
El director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, presentó renuncia a su cargo el jueves pasado, en medio de la controversia por la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo a raíz de la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
Según informó El País, el jerarca alegó un desgaste por la “alta exposición” mediática del caso. En su carta de renuncia, sin embargo, Esposto invocó “razones personales” y aseguró que desempeñó sus funciones con “profesionalidad” y “lealtad institucional y sobre todo personal”. El MSP aceptó su dimisión.
Esposto había firmado en octubre de 2025 el informe jurídico que respaldó la decisión de la ministra Cristina Lustemberg de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de Miralles, originalmente dispuesta por la Comisión Honoraria de Salud Pública.
En aquel documento sostuvo que, si bien la actuación de la comisión había sido correcta, no existía una fundamentación suficiente para imponer una sanción de cinco años. Por eso recomendó la reducción, invocando los principios de proporcionalidad y gradualidad. La decisión de Lustemberg provocó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión honoraria.
Un año después, el 28 de octubre pasado, el mismo Esposto firmó un segundo informe en el que recomendó dar marcha atrás con la disminución de la sanción, a partir de un recurso presentado por Rosario Barrera, madre de la víctima.
En esta oportunidad argumentó que habían surgido “hechos nuevos”, fundamentalmente la condena penal dictada en diciembre de 2025, mediante un proceso abreviado en el que Miralles reconoció su responsabilidad. Según el jerarca, ese reconocimiento constituía un elemento relevante que no había estado presente durante las actuaciones administrativas anteriores.
El nuevo informe jurídico del MSP fue uno de los antecedentes considerados por Presidencia para restablecer los cinco años de inhabilitación, este martes.
Tras conocerse la renuncia de Esposto, el diario El País publicó otro informe, de la Asesoría Jurídica de Presidencia, que contradijo los fundamentos utilizados por el asesor del MSP en su segundo documento y que también habían sido compartidos por Lustemberg.
Aunque coincidieron con la decisión de restablecer la sanción original, los abogados de Presidencia sostuvieron que las irregularidades médicas ya estaban acreditadas antes de la condena penal y que, por tanto, no era necesario invocar hechos nuevos. Además, Jurídica de Presidencia calificó de “arbitraria” la reducción de la sanción dispuesta en 2025, al considerar que carecía de una motivación legal suficiente.
Consultada por El País en una rueda de prensa, Lustemberg respondió que no le correspondía hacer evaluaciones sobre los dictámenes jurídicos y señaló que los informes elaborados por distintos organismos “a veces pueden tener diferencias”.
La ministra reiteró que tiene el respaldo del presidente Yamandú Orsi.
“Creo que hemos trabajado de la forma más clara ajustandonos al derecho administrativo tomando las decisiones con los informes jurídicos y técnicos en dos momentos determinados. El presidente Orsi fue claro en el respaldo explícito a mi trabajo en este momento”.
La ministra Lustemberg será interpelada por este tema el martes 24 en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a La Diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que la renuncia del director de Jurídica del MSP demuestra que “el hilo se cortó por el lado más fino” y reclamó que Lustemberg asuma su responsabilidad política.
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