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Auspicia: BBVA, McDonald’s, Bodega Cerro Chapeu y UPM

¿A qué información pública podemos acceder sobre la situación ambiental de nuestro país? ¿Qué grado de participación podemos tener como ciudadanos en las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo en materia ambiental? ¿Qué derechos tienen quienes salen a defender el medio ambiente cuando denuncian lo que consideran es una injusticia ambiental?

A responder estas preguntas apunta el Acuerdo de Escazú que fue adoptado, justamente, en esa ciudad de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la protección de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Entre el 21 y el 24 de abril se llevó a cabo la COP 4 (Conferencia entre las Partes) de este acuerdo en Bahamas en donde Uruguay entregó la presidencia de la Mesa Directiva con la que contaba desde 2022.

Profundizamos en La Mesa Verde sobre la actualidad de este acuerdo. Para eso Romina Andrioli conversó con:

Mariana Blengio

• Miembro internacional del Comité de Apoyo del acuerdo de Escazú

Marcelo Cousillas

• Presidente saliente de la Mesa Directiva del acuerdo de Escazú

Andrea Dejten

• Investigadora del Área de desarrollo y Ambiente del Centro Interdisciplinario de estudios sobre el desarrollo – Uruguay (CIEDUR) y defensora ambiental

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