Editorial

¿Políticas educativas al golpe del balde?

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Por Emiliano Cotelo ///

Uno de los temas dominantes en la agenda política de esta semana fue el artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que elimina los beneficios tributarios a las donaciones de empresas a las universidades privadas (*).

Es una disposición nueva, que apareció en escena hace apenas siete días, el viernes 29 de julio, de madrugada, cuando la aprobó por unanimidad la bancada del Frente Amplio (FA).

Entre sábado y domingo este asunto se instaló con una fuerza enorme en las redes sociales, donde, además, se discutía con crudeza y agresividad. Me impresionó ese fenómeno. Sobre una cuestión que, creo, es bastante compleja, de repente todos tenían una opinión, inexorable y contundente. Y casi todos trataban a los que estaban en la vereda de enfrente con espanto y reprobación. Una grieta perfecta.

¿Cómo hicieron todos ellos para saber tan rápido qué pensar? Se lo pregunto a esos habitantes de “las redes”. Pero, sobre todo, a los legisladores que terminaron levantando la mano para que esta norma prosperara en la Cámara de Diputados.

¿Los uruguayos vamos a definir así nuestras políticas educativas? ¿Así, “al golpe del balde”?

Estamos hablando de la educación, una materia muy delicada, seguramente el principal desafío que tiene por delante el sistema político uruguayo. Y el FA carga con la primera responsabilidad, porque está al frente del gobierno y porque tiene mayoría propia en el Parlamento.

El mecanismo

Este mecanismo que otorga beneficios fiscales a empresas que realizan donaciones a instituciones educativas públicas y privadas tiene sus antecedentes en 1991 pero se amplió y alcanzó su forma actual en la reforma tributaria del año 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Por supuesto, cabe la posibilidad de evaluarlo 10 años después. Pero…¿existe un examen serio de sus resultados?

La clave de este instrumento es que la empresa que dona dinero a las instituciones incluidas en el sistema puede llegar a descontar de su liquidación de impuestos hasta 82 de cada 100 pesos que pone. Eso quiere decir que en la hipótesis extrema su contribución real termina siendo de 18 y los 82 restantes salen de Rentas Generales. O sea, la empresa entrega 18 y “obliga” al Estado a poner 82 en esa universidad. Este es el punto polémico para mucha gente.

A mí no me parece mal. Primero, porque ese dinero de Rentas Generales sólo se desvía hacia ese destino si el proyecto correspondiente fue examinado y aprobado previamente por el Poder Ejecutivo, que además lo monitorea; segundo, porque en el caso particular de las universidades privadas estamos hablando de instituciones habilitadas por el Estado; tercero, porque los beneficiarios de esos fondos no son las universidades en sí mismas, sino determinadas líneas de investigación o alumnos de bajos recursos que reciben becas para poder continuar sus estudios; y, por último, porque los montos que están en juego son relativamente bajos. El año pasado las empresas donaron a universidades privadas unos 44 millones de pesos, lo que implicó una renuncia fiscal de 36 millones, o sea poco más de un millón de dólares (cuando el presupuesto total de la educación pública es de 1.500 millones de dólares).

El gesto

Pero lo que más me preocupó de este episodio no fue el gasto, fue el gesto. No por su contenido ideológico, que es perfectamente válido, sino por su displicencia técnica.

¿Sabemos fehacientemente de qué forma utilizaron ese dinero las instituciones? ¿Conocemos si impactó o no positivamente en la sociedad? Los que sostienen que las universidades privadas uruguayas obtienen ganancias y que de esas ganancias deberían salir las becas, ¿tienen pruebas de lo que declaran?

Como ya mencioné, en principio yo soy partidario de mantener vigente este instrumento. Pero, ya que se planteó su discusión, estoy dispuesto a abrir la cabeza y volver a pensar en el tema. Sin embargo, me encuentro que en pocas horas quedó laudado. Ya está. Ya tiene media sanción.

¿Los que votaron tuvieron en cuenta el golpe que significa eliminar de un año al otro una línea de financiamiento de la que depende la realización de trabajos académicos muy concretos y las posibilidades de estudio de un número significativo de estudiantes? ¿Es responsable cambiar las reglas de juego drásticamente en un campo como la educación, cuyos procesos deben ser, necesariamente, de largo plazo?

Yo imagino que el grupo IR, cuando propuso la medida, la había examinado en profundidad. Pero los otros legisladores del FA, ¿cómo hicieron para alinearse tan velozmente? No se entiende, especialmente cuando a las pocas horas el ministro de Economía, Danilo Astori, salió a rechazar de plano la propuesta de cambio y a defender este canal de donaciones del que ayer, además, dijo que está “orgulloso”.

Ahora el diputado Alfredo Asti, que pertenece al grupo de Astori y que votó el artículo, dice que la discusión continuará en el Senado. Espero que así sea. Por lo menos habrá algo más de tiempo para tratar de razonar.  Pero en realidad, una medida como esta no debería incluirse en esa bolsa variopinta que termina siendo una Rendición de Cuentas. En todo caso, debería formar parte de un debate más amplio, más integral.

Pronósticos

En su primer año, este tercer gobierno del FA no estuvo a la altura de las expectativas que había generado Tabaré Vázquez en la campaña electoral cuando prometió una reforma en el ADN de la educación uruguaya. Piensen, por ejemplo, en el papelón que se conformó con la remoción del director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Juan Pedro Mir, y la renuncia en solidaridad con él del subsecretario Fernando Filgueira. Y la lista de desprolijidades y pasos desconcertantes no se limita a aquel episodio.

Con esos antecedentes muchos tememos que en esta materia, otra vez, pase muy poco o nada. Y, lamentablemente, ese pronóstico no se disipa, más bien se afirma, al ver lo que ocurrió esta semana, con la forma tan ligera con que se decidió intervenir en este sistema de donaciones.

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(*) La disposición excluye de este sistema de donaciones sólo a las universidades privadas. Mientras tanto,  se mantiene para las donaciones destinadas a la Universidad de la Republica y otras instituciones educativas  públicas y también privadas (por ejemplo, liceos o escuelas), la Fundación Teletón, etc.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 05.08.2016, hora 08.05

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