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El Fondo Nacional de Recursos (FNR) nació en 1980. Desde entonces, esa institución ha hecho posible que unas 480 mil personas accedieran sin limitaciones económicas a tratamientos y asistencia médica altamente especializada. 

Trasplantes, cirugías cardíacas, prótesis, tratamientos oncológicos y con medicamentos de alto costo, son algunas de las prestaciones que brinda de forma gratuita este fondo que integra el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Es una creación uruguaya que impulsaron, entre otros, el médico Orestes Fiandra, el primero que implantó exitosamente un marcapasos en el mundo, y su colega Óscar Guglielmone, que también creó el Banco de Prótesis.

Al principio el FNR financiaba los cateterismos cardíacos y las prótesis de cadera pero con el tiempo la cobertura se fue complejizando para incorporar nuevos servicios con el avance de la medicina.

También las leyes se fueron ajustando para definir qué se cubre y qué no, y cuáles son las limitaciones de esas coberturas. Es que, sí, lamentablemente tiene límites, y eso implica que algunas solicitudes lleguen a la justicia, como hemos visto varias veces en los medios de comunicación.

¿Qué procedimientos cubre la institución? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cómo resuelve qué se cubre y qué no?

Emiliano Cotelo conversó con la Dra. Alicia Ferreira, presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos.

Alicia Ferreira

• Presidenta alterna del FNR (la presidenta es la ministra Lustemberg)
• Doctora en Medicina (Udelar) 
• Adscripta a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg
• Especialista en Administración de Servicios de Salud
• Fue Directora del Fondo Nacional de Recursos y Gerenta de ASSE

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Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) rechazaron el recurso de amparo presentado días atrás por el científico Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo necesarios para su tratamiento por un tumor cerebral que le fue diagnosticado a mediados del año pasado.

La cartera argumentó “El Ministerio de Salud Pública carece de atribuciones para suministrar directamente fármacos y procedimientos terapéuticos a la población, en la medida de que no existe norma legal o reglamentaria que así lo determine, en estricto cumplimiento del principio de especialidad de los organismos públicos”, marcó la resolución. Y añadió: “Conforme a este principio, la actuación pública no puede exceder lo autorizado y permitido por las leyes, estando prohibida para la administración toda actuación que no se encuentre permitida”.

“El Estado ha dictado un marco normativo con el fin de asegurar el acceso a prestadores de salud, creó un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado, creó el FTM y el PIAS, con diversos procesos de actualización de los mismos, y otorgó facultades para que las Instituciones Médicas y los Servicios de salud entreguen (de forma excepcional o general) medicamentos no previstos en los Anexos del FTM, todo en busca de garantizar el derecho a la salud de la población” agregaron. 

El Fondo Nacional de Recursos también negó los fármacos al científico, en línea con la postura del MSP, aclarando que “la prestación que se solicita financiar no se encuentra dentro de la cobertura de esta institución”

Se trata de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que tienen un costo mensual estimado de US$ 30 mil, informó Subrayado. Uno de los abogados de Moratorio, Rodrigo Rolón, advirtió que su representado cuenta con las "últimas dosis" de estos fármacos, que se le están por acabar y agregó: "De no adjudicarse esta medicación, la otra terapéutica no estaría surtiendo los efectos que tendría que surtir" y estimó que "lo que haría es empeorar significativamente su enfermedad que deribaría en un desenlace fatal a corto plazo en meses".

Viene de: Se presentó el documento final del Diálogo Social

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Foto: En Perspectiva

El lunes próximo será el último día del Dr. Daniel Salinas al frente del Ministerio de Salud Pública, uno de los ministros con mayor visibilidad y popularidad de esta administración.

La decisión se conoce desde octubre del año pasado, cuando Salinas informó que dejaría el gobierno por razones estrictamente personales.

Su gestión estuvo muy marcada por el combate a la pandemia de covid-19, pero fue bastante más allá, a partir del rol que le corresponde al ministerio en la elaboración de las
políticas de promoción de salud y prevención.

Justamente, ¿qué resultados deja al cabo de estos tres años? ¿Cuál será su actividad de ahora en más? ¿Por qué no seguirá en política, como le reclaman desde su partido, Cabildo Abierto?

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Enlace relacionado: Documento de repaso de gestión de crisis y legado sanitario del Dr. Daniel Salinas

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Engañoso

Una publicación de Facebook asegura que en Uruguay no existía un fondo de medicamentos hasta la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia, en marzo de 2005, y que el Estado dedica desde entonces US$ 80 millones anuales a la compra de fármacos de alto costo. El posteo es de febrero de 2019 y sigue circulando entre los usuarios de esa red social.

Esta información, que superó las 1.300 interacciones, es engañosa. En 2005 no se creó ningún nuevo fondo de medicamentos, sino que se incluyó un listado de fármacos de alto costo dentro de las prestaciones del ya existente Fondo Nacional de Recursos (FNR). Además, la cifra señalada en el posteo -US$ 80 millones- es superior a la que realmente se ejecutó.

“Antes de este presidente, no había un fondo de medicamentos. A partir de 2005 se destinaron 80 millones de dólares anuales para medicamentos de alto costo. Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene esta cobertura”, dice el posteo.

Lo cierto es que el FNR se creó en 1980, con el objetivo de financiar únicamente procedimientos médicos de alta complejidad y en 2005 se incorporó, a través de la ley de presupuesto del primer gobierno de Vázquez -que se ejecutaría a partir de 2006-, una nueva competencia dentro del organismo: brindar medicación de alto costo para determinadas patologías.

Los gastos en medicamentos

De acuerdo a los cálculos elaborados por Verificado, basados en los informes de ejecución presupuestal del organismo, el presupuesto destinado a la cobertura de medicamentos no superó los US$ 40 millones en ninguno de los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2018, únicos años sobre los cuales el FNR publicó información. Por lo tanto, el dato que se incluye en el contenido viral -que se destinan US$ 80 millones anuales para medicamentos de alto costo- es incorrecto.

Alicia Ferreira, directora del FNR, confirmó a Verificado que es un “error” la información divulgada por el posteo viral respecto a esa cifra.

INFRAME:

¿Cómo se financia el FNR?

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay.

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Por Juan Ceretta ///

En el mes de marzo compartía con ustedes la historia de Franco, un adolescente de 16 años con una miocardiopatía congénita. Les conté de lo vivido en el juzgado con sus padres Jorge y Lorena, mientras reclamaban que el Ministerio de Salud Pública se hiciera cargo del procedimiento de ablación que necesitaba su corazón en ese momento.

En aquel entonces reflexionaba sobre cómo nuestra sociedad no estaba dispuesta a invertir ese dinero que costaba un procedimiento ya incluido en el Plan Integral de Asistencia en Salud (PIAS), pero pendiente de reglamentación por el Ministerio.

El procedimiento judicial culminó con éxito para Franco, y el MSP fue condenado a solventar el costo de la ablación que se pedía. Pero ya en aquel entonces sabíamos perfectamente que la lucha continuaría.

Así pues, luego de practicada exitosamente la ablación, los cardiólogos tratantes le indicaron la implantación de un cardiodesfibrilador que evitara el grave riesgo que la patología de Franco trae consigo en cuanto puede presentar un episodio de muerte súbita; episodios a los que 9 de cada 10 pacientes no sobreviven.

Curiosamente, el Fondo Nacional de Recursos financia el costo del dispositivo y su implantación, pero en el marco de lo que se denomina “prevención secundaria de la muerte súbita”; y no lo hace en los casos de “prevención primaria”. Traducido a lenguaje común: el FNR cubre a aquellos pacientes que han muerto y resucitado; pero si nunca has muerto, como afortunadamente era el caso de Franco; el FNR no lo cubre; a pesar de la sólida evidencia científica que lo aconseja.

Los pacientes como él lo obtienen porque cuentan con el dinero para solventarlo, o a través de un recurso de amparo presentado ante la justicia.

Así que volvimos al Juzgado con Franco.

En ésta oportunidad, Jorge, su papá, no nos pudo acompañar, pues su estado de salud (la misma patología que Franco) lo tenía internado a la espera de un trasplante de corazón.

El trámite judicial volvió a resultar exitoso, condenando en éste caso al Fondo Nacional de Recursos a financiar el cardiodesfibrilador y su implantación, estableciéndose un plazo muy breve en la sentencia para su cumplimiento, y dedicando parte de su texto a reconocer la valentía de éste joven ante la difícil situación que le ha tocado vivir.

A Franco le fue implantado el cardiodesfibrilador con total éxito. 

Jorge, su padre, internado a la espera de un donante de corazón, falleció, y la triste noticia provocó en su hijo un paro cardíaco del que resucitó gracias al cardiodesfibrilador.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 28.06.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Vea el video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Miércoles 12.08.2015, hora 8.15

EMILIANO COTELO (EC) —Para algunos enfermos, el acceso a fármacos de alto costo puede ser una carga tan pesada como los síntomas del mal que padecen.

Las pacientes con pocas posibilidades económicas se dirigen al Fondo Nacional de Recursos (FNR) en busca de esos medicamentos. Pero esa institución solo está obligada a suministrar los productos que figuran en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), una lista elaborada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Si el médico receta un fármaco que no está en el formulario, la persona queda en una encrucijada, por lo que suele acudir a la justicia por medio de una acción de amparo. La judicialización de estos trámites es un fenómeno creciente que preocupa a las autoridades.

¿Cómo solucionar las inequidades en el acceso a estos fármacos? ¿Habrá cambios en la forma en que se financian y se compran los medicamentos de alto costo?

Vamos a conversarlo con el ministro de Salud, Jorge Basso.

Usted concurrió ayer a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a instancias del diputado nacionalista Martín Lema, que estaba preocupado porque entendía que el ministerio había sido injusto con algunas excepciones. Concretamente se refería a una decisión del MSP de otorgarle un medicamento que estaba fuera del FTM al hijo de Alberto Cid, un ex senador frenteamplista. ¿Cómo se justifica esa decisión?

JORGE BASSO (JB) —Hay todo un contexto que hay que identificar para saber de qué estamos hablando. Tenemos por ley el FTM para medicamentos de alto costo, que son los que financia el FNR, que se viene realizando desde el año 2005. No todo el mundo tiene esa percepción de que estamos frente a un modelo de financiamiento para medicamentos de alto costo que es relativamente reciente…

EC —…antes el FNR se aplicaba solamente a tecnologías de tratamiento.

JB —Efectivamente. El FNR tuvo sus orígenes en 1980, 1974, y en cierto modo antes del 2005 estaba en quiebra. Varias consultorías realizadas oportunamente daban cuenta de que no era viable económicamente. A partir de esa fecha y luego a partir de 2005 empieza todo un proceso de mejora de gestión que incorpora el financiamiento de los medicamentos de alto costo. Desde ese momento hasta ahora han pasado ya varias administraciones que han identificado cuáles son los procedimientos para la inclusión de los fármacos en el FTM.

El FTM se creó en el 2007. Allí se identifican por un lado los fármacos que son obligatorios para los prestadores integrales –las mutualistas, ASSE y todas las sanitarias–, en el Anexo 1, y por otro aquellos otros que por su alto costo deben ser financiados por el FNR, en el Anexo 3. Para el ingreso a ambos hay una serie de requisitos que están establecidos en sendos decretos y hay comisiones integradas por representantes del MSP, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de los prestadores, tanto públicos como privados. Estas comisiones analizan periódicamente todas las solicitudes de ingreso de medicamentos, a partir de lo cual rigen una serie de procedimientos que son los que se usan en todas partes del mundo donde se financian medicamentos de alto costo. Estos procedimientos son muy estrictos básicamente en tres componentes: la evidencia científica, el costo-beneficio y la sustentabilidad del sistema.

EC —La dificultad aparece cuando lo que se necesita es un medicamento que no está incluido en el FTM. Por ejemplo este del caso que motivaba la discusión ayer en Comisión de Salud de la Cámara de Representantes: una persona que según los médicos que lo atendían debía tener a su disposición ese medicamento que no figura en el FTM, en consecuencia el ministerio en principio no habilita que sea suministrado por el FNR, pero después termina haciendo una excepción. ¿Cómo se entiende que haya procedido de esa forma?

JB —Tenemos como criterio establecer esos requisitos a que hacíamos referencia (evidencia científica, costo-beneficio, sustentabilidad del sistema) para ingresar a la lista de medicamentos. Pero hay una lista menor de medicamentos que no se incorporan porque no cubren algunos de esos requisitos. La gran mayoría, que se solicitan por la vía judicial, directamente no se incorporan porque la evidencia no justifica su incorporación. El MSP no da curso a buena parte de los amparos porque son medicamentos que no están habilitados desde el punto de vista del conocimiento científico-técnico o porque tienen costos tan importantes que no se habilitan acá ni en ninguna parte del mundo. Es esa lista pequeña de medicamentos que desde el punto de vista de los costos no es posible incorporar.

EC —En este caso el paciente inició un recurso de amparo ante la justicia, la justicia le dio la razón al MSP, lo exoneró de la obligación de proporcionar el medicamento, pero después en determinado momento el ministerio da un paso al costado y decide otorgar el medicamento. ¿Cómo fue eso?

JB —Es una situación excepcional. Y no es la única que ha sucedido en estos años, en los últimos ocho años ha habido situaciones excepcionales muy puntuales.

EC —Este caso tomó notoriedad por el hecho de tratarse del hijo de alguien que había sido senador, dirigente del Frente Amplio, etcétera, entonces alimentaba una serie de suspicacias.

JB —Además tomó estado público porque salió en la prensa, él hizo una entrevista en la prensa. Hay una primera sentencia judicial que obliga al ministerio a comenzar a dar el tratamiento en horas, se comienza el tratamiento, pero en segunda instancia, tiempo después, se plantea que hay que retirar el medicamento. Esa ha sido una situación muy particular, porque tiene que ver con un medicamento que, a diferencia de otros, hay evidencia científica de que aumenta la sobrevida, no hay alternativas terapéuticas eficaces y el fármaco está vinculado a laboratorios con los cuales se está negociando a los efectos de la incorporación al FTM. Se dan esas tres condiciones, es un medicamento muy particular, no hay otras alternativas terapéuticas, se comenzó a dar, está interactuando en el organismo de la persona, y la decisión de retirarlo puede tener resultancias perjudiciales desde el punto de vista clínico. Además es un medicamento que está entre las prioridades para ingresar. Esas circunstancias son muy excepcionales, ha habido dos o tres situaciones similares en estos últimos años; ese es el concepto de excepción.

EC —Pero lo que usted cuenta, si bien explica por qué se hace esta excepción, también describe lo complicado y lo tortuoso que están resultando el procedimiento y el trámite. Porque en principio el medicamento no estaba en el FTM y no iba a ser proporcionado por el FNR, el paciente hace una acción de amparo, en primera instancia la justicia falla a favor del paciente…

JB —…se comienza a dar la medicación…

EC —…el ministerio empieza a dar la medicación, pero al mismo tiempo apela ante la justicia… ¿Por qué apela el ministerio? Y esa apelación es exitosa, la justicia le da la razón. ¿No es todo demasiado complicado?

JB —El tema de la judicialización es complicado, porque en distintas situaciones que se han apelado la justicia no siempre ha fallado de la misma manera. En algunos casos obliga al ministerio a dar un medicamento y en otros casos no lo obliga desde la primera instancia. La judicialización no es una buena solución en el mundo, pero nadie puede negar que está instalada en el mundo, en nuestro país es aún incipiente. Gracias a la existencia del FNR, que establece ese piso que hace que hoy todos los habitantes de este país con 144 pesos por mes financien todos los procedimientos de alto costo más todos los medicamentos para las enfermedades oncológicas, hematooncológicas, inmunitarias y algunas más, se resuelven problemas que en la mayor parte del mundo no están resueltos de esta manera. Incluso en los países de la región. En este momento estamos asesorando a varios países que no tienen esta realidad instalada, en particular el último es Chile. Tampoco otros países cercanos –no corresponde que los mencione– lo tienen resuelto, por tanto todos los medicamentos de alto costo van por la vía de la judicialización.

EC —En Uruguay lo tenemos resuelto, pero el sistema funciona a los tropezones, tiene todas estas dificultades que estamos explicando. La pregunta que yo me hago es: si el ministerio fue obligado por el fallo de primera instancia a suministrar el medicamento y empezó a suministrarlo, el ministerio y los médicos como usted que figuran en la estructura del ministerio sabían que una vez comenzado a suministrar era muy complicado después dejar de suministrarlo. Entonces, si se comenzó a suministrar el medicamento, ¿por qué igual el ministerio burocráticamente apeló? ¿Qué era lo que se esperaba? Si tenía éxito, ¿qué iba a hacer el ministerio?

JB —Las políticas tienen que ser de carácter poblacional, no pueden ser individualizadas para las personas. Es cuando se judicializa que se identifica a las personas. El ministerio no puede resolver las políticas en función de circunstancias o de personas individuales, son políticas generales que establecen criterios para la incorporación de medicamentos que le han permitido sustentar el sistema. En este momento en el Reino Unido se está dando el mismo debate a propósito de esta droga de que estamos hablando, y se establece que se indica siempre y cuando el laboratorio baje el costo. Por tanto no estamos hablando de una circunstancia puntual, sino de una realidad mundial frente a un conjunto de drogas que por su altísimo costo no están incluidas en las prestaciones que se dan. Y en particular con esta droga se da la excepción de que no hay otra alternativa terapéutica, a diferencia de lo que ocurre con otras drogas.

EC —Pero si ante el fallo de primera instancia se empezó a suministrar el medicamento, ¿por qué igual el ministerio continuó apelando?

JB —El ministerio tiene la obligación de apelar porque reivindica su papel de rector en poder definir criterios para la incorporación de medicamentos. Hay medicamentos que el país hoy por hoy a los precios que tiene la industria no puede incorporar, no son sustentables. Ese es un debate que hay que asumir de frente, y hay que buscar alternativas maduras profesionalmente hablando en cuanto al tema de la comercialización y la articulación con los intereses de la industria. Pero es así, en ninguna parte del mundo se dan todos los medicamentos.

EC —Pero entonces terminamos expuestos a esta realidad que vemos con frecuencia: un paciente con una de estas enfermedades que requieren medicamentos de alto costo y que encuentra como única alternativa en busca de una solución la justicia y la prensa. Los dos caminos casi siempre van juntos, y tenemos ese drama expuesto públicamente en busca de una alternativa.

JB —Sí, por eso le quiero dar esta visión global. Esta realidad no es de nuestro país, no es exclusiva de los países pobres, se da en todas partes del mundo. Los sistemas integrales, los sistemas que dan cobertura universal, tienen restricciones, no pueden dar todo. Además, hay estudios internacionales que muestran que del 100 % de los medicamentos innovadores que ingresan al mercado pasado el tiempo solo 2 % resultan eficaces. Entonces hay que ser muy criterioso. Y para muchos de esos medicamentos hay alternativas terapéuticas. Para este no las hay, por eso la excepcionalidad, no hay alternativas terapéuticas eficaces para esta patología. Por eso está en la lista de medicamentos cuya incorporación se está analizando y negociando con la industria, como se debe hacer, como se está haciendo en el Reino Unido y en los países serios del mundo.

***

EC —Hay varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo Osvaldo me dice: “Emiliano, el Estado siempre apela. El jerarca público tiene la obligación de apelar, así sepa que no le asiste la razón, debe agotar los recursos”.

Entiendo que esa es la forma de proceder, pero lo que aparece públicamente después está muy enredado, sobre todo cuando está de por medio algo tan delicado como una enfermedad de estas, tan seria.

JB —Este es de los temas más complejos que tienen los ministerios de salud en el mundo. Y ciertamente se va a seguir complejizando, porque lo que se viene en materia de incorporación tecnológica, los medicamentos biotecnológicos, los medicamentos monoclonales, que multiplican por 1.000 el costo promedio de los medicamentos básicamente químicos, genera enormes desafíos de ver cómo se logra la cobertura universal. Estamos hablando de que lo que se incorpora está accesible para toda la población sin otros costos, ese es el gran instrumento que tiene el FNR y que queremos preservar.

EC —Otro oyente me aclara que el diputado Lema con su convocatoria a comisión ayer no estaba cuestionando este caso particular, sino la forma arbitraria en la que aparentemente se maneja el ministerio en este tema. Lo que se cuestiona en todo caso son las distintas situaciones similares.

JB —Yo diría que, por las características del medicamento y de la patología que estamos considerando, no hay situaciones similares, hay otras alternativas terapéuticas. Como todo, hay que tomar decisiones. El procedimiento de incorporación de medicamentos tiene una serie de procesos que lejos de ser burocráticos son garantistas, son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EC —En la entrevista que hacíamos ayer con el diputado Lema, él sostenía que cada vez más los médicos prescriben medicamentos que están fuera del FTM. Allí hay una discrepancia importante entre los profesionales que atienden pacientes y el equipo del ministerio que elabora el FTM. ¿Por qué sucede eso?

JB —Es siempre multifactorial, siempre puede haber más de una razón. Dentro del equipo asesor se encuentra la doctora Lucía Delgado, que es representante del ministerio en el FNR, es la grado 5 de la Facultad de Medicina en Oncología Médica, por tanto es la persona jerárquicamente más importante en el área médica vinculada a la oncología. Con ella nos asesoramos respecto a las drogas.

EC —Porque se puede pensar en dos hipótesis que ayer estaban flotando durante la entrevista. Una hipótesis es que exista cierto lobby de los laboratorios sobre los médicos para que indirectamente haya una presión sobre el ministerio para incluir determinados productos en el FTM. ¿Eso existe?

JB —Es un tema importante desde el punto de vista planetario. Tanto es así que a usted le consta que hemos dado una señal inicial con la doctora Lustemberg, la subsecretaria de Salud, firmando apenas ingresamos el Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses, y se lo hemos reclamado para todos quienes prescriben medicamentos en el FNR.

EC —¿Qué es eso?

JB —Por ley quienes trabajan en las IMAE (instituciones de medicina altamente especializada) y quienes prescriben medicamentos financiados por el FNR deben firmar el formulario de conflicto de intereses. Implica establecer claramente cuáles son los vínculos que ese profesional tiene en sus distintas actividades laborales. Queremos extenderlo, porque la ley no prevé ningún tipo de sanción a quien no lo firme, simplemente establece que no se dará curso a esa indicación. Eso atenta y perjudica al usuario, que hace un trámite que finalmente no se resuelve porque quien prescribió no cumplió con ese requisito. Estamos muy interesados en esto. Y eso tiene que ver con el tema, que no es una novedad para nadie, de que todo el mundo tiene que saber de qué lado del mostrador se encuentran en este caso los profesionales sin aventurar y sin aventar ninguna duda previa, simplemente hacer transparente esa información.

EC —Esa es una inquietud que ustedes tienen, que pueda haber un lobby incidiendo.

JB —Es una realidad que se considera en todas partes del mundo. Por eso la ley previó que existiera esa declaración, para despejar las dudas.

EC —La otra hipótesis, la otra interpretación posible para esta realidad de que los médicos recetan cada vez más medicamentos que están fuera del FTM es que el FTM no funcione con agilidad, que sea muy lento y muy trabajoso el proceso por el cual se habilita o no se habilita un medicamento.

***

EC —¿Qué análisis hacen ustedes de esta hipótesis de que el mecanismo del FTM sea lento, poco ágil y que allí esté la causa de que cada vez se prescriban más medicamentos que están fuera de él?

JB —Como decíamos, el proceso de creación del FNR para el financiamiento de los medicamentos es relativamente reciente, es de 2005; en el 2007 se incorpora el FTM, e incluso en esa primera etapa 2005-2010 el único factor que primaba para la incorporación de medicamentos eran los beneficios en cuanto a sobrevida, calidad de vida, mantenimiento de la vida. Eso generó que se fueran incorporando, a partir de distintas ordenanzas, un conjunto de medicamentos al Anexo 3.

En el 2010 se incorpora otro requisito, que comenzó a aplicarse en el 2011, que es el costo-efectividad. Es decir que, tal como lo recomienda la OMS y como se hace en los países que tienen sistemas de salud con cobertura universal de medicamentos de alto costo, además de la eficiencia se tienen que valorar la sustentabilidad del sistema y la viabilidad de asumir la incorporación de esos medicamentos.

EC —Es muy chocante eso, pero supongo que no hay más remedio.

JB —Es de los temas que se discuten en todas partes del mundo, porque uno se puede preguntar: ¿entonces qué es lo que prima, la salud o la economía?

EC —Ayer el diputado Lema decía que el ministerio tendría que ocuparse más de la salud que de la economía.

JB —Yo entiendo que es un discurso propio de alguien de la oposición, pero para quien tiene que tomar decisiones para sostener un sistema que, reitero, es un modelo en el mundo, que financiamos entre todos los uruguayos y que les da la cobertura a unas 300.000 personas, como viene dando el FNR, con medicamentos de eficiencia comprobada y sustentables desde el punto de vista económico-financiero, también es un tema de responsabilidad. No hay que perder la sensibilidad ante un tema tan complejo y tan particular como este tipo de situaciones, pero no se puede ser irresponsable y llevar a la bancarrota esto. Reitero, antes del 2005 el FNR era inviable si no tomaba medidas.

EC —De todos modos, cuando el ministerio es condenado por un fallo judicial a suministrar un determinado medicamento la plata termina apareciendo. Y no solamente termina apareciendo, sino que probablemente lo hace a partir de una compra a un precio más caro que el que se podría haber obtenido si ese medicamento hubiese estado en el FTM y se hubiesen hecho compras en volumen. Tienen que comprar a precio de lista.

JB —Las acciones de amparo son un derecho de los ciudadanos. Es parte de cualquier marco constitucional el hecho de que las personas tienen derecho a ciertas acciones de amparo. Por otra parte el ministerio tiene la responsabilidad de que todo lo que se incorpora esté basado en la evidencia. Buena parte de las solicitudes con las cuales lidiamos permanentemente no cuentan con evidencia que sostenga las acciones de amparo. Y hay un pequeño grupo, mínimo, que se cuenta con los dedos de una mano, que son los que están siendo el centro de un problema y que están vinculados a encontrar en este país, como en todos los países del mundo y del Primer Mundo, debate. Hay países en los cuales los medicamentos se registran siempre que se llegue a un acuerdo de precios. No hablo del FTM, porque para entrar en el FTM tiene que estar registrado. El procedimiento es: se incorpora un medicamento al MSP porque se inicia una solicitud de registro; después que está el registro se ve si se financia, si se incorpora al FTM. Hay países que directamente no lo registran, países del Primer Mundo han tomado ese tipo de decisiones tan fuertes como decir “este medicamento acá no entra”, y ni siquiera vinculado a alguna posibilidad de amparo porque no existe. Los temas de los que estamos hablando son complejos en cualquier país del mundo.

EC —Volvamos a los procedimientos del FTM. Hoy, tal cual funciona, hasta el 30 de junio de cada año pueden presentarse medicamentos, y después hay que esperar un año para que vuelva a abrirse la ventanilla. ¿No es demasiado tiempo, teniendo en cuenta los avances que están produciéndose permanentemente?

JB —Yo estuve en la génesis de ese decreto en mi cargo anterior. Está prevista en la normativa la posibilidad de que surjan situaciones que excepcionalmente justifiquen considerar la incorporación de un medicamento fuera de esa fecha. Es un tema de ordenamiento del trabajo que habilita que todas las partes puedan concentrar la información, pero está prevista la excepción, que por razones de política sanitaria puedan incorporarse medicamentos al registro fuera de esa fecha.

EC —¿Y ocurre realmente?

JB —Excepcionalmente. Porque incluso en el caso de algunos de estos medicamentos que están en el debate los laboratorios todavía tienen pendientes aspectos que no son burocrático-administrativos, son parte de la normativa, lo que se llama el registro por indicación, el lanzamiento. Es responsabilidad de los laboratorios cumplir con esas etapas, hasta que no se cumplan los medicamentos no pueden ser considerados por la Comisión del Formulario Terapéutico de Medicamentos. Hay todo un proceso que todas las partes conocen perfectamente, además estamos en contacto, en un país chico todos nos conocemos. Estamos trabajando en un tema complejo con un núcleo pequeño de medicamentos de alto costo que tienen eficiencia comprobada.

EC —Otro punto de inquietud es lo que demora el análisis de un caso concreto. Ayer se mencionaba que un medicamento que estaba habilitado para comercializarse desde el año 2009 estuvo tres años y medio en estudio. ¿Puede demorarse tres años y medio?

JB —No voy a justificar cosas que no son justificables. En esta administración vamos a acelerar los procedimientos que estén de nuestra parte de forma que si hay un problema vinculado a la falta de personal o de herramientas para resolver este tema, pueda hacerse de la forma más eficiente.

EC —Da la impresión de que ahí hay un punto delicado.

JB —Sin embargo cuando vamos a instancias internacionales en las que se habla de estos temas con colegas, sobre todo en materia de evaluación de tecnologías, en las cuales está incorporado el tema de los medicamentos, estos tiempos no están alejados de lo que pasa en el mundo. No le hablo de tres años, pero son tiempos largos, porque se analizan con mucha precisión los estudios. Porque los estudios que se presentan para demostrar la evidencia son financiados por la propia industria, no es la academia que se pone a estudiar un medicamento. Por lo tanto hay que mirar eso desde todo punto de vista para ver si cumple con los requisitos de viabilidad científica, tal cual está establecido en el marco normativo que promueve la OMS.

EC —En definitiva, ¿qué cambios están promoviendo ustedes ante esta situación tal cual ha venido perfilándose últimamente?

JB —Vamos a trabajar sobre aquellos medicamentos de los cuales hay evidencia…

EC —¿Qué quiere decir eso?

JB —Aquellos que permiten una sobrevida clara identificada por esos estudios, que son estudios poblacionales randomizados, es decir que están fuera de sospecha en cuanto a la manipulación y al criterio científico de elaboración, que son muy pocos, el 2 % de los medicamentos que se presentan. En esos hay que ver cómo nos generamos las posibilidades para trabajar.

EC —¿Qué cambio implica eso con respecto a la ley actual, para quienes están pidiendo cambios?

JB —Por ejemplo, en estos tiempos están venciendo muchas de las patentes de los medicamentos que financia el FNR. La patente dura 10 años, después se puede trabajar con genéricos. Algunos de los medicamentos que hoy financia el FNR están dentro de los US$ 35 millones que gasta el país anualmente en la compra de medicamentos de alto costo, que son el 18 % de los casi US$ 200 millones que gasta el FNR en general, algo así como el 8 % del gasto del sector salud. Con ese dinero que hoy tenemos para administrar podemos estudiar estos temas que son muy puntuales y encontrar fórmulas para que se aproximen a ese costo-beneficio, que es una herramienta complementaria de la evidencia científica, para que se pueda incorporar financiamiento del FNR. Estamos haciendo una gestión tendiente a lograr que ese dinero que la población paga, esos $ 144 que se pagan todos los meses, se administre de la mejor manera posible de modo que con esos fondos podamos ir incorporando medicamentos que son muy escasos y que están dentro de nuestros objetivos para mejorar la calidad de la atención de algunas de estas patologías complejas.

EC —¿Eso implica una mejora con respecto al sistema vigente?

JB —Toda organización tiene que apuntar a la mejora. Es clave que encontremos formas. Incluso se han incorporado nuevos mecanismos de negociación con la industria, por ejemplo el costo compartido.

EC —¿Qué es eso?

JB —Es un mecanismo por el cual tanto el Estado como las empresas asumen riesgos en cuanto a la incorporación de un medicamento, si da resultado o no. Son mecanismos que se usan en todas partes del mundo. Si el medicamento que se incorpora no da el resultado que se estima, el Estado no lo paga. Hay que buscar mecanismos de negociación, que no son una novedad, pero hay que asumirlos con total profesionalidad. El FNR a partir del 2011 incorporó este tema del costo-beneficio en los requisitos para el ingreso de medicamentos y ha conformado un equipo técnico que está libre de sospecha, que tiene firmados los formularios de conflicto de intereses y que tiene la experticia y la capacidad para, junto con el ministerio, poder negociar con la industria. Tenemos un excelente relacionamiento con la industria, nos vemos periódicamente, sabemos cuáles son nuestros problemas y estamos tratando de ver cómo resolverlos.

EC —Esto que está explicando ¿qué tiene que ver con los reclamos a propósito de la ordenanza 86, que firmó la entonces ministra Susana Muñiz, casi al final de su período, en el mes de febrero, por la que se excluyen expresamente 16 medicamentos oncológicos que paradójicamente son los más solicitados por los pacientes, aquellos por los cuales más se recurre a las acciones de amparo?

JB —Para 10 de esos medicamentos no hay ninguna evidencia científica que nos lleve a considerarlos; en tres o cuatro los laboratorios tienen que completar la información formal, cumplir los requisitos propios, y hay tres o cuatro que tenemos en la mira y estamos tratando de encontrar una formulación que nos habilite a ir incorporándolos progresivamente.

EC —¿La ordenanza se va a mantener?

JB —Las ordenanzas se van modificando. Si uno mira la historia de la ordenanzas, desde la creación del FTM ha habido distintas ordenanzas que dan de alta y baja los medicamentos. Por lo tanto hay que asumir que esta ordenanza se va a ir modificando en función de estos elementos que estoy diciendo: que hay medicamentos que no se justifica que se prescriban y por lo tanto no los vamos a incorporar; hay otros que están pendientes de que los laboratorios completen los procedimientos, y hay otros que estamos negociando con la industria.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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La judicialización del financiamiento de medicamentos a través del Estado “es complicada” y “no es una buena solución”, dijo el ministro, porque además “no siempre la justicia ha fallado de la misma manera”. Sin embargo, reconoció que es una modalidad que está instalada en todo el mundo.

Basso recordó que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) financia los fármacos de alto costo incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) desde 2005. Este modelo de financiamiento de medicamentos “es relativamente reciente” y nació mientras el FNR estaba en quiebra porque “no era viable económicamente”.

Inicialmente “el único factor que primaba” para incorporar medicamentos al FTM era la evidencia científica sobre la efectividad, pero en 2010 se sumaron la relación costo-beneficio y la viabilidad del sistema de financiamiento. La inclusión a través de requisitos “se da en todas partes del mundo”, indicó Basso, porque “los sistemas integrales tienen restricciones, no pueden darlo todo”.

El MSP tiene una responsabilidad al incorporar medicamentos al FTM, indicó Basso, antes de señalar que en otros países cuando un fármaco no cuenta con evidencia científica de su efectividad directamente se impide su comercialización, una exclusión que impide su compra directa y su reclamo a través de la Justicia. En Uruguay la mayoría de los medicamentos que se piden a través de acciones de amparo “no cuentan con evidencia científica” que respalde su efectividad, dijo antes de señalar que “del 100% de los medicamentos innovadores que ingresan al mercado, pasado el tiempo, solo el 2% resultan ser eficaces”, por lo cual “hay que ser muy criterioso”.

Consultado acerca de que el MSP ha demorado hasta tres años y medio para analizar la eficacia de un medicamento, Basso dijo: “no voy a justificar cosas que no son justificables”. Indicó que se está trabajando para resolver estas demoras, aunque “estos tiempos no están alejados de lo que pasa en todo el mundo” porque se trata de estudios que deben analizarse “con mucha precisión”.

El ministro dijo que se está trabajando para incorporar al FTM un número “muy escaso” de medicamentos que cumplen con todos los requisitos para ser incorporados en el menor tiempo posible. Entre los medicamentos que se incorporarán hay “tres o cuatro” que están entre los 16 que fueron excluidos del FTM por una ordenanza firmada por la anterior ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, en febrero.

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