¿Es necesario mejorar la gestión de los juicios que se inician contra el Estado Uruguayo? En el gobierno entienden que sí. Por eso el proyecto de ley de presupuesto incluye la creación de una Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, que estará en la órbita de la Presidencia de la República.

La disposición ya fue aprobada en Diputados.

¿Para qué es esta oficina? ¿Por qué entiende el gobierno que es necesaria? ¿Qué responde el oficialismo a estas críticas?

Emiliano Cotelo conversó con Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio.

El Estado Uruguayo enfrenta actualmente seis demandas ante tribunales internacionales por reclamos de empresas extranjeras.

Ante el CIADI, Centro de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial hay dos demandas por la extensión de la concesión de la playa de contenedores en el purrto de Montevideo a la compañía belga Katoen Natie y un reclamo por la concesión de la ruta 1. Otro reclamo ante este organismo, que está en fase de intimación previa, se debe a la adjudicación de permisos para ofrecer servicios de acceso a internet de banda ancha.

Mientras tanto, ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, hay dos demandas interpuestas a raíz del frustrado proyecto minero de Aratirí.

Para gestionar este tipo de juicios, nacionales e internacionales, donde están en juego indemnizaciones de altísimo valor, el gobierno propone la creación de una Secretaría de Litigio Estratégico que funcionará en la Presidencia de la República. La disposición correspondiente está incluida en el proyecto de ley de Presupuesto. En la Cámara de Diputados ya se aprobó aunque generó fuertes críticas de la oposición.

¿Por qué se considera necesario este organismo? ¿Cómo va a trabajar? ¿Será un ahorro en honorarios de abogados extranjeros? ¿Su creación le da superpoderes al prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz?

La entrada Secretaría de Litigio Estratégico en Presidencia será una ventaja para enfrentar más de 15 mil juicios nacionales que hay hoy contra el Estado uruguayo, afirma el diputado Joaquín Garlo (FA) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: En Perspectiva

La entrada ¿Cómo se podrían rentabilizar los inmuebles del Estado? Academia Nacional de Economía apunta a crear una oficina de gestión de activos fijos y modernizar la contabilidad pública. Con el Cr. Daniel Álvarez, promotor de la iniciativa se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Se conoció ayer que el grupo empresarial que impulsó el proyecto Aratirí no tuvo éxito con el litigio que, por US$ 3.536 millones, había iniciado contra el Estado uruguayo. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que se rige bajo las normas de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil Internacional, desestimó la demanda por razones de forma, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La denuncia había sido presentada en julio de 2018 por dos hijos de Pramod Agarwal, fundador de Zamín Ferrous. En el escrito se alegó que el Estado uruguayo «implementó cambios a las reglas de juego” que afectaron el proyecto e implicaron incumplimientos al tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.

El comunicado oficial

Según un comunicado que emitió ayer Presidencia de la República, la CPA entendió que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares, al momento de los hechos, de un bien protegido” por el tratado de protección de inversiones.  “Por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”. 

Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.

Antecedentes

Veamos algunos detalles de esta resolución y repasemos antecedentes

La defensa uruguaya fue diseñada por el secretario de la Presidencia en el período de gobierno anterior, Miguel Ángel Toma, y por el abogado Paul Reichler, del estudio Foley Hoag (el mismo que asesoró al gobierno en los casos Phillip Morris y Botnia). A nivel local participó el estudio Rueda, Abadie, Pereira. 

Por acuerdo entre las partes, las audiencias del arbitraje se realizaron en Washington, pero el fallo tuvo lugar en La Haya, Holanda, sede de la CPA. La sentencia, de 110 páginas, se mantiene en reserva, salvo que las partes dispongan hacerlo público.

Fuentes vinculadas al litigio consultadas por En Perspectiva resaltaron que el caso se resolvió muy rápido en comparación con otros arbitrajes internacionales entre Estados e inversores.

El tribunal estuvo integrado por el español Andrés Rigo Sureda, el francés Pierre Mayer, que fue el elegido por Uruguay, y O.T. Johnson, que fue el designado por Zamín Ferrous. Los informantes de En Perspectiva señalaron que el dictamen fue unánime a favor de Uruguay, lo que implica que el árbitro escogido por la multinacional también desestimó su demanda.

En esta etapa se debía decidir sobre la primera defensa que había realizado Uruguay centrada en aspectos formales; sólo si se sorteaba ese ángulo se iba a considerar el reclamo

¿Como se llegó a este fallo “rápido”?

Un aspecto curioso y no menor es que la demanda fue iniciada en julio de 2018 por Ritika  Mehta, Prenay Agarwal, y Vinita Agarwal. Estas dos últimas son hijas del fundador de Zamin Ferrous, el indio Pramod Agarwal (Agarwal visitó varias veces Uruguay y de hecho estuvo reunido con José Mujica en la Torre Ejecutiva).

De acuerdo a las averiguaciones que realizó En Perspectiva, la sensación entre los abogados vinculados al arbitraje es que, a través de los hijos de Agarwal, la compañía montó una estructura legal y empresarial específicamente para demandar a nuestro país por un proyecto de inversión que fracasó por razones ajenas al Estado uruguayo.

A través de una sociedad basada en las Islas Caimán, Pramod Argawal designó a sus hijos como beneficiarios de un fideicomiso que administraba la inversión en Uruguay. Este fideicomiso fue armado luego de que la multinacional se instalara en Valentines.  

Según estiman las fuentes, la intención de esta operación era “armar”, luego de que el proyecto fracasara, un arbitraje internacional relativo a inversiones.

Este tipo de litigios ocurre cuando un inversor denuncia una violación a un tratado de protección de inversiones vigente entre su país de origen y el país donde invierte. Como Zamin Ferrous tiene oficinas en Londres y los hijos de Pramod Argawal tienen ciudadanía en el Reino Unido, la demanda se amparó en una supuesta violación de Uruguay al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.

Los hijos de Agarwal presentaron en julio de 2018 su demanda contra Uruguay ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

En aquel momento, sostuvieron que Uruguay “cambió las reglas de juego” lo que derivó en la cancelación del proyecto Aratirí en la localidad de Valentines. Alegaron, entre otras cosas, que fueron perjudicados por: la decisión del gobierno de modificar la ubicación del proyecto de puerto de aguas profundas por el cual la compañía preveía sacar la producción de la mina; la no concesión de beneficios tributarios; y la fijación de nuevos topes impositivos en la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013.

Fuentes con conocimiento del fallo, dijeron a En Perspectiva que el tribunal entendió que los hijos de Agarwal no eran titulares de una inversión en los términos establecidos en el tratado Uruguay-Reino Unido. Por el contrario, son beneficiarios de un fideicomiso creado luego de que Zamín Ferrous se instalara en Uruguay y lo único que tenían era una “mera expectativa” de generar ganancias a futuro. Los informantes explicaron que estos familiares hijos del multimillonario indio ni siquiera fueron considerados “inversores” ya que se convirtieron en beneficiarios del fideicomiso que administraba Aratirí de forma totalmente discrecional y podían perder ese derecho por la sola voluntad del padre.

Por lo tanto, se entendió que no estaban legitimados a iniciar la demanda. Por eso se dispuso el rechazo.

Repercusiones políticas 

En el gobierno la noticia fue bien recibida. De todos modos, varios jerarcas consultados por En Perspectiva prefirieron el silencio respecto a un litigio cuya defensa fue diseñada por el gobierno de Tabaré Vázquez.

El senador nacionalista Gustavo Penadés celebró la resolución, pero advirtió que el Frente Amplio (FA) y su política de inversiones fueron responsable del litigio:

Me parece una muy buena  noticia. Hubiera sido una tragedia nacional que hubiera sucedido lo contrario porque era un juico por más de 3 mil millones de dólares. En algún momento la errática política de inversiones que lamentablemente el FA llevó adelante nos expuso a esta situación, acompañada a otra serie de anuncios y de proyectos que quedaron por el camino "Aratirí venía, no vino.

Por su lado, el senador frenteamplista Charles Carrera valoró las gestiones realizadas en el anterior gobierno con respecto a esta demanda pero además disparó contra un jerarca del gobierno actual. Carrera recordó que antes de asumir en su cargo, el actual director de la OPP, Isaac Alfie, realizó un informe en calidad de experto a solicitud de uno de los estudios de abogados que defendía a Aratirí:

Agradecer al gobierno de Tabaré Vázquez que tuvo una gran profesionalidad en el manejo de estos temas tan complejos y salió triunfante el Uruguay. A pesar de Isaac Alfie que estuvo siendo testigo en contra de los intereses nacionales.

El ex presidente José Mujica dijo a Radio Universal que la coalición multicolor hizo “bulla electoral”, cuando se sabía desde hace tiempo que el litigio iba a ser favorable a Uruguay:

Se informaba en los consejos de ministro del doctor Vázquz. Se sabía perfectamente lo que pasaba. Lo que pasa que hicieron una bulla electoral, y se creyeron el verso ellos mismos. Y ahora salen: "¡Ay, qué novedad!" ¡Por favor!.

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Foto: Presidencia de la República.

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Se conoció ayer que el grupo empresarial que impulsó el proyecto Aratirí perdió el litigio multimillonario que había iniciado hace dos años contra el Estado uruguayo.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, desestimó una demanda de la minera Zamin Ferrous contra Uruguay por US$ 3.536 millones.

El escrito había sido presentado en julio de 2018 por hijos de Pramod Agarwal, fundador de Zamín Ferrous, la compañía impulsora del proyecto minero Aratirí en la localidad de Valentines. En la presentación se alegaba que el Estado uruguayo había implementado "cambios a las reglas de juego" que afectaron el proyecto e implicaron incumplimientos al tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Uruguay y Reino Unido, donde la minera tiene oficinas.

Sin embargo, la corte de arbitraje desestimó la acción por razones de forma, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo de la denuncia.

Según un comunicado de Presidencia de la República, la corte entendió que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos, de un bien protegido” por el tratado de protección de inversiones. “Por tanto, carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”.

Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Teresa Herrera y Gonzalo Pérez del Castillo.

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Foto en Home: "Frente a Aratirí". Crédito: Flickr.

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Por Juan Ceretta ///

El niño Loan, de 1 año y 4 meses de edad, padece Atrofia Muscular Espinal (AME, tipo 1) una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras que provoca debilidad y parálisis muscular, y que determina que muchos de estos niños mueran antes del segundo año de vida.

El reciente descubrimiento de un tratamiento para la Atrofia Muscular Espinal ha dado esperanzas a las familias con niños portadores de AME en todo el mundo. Quien descubrió la clave contra la AME fue el científico Adrián Krainer*, quien se desempeña como investigador en el laboratorio Cold Spring Harbor.

El descubrimiento tuvo tal importancia que en el mes de octubre de 2018, Krainer fue galardonado con el Premio Breakthrough in Life Sciences de Silicon Valley, también conocido como “el Óscar de la Ciencia”, que reconoce los descubrimientos que permiten extender la vida humana.

El medicamento se inyecta en el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar; de esa forma, llega a las motoneuronas y les permite funcionar de manera normal, al contrarrestar la mutación en el gen SMN1 o su carencia. Con ello, Spinraza (nombre del medicamento) se convirtió en el primer y único tratamiento en el mundo contra esta cruel enfermedad.

El acceso a este medicamento se enfrenta a un importante obstáculo: su alto costo, que asciende a cientos de miles de dólares por año.

El papá de Loan se desempeña laboralmente como peón rural en la localidad de Baltasar Brum, departamento de Artigas,  y percibe un jornal de $ 1.119.-, mientras que su mamá está dedicada al cuidado del niño.

Una reciente sentencia del Juez de Primera Instancia de Familia de 10º Turno, ratificada luego por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, asegura a Loan recibir el medicamento por parte del Estado mientras lo necesite, en virtud de su evidente imposibilidad de costearlo, y de que su vida depende de ello.

Pero en ésta oportunidad pretendo detenerme en un detalle de esta historia: Adrián Krainer, el descubridor del medicamento, es uruguayo, su infancia y juventud transcurrieron entre los barrios Cordón y Parque Rodó en Montevideo; siempre supo que su destino estaría vinculado a la investigación científica, pero esa misma razón lo llevó lejos del lugar donde nació, primero a Harvard, y luego a Cold Spring Harbor.

Hoy, el estado uruguayo, como tantos otros en el mundo, deberá desembolsar importantes cantidades de dinero para garantizar el derecho a la salud de un niño. El monto de este desembolso está vinculado directamente a la importancia del conocimiento científico humano que permitió llegar a este fármaco, en definitiva, en éste caso, el valor del desembolso está vinculado directamente a la inteligencia uruguaya.

Inteligencia que tal vez faltó para generar oportunidades de investigación nacional, aunque fuera en las etapas iniciales, que nos permitiera ser un poco dueños de la riqueza que genera el talento de nuestros compatriotas.

Obsesionados porque las cuentas fiscales cierren, porque el gasto público no se dispare, corremos el grave riesgo de no invertir en el talento, y de consolidar, por tanto, una sociedad que promueve la mediocridad; con el consabido peligro de que ésta es más contagiosa que el talento.

Tal vez sea hora de dejar de pensar en lo que nos cuesta importar el valor económico de ese conocimiento, para empezar a pensar en lo que estamos perdiendo de exportar.

* Nota relacionada: Adrián Krainer, el bioquímico que acaba de ganar el "óscar de la ciencia", entrevista con En Perspectiva.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 22.03.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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