Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Apuntes
Por Romina Andrioli y Emiliano Cotelo
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) compareció este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para rendir cuentas de su gestión 2025. El organismo, encabezado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, llegó con un informe centrado en la modernización tecnológica y organizativa, pero la sesión terminó dominada por el reclamo opositor sobre el manejo político de denuncias sensibles y el rol devaluado de la Asesoría Letrada.
Reestructura, Observatorio de la Corrupción y nueva unidad de denuncias
El primer eje que presentó la delegación fue el proceso de reestructura interna, encarado con asistencia técnica de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). El resultado es un nuevo organigrama que, según explicó Ferraris, no modifica sustancialmente la estructura anterior pero incorpora dos novedades centrales: la creación del Observatorio de la Corrupción del Uruguay, desarrollado junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, y una Gerencia de División de Gestión de Denuncias, que concentra la instrucción de expedientes que hasta ahora quedaban en la órbita de la entonces Asesoría Letrada, hoy reducida en el organigrama a un Departamento Jurídico Notarial.
Ferraris justificó el rediseño describiendo el punto de partida de su gestión, iniciada en junio de 2025: “Nuestros sistemas, en particular el de declaraciones juradas, eran absolutamente obsoletos… ¡Un gran retraso!”, afirmó, y señaló que el organismo arrastraba “una plantilla particularmente reducida” y un fuerte atraso tecnológico
El crédito del BID y el sistema DeclaraBID
Un componente central de la comparecencia fue el anuncio de una cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implantar un nuevo sistema de gestión de declaraciones juradas, denominado DeclaraBID, ya instrumentado en Guatemala, Honduras y Paraguay. El sistema actual data de 2017 y, según reconoció la propia delegación, está tecnológicamente obsoleto: apenas cumple funciones de registro y no permite el análisis patrimonial que exige la Ley N.º 19.797 desde 2019. DeclaraBID apunta a resolver ese déficit con alertas automáticas de riesgo, trazabilidad completa por usuario, encriptación reforzada y, eventualmente, interoperabilidad con organismos como Catastro o el Sucive. La economista Nerena Bárcena, parte del equipo que negocia con el BID, precisó que el cruce de datos se hace mediante códigos y que el sistema no habilita a ningún funcionario a “abrir” declaraciones juradas por nombre y apellido.
La meta original era poner el sistema en marcha a mediados de 2027, pero Ferraris admitió que el ritmo de trabajo con el equipo técnico del BID podría adelantar esa fecha. Fue justamente esa dinámica, dijo, la que llevó a la Jutep a presentar sobre la hora tres artículos aditivos en esta Rendición de Cuentas —cuando el mensaje del Poder Ejecutivo ya estaba cerrado— para habilitar jurídicamente el nuevo sistema, el tratamiento automatizado de datos personales y la migración de información.
132 denuncias y un plan para destrabar el stock atrasado
En materia de denuncias, la Jutep gestionó 132 casos en 2025, el 61% presentados de forma anónima. Desde el 1° de agosto entra en vigencia un protocolo de tramitación con plazos definidos —hasta ahora el único mecanismo formal era una resolución que derivaba todas las denuncias, sin trazabilidad ni asignación clara, a la entonces Asesoría Letrada—. El nuevo esquema fija una instrucción que no debería superar los 90 días, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de entre 100 y 120 días, y activa un plan de “abatimiento de stock” para denuncias atrasadas desde 2021, cuando el área operaba con apenas tres funcionarias, dos de ellas en régimen de pase en comisión.
El incidente de seguridad y el retraso en la publicación
Trascendió también la confirmación de un incidente de seguridad informática que afectó el sistema de declaraciones juradas entre el 13 de abril y mediados de julio. Asti explicó que hubo un intento de intrusión al servidor de Agesic —donde se aloja el sistema— que no tuvo consecuencias, pero que dejó la plataforma fuera de servicio durante tres meses y retrasó la publicación de declaraciones juradas de entes autónomos y servicios descentralizados, regularizada recién la víspera de la comparecencia.
Los artículos aditivos: el punto de mayor fricción
El cuarto eje de la exposición —habilitar por ley el sistema electrónico de análisis de riesgo, una transformación de vacantes para incorporar personal técnico e informático, y el tratamiento de datos personales— fue, paradójicamente, el que generó el debate político más duro de la jornada. La oposición cuestionó tanto el fondo como la forma: que se incluyan artículos de naturaleza legislativa —y no estrictamente presupuestal— en una Rendición de Cuentas, sin que fueran recogidos por el propio Poder Ejecutivo en su mensaje, ya que la Jutep tiene iniciativa presupuestal pero no legislativa. Abdala recordó que no es la primera vez que ocurre: el año pasado el Directorio ya había intentado, por esta misma vía, modificar la Ley Cristal para alterar los contenidos de las declaraciones juradas e introducir el doble voto de la presidencia en caso de empate, una iniciativa que terminó frenada en la Comisión de Constitución y Códigos tras ser desglosada.
Los cruces políticos: confianza, Asesoría Letrada y el caso Danza
La sesión estuvo atravesada por un fuerte reproche del Partido Nacional hacia la mayoría oficialista del Directorio. El diputado Pablo Abdala fue el más duro: “Nos cuesta un poco, porque no practicamos el cinismo ni la hipocresía —o por lo menos lo intentamos—, dar la bienvenida a un organismo cuya mayoría del Directorio, como es notorio, público y sobradamente anunciado y dicho, ha perdido la confianza del Partido Nacional”, dijo, y vinculó ese planteo al archivo de dos denuncias —contra una figura del Frente Amplio y contra un senador de la oposición— pese a que, según trascendió en la propia sesión, la Asesoría Letrada había recomendado lo contrario en uno de los casos.
Abdala describió así la relación entre la mayoría del Directorio y su propia Asesoría Letrada: “A esta altura ya hay como una especie de guerra declarada o no declarada entre la mayoría del Directorio, su presidenta y la Asesoría Letrada”. También cuestionó el reciente pase en comisión de una abogada que se incorporaría justamente a esa Asesoría, en momentos en que el área es objeto de las críticas de la propia presidenta, pese a existir una vacante que podría cubrirse por concurso. Y objetó un convenio firmado con la Dirección General de Registros: “Esos tres funcionarios… podrán empezar a navegar por los registros públicos, consultar números de padrón o la situación patrimonial de cualquier persona”.
El director por la oposición en el Directorio, Luis Calabria, señaló por su parte que en 27 casos la mayoría del Directorio se apartó del criterio consolidado sin fundamentación reforzada. “Cuando nos apartamos de un criterio hay que fundamentar reforzadamente”, sostuvo.
Calabria no cuestiona que la mayoría se aparte de las recomendaciones de la Asesoría Letrada en sí mismo —dice explícitamente que eso es una facultad legítima de los directores y que él mismo la ejerció alguna vez—. Lo que cuestiona es la inconsistencia: que la mayoría trate de forma distinta a expedientes idénticos, sin explicar por qué.
También advirtió sobre una eventual antinomia legal entre los artículos propuestos y el artículo 15 de la Ley N.º 17.060 (Ley Cristal), que regula las causales de apertura de declaraciones reservadas, y cuestionó, por una razón procedimental, no haber acompañado la votación en Directorio de los tres artículos.
La diputada Mercedes Long y el diputado Gabriel Gurméndez respaldaron los planteos de Abdala. Gurméndez insistió con el retraso en la publicación de declaraciones juradas de jerarcas —en particular las del Directorio de ASSE, tras el caso Danza— y recordó que en noviembre de 2025 la Jutep había informado por escrito al Parlamento que “estaban publicadas todas” las declaraciones de organismos de control y entes autónomos, algo que, según demostró con una constancia notarial, no era cierto en ese momento. Puso como ejemplo el caso de la declaración jurada del presidente del Banco Central —que identificó como “Tolosa”—, no publicada hasta la víspera de la comparecencia pese a la polémica pública que generaron sus dichos sobre desdolarización de la economía.
Conrado Rodríguez remarcó que la delegación tenía obligación constitucional de responder las preguntas de los legisladores —en réplica a un pasaje de Valdomir— y consultó por los protocolos de actuación del organismo y su rol de asesoramiento a la Justicia Penal. Recordó, además, que existen denuncias pendientes contra el propio presidente de la República sobre las cuales los legisladores desconocen qué actuaciones lleva adelante la Jutep.
Gerardo Sotelo, por su parte, pidió precisiones sobre quiénes intervienen hoy en el trámite de las denuncias más allá de la Asesoría Letrada, y resumió el patrón que observa en los apartamientos de sus dictámenes: “Para la mayoría de la Jutep, lo que dice la asesoría letrada es ley… salvo en unos pocos casos… [cuando] no coincide con… la interpretación favorable al gobierno o al oficialismo”.
El vicepresidente Asti salió a responder directamente los señalamientos sobre el caso Danza, del que dijo sentirse orgulloso: “Me siento muy representado y orgulloso del fallo de la mayoría del Directorio de la Jutep en el caso Danza”. Aclaró que el fallo incluyó una recomendación —poco mencionada, según él— para que el presidente de ASSE y su Directorio no intervinieran en situaciones de conflicto de interés. Para relativizar la idea de un alineamiento estrictamente político, citó dos casos en sentido inverso, ambos referidos a personas ajenas al gobierno actual: uno en que la mayoría siguió el dictamen de la Asesoría Letrada y fue el propio Calabria quien votó en contra, y otro en que el Directorio se apartó del dictamen jurídico por unanimidad.
Desde el oficialismo, los diputados Sebastián Valdomir y Alejandro Zavala salieron a respaldar la gestión del Directorio. Valdomir cuestionó que se planteen reproches sobre casos puntuales en una instancia de Rendición de Cuentas y defendió la potestad de la mayoría para apartarse de la Asesoría Letrada, cuyos dictámenes —recordó— no son vinculantes en ningún organismo del Estado: “No le veo mucho sentido hacerle preguntas a alguien en quien uno no confía”, dijo, en referencia a los cuestionamientos opositores. Zavala, por su parte, pidió cautela institucional, comparó la situación con el respeto que se debe a los fallos judiciales aun cuando no gusten, y llamó a discutir los artículos propuestos en función de su utilidad concreta para fortalecer al organismo.
Qué queda planteado
La comparecencia dejó una Jutep que exhibe avances concretos en modernización —el convenio con el BID, la nueva unidad de denuncias, el protocolo con plazos— pero que enfrenta una crisis de confianza abierta con la oposición parlamentaria, alimentada por el manejo de casos de alto perfil político y por la tensión interna con su propia Asesoría Letrada. Los tres artículos aditivos, que necesitan del respaldo legislativo para habilitar el nuevo sistema de análisis de riesgo, quedan ahora sujetos a esa discusión política, con la Comisión de Constitución y Códigos como posible destino para parte del articulado.
