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La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Cecilia Eguiluz y Daniel Supervielle

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Jaime Saavedra, luego del motín ocurrido el sábado pasado en un centro de Montevideo, donde dos funcionarias fueron tomadas como rehenes y luego rescatadas en un operativo policial.

En declaraciones a la prensa el mismo sábado, Saavedra sostuvo que los jóvenes van a “sufrir las consecuencias de este acto vandálico”.

“Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, dijo Saavedra.

En un comunicado emitido este martes, Serpaj cuestionó estos dichos y señaló que van en contra del enfoque socioeducativo que debe tener el sistema. La organización advirtió que este tipo de discursos refuerzan una mirada punitiva y estigmatizante, y alertó sobre condiciones de reclusión que vulneran los derechos de los adolescentes. 

Para Serpaj, “que este tipo de expresiones provengan de quien está al frente de la institución no es menor”. La organización recordó que el cometido central del Inisa es “trabajar desde un enfoque socioeducativo, en línea con los compromisos asumidos por el Estado uruguayo”, y señaló que “este tipo de discursos van en sentido contrario”, ya que “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.

Asimismo, la organización apuntó que actualmente “los y las adolescentes privados de libertad viven en condiciones que implican una vulneración constante de sus derechos humanos”. “Serpaj recuerda que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate serio, informado y respetuoso de los principios de derechos humanos. En este sentido, repudiamos enfáticamente los dichos realizados por el presidente del Inisa”, cierra el comunicado.

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El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron este martes un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación en instalaciones de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa, que tiene el respaldo expreso del presidente Yamandú Orsi, fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande. Pero además el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) manifestó su “profundo rechazo” y la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto con el fin de evaluarlo,

¿Cómo será en la práctica el acuerdo? ¿Qué se responde a los reclamos y preocupaciones?

Para conocer los detalles de este plan, la respuesta a esos cuestionamientos y otras cuestiones que tienen que ver con el Inisa en estos días, como el caso de la fuga de 3 menores de un centro el pasado fin de semana, Emiliano Cotelo conversó con el presidente de su directorio, Jaime Saavedra.

Dentro de unos días, en febrero, representantes del Ejército Nacional irán a la Colonia Berro a informar a los jóvenes privados de libertad sobre las oportunidades de capacitación que brinda el Ministerio de Defensa Nacional.

Tocar un instrumento en una banda musical, estudiar carpintería o aprender tareas de mantenimiento son parte del menú de opciones que tendrán los 20 o 30 voluntarios que se aceptarán en la prueba piloto de este programa.

El convenio, que se firmó este martes en Torre Ejecutiva, tiene el aval expreso del presidente Yamandú Orsi. Pero, cuando trascendió, la semana pasada, despertó críticas muy severas de sectores del Frente Amplio y algunas organizaciones sociales.

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Patricia González y Victoria Pasquet

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron ayer un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación del Ejército Nacional. 

El acuerdo fue suscrito en la Torre Ejecutiva por el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Saavedra mencionó que en la experiencia participarán desde marzo entre 20 y 30 jóvenes mayores de edad o a punto de cumplirla, para aprovechar “las posibilidades de capacitación que ofrece el Ejército Nacional”, desde tocar en una banda hasta talleres de carpintería y de mantenimiento”. 

Mencionó que un censo realizado por Unicef y Equipos Consultores, que se va a presentar públicamente en marzo, arrojó que 85% de los adolescentes del Inisa no terminaron el ciclo básico, un guarismo que se mantuvo incambiado desde el último censo, realizado en 2018. “Casi diez años, y no movimos una décima ese porcentaje. ¿Alguien puede pensar que tenemos futuro como país, que estos chiquilines tienen futuro, que sus familias tienen futuro si no logramos mover esa aguja?”, planteó.

"Para mover esa aguja tenemos convenio con ANEP, UTU,  Primaria, Secundaria, INEFOP, con todos los que se quieran sumar y también con el Ejército. ¿Para qué? Para recibir las destrezas y las capacidades que el Uruguay disfruta cuando hay, por ejemplo, una inundación y nos llenamos de dolor y de dificultades, recibirlas nosotros para ir aprendiendo cosas que el ejército sabe y conoce muy bien".

“Era un absurdo prescindir del Ejército Nacional en esta tarea”, ya que es la única institución “presente en la tierra, en el aire, en el mar y en todo el país”, comentó Saavedra al responder a las críticas lanzadas desde sectores del Frente Amplio y ONGs.

Al referirse a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, la ministra Sandra Lazo llamó ayer a la sociedad uruguaya a evitar tener una visión reduccionista según la cual la defensa nacional se restringe solamente a lo militar. Y defendió la medida señalando que amputarse la posibilidad de acceder a estas capacitaciones “sería un acto de irresponsabilidad”.

La propuesta de formación en el Ejército fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande.

A su vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto del convenio con el fin de evaluarlo, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó el programa y manifestó preocupación por su desarrollo.

“Entendemos que la ‘oportunidad’ de inserción socioeducativa y laboral en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA) es sumamente arbitraria, y presenta conflictos en relación a la promoción y restitución de derechos humanos”, dice el comunicado del Serpaj.

A su vez, manifiesta que “es grave que, desde instituciones a cargo de la restitución de derechos, en especial los vinculados a la educación, se promueva impartir una educación militar hacia adolescentes”. En ese sentido, considera “peligroso que se valore a las FF. AA. como un ente de capacitación e inserción social’ para adolescentes privados de libertad”.

Por último, el Serpaj menciona que en la formación militar “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”, por lo que no considera que el acuerdo “beneficie la formación de los adolescentes”.

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Foto: Redes sociales

La Tertulia de los Jueves con
Cecilia Eguiluz, Miguel Fernández Galeano, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

Un episodio inesperado sacudió esta semana al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa): el presidente del organismo, Jaime Saavedra, presentó su renuncia apenas horas antes del acto de asunción de las nuevas autoridades. La situación generó sorpresa e incertidumbre, al punto que el evento debió suspenderse.

Sin embargo, la renuncia no se concretó. A pedido del presidente Yamandú Orsi, Saavedra accedió a permanecer en el cargo. El respaldo fue confirmado también por el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, con quien el jerarca se reunió esa misma tarde en la Torre Ejecutiva, por indicación de Orsi. Desde el gobierno aseguran que Saavedra cuenta con “total y absoluto” apoyo.

La semana pasada, cuando lo entrevistamos aquí, En Perspectiva y lo consultamos sobre los desafíos de la nueva gestión, Saavedra destacó que el Inisa tiene más de 400 jóvenes en medidas alternativas y menos de 300 en privación de libertad y expresó: “Si no podemos con 800, entonces cerramos el país”. Para ello, insistió en dos ideas clave: restaurar la autoridad y “abrir” el Inisa al resto de la sociedad.

“Pero tienen que entrar, conocer a los gurises y empezar a quererlos. Y se van a sorprender gratamente. Hay nueve de cada diez que, si Dios quiere, van a encontrar su rumbo. Son poquitos… estamos hablando de 800. Ponele que hay cincuenta, sesenta, setenta que son muy complicados, que no podemos hacer mucho. Al resto lo vamos a llevar de la mano, y van a encontrar su rumbo. Pero tenemos que estar todos atrás”.

Según trascendió, el trasfondo del conflicto en el Inisa está en las tensiones internas con el vicepresidente Eugenio Acosta, quien ha votado en varias ocasiones junto al director de la oposición, Ángel Fachinetti, y en contra de Saavedra. El episodio más reciente fue la aprobación de tres ascensos en centros de reclusión juvenil, que Saavedra consideró contrarios a los principios que definido para su gestión.

Más allá de este hecho puntual, las diferencias entre ambos jerarcas están relacionadas con el perfil que debe tener la institución, especialmente en cuanto a la priorización de los procesos educativos para los adolescentes.

Desde Presidencia de la República aseguran que no está previsto que ninguno de los dos jerarcas abandone el organismo, y que en las próximas horas intentarán acercar posiciones.

¿Cómo leen los tertulianos este episodio en clave política? ¿Cuán sostenible es una gestión con un directorio dividido? ¿Qué señales deja este caso sobre el rumbo del gobierno en cuanto a la rehabilitación de los jóvenes infractores?

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Foto: En Perspectiva

¿Qué podemos hacer como sociedad con los adolescentes que han cometido delitos y están en conflicto con la ley? ¿Qué altenativas existen a la política de encierro? ¿Es posible reeducar a todos esos jóvenes que cargan con historias de carencias y violencia? ¿Puede el Estado competir con lo que ofrece en términos económicos el narcotráfico?

Conversamos En Perspectiva con el nuevo presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el licenciado en Educación Jaime Saavedra, que ha llamado la atención por sus planes y por varias de sus declaraciones.

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El sistema carcelario uruguayo está en crisis. La situación no es nueva, pero algunos sucesos volvieron a encender las alarmas.

El sábado en la Unidad 7 de Canelones fue asesinado un joven de 22 años, apuñalado. En lo que va del año han fallecido 55 personas en cárceles: 15 homicidios, nueve suicidios, y otras ocho son catalogadas como “muertes dudosas”.

A esto hay que sumar, por supuesto, el secuestro de un hombre durante al menos 40 días en una celda del módulo 11 de la Unidad Nº4 Santiago Vázquez, el ex Comcar. 

Allí lo tenían encerrado sus propios compañeros de celda, quienes lo sometían a torturas. El hombre, un delincuente primario, fue rescatado en un estado de desnutrición severa, aunque no lo encontraron las autoridades: fueron otros reclusos que sabían de su situación.

En entrevista con En Perspectiva, esto nos decía al respecto el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit:

Aquí ha habido una grave omisión del Estado. Hay que desplegar todos los instrumentos, se debe continuar con un tratamiento, una rehabilitación, y un seguimiento. Porque esto no se arregla con que coma más y lo vea un médico. Va a requerir, el trauma que él tiene, su estrés postraumático, su dificultad para expresarse… yo tuve la sensación de que estaba frente a un náufrago. No lo interrogué, no le pregunté, simplemente hablé, los saludamos, pero el hombre estaba muy traumatizado. Eso es algo que hay que seguir muy de cerca por buen tiempo para que se pueda recuperar.

Le dimos una mirada a esta situación crítica con una persona que supo trabajar dentro del sistema y que ahora lo mira desde afuera: Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, también exsubdirector de cárceles y exresponsable del Polo Industrial del Comcar, licenciado en Ciencias de la Educación. 

También es docente del servicio penitenciario de Buenos Aires, y presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios.

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El número de personas en situación de calle llamó la atención este invierno.

Según la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, se registró un aumento del 15 % respecto del año pasado.

De esa cantidad de personas, el 47 % son ex reclusos que salieron en libertad y no tuvieron a dónde ir. 1.600 personas si se cuentan los que duermen en refugios. Una cifra que muy posiblemente crezca en el corto plazo, ya que la semana próxima comienza la visita anual de cárceles que realiza la Suprema
Corte de Justicia y que puede liberar a decenas de presos.

¿Qué seguimiento realiza el Gobierno de estas personas? ¿Qué porcentaje de reincidencia tienen? Para hablar de estos temas, está hoy con nosotros Jaime Saavedra, director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, la Dinali.

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Entrevista a Jaime Saavedra, coordinador del Programa Polo Industrial

Entrevista a Alberto Rodríguez, recluso encargado de la obra

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