Foto: AFP

El Estado brasileño enfrenta la peor catástrofe climática de su historia por las inundaciones en Rio Grande do Sul.

"Las instituciones del país están unidas por Rio Grande do Sul. No habrá problemas de aprobar las cosas en el Congreso porque todo será hecho de común acuerdo para asistir lo más rápido posible las necesidades del pueblo gaucho", dijo Lula da Silva Lula luego de participa de reunión con el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para anunciar medidas.

La semana pasada, Leite llegó a referirse a un plan Marshall como necesario para reconstruir Rio Grande, dijo que los cálculos iniciales dan cuenta de cerca de 4 mil millones de dólares en obras para reconstruir el estado.

Las lluvias y crecidas sin precedentes de los ríos han dejado hasta ahora 147 muertos y 127 desaparecidos, según el último boletín de defensa civil publicado la noche de ayer.

El río Guaíba volvió a superar ayer los cinco metros en la capital, Porto Alegre, causando nuevos estragos y dificultando los trabajos de los rescatistas, luego de una semana en que su nivel había bajado lentamente.

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Por Alejandro Sciarra ///

Hebert tenía 39 años, necesitaba un cardiodesfibrilador y no tenía los $ 300.000 que costaba. El desesperado pedido de Hebert no tuvo eco en el Fondo Nacional de Recursos. Sus hijas se aprestaron ante el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, pero el recurso de amparo no logró llegar a tiempo.

A fines de julio, el ministro Basso firmó la resolución que otorgaría a Hugo su tan esperado medicamento contra el cáncer de próstata. Dolorosamente, había fallecido en junio.

Esta situación se repitió al menos cuatro veces este año.

Desde el Ministerio de Salud Pública se repite una y otra vez, que los recursos son finitos.

Pero aún resignándonos ante la idea de la finiquitud de los recursos, no podemos bajo ningún concepto permitir la solución que presentó el gobierno. Se trata de un no tan inocente artículo que silenciosamente casi se cuela en la ley de Rendición de Cuentas, y que directa y disimuladamente bloqueaba el acceso a la Justicia para reclamar por un medicamento mediante un recurso de amparo. No solo atenta contra la Constitución de manera flagrante sino que resulta moralmente censurable para cualquiera que aprecie la democracia. Por lo que ante la inmediata presión social y los llamados de atención de sendos profesionales, esta norma volvió a Comisión para su estudio. Y esperemos, para su sepultura.

Así y todo, con la misma creatividad legislativa, con el mismo deseo de encontrar una solución, pero quizá y sólo quizá, con mayor interés por la protección de la vida, el diputado Martín Lema propuso una solución que parecería más que atendible.

Recordarán ustedes aquella ley que permite a los privados realizar donaciones a ciertas instituciones, a cambio de un beneficio fiscal. Sin ir más lejos, es la ley que permite el financiamiento de instituciones educativas de primerísimo nivel para los que menos tienen.

Dicha norma enumera aquellas instituciones autorizadas expresamente para recibir estas denominadas “donaciones especiales”.

Pues el diputado Lema propuso incluir en aquel artículo al Fondo Nacional de Recursos, con la exclusiva finalidad de financiar medicamentos de alto costo no cubiertos hasta hoy.

Así, tal como instituciones educativas reciben dinero de privados que a cambio verán reducidos sus impuestos, tantos Hugo, o tantos Hebert, podrían recibir en tiempo y forma su medicamento sin necesidad de litigar contra el Estado.

Un privado donaría el dinero para el medicamento y a cambio obtendría un beneficio tributario.

Al parecer, la propuesta naufragó sin demasiados argumentos.

La solidaridad ajena parece mal vista desde ciertas filas oficialistas. Se hace difícil comprenderlo de otra manera.

Es cierto que los recursos son finitos, aunque a veces no lo parezca. La cobertura universal es un sueño seguramente compartido por todos los gobernantes, sean del partido que sean. Sean oficialismo u oposición.

Todos comparten también la conciencia del desafío enorme que la ciencia le está planteando al Estado. Nuevos medicamentos surgen para enfermedades que eran hace quizá solo un año, asegurada condena de muerte. Nuevos medicamentos, que hace un año no existían, surgen hoy para quienes estaban destinados al sufrimiento en sus últimos días o meses de vida. Nuevos medicamentos surgen como pequeñas llamas de esperanza a la que pacientes y familiares buscan abrazarse con todas sus fuerzas.

Pero el silencio ensordecedor, o la negativa helada de la burocracia suenan como una sentencia de condena. El Estado al que quizá Hugo o Hebert aportaron toda su vida con su trabajo, se transforma en juez y verdugo por ausencia del dios billete.

Entonces a todos nos duele y nos llena de rabia. Y la necesidad de buscar soluciones no admite necedades. Ni egoísmos, ni politiquerías. Ni mucho menos admite demoras.

Entonces quizá y sólo quizá, no importa tanto de dónde viene la solución, o a quién se le ocurrió, si puede reavivar un poquito esa llama de esperanza.

Todavía estamos a tiempo.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 22.08.2018

Sobre el autor
Alejandro Sciarra es abogado de formación, pero a los 30 años dio un giro hacia la psicología positiva aplicada al ámbito educativo y empresarial. Desde los 18 años participa en política, integró en más de una oportunidad La Tertulia de En Perspectiva, es colaborador del Semanario Voces y en Radio Oriental. Desde hace un año está radicado en Italia con su esposa, desde donde sigue de cerca la realidad política y social uruguaya y europea.

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Por Emiliano Cotelo ///

Uno de los temas dominantes en la agenda política de esta semana fue el artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que elimina los beneficios tributarios a las donaciones de empresas a las universidades privadas (*).

Es una disposición nueva, que apareció en escena hace apenas siete días, el viernes 29 de julio, de madrugada, cuando la aprobó por unanimidad la bancada del Frente Amplio (FA).

Entre sábado y domingo este asunto se instaló con una fuerza enorme en las redes sociales, donde, además, se discutía con crudeza y agresividad. Me impresionó ese fenómeno. Sobre una cuestión que, creo, es bastante compleja, de repente todos tenían una opinión, inexorable y contundente. Y casi todos trataban a los que estaban en la vereda de enfrente con espanto y reprobación. Una grieta perfecta.

¿Cómo hicieron todos ellos para saber tan rápido qué pensar? Se lo pregunto a esos habitantes de “las redes”. Pero, sobre todo, a los legisladores que terminaron levantando la mano para que esta norma prosperara en la Cámara de Diputados.

¿Los uruguayos vamos a definir así nuestras políticas educativas? ¿Así, “al golpe del balde”?

Estamos hablando de la educación, una materia muy delicada, seguramente el principal desafío que tiene por delante el sistema político uruguayo. Y el FA carga con la primera responsabilidad, porque está al frente del gobierno y porque tiene mayoría propia en el Parlamento.

El mecanismo

Este mecanismo que otorga beneficios fiscales a empresas que realizan donaciones a instituciones educativas públicas y privadas tiene sus antecedentes en 1991 pero se amplió y alcanzó su forma actual en la reforma tributaria del año 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Por supuesto, cabe la posibilidad de evaluarlo 10 años después. Pero…¿existe un examen serio de sus resultados?

La clave de este instrumento es que la empresa que dona dinero a las instituciones incluidas en el sistema puede llegar a descontar de su liquidación de impuestos hasta 82 de cada 100 pesos que pone. Eso quiere decir que en la hipótesis extrema su contribución real termina siendo de 18 y los 82 restantes salen de Rentas Generales. O sea, la empresa entrega 18 y “obliga” al Estado a poner 82 en esa universidad. Este es el punto polémico para mucha gente.

A mí no me parece mal. Primero, porque ese dinero de Rentas Generales sólo se desvía hacia ese destino si el proyecto correspondiente fue examinado y aprobado previamente por el Poder Ejecutivo, que además lo monitorea; segundo, porque en el caso particular de las universidades privadas estamos hablando de instituciones habilitadas por el Estado; tercero, porque los beneficiarios de esos fondos no son las universidades en sí mismas, sino determinadas líneas de investigación o alumnos de bajos recursos que reciben becas para poder continuar sus estudios; y, por último, porque los montos que están en juego son relativamente bajos. El año pasado las empresas donaron a universidades privadas unos 44 millones de pesos, lo que implicó una renuncia fiscal de 36 millones, o sea poco más de un millón de dólares (cuando el presupuesto total de la educación pública es de 1.500 millones de dólares).

El gesto

Pero lo que más me preocupó de este episodio no fue el gasto, fue el gesto. No por su contenido ideológico, que es perfectamente válido, sino por su displicencia técnica.

¿Sabemos fehacientemente de qué forma utilizaron ese dinero las instituciones? ¿Conocemos si impactó o no positivamente en la sociedad? Los que sostienen que las universidades privadas uruguayas obtienen ganancias y que de esas ganancias deberían salir las becas, ¿tienen pruebas de lo que declaran?

Como ya mencioné, en principio yo soy partidario de mantener vigente este instrumento. Pero, ya que se planteó su discusión, estoy dispuesto a abrir la cabeza y volver a pensar en el tema. Sin embargo, me encuentro que en pocas horas quedó laudado. Ya está. Ya tiene media sanción.

¿Los que votaron tuvieron en cuenta el golpe que significa eliminar de un año al otro una línea de financiamiento de la que depende la realización de trabajos académicos muy concretos y las posibilidades de estudio de un número significativo de estudiantes? ¿Es responsable cambiar las reglas de juego drásticamente en un campo como la educación, cuyos procesos deben ser, necesariamente, de largo plazo?

Yo imagino que el grupo IR, cuando propuso la medida, la había examinado en profundidad. Pero los otros legisladores del FA, ¿cómo hicieron para alinearse tan velozmente? No se entiende, especialmente cuando a las pocas horas el ministro de Economía, Danilo Astori, salió a rechazar de plano la propuesta de cambio y a defender este canal de donaciones del que ayer, además, dijo que está “orgulloso”.

Ahora el diputado Alfredo Asti, que pertenece al grupo de Astori y que votó el artículo, dice que la discusión continuará en el Senado. Espero que así sea. Por lo menos habrá algo más de tiempo para tratar de razonar.  Pero en realidad, una medida como esta no debería incluirse en esa bolsa variopinta que termina siendo una Rendición de Cuentas. En todo caso, debería formar parte de un debate más amplio, más integral.

Pronósticos

En su primer año, este tercer gobierno del FA no estuvo a la altura de las expectativas que había generado Tabaré Vázquez en la campaña electoral cuando prometió una reforma en el ADN de la educación uruguaya. Piensen, por ejemplo, en el papelón que se conformó con la remoción del director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Juan Pedro Mir, y la renuncia en solidaridad con él del subsecretario Fernando Filgueira. Y la lista de desprolijidades y pasos desconcertantes no se limita a aquel episodio.

Con esos antecedentes muchos tememos que en esta materia, otra vez, pase muy poco o nada. Y, lamentablemente, ese pronóstico no se disipa, más bien se afirma, al ver lo que ocurrió esta semana, con la forma tan ligera con que se decidió intervenir en este sistema de donaciones.

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(*) La disposición excluye de este sistema de donaciones sólo a las universidades privadas. Mientras tanto,  se mantiene para las donaciones destinadas a la Universidad de la Republica y otras instituciones educativas  públicas y también privadas (por ejemplo, liceos o escuelas), la Fundación Teletón, etc.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 05.08.2016, hora 08.05

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Los rectores de las universidades privadas se reunirán hoy con el ministro de Economía Danilo Astori para mostrar su discrepancia con un artículo introducido por el Frente Amplio en la Rendición de Cuentas que elimina la posibilidad de descontar impuestos a las empresas que realizan donaciones a las universidades privadas.

En diálogo con En Perspectiva, el rector del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), Andrés Lalanne, reclamó debatir el régimen de exoneraciones impositivas a las donaciones por fuera de la Rendición de Cuentas y en una discusión con acuerdos a largo plazo, ya que esta leyes persiguen otros objetivos.

Lalanne dijo que es erróneo considerar que los beneficios fiscales para los donantes son un "beneficio" para las universidades privadas, si no que son un recurso para hacer actividades de contribución a la sociedad que las instituciones no tendrían porqué hacer y que no se podrían realizar sin ese dinero.

Nota relacionada
Martín Couto (IR-FA): “Eliminación de incentivos fiscales a las empresas que donan a universidades privadas apunta a mejorar el direccionamiento del gasto público”

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Foto en Home: Biblioteca del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Crédito: Centro Latinoamericano de Economía Humana/Claeh.edu.uy.

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