Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

La justicia de Nicolás Maduro encarceló ayer nuevamente a dos de los dirigentes políticos más importantes de Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Las imágenes de los dos políticos llevados a empujones, sacados de su arresto domiciliario y de sus familias para volver tras las rejas, hicieron que muchos uruguayos compararan esos hechos con los secuestros de militantes y dirigentes políticos a manos de militares ocurridos en Uruguay hace 40 años.

Aquellos repudiables, cobardes actos que terminaron en muchos casos en torturas, asesinatos, y desapariciones forzosas que hasta hoy son una herida abierta en nuestra sociedad, se parecen en todo a lo que estamos viendo en Venezuela. En todo. Salvo en una cosa: el signo político al que dicen pertenecer quienes encabezan la represión en nombre de una “revolución” que ha partido a Venezuela.

Uruguay también está fracturado por lo que ocurre en Venezuela. Algunos uruguayos respaldan sin ambages al gobierno bolivariano. Otros, que recuerdan tal vez con mayor claridad que atropellos similares golpearon a todos los sectores políticos uruguayos, están indignados, y piden que el gobierno de Tabaré Vázquez condene el accionar del gobierno venezolano.

El Ejecutivo ha decidido anclarse en su postura de pedir un diálogo en Venezuela. No importa cuán graves sean los episodios de una escalada que parece no tener techo, no importa cuán duras sean las imágenes de la represión en las calles, ni cuánto se aparte el gobierno de Maduro de lo que los uruguayos como sociedad entendemos por Democracia, el gobierno que dirige el doctor Vázquez se muestra inamovible.

Ayer, ante la efervescencia notoria del debate y la indignación creciente en el país por los acontecimientos en Venezuela, la cancillería hizo un llamado a liberar a “todos los presos políticos en Venezuela”. Pero, detalle no menor, calificó la votación del domingo, como un “proceso eleccionario”, sin matices.

Uruguay no cuestiona en sus comunicados una elección que fue considerada ilegítima por muchísimas naciones democráticas como la nuestra, y por organismos de los que formamos parte y a los que incluso llegamos a pedirle que sean observadores de elecciones, como es el caso de la OEA.

Está bien llamar al diálogo, y mostrarse conciliador, y llamar a la pacificación. ¿Qué otra cosa si no? Pero ese llamado no puede ser excusa para no desmarcarse de lo que está rotundamente mal porque atenta contra los derechos de los ciudadanos, de cualquier país. El principio de no injerencia no supone ser apenas testigos de las tragedias de los pueblos sin pronunciarse con firmeza ante violaciones reiteradas a los derechos de los ciudadanos. ¿O acaso no se pronunció Uruguay sobre el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil? ¿O sobre la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay, que fue suspendido del Mercosur con el voto de nuestro país por ese episodio?

¿Con unos sí, y con otros no? Es válido preguntarse y preguntarle al canciller ¿por qué? No a los dirigentes sindicales que viajan a Venezuela y están convencidos de que allí está todo bien; tampoco a la oposición uruguaya, que no es la cara visible del país ni la que resuelve en política exterior. La pregunta debe responderla el gobierno. Si existe alguna razón de estrategia geopolítica que suponga sostener la posición actual porque se entiende que después de los últimos años sin resultado alguno, por alguna razón, ahora se conseguirá un efecto distinto haciendo lo mismo, sería interesante conocer los fundamentos de tal creencia.

De lo contrario, para uruguayos de todo signo político que se manifiestan cada hora en radios, diarios, redes sociales, y en charlas de boliche también, la imagen que persistirá será la de un gobierno que vio cómo un país hermano se derrumbaba, sin atinar a otra cosa que pedir lo imposible.

Recordemos que Maduro acusó a Uruguay y al propio Nin Novoa de complotar con Estados Unidos en su contra. Recordemos que el presidente Vázquez le dijo con firmeza que presentara pruebas de sus dichos, que nunca presentó porque, por supuesto, nada más alejado de la realidad que Uruguay conspirando.

Recordemos que a pesar de eso Uruguay se integró a un fracasado grupo de países mediadores. Recordemos que Uruguay hizo negocios con Venezuela y lo metió al Mercosur. Que los gobiernos de izquierda uruguayos estuvieron siempre al lado de la Venezuela chavista y a pesar de eso se han llevado más de un insulto.

Y pensemos que van 125 muertos en Venezuela desde abril producto de enfrentamientos, algunos asesinados ante las cámaras por fuerzas de seguridad. Que hay presos políticos, censura, prepotencia constante. Tal vez ese ejercicio ayude a entender que la firmeza y la dignidad son indispensables para defender los principios que son caros a los uruguayos.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 02.08.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Agentes del servicio de inteligencia arrestaron hoy a los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes estaban cumpliendo prisión domiciliaria.

López había sido excarcelado y puesto bajo arresto domiciliario el 8 de julio, y Ledezma permanecía detenido en su domicilio desde abril de 2015. Ambos son los dos presos más emblemáticos de la oposición venezolana.

Nuestro corresponsal en Caracas, Omar Lugo, explicó en diálogo con En Perspectiva que esto "es parte de la radicalización que se espera" en el país caribeño.

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Crédito foto: Bernardo Montoya/AFP

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López llevaba tres años y cinco meses en la cárcel, cumpliendo una condena de casi 14 años, acusado de instigar a la violencia en protestas que dejaron 43 muertos en 2014. De acuerdo con la ONG Foro Penal, 431 personas contrarias al chavismo continúan encarceladas.

El Tribunal Supremo de Justicia —acusado por la oposición de seguir órdenes del Gobierno— justificó su sentencia como una "medida humanitaria" por "razones de salud", pero los motivos, según analistas, van al fondo del conflicto.

Esta mañana lo conversamos con nuestro corresponsal en Caracas, Omar Lugo.

Foto portada: Leopoldo López Crédito: Federico Parra/AFP

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Vea el video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 22.09.2015, hora 8.13

EMILIANO COTELO (EC) —Evitar que el Frente Amplio (FA) volviera a contar con mayoría parlamentaria propia fue una de las la banderas del Partido Independiente (PI) en la última campaña electoral. Si aquel escenario se daba y Pablo Mieres obtenía una banca en el Senado, su partido podría jugar un papel clave para inclinar la balanza hacia el oficialismo o hacia la oposición en el juego parlamentario.

Efectivamente Mieres fue elegido senador… pero al mismo tiempo el FA volvió a contar con mayoría propia. ¿Cuál es, entonces, el espacio parlamentario del PI?

En estos seis, casi siete meses, Mieres logró colocar algunos temas en la agenda política. Por ejemplo, la semana pasada propuso que la Cámara Alta votara una declaración de rechazo a la condena judicial que recibió el líder opositor venezolano Leopoldo López. El FA bloqueó su consideración, pero al mismo tiempo exhibió varias diferencias internas respecto a su relación con el chavismo.

¿Cómo vienen estos primeros seis meses de esta nueva etapa del PI? ¿Qué temas van a ser prioritarios de ahora en adelante?

Vamos a conversarlo con el senador Pablo Mieres.

En las elecciones de octubre el PI obtuvo aquel objetivo largamente buscado: llegó al Senado. Pero en un escenario político en el que no es, no puede jugar ese rol de fiel de la balanza. El PI es, dentro de la oposición, la tercera fuerza, notoriamente más pequeña que el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). ¿Qué papel juega entonces?

PABLO MIERES (PM) —Fue un logro importante, el partido volvió a crecer por segunda vez, eso es valioso. En todo el país además, crecimos en los 19 departamentos, igual que de 2004 a 2009. Pero sí, el objetivo político más relevante para el país en la perspectiva del PI era que desapareciera esa mayoría absoluta. Estuvo muy cerca de ocurrir, esta vez fue en el límite-límite, porque en el Senado [la mayoría absoluta] se logra con el vicepresidente. Pero no ocurrió.

De todas maneras, creo que hay margen para exigir, para controlar, para aportar, para buscar entendimientos. Siempre lo hay. En un FA que está cada vez más dividido. Lo que observo no es una cosa nueva, porque desde que estuvimos en el FA, en los 80, esa historia de renovadores y ortodoxos, de moderados y radicales, etcétera, ha sido la historia del Frente. En algunos momentos con niveles de confrontación fuerte que llevaron a la ruptura que ocurrió en el 89.

Veo hoy síntomas muy fuertes de enfrentamiento. Porque hay una situación del país que ya no es tan fácil, no es tan cómoda, el país enfrenta restricciones. Y cuando sobra es muy fácil resolver los problemas, porque hay plata para todo y se resuelven las aspiraciones de unos y de otros. Ahora hay que elegir, hay que optar, hay que priorizar, y además tenemos una situación de diferenciación muy fuerte entre la orientación mayoritaria del gabinete y la orientación mayoritaria del Parlamento.

EC —Pero esa división encierra también una paradoja: el ex presidente José Mujica de algún modo hasta hizo alarde de eso en algún momento, cuando destacó: “el FA es al mismo tiempo oficialismo y oposición. Y muchas veces blancos, colorados e independientes terminan opinando sobre polémicas internas que se dan dentro del FA”. Como que esa división del FA les marca la agenda.

PM —Sí, en parte es así, porque como el Frente tiene mayoría por ahora mantiene una lógica de priorizar la disciplina partidaria por encima de las convicciones de cada quien. Digo por ahora, porque no es eterno, pienso, porque lo que ha pasado estas dos semanas, retiro del TISA, luego el tema venezolano y la confrontación evidente en la investigadora de Ancap entre dos interpretaciones de la situación de Ancap totalmente diferentes… ¿hasta dónde se llega con eso? Al país le hace mal.

EC —Pero la oposición denuncia y destaca esas contradicciones internas que se dan en el oficialismo…

PM —Impulsa, además.

EC —Cuando se hacen esos planteos está latente la expectativa de que se produzca un quiebre. No digo que se rompa el FA, pero sí que haya diferencias a la hora de votar. Y sin embargo, cuando llega el momento de votar, el FA se reunifica y todo aquello anterior fue ruido, sobre todo ruido.

PM —Le hace daño al país. Porque el Uruguay tendría que haberse mantenido en el TISA, el Uruguay tendría que haber manejado distinto las empresas públicas en el período anterior, el Uruguay tendría que haber mandado una señal inequívoca de condena a lo que está pasando en Venezuela. Todas esas cosas que tendría que haber hecho terminan bloqueadas porque a la hora de votar se abroquelan aunque haya muchos que votan sin convicción, porque incluso públicamente han sostenido cosas distintas. No le hace bien al país, le hace mal.

EC —Pero el hecho es que a la hora de votar, el Frente se homogeniza.

PM —Se mantiene. Ese es un daño que espero que la gente, la ciudadanía evalúe, que a la hora de renovar mandatos tenga en cuenta que estas cosas no son buenas. No son nuevas tampoco. El Uruguay en el pasado, en la época del bipartidismo, entre los colorados la 15 y la 14 tenían grandes diferencias y después votaban juntas. Y entre los blancos herreristas y nacionalistas independientes llegaron estar divididos, a votar en partidos separados, y luego se reunificaron. O sea que esa es una historia triste de partidos muy grandes que terminan abarcando un espectro tan amplio que después pasa aquello que una vez dijo Ignacio de Posadas y me quedó grabado: el olor al poder es el pegamento más fuerte que tiene un partido. Lamentablemente es así, se prioriza la mantención del poder más allá de las diferencias.

EC —Recién yo decía que la oposición destaca y denuncia las divisiones que se dan en el oficialismo, y usted me complementaba: “y además impulsa o promueve”. ¿Qué es eso? ¿Usted está señalando que la oposición ha empezado a manejar esto de una manera más proactiva, con más iniciativa?

PM —Si hoy estamos investigando lo ocurrido en Ancap y las pérdidas brutales que ha tenido la empresa en los últimos años, es debido a una iniciativa de la oposición y a que se logró plantar el tema en la opinión pública de tal manera que por primera vez el FA no pudo hacerse el bobo, no pudo decir “no, señor, esto no se investiga y chau”. Porque se logró poner el asunto arriba de la mesa después de 10 años de negar todas las investigadoras, incluso sobre temas muy obvios, como el caso Pluna. Entonces ahí hay un logro que implica que el poder, aun con mayoría absoluta, no se puede ejercer de manera inopinada y descartando cualquier cosa. El haber puesto la semana pasada el tema de Venezuela arriba de la mesa, aunque no hayan querido debatir y no se haya sacado ninguna declaración, también implicó poner en evidencia una situación de contradicción. Lo mismo que el TISA. Yo hablé con Nin Novoa el día que se votó en el plenario, y le dije: “Nosotros estamos para empujar una declaración”, que si todos votaran en el Senado de acuerdo a lo que piensan tendría apoyo. Fue una declaración del Plenario contra una del Senado…

EC —El Plenario del FA.

PM —El gobierno decidió alinearse con el Plenario. Hay avances en lo que supone un debate mucho más plural porque para el FA defender a cara de perro todo es medio complicado, empieza a ser medio complicado.

EC —Veamos lo que ocurrió la semana pasada. Usted en el Senado generó ese hecho político cuando propuso que se emitiera una declaración de rechazo al fallo judicial que condenó a 13 años de prisión a Leopoldo López, uno de los líderes opositores venezolanos. La moción ni siquiera llegó a discutirse, el FA lo impidió. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué análisis hace del resultado?

PM —Lo primero es que es muy malo para el país. Es una imagen de un gobierno, de un país que no se expresa frente a una cosa que rompe los ojos para Amnesty International, para Human Rights Watch, para todas las organizaciones de derechos humanos, para Naciones Unidas, que está planteando hoy una requisitoria. Incluso el secretario general de la OEA planteó el problema en un tono suave, pero lo planteó.

EC —Ahí alude a la carta que Luis Almagro remitió al gobierno de Venezuela en la que entre otras cosas solicita el expediente de Leopoldo López para conocer cómo fue la fundamentación de la condena.

PM —Exacto. El Senado chileno se condenó la decisión del gobierno venezolano. No hay ninguna duda a esta altura de que en Venezuela –yo estuve hace un par de meses– se violan los derechos humanos de manera muy evidente, muy notoria. La libertad de expresión, el pluralismo, la posibilidad de disentir, de expresarse públicamente. Y vamos a ver cómo termina este tema de las elecciones parlamentarias, porque es clave. Por algo el gobierno venezolano genera un lío atrás de otro, porque sabe que hoy no tiene el apoyo ciudadano. El tema es que no haya un gran fraude electoral el 6 de diciembre.

EC —Entonces, ¿cuál es su lectura, su análisis de lo que pasó en el Senado?

PM —Lo que pasó es que los sectores que opinan lo mismo, que lo han dicho públicamente, [no acompañaron]. El Nuevo Espacio hizo una declaración pública dos días antes. Pública. No sé si era para llevársela a la Internacional Socialista para quedar liberado, para que no les digan que no se mueven. Porque es curioso, después en el Senado el representante del Nuevo Espacio bloqueó la posibilidad de debatir. Hay una senadora de Asamblea Uruguay, el Frente Líber Seregni (FLS), y creo que muchos más…

EC —Está enumerando los sectores del Frente que muestran críticas con respecto al tema de Venezuela.

PM —Claro, y yo sentí que eran muchos más, porque cuando uno les reclamaba, era mirarles las caras, no están nada convencidos, se callan. Vaya a saber por qué, pero en definitiva no está nada convencida la gran mayoría en el FA. Entonces es muy triste que al final terminen alineándose con posiciones que no son las que el Uruguay, de acuerdo a su historia y su trayectoria, debería tener en materia nada menos que de derechos humanos. ¡Y el FA además! Además con Venezuela tenemos una deuda muy especial por la actitud del gobierno venezolano en los años 70, cuando ocurrió el caso Elena Quinteros en Uruguay y el gobierno venezolano rompió relaciones con la dictadura uruguaya.

EC —La lectura puede ser un poco más compleja. Porque cuando usted hizo este planteo había simultáneamente ocurriendo dos situaciones delicadas vinculadas con la relación Uruguay-Venezuela. Una, estaba por firmarse el nuevo acuerdo comercial con Venezuela, el acuerdo Ancap-Pdvsa, que a su vez deriva en que se relance la exportación de alimentos de nuestro país a Caracas, algo muy importante para una serie de industrias uruguayas. Por otro lado, la participación de Tabaré Vázquez como mediador en el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. ¿No era inoportuno el debate que usted proponía? De algún modo Michelini aludió a eso, dijo: “El FA cree que en esta ocasión, en las actuales circunstancias, el Senado no debe votar la declaración”.

PM —Si ese es el criterio, desde el 2005 en adelante –y de hecho es lo que ha ocurrido– el gobierno no puede votar nada que implique cuestionar a Venezuela, porque de 2005 en adelante el gobierno se ha enredado en acuerdos comerciales con Venezuela, algunos buenos, algunos malos, algunos raros, algunos que con el tiempo veremos cómo fueron. Pero en definitiva se ha enredado, entonces nunca puede declarar nada. Uno supone que las actitudes en materia de defensa de los derechos humanos no están condicionadas por el acuerdo comercial; por otra parte se supone que los acuerdos comerciales son de mutuo beneficio. A Venezuela le sirve conseguir en este momento alimentos, cuya escasez es notoria y preocupante en ese país, y a Uruguay también le convenía el acuerdo. Lo otro, la mediación de Vázquez, es totalmente superfluo, porque mediadores puede haber varios en América Latina. Si Maduro quería rechazar a Vázquez porque nosotros sacamos una declaración, que lo rechace, habrá otros, no hay problema. No creo que Vázquez haya sido el factótum del acuerdo que ayer se alcanzó entre Colombia y Venezuela.

EC —Otro argumento que se ha manejado –porque sobre esto se ha discutido mucho en estos días, no digo que sea la respuesta del FA– es la interpretación de que con una declaración como esta se estaba interviniendo en asuntos internos. El principio de no intervención, de no injerencia en asuntos internos estaba en juego.

PM —No decíamos lo mismo, particularmente no lo decían los frenteamplistas, cuando venían legisladores del Parlamento Europeo a Uruguay a tratar de visitar las cárceles en la dictadura. No decíamos lo mismo cuando había declaraciones de otros parlamentos en solidaridad con el Uruguay… Al contrario.

EC —El gobierno argumenta, la Cancillería ha dicho que acá lo que hay es una decisión de la justicia venezolana, no del gobierno de Nicolás Maduro.

PM —Es una parodia, todos sabemos que es una parodia. El gobierno uruguayo lo sabe muy bien, el gobierno nombra y saca a los jueces a gusto y placer. Existe en Venezuela una cosa que se llama el Poder Moral. Creo que en Uruguay no se sabe, pero está en la Constitución. El Poder Moral es un poder ajeno a los tres poderes, que está integrado por tres figuras, el fiscal general, el contralor general –que es una especie de Tribunal de cuentas unipersonal– y el defensor del pueblo. Esas tres personas en teoría, según la Constitución, son elegidas por dos tercios del Parlamento, pero como no había dos tercios las eligió por mayoría, es decir, con el voto del chavismo. Esas tres personas juzgan las conductas éticas de todos los jerarcas y pueden resolver sanciones como la inhabilitación política por mera convicción de que actuaron moralmente de manera incorrecta, no jurídicamente. Si eso es democrático… el Poder Moral controlando por encima… Es una cosa que ofende la sensibilidad democrática mínima de cualquier ciudadano, y ese es el país que tiene Venezuela hoy.

EC —Otros cuestionamientos se han dirigido a la figura de Leopoldo López mismo. Un dirigente que es polémico dentro mismo de la oposición de Venezuela, por ejemplo por las tácticas de oposición en las que se ha jugado. En lo que se conoció como “la salida” el año pasado, impulsada junto con Corina Machado y Antonio Ledezma, otro líder opositor como es Capriles no estuvo de acuerdo. Capriles decía: “nuestra agenda es social… no creemos ni en salidas violentas ni en salidas por golpes de Estado”. ¿Cómo ve eso, el tipo de actuación política de López?

PM —Es una situación típica que se genera cuando hay un frente opositor a una situación autoritaria. En Uruguay también teníamos diferencias de opinión sobre si había que movilizar, cuánto movilizábamos, cuánto negociábamos, cuánto había que exigir en la calle, de qué manera había que manifestarse y cuándo era el momento de negociar. A tal punto que en la salida misma el frente opositor se quebró, el Pacto del Club Naval. Ese tipo de cosas son típicas.

EC —Pero con respecto a Leopoldo López el gobierno de Venezuela va más atrás incluso, recuerda el papel que jugó en el golpe de Estado contra Chávez del año 2002, y esgrime videos para eso, que están disponibles.

PM —Es muy interesante, porque del 2002 al 2014 tuvieron tiempo en pila para juzgarlo y para hacerlo responsable. Y ahora resulta que en 2014 se les ocurre que actuó con responsabilidad en el 2002. Doce años de impunidad, el señor López libre o sin persecución y de golpe lo acusan de una coa que ocurrió 12 años antes, teniendo el poder Chávez en aquella época. Es poco creíble la acusación 12 años después. Y el alcalde de Caracas, [Antonio] Ledezma, es encarcelado un año después de las movilizaciones, lo llevan preso en febrero de este año, cuando las movilizaciones fueron en febrero del año anterior. Lo sacan a la fuerza de su oficina de alcalde en Caracas y lo tienen preso ahora en prisión domiciliaria por razones de salud. ¡Arbitrariedad y pico! Esto es una cosa que no se defiende con nada.

EC —Usted dijo en el Senado que la situación en Venezuela “más temprano que tarde les va a pegar en la cara a todos los que no votaron la solidaridad” con Leopoldo López.

PM —No tengo dudas.

EC —¿A qué se refería?

PM —A que esto más temprano que tarde se va a demostrar y va a quedar en evidencia, a esta altura ante casi todo el mundo, pero también en la región, donde ha habido tanta omisión en señalar la solidaridad con la dignidad y con los derechos humanos. En algún momento el chavismo va a desaparecer como fuerza hegemónica en Venezuela y van a quedar en evidencia muchas más cosas de las que hoy se saben con respecto a las características del régimen, a sus arbitrariedades y al manejo general de la cosa pública.

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EC —Pablo Mieres tiene 56 años. Es sociólogo, abogado y docente. ¿Continúa con su actividad como profesor?

PM —Muy mínima. Por supuesto ya no soy investigador de tiempo completo en la Católica, pero sí mantengo un curso por semestre, un curso de un par de horas por semana. Está bueno, es un cable a tierra que uno tiene que tener, un vínculo con la gente más joven a través de los estudiantes, y me obliga a mantenerme un poquito actualizado en mis cuestiones más profesionales.

EC —Es presidente del PI y desde este año ocupa una banca en el Senado de la República.

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EC —¿Cómo observa la utilización que blancos y colorados en particular están haciendo de herramientas como la interpelación y el llamado a sala en régimen de comisión general?

PM —Creo que es legítimo. Nosotros tenemos como criterio apoyar cualquier tipo de planteo en ese sentido, más allá de que estemos muy o poco de acuerdo, porque nos parece que es un derecho de la oposición.

EC —¿No hay un exceso de interpelaciones y llamados a sala?

PM —Es el primer año… Las interpelaciones hasta ahora han sido por el tema del INAU, una de ellas en la Cámara Baja, que creo que no tenía mucha pertinencia. La que va a ser ahora sobre el retiro del TISA parece razonable. Después hay llamados a comisión general. No veo que haya un exceso. Uno ve dificultades. Por ejemplo, nosotros hemos presentado varios pedidos de informe y la tasa de respuesta es bajísima, y hemos pedido cosas muy importantes.

EC —¿No pasa siempre eso con los pedidos de informe?

PM —Sí, y está muy mal, porque no pasa nada si no responden. Presentamos cinco o seis pedidos de informe con destino a 13 empresas públicas para saber cómo se designan los gerentes, si se designan a dedo o por concurso, concurso abierto, concurso cerrado. Nos contestaron cuatro o cinco. Muchos de ellos nos contestaron lo que no preguntábamos, nos contestaron cómo deberían ser, la norma, pero no nos dijeron concretamente cómo se había designado a los que actualmente ejercen, que era lo que preguntábamos. Hicimos el planteo en el Senado y se reiteró el pedido de informes, lo hizo propio el cuerpo, como dice la ley. No pasó nada, apareció alguno más.

ASSE nos tomó el pelo. La semana pasada nos respondió un pedido de informe que le hicimos hace tres meses, en el que le preguntábamos cómo se eligen los directores de hospitales, los directores de centros de asistencia primaria, todos los cargos de gestión de unidades asistenciales –que en definitiva atienden gente en temas de salud–, qué calificaciones se les exigen, si se los elige por concurso o no. La respuesta no fue siquiera una palabra, fue un listado fotocopiado de los centros que existen en el país. Eso llevaba al lado una nota del ministro de Salud Pública que decía “En respuesta al pedido de informe solicitado”. ¡Una vergüenza! ¡Una tomadura de pelo!

EC —¿Cómo reacciona usted? ¿Qué herramienta tiene para, ante esa respuesta, volver a actuar?

PM —Yo no los puedo obligar, pero voy a hacer un escándalo público, porque no puede ser. Voy a hacer un planteo en el Senado. Es casi un problema de fueros. Yo pregunto algo y me contesta otra cosa, ni siquiera me contesta, me manda una planilla con fotocopias. ¿Qué se creen? ¿Que pueden hacer cualquier cosa? Hay una cuestión del manejo… Por eso hicimos tanto énfasis en el problema de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta genera estas cosas, genera soberbia, genera desprecio por el cuestionamiento, desprecio por el planteo opositor.

Hace dos semanas tuvimos un debate en la comisión investigadora de Ancap sobre si los gerentes iban a ir solos o acompañados por un tutor. El FA pretendía que los gerentes de Ancap fueran a declarar a la investigadora con un director sentado al lado. Yo dije: yo estuve en la investigadora bancaria del 2002 y en la de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), de la que además fui el denunciante, y a nadie se le ocurrió en ningún momento que un gerente… Y vaya si pasaron todos, gerentes y funcionarios de rango menor y hasta ujieres pasaron por la investigadora, pero venían solitos. Al final el Frente aceptó. Pero esto es que ha perdido los reflejos de lo que supone el juego plural. Por eso era tan importante que no tuvieran mayoría y por eso les cuesta tanto responder pedidos de informe, aceptar que hay cosas para investigar, enfrentar interpelaciones que puedan resultar en que mañana se diga “no son satisfactorias las explicaciones del ministro”.

EC —Usted integra la comisión investigadora sobre Ancap. Eso no era obvio, en principio, la comisión, de siete miembros, reservaba tres lugares para la oposición, que iban a repartirse dos para el PN y uno para el PC. Finalmente, el PN cedió uno de sus asientos. ¿Cómo se logró eso? ¿Qué significado tuvo el gesto?

PM —Nosotros peleábamos por una investigadora de nueve miembros, porque sabíamos que si no era de nueve…

EC —Nueve era poder estar, para poder participar.

PM —Claro, porque además la ley que regula las investigadoras habla de que deben estar en la medida de lo posible todos los partidos, y era posible, porque nombrar nueve… El Frente no quiso nombrar nueve, y ahí la gente del PN, en particular Alianza Nacional, cedió su lugar, cosa que valoramos mucho. No les pedimos nada, no fue un planteo. El PI lo que reclamó fue que se integrara por nueve miembros para garantizar que estuviéramos todos, asumimos que al votarse con siete no nos tocaba. Y el gesto lo destacamos, lo subrayamos y lo agradecemos, por cierto.

EC —¿Cómo evalúa el trabajo que viene realizando hasta ahora esta comisión?

PM —Muy bueno. Con estos tironeos que acabo de mencionar, pero también quiero decir que el presidente de la comisión, el senador [Marcos] Otheguy, que es del grupo del vicepresidente Raúl Sendic, ha actuado con mucho equilibrio, con mucha ecuanimidad, con una actitud que realmente lo enaltece, porque no es fácil. Obviamente defiende la gestión, pero actúa dando garantías a todos. Eso es muy bueno señalarlo.

El clima es bueno, salvo estos momentos de tensión que tuvimos, y me parece que hemos avanzado mucho, a pesar de que recién empiezan a comparecer los que podemos llamar los testigos de la acusación. Porque hasta ahora lo que hemos tenido es la presentación del directorio de Ancap defendiendo toda la gestión. A pesar de que el directorio es actual, defendió toda la gestión, porque en realidad son las mismas personas en distintos roles. De todas maneras, de la comparecencia del directorio de Ancap, sumada a la comparecencia del ministro Astori, queda muy en evidencia que los problemas no de mala, de pésima administración, de una administración negligente, con incapacidad de control sobre el gasto y sobre la capacidad de manejar las inversiones ya son una cosa indiscutida. Creo que no hay nadie que pueda defender una gestión que generó en un momento de enorme prosperidad costos disparados, inversiones que todas se equivocaron porque se calculaban en 100 y terminaron en 200, 300.

EC —Pero eso no es irregularidad, no es ilicitud.

PM —No, claro que no es ilicitud. Ayer hablábamos con Conrado Ramos y los compañeros de la bancada. No podemos caer en el riesgo de debilitamiento institucional que supone decir que la única actuación que puede ser cuestionada es la que penalmente se considera delito. Yo no sé si hubo delito, esas cosas no están probadas, hay mucha cosa para investigar para adelante. Pero también hay responsabilidad, accountability, como dicen los yanquis, por falta de buena gestión. Si hay negligencia, de repente no es delito, porque no se configura ninguna figura delictiva, pero es una responsabilidad. En Uruguay hemos perdido la sensibilidad, la gente que actúa de esa manera después debería irse. Tiene que haber un sentido de la responsabilidad no solo de hacer las cosas de manera no delictiva, sino de hacerlas bien. Y si usted no las hace bien, señor…

Yo qué sé, yo me pongo en los zapatos de algunos de los que hoy están en la dirección de Ancap y me pregunto, habiendo sido gerente además durante muchos años… Le pregunté al presidente de Ancap cuándo se enteraron de las pérdidas de 2013, que fueron US$ 169 millones. En marzo de 2014 tenían cerrado el balance y sabían. ¿Cuándo empezaron a tomar medidas para corregir el problema? En octubre. De marzo a octubre no tomaron ninguna medida. Está escrito, está en la versión taquigráfica. ¡Es una irresponsabilidad gravísima! Cualquier gerente de cualquier empresa salta como una chinche de un día para el otro si se deja estar siete meses sin tomar medidas ante una pérdida de US$ 169 millones. Pero claro, como es de todos, es Ancap, las acciones son de todos…

Y es mentira que los que estamos cuestionando esto tenemos algún problema con las empresas públicas. Al revés, hablo por mí; los blancos y los colorados, problema de ellos. A nosotros nos importa que funcionen bien, pero no poner el paraguas y decir “nosotros defendemos las empresas públicas y por eso hicimos todas estas inversiones”. Señor, hay que hacer las inversiones con seriedad y con cálculo. Si veo que tengo problemas tengo que postergar decisiones, matizarlas, manejarlas de otra manera. Hace un año y medio que Ancap, que tiene una deuda formidable, no tiene un gerente financiero, ¡no tiene un gerente financiero! No tiene un gerente general desde la reestructura de 2007. Uno empieza a sumar y… ¡Caramba! ¿Es necesario que haya delito para que haya responsabilidad? No, hay un ancho campo entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, que es necesario hacer valer.

***

EC —Por lo que deduzco de sus declaraciones, usted es optimista con respecto a la productividad de esta comisión investigadora.

PM —No tengo duda.

EC —Se lo comento teniendo en cuenta declaraciones que en su momento había hecho Pedro Bordaberry en una columna en la que señalaba: “La mayoría de los uruguayos ya conocemos qué es lo que expresarán al final del trabajo los representantes del Frente Amplio y los del Partido Nacional. Los del Frente Amplio dirán que no existió irregularidad o ilicitud alguna, pase lo que pase. Los del Partido Nacional dirán que sí existieron y se irán directo a la Justicia, pase lo que pase”.

PM —No comparto para nada ese pensamiento escéptico sobre el instrumento político de la investigadora. Al contrario, creo que las investigadoras cumplen un papel. Por ejemplo, la CND [Corporación Nacional para el Desarrollo] después de la investigadora que yo promoví en el 2003, hace tanto tiempo ya, y que no llegó a establecer responsabilidades penales, se vio obligada a un cambio en la gestión muy grande. La investigación promovió una gestión mucho más profesional. Puede ser que haya habido algún caso más, pero esa historia de que se asociaba con otras empresas privadas para salvarlas y después se quedaba con toda la deuda y el privado se salía sin problemas se cortó. El Banco Central es otro después de la crisis del 2002. Está bien, uno diría que igual habría sido otro, probablemente algunos cambios habría habido, pero la investigadora ayudó a exponer la debilidad del control de las entidades financieras, la debilidad del profesionalismo en las gerencias. Todo eso cambió a partir de una actuación parlamentaria. Yo creo en las investigadoras; no investigar para hacer show ni ara hacer festival: para mejorar la gestión, haya o no responsabilidades penales posteriores.

EC —Al comienzo hablábamos de cómo se comporta el oficialismo en estos primeros meses de este período de gobierno, pero sobre todo nos deteníamos en el Parlamento, en cómo opera la bancada tanto en el Senado como en Diputados. Pero más en general, ¿cómo está viendo la marcha del gobierno? ¿Cómo está observando al presidente Tabaré Vázquez?

PM —La veo complicada, la verdad. Tengo este diagnóstico de que dentro del Frente conviven dos concepciones muy distintas, hay un Frente socialdemócrata, moderado, más responsable en el manejo de la cosa pública, con el que nosotros nos sentimos muy cerca en muchas cosas. El astorismo, llamémosle así, en el que uno siente que el presidente se recuesta para ejercer la función de gobierno. Y por otro lado hay otro Frente, el Frente más populista, más radical en algunas cosas, más dogmático en posiciones ideológicas, que tiene dos tercios de la bancada y todo el aparato del partido. Tiene el aparato del partido y dos tercios de la bancada, entonces lo veo complicado. Veo un gobierno que además enfrenta turbulencias, tormentas en el horizonte y no solo en el horizonte, ya ingresamos en zona de turbulencias. Entonces lo veo con preocupación, en estos seis meses veo un presidente que tiene dificultades para llevar adelante sus decisiones y que corre el riesgo de quedar cooptado por esta otra mirada.

EC —Corre el riesgo de que ocurra… ¿qué?

PM —Que la influencia directriz del ex presidente sea muy fuerte, la de Mujica, con quien tengo enormes diferencias en su forma de gestionar las cosas y en su manera de ver la administración. Porque su discurso sobre la austeridad, que lo hace ser tan famoso en el mundo, no tiene nada que ver con su gestión, que fue de despilfarro y de pérdida de oportunidades en un período en el que había mucho para hacer y no se hizo prácticamente nada.

EC —Justamente, iba a consultarle si eso ocurriera, si efectivamente dominara en la orientación del gobierno ese sector o ese grupo de grupos que podríamos identificar con Mujica y el mujiquismo, ¿qué tendría de anómalo? Porque de hecho esa corriente, ese bloque es el mayoritario dentro del FA.

PM —Sí, creo que la gente vota cosas muy diferentes. Pero es cierto, el equilibrio dentro del Frente ha favorecido a los sectores que hoy orbitan en torno al liderazgo de Mujica. Creo que le hace mucho mal al país, sobre todo en tiempos de turbulencias, cuando es más complicado, hay que ajustar el funcionamiento al máximo y una mirada sensata, responsable, moderada es fundamental. Por eso lo veo complicado, porque además no veo que Vázquez por definición tenga esa otra mirada. Y sin embargo no lo veo con juego alternativo. Entonces, como no tiene juego alternativo, el riesgo de que el gobierno vaya derivando hacia planteos de este tipo es alto, me preocupa.

EC —Usted menciono hace un rato al TISA, por ejemplo, ¿qué podía haber hecho Tabaré Vázquez cuando su partido, a través de su Plenario Nacional, se pronuncia en contra?

PM —El gobierno podría haberse mantenido en el TISA, tomar en consideración la decisión del Plenario, en fin, “tomamos debida cuenta, igual estamos en el comienzo de la negociación, lo veremos más adelante”, y fundarse en que la mayoría del Parlamento lo apoya. Porque es así, la mayoría del Parlamento lo apoya para mantenernos en el TISA. Incluso porque sectores del FA estaban de acuerdo con eso.

EC —¿Hay antecedentes de un presidente del FA que gobierna apoyado en una mayoría, con el Frente dividido, apoyado por una parte del Frente y el resto es oposición?

PM —No lo hay. Por eso digo, el mal es el disciplinamiento a cualquier costo, al costo de tomar de rehén al país.

EC —¿Usted tiene diálogo con el presidente Vázquez, habla de estas cosas con él?

PM —No, no hemos hablado. Me gustaría, es una asignatura pendiente. Porque me parece que es bueno mantener el diálogo, y sobre todo trasmitir estas opiniones perfectamente.

Vea el video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

La entrada Entrevista central, martes 22 de setiembre: Pablo Mieres se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La situación en Venezuela ha merecido de manera reiterada la preocupación de los uruguayos. Muchos, que en su momento vimos esperanzados cómo Hugo Chávez se despegaba de viejos moldes ideológicos para proponer, mediante el voto, alternativas novedosas y viables en América Latina, comprobamos hace ya mucho tiempo la vía muerta que suponía el llamado socialismo del siglo XXI, manchado por la corrupción y el desatino.

Algunos hemos sufrido en carne propia los exabruptos y disparates que se generan de continuo en la siempre inerte y acrítica dirigencia bolivariana. Otros, poco a poco, se han ido informando de lo que allá sucede. Muchas son las versiones de primera mano que resultan por demás agobiantes: violencia, autoritarismo, corrupción, desabastecimiento, inflación, descontrol, maniobras represivas, declaraciones disparatadas y gestos soberbios de un gobierno que ha perdido todo rumbo, pero que se empeña en conservar el poder a cualquier precio.

Los propios chavistas revelan los entretelones del proceso que vive aquel país, y son destacados miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela los que denuncian a diario la situación. Unos hablan de “perversos privilegios para proteger intereses personales y grupales”, otros de “tragedia del proyecto chavista” y otros van más lejos y señalan con el dedo al presidente Maduro, quien “convirtió a Chávez en una imagen vacía y falsificó su legado”, dicen. Las citas pertenecen a ensayistas y periodistas que han publicado sus trabajos en Aporrea, un medio de gran predicamento que se define como un sitio “de divulgación de noticias y opinión socio-política y cultural, identificado con el proceso de transformación revolucionaria y democrática de Venezuela”.

El viernes pasado se realizó en Caracas una movilización “contra la corrupción y el desfalco a la Nación” y para exigir auditorías en el Banco Central de Venezuela y en todos los ministerios. ¿Quiénes la organizaron? No fue la oposición, ni la CIA, ni el presidente colombiano Juan Manuel Santos, ni Rajoy, ni Almagro. La marcha y las denuncias fueron impulsadas por sectores que hasta hace poco eran parte integrante del gobierno bolivariano.

En una foto de la convocatoria se ve a un joven militante del grupo Marea Socialista con un cartel: “¿Dónde están los 260 mil millones de dólares?” El pie de foto agrega “que se robaron”. Hasta los famosos Círculos Bolivarianos anunciaron su adhesión a la convocatoria “contra la corrupción y el desfalco al patrimonio público”.

En Uruguay, la oposición propuso la semana pasada en el Parlamento un debate a raíz de la durísima pena impuesta a Leopoldo López, un político venezolano preso en una cárcel militar desde hace más de un año. La oposición propuso pero el Frente Amplio no aceptó el debate. Es una lástima, porque de allí podría haber salido un poco de dignidad para compartir.

Leopoldo López fue condenado a una pena de “13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión”. Uno de los delitos que le imputaron, el más grave, fue “asociación para delinquir”. Muchos y muy queridos compañeros murieron en la tortura, aquí en Uruguay, antes y durante la dictadura, cuando estaban detenidos y acusados de cometer ese mismo delito. El detallismo judicial para fijar la duración de la pena en el caso de López es siniestro, y tiene un toque de escarnio que resulta vergonzoso. Y es vergüenza lo que deberíamos sentir los latinoamericanos, en especial los que soñamos desde la izquierda con sociedades más justas y más libres.

Creo que no hemos hecho todo lo posible para impedir que un grupo de sátrapas nos arrebataran las banderas, ni para evitar que algunos sueños se convirtieran en pesadillas. No lo hicimos en el pasado ni lo hacemos en el presente. Una autocrítica no vendría mal, pues lo cierto es que hoy la sociedad venezolana no es ni más justa ni más libre ni más próspera que hace quince años. Es una sociedad empobrecida y atravesada por la corrupción, la postración económica, el robo de los fondos públicos, la escasez y la violencia. Es menos justa, menos próspera y menos libre.

Por cierto que esos problemas deberán ser resueltos por los venezolanos. Pero nada nos impide que como latinoamericanos, o como simples ciudadanos del siglo XXI, levantemos nuestra voz para denunciar esa gigantesca estafa ideológica, política y económica que es el llamado “proceso bolivariano”.

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El diario del lunes es el blog de Fernando Butazzoni en EnPerspectiva.net. Como no podía ser de otra manera, actualiza todos los lunes.

La entrada <em>El diario del lunes</em><br>La estafa de Venezuela se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Fernanda Boidi ///

La semana pasada se dio a conocer el fallo judicial que condenó al dirigente opositor venezolano Leopoldo López a casi 14 años de prisión por su responsabilidad como convocante en las protestas del 12 de febrero de 2014. Esta decisión ha vuelto a poner sobre el tapete la delicada situación venezolana. Y al hacerlo, achica cada vez más el cerco sobre los gobiernos de la región –incluyendo el de Uruguay– que ante los reiterados atropellos han mirado para el costado bajo la excusa del principio de no injerencia.

Se puede discutir hasta el cansancio qué es una democracia, y más aún qué es una democracia de calidad. Y en estos días hemos escuchado varios intercambios de este tipo respecto de Venezuela, muchas veces centrados en la oposición democracia-dictadura, clasificación de tipos ideales que como tales, solo existen en la teoría. Con este trasfondo, quisiera detenerme en la demarcación mínima de condiciones que deben estar presentes para que exista democracia según el juicio predominante entre los estudiosos de estos temas.

La expresión más modesta de democracia es la “democracia electoral”. La democracia electoral presupone no solo qué haya elecciones, sino que estas elecciones sean libres y justas. Las elecciones son libres cuando están dadas las condiciones para que todos los que desean participar de la vida política puedan hacerlo sin mayores limitaciones. Las elecciones son justas cuando las autoridades electorales, policiales, judiciales y militares tratan a los contendientes de modo imparcial. Hace rato que contamos con evidencia que indica que Venezuela cayó por debajo de este umbral mínimo. Venezuela no es una democracia, y tampoco es hoy el régimen que Chávez erigió.

Días atrás, Raúl Sánchez Urribarri, un colega venezolano, reflexionaba sobre la situación actual de su país y sostenía que han caído varios de los pilares en los que se apoyaba la estructura del régimen:

Ya no hay un líder carismático. Chávez ya no está y su ausencia comenzó a notarse incluso antes de su desaparición física.

Ya no hay un pueblo a favor del líder. Según el Barómetro de las Américas, la aprobación de la gestión de Maduro es la más baja de la región, y varios sondeos preelectorales otorgan mayoría a la oposición en la intención de voto para las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo diciembre¹.

Ya no hay suficientes recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de la población. El petróleo ya no es lo que era; y lo que era se gastó en el pueblo venezolano, sí, pero también en ayudas de diverso tipo (y en algunos casos de dudosa legalidad) a gobiernos amigos.

Lo único que –por ahora– permanece, es la fuerza de coerción militar que respalda al régimen. Sin embargo, hay un rechazo ciudadano generalizado a esta amenaza de coerción militar –la confianza en las Fuerzas Armadas en Venezuela viene en picada², mientras que la tolerancia hacia los derechos políticos de quienes se oponen al gobierno es la más alta del continente y ha crecido recientemente de modo considerable.

Ante esto, me pregunto qué va a pasar con este régimen cuya implosión parece inminente. Me pregunto qué cosas a lo largo de todos estos años se podrían haber hecho de modo diferente para mitigar la crisis política que solo parece profundizarse en Venezuela. Me pregunto qué podría haberse hecho distinto por parte del gobierno venezolano y también por parte de la oposición. ¿Qué alternativas tenían los ciudadanos? Me pregunto qué cosa podríamos o deberíamos haber hecho los académicos, los observadores internacionales, los gobiernos amigos y los que miraban con recelo… Y, además, me pregunto, qué vamos a hacer ahora respecto de Venezuela. Ya es hora de dejar de mirar para el costado.

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Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

Notas
1. Venezuela: el chavismo está tercero en una encuesta para las elecciones parlamentarias (Infobae); Legislativas 2015: voto castigo para el oficialismo (Nueva Prensa de Guayana)
2. Entre 2012 y 2014 cayó 17,5 en una escala de 0 a 100, según datos del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Vanderbilt University, EEUU.

Foto: Leopoldo López sostiene una bandera de Venezuela durante una manifestación en Caracas, Venezuela, antes de entregarse a las autoridades, 18 de febrero de 2014. Crédito: Juan Barreto/AFP Photo.

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La resolución de la justicia venezolana de condenar a casi 14 años de prisión al dirigente opositor Leopoldo López levantó reacciones inmediatas a nivel internacional. Y también aquí en Uruguay, donde oficialismo y oposición volvieron a mostrar sus desencuentros.

Recordemos el caso: el jueves, la jueza Susana Barreiros declaró culpable a Leopoldo López de "daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir", condenándolo a 13 años, nueves meses y siete días de prisión. Las acusaciones están relacionadas con las manifestaciones contra el gobierno de Maduro que dejaron 43 muertos y cientos de heridos entre enero y mayo de 2014.

El viernes, dirigentes de todos los partidos de la oposición criticaron el fallo de la justicia venezolana.

El diputado colorado Ope Pasquet lo calificó como “un acto de persecución política disfrazado con formas pseudo judiciales”.

Por su parte, el diputado nacionalista Jaime Trobo consideró que el fallo anunciado “era esperado, si bien podía ocurrir que un juez independiente pudiera tomar una decisión no política sino jurisidiccional. Esto fue político”, dijo.

El Senador Independiente, Pablo Mieres, relató que llamó al Canciller Rodolfo Nin Novoa para transmitirle que el gobierno uruguayo debería emitir una declaración al respecto.

Mieres dijo al diario El Observador que Nin respondió que “técnicamente la condena es una decisión judicial, por lo que el gobierno uruguayo entiende que no debe meterse en lo que supone sentencias judiciales”. “Desde mi punto de vista esa sentencia es como imaginarse que había una sentencia en la época de la dictadura. En Uruguay no había un Poder Judicial independiente ni un ministerio independiente. Se está viendo la misma situación", dijo Mieres.

Para el líder del PI, el gobierno uruguayo tiene una visión "hemipléjica" que no condena los abusos cuando provienen de gobiernos de izquierda. Y hablando con El País atacó con dureza: "Uno siempre tiene la esperanza de que el gobierno uruguayo lance una señal de apoyo a la redemocratización en Venezuela, pero no hemos tenido suerte, se hacen los bobos, miran para el costado", dijo.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Gonzalo Baroni, Hoenir Sarthou, Felipe Schipani y Gabriel Mazzarovich.

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