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Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano, Ana Laura Pérez y Tomás Teijeiro

El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a Presidencia para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al presidente Yamandú Orsi durante los actos de asunción, el 1º de marzo de 2025.

El planteo se da en medio de la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida por parte de Orsi, pocos días antes de asumir. Según informó el programa Así Nos Va, de Radio Carve, el mandatario pagó 54.000 dólares por el vehículo, cuyo precio de venta en plaza rondaba los 79.000.

En el pedido, Schipani señala que el auto usado en la asunción era de la misma marca, y sostiene que ese dato adquiere relevancia pública por el presunto descuento de 25.000 dólares recibido por Orsi en la compra de la camioneta. Por eso, pregunta quién resolvió utilizar ese vehículo, cómo fue el contacto entre Presidencia y la empresa representante de Hyundai o sus concesionarios, y bajo qué modalidad se concretó su uso.

El legislador también consulta si hubo una cesión gratuita o bonificada, un arrendamiento, un patrocinio o algún tipo de acuerdo comercial, institucional, publicitario o protocolar. Además, pide saber qué criterios éticos o administrativos se aplicaron y si Presidencia analizó posibles conflictos de interés.

Además, en una publicación en sus redes sociales, Schipani afirmó que el vehículo que usó Orsi el 1º de marzo “es de la misma automotora que le regaló ocho días antes 25.000 dólares”, en referencia a Oliva Automotores, y consideró que “resulta urgente que el gobierno aclare esta situación”. En el mensaje compartió un video en el que se muestra cómo el vehículo fue modificado para el desfile, entre otros cambios, con el retiro del techo para que la fórmula presidencial pudiera permanecer de pie durante el trayecto entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia.

En cambio, desde el gobierno aseguraron a TV Ciudad que el automóvil utilizado en la asunción de Orsi fue prestado por Fidocar, el representante de Hyundai en Uruguay.

Hoy más temprano el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado sobre este tema en Desayunos Informales. Fue el primer jerarca en hablar públicamente del tema. Díaz descartó que Orsi haya realizado algún acto en el ejercicio de su función como presidente a cambio del obsequio, y dijo que le parece correcto el pedido de informes para que se aclare la situación:

– Díaz: Cuando Yamandú hace esa compra no era funcionario público. Es un dato de la realidad.Tú me preguntas la cuestión legal, yo te contesto la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa. La segunda cuestión es que lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de actos de la función.Y en este caso, hasta donde yo sé, no hay absoluta ninguna demostración que Yamandú haya realizado, aún luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio. Lo que está prohibido es que tú me des un obsequio a mí para que yo haga algo que tengo que hacer.

– Periodista: Lo que está en cuestión es si la elección del auto que se usó, que es dela misma marca y de la misma automotora está vinculado con los $25,000.

– Díaz: Eso va a quedar claramente demostrado una vez que se agregue la documentación y por eso me parece importante que se haga el pedido de informes para que con la documentación a la vista se pueda informar, no tiene nada que ver una cosa con la otra.

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Una nueva encuesta de Factum mostró que el 46% de los uruguayos está en desacuerdo con la actuación de la oposición, mientras que está de acuerdo un 19%. Además, no se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo un 35%  y no opinó el 1%. El estudio, que fue presentado ayer en VTV Noticias, corresponde al segundo bimestre de este año, y se conoce luego de otros sondeos que marcaron un deterioro en la evaluación del gobierno en ese mismo período. 

El informe de Factum también marca diferencias por edad. Entre los jóvenes de 18 a 33 años el desacuerdo con la oposición es menor que en los tramos de mayor edad.

Factum incluyó además un relevamiento sobre posicionamiento político. Según la consultora, se identifica con posturas dialoguistas el 57% de los encuestados y con posiciones cerradas un 9%, mientras que expresa desinterés o descreimiento hacia la política un 31% y no sabe o no opinó el 4%.

La encuesta fue realizada entre el 18 de abril y el 5 de mayo, con 900 casos por telefonía celular. El margen de error máximo es de 1,7% para un nivel de confianza de un sigma, y de 3,3% para dos sigmas.

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Guillermo López, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La 31ª Marcha del Silencio reunió ayer multitudes en Montevideo y decenas de localidades en el interior del país. La movilización, convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en reclamo de memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad la consigna fue: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”. 

La fecha recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El día anterior se había producido, también en Buenos Aires, la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff.

Como es tradición, la marcha partió sobre las 19:00 desde Jackson y avenida Rivera, donde se encuentra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina, y avanzó en silencio por 18 de Julio hasta Plaza Cagancha. 

En el recorrido se leyeron los nombres de las 205 personas detenidas desaparecidas, 8 más que el año pasado, dado que la Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó la cifra la semana pasada.

Los manifestantes llevaron fotografías de los desaparecidos, margaritas a las que les faltaba un pétalo y el pabellón nacional.

El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a TV Ciudad que la marcha fue la culminación de un “nuevo esfuerzo” y destacó su carácter masivo en todo el país.

La organización reclama que el Poder Ejecutivo ordene formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información disponible sobre enterramientos clandestinos y archivos militares, porque “quedarse pasivamente esperando a que un militar brinde información, no funciona”, dijo Errandonea a Búsqueda.

Los familiares ven algunas señales positivas del gobierno pero también falta de acción. “Vemos pequeños avances”, dijo a ese medio el integrante del colectivo. Entre ellos mencionó la reanudación de la digitalización de archivos de inteligencia policial —que había quedado en suspenso durante el gobierno anterior— y nuevas disposiciones para trabajar sobre archivos del Ministerio de Defensa. “Eso es una buena señal. Hay avances, pero no los suficientes y no los sustanciales”, evaluó.

Ayer el Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó en redes sociales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dio la orden para abrir a la INDDHH archivos militares vinculados con el terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985.

La resolución, firmada el 4 de diciembre por la ministra Lazo, encomienda al Comando General del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias del ministerio «asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales» que puedan resultar relevantes para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.

La medida – destaca el MPP- busca hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 19.822, aprobada en 2019, que encomendó a la INDDHH la búsqueda de detenidos desaparecidos y le otorgó potestades legales para acceder a archivos públicos y privados vinculados al pasado reciente.

Hoy más temprano, aquí En Perspectiva, la Dr. Mariana Mota, presidenta de la INDDHH expresó que si bien la orden de la ministra de Defensa va en la línea correcta, aún falta información para que realmente se pueda avanzar:

"Lo que pasa es que debería haber una búsqueda proactiva con personas que no solamente sean de la fuerza correspondiente, aún pensando en la buena voluntad de quienes van a buscar, tal vez no entiendan qué es lo que se está buscando y puedan considerar qué elementos o datos no son relevantes. Entonces es vital que la institución tenga una participación sustancial en esa búsqueda, porque sabe lo que está buscando, pero que haya también una guía y una disposición desde el Ministerio de Defensa, que busquen efectivamente donde hay archivos".

El dirigente frenteamplista Rafael Michelini reiteró ayer propuesta sobre cómo debe darse la orden del presidente Yamandú Orsi a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que posean sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Michelini había planteado esa idea a comienzos de este mes, durante un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República en homenaje a su padre, Zelmar Michelini. 

Este miércoles, en la entrevista central, aquí, en En Perspectiva, Michelini profundizó en su sugerencia…

“Los familiares, en su última reunión con el presidente, le plantearon que dé la orden. Y en algún caso hemos transmitido que la orden hay que darla —yo estoy de acuerdo— para que entreguen la información. Pero esa orden tiene que ser con objetivos, con propósitos, y responsabilizando a determinado personal, tanto policial como militar, para que pongan su profesionalismo. Porque a veces nosotros no entendemos cómo se hacían las cosas. Y de esa manera creo que vamos a avanzar”.

Michelini volvió sobre su planteo ayer, en una rueda de prensa en el Cementerio Central, donde se colocó una ofrenda floral en recuerdo de Zelmar Michelini. Allí reclamó que el gobierno dé una “orden sustanciosa” a las Fuerzas Armadas para buscar archivos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Reiteró que no debe ser “una orden más”, sino una instrucción con “objetivo”, “propósito” y “fundamentos”, que involucre a personal militar y policial sensibilizado con el tema.

También respondió al comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien había dicho que la fuerza “no tiene nada para ocultar”. Ante esa afirmación, Michelini sostuvo que, “con más razón”, si no hay nada para ocultar, se deben entregar “todos los archivos correspondientes”. Agregó que el acceso a esa documentación es clave para ubicar restos de desaparecidos y dar respuestas a sus familias.

Continúa en: El diputado Gustavo Salle propone reducir salarios de legisladores y del presidente

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El diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, presentó un proyecto de ley para recortar los sueldos de legisladores, cargos políticos y el presidente de la República.

Salle lanzó su propuesta a partir de las críticas que se formularon en las últimas semanas al proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse para realizar obras en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Consultado sobre cuáles son los cambios que propone, aclaró:

“Sueldo máximo de Orsi seis salarios mínimos nacionales. Sueldo máximo de Gustavo Salle y todos los demás diputados, cuatro sueldos mínimos nacionales. No hay más partidas ni hay más pago de votos”. Salle agregó que buscará respaldo parlamentario para el proyecto y señaló: “Ahora vamos a ver qué hacen los otros diputados”. Además, sostuvo que recorrerá los despachos de sus colegas a ver quiénes acompañan “al diputado Salle preocupado por los privilegios de la casta que integró”.

Cuando uno de los periodistas le preguntó qué sabe por ahora de la reacción de los demás diputados, respondió: “Me quieren matar”.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó ayer que es "temerario" y "a nadie se le puede ocurrir" decir que el equipo económico se "está rifando la sostenibilidad fiscal" por las medidas anunciadas en materia de seguridad social. "Están pasando límites que yo como analista nunca vi", declaró al disertar en el almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). 

“Hemos, en las últimas semanas, pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Yo me he tenido que dedicar varias semanas —reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, de los que me hago cargo— a explicarle a gente del exterior, que le dedica cinco minutos al año a pensar en Uruguay, que lo que está ocurriendo no es como se está discutiendo. Esto tiene parte que ver con nosotros, con errores de comunicación, pero también con un estado del debate económico y financiero que no solamente involucra al sistema político, sino también al sector privado, a las corporaciones y a analistas privados, que, en mi opinión, no han estado a la altura de las circunstancias”.

En este sentido y en referencia a las críticas de la oposición en torno este tema agregó "En las últimas semanas hemos pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Me he tenido que dedicar varias semanas también, reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, que me hago cargo de ellos, a explicarle a un conjunto de gente del exterior que lo que está ocurriendo no es como aparentemente se está discutiendo", sostuvo el jerarca.

Oddone volvió a remarcar que garantizar la sostenibilidad fiscal es el "único elemento central" que tienen desde la cartera para "defender la credibilidad de Uruguay". Además, sostuvo que el debate "no estuvo a la altura de la circunstancias" no solo por el sistema político, sino también por las acciones de otros actores como corporaciones privadas y analistas.

En base a estas declaraciones del ministro, Ana Laura planteaba la pregunta: ¿el sistema político tendría o no que hacer acuerdos sobre cómo dar esos debates que pueden dañar la reputación de Uruguay? 

¿Cómo se define y se garantiza la "altura del debate” que exige el ministro, y dónde se traza la línea entre la crítica legítima a la política económica y las afirmaciones que, según Oddone, cruzan un límite y dañan la estabilidad económica de Uruguay?

Continúa en: Álvaro Perrone condicionó su voto sobre investigadora de ASSE a proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70

Hoy se estrena “Nico”, la película de terror filmada en Salto… y otros telegramas

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La conformación de una única comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sigue sin definirse. Hasta ahora, hay dos propuestas de investigadora, una impulsada por el Partido Nacional (PN) que busca que se indague desde 2015 a la fecha, y otra planteada por el Frente Amplio (FA) que apunta a investigar la gestión pasada. 

Este martes hubo una reunión interpartidaria de los coordinadores de bancada de la Cámara de Diputados en la que se trató este asunto, pero aún no hay acuerdo para unificar ambas iniciativas. 

De no prosperar una negociaición, los votos de Cabildo Abierto para que salga una u otra iniciativa resultan claves. 

Ese día, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que en la reunión con la coalición informó que condiciona su voto para la investigadora de ASSE al tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años. 

“Si se vota la prisión domiciliaria, nosotros accedemos”, dijo el legislador según consignó La Diaria. “Es hora de hacer valer los votos. Esta discusión ya tiene cinco años; hay que terminar de dar vueltas. Nosotros no estamos dispuestos a votar más nada; hay que tratar ese tema y hay que votarlo, porque el revanchismo sigue”, indicó.

[El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo] Perciballe, tiene la gran virtud de esclarecer delitos de hace 50 años, pero si hay un homicidio que pasó hace una semana, nadie lo puede esclarecer. Entonces, claramente, no es justicia, sino revanchismo, como dice el general [Guido] Manini [Ríos]”, finalizó.

Perrone subrayó que hay una iniciativa sobre prisión domicialiaria del diputado blanco Rodrigo Goñi, así como también una del senador colorado Pedro Bordaberry, que van en ese sentido, además del proyecto que presentó CA en el período pasado.

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Foto: Flyer de la película "Nico"

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Foto: Equipo de comunicación de Carolina Cosse

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La vicepresidenta Carolina Cosse presentó públicamente ayer una propuesta de intervención urbana para el entorno del Palacio Legislativo, que se llevaría a cabo como parte de la conmemoración de los 100 años del edificio. La iniciativa prevé cambios en la circulación, más espacios verdes y la construcción de un edificio anexo en el predio donde hoy hay un helipuerto.

Según el borrador presentado junto al arquitecto Salvador Schelotto, se plantea semipeatonalizar un tramo de General Flores, mejorar el espacio público y levantar un edificio de dos o tres niveles para oficinas, archivos, salas de reunión y servicios vinculados al Parlamento. También se prevén espacios abiertos a la comunidad, como áreas de cowork, salas de lectura, un CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en la azotea.

“En este primer borrador, nosotros estamos buscando que esta propuesta contribuya a tener más seguridad, mayores espacios públicos, más y mejor turismo, mejor entorno para los centros educativos, más espacios para la convivencia y un mejor Parlamento”.

Aunque la propuesta será presentada formalmente el jueves próximo ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, el borrador del proyecto impulsado por Carolina Cosse comenzó a circular en los últimos días y generó críticas de la oposición.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, cuestionó la oportunidad del proyecto en un contexto de restricciones económicas y sostuvo que mezcla competencias ajenas al Parlamento. En la misma línea, el senador Sebastián Da Silva recordó que Cosse impulsó la construcción del Antel Arena, una obra cuestionada por su costo final, y afirmó que los “antecedentes” de la vicepresidenta “son lo suficientemente emblemáticos como para ni siquiera mirar la maqueta”.

Por su parte, la bancada de senadores del Partido Colorado expresó un “rechazo enérgico, frontal y absoluto” a la iniciativa. Los legisladores cuestionaron que se destinen recursos a este proyecto mientras persisten problemas como la pobreza, la inseguridad y la situación de las personas en calle. También criticaron la idea de semipeatonalizar parte de la zona, al entender que podría agravar el tránsito en Montevideo.

Cosse respondió que le sorprendió “la explosión mediática” sobre una iniciativa que aún está en etapa de borrador. Aseguró que el objetivo es concretar el proyecto “con el menor costo posible”, mediante concursos públicos de arquitectura con apoyo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

Sobre el financiamiento, afirmó que la propuesta apunta a realizarse “ahorrando 30 millones de dólares” votados en el período anterior para los festejos por los 100 años del Palacio y que fueron devueltos al Poder Ejecutivo para destinarlos a otras obras o programas.

Consultado ayer por este tema, el presidente Yamandú Orsi defendió la propuesta impulsada por la vicepresidenta y dijo que le sorprendieron las críticas de la oposición. Sostuvo que le “gustó la idea” y consideró positivo mejorar el vínculo entre ese espacio y la ciudad.

Continúa en: Senado aprobó por unanimidad llamado a aportar información sobre los  desaparecidos

Integrante del Partido Comunista participó en la visita de Orsi al portaaviones estadounidense… y otros telegramas

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La Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad una declaración en la que convoca a aportar información sobre personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

En el texto se llama a “toda persona que cuente con información relevante” para la búsqueda a que la aporte de manera confidencial ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). “Esta acción forma parte de una política de Estado que expresa el firme compromiso del país con la verdad, la justicia y la reparación”, señala la declaración firmada por el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional. 

Al fundamentar su voto, el senador del Frente Amplio Óscar Andrade indicó:

“Creo que es muy importante que el sistema político acuerde una declaración sobre la necesidad de recabar información. Mayo es un mes que nos interpela, particularmente a esta casa, porque cada 20 de mayo, este un año muy especial porque se conmemoran los 50 años del asesinato de Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini en la Argentina, dos representantes de esta casa y tiene que ver con una deuda que la sociedad tiene con respecto a los delitos de lesa humanidad, con respecto a la desaparición forzada”.

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró que todos los partidos están de acuerdo en que “se resuelva esta situación gravísima, esta deuda que el país tiene con su propia historia reciente” y agregó:

“Nosotros lo que queremos es ubicar esta problemática, esta situación, esta herida que tiene Uruguay y gran parte de América Latina, en el lugar justo y adecuado. Tiene que haber verdad total, no parcial, memoria total, no parcial, y no desconocimiento de las normas de derecho internacional y de derecho nacional que nos rigen”.

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