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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

Se presentó oficialmente ayer el informe final del "Diálogo Social", un ámbito convocado el año pasado por el gobierno en el que participaron autoridades, organizaciones sociales, las cámaras empresariales, la academia, la ciudadanía y algunos partidos políticos. 

Se trata de un texto de 80 páginas que incluye "orientaciones para transformar la protección social" que ahora pasan al Poder Ejecutivo que las evaluará para tomar sus decisiones que, por ejemplo, pueden incluir la redacción de proyectos de ley o medidas administrativas.

De los partidos de la oposición, sólo participó en el diálogo Cabildo Abierto. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado declinaron la invitación. Por su parte, tanto el PIT CNT como las cámaras empresariales manifestaron algunas discrepancias o posturas individuales de las que se dejó constancia en el documento, ya sea en párrafos en el cuerpo del texto como en notas al pie.

El documento plantea propuestas referidas a ocho temas: protección económica de niñas, niños y adolescentes; expansión del tiempo de educación y cuidados; licencias para el cuidado; cuidados de larga duración: financiamiento; protección social de las personas con discapacidad; protección social de las personas activas; jubilaciones y pensiones; sostenibilidad y financiamiento de la matriz de protección social.

Continúa en: MSP y el FNR rechazaron pedido del científico Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) rechazaron el recurso de amparo presentado días atrás por el científico Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo necesarios para su tratamiento por un tumor cerebral que le fue diagnosticado a mediados del año pasado.

La cartera argumentó “El Ministerio de Salud Pública carece de atribuciones para suministrar directamente fármacos y procedimientos terapéuticos a la población, en la medida de que no existe norma legal o reglamentaria que así lo determine, en estricto cumplimiento del principio de especialidad de los organismos públicos”, marcó la resolución. Y añadió: “Conforme a este principio, la actuación pública no puede exceder lo autorizado y permitido por las leyes, estando prohibida para la administración toda actuación que no se encuentre permitida”.

“El Estado ha dictado un marco normativo con el fin de asegurar el acceso a prestadores de salud, creó un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado, creó el FTM y el PIAS, con diversos procesos de actualización de los mismos, y otorgó facultades para que las Instituciones Médicas y los Servicios de salud entreguen (de forma excepcional o general) medicamentos no previstos en los Anexos del FTM, todo en busca de garantizar el derecho a la salud de la población” agregaron. 

El Fondo Nacional de Recursos también negó los fármacos al científico, en línea con la postura del MSP, aclarando que “la prestación que se solicita financiar no se encuentra dentro de la cobertura de esta institución”

Se trata de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que tienen un costo mensual estimado de US$ 30 mil, informó Subrayado. Uno de los abogados de Moratorio, Rodrigo Rolón, advirtió que su representado cuenta con las "últimas dosis" de estos fármacos, que se le están por acabar y agregó: "De no adjudicarse esta medicación, la otra terapéutica no estaría surtiendo los efectos que tendría que surtir" y estimó que "lo que haría es empeorar significativamente su enfermedad que deribaría en un desenlace fatal a corto plazo en meses".

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La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La oposición cuestionó el acuerdo alcanzado en el Diálogo Social impulsado por el gobierno, que plantea desvincular a las AFAPs del manejo de las cuentas individuales y limitar su rol a la administración de inversiones. El cambio forma parte del documento final que se presentará el 28 de abril. Las bancadas de los partidos de la Coalición Republicana se reunirán este jueves para abordar este tema.

Las críticas apuntan a que la propuesta desconoce el resultado del plebiscito de 2024. El senador nacionalista Javier García afirmó que el acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT “le pasa por arriba” a la voluntad popular, que —según sostuvo— ratificó el sistema mixto.

Por su parte, el colorado Robert Silva advirtió que se intenta avanzar por otra vía sobre aspectos ya rechazados por la ciudadanía y alertó por posibles impactos en la credibilidad del sistema.

“Llega el diálogo social y los primeros resultados son gravísimos, son muy alarmantes. Hay un toqueteo para mal de todo el régimen previsional que funciona hace treinta años en este país, con las AFAP y el Banco de Previsión Social, pero en particular con lo que hemos ahorrado los trabajadores, con las inversiones que se han hecho con nuestros ahorros, que van a ir a manos no se sabe de quién. ¿Quién las va a administrar? ¿El PIT-CNT? ¿Quién va a hacerlo?”.

En tanto, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) también expresó su rechazo a la propuesta surgida del Diálogo Social y aseguró que el cambio no mejorará las jubilaciones. Además, señaló que en los hechos la medida implica “una estatización” del sistema y cuestionó que se le quite la posibilidad al afiliado de elegir y exigir directamente y pierda el vínculo con la AFAP, quedando sujeto a decisiones sobre una “masa cautiva” de ahorros.

En un comunicado, la gremial afirmó que, aun eliminando costos actuales del sistema, el impacto para los trabajadores sería “inferior al 1%”. Advirtió además que esos costos pasarían a ser asumidos por un nuevo organismo estatal, que requeriría financiamiento adicional. 

En ese marco, Anafap cuestionó que se avance en una línea que —según indicó— ya fue rechazada en el plebiscito de 2024. A su entender, avanzar en ese camino supone desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía.

Desde el PIT-CNT, en cambio, el presidente Marcelo Abdala respaldó la propuesta de que la gestión de las cuentas personales de las AFAP pase a un organismo estatal. La calificó como “un avance”, aunque reiteró que el objetivo del movimiento sindical sigue siendo una seguridad social “universal, solidaria y sin AFAP”.

Abdala sostuvo que estos cambios deberán traducirse en leyes y decretos, y que el PIT-CNT buscará incidir en ese proceso. También relativizó el resultado del plebiscito de 2024, que no alcanzó los votos necesarios para modificar el sistema, y sostuvo que eso no impide avanzar en reformas parciales.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, compartió su posición en diálogo con En Perspectiva sobre el tema y respondió a las críticas que recibió.

“- GO: Lo que yo puedo asegurar es que las AFAPs no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema, se consolida un esquema previsional multipilar. Lo que entiendo que va a surgir del Diálogo Social es que hay un acuerdo por aceptar que el esquema previsional uruguayo es multipilar. 

– EC: Lo está poniendo como contraste a lo que se proponía en la reforma constitucional que impulsaba el PIT CNT, que era la eliminación del pilar de ahorro individual. 

– GO: Pero lo que tenemos es una aceptación de que en Uruguay hay un esquema de un pilar triple: no contributivo, solidario y  de capitalización. Eso debería conducir a despejar una discusión que el país ha tenido durante mucho tiempo en relación a la razonabilidad de que Uruguay tenga un esquema de capitalización. Lo que sí tenemos es a unas AFAPs que van a cambiar su eje, todavía no sabemos cómo y si esto prosperará en el debate. Pero, insisto, los fondos están blindados en el sentido que no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para la jubilación de las personas. Por eso, lo que se ha dicho en estas horas de que hay un riesgo, es absolutamente falso. Jamás un gobierno uruguayo y el ministro de Economía avanzaría en una aventura de esas características. 

En segundo lugar, lo que va a continuar ocurriendo es que administradores profesionales seleccionados de manera competitiva, privados o públicos, van a estar a cargo del tema sustantivo que hace las AFAPs: la gestión del fondo. Luego lo que puede modificarse es la relación comercial que tienen las AFAPs con los clientes, donde hay valor agregado de parte de la AFAPS pero que no parece ser lo suficientemente grande como para que justifique los precios que la AFAPs cobran. Esa es la discusión que está subyacente detrás de todo esto”.

Continúa en: Federico Preve, diputado del FA, presenta proyecto de ley para que médicos especialistas trabajen dos años en prestadores públicos de forma obligatoria

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La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El diputado del Frente Amplio Federico Preve presentó, la semana pasada, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público.

La iniciativa establece que este servicio deberá cumplirse durante dos años, con una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación. La prestación abarcará a los prestadores de salud pública es decir, abarca la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, y su distribución en el territorio nacional dependerá de las necesidades asistenciales que determine el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La iniciativa se fundamenta en la dificultad para acceder a especialistas en el interior del país, un problema histórico del sistema de salud, ya reconocido por las autoridades sanitarias. El texto establece que habrá una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas, pero también prevé sanciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública podría no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación.

La iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Gerardo Bruno, profesor titular catedrático de cirugía torácica en la Universidad de la República publicó una carta en la que reclamó que los cambios propuestos son “coercitivos, simplificadores e institucionalmente regresivos”, y que, en vez de ser una “fortaleza institucional”, muestran una “insuficiencia conceptual, organizacional y política”.

Allí, sostiene que la propuesta es un “castigo a la libertad” que busca “corregir una desigualdad creando otra”. “La desigualdad territorial en el acceso a especialistas constituye uno de los múltiples problemas del sistema de salud uruguayo, en particular dentro de ASSE y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es, sin duda, una arista real, persistente, compleja y moralmente relevante, aunque no la única”, y sostuvo que “nadie que conozca con seriedad la organización sanitaria del país” puede negar que existen dificultades de acceso público a la salud especializada en el interior.

No obstante, Bruno subrayó que “no toda medida que invoque la equidad es por sí misma justa” y apuntó que el proyecto de Preve “desconoce la libertad profesional, minimiza los aportes ya realizados por los médicos a la sociedad” y crea “una herramienta más visible que correcta”.

Viene de: Documento sobre El Diálogo Social que impulsó el gobierno genera polémica en relación a las AFAPS

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La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Gloria Robaina y Daniel Supervielle

En menos de un mes el gobierno de Yamandú Orsi realizó una serie de anuncios relacionados a la puesta en marcha de planes y políticas públicas.

El 19 de marzo presentó junto con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la ley integral de empleo. Unos días después, el martes 24, se descartó la construcción de un túnel por 18 de julio como parte de la reforma del transporte metropolitano y dos días después, el jueves 26, se presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública. Al día siguiente, el Poder Ejecutivo envió al Parlmento el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. Luego vino la Semana de Turismo. Y después de ese descanso, este martes se anunció la primera estrategia nacional para las personas en situación de calle y las primeras acciones del Plan Más Barrio.

¿Estamos ante la consolidación de una agenda de gobierno que empieza a tomar forma, o ante un cambio en la estrategia de comunicación? ¿A qué se debe este cambio de ritmo?

Continúa en: Posible viaje de Yamandú Orsi a España por invitación de Pedro Sánchez genera rechazo en la oposición

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Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Gloria Robaina y Daniel Supervielle

La invitación que Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, le hizo a Yamandú Orsi para participar en el evento “Movilización Progresista Global” lleva varios días generando críticas dentro de la oposición.

Este martes, por ejemplo, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda anunció que, en caso de que el mandatario confirme su participación en esa actividad, él no votará en el Parlamento la autorización para la salida de Orsi del país.

A modo de fundamento, Ojeda sostuvo que la participación podría afectar el posicionamiento del país en temas de seguridad regional.

“Si uno mira la descripción del evento se hace para parar el avance de la derecha. Parece un evento de más carácter ideológico partidario que un tema de interés para el Uruguay y el presidente no puede viajar ni como dirigente político ni como militante. Lamentablemente cada vez que viaja, viaja como presidente de la República. Uruguay tiene que expandir sus vínculos, sobre todo con países importantes como los Estados Unidos. Se me viene a la mente lo ocurrido con el Escudo de las Américas que no nos invitan. Y cómo nos van a invitar si estamos yendo a reunirnos con presidentes que están todos de salida”.

Consultado ayer en rueda de prensa, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, remarcó que Orsi “no va a participar en un evento político-partidario”, sino en una cumbre de jefes de Estado en la que “el tema central será la democracia”. Si bien reconoció que, en paralelo, en Barcelona habrá “otras actividades”, en las que “se reúnen la Internacional Progresista y partidos políticos”, puntualizó que “en ese evento no está el presidente de la República”.

Sostuvo además que “es natural que los presidentes tengan relaciones con otros jefes de Estado”. “Lo que pasa es que en Uruguay, últimamente, la oposición hace escándalos por cualquier cosa”, afirmó.

“¿Cómo voy a tener problema con que la oposición critique? Al contrario, creo que la oposición tiene que criticar y proponer. El problema es que vivimos en un mundo en que las redes sociales nos llevan a que los actores políticos se vuelvan tiktokeros. Hay que dejar un poco el TikTok, ponerse a trabajar en los temas que le importan al país, construir consensos y soluciones para los uruguayos, porque para eso nos pagan”.

El secretario de Presidencia agregó que el gobierno busca aprovechar la instancia para fortalecer la relación con España y avanzar en la agenda bilateral, en particular en el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. También cuestionó el tono de la oposición y pidió evitar “escándalos” forzados.

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, atribuyó la caída en la aprobación de su administración y la del presidente Yamandú Orsi a un “factor político” más que a problemas de gestión. 

Entrevistado este martes en Desayunos Informales, de Canal 12, Bergara señaló que hay un descontento dentro del Frente Amplio vinculado a debates ideológicos, como la situación en la franja de Gaza, el llamado Escudo de las Américas o la discusión sobre reformas en las empresas públicas.

Bergara planteó que “el humor de la gente es uno solo” y que ese clima impacta tanto en el gobierno nacional como en el departamental. 

Sostuvo que la baja aprobación es “inusualmente alta” dentro del propio electorado frenteamplista y que eso responde, sobre todo, a discusiones políticas internas más amplias. De todos modos reconoció que hay factores de gestión que inciden, en particular los problemas con la recolección de residuos, que afectaron la percepción en la capital.

“Puede haber, sí, elementos que estén asociados a la gestión, tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental. Pero también hay otras fricciones que se están dando en la interna de la fuerza política. Discusiones que son más de índole político-ideológica y no tanto de gestión. Cuando uno ve en los grupos y en los comités los temas de discusión, capaz que no es tanto la basura o tal medida de gobierno, sino que tiene que ver con si le decimos genocidio o no, el 1%, el Escudo de las Américas, las acciones de las empresas públicas, o sea, cuestiones que están en otra dimensión que la gestión”.

Recordemos, en marzo la consultora Cifra informó que el 31% aprueba la gestión de Orsi y el 46% la desaprueba. En Montevideo, en tanto, el 29% aprueba la administración de Bergara y el 52% la desaprueba.

Ayer por la tarde, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que le cuesta entender "por qué gestiones que están siendo exitosas", como las de Yamandú Orsi en el gobierno nacional y de Mario Bergara en el gobierno departamental no están teniendo el apoyo de una parte del electorado frenteamplista.

"No es lógico lo que está pasando en el frenteamplismo, y ahí es lo que tenemos que estudiar. Ni en el gobierno nacional ni en el gobierno departamental se puede decir que en función de la gestión que están haciendo deberían tener los guarismos actuales", dijo Pereira en una entrevista con Radio Oriental.

"Cuáles son las causales por las cuales una parte del frenteamplismo no está apoyando al gobierno nacional y departamental, además de preocuparnos, nos tiene que ocupar" agregó.

¿Cómo está impactando todo esto a la interna del Frente Amplio?

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

Esta semana que estamos transitando no tiene el mismo significado para todos. Para algunos se celebra la Semana Santa, una festividad cristiana, mientras que otros la asumen como la Semana de Turismo, donde se prioriza el descanso, los viajes y el disfrute.

A lo largo de todo el país se organizan múltiples actividades, como festivales de música popular, regatas, la Vuelta Ciclista, jineteadas o la Semana de la Cerveza. También es momento para recorrer lugares desconocidos, acampar o pescar.

¿Cómo viven los tertulianos esta semana? ¿Para ellos es Semana Santa o Semana de Turismo? ¿Qué recuerdos les trae?

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Este martes, el gobierno descartó la construcción de un túnel bajo la avenida 18 de Julio dentro de la reforma del sistema de transporte metropolitano luego de recibir la propuesta alternativa de la Intendencia de Montevideo que no compartía la idea del soterramiento. 

La decisión se tomó tras una reunión en Torre Ejecutiva en la que participaron el presidente Yamandú Orsi, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, su colega de  Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

Se mantienen varias características importanes del proyecto, que ya estaba acordadas: la base del nuevo sistema serán los buses eléctricos biarticulados BRT con capacidad para 220 pasajeros y los corredores exclusivos para esos vehículos en Avenida 8 de Octubre y Camino Maldonado, entre Tres Cruces y Zonamérica, y en Avenida Italia y Gianattasio, entre Tres Cruces y el Pinar. Esas dos línneas principales de BRT coinciden en Tres Cruces en un intercambiador subterráneo, y luego siguen por 18 de Julio rumbo a la Ciudad Vieja.

La principal diferencia en el planteo de Bergara es que el tramo entre Tres Cruces y la Plaza Independencia, por la avenida 188 de Julio, no incluirá ningún tramo soterrado y, en cambio, se resolverá todo en superficie, con un corredor exclusivo para la ida y la vuelta de los BRT por 18 de Julio. Se prevé la misma cantidad de paradas que en el diseño original, sin quitar a los autos particulares de la avenida y manteniendo la ciclovía.

Ayer, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió el proyecto original, con el soterramiento en 18 de Julio. En diálogo con Subrayado (Canal 10), Sánchez subrayó que esa variante era mejor que la presentada por la Intendencia de Montevideo porque reducía aún más los tiempos de viaje y revitalizaba el Centro de la capital.

"El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba", dijo y agregó que además "se resigna la valorización del espacio público de 18 de Julio porque ahora vamos a seguir teniendo transporte público por allí".

Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo este miércoles en rueda de prensa que la diferencia entre un proyecto y otro era de solo tres minutos y medio en tiempo de viaje, y que un túnel no ameritaba ni los costos económicos ni la paralización de las actividades en la principal avenida durante las obras que pueden llevar dos o tres años.

Otro punto de debate que se ha generado en los últimos días, tiene que ver con la participación de la ciudadanía en este proyecto. Durante la discusión de la reforma e los medios de comunicación se han ido sumando voces de usuarios del transporte público, comerciantes y técnicos que reclaman que no fueron escuchadas. 

Aquí En Perspectiva, le consultamos por esta demanda al intendente de Canelones, Francisco Legniani:

“En este caso en particular, hay una serie de decisiones que hay que tomar, para poder llevar adelante este proyecto de reforma. El presidente ayer fue bien claro: ‘A mi me eligieron para gobernar, para tomar decisiones y en ese proceso estoy…’. Si nos embarcamos en cada uno de los colectivos que quieren participar, que quiere opinar, podemos pasarnos una eternidad. Por tanto, suscribo las palabras del presidente de ayer, fuimos elegidos por la ciudadanía para tomar definiciones y estamos tomando definiciones, que muchas veces es lo que se le pide a los políticos ‘tomen definiciones’ y que no se nos pase un período, como ya se nos ha pasado más de un período, en idas y vueltas y no concretando nada”.

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El 52% de la población uruguaya considera que “se llegó tan lejos” en la promoción de la igualdad de género que ahora se discrimina a los hombres.

El dato surge de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana publicada por la diaria, que fue realizada entre el 6 y el 10 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

De este modo, se constata un leve aumento comparado con 2024, cuando ese guarismo se ubicaba en 46%.

Esta visión se da en mayor medida los hombres (57%), los votantes de la Coalición Republicana (67%) y quienes tienen entre 45 y 59 años (58%).

Por otro lado, la encuesta revela que el 73% de la población no considera el avance del feminismo como una amenaza y el 18% asegura que sí.

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