Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

La interpelación al canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche por las contrataciones directas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande generó ayer las primeras repercusiones.

El presidente Luis Lacalle Pou, sostuvo que el gobierno va a actuar “en consecuencia” ante el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, que solicitó con el apoyo de todos los partidos que cesen los contratos de los funcionarios que ingresaron de forma “discrecional”, en particular los ediles de la Junta Departamental de Salto.

Ya conversamos sobre los ecos de la interpelación con el diputado interpelante, el frenteamplista Nicolás Viera. Ahora conversamos En Perspectiva con el diputado nacionalista, Álvaro Viviano.

Destaques de la entrevista:

• "Me parece que nosotros teníamos que mirar para dentro".
• "Lo primero que debíamos hacer era quitar la responsabilidad de los ministros. Por más que de algún modo hay algún vínculo desde el punto de vista administrativo y el punto de vista presupuestal. Lo cierto es que (la delegación) tiene un nivel de autonomía tal que le permite discrecionalmente tomar toda una serie de decisiones y en este caso me parecía que había habido desvíos concretos".
• "El eje de la intervención de algún modo intentó fijar la lupa donde había que fijarla. En que no estaba tanto en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y no estaba a partir de los procedimientos determinados por la propia Binacional".
• "Los problemas están en la discrecionalidad, los problemas están en los desvíos y los problemas están en decisiones que hacen mucho ruido".
• "Como dije en la propia interpretación: aparece un exceso, acá se nos terminó yendo la mano e incurrimos en una suerte de decisiones que creo que no hacen bien, que no están en las competencias. Será opinable o no si a partir de las regalías que tiene Salto Grande debe concentrar sus aportes en la zona a los efectos de mitigar lo que fue en antaño la creación de la represa y demás, pero creo que hay otras decisiones que tienen que ordenarse en el marco normativo y que los ingresos tienen que estar ajustados a normas de transparencia y de igualdad".
• Sobre la moción del Parlamento: "A mi entender no teníamos escapatoria, teníamos que ser claros y sobre todo teníamos que poner énfasis en la corrección de las situaciones. También generar una base de mayor transparencia y mayor legalidad para las gestiones futuras de la Comisión Técnica".
• Sobre que el PN no acompañó el punto 7 de la moción: "El punto 6 era contundente vinculado a la situación de los funcionarios. Creo que después también había, en términos generales, una visión de que la gestión de algún modo no estaba del todo mal orientada salvo estos desvíos. La caída del propio presidente de algún modo laudaba este tema. Nosotros no lo acompañamos (al punto 7). Nos quedó ahí en el tintero ver lo que la misma resolución dispone: Determinar auditorías externas y evaluaciones un poco más profundas para ver qué pasa con estos directores que están hoy en funciones. Yo tengo mis matices, por pequeñas cosas al final no la terminé firmando, pero me parece que hay que evaluar muy bien en estos días y capaz que con un poquito más de distancia sí se respalda o no se respalda la gestión de los directores que ya están luego de haber renunciado el presidente de la delegación".

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La discusión que el Frente Amplio disparó en agosto por la gestión del lado uruguayo en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, que en los primeros días de setiembre derivó en la renuncia del presidente de la delegación de nuestro país, el nacionalista Carlos Albisu, tuvo su punto más caliente este martes y miércoles, durante la interpelación en la Cámara de Diputados al canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Luego de 17 horas de debates, el FA presentó sin éxito una moción que declaraba “insuficientes” las explicaciones de los ministros y pedía la renuncia de Bustillo. A continuación se puso a consideración otra moción negociada dentro del oficialismo, que fue desglosada en el momento de la votación.

Fue así que, con el apoyo de todos los partidos, 93 votos en 95 presente, se aprobó el numeral 6 que solicita a la delegación uruguaya en la CTM que “promueva de forma inmediata el cese de todos los contratos que, en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado desde el 23 de abril de 2020”. En particular -se agregó- “resulta imprescindible por los mecanismos que se entiendan pertinentes el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles en la Junta Departamental de Salto”.

Con menos respaldo, 53 en 95, o sea, solo los votos de la coalición de gobierno, se votaron los puntos 1 a 5, donde, entre otras cosas se “considera satisfactorias” las explicaciones de los ministros pero al mismo tiempo se establece que “es fundamental garantizar el uso racional efciente y transparente de los recursos económicos” destinados a la CTM y se declara que “las designaciones de delegados y funcionarios (…) deben atender especialmente la idoneidad técnica, respetando tanto las normas estatutarias como las de ética en la función pública”.

Finalmente, también salió adelante, pero con 50 votos, un aditivo presentado por Cabildo Abierto donde se plantea que “en razón de la gestión inadecuada en relación a la designación del personal y los cambios del estatuto de los funcionarios de la CTM sin las debidas consultas al Poder Ejecutivo”, no alcanza con la renuncia de Albisu sino que debe dimitir también “el resto de los delegados uruguayos”. Y se solicita “se encomiende la realización de una auditoria externa de gestión”. Este párrafo tuvo el respaldo de CA, el FA y el diputado César Vega, del PERI.

Otro resultado de la interpelación estuvo en las primeras horas de la sesión, en la intervención inicial del ministro Bustillo que anunció una serie de medidas que el gobierno tomará con el objetivo de “rediseñar” las comisiones binacionales, especialmente la de Salto Grande. Adelantó que se presentará un proyecto de ley por el cual los delegados uruguayos ante las comisiones binacionales pasen a estar comprendidos por un régimen similar a los directores de entes autónomos (que deben renunciar a sus cargos un año antes de los comicios si van a ser candidatos a cargos electivos). Dijo también que se instruyó a la delegación uruguaya ante la CTM a que se modifique el sistema de retiros incentivados para que “de ninguna manera pueden superar lo que está establecidos por la legislación nacional uruguaya o argentina” y que los cargos en ese organismo deban cubrirse, como regla general, mediante concursos.

«El Poder Ejecutivo entiende que con estas medidas se está adecuando, clarificando y modernizando el funcionamiento de las delegaciones nacionales ante las comisiones binacionales y especialmente ante la CTM de Salto Grande, dando un paso significativo en dicha dirección con las medidas adoptadas. Va de suyo que estas medidas en lo estructural apuntan a un nuevo rediseño institucional en la medida en que el diseño probó tener claroscuros que lamentablemente fueron objeto de errores y llevó al presidente de la delegación uruguaya a presentar su renuncia al cargo».

Ayer, cuando el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por la prensa sobre el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, respondió que el gobierno “va a actuar en consecuencia”.

Dijo que el Poder Ejecutivo va a “rever” los contratos de los ediles y que “no se cierra” a pedir la renuncia a los tres miembros políticos de la delegación uruguaya, aunque dijo “no entender el planteo” porque el “principal gestor” de
Salto Grande -en referencia a Albisu- ya renunció.

También hizo algunas consideraciones generales:

“¿Estamos vacunados contra alguien que se equivoque? Porque claramente acá no hay ilegalidad y tampoco hay corrupción. Sí un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso, y eso es lo que vamos a solucionar

Conversamos En Perspectiva con el diputado interpelante, el frenteamplista Nicolás Viera. Luego con el diputado nacionalista, Álvaro Viviano.

Destaques de la entrevista:

• "Por el lado del Frente Amplio hemos podido cumplir con los cuatro objetivos centrales que nos habíamos propuesto. El gobierno se entregó desde el primer minuto, el ministro de Relaciones Exteriores comenzó a reconocer como parte del Poder Ejecutivo todos los errores que nosotros veníamos denunciando".
• "El primer objetivo que nosotros nos pautamos era que esta interpelación sirviera de oportunidad para empezar a debatir como sistema cuál es el rol que queremos darle a los organismos binacionales y cuáles son las condiciones de control que vamos a querer ejercer".
• "Fue muy positivo el hecho de que pudimos reunir voluntades en una misma dirección que no solamente se nuclearon en la oposición política. Tuvimos votaciones donde participamos varios partidos, en algunos casos hubo temas sumamente profundos que se pudieron votar por la unanimidad de los partidos políticos presentes en el Parlamento y eso creo que también es importante".
• "La coalición en su conjunto puso como principal punto de interés preservar la unidad, todos los legisladores del gobierno sabían que si llegaban a votar radicalmente opuestos una moción que pusiera en jaque al gobierno o que cuestionara la comparecencia de los ministros, era el día clave para romper la coalición gobernante".
• "Nuestro trabajo tuvo frutos importantes, por lo menos desde el cuestionamiento y desde el contralor político va a permitir rever también la participación de los delegados políticos en la delegación de Uruguay".
• Sobre propuesta de Bustillo: "Se parece más a un planteo de urgencia para responder algo en el Parlamento que a una solución de fondo".

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Foto: En Perspectiva

La gestión de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande está entre los principales temas de la agenda política desde fines de agosto, a raíz de presuntos casos de clientelismo durante la gestión encabezada por el nacionalista Carlos Albisu, que el jueves pasado optó por renunciar al cargo.

La polémica se inició cuando el Frente Amplio (FA) cuestionó una partida de 200 millones de pesos que el Poder Ejecutivo aprobó a mediados de agosto para reforzar el presupuesto de la delegación uruguaya en la CTM. A raíz de esa protesta el ex jerarca empezó a recibir crírticas, de la oposición y también del oficialismo, por decenas de designaciones directas de militantes que, en realidad, se conocían desde 2021.

La renuncia de Albisu descomprimió una situación incómoda para el Partido Nacional. Sin embargo, el FA no está dispuesto a que las responsabilidades políticas se terminen allí. El 3 de octubre la oposición interpelará a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo para que respondan sobre el manejo de los fondos en la delegación uruguaya en la CTM.

El lunes entrevistamos por este tema al senador Jorge Gandini, uno de los dirigentes blancos disconformes con lo ocurrido en Salto Grande.

Vamos a conocer la visión del FA. Conversamos En Perspectiva con el diputado del MPP, Nicolás Viera, que será el miembro interpelante en el llamado a sala.

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