Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó este martes que “no funcionaron las alertas de lavado de activos que debieron funcionar” en relación con el caso descubierto en la Operación Trazador, que permitió incautar más de 260 kilos de drogas, unos $ 3 millones, US$ 42.000, armas, municiones y vehículos.
Como ustedes saben, esta investigación derivó en tres condenas en juicios abreviados, una de ellas la de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por los delitos de lavado de activos y tráfico de municiones.
Luego de una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Díaz señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) del año 2023 no contempla algunos riesgos que quedaron expuestos en este caso, como la utilización de redes de cobranza para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.
“Hay un dato real que es que no funcionaron las alertas que debieron funcionar. El uso de dinero en efectivo en grandes cantidades ya de por sí es un elemento indicativo de riesgo y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, mucho más todavía”.
La comisión se dio un plazo de 15 días para analizar modificaciones a la ENR y a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.
Díaz anunció que el gobierno prepara ajustes a la normativa que rige a las redes de cobranza Abitab y RedPagos.
También cuestionó que en el caso Leiva no se investigaran conjuntamente el narcotráfico y el lavado. Varios días de las primeras condenas, la Fiscalía de Lavado de Activos abrió una causa separada para indagar el presunto blanqueo de dinero de la organización a través de casas de cambio y locales de redes de pagos.
Ayer, en diálogo aquí En Perspectiva, el abogado Leonardo Costa, especialista en prevención de lavado de activos, explicó que las redes de pago son sujetos obligados: están reguladas y supervisadas por el Banco Central y deben contar con políticas antilavado, entre ellas reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, sus locales funcionan de manera descentralizada y, según señaló, es necesario evaluar si los controles llegan adecuadamente a cada uno de ellos.
Uno de los aspectos que Costa entiende necesario revisar es el uso de grandes cantidades de billetes de baja denominación, que pueden provenir de la venta de drogas al menudeo.
“Yo te diría, que este es un tema, nosotros como especialistas en temas antilavado, siempre lo marcamos como un riesgo particular. El manejo de billetes de baja denominación es un factor de riesgo desde que se creó, diría yo, el delito de lavado En el año 1988, en la Convención de Viena. Porque justamente el pitufeo ese que se le llama pitufeo, por pasar debajo de los umbrales y estructurar operaciones a través de billetes baja denominación, es el ABC del riesgo”.
Costa advirtió, además, que hay que distinguir entre una falla de los controles y una eventual intervención de personas que los eluden. “Hay que ver si lo que fallaron fueron los controles o si lo que falló fueron las personas que están detrás de los controles”, explicó. Como ejemplo, planteó que puede existir un control central pero luego un funcionario de un local lo burle.
Por eso, consideró que es importante revisar la capacitación del personal que trabaja en esos puntos.
También mencionó como señal de alerta que, como se supo a raíz de este caso, desde un local de cobranza se llamara a Pablo Leiva para pedirle cambio. “Eso es una señal de alerta enorme”, sostuvo. Y añadió: “Que se lo pidan una vez puede tener una explicación; pero si lo hacen constantemente, hay algo que no te estás dando cuenta de a qué te estás exponiendo”, advirtió.
Continúa en: La pobreza disminuyó en Uruguay durante el primer semestre de 2026
