La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte

El presidente Yamandú Orsi aseguró que la decisión de utilizar vehículos militares como apoyo en operativos policiales “está tomada”, aunque todavía deben resolverse algunos aspectos jurídicos.

El tema será analizado el viernes en el Consejo de Ministros. Todavía no está definido si los militares portarán armamento, ni cuál será el régimen de responsabilidad legal si deben usar la fuerza. Y aun persisten dudas sobre si efectivamente serán los vehículos Mamba los que se utilicen, dado que EEUU los donó para Misiones de Paz y esto implicaría un fin distinto.  

De todas formas, mientras se continúa negociando el acuerdo entre el Ministerio de Defensa e Interior, las repercusiones políticas se han suecedido por diversos lados desde que se conocio la noticia.

En una rueda de prensa, ayer en Treinta y Tres, Orsi afirmó que el Estado no puede escatimar recursos ante el avance del crimen organizado.

Más temprano, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, advirtió, entrevistado en el programa Arriba Gente, de Canal 10, que la presencia de vehículos del Ejército en las calles puede generar una imagen negativa en la población.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa (…) Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”.

Además, el ministro aseguró que él no tenía información sobre esta propuesta o decisión adoptada entre el presidente Orsi, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

Durante su encuentro con periodistas, Orsi fue consultado por los dichos de Castillo:  

“Acá no es un tema de imagen; acá es un tema de acción, acá hay que resolver. Lo que cada uno piense los profundizaremos en el próximo gabinete. Está clarísimo: la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore, no un tema de imagen ni de sensación, sino que podamos resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado se viene con todo y no nos podemos detener”.

El semanario Búsqueda informa que en Presidencia generaron “malestar” los dichos de Castillo, dado que a fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Oris había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos, e instó a que evitaran contradicciones públicamente. 

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli afirmó ayer que la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército en operativos policiales responde al “fracaso de la gestión” de Carlos Negro, pero señaló que es una herramienta válida:  

"Yo entiendo la traba ideológica que hay en la izquierda, porque el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el secretario de Presidencia, el excandidato Daniel Martínez y cuantos otros más, todos y cada uno de ellos se opusieron siempre, por razones ideológicas, a que los militares colaboraran con la Policía. Hay otros países que lo hacen y es una herramienta válida. No va a funcionar por sí sola. Tienen que funcionar otros elementos".

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Comerciantes que integran el Grupo Centro, un colectivo que reúne a cerca de 300 comercios de los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, presentó la semana pasada en el Parlamento un proyecto de vivienda para personas en situación de calle. En su exposición sostuvieron que es necesario implementar soluciones “radicales” y “de fondo” ante esa problemática que sigue creciendo en todo el país.

Luego de plantear en diferentes ámbitos los inconvenientes de convivencia, higiene y seguridad derivados de estas situaciones, resolvieron armar una propuesta y pidieron ser recibidos por la Comisión de Población de la Cámara de Representantes.

El jueves pasado, en entrevista aquí En Perspectiva, Armando Litvan, vicepresidente de Grupo Centro, comentó que ellos entienden que lo primero que necesitan estas personas es tener una vivienda, por obvio que parezca. A partir de esa base explicó la iniciativa que elaboraron:

“Si existieran 4,000 personas, por decir algo, un número redondo en Montevideo, ¿cuántas viviendas serían necesarias?

Existen algunas viviendas de origen chino, que el MIDES ya ha comprado en época de pandemia, que pueden albergar fácilmente dos personas, a veces más también, pero digamos dos, pueden alterar hasta cuatro. Esas viviendas cuestan en origen alrededor de 7 mil dólares. Si fueran adquiridas en volúmenes más grandes, seguramente podrían conseguirse precios menores. Digamos que puesta acá, cada una de esas viviendas, lo digo con un cierto margen, costará 10.000 dólares. Si usted compra 10.000 dólares a cada vivienda por 2.000 viviendas, está invirtiendo 20 millones de dólares. Los terrenos los tiene la Intendencia, los tiene el Estado. Es decir que la parte del terreno no es complicada, y tampoco la parte del montaje se monta muy rápido en el día, a veces ya quedan armadas las viviendas sin ningún tipo de problema. De manera que usted con una citra que para el Estado es bajísima, porque imagínense que el plan de movilidad que se esta planteando para Montevideo se manejan cifras entre 500 y 1.000 millones de dólares. 

Nosotros estamos diciendo acá, bueno, dispongamos o disponga el estado de 20 millones de dólares, tiene los técnicos, asistentes sociales y tal como para manejar esa situación y decirle a la persona que sale de la penitenciaría, mirá, por un año o por seis meses vas a poder vivir en esta situación, vamos a poder entrenarte para conseguir un trabajo o lo que fuera y vamos a poderte dar un tipo de ayuda. Esta solución no es que se nos ha ocurrido a nosotros en forma mágica, hemos analizado lo que ha pasado en otras ciudades pequeñas, porque en las ciudades más grandes es muy difícil.”

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La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza Rossana Re Fraschini por su actuación en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en marzo pasado.

La decisión fue adoptada luego de una investigación administrativa sobre la respuesta judicial ante las denuncias previas de violencia. En esa instancia se analizó especialmente dos actuaciones judiciales: una denuncia presentada por la madre del adolescente contra su pareja en 2024 y otra realizada en noviembre de 2025 por autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan, que alertaron sobre lesiones que presentaba el joven.

A partir de las conclusiones de esa investigación, la Suprema Corte resolvió avanzar con un sumario respecto a una de las magistradas involucradas, mientras continúa evaluando las responsabilidades que pudieron existir en el tratamiento del caso.

La presidenta de la Corte, Doris Morales, concurrió ayer a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados para informar sobre la intervención de la Justicia en el caso. En rueda de prensa, explicó que el sumario está bajo secreto y deberá determinar si existieron irregularidades que ameriten una sanción.

“De acuerdo a lo que surge de la investigación, se decidió que se debía iniciar un sumario administrativo a la juez. Eso no significa que estemos prejuzgando que hubo deficiencias o una mala actuación. El sumario es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente existe un hecho que amerite sanción”.

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Culminó en el Senado la aprobación Parlamentaria de la Ley de Empleo Integral presentada por el Poder Ejecutivo. La cámara alta votó ayer por unanimidad los cambios introducidos por Diputados y cerró el proceso legislativo. Ahora resta que la norma sea promulgada.

La ley establece subsidios para empresas que contraten a personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. El Inefop destinará una partida anual de hasta 407 millones de pesos para financiar la mayor parte de estos incentivos.

Los beneficiarios incluyen a jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, y personas afrodescendientes, trans o con discapacidad. También comprende a personas privadas de libertad habilitadas para trabajar, a quienes cumplen medidas alternativas y a liberados hace menos de tres años.

Para los jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de tres meses desempleados, el subsidio podrá cubrir hasta una cuarta parte del salario si son varones y hasta un tercio si son mujeres. Diputados incorporó además a madres, padres o tutores de menores de 15 años en situación de discapacidad.

También se elevó a 20% el límite de contrataciones subsidiadas para las empresas con más de 99 trabajadores. La ley garantiza que las personas privadas de libertad contratadas cobren al menos el salario mínimo nacional y dispone controles del Ministerio de Trabajo sobre los salarios y la carga horaria.

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Martín Bueno, Pablo Díaz,
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El Poder Ejecutivo presentó ayer los lineamientos del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa de más de 240 artículos que será enviada al Parlamento la semana próxima.

El gobierno la define como una batería de reformas microeconómicas para promover empleo, inversión, mayor competencia, menos burocracia y una reducción de costos para empresas y consumidores.

La presentación estuvo a cargo de los ministros Gabriel Oddone, de Economía; Fernanda Cardona, de Industria; Cristina Lustemberg, de Salud Pública; y Alfredo Fratti, de Ganadería. 

Oddone sostuvo que el proyecto busca modernizar la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas, y lo calificó como una señal central del rumbo económico del gobierno.

“El corazón de la competitividad está en los costos de gestión y en los costos de funcionamiento del sistema. Y el sector público, muchas veces –por costumbre, por no hacer revisiones profundas de las decisiones tomadas en el pasado– pone sobre los contribuyentes, en particular sobre las empresas, un peso extraordinario”.

El texto está dividido en cuatro capítulos: agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión. 

Entre otras medidas, se propone crear registros únicos para que las empresas no deban presentar la misma documentación ante distintos organismos, fijar plazos máximos de respuesta y aplicar el llamado “silencio positivo” cuando el Estado no responda dentro del plazo previsto.

También se plantea ampliar de cinco a diez años la vigencia de registros sanitarios, técnicos y ambientales, permitir renovaciones mediante declaración jurada y habilitar trámites en paralelo. En comercio exterior, el proyecto impulsa el autodespacho aduanero, la digitalización de documentos y la eliminación de varios trámites en papel.

Otro eje es la promoción de la competencia. La iniciativa busca dar más autonomía a la Comisión de Defensa de la Competencia, facilitar que haya varios importadores de un mismo producto y obligar a los comercios a informar el precio por unidad de medida, como kilo, litro o unidad, para que los consumidores puedan comparar mejor.

El proyecto también incluirá medidas para mipymes, fintech, parques industriales, producción agropecuaria familiar y salud. Entre ellas, un sistema gratuito de gestión empresarial para pequeñas empresas, espacios controlados para probar soluciones financieras innovadoras, una plataforma digital para la cadena cárnica y la simplificación de trámites sanitarios sin reducir controles, según afirmó el gobierno.

Desde la oposición las primeras reacciones fueron favorables al proyecto de competitividad del gobierno, aunque los legisladores aclararon que esperarán a conocer el texto completo cuando ingrese al Parlamento.

El senador Javier García valoró positivamente que el gobierno haya considerado medidas que, según sostuvo, ya habían sido propuestas por la bancada del Partido Nacional a impulso de Laura Raffo.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo al diario El País que la orientación del proyecto “es compartible” y que todo lo que contribuya a simplificar trámites, ganar competitividad y eliminar costos “es siempre bienvenido”. De todos modos, cuestionó si el oficialismo tendrá consenso interno para avanzar.

Desde el Partido Colorado, Carlos Rydström valoró el anuncio y dijo que va “en el sentido correcto”. Sostuvo que el proyecto reconoce que muchas veces el Estado y la burocracia son un obstáculo, y adelantó que merece apoyo multipartidario.

Continúa en: PIT CNT organizó paro general parcial “Por un Uruguay de transformaciones profundas”

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Durante el paro general parcial realizado ayer, el PIT CNT reclamó que la Rendición de Cuentas incluya más recursos, entre ellos para avanzar hacia el 6% del PIB para educación y el 1% para investigación, ciencia y tecnología.

La central también planteó una sobretasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico de la población para atender la pobreza infantil, mejoras salariales y reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.

La medida fue convocada bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario”, e incluyó una movilización en el Cerro de Montevideo. La marcha se desarrolló por la avenida Carlos María Ramírez y terminó con un acto encabezado por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y la secretaria general adjunta, Alejandra Pereira.

Abdala advirtió que el país mantiene problemas estructurales en materia de empleo. Señaló que, aunque aumentó la ocupación, persisten dificultades vinculadas a la calidad del trabajo, los bajos salarios, la informalidad y la precarización.

“Alrededor de ciento cuarenta y tres mil personas totalmente desempleadas, un 7,5%. Ciento cincuenta y cuatro mil personas subocupadas o subsalariadas, porque están condenadas a salarios de hambre, un 8,8%. Trescientas ochenta y seis mil personas en la informalidad. Son datos correspondientes al primer trimestre de este año”.

El presidente del PIT-CNT llamó a impulsar cambios profundos, entre ellos una reforma laboral, una reforma tributaria y una revisión del sistema de protección social. Sostuvo que “hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo” y aseguró que, si esas señales aparecen, contarán con “el respaldo y la movilización del movimiento obrero” para avanzar en esa dirección.

Por su parte, la dirigente Alejandra Pereira reclamó respuestas urgentes ante la pobreza infantil, la situación de la educación pública, la salud mental y las condiciones de trabajo, y cuestionó que para la Rendición de Cuentas el gobierno hable de reasignación del gasto sin incremento presupuestal.

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Como una forma de atenuar las pérdidas que arroja año a año el sector cementos de Ancap, el gobierno le solicitó el mes pasado al Congreso de Intendentes que las comunas se comprometieran a comprar una cuota del portland que produce la empresa estatal para utilizarlo en sus obras departamentales.

El planteo fue realizado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a través de una carta que envió al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera. El objetivo, según escribió, es que "las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento portland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos".

Cardona agregó que Olivera, por ser el jefe comunal de Paysandú, conoce "de primera mano la importancia que la planta de portland de Ancap tiene para la economía y el empleo de ese departamento, con una posición privilegiada para promover un compromiso colectivo que beneficiará especialmente a su región".

El viernes pasado Cardona destacó que el Congreso de Intendentes aprobó un convenio marco con Ancap para la compra de pórtland, lubricantes y combustibles.

En redes sociales, la ministra afirmó que el acuerdo es fruto de varios meses de trabajo entre la empresa pública y la Comisión de Descentralización. 

Según indicó, el pedido que ella le había realizado a los jefes departamentales para fortalecer la demanda de la industria del pórtland “se convierte en acuerdo”. La ministra reconoció a las intendencias y al presidente del Congreso, y sostuvo que se trata de “un pasito más cerca” para apuntalar esa industria.

Sin embargo, según informó El País en base a varios presentes en la sesión, el acuerdo no está cerrado. Los jefes comunales plantearon que todavía debe discutirse el tema de los precios y que la compra de pórtland no puede quedar atada a una exclusividad con Ancap.

Los intendentes resolvieron recibir a Cardona en una próxima sesión plenaria para analizar la propuesta y buscar consensos. Uno de los intendentes dijo al diario que están dispuestos a conversar, pero no a aceptar una imposición que limite la capacidad de elegir la mejor opción para las intendencias.

Continúa en: Últimas novedades sobre el caso de la camioneta de alta gama de Yamandú Orsi

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El presidente Yamandú Orsi explicó que decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al enterarse de una “necesidad concreta” de ese organismo y para evitar nuevas “especulaciones”, en medio de la polémica por la compra del vehículo. 

La noticia de la donación se conoció en la noche del miércoles, luego de una reunión que el mandatario mantuvo en Torre Ejecutiva con algunos medios de comunicación. Consultado ayer en rueda de prensa, Orsi reconoció que se trata de un tema “delicado” y admitió que “quizás” hubo errores en la comunicación del gobierno. 

“Primero porque me enteré de una necesidad concreta de la ANEP. Y, por otro lado, así aventamos cualquier tipo de especulación posterior. Es un problema, es una dificultad… Yo me crié toda la vida con un solo auto, en mi casa teníamos eso y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”. 

En tanto, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, indicó que aceptó la donación porque el organismo tiene necesidades de transporte que no logra cubrir por completo.

“A nosotros nos faltan vehículos. Esta es una camioneta que tiene lugar para siete pasajeros, se va a usar en transporte de gurises del medio rural, que pueden llegar a ser pocos, o en transporte de chiquilines de educación especial, que muchas veces viven en la otra punta en la que está la escuela. Esos chiquilines hoy están siendo trasladados por transporte de Primaria o licitaciones que tiene Primaria y ahora sumaremos la camioneta”.

Caggiani aclaró que aún resta por completar los trámites administrativos que permitan efectivizar la donación.

Las explicaciones del presidente Orsi sobre la compra y posterior donación de su camioneta siguieron generando cuestionamientos en la oposición. Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado afirmaron que todavía persisten dudas y reclamaron más aclaraciones. 

El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó como “bastante inservible” la decisión de donar la camioneta. Sostuvo que el vehículo no responde a las necesidades más urgentes de la educación pública y planteó que debería ser sustituido por otros vehículos destinados al traslado de estudiantes. Además, cuestionó la forma en que el presidente pretendió dar por terminado el asunto.

“La doctrina de Sarandí del Yi está haciendo mella. ¿Cuál es esa doctrina? Cuando se inició el Código del Proceso Penal apareció alguien que le robó a otro y el fiscal le dijo que para no ir preso debía devolver lo robado y, si lo había vendido, hacer un acuerdo por dos mil quinientos pesos. Bueno, más o menos así termina esta novela digna de García Márquez”.

En la misma línea, el senador colorado Andrés Ojeda afirmó que todavía quedan dudas sobre el valor de la camioneta, la rifa del otro vehículo donado por la automotora Car One y la forma en que esa donación fue registrada ante la Corte Electoral. Además, cuestionó el peso que pueda tener un eventual pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Para mí es un comité de base. Ya tenemos pruebas claras de que la Jutep no es un organismo de contralor; es un organismo político del gobierno. Fernando Pereira decía el otro día que esperemos a la Jutep porque va a dar bien. Y sí, obvio que les va a dar bien, si no tiene ningún criterio objetivo de nada. La Jutep nos da mal a nosotros y bien a ellos. Así ha sido desde Álvaro Danza para acá”.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará mañana las denuncias presentadas contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta. Según informó la presidenta del organismo, Ana María Ferraris, hasta ahora ingresaron seis denuncias, todas anónimas.

Ferraris dijo a Subrayado que el caso será priorizado por la “relevancia institucional” de la persona denunciada, aunque aclaró que no habrá una resolución inmediata. La Jutep deberá designar una abogada para tramitar el expediente y podrá pedir información a organismos o funcionarios involucrados, incluido el primer mandatario.

La sesión será el viernes porque el directorio de la Jutep debe comparecer hoy ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

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Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano, Ana Laura Pérez y Tomás Teijeiro

El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a Presidencia para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al presidente Yamandú Orsi durante los actos de asunción, el 1º de marzo de 2025.

El planteo se da en medio de la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida por parte de Orsi, pocos días antes de asumir. Según informó el programa Así Nos Va, de Radio Carve, el mandatario pagó 54.000 dólares por el vehículo, cuyo precio de venta en plaza rondaba los 79.000.

En el pedido, Schipani señala que el auto usado en la asunción era de la misma marca, y sostiene que ese dato adquiere relevancia pública por el presunto descuento de 25.000 dólares recibido por Orsi en la compra de la camioneta. Por eso, pregunta quién resolvió utilizar ese vehículo, cómo fue el contacto entre Presidencia y la empresa representante de Hyundai o sus concesionarios, y bajo qué modalidad se concretó su uso.

El legislador también consulta si hubo una cesión gratuita o bonificada, un arrendamiento, un patrocinio o algún tipo de acuerdo comercial, institucional, publicitario o protocolar. Además, pide saber qué criterios éticos o administrativos se aplicaron y si Presidencia analizó posibles conflictos de interés.

Además, en una publicación en sus redes sociales, Schipani afirmó que el vehículo que usó Orsi el 1º de marzo “es de la misma automotora que le regaló ocho días antes 25.000 dólares”, en referencia a Oliva Automotores, y consideró que “resulta urgente que el gobierno aclare esta situación”. En el mensaje compartió un video en el que se muestra cómo el vehículo fue modificado para el desfile, entre otros cambios, con el retiro del techo para que la fórmula presidencial pudiera permanecer de pie durante el trayecto entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia.

En cambio, desde el gobierno aseguraron a TV Ciudad que el automóvil utilizado en la asunción de Orsi fue prestado por Fidocar, el representante de Hyundai en Uruguay.

Hoy más temprano el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado sobre este tema en Desayunos Informales. Fue el primer jerarca en hablar públicamente del tema. Díaz descartó que Orsi haya realizado algún acto en el ejercicio de su función como presidente a cambio del obsequio, y dijo que le parece correcto el pedido de informes para que se aclare la situación:

– Díaz: Cuando Yamandú hace esa compra no era funcionario público. Es un dato de la realidad.Tú me preguntas la cuestión legal, yo te contesto la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa. La segunda cuestión es que lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de actos de la función.Y en este caso, hasta donde yo sé, no hay absoluta ninguna demostración que Yamandú haya realizado, aún luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio. Lo que está prohibido es que tú me des un obsequio a mí para que yo haga algo que tengo que hacer.

– Periodista: Lo que está en cuestión es si la elección del auto que se usó, que es dela misma marca y de la misma automotora está vinculado con los $25,000.

– Díaz: Eso va a quedar claramente demostrado una vez que se agregue la documentación y por eso me parece importante que se haga el pedido de informes para que con la documentación a la vista se pueda informar, no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Continúa en: Encuesta de Factum: 46% de desacuerdo con la actuación de la oposición

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Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano, Ana Laura Pérez y Tomás Teijeiro

Una nueva encuesta de Factum mostró que el 46% de los uruguayos está en desacuerdo con la actuación de la oposición, mientras que está de acuerdo un 19%. Además, no se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo un 35%  y no opinó el 1%. El estudio, que fue presentado ayer en VTV Noticias, corresponde al segundo bimestre de este año, y se conoce luego de otros sondeos que marcaron un deterioro en la evaluación del gobierno en ese mismo período. 

El informe de Factum también marca diferencias por edad. Entre los jóvenes de 18 a 33 años el desacuerdo con la oposición es menor que en los tramos de mayor edad.

Factum incluyó además un relevamiento sobre posicionamiento político. Según la consultora, se identifica con posturas dialoguistas el 57% de los encuestados y con posiciones cerradas un 9%, mientras que expresa desinterés o descreimiento hacia la política un 31% y no sabe o no opinó el 4%.

La encuesta fue realizada entre el 18 de abril y el 5 de mayo, con 900 casos por telefonía celular. El margen de error máximo es de 1,7% para un nivel de confianza de un sigma, y de 3,3% para dos sigmas.

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