Versión Taquigráfica de La Comparecencia de La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) Ante La Comis… by En Perspectiva

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para presentar su Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

Durante la sesión, las autoridades expusieron los principales avances en materia de modernización institucional, gestión de declaraciones juradas, transparencia y lucha contra la corrupción, además de responder consultas de los legisladores sobre su funcionamiento y las propuestas incluidas en la Rendición de Cuentas.

La entrada Versión taquigráfica de la comparecencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda (28 de julio de 2026) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Apuntes

Por Romina Andrioli y Emiliano Cotelo

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) compareció este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para rendir cuentas de su gestión 2025. El organismo, encabezado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, llegó con un informe centrado en la modernización tecnológica y organizativa, pero la sesión terminó dominada por el reclamo opositor sobre el manejo político de denuncias sensibles y el rol devaluado de la Asesoría Letrada.

Reestructura, Observatorio de la Corrupción y nueva unidad de denuncias

El primer eje que presentó la delegación fue el proceso de reestructura interna, encarado con asistencia técnica de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). El resultado es un nuevo organigrama que, según explicó Ferraris, no modifica sustancialmente la estructura anterior pero incorpora dos novedades centrales: la creación del Observatorio de la Corrupción del Uruguay, desarrollado junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, y una Gerencia de División de Gestión de Denuncias, que concentra la instrucción de expedientes que hasta ahora quedaban en la órbita de la entonces Asesoría Letrada, hoy reducida en el organigrama a un Departamento Jurídico Notarial.

Ferraris justificó el rediseño describiendo el punto de partida de su gestión, iniciada en junio de 2025: “Nuestros sistemas, en particular el de declaraciones juradas, eran absolutamente obsoletos… ¡Un gran retraso!”, afirmó, y señaló que el organismo arrastraba “una plantilla particularmente reducida” y un fuerte atraso tecnológico 

El crédito del BID y el sistema DeclaraBID

Un componente central de la comparecencia fue el anuncio de una cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implantar un nuevo sistema de gestión de declaraciones juradas, denominado DeclaraBID, ya instrumentado en Guatemala, Honduras y Paraguay. El sistema actual data de 2017 y, según reconoció la propia delegación, está tecnológicamente obsoleto: apenas cumple funciones de registro y no permite el análisis patrimonial que exige la Ley N.º 19.797 desde 2019. DeclaraBID apunta a resolver ese déficit con alertas automáticas de riesgo, trazabilidad completa por usuario, encriptación reforzada y, eventualmente, interoperabilidad con organismos como Catastro o el Sucive. La economista Nerena Bárcena, parte del equipo que negocia con el BID, precisó que el cruce de datos se hace mediante códigos y que el sistema no habilita a ningún funcionario a “abrir” declaraciones juradas por nombre y apellido.

La meta original era poner el sistema en marcha a mediados de 2027, pero Ferraris admitió que el ritmo de trabajo con el equipo técnico del BID podría adelantar esa fecha. Fue justamente esa dinámica, dijo, la que llevó a la Jutep a presentar sobre la hora tres artículos aditivos en esta Rendición de Cuentas —cuando el mensaje del Poder Ejecutivo ya estaba cerrado— para habilitar jurídicamente el nuevo sistema, el tratamiento automatizado de datos personales y la migración de información.

132 denuncias y un plan para destrabar el stock atrasado

En materia de denuncias, la Jutep gestionó 132 casos en 2025, el 61% presentados de forma anónima. Desde el 1° de agosto entra en vigencia un protocolo de tramitación con plazos definidos —hasta ahora el único mecanismo formal era una resolución que derivaba todas las denuncias, sin trazabilidad ni asignación clara, a la entonces Asesoría Letrada—. El nuevo esquema fija una instrucción que no debería superar los 90 días, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de entre 100 y 120 días, y activa un plan de “abatimiento de stock” para denuncias atrasadas desde 2021, cuando el área operaba con apenas tres funcionarias, dos de ellas en régimen de pase en comisión.

El incidente de seguridad y el retraso en la publicación

Trascendió también la confirmación de un incidente de seguridad informática que afectó el sistema de declaraciones juradas entre el 13 de abril y mediados de julio. Asti explicó que hubo un intento de intrusión al servidor de Agesic —donde se aloja el sistema— que no tuvo consecuencias, pero que dejó la plataforma fuera de servicio durante tres meses y retrasó la publicación de declaraciones juradas de entes autónomos y servicios descentralizados, regularizada recién la víspera de la comparecencia.

Los artículos aditivos: el punto de mayor fricción

El cuarto eje de la exposición —habilitar por ley el sistema electrónico de análisis de riesgo, una transformación de vacantes para incorporar personal técnico e informático, y el tratamiento de datos personales— fue, paradójicamente, el que generó el debate político más duro de la jornada. La oposición cuestionó tanto el fondo como la forma: que se incluyan artículos de naturaleza legislativa —y no estrictamente presupuestal— en una Rendición de Cuentas, sin que fueran recogidos por el propio Poder Ejecutivo en su mensaje, ya que la Jutep tiene iniciativa presupuestal pero no legislativa. Abdala recordó que no es la primera vez que ocurre: el año pasado el Directorio ya había intentado, por esta misma vía, modificar la Ley Cristal para alterar los contenidos de las declaraciones juradas e introducir el doble voto de la presidencia en caso de empate, una iniciativa que terminó frenada en la Comisión de Constitución y Códigos tras ser desglosada.

Los cruces políticos: confianza, Asesoría Letrada y el caso Danza

La sesión estuvo atravesada por un fuerte reproche del Partido Nacional hacia la mayoría oficialista del Directorio. El diputado Pablo Abdala fue el más duro: “Nos cuesta un poco, porque no practicamos el cinismo ni la hipocresía —o por lo menos lo intentamos—, dar la bienvenida a un organismo cuya mayoría del Directorio, como es notorio, público y sobradamente anunciado y dicho, ha perdido la confianza del Partido Nacional”, dijo, y vinculó ese planteo al archivo de dos denuncias —contra una figura del Frente Amplio y contra un senador de la oposición— pese a que, según trascendió en la propia sesión, la Asesoría Letrada había recomendado lo contrario en uno de los casos.

Abdala describió así la relación entre la mayoría del Directorio y su propia Asesoría Letrada: “A esta altura ya hay como una especie de guerra declarada o no declarada entre la mayoría del Directorio, su presidenta y la Asesoría Letrada”. También cuestionó el reciente pase en comisión de una abogada que se incorporaría justamente a esa Asesoría, en momentos en que el área es objeto de las críticas de la propia presidenta, pese a existir una vacante que podría cubrirse por concurso. Y objetó un convenio firmado con la Dirección General de Registros: “Esos tres funcionarios… podrán empezar a navegar por los registros públicos, consultar números de padrón o la situación patrimonial de cualquier persona”.

El director por la oposición en el Directorio, Luis Calabria, señaló por su parte que en 27 casos la mayoría del Directorio se apartó del criterio consolidado sin fundamentación reforzada. “Cuando nos apartamos de un criterio hay que fundamentar reforzadamente”, sostuvo.

Calabria no cuestiona que la mayoría se aparte de las recomendaciones de la Asesoría Letrada en sí mismo —dice explícitamente que eso es una facultad legítima de los directores y que él mismo la ejerció alguna vez—. Lo que cuestiona es la inconsistencia: que la mayoría trate de forma distinta a expedientes idénticos, sin explicar por qué.

También advirtió sobre una eventual antinomia legal entre los artículos propuestos y el artículo 15 de la Ley N.º 17.060 (Ley Cristal), que regula las causales de apertura de declaraciones reservadas, y cuestionó, por una razón procedimental, no haber acompañado la votación en Directorio de los tres artículos.

La diputada Mercedes Long y el diputado Gabriel Gurméndez respaldaron los planteos de Abdala. Gurméndez insistió con el retraso en la publicación de declaraciones juradas de jerarcas —en particular las del Directorio de ASSE, tras el caso Danza— y recordó que en noviembre de 2025 la Jutep había informado por escrito al Parlamento que “estaban publicadas todas” las declaraciones de organismos de control y entes autónomos, algo que, según demostró con una constancia notarial, no era cierto en ese momento. Puso como ejemplo el caso de la declaración jurada del presidente del Banco Central —que identificó como “Tolosa”—, no publicada hasta la víspera de la comparecencia pese a la polémica pública que generaron sus dichos sobre desdolarización de la economía.

Conrado Rodríguez remarcó que la delegación tenía obligación constitucional de responder las preguntas de los legisladores —en réplica a un pasaje de Valdomir— y consultó por los protocolos de actuación del organismo y su rol de asesoramiento a la Justicia Penal. Recordó, además, que existen denuncias pendientes contra el propio presidente de la República sobre las cuales los legisladores desconocen qué actuaciones lleva adelante la Jutep.

Gerardo Sotelo, por su parte, pidió precisiones sobre quiénes intervienen hoy en el trámite de las denuncias más allá de la Asesoría Letrada, y resumió el patrón que observa en los apartamientos de sus dictámenes: “Para la mayoría de la Jutep, lo que dice la asesoría letrada es ley… salvo en unos pocos casos… [cuando] no coincide con… la interpretación favorable al gobierno o al oficialismo”.

El vicepresidente Asti salió a responder directamente los señalamientos sobre el caso Danza, del que dijo sentirse orgulloso: “Me siento muy representado y orgulloso del fallo de la mayoría del Directorio de la Jutep en el caso Danza”. Aclaró que el fallo incluyó una recomendación —poco mencionada, según él— para que el presidente de ASSE y su Directorio no intervinieran en situaciones de conflicto de interés. Para relativizar la idea de un alineamiento estrictamente político, citó dos casos en sentido inverso, ambos referidos a personas ajenas al gobierno actual: uno en que la mayoría siguió el dictamen de la Asesoría Letrada y fue el propio Calabria quien votó en contra, y otro en que el Directorio se apartó del dictamen jurídico por unanimidad.

Desde el oficialismo, los diputados Sebastián Valdomir y Alejandro Zavala salieron a respaldar la gestión del Directorio. Valdomir cuestionó que se planteen reproches sobre casos puntuales en una instancia de Rendición de Cuentas y defendió la potestad de la mayoría para apartarse de la Asesoría Letrada, cuyos dictámenes —recordó— no son vinculantes en ningún organismo del Estado: “No le veo mucho sentido hacerle preguntas a alguien en quien uno no confía”, dijo, en referencia a los cuestionamientos opositores. Zavala, por su parte, pidió cautela institucional, comparó la situación con el respeto que se debe a los fallos judiciales aun cuando no gusten, y llamó a discutir los artículos propuestos en función de su utilidad concreta para fortalecer al organismo.

Qué queda planteado

La comparecencia dejó una Jutep que exhibe avances concretos en modernización —el convenio con el BID, la nueva unidad de denuncias, el protocolo con plazos— pero que enfrenta una crisis de confianza abierta con la oposición parlamentaria, alimentada por el manejo de casos de alto perfil político y por la tensión interna con su propia Asesoría Letrada. Los tres artículos aditivos, que necesitan del respaldo legislativo para habilitar el nuevo sistema de análisis de riesgo, quedan ahora sujetos a esa discusión política, con la Comisión de Constitución y Códigos como posible destino para parte del articulado.

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La decisión del presidente Yamandú Orsi de donar su camioneta de alta gama a la ANEP, comunicada este martes, busca terminar con la polémica que se generó la semana pasada cuando se conoció que había comprado ese vehículo había con un descuento del orden del 30% una semana antes de asumier el cargo.

Ayer Orsi volvió a hablar del tema. Por un lado, confirmó que las notas que se publicaron este miércoles en la prensa recogen las explicaciones que él dio el día anterior a los cuatro periodistas que convocó a una reunión en su despacho. Además informó por qué tomó la decisión de donar la camioneta a la Anep.

“-Presidente ¿Por qué decidió donar la camioneta?

– Primero porque me enteré de una necesidad concreta que tiene la Anep, y por otro lado creo que aventamos cualquier tipo de especulación posterior. ¿Saben qué? es un problema, es una dificultad…  yo me crié toda la vida con un solo auto y en mi casa teníamos eso y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo. 

-¿Hubo un error en la comunicación suya ? 

– Y quizás, quizás sí. Dale, gracias.”

La controversia, que comenzó el lunes de la semana pasada, tuvo su origen en la declaración jurada que Orsi presentó en 2025 ante la Junta de Transparencia y Etica pública (Jutep). Ese documento incluía inconsistencias que dieron pie a una serie de preguntas que se fueron planteando en medios de comunicación y que el mandatario y su equipo no respondían o contestaban de manera insatisfactoria, sembrando más dudas.

En medio de la discusión quedan cuestionamientos al presidente, a los organismos de control, al periodismo, al financiamiento de los partidos, a la política en general.

¿Qué lecciones deja un episodio como este? ¿Faltan normas o controles? ¿Qué se debe cambiar para evitar hechos como estos? 

Emiliano Cotelo conversó con el Cr. Ricardo Gil Iribarne, que es un referente del Frente Amplio en estos temas y fue presidente de la Jutep en el período 2015-2020, cuando le tocó examinar varios casos de corrupción.

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La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El presidente Yamandú Orsi explicó que decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al enterarse de una “necesidad concreta” de ese organismo y para evitar nuevas “especulaciones”, en medio de la polémica por la compra del vehículo. 

La noticia de la donación se conoció en la noche del miércoles, luego de una reunión que el mandatario mantuvo en Torre Ejecutiva con algunos medios de comunicación. Consultado ayer en rueda de prensa, Orsi reconoció que se trata de un tema “delicado” y admitió que “quizás” hubo errores en la comunicación del gobierno. 

“Primero porque me enteré de una necesidad concreta de la ANEP. Y, por otro lado, así aventamos cualquier tipo de especulación posterior. Es un problema, es una dificultad… Yo me crié toda la vida con un solo auto, en mi casa teníamos eso y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”. 

En tanto, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, indicó que aceptó la donación porque el organismo tiene necesidades de transporte que no logra cubrir por completo.

“A nosotros nos faltan vehículos. Esta es una camioneta que tiene lugar para siete pasajeros, se va a usar en transporte de gurises del medio rural, que pueden llegar a ser pocos, o en transporte de chiquilines de educación especial, que muchas veces viven en la otra punta en la que está la escuela. Esos chiquilines hoy están siendo trasladados por transporte de Primaria o licitaciones que tiene Primaria y ahora sumaremos la camioneta”.

Caggiani aclaró que aún resta por completar los trámites administrativos que permitan efectivizar la donación.

Las explicaciones del presidente Orsi sobre la compra y posterior donación de su camioneta siguieron generando cuestionamientos en la oposición. Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado afirmaron que todavía persisten dudas y reclamaron más aclaraciones. 

El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó como “bastante inservible” la decisión de donar la camioneta. Sostuvo que el vehículo no responde a las necesidades más urgentes de la educación pública y planteó que debería ser sustituido por otros vehículos destinados al traslado de estudiantes. Además, cuestionó la forma en que el presidente pretendió dar por terminado el asunto.

“La doctrina de Sarandí del Yi está haciendo mella. ¿Cuál es esa doctrina? Cuando se inició el Código del Proceso Penal apareció alguien que le robó a otro y el fiscal le dijo que para no ir preso debía devolver lo robado y, si lo había vendido, hacer un acuerdo por dos mil quinientos pesos. Bueno, más o menos así termina esta novela digna de García Márquez”.

En la misma línea, el senador colorado Andrés Ojeda afirmó que todavía quedan dudas sobre el valor de la camioneta, la rifa del otro vehículo donado por la automotora Car One y la forma en que esa donación fue registrada ante la Corte Electoral. Además, cuestionó el peso que pueda tener un eventual pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Para mí es un comité de base. Ya tenemos pruebas claras de que la Jutep no es un organismo de contralor; es un organismo político del gobierno. Fernando Pereira decía el otro día que esperemos a la Jutep porque va a dar bien. Y sí, obvio que les va a dar bien, si no tiene ningún criterio objetivo de nada. La Jutep nos da mal a nosotros y bien a ellos. Así ha sido desde Álvaro Danza para acá”.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará mañana las denuncias presentadas contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta. Según informó la presidenta del organismo, Ana María Ferraris, hasta ahora ingresaron seis denuncias, todas anónimas.

Ferraris dijo a Subrayado que el caso será priorizado por la “relevancia institucional” de la persona denunciada, aunque aclaró que no habrá una resolución inmediata. La Jutep deberá designar una abogada para tramitar el expediente y podrá pedir información a organismos o funcionarios involucrados, incluido el primer mandatario.

La sesión será el viernes porque el directorio de la Jutep debe comparecer hoy ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

Viene de: Ministerio de Industria propone a intendencias comprar una cuota de portland producido por Anacp

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Moción Coalición Republicana by En Perspectiva

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Moción Cabildo Abierto by En Perspectiva

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Moción Identidad Soberana by En Perspectiva

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Foto: MEC

La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.

El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña. La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo. 

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

La entrada Ana Ferraris, presidenta de la Jutep, sobre cuestionamiento que recibió en la interpelación al ministro Mahía: “Me siento tranquila”; “no encuentro ninguna conducta que pueda ser reprobable” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Miércoles con
Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito, Elena Grauert y Daoiz Uriarte

La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.

La moción del Frente Amplio, que consideraba satisfactorias las explicaciones del ministro y entendía que la Jutep actuó dentro de sus competencias legales, fue rechazada por un margen estrecho (48 votos afirmativos y 50 negativos).

Tampoco prosperó la moción presentada por legisladores del Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, que calificaba de insatisfactorias las respuestas de Mahía, cuestionaba la ausencia en sala de las autoridades de la Jutep y reclamaba la remoción de su presidenta (47 afirmativos y 51 negativos).

En el caso de Cabildo Abierto, la moción fue votada por partes y también resultó rechazada. El planteo contra la no comparecencia de la Jutep no obtuvo respaldo (38 votos afirmativos y 60 negativos), al igual que el llamado de atención al ministro por la resolución del caso Danza (31 a 67).

Otras propuestas, como solicitar la renuncia de los directores de la Junta o la derogación del organismo, fueron ampliamente descartadas.

La moción de Identidad Soberana, también desglosada, consideró insatisfactorias las declaraciones del ministro (49 votos a favor y 49 en contra) y propuso la disolución de la Jutep, iniciativa que solo reunió un apoyo mínimo (3 afirmativos y 95 negativos).

El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña.

La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo. 

El ministro sostuvo además que los informes jurídicos de los servicios de ese organismo no son vinculantes y que el directorio de la Jutep puede apartarse de ellos con fundamentos. Por último, consideró un “exabrupto” hablar de totalitarismo, como afirmó Abdala, y advirtió sobre el riesgo de deslegitimar a los organismos de control por desacuerdos técnicos o políticos.

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Desde agosto el nombre de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ha estado en el centro de la discusión política.

La pregunta sobre si debía continuar o no en su cargo, cuando demás ejercía como médico en mutualistas y como investigador en Udelar, derivó en una controversia fortísima entre oficialismo y oposición.

El gobierno sostuvo que esperaría el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Etica Pública (Jutep) pero el dictamen del jueves pasado abrió un nuevo frente. La oposición cuestionó al organismo por considerar que decidió por razones políticas y no técnicas cuando sostuvo que no había incompatibilidad en la situación de Danza.

Hoy hay dos interpelaciones en marcha por el caso: a la ministra de Salud Pública por ASSE y al de Educación por la Jutep. La oposición dice que Danza seguirá como un presidente cuestionado mientras que el oficialismo da por cerrado el tema.

¿Qué dice el Dr. Danza hoy? ¿Se siente confiado para continuar con su gestión? ¿Qué quiere hacer en su gestión al frente de ASSE?

Emiliano Cotelo conversó con el Dr. Álvaro Danza, presidente de ASSE.

Desde hace tres meses una de las principales discusiones políticas que ha enfrentado a gobierno y oposición es sobre la permanencia de Alvaro Danza en el cargo del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El médico de 48 años, que asumió en ASSE en abril, desempeñaba además trabajos en mutualistas y era docente e investigador en la Universidad de la República, lo que según la oposición viola el artículo 200 de la Constitución.

En el gobierno dijeron que esperarían el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Etica Pública (Jutep). El dictamen llegó el jueves pasado cuando, en votación dividida, la Jutep determinó que “no hay incompatibilidad” pero unas horas después el Dr. Danza anunció su renuncia a las actividades privadas.

Luego de conocerse esas novedades, la oposición decidió mantener la interpelación a la ministra de Salud Pública por este tema y sumó un llamado a sala más, al ministro de Educación y Cultura, para que responda sobre el accionar de la Jutep, al que considera alineada con el oficialismo.

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