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La contadora Carina Liguori, que asesora a las fiscalías especializadas en Delitos Económicos y Lavado y es un apoyo importante en el caso Conexión Ganadera, entre otros casos, anunció que se va al Banco Central, su organismo de origen.

Al finalizar la audiencia de este miércoles, en la que la justicia prorrogó las medidas cautelares contra los imputados hasta agosto y aplazó la investigación de la Fiscalía hasta julio de 2027, Liguori le comunicó a algunos de los abogados de víctimas allí presentes que trabajaría hasta fin de mes y dejaría el cargo.

La contadora prestaba funciones como asesora en pase en comisión desde el Banco Central, donde se desempeñaba en la Unidad de Análisis y Contexto y desde allí la reclamaron, por lo que el pase en comisión queda sin efecto y vuelve a su organismo de origen.

Según confirmaron fuentes de la fiscalía al diario El Observador, se les comunicó a los fiscales que cumplirá funciones hasta el 28 de febrero, por lo que en las semanas que queda tendrá que darle un cierre a las tareas que venía realizando.

Desde Fiscalía General de la Nación se informó que se abrió un llamado a concurso para un cargo de contador pero el proceso puede llevar meses entre que los interesados se anotan, concursan y son seleccionados, por lo que se augura un enlentecimiento en algunos de esos casos.

Luego de que se publicara esta nota este domingo, Juan Pablo Decia, defensor de un grupo de damnificados por la quiebra de Conexión Ganadera, escribió en sus redes sociales: "Así es imposible. Parece que lo hicieran a propósito".

Emiliano Cotelo conversó con el Dr. Decia, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República.

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La semana pasada el Senado dio media sanción al proyecto que actualiza la Ley Integral contra el Lavado de Activos, del año 2017, que el gobierno envió a mitad de año.

El Poder Ejecutivo considera que la nueva normativa contiene herramientas importantes para combatir al crimen organizado por medio de mayores controles, barreras y sanciones al blanqueo de capitales.

¿Qué cambios se proponen? ¿Qué efectos esperan lograr con estas iniciativas? ¿Cómo viene trabajando el país en el combate al lavado de activos?

Emiliano Cotelo conversó con la contadora Sandra Libonatti, titular de la Secretaria Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Luego del atentado a balazos contra la casa de la Fiscal de Corte Mónica Ferrero del 28 de setiembre, el presidente de la República Yamandu Orsi exhortó al Parlamento a que acelerara el tratamiento del proyecto que actualiza La ley integral contra el lavado de activos (del año 2017).

Luego de algunos días de negociaciones, y pese a que la oposición aspiraba a que el tratamiento en comisión se prolongara unos días más, el texto fue aprobado por la Cámara de Senadores con votos de todos los partidos políticos.

Los principales ajustes que propone la iniciativa son: la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, una rebaja en el tope para uso de efectivo en negocios, cambios en el reporte de operaciones sospechosas y más facultades para el trabajo de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

¿Qué cambia con esta nueva normativa? ¿Para qué son necesarias estas modificaciones? ¿Cómo está Uruguay hoy posicionado en este asunto?

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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, concurrió ayer a la Comisión Especial de seguimiento sobre Lavado de Activos de la Asamblea General, para informar sobre el nuevo Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ante cuestionamientos de la oposición que entienden que su creación fue inconstitucional.

Según La Diaria, Díaz explicó el alcance del nuevo sistema. Blancos y colorados objetan la iniciativa, al señalar que debió haberse generado por ley y no por decreto. También critican que esté en la órbita de Presidencia de la República, sin control parlamentario.

Conversamos En Perspectiva al respecto con un integrante de la comisión, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional.

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El gobierno del presidente Yamandú Orsi remitió el viernes pasado al Parlamento el proyecto que modifica la normativa sobre Lavado de Activos.

Leé aquí al proyecto de ley que modifica la normativa sobre Lavado de Activos

Por un lado, el texto cambia una disposición de la Ley de Urgente Consideración que elevó el monto máximo de las transacciones en efectivo a 1.000.000 Unidades Indexadas (hoy aproximadamente 150.000 dólares). En la redacción propuesta ahora por el Poder Ejecutivo se baja el tope a 270.000 Ul (aproximadamente 40.000 dólares).

Por otra parte, entre otras medidas, se elimina la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Según explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se prevé “transformar” esa Fiscalía y “redistribuir la competencia en materia de investigación de lavado dentro de las diferentes fiscalías”.

Además el proyecto incorpora a los fiduciarios no financieros en la nómina de sujetos obligados, supervisados por la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo). De este modo, el fiduciario deberá determinar el origen de los fondos del fideicomitente. En esta disposición quedarán comprendidos, entre otros, los fondos ganaderos.

¿Cómo observan los tertulianos esta reforma que el gobierno del FA introduce en la legislación sobre lavados de activos?

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Los delitos vinculados al narcotráfico se han instalado como un asunto de primer orden en la agenda política. Desde el oficialismo se busca atacar el problema otorgándole más herramientas a la policía y a la justicia. Por ejemplo, promoviendo una reforma constitucional en la que se habiliten los allanamientos nocturnos.

¿Pero qué pasa en el plano de la lucha contra el lavado de activos que ayuda a financiar el narcotráfico?  ¿Se está golpeando a la economía del delito?

Allí hay cuentas pendientes. Pese a que hay decenas de personas presas por delitos vinculados con el narcotráfico casi no hay condenas por blanqueo de capitales.

Según señalan algunos especialistas, esto muestra que Uruguay no está siendo eficaz en el combate al lavado de activos. Así lo señala por ejemplo, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Conversamos En Perspectiva con Gil Iribarne.

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