El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que propone una serie de cambios a la ley sobre Violencia Basada en Género. 

Una de los principales modificaciones está relacionada a lo que, se entiende, son las “considerables dificultades” que el “imputado encuentra para presentar pruebas en contrario y acceder constitucionalmente a una defensa efectiva”.  En ese sentido, el proyecto habilita la “oportunidad procesal de presentar “pruebas y argumentos” lo que, se señala, hoy no está previsto en la normativa ya que “en forma casi automática”, la Justicia dispone una medida cautelar en favor de la víctima. 

El Poder Ejecutivo también plantea que se penalice la denuncia falsa, en línea con lo establecido por el artículo 179 y siguientes del Código Penal, algo que hasta ahora se exceptuaba en la ley de Violencia Basada en Género. 

A su vez, elimina la posibilidad de que la víctima, en la misma causa, pueda reclamar una reparación patrimonial al imputado. El proyecto plantea que ese tipo de demandas deban seguir la vía civil correspondiente. 

La exposición de motivos del proyecto señala que la ley de Violencia Basada en Género ha tenido “un impacto social favorable”, pero indica que la norma vigente no logró, entre otras cosas, abatir el número de femicidios y ha sido pasible de críticas y cuestionamientos ante la Suprema Corte de Justicia. Por eso –sugiere el Poder Ejecutivo- con estos cambios propuestos “se busca mejorar el instrumento sin modificar la sustancia y los fines perseguidos teniendo en cuenta que los problemas de violencia basada en género merecen la mayor atención del Estado y de la sociedad uruguaya en su conjunto”.

Mariana Cabrera, prosecretaria de la Presidencia y quien estuvo a cargo de redactar los cambios a la normativa, dijo a El País que uno de los hitos que marcó que se decidiera abordar este tema por parte de Torre Ejecutiva, fue la protesta realizada el pasado 2 de marzo, frente al Palacio Legislativo, con carteles tales como “No a la dictadura de género, ser hombre no es delito”, en la que manifestantes, acompañados por momentos por el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos y por el diputado colorado Gustavo Zubía, pedían cambios a la ley y reclamaban: “Basta de denuncias falsas”.

El caso de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi abrió en las últimas horas un nuevo debate sobre la ley de violencia basada en género.

Ayer la Asociación de Abogados Penalistas reclamó cambios en la ley y en el propio proceso penal, en lo referente a las normas que “establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba” que, se afirma, “vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material”.

Se señala que “la visualización de la falta de garantías en casos notorios, que afectan a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de los que ocurren todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual, o el ocultamiento de identidades o pruebas que impidan a la contraparte saber quién lo denuncia o acusa”.

El comunicado de la Asociaicón señala que “las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho, tendientes a asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas, puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”.

Mientras tanto, quienes defienden la ley de violencia basada en género señalan que los problemas se dan porque el sistema no cuenta con el financiamiento necesario, y niegan que la normativa ampare denuncias falsas.

Por ejemplo, el lunes la tertuliana Desireé Pagliarini, que es abogada y referente de la comisión de género en el partido colorado, señalaba lo siguiente:

"Se está agarrando la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, como chivo expiatorio para reforzar un tipo de impulso que se está viendo en el último tiempo que es retroceder en función de la ley. Esta ley es un marco de garantía muy fuerte y se empezó a utilizar como chivo expiatorio para decir ‘La ley está mal, hay que retroceder, es aberrante’. Bueno, no es así".