México denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto policial que ingresó a su embajada en Quito el viernes pasado, destinado a arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió romper las relaciones entre su país y Ecuador el viernes de noche, pocas horas después de que policías ecuatorianos irrumpieran en la embajada mexicana para capturar a Glas, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre aduciendo una persecución política.

La crisis diplomática había comenzado el miércoles cuando López Obrador planteó un paralelismo entre la violencia que marcó la campaña presidencial ecuatoriana de 2023 y la criminalidad que se observa en México en los meses previos a los comicios del 2 de junio.

López Obrador sostuvo que en Ecuador la violencia narco generó un clima propicio para el triunfo del hoy presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

A raíz de aquellos dichos, el gobierno de Ecuador declaró persona "non grata" a la embajadora mexicana, a lo que López Obrador respondió el viernes aprobando el asilo a Glas que venía demorado desde hacía semanas.

El viernes, cuando se habían producido los hechos más graves, Noboa tachó el asilo como un "ilícito" y defendió el operativo policial, alegando que había existido un "abuso de las inmunidades y privilegios" concedidos a la misión diplomática.

El incidente diplomático tuvo su repercusión en nuestro país. El ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que señala que “Uruguay lamenta profundamente los hechos”, que “han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas, así como el respeto a normas fundamentales del derecho internacional y para la convivencia pacífica entre naciones latinoamericanas”. La nota señala que “en ningún caso” se justifica “el ingreso por la fuerza a una misión diplomática”.

El pronunciamiento generó críticas del Frente Amplio. Por ejemplo, el precandidato Yamandú Orsi, aseguró que lo que ocurrió “no es un problema entre dos países si no que es algo más serio”. Sobre el texto de la Cancillería, lo calificó “más que tibio” y agregó que “lo que busca es tratar de repartir responsabilidades, cuando acá es clarísimo lo que pasó”.

“Si a esa combinación de empuje autoritario que implica el violentar una embajada uno le agrega la situación de fondo que tiene Ecuador con el narcotráfico, me parece que deberíamos –no digo ser más duros– ser más claros de [decir] ‘ojo, esa línea no se puede pasar’”, concluyó.

El Frente Amplio emitió su propio comunicado en el que se solidariza con el gobierno mexicano. En esa nota la coalición de izquierdas afirma que “el Estado uruguayo debe pornunciarse de forma contundente” y le pide al gobierno que “condene esta violación al derecho internacional de parte de Ecuador”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió el viernes 26 de enero a Israel que impida cualquier acto de genocidio en la franja de Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino, escenario desde el 7 de octubre de una ofensiva militar contra Hamás.

El máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, no se pronunció por el momento sobre la cuestión de fondo planteada por Sudáfrica, para determinar si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años. Pero consideró que la "catastrófica situación humanitaria" en ese territorio palestino "podría deteriorarse más" antes de que se conozca el final, por lo que exigió varias medidas de emergencia.

Una de ellas urge a Israel a adoptar "medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria" en Gaza, donde 85% de los cerca de 2.400.000 habitantes se convirtieron en desplazados internos desde el inicio de la guerra.

En su fallo, la CIJ también pidió al Estado hebreo "tomar todas las medidas" para "impedir" actos contemplados por la Convención para la prevención de genocidios y "castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio".