Por Fernanda Boidi ///

La semana pasada se dio a conocer el fallo judicial que condenó al dirigente opositor venezolano Leopoldo López a casi 14 años de prisión por su responsabilidad como convocante en las protestas del 12 de febrero de 2014. Esta decisión ha vuelto a poner sobre el tapete la delicada situación venezolana. Y al hacerlo, achica cada vez más el cerco sobre los gobiernos de la región –incluyendo el de Uruguay– que ante los reiterados atropellos han mirado para el costado bajo la excusa del principio de no injerencia.

Se puede discutir hasta el cansancio qué es una democracia, y más aún qué es una democracia de calidad. Y en estos días hemos escuchado varios intercambios de este tipo respecto de Venezuela, muchas veces centrados en la oposición democracia-dictadura, clasificación de tipos ideales que como tales, solo existen en la teoría. Con este trasfondo, quisiera detenerme en la demarcación mínima de condiciones que deben estar presentes para que exista democracia según el juicio predominante entre los estudiosos de estos temas.

La expresión más modesta de democracia es la “democracia electoral”. La democracia electoral presupone no solo qué haya elecciones, sino que estas elecciones sean libres y justas. Las elecciones son libres cuando están dadas las condiciones para que todos los que desean participar de la vida política puedan hacerlo sin mayores limitaciones. Las elecciones son justas cuando las autoridades electorales, policiales, judiciales y militares tratan a los contendientes de modo imparcial. Hace rato que contamos con evidencia que indica que Venezuela cayó por debajo de este umbral mínimo. Venezuela no es una democracia, y tampoco es hoy el régimen que Chávez erigió.

Días atrás, Raúl Sánchez Urribarri, un colega venezolano, reflexionaba sobre la situación actual de su país y sostenía que han caído varios de los pilares en los que se apoyaba la estructura del régimen:

Ya no hay un líder carismático. Chávez ya no está y su ausencia comenzó a notarse incluso antes de su desaparición física.

Ya no hay un pueblo a favor del líder. Según el Barómetro de las Américas, la aprobación de la gestión de Maduro es la más baja de la región, y varios sondeos preelectorales otorgan mayoría a la oposición en la intención de voto para las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo diciembre¹.

Ya no hay suficientes recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de la población. El petróleo ya no es lo que era; y lo que era se gastó en el pueblo venezolano, sí, pero también en ayudas de diverso tipo (y en algunos casos de dudosa legalidad) a gobiernos amigos.

Lo único que –por ahora– permanece, es la fuerza de coerción militar que respalda al régimen. Sin embargo, hay un rechazo ciudadano generalizado a esta amenaza de coerción militar –la confianza en las Fuerzas Armadas en Venezuela viene en picada², mientras que la tolerancia hacia los derechos políticos de quienes se oponen al gobierno es la más alta del continente y ha crecido recientemente de modo considerable.

Ante esto, me pregunto qué va a pasar con este régimen cuya implosión parece inminente. Me pregunto qué cosas a lo largo de todos estos años se podrían haber hecho de modo diferente para mitigar la crisis política que solo parece profundizarse en Venezuela. Me pregunto qué podría haberse hecho distinto por parte del gobierno venezolano y también por parte de la oposición. ¿Qué alternativas tenían los ciudadanos? Me pregunto qué cosa podríamos o deberíamos haber hecho los académicos, los observadores internacionales, los gobiernos amigos y los que miraban con recelo… Y, además, me pregunto, qué vamos a hacer ahora respecto de Venezuela. Ya es hora de dejar de mirar para el costado.

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Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

Notas
1. Venezuela: el chavismo está tercero en una encuesta para las elecciones parlamentarias (Infobae); Legislativas 2015: voto castigo para el oficialismo (Nueva Prensa de Guayana)
2. Entre 2012 y 2014 cayó 17,5 en una escala de 0 a 100, según datos del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Vanderbilt University, EEUU.

Foto: Leopoldo López sostiene una bandera de Venezuela durante una manifestación en Caracas, Venezuela, antes de entregarse a las autoridades, 18 de febrero de 2014. Crédito: Juan Barreto/AFP Photo.

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Hace pocos días en Chile, la presidenta Bachelet anunció un paquete de medidas para “erradicar las malas prácticas” en la política. Presionada por una seguidilla de acontecimientos que cuestionaron la ética y probidad de buena parte del espectro político del país (así como a su propia familia y colaboradores), Bachelet decidió entregar un mensaje cargado de nuevas medidas para combatir el tráfico de influencias, los conflictos de interés y la corrupción.

Dentro de estas medidas –gran parte sugeridas por una comisión ad hoc liderada por el economista Eduardo Engel– se anunció el fortalecimiento y financimiento público a los partidos. Medida difícil y antipopular si consideramos que Chile cuenta con el más bajo índice de identificación partidaria de las Américas (según la encuesta LAPOP 2014, Chile está en la parte baja de la tabla sólo comparable con Guyana y Honduras) y que desde hace varios años su evaluación ha caído considerablemente. En efecto, la evidente pérdida de control de los partidos sobre sus funciones de intermediación consolidó el personalismo en buena parte de las dinámicas políticas del país. Es por ello que la propuesta de fortalecimiento de los partidos, es una respuesta a una realidad cada vez más consolidada, y por tanto insostenible para la supervivencia de la clase política.

Sin duda, los recientes eventos que destaparon la poco ética relación entre la política y el dinero, ayudaron a revelar el lado menos amable de nuestros partidos y competencia electoral. Se demostró –o más bién comprobó lo que hace mucho tiempo ha sostenido un grupo de académicos- que los partidos no tenían la capacidad orgánica para cordinar militantes, dirigentes y representantes, que sus raíces societales eran precarias al punto de perder todo contacto con el territorio y que su incidencia para proponer políticas públicas eran reemplazadas por tecno-políticos que manejaban su propia agenda dentro del poder ejecutivo. El destape se dio en un contexto de debilidad organizacional.

En efecto, al recorrer el país más allá del centro (aunque también ocurre en el centro), es fácil observar que los partidos han sido reemplazados por un fuerte personalismo en los territorios. Actualmente, en muchas zonas del país se convive con un sistema de partidos no tan fuerte, no tan institucionalizado y no tan programático como se creía. En los distritos y circunscripciones, se observan más oficinas parlamentarias que partidarias, más dinámicas electorales particularistas que programáticas, más personalismo que partidismo. Todo ello, transforma nuestro sistema político en un sistema frágil, suceptible de caer en el canto de sirenas del financiamiento irregular a las campañas.  ¿Cómo se configura esa realidad?  A continuación mostraré sucintamente algunas claves que considero relevantes para comprender lo que ha ocurrido en Chile.

La idea de lo inevitable…

Hace unos días Camilo Escalona, el ex senador y candidato a presidente del partido socialista (perdió recientemente con la Senadora Isabel Allende), señaló a una radio chilena que el alto costo de las campañas hacía incurrir “inevitablemente” en malas prácticas. La idea de lo “inevitable” tiene sentido en lógicas personalistas, atomizadas y sin una clara coordinación de los partidos. Cuando no existe la presencia de los partidos o cuando cada quién trabaja en función de su imagen personal y gestión particular, la competencia por los votos requiere de territorios segmentados, de insumos encarecidos, de información privilegiada y de financiamiento inmediato. Todo esto, para una política inserta en una sociedad desigual y con partidos precarios es, precisamente, el caldo de cultivo de las malas prácticas que ahora lloramos.

Contrario a lo que se podría pensar, el personalismo está presente en gran parte del territorio y desde hace mucho tiempo en Chile. En una de mis investigaciones de campo, estuve presente en una pequeña localidad cordillerana del sur de Chile. Luego de terminar una larga jornada de observación de la campañas, fui a entrevistar una antigua dirigente vecinal. Entre café de trigo y una serie de anécdotas, la dirigenta conversó sobre algo que consideraba común entre sus vecinos. “…la gente sabe que los políticos ayudan con cosas o trámites … he visto amenazas a los que están en contra… la gente cree que la controlan porque son gente de campo, se les engaña fácil…” Este relato reflejó de manera muy certera todo lo que ocurre con la dinámica política de movilización y vínculo en los territorios. Estas pequeñas frases que respondieron a su experiencia de dirigente, integraron tres requisitos básicos para pensar en las dinámicas particularistas: a) el vínculo en base a favores b) el entorno de inclusión-exclusión en base a amenazas y c) monitoreo en base al desconocimiento.

En muchas zonas de Chile, estas dinámicas emanan desde la propia competencia. Son los propios políticos quienes deben acoplarse (a pesar del alto costo que ello significa) a una lógica demandante de gestión y distribución de recursos. Quiénes han permanecido por un tiempo en zonas pequeñas, más aún, han trabajado políticamente en zonas rurales, seguro han observado el predominio de las dinámicas particularistas en los territorios. En el campo, es común toparse con articuladores que distribuyen elementos como harina, vaquillas, corderos, abarrotes, sacos de papas, vacunas de animales, canastas, planchas de Zinc. Es común también, la organización de bingos y eventos organizados por los propios políticos para satisfacer las demandas del propio electorado.

Esta dinámica (obviamente sujeta a las características de cada distrito o circunscripción) es a la que se enfrentan la mayor parte de los candidatos en Chile. Al ser ellos y no los partidos los que buscan la “propiedad” del territorio, se generan lógicas de distribución y gestión local basada en el posicionamiento individual del candidato. Estas acciones son producto de la inexistencia de una integración vertical entre las demandas de los ciudadanos y las soluciones públicas. El debilitamiento de los partidos en los territorios refleja –tal como señalan los colegas Fernando Rosenblatt y Juan Pablo Luna– una columna vertebral fracturada. Obviamente esta situación es costosa en insumos, en información y en segmentación. Es ahí donde se cae “inevitablemente” en el canto de las sirenas, en el financiamiento fácil (propio de una especulación) de grupos acostumbrados a cooptar políticos en función de sus intereses (así como lo hacen con todos los chilenos en pequeña escala).

En efecto, una dinámica particularista genera agentes de financiamiento oportunistas. El deseo de un político de aumentar sus chances de reelección, choca con fuerza a la necesidad de recursos inmediatos. El político sabe que la ganancia de los votos es una oportunidad de un solo momento, una oportunidad que puede ser capturada por cualquier otro con recursos, si no se bloquea con una buena oferta, una buena información y un buen despliegue de influencias. Es ahí donde los inescrupulosos actúan, precisamente ahí donde lo privado se apodera de los público y donde las decisiones públicas comienzan a ser, al igual que mercados sin regulación, panaceas de una distribución desigual.

¿Por qué fortalecer los partidos?

El desprestigio de los partidos es simplemente la consecuencia de su debilidad. Más específicamente, su desprestigio es producto de la debilidad para contener las irrupciones personalistas de sus miembros. Hoy los partidos en Chile (todos con más o menos intensidad) son buenas cáscaras para esconder caudillos. Hoy, la orgánica partidaria funciona con lo mínimo, con militantes esforzados que luchan contra los impulsos personalistas (más que organizacionales) de sus dirigentes y con simpatizantes nuevos que no saben a quién acudir, qué hacer y cómo plantear sus ideas.

Por ello, creo, las medidas de fortalecimiento partidario son importantes. La limpieza de padrones, el financiamiento público condicionado a transparencia, entre otras medidas, van por buen camino. Obviamente esto no es garantía de solución. Muchas de los problemas que ocurren -y ahora no se esconden- en Chile, son consecuencia de problemas estructurales e institucionales que no hemos sabido resolver y que trascienden de la simple regulación de la actividad partidaria. La creciente diferencia entre centro y las regiones, la constante desigualdad social y económica del país y el diseño de nuestras reglas electorales (que fomentan el personalismo), son, sin duda, las vallas más fuertes para avanzar en la consolidación de nuestro sistema de partidos.

Con todo, los eventos ocurridos han enseñado bastante a la clase política chilena. Les enseñó, fundamentalmente, a ser humildes y menos arrogantes respecto a la verdadero alcance de nuestro sistema político. Más específicamente, les demostró que, muy a pesar de lo que nuestras elites creían, la cáscara a la que transformaron los partidos, no alcanzó a esconder una realidad que es propia de nuestra realidad Latinoamérica, la facilidad de caer en los cantos de las sirenas.

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Sobre el autor
Sergio Toro es doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. En su trayectoria ha escrito diversos artículos en libros y revistas internacionales como Electoral Studies, World Political Science Review, Revista de Ciencia Política, Política y Gobierno, entre otras. Ha sido investigador en la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN y consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD). Preside actualmente la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP).

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Las opiniones y datos presentados en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor.

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