

Esto plantea un problema de coordinación. Si una empresa limita el acceso de los adolescentes pero las demás mantienen sus prácticas, los usuarios pueden desplazarse a otra plataforma. Si todas las empresas aplican controles semejantes, el efecto puede ser mucho mayor.

La decisión de Meta también puede influir en los miles de juicios que se tramitan en Estados Unidos contra empresas de redes sociales. Muchos fueron iniciados por jóvenes y familias que sostienen que las plataformas provocaron adicción o agravaron problemas psicológicos.

El acuerdo no determina que toda utilización intensa de una red social produzca un daño ni establece una relación automática entre el uso de una plataforma y un problema de salud mental. Pero sí acepta que el diseño del producto puede ser relevante para evaluar la responsabilidad de la empresa.

La diferencia es importante desde el punto de vista jurídico. No se trata de afirmar que una aplicación cause por sí sola depresión, ansiedad o una conducta adictiva en todos los adolescentes. La tesis de los estados es más concreta: si una empresa conoce que determinadas funciones favorecen el uso compulsivo, oculta esa información o las dirige especialmente a menores, el modo en que construyó el producto puede convertirse en evidencia de negligencia o de una práctica empresarial dañina. El foco pasa así del comportamiento aislado del usuario a las decisiones de diseño y la información que la empresa tenía disponible.

Las dudas sobre la verificación de edad

Uno de los mayores desafíos será saber cómo se implementará el control de edad.

Para evitar que un niño de 12 años abra una cuenta declarando que tiene 18, las plataformas deberán recurrir a mecanismos más precisos. Pero esos sistemas pueden exigir información personal adicional y generar nuevos riesgos para la privacidad.

También existe el riesgo de los errores. Un control puede bloquear a un adolescente que sí tiene la edad permitida o permitir el acceso a alguien menor. Otra posibilidad es que los usuarios intenten eludirlo utilizando cuentas ajenas, datos falsos o dispositivos de otras personas.

La autoridad británica Ofcom, que estudió los sistemas de verificación de edad, concluyó que no existe un método único capaz de eliminar por completo el riesgo de evasión. Por eso, se plantea combinar distintas capas de protección: las plataformas, las tiendas de aplicaciones, los sistemas operativos y los dispositivos.

La idea de las capas busca evitar que toda la responsabilidad recaiga en un único control, fácilmente burlable. Una plataforma puede estimar la edad a partir de una cuenta; una tienda de aplicaciones puede exigir una autorización; el sistema operativo puede aplicar controles horarios, y el dispositivo puede incorporar límites familiares. En conjunto, esos filtros permitirían detectar inconsistencias y reducir los atajos, aunque también multiplican los actores que manejan datos sensibles. El desafío es lograr una protección efectiva sin crear una infraestructura de vigilancia permanente ni obligar a los jóvenes a entregar más información personal de la necesaria.

Pero claro…. La verificación de edad tampoco resuelve por sí sola el problema del contenido dañino. Un adolescente puede tener la edad permitida para acceder a una red y, aun así, encontrarse con material perjudicial o con recomendaciones que refuercen conductas problemáticas.

Tres modelos internacionales

El acuerdo con Meta forma parte de una tendencia internacional que busca limitar la exposición de los menores a los riesgos de internet, aunque los países están tomando caminos diferentes.

Australia adoptó el modelo más restrictivo. Desde el 10 de diciembre de 2025, muchas plataformas no pueden permitir que los menores de 16 años tengan cuentas. La norma obliga a las empresas a tomar medidas razonables para impedir la creación y el mantenimiento de esas cuentas.

La obligación recae sobre las plataformas, no sobre los adolescentes ni sobre sus familias. Las empresas deben demostrar que adoptan medidas razonables de comprobación y pueden enfrentar sanciones si no lo hacen. El modelo australiano es atractivo para quienes priorizan una regla clara y fácil de comunicar, pero deja abiertas preguntas difíciles: cómo se comprueba la edad sin construir bases de datos invasivas, cómo se contemplan los errores y qué ocurre con los jóvenes que usan esas plataformas para informarse, expresarse o pedir ayuda.

Estados Unidos, a través del acuerdo con Meta, avanza por otra vía: mantiene el acceso de los adolescentes, pero fija horarios, límites de uso y restricciones en determinadas funciones.

Europa utiliza principalmente un modelo regulatorio. El Reglamento de Servicios Digitales establece obligaciones de transparencia, mecanismos de denuncia y mayor supervisión sobre las plataformas de gran tamaño. La Unión Europea también elaboró orientaciones específicas para mejorar la protección de los menores en internet.

En la práctica, el modelo europeo no establece una única edad de prohibición para todas las redes. Exige que las plataformas de muy gran tamaño identifiquen y reduzcan riesgos vinculados con la seguridad, la salud mental y la exposición de los menores; que expliquen mejor cómo funcionan sus sistemas de recomendación; y que ofrezcan mecanismos accesibles para denunciar contenidos o decisiones de moderación. Las orientaciones de la Comisión Europea también apuntan a que las cuentas de menores tengan configuraciones privadas por defecto, que se reduzca el contacto no deseado y que no se utilicen los datos de los niños para publicidad personalizada. Este es un enfoque que intenta actuar sobre el entorno digital completo, no solamente sobre la cantidad de horas de conexión.

El Reino Unido avanza hacia una combinación de ambos enfoques. Ofcom informó que los controles de edad están creciendo, pero advirtió que todavía es necesario fortalecerlos. En junio de 2026, el gobierno anunció que las plataformas de redes sociales no podrán ofrecer sus servicios a menores de 16 años, con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027. La discusión británica, sin embargo, no se limita a la edad: también incluye qué servicios quedarían comprendidos, cómo se tratarían los videojuegos y los chats, qué excepciones habría y cómo se evitaría que los controles expongan la identidad de los menores. El caso muestra que una prohibición puede ser políticamente contundente, pero su eficacia dependerá de la definición técnica de “red social” y de la capacidad para hacerla cumplir en servicios globales.

Estos casos muestran que todavía no existe una respuesta internacional unificada. La discusión oscila entre prohibir el acceso, limitar el uso o exigir que las plataformas sean más seguras desde su diseño.

Un caso regional en Brasil

La discusión también llegó a América Latina. El gobierno de Brasil presentó una demanda contra Discord por 500 millones de reales, unos 97 millones de dólares, debido a presuntas fallas en la protección de niños y adolescentes.

La acción brasileña se apoya en un problema distinto del que aparece con más frecuencia en Instagram: Discord combina servidores privados, comunidades abiertas, chat de voz, videojuegos y transmisiones en vivo. Esa arquitectura puede dificultar la detección de abusos y hacer que el contenido problemático circule dentro de grupos que no son visibles para una moderación convencional. Por eso, el reclamo no se limita a pedir que se borre material ilegal: busca que la empresa conozca mejor a sus usuarios, refuerce la prevención y responda con rapidez cuando aparecen denuncias.

La demanda reclama mejoras en la verificación de edad, las herramientas de supervisión parental, la moderación de contenidos y los mecanismos de comunicación. También solicita una multa diaria si la empresa no cumple con las obligaciones que eventualmente establezca la Justicia.

El caso surgió después de que la autoridad brasileña de protección de datos suspendiera las transmisiones en vivo de Discord por preocupaciones vinculadas con la seguridad de menores.

Discord calificó la demanda de desproporcionada y afirmó que había propuesto cambios técnicos y una inversión para mejorar la seguridad de sus operaciones en Brasil. Las autoridades entendieron que esas propuestas no alcanzaban para cerrar un acuerdo.

El ejemplo brasileño es importante porque muestra que el problema no se limita a Instagram, Facebook o TikTok. También alcanza a plataformas de conversación, videojuegos y transmisión en vivo, donde pueden existir riesgos diferentes, pero igualmente graves.

En el resto de América Latina, el panorama es más fragmentado. No hay todavía un régimen regional único comparable al europeo: cada país combina normas de protección de datos, derechos de niños y adolescentes y obligaciones generales para los intermediarios digitales.

Pero volvamos al comienzo… Qué puede ocurrir a partir de ahora con el acuerdo de Meta…

El primer paso será la aprobación judicial del acuerdo. Luego Meta deberá aplicar las medidas y demostrar que puede hacerlas funcionar en sus plataformas.

También habrá que observar si YouTube, TikTok y Snapchat aceptan condiciones similares. Si lo hacen, el acuerdo puede convertirse en una especie de referencia informal para la industria. Si no lo hacen, quedará como una regulación importante para Meta, pero con efectos más acotados sobre el ecosistema digital.

Otro punto será la evaluación de los resultados, dicen los expertos. No alcanza con establecer un límite de dos horas si los adolescentes pueden trasladarse a otras cuentas o plataformas. Tampoco basta con verificar la edad si los mecanismos de moderación no actúan con rapidez.

El futuro de la regulación dependerá de varios factores: la capacidad de los gobiernos para controlar a empresas globales, la precisión de las herramientas de verificación, la protección de los datos personales y la posibilidad de exigir explicaciones sobre los algoritmos que recomiendan contenidos.

La experiencia también obligará a discutir el papel de las familias, las escuelas y los propios jóvenes. Hay cierta coincidencia en los expertos en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los padres, porque muchas de las decisiones que determinan la experiencia digital ocurren dentro de sistemas diseñados por empresas y difíciles de comprender desde afuera.

Lo que está claro, es que el acuerdo con Meta no significa que las redes sociales vayan a desaparecer de la vida de los adolescentes ni que se haya encontrado una solución definitiva. Pero sí marca un cambio importante: por primera vez, una de las mayores empresas tecnológicas acepta pagar una suma millonaria y modificar elementos centrales de sus plataformas para responder a acusaciones vinculadas con el daño a menores.

La discusión dejó de ser solamente cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. Ahora también se pregunta quién diseña esa experiencia, con qué objetivos, qué información recopila y qué responsabilidad debe asumir cuando el producto puede afectar la salud y el bienestar de sus usuarios más jóvenes.

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La Inteligencia Artificial (IA) facilita mucho la redacción de textos, el resumen de documentos, la búsqueda de información y distintos aspectos de organización de nuestro día a día ¿Qué implica utilizar estas herramientas en el Sistema de Justicia?

En ese contexto, la discusión no pasa solamente por saber si son recursos eficientes sino también por determinar quién responde por sus resultados y qué decisiones podrían quedar en manos de una máquina.

En Uruguay, este debate se plantea frente a un sistema judicial que muchas veces está colapsado, que busca mejorar sus tiempos, facilitar el acceso y administrar grandes volúmenes de expedientes, pero que también debe preservar garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, la privacidad y la independencia de los jueces.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, invitamos a los participantes de la Mesa de Juristas para discutir sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, sus posibles aplicaciones, los riesgos que plantea y los límites necesarios para proteger los derechos fundamentales.

Romina Andrioli conversó con Diego Gamarra, Matías Jackson, Cristina Vázquez y Óscar Sarlo.

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Foto: adhocFotos

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La posible creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay ha instalado en la agenda un gran debate sobre su pertinencia, cometidos y hasta el posible nombre que ocuparía esta cartera. 

Aunque fue una propuesta compartida por varios partidos durante la campaña del 2024, hoy enfrenta resistencias en la oposición y dudas incluso dentro del oficialismo. En un contexto de restricciones fiscales, los cuestionamientos giran en torno al aumento de la estructura estatal y al riesgo de generar nuevas capas de burocracia.

El gobierno no tiene mayoría en Diputados y la Constitución exige una mayoría absoluta en ambas cámaras, por lo que deberá negociar para conseguir los votos. En caso de ser así, Uruguay pasará a tener 15 ministerios, tres más que los que tenía a comienzos del siglo XXI.

¿Qué asuntos puede tratar un ministerio de este tipo? ¿Qué otros casos existen en el mundo? ¿En qué medida puede afectar la independencia de poderes? ¿Cuáles son los límites de un Ministerio de Justicia?

En La Mesa de Juristas, Romina Andrioli conversó con:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

Cristina Vázquez. Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Doctora en Derecho por la Universidad de la República Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo.

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Foto: En Perspectiva

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El nombre Cardama dejó de ser simplemente el de un astillero español, para transformarse en un concepto que domina la agenda política y judicial de nuestro país.

El frustrado contrato por las lanchas patrulleras para la Armada derivó en reclamos millonarios y una intensa atención mediática; y puso sobre la mesa una serie de preguntas que abordamos en La Mesa de Juristas:

¿Cómo se defiende el Uruguay cuando sus intereses están en juego?

¿Qué pasa cuando la estrategia legal queda atrapada en el fragor de la contienda política?

¿Hasta qué punto el secreto profesional de los dictámenes choca con la demanda de transparencia de la ciudadanía? 

En La Mesa de Juristas, Romina Andrioli conversó con:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

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Foto: AFP

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El derecho internacional ha sido protagonista de distintas discusiones a nivel mundial desde que el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Este conjunto de normas que regula las relaciones entre Estados soberanos y distintas organizaciones internacionales, ha sido el principal marco para evaluar este hecho.

Mientras algunos sostienen que la acción llevada a cabo por orden de Donald Trump es inadmisible a la luz del derecho internacional, otros argumentan que la soberanía venezolana ya estaba vulnerada y que apelar a estas normas resulta insuficiente frente a la crisis que viven los venezolanos dentro y fuera del país.

¿Qué rol cumple en este contexto la Organización de las Naciones Unidas?

¿Cómo era el orden mundial antes de su creación? ¿Qué legitimidad tiene hoy en día el derecho internacional cuando parece que, en realidad, rige la ley del más fuerte?

En La Mesa de Juristas, Romina Andrioli conversó con Diego Gamarra, Doctor en derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII; Lucía Giudice, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR, Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores; y Cristina Vázquez, Doctora en Derecho por la Universidad de la República, Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo, Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo y Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM.

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Regresó La Mesa de Juristas, un espacio discutirá una vez por mes cómo están funcionando algunas variables clave de nuestro sistema democrático, por ejemplo, el estado de derecho, la independencia judicial, la relación política y Justicia, o la calidad de las leyes.

En esta oportunidad tomamos como disparadores, el fallo de la Jutep sobre Álvaro Danza y el reciente caso vinculado al senador Andrés Ojeda, ambos relacionados a posibles incompatibilidades por ejercer simultáneamente actividades profesionales privadas y públicas.

En los últimos meses, la relación entre la política y la justicia ha tomado un lugar central y dominante en el debate público. Cada vez con más frecuencia, las discusiones políticas se entrelazan con dilemas jurídicos que requieren una definición clara.

Esta realidad se puso de manifiesto con casos recientes que generan controversia.

Por un lado, la situación del senador Andrés Ojeda, acusado de una presunta violación a la Constitución por su desempeño como abogado en simultáneo con su cargo legislativo; un asunto en el que diversos informes interpretan de distinta manera la norma constitucional.

Por otro lado, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) debió expedirse en noviembre sobre el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE, y la presunta incompatibilidad entre sus actividades profesionales privadas y públicas. A pesar de que la Jutep resolvió por mayoría que no existía tal incompatibilidad, la decisión fue cuestionada al desoír el informe de su propia asesoría jurídica.

Ante un escenario donde estos cruces son cada vez más habituales: ¿cómo se resuelven? ¿Cuál es la relación exacta entre política y justicia y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? ¿Qué peso tienen las consultas técnicas a cátedras o los informes de especialistas en estos procesos? Y, fundamentalmente, ¿cuál es el rol de los juristas en el debate público?

Para analizar a fondo estas interrogantes, volvimos a instalar La Mesa de Juristas, que contó con un plantel de destacados profesionales en la materia que nos acompañarán habitualmente en este espacio una vez al mes:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

Cristina Vázquez. Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM. Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo. Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo.

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