La Tertulia de los Jueves con Ana Laura Pérez, Rodrigo Coniglio, Martín Morales y Cecilia Eguiluz
El senador Pedro Bordaberry presentó este martes ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley para prevenir, detectar y sancionar los conflictos de interés dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. La iniciativa alcanza tanto a instituciones públicas como privadas, incluyendo ASSE, las IAMC, los seguros integrales y cualquier entidad que reciba fondos de FONASA, del Fondo Nacional de Recursos o del Fondo de Garantía.
El proyecto prohíbe a directores, gerentes y personal con poder de decisión —y a sus familiares directos— tener intereses económicos en empresas proveedoras de la institución donde trabajan, y los obliga a presentar una declaración jurada de intereses con actualización anual. Además crea un nuevo delito, la "conjunción de interés en instituciones privadas de salud", con penas de hasta seis años de prisión, inhabilitación de cinco a diez años y multas de hasta 20.000 UR para quien se beneficie indebidamente de una contratación o designación por razón de su cargo.
La norma también prohíbe la doble función médica —dirigir o gestionar una institución y a la vez facturarle servicios médicos personales— y sanciona la derivación de pacientes a uno mismo sin justificación clínica. Para controlar su cumplimiento, se crea la Junta de Idoneidad y Transparencia en Salud, un organismo de tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, que llevará el registro de declaraciones juradas y podrá dar cuenta a la Justicia Penal.
En la exposición de motivos, Bordaberry vinculó la urgencia de la iniciativa con el caso reciente del CASMU y su acceso al Fondo de Garantía, y planteó este nuevo organismo como alternativa a que sea el propio Poder Ejecutivo el que decida sobre las autoridades de instituciones con las que negocia políticamente.
Ana Laura Pérez, Rodrigo Coniglio, Martín Morales y Cecilia Eguiluz opinan del tema en La Tertulia de los Jueves.
