Foto: Junta Departamental de Montevideo

La bancada del Frente Amplio en el Congreso Nacional de Ediles manifestó su preocupación por la infiltración del narcotráfico en la política y reclamó reformas para detectar y evitar el ingreso de dinero ilícito a la actividad partidaria. El pronunciamiento se produjo tras la condena de Pablo Leiva, quien había sido contratado como asesor por el edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez.

El comunicado sostiene que “la política no puede ser un negocio, el Estado no puede ser un botín y la impunidad no puede tener protección política”. También reclama que se investigue hasta las últimas consecuencias, se fortalezcan los controles y se asuman las responsabilidades correspondientes.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el edil frenteamplista de Montevideo Gonzalo Zuvela explicó que la bancada nacional del Frente Amplio había propuesto una declaración al Congreso de Ediles, pero que la iniciativa no fue acompañada por la bancada del Partido Nacional. Según dijo, el texto que se aprobó no mencionaba el narcotráfico ni el lavado de activos.

“Nosotros entendemos que para una declaración no podía estar por fuera el tema del narcotráfico, porque entendemos que es el fondo del asunto”, señaló. Y agregó que el objetivo de la declaración frenteamplista fue “poner el foco en la infiltración del narcotráfico en la política y el lavado de activos”.

Zuvela indicó que los ediles de Montevideo ya se habían pronunciado la semana anterior y que el comunicado de alcance nacional se aprobó en Paysandú, durante una reunión del Congreso de Ediles. La diferencia de fechas, sostuvo, se debió al calendario de encuentros del organismo.

Controles al financiamiento político

Consultado sobre por qué el comunicado apunta al financiamiento partidario y no al sistema de trabajo y contratación de los ediles, Zuvela respondió que son asuntos relevantes, pero que, a su entender, corresponden a discusiones distintas. “A veces, hablando en criollo, hay cosas que son para una declaración y cosas que no son para una declaración”, afirmó.

El edil reconoció que el régimen de asesores, compensaciones y pases en comisión requiere análisis. Dijo que se está conversando sobre posibles cambios en Montevideo y que establecer una regla común para las 19 juntas departamentales supone dificultades, entre ellas las autonomías de cada departamento.

Sin embargo, insistió en que el foco del pronunciamiento era el vínculo entre el narcotráfico y la política. A su juicio, corresponde revisar la ley de partidos políticos en lo relativo a la financiación. “Una vueltita más básicamente es disminuir la cantidad de dinero anónimo que pueda ingresar a los partidos políticos”, planteó.

Como opinión personal, agregó: “Si fuera por quien habla, tendría que ser cero y tendría que ser todo rastreable”. Aclaró que los cambios no impedirían todos los casos, pero podrían “complicarle la vida al narcotráfico” para evitar su ingreso a la política.

El régimen de los ediles

Sobre el funcionamiento de las juntas departamentales, Zuvela discrepó con describir el sistema como oscuro, aunque reconoció que es “entreverado” y que existen 19 realidades diferentes. También defendió que se discuta cómo profesionalizar la tarea de los ediles, que constitucionalmente es honoraria.

“Es horrible que un edil diga ‘le tienen que pagar a un edil’. Pero estamos obligados a decirlo porque el problema es cómo se puede llevar adelante una tarea profesional seria si la persona que lo tiene que hacer no cobra”, expresó.

Para Zuvela, ambos asuntos deben tratarse, pero sin desplazar el eje del comunicado. “La segunda pata de este asunto” es importante para la ciudadanía, dijo, aunque sostuvo que la declaración debía poner en primer plano la infiltración del narcotráfico y los controles al financiamiento político.

Material complementario

Accedé aquí al comunicado del Congreso Nacional de Edilas y Ediles de la bancada del Frente Amplio

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó este martes que “no funcionaron las alertas de lavado de activos que debieron funcionar” en relación con el caso descubierto en la Operación Trazador, que permitió incautar más de 260 kilos de drogas, unos $ 3 millones, US$ 42.000, armas, municiones y vehículos.

Como ustedes saben, esta investigación derivó en tres condenas en juicios abreviados, una de ellas la de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por los delitos de lavado de activos y tráfico de municiones.

Luego de una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Díaz señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) del año 2023 no contempla algunos riesgos que quedaron expuestos en este caso, como la utilización de redes de cobranza para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.

“Hay un dato real que es que no funcionaron las alertas que debieron funcionar. El uso de dinero en efectivo en grandes cantidades ya de por sí es un elemento indicativo de riesgo y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, mucho más todavía”.

La comisión se dio un plazo de 15 días para analizar modificaciones a la ENR y a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.

Díaz anunció que el gobierno prepara ajustes a la normativa que rige a las redes de cobranza Abitab y RedPagos.

También cuestionó que en el caso Leiva no se investigaran conjuntamente el narcotráfico y el lavado. Varios días de las primeras condenas, la Fiscalía de Lavado de Activos abrió una causa separada para indagar el presunto blanqueo de dinero de la organización a través de casas de cambio y locales de redes de pagos.

Ayer, en diálogo aquí En Perspectiva, el abogado Leonardo Costa, especialista en prevención de lavado de activos, explicó que las redes de pago son sujetos obligados: están reguladas y supervisadas por el Banco Central y deben contar con políticas antilavado, entre ellas reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, sus locales funcionan de manera descentralizada y, según señaló, es necesario evaluar si los controles llegan adecuadamente a cada uno de ellos.

Uno de los aspectos que Costa entiende necesario revisar es el uso de grandes cantidades de billetes de baja denominación, que pueden provenir de la venta de drogas al menudeo.

“Yo te diría, que este es un tema, nosotros como especialistas en temas antilavado, siempre lo marcamos como un riesgo particular. El manejo de billetes de baja denominación es un factor de riesgo desde que se creó, diría yo, el delito de lavado En el año 1988, en la Convención de Viena. Porque justamente el pitufeo ese que se le llama pitufeo, por pasar debajo de los umbrales y estructurar operaciones a través de billetes baja denominación, es el ABC del riesgo”.

Costa advirtió, además, que hay que distinguir entre una falla de los controles y una eventual intervención de personas que los eluden. “Hay que ver si lo que fallaron fueron los controles o si lo que falló fueron las personas que están detrás de los controles”, explicó. Como ejemplo, planteó que puede existir un control central pero luego un funcionario de un local lo burle.

Por eso, consideró que es importante revisar la capacitación del personal que trabaja en esos puntos.

También mencionó como señal de alerta que, como se supo a raíz de este caso, desde un local de cobranza se llamara a Pablo Leiva para pedirle cambio. “Eso es una señal de alerta enorme”, sostuvo. Y añadió: “Que se lo pidan una vez puede tener una explicación; pero si lo hacen constantemente, hay algo que no te estás dando cuenta de a qué te estás exponiendo”, advirtió.

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La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Casilda Echevarría y Lucía Zapata

El edil de Montevideo por el Partido Nacional, Gonzalo Gómez, pidió disculpas a su partido y a su agrupación y anunció que desvinculó de su equipo de asesores a Pablo Leiva, que el viernes fue condenado en el marco de una investigación por la incautación de más de 260 kilos de drogas. Gómez dijo asumir la responsabilidad que le corresponde por “no haber sido suficientemente precavido” al incorporarlo y aseguró que desconocía cualquier posible vinculación de Leiva con los hechos investigados.

Entre los detenidos inicialmente también estuvo el hijo de Pablo Leiva, Lucio, director de la Juventud de Montevideo del Partido Nacional y también asesor de Gómez. Sin embargo, posteriormente fue liberado y quedó desafectado de la investigación.

Gómez, integrante de la lista 250 que lidera Jorge Gandini y miembro del Directorio del Partido Nacional en representación de la Juventud, había designado como asesores tanto al padre como al hijo.

El edil, que se encuentra en China participando de un seminario, defendió a Lucio Leiva, a quien definió como un amigo y una persona de su confianza, y sostuvo que no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos investigados respecto de su padre. Sobre Pablo Leiva, afirmó que nunca tuvo conocimiento ni sospechas de que pudiera estar involucrado en actividades ilícitas y manifestó su confianza en que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.

El caso se originó en la Operación Trazador, desarrollada el jueves en una vivienda de Brazo Oriental, donde fueron incautados más de 260 kilos de cocaína y pasta base, además de vehículos, armas y dinero. Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que entre los arrestados estaba “uno de los líderes de las bandas que estaban asolando Montevideo con violencia”.

Viene de: P. Colorado y P. Nacional conmemoraron los 190 años de la batalla de Carpintería

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