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La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Miguel Brechner,
Guillermo López y Lucía Zapata

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes ante la Asamblea Nacional que impulsará una ley de amnistía general que abarque “el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”.

Además, en el mismo anuncio, dijo que la emblemática cárcel “El Helicoide”, donde según la oposición hay (centenares) de presos políticos, será transformada en un espacio cultural.

“Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión para la Revolucion Judicial y al Programa para la Convivencia Democratica y para la Paz para que en las próximas horas, instalado en urgencia, presenten la ley ante la Asamnlea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboracion del cuerpo legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontacion política desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención,se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto.”

Rodríguez no manejó plazos concretos para el envío del proyecto de ley al Parlamento pero aportó otros detalles generales de la iniciativa. Dijo que no comprenderá a las personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico o violaciones a los Derechos Humanos. Agregó que la decisión fue tomada en el “alto mando político” incluso en contacto con Nicolás Maduro y Cilia Flores, que están presos en Estados Unidos.

En la oposición y organizaciones de Derechos Humanos las reacciones oscilaron entre la ilusión y la cautela. En particular, se reclamó que la amnistía incluya la liberación inmediata de todos los presos políticos, que son más de 700 según la ONG Foro Penal. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado atribuyó la medida a la presión internacional y principalmente de Estados Unidos, que además este fin de semana envió a Caracas a su nueva embajadora, Laura Dogu, con la misión de reabrir la representación diplomática que había sido cerrada en 2019.

¿Cómo toman los contertulios estos anuncios?

Viene de: ¿Por qué Uruguay es caro en dólares? Pablo Rosselli planteó una agenda de reformas necesarias

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes ante la Asamblea Nacional que impulsará una ley de amnistía general que abarque “el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”.

Además, en el mismo anuncio, dijo que la emblemática cárcel “El Helicoide”, donde según la oposición hay (centenares) de presos políticos, será transformada en un espacio cultural.

“Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión para la Revolucion Judicial y al Programa para la Convivencia Democratica y para la Paz para que en las próximas horas, instalado en urgencia, presenten la ley ante la Asamnlea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboracion del cuerpo legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontacion política desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.

Rodríguez no manejó plazos concretos para el envío del proyecto de ley al Parlamento pero aportó otros detalles generales de la iniciativa. Dijo que no comprenderá a las personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico o violaciones a los Derechos Humanos. Agregó que la decisión fue tomada en el “alto mando político” incluso en contacto con Nicolás Maduro y Cilia Flores, que están presos en Estados Unidos.

En la oposición y organizaciones de Derechos Humanos las reacciones oscilaron entre la ilusión y la cautela. En particular, se reclamó que la amnistía incluya la liberación inmediata de todos los presos políticos, que son más de 700 según la ONG Foro Penal. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado atribuyó la medida a la presión internacional y principalmente de Estados Unidos, que además este fin de semana envió a Caracas a su nueva embajadora, Laura Dogu, con la misión de reabrir la representación diplomática que había sido cerrada en 2019.

Emiliano Cotelo conversó con el periodista Omar Lugo, quien se encuentra en Caracas.

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EN PERSPECTIVA
Jueves 31.03.2016, hora 10.16

NICOLÁS BATALLA (NB) —El martes la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría de la oposición, dio sanción definitiva a una ley para liberar a 76 presos acusados de desestabilizar al gobierno durante las protestas de 2014, que dejaron 43 muertos.

Así lo anunciaba en la Asamblea Nacional su presidente, Henry Ramos Allup:

[Audio Ramos Allup]

“[Gritos de ‘¡Libertad, libertad!’] Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. En conformidad con la Constitución, se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional, al ciudadano presidente constitucional de la República, para su promulgación de acuerdo con lo establecido en la Constitución [Aplausos].”

[Fin audio]

NB —El gobierno inmediatamente anunció que no va a promulgar la ley. De hecho, ayer el presidente Nicolás Maduro dijo en un acto en Caracas que la norma tiene visos de ilegalidad.

[Audio Maduro]

“[La norma] pretende derogar toda la legislación y la estructura jurídica que protege a los venezolanos. Pretende darle impunidad, de aquí en adelante, a los delitos de terrorismo, narcotráfico homicidio, conspiración, golpes de Estado… Perdonan. Nunca se había hecho eso.”

[Fin del audio]

NB —Vamos a tratar de darle contexto a esta noticia y ver qué chances tiene de ser aplicada esta Ley de Amnistía. Recibimos para eso a nuestro corresponsal en Venezuela, Omar Lugo.

OMAR LUGO (OL) —Son muy pocas, muy pocas las posibilidades de que sea aplicada esa ley.

NB —Estamos hablando de un compromiso que la oposición había asumido durante la campaña electoral, antes de hacerse con la mayoría de la Asamblea Nacional. No debería sorprender a nadie esta resolución, ambos lados se estaban preparando para este choque.

OL —Así es. Como tú lo señalabas fue una oferta electoral fundamental presentada durante la campaña electoral que dio una mayoría absoluta, abrumadora, a la oposición en la Asamblea Nacional, el Congreso. Entonces, lo que se plantea ahora son discusiones en dos frentes: el político y el jurídico. En este último, la Constitución nacional establece que la Asamblea Nacional está facultada para decretar amnistías, perdones, para estos supuestos delitos. Ellos califican como presos políticos a este casi centenar de dirigentes, estudiantes y personas comunes que manifestaron durante 2014, sobre todo en aquella ola dramática que contó con varios piquetes, cierres de calles, etcétera, que durante varios meses sumaron 43 muertos…

NB —Ahí está, vamos a repasar bien por qué se da esta discusión o por lo pronto cómo se posicionan de un lado y del otro sobre quiénes son estas personas. Desde el lado de la oposición se señala que son presos políticos pero desde el gobierno se dice que son terroristas o golpistas.

OL —Exacto. Hay varios dirigentes clave, algunos de ellos han sido reconocidos internacionalmente por estos hechos y por ellos han abogado instituciones importantes como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varios gobiernos. Uno de ellos es Leopoldo López, que es el principal dirigente político de la oposición y que, según todas las encuestas, si hubiese elecciones y él estuviera en la calle sería electo presidente. Es más popular incluso que Henrique Capriles, el otro líder de la oposición, el gobernador [del estado de Miranda], que está suelto. También está [preso] el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, hace más de un año, básicamente por haber firmado un comunicado que salió en la prensa pidiendo una salida negociada y constitucional a la crisis política venezolana. Después hay estudiantes que se manifestaron en las calles y que fueron apresados también, inclusive en unos campamentos que se hicieron frente a un edificio de la ONU.

El gobierno despacha a todas estas personas con el calificativo de terroristas.

Llama la atención que justamente cuando el gobierno dice que no va a negociar de ninguna manera esta ley, se presente como intermediario en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que es acusada en Colombia de crímenes de lesa humanidad, de vinculaciones con el narcotráfico, de terrorismo, de haber contribuido, en la guerra horrible que vive Colombia, a la muerte de muchas personas. Ayer Maduro y su gobierno fueron anfitriones del inicio oficial de estas negociaciones. Los críticos, los opositores, llaman la atención sobre que Maduro parece ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Por delitos que son muchísimo menos graves se acusa a estas personas [en referencia a los “presos políticos”] y, según la oposición, esta Ley de Amnistía podría ser un paso para comenzar a superar una crisis que en Venezuela apenas está comenzando y que se agrava día a día.

NB —¿Cómo es el procedimiento que se dispara a partir de ahora?

OL —La ley es enviada al presidente Maduro, que debería refrendarla, pero también puede guardarla en su despacho y omitirla por completo o vetarla directamente. Si no se pronuncia, teóricamente, la Asamblea Nacional puede publicarla y ponerla en vigencia. Pero resulta que la Asamblea Nacional no tiene medios para publicarla, no tiene papel periódico ni acceso a la Gaceta Oficial.

Después queda un detalle mucho más práctico: ¿quién va a ir a abrirle la celda a los presos que la oposición califica de políticos? Todos ellos están en prisiones militares que están a cargo de la policía política de la Guardia Nacional. Ese es el caso, por ejemplo, de López. No parece claro que alguien del gobierno esté dispuesto a contravenir una orden del presidente de la República y decidirse a abrir las celdas y poner a estas personas en libertad.

De modo que la libertad de estos presos luce como una utopía, como una promesa electoral que va a quedar en el aire.

NB —Es curioso lo que señalás, porque de todos modos hasta este punto todavía todo se maneja dentro del marco de cierta legalidad: la Asamblea Nacional tenía el derecho de votar esta ley pero Maduro es el encargado de promulgarla o no, o incluso mandarla a la Justicia para que se expida. Lo digo porque estas otras hipótesis que tú manejabas, sobre quién abriría las puertas de las celdas, ya implicarían un siguiente paso.

OL —Claro, porque sería la libertad de estas personas.

La oposición, o la Asamblea Nacional, insiste en que es mentira que estén perdonando delitos comunes, como el narcotráfico o el asesinato, como argumenta el gobierno. Dice que [la aplicación de la ley] está limitada a este grupo de personas, los calificados como presos políticos, qué básicamente fueron apresados por manifestarse y expresar sus posiciones.

Es curioso que mientras la Asamblea Nacional estaba discutiendo esa ley clave el gobierno de Maduro encadenó todos los medios de radio y televisión para transmitir un acto oficial. Allí fue donde Maduro recalcó: “Tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa”.

NB —¿Qué cabe esperar ahora con respecto a la Asamblea Nacional? Porque este no es el único choque de poderes que ha habido en Venezuela entre la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, y el resto de los poderes públicos, dominados por el oficialismo. ¿Qué pasa ahora?

OL —Como ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, esta ley va a ser declarada inconstitucional si el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados son abiertamente afectos al chavismo, de hecho en los comienzos de los fallos judiciales suelen incluir oficialmente la proclama; “Patria, socialismo, viviremos y venceremos”.

***

NB —¿Cuál es la estrategia de la oposición, cuyas resoluciones más importantes no llegan a ser aplicadas por la oposición que tienen desde el gobierno de Maduro?

OL —Ramos Allup advirtió que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es manejada por el Ejecutivo, ya prepara una decisión para declarar anticonstitucional esta ley, de modo que no será aplicada. Eso lo advirtió en las últimas horas, dice que los magistrados permanecen reunidos y que próximamente van a emitir esa decisión.

Como decía Nicolás, la de la Ley de Amnistía fue una de las principales ofertas electorales [de la oposición], y casi todas las propuestas han venido cayendo, de modo que han neutralizado la capacidad legislativa del Parlamento y se ha convertido simplemente en una sala de debates. Sin ir muy lejos, ayer mismo la Asamblea Nacional aprobó unos pagos de bonos especiales para jubilados y pensionados en medio de esta atroz inflación, la más alta del mundo, pero el gobierno ya les avisó que no hay dinero para pagar eso, de modo que esa ley también quedará en el tintero. Otra cosa que está haciendo la propia Asamblea Nacional es tratar de reformar la ley del Tribunal Supremo para incluir más magistrados y buscar un equilibrio de poderes allí, pero también va a ser declarada inconstitucional, según advirtió Ramos Allup.

En efecto quedan pocas alternativas, pocos espacios institucionales en Venezuela, un país en donde se están crispando los ánimos cada día y donde se teme que pueda haber una escala de violencia. Por eso se le criticaba al presidente Maduro que se haya ofrecido -algo muy positivo, por cierto- a favor de Colombia, el vecino país cuya guerra interna termina reflejándose en Venezuela desde hace décadas. Allí hay una situación muchísimo más grave y, sin embargo, hay perdón, hay negociación, hay disponibilidad al diálogo, al sentarse dos enemigos acérrimos. Y en Venezuela, donde la situación todavía es mucho más lejana, no existe esa posibilidad.

NB —Tenemos que entender, entonces, que la Asamblea Nacional, que aparece neutralizada por las decisiones del gobierno de Maduro, lo que está haciendo es generar debate y tratar de generar esto que está ocurriendo ahora aquí: que en Uruguay estemos hablando de la situación. O sea, generar hechos políticos que sean debatidos, más allá de que las resoluciones en sí no lleguen a efectivizarse.

OL —Exacto, llamar la atención internacional. Como comentaba hace un rato, algunos de los casos de los presos políticos más emblemáticos -López, Ledezma, [Daniel] Ceballos- han llegado a foros internacionales. Hay más de 100 peticiones de gente responsable pidiendo su liberación, incluso de comités de derechos humanos, gente de la ONU, la OEA, el propio [secretario general de la OEA, Luis] Almagro insiste muchísimo en la necesidad de estas liberaciones. El juicio por el cual fue condenado López a más de 14 años de cárcel fue amañado, según denunció el propio fiscal del caso, que se refugió en Estados Unidos.

De modo que esta es una de las salidas que le queda a la oposición, como han comentado varios dirigentes: seguir internacionalmente explicando que en Venezuela es necesario que haya un dialogo, una negociación y una reconciliación, porque la situación puede empeorar.

Mientras tanto, la crisis económica ataca duro al estómago y el bolsillo del venezolano común. En las calles son frecuentes las colas de gente que busca alimentos básicos y los enfermos muriendo por falta de medicinas. En este escenario, el debate político no ofrece salida a los venezolanos para pensar que su destino inmediato va a mejorar. Según todas las empresas encuestadoras, como Datanálisis o Hinterlaces -que está vinculada al gobierno-, admiten que se ha agravado la escasez y que el 80 % de los venezolanos tienen una visión pesimista de los próximos meses y está reclamando a gritos soluciones.

Como verán, el debate político tiene que insertarse más con la realidad de la calle. De hecho los parlamentarios dicen que están haciendo asambleas y reuniones explicándole a la gente por qué están atados de manos, porque no tienen herramientas para obligar al gobierno a que acate estas decisiones tomadas en una institución electa por los venezolanos en diciembre pasado.

***

Transcripción: Andrea Martínez

Foto en Home: Sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela. Crédito: Sitio oficial de la Asamblea Nacional de Venezuela

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