La compañía minera Aratirí, del grupo indio Zamin Ferrous, concretó a inicios de julio la presentación de su demanda por daños y perjuicios contra el Estado uruguayo. El monto de su reclamo: US$ 3.536 millones.

El pleito se basa en el Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y el Reino Unido. Uno de los argumentos centrales de la demanda es que la Ley de Minería a Cielo Abierto, votada luego de la llegada de la empresa a Uruguay, cambió las reglas del juego. También, había hecho notar en su momento Zamin Ferrous, la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores, sobretodo por los cambios de la ubicación de un puerto en el departamento de Rocha.

La Mesa de los Jueves con Edgardo Rubianes, Hernán Bonilla, Carlos Ramela y Esteban Valenti.

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Foto en Home: Mina a cielo abierto en Uruguay. Créditos: Presidencia de la República.

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En diálogo con En Perspectiva, Bonsanto dijo que muchas personas quedaron "postergadas" y "con ganas de algo grande" tras el fin del proyecto Aratirí. "Aquí hubo un tornado en el estómago de la gente que no tiene empleo y sabe de la importancia de los recursos económicos que hay en los yacimientos mineros de la región", aseguró. Bonsanto reclamó un diálogo nacional para que el Estado tome cartas en el asunto y fomente y la inversión en este rubro.

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Foto en Home: Intervención del público durante el Consejo de Ministros abierto que se realizó en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres. Crédito: Presidencia de la República.

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Lea la transcripción de la entrevista con Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería

“El Gobierno ha sido muy exigente” en términos de exigir criterios ambientales, “me parece difícil ser más exigente”, dijo Cosse. “No solamente estamos recibiendo y aprobando un proyecto, sino que también es un tema de interés nacional”, agregó, y se busca que “quede no solamente dinero y bienes materiales sino también capacidades de producción”.

Sobre qué pasará con los trabajadores contratados con Aratirí, Cosse dijo que es “un tema de la empresa” y no del Gobierno.

“Si no está la autorización ambiental no se firma ningún contrato. La Ley de Minería de Gran Porte es clara en ese sentido: tiene que estar la autorización”, dijo la ministra, y agregó que el Gobierno de Tabaré Vázquez y el de José Mujica “han realizado con seriedad todos los procesos que conducen o no a una autorización ambiental” y que “para este Gobierno la protección del medio ambiente es un tema fundamental”.

Después de varias prórrogas, hoy vence el plazo para que el Gobierno y Aratirí firmen el contrato de inversión para la extracción de hierro en la zona de Valentines. Ante la no firma del acuerdo, se abre un periodo de 90 días en los cuales la empresa puede presentar a un nuevo interesado, y después el Estado tiene 120 días para aceptar o no a ese tercero, explicó la ministra.

Cosse dijo que Uruguay tiene que resolver “la contradicción entre el desarrollo económico e industrial y la protección del medio ambiente”, que “se resuelve haciendo las dos cosas”.

Respecto al proyecto Orosur Mining, Cosse dijo que el Gobierno está estudiando si puede, “en algunos aspectos donde la ley lo permite”, exonerar parte del canon para proteger las fuentes de trabajo.

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EN PERSPECTIVA
Martes 13.10.2015, hora 8.20

EMILIANO COTELO (EC) —En los últimos meses, la depreciación del real ha pegado fuerte del lado uruguayo de la frontera con Brasil.

Por ejemplo, en Quaraí, ciudad brasileña que limita con Artigas, casi el 90 % de los productos son más baratos que en Uruguay. Con ese panorama de precios es obvio dónde van a tender a hacer sus compras los artiguenses. Las consecuencias son las que cabe imaginar: cierre de comercios locales y pérdida de puestos de trabajo, un panorama que complica todavía más a un departamento donde la falta de empleo es un problema endémico.

Por eso es que el intendente Pablo Caram ha organizado una reunión entre los jefes comunales de los departamentos fronterizos con Brasil y los ministros de Trabajo y Relaciones Exteriores, Ernesto Murro y Rodolfo Nin Novoa.

De estos y otros temas vamos a conversar con el intendente Pablo Caram, que pertenece a Alianza Nacional (AN), Partido Nacional (PN).

En Artigas, ¿quién es el más afectado por la devaluación del real, el comercio chico de barrio o las grandes superficies como los free shops?

PABLO CARAM (PC) —Puedo hablar con algo de propiedad, porque mi actividad anterior era una distribuidora. Acá el que siente realmente es más el comercio grande, porque el chico por lo general se provee de mercaderías de Brasil y las vende en Artigas con el mínimo margen, pero también baja los precios. O sea, el comercio grande es el que más siente la depreciación del real.

EC —¿Cómo es eso de que el comercio chico se provee en Brasil? ¿Se provee legal o ilegalmente?

PC —Es ilegal, pero está institucionalizado, hacen sus compras a diario, las pasan para Artigas y las venden. La única forma de combatir el contrabando es con precios. La gente se las ingenia, sale con ese tipo de negocios y se toma como normal. A veces viene alguna inspección fuerte de Aduana o de otro lado y decomisan, pero esa parte está institucionalizada. Eso sí, el que aporta a la DGI (Dirección General Impositiva) y al BPS (Banco de Previsión Social) tiene otros controles.

EC —¿Es correcto que, además de lo que mencionamos, la diferencia cambiaria, hay comercios brasileños que están ofreciendo un cambio aún mejor que el oficial?

PC —Siempre existió, es un atractivo más; tienen un buen margen de ganancia que les permite tomar el real a menor precio que el que tienen las casas cambiarias. El real debe de estar, no sé, a 8,20, 8,40, y hay comercios que lo reciben a 7, 7,50. A veces cuando te dicen “descuento el 30 %”, tienen el real más barato.

EC —¿Cuál es hoy la relación de precios en los productos? ¿Qué estimación tiene?

PC —Hay una diferencia abismal en algunos temas puntuales. El gasoil especial, que en Uruguay anda por $ 40 y algo, en Brasil se compra a $ 25. En el aceite también hay una diferencia importante, en la pasta de dientes. Hay una infinidad de artículos que hoy por hoy están con mucho menor valor que acá en Uruguay.

EC —¿Es correcto manejar, por ejemplo, para el rubro alimentos que está un 30 %, 40 % más barato?

PC —En algunos casos no tengo dudas; hasta 50 % en la parte de aceites, ahí hay una diferencia muy importante.

EC —Uno de los problemas endémicos de su departamento es el desempleo. Entonces cuando se suma esto, la devaluación de Brasil, ¿cómo afecta? Usted llegó a decir que en estos momentos hay allí una emergencia laboral.

PC —Es así, no tenemos la más mínima duda. En la tarea de la Intendencia recorremos permanentemente, estamos en contacto permanente con la gente, y lo que siempre nos solicitan es fuentes de trabajo. Vemos cómo los comercios grandes mandan personal al seguro de paro, pero tampoco hay muchas opciones en la actividad privada para que se pueda desarrollar un trabajo estable. Un poco por el tema de la frontera, pero también porque las empresas a veces no tienen los márgenes suficientes para tener una utilidad y generar mano de obra. Tenemos el problema ahora de Green Frozen en Bella Unión, que ha afectado a 129 familias. Acá la falta de trabajo, de oportunidades laborales, es muy importante, llega un momento en que uno queda muy preocupado.

EC —¿Por qué propuso esta reunión entre intendentes de los departamentos de la frontera y representantes del gobierno?

PC —Lo hablamos con los intendentes, todavía no hemos cursado la invitación al Ministerio de Relaciones Exteriores ni al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero no queremos hacer un planteamiento los cinco intendentes para llevarlo al gobierno. Queremos trabajar en conjunto, porque hoy todos somos gobierno, las intendencias y los ministerios, para ver qué solución se puede aplicar en forma rápida para generar fuentes de trabajo. Es la realidad de toda la frontera, el otro día estuvimos hablando con [el intendente de Rivera] Marne Osorio, y Rivera también siente inmediatamente la caída del real. Toda la frontera la está sintiendo. Creemos que es una oportunidad para ponernos de acuerdo y el primer paso para cambiar esta difícil situación que estamos atravesando.

EC —¿Cuándo es la reunión?

PC —El lunes 26 de octubre a las 15 horas en Artigas.

EC —El otro lunes.

PC —El otro lunes, porque dos intendentes estaban viajando, tenían que salir, y queremos estar con los titulares y plantear en el conjunto alguna luz en el camino para esta frontera sacrificada.

EC —¿Los intendentes van a reunirse antes y van a llevar planteos en común?

PC —Sí, queremos tomar la decisión entre todos, porque cada uno tiene su realidad diferente, pero la problemática es siempre la misma. Entonces queremos juntarnos todos y con el gobierno para encontrar algún camino, alguna esperanza para revertir esto.

EC —¿Por dónde van las medidas? Por ejemplo, ¿beneficios tributarios para el comerciante de frontera?

PC —Como le dije, el contrabando se combate con precios. Acá hay una diferencia muy importante también en las tarifas públicas con respecto a Brasil, una marcada diferencia. Además Artigas influye muy poco en el producto bruto interno, y creemos que exonerando o descontando el IVA (impuesto al valor agregado) podemos ser algo más atractivos. Y con alguna otra cosita que se pueda dar creemos que podemos estar por el buen puerto.

EC —El Centro Comercial e Industrial de Artigas ha manejado un paquete de alternativas: habilitar a los comercios registrados ante DGI a realizar la devolución de hasta un 80 % del valor del IVA abonado por el turista cuando este consuma productos como prendas de vestir, artículos de cuero o punto, alimentos y bebidas o artesanías de origen nacional o extranjero; devolución del 9 % del IVA a las compras realizadas con tarjetas de crédito; reducción del cobro del Imesi (impuesto específico interno) al 24 % cuando el pago de la compra se realice mediante tarjeta de crédito… ¿Estas son las que ustedes están manejando?

PC —Esas son opciones muy importantes. El Centro Comercial tiene una fuerza importante, tiene una gran cantidad de socios –nosotros fuimos en su oportunidad integrantes de la directiva–, y creemos que por ahí comenzamos a transitar por el buen camino, al estar en contacto con todo el ámbito comercial. Creemos que es la mejor solución.

EC —Por un lado medidas de carácter tributario; por otro también se habla de las tarifas públicas, que terminan siendo otro costo fuerte a enfrentar. ¿Ustedes incluyen ese frente también en el menú?

PC —Ah, sí, sí. Como te decía, es muy importante la diferencia entre las tarifas públicas que pagan en Brasil y las que pagamos nosotros acá, creo que supera el 60 %, 70 %. Lo digo con propiedad porque tengo hijos que viven en Brasil, del otro lado, y me comentan lo que pagan de luz o agua o teléfono, hay una diferencia muy importante. Y acá la tarifa comercial incide y es más cara que la tarifa de familia.

EC —¿Hasta ahora qué medidas se han implementado con relación a estos problemas de frontera? Está la de los combustibles.

PC —Sí, está la de los combustibles, pero solamente para las naftas compradas con tarjeta. En su momento llegó a estar más barata, pero hoy ya se nota una diferencia de $ 3 en las naftas. El gasoil no entra en esa categoría y hay una marcada diferencia.

EC —Incluso con esa medida es más conveniente comprar del lado brasileño.

PC —Cuando la corrida es de toda la gente para ir a comprar a Brasil, cualquier diferencia de precio se siente. Si no compensa cruzar la frontera porque los precios están parecidos, la gente solo va cuando va por mucha cantidad de combustible, si no, no vale la pena.

EC —Entonces hasta ahora la única medida que se ha implementado en la frontera es la del precio del combustible.

PC —La única medida, y mucho tiempo después de que el litoral con Argentina lo tuviera. Demoramos unos cuantos meses en tener esa medida fiscal que favoreciese en algo a las sacrificadas estaciones de servicio de Artigas.

EC —Estamos hablando de medidas que podría adoptar el gobierno nacional. ¿Las intendencias tienen alguna herramienta?

PC —No, lamentablemente lo único que recaudan las intendencias del comercio es la contribución urbana y las patentes. Lo que la gente aporta a la Intendencia no incide en la actividad comercial.

EC —La semana pasada la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) anunció que iba a aplicar tolerancia cero al contrabando. Por ejemplo, que los controles dejarían de ser aleatorios en Chuy, Rivera, Artigas y Aceguá, donde se inspeccionaría al 100 % de los vehículos. Pero usted se reunió con el prefecto de Quaraí, Ricardo Gadret, que había pedido el encuentro porque estaba preocupado porque se instaurara la política de cero kilo, y le trasmitió tranquilidad, le dijo que esa política no estaba en un horizonte cercano. ¿Cómo es esto entonces? ¿Se aplica o no la tolerancia cero en Artigas?

PC —Sí, tenemos una relación de vecindad. Con la problemática laboral que hay acá en Artigas, si la Aduana se dedica a hacer un cero kilo va a generar una conflictividad total. La gente está muy sensible en estos momentos, fundamentalmente por el tema de trabajo, entonces creo que iba a generar un efecto contrario y muy preocupante para la frontera. Estoy seguro de que en estos momentos la Aduana no puede venir a hacer ese operativo en Artigas, porque generaría un efecto contrario.

EC —¿O sea que el anuncio después se relativiza a la hora de los hechos en algunos lugares, por ejemplo en su departamento?

PC —Acá también tenemos el río Cuareim, que es muy amplio y cubre todo el departamento. Si no pasan por el puente, van a pasar en bote, en carretilla, la mercadería va a llegar igual. Lo decimos y lo mantenemos siempre: acá el contrabando se combate con precios, es la única forma. Los medios para que llegue la mercadería de contrabando también están institucionalizados y eso afecta en parte pero no mucho.

EC —¿Cuánto está incidiendo el gran contrabando?

PC —El contrabando hormiga uno lo nota, el gran contrabando no tengo conocimiento de cómo está operando. Por la actividad que uno lleva está dedicado a las tareas de la Intendencia, de las diferentes alcaldías. Ahí no sé.

PC —Se lo pregunto porque ayer entrevistábamos al director nacional de Aduanas, Enrique Canon, y él decía que en Artigas hubo incautaciones en grandes depósitos.

PC —No, no creo que hayan sido incautaciones muy grandes. Puede ser que haya habido, no tengo conocimiento. Sé de la incautación de cuatro cajas de aceite, unos kilos de pollo y alguna cosita más, pero gran contrabando no, creo que por ahí no pasa.

EC —Usted insiste: la única solución acá es encarar los precios, incidir sobre los precios.

PC —No tenga dudas. Tuve 30 años comercio, sé que el contrabando se combate con precios acá en la frontera.

EC —Y a su vez, la única forma de rebajar los precios del lado uruguayo es con medidas que vengan del gobierno nacional.

PC —Sí, acá todo depende del gobierno nacional.

EC —No hay otro camino.

PC —No hay otro camino.

EC —Los empresarios ya no tienen margen, por ejemplo.

PC —No, y la Intendencia no tiene margen. El único margen sería un acuerdo grande con las grandes fábricas de productos nacionales, que tuviesen una exoneración que permitiera por lo menos tener la canasta básica competitiva con Brasil.

EC —¿En cuánto está el desempleo hoy en Artigas?

PC —Lamentablemente siempre tenemos el mayor índice, somos punteros en esa actividad. Hoy también las piedras, los canteristas de ágatas y amatistas, están sintiendo la falta de competitividad, a principio de este mes enviaron a más de 100 personas al seguro de paro. Creo que el índice debe andar por 20 %, 25 %.

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EC —Pablo Caram tiene 57 años e integra Alianza Nacional (AN). En mayo, en Artigas, el Partido Nacional (PN) obtuvo 23.700 votos, contra 16.900 del Frente Amplio, que llevaba como candidata a la ex intendenta Patricia Ayala. Las encuestas preveían una victoria nacionalista, pero a manos del exintendente Julio Silveira. Finalmente fue Caram, dentro del PN, quien se alzó con la victoria por más de 2.000 votos de diferencia.

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EC —Tengo algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Luis quiere saber si en su departamento y en la frontera en general solo el comercio está afectado o si también está afectada la industria.

PC —En primer lugar, le agradezco a Luis, pero industrias acá no tenemos, lamentablemente la mayor fuente de trabajo es en alguna actividad privada comercial, y después la Intendencia, Policía y el cuartel, en eso está centrada la actividad laboral en Artigas. Hay una pequeña parte en la industria tabacalera, que se ha visto resentida por las medidas, pero en general esos son los mayores generadores de fuentes de mano de obra. La piedra ha enviado bastante gente al seguro de paro, una lástima, porque son sueldos atractivos, pero hoy, por cómo están dadas las condiciones, no está operando como debería. No hay que olvidar que tenemos las mejores amatistas del mundo, se puede decir, la piedra se exporta en bruto a Brasil y ellos le hacen un valor agregado y la venden a otros mercados a precios muy superiores a los de acá.

EC —Artigas ocupa el 7 % de la superficie de nuestro país, y tiene el 2 % de la población, 73.000 habitantes.

PC —Exactamente, ese es el número correcto.

EC —Usted mencionaba recién cuáles son las principales fuentes de empleo en el departamento. ¿Cuál era el orden?

PC —La caña en Bella Unión; el arroz, que está diseminado en la zona oeste del departamento, la industria arrocera es bastante fuerte, y después la ganadería.

EC —Cuando habla de la caña, ¿se refiere específicamente a la caña de azúcar, o al complejo de ALUR?

PC —Me refiero a ALUR. En Bella Unión la caña de azúcar está toda en la zona oeste del departamento, pero el departamento es uno solo. Hay casi 10.000 hectáreas de caña de azúcar, lo que genera una actividad comercial importante, creadora de mano de obra.

EC —En Bella Unión funciona ALUR, el complejo industrial agroenergético alimentario, como se lo define, donde se producen etanol, azúcar, energía eléctrica y alimento animal. ¿Cuánto incide ALUR en la matriz de puestos de trabajo?

PC —En la zona de Bella Unión, en la zona oeste del departamento, es la mayor fuente generadora de ingresos, la más grande. Hoy la parte de plantaciones agrícolas en cuanto a hortifruticultura está resentida, pero sin lugar a dudas la caña de azúcar es la número uno en Bella Unión y como generadora de mano de obra.

EC —Hay todo un debate a propósito de la viabilidad de ALUR. Es frecuente escuchar la discusión en torno al subsidio cruzado que de hecho Ancap le realiza a esa empresa. ¿Cómo observa este asunto?

PC —Coincido totalmente con Jorge Larrañaga en que es mucho mejor subsidiar el trabajo, estamos convencidos de que el trabajo dignifica. Subsidiar el trabajo es mucho mejor para el ser humano, para que se sienta mucho mejor, más realizado. Yo me quedo con el subsidio a ALUR.

EC —La economía de Artigas se ha visto afectada por el cierre de Green Frozen (lo que fuera Calagua) y por el cierre de Calvinor. ¿En qué situación están esos dos emprendimientos?

PC —Calvinor creo que lamentablemente ya desapareció del mercado, y Green Frozen quedó con 380.000 kg en cámaras frigoríficas. Hubo un acuerdo, yo estuve en contacto con la directiva de los funcionarios, el miércoles entregan la planta y con lo que produzca la venta de lo que hay en cámara van a cobrar sus haberes. Pero hay una realidad, son 129 familias que dependían pura y exclusivamente de esa actividad en forma directa, sin contar a los que dependían en forma indirecta.

EC —¿No hay alternativa laboral?

PC —Aparentemente no, ya se dieron los últimos pasos. El empresario no quiere continuar el negocio, ya se vencieron se están por vencer los plazos en el seguro de paro a los funcionarios, en forma lenta pero segura fueron desmotivando a los funcionarios. El empresario parece que tiene la idea de realizar otro tipo de actividad.

EC —¿Otro tipo de actividad en Artigas? ¿Podría haber alternativas de empleo para quienes queden desocupados con ese mismo empresario?

PC —No, no, realizaría otra actividad comercial. En el momento no recuerdo, pero realizaría otra actividad comercial y esta gente tendría que dedicarse a ver la mejor forma de llevar sustento a su familia sin el laburo de Green Frozen.

EC —Le pregunté por Calvinor y usted dijo que ahí no hay alternativa, la planta está cerrada. Hubo un intento de reflotarla con dinero del Fondes pero el proyecto no fue viable. Ahora los exempleados estaban trabajado en un estudio junto con la Inacoop (Instituto Nacional del Cooperativismo) y la Intendencia para transformar la bodega en un proyecto turístico que incluya aguas termales. ¿Eso en qué quedó?

PC —Como Intendencia, estuvimos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la semana pasada, estuvimos con el Banco República, y nos mostramos interesados en adquirir 54 hectáreas donde está la planta de la bodega. También estuve hablando en la Facultad de Ciencias con la doctora encargada del tema de aguas termales, que a partir de esta semana realizaría unos estudios en esa zona. La Intendencia apoyaría todo ese proyecto porque es una industria sin chimeneas y sería una alternativa muy importante para hacer un tour turístico por aquella zona.

EC —Usted ha dicho que quiere darle impulso al sector minero. ¿Qué planes hay?

PC —Tuvimos la oportunidad de ir a conocer Soledad, una ciudad de 31.000 habitantes en Brasil, adonde va el 75 % de la piedra que se exporta de Artigas. Allí tienen cerca de 4.000 funcionarios en forma directa y en forma indirecta 12.000 personas trabajando. O sea que si aprovechamos el impulso de la actividad minera generaríamos mucha mano de obra, sin olvidar que la amatista de Artigas es considerada una de las mejores del mundo, muy superior a la amatista que sacan en Brasil. Por no generar mano de obra esa piedra sale en bruto y eso nos duele bastante cuando tenemos la oportunidad de generar mano de obra acá en el departamento.

EC —¿Qué habría que hacer entonces? ¿Cuáles serían los instrumentos?

PC —Acompañamos permanentemente a los canteristas y mineros de Artigas, hemos hecho gestiones en Presidencia de la República, hemos hecho gestiones en el Ministerio de Industria, y aparentemente en noviembre habría un acercamiento entre todas las partes. También hemos acompañado en la Aduana, donde la piedra de Artigas paga un ficto como si fuese diamante, paga mucho en el puerto de Montevideo también, entonces una forma de hacerla competitiva sería bajar esos cánones que se pagan.

EC —De todos modos, por lo que usted decía hoy, en este momento en particular hay un problema de competitividad de por medio.

PC —Totalmente de acuerdo, además no hay que olvidar que para exportar la piedra tenemos un flete de 620 km, eso también tiene un costo que incide en el valor de mercado. Y cuando la industria brasileña se pone a trabajar, con el combustible a menor precio y otros beneficios, cada vez nos alejamos más de ser competitivos.

EC —Usted ha dicho que pretende reducir la plantilla de la Intendencia, ha mencionado que el pago de sueldos insume más del 80 % del presupuesto. ¿Hay margen para tomar este tipo de medidas en este contexto?

PC —Es así, el rubro 0 ronda el 89 %. Lo bajamos un poco, pero creemos que hay que bajar la plantilla un poco más. Estamos viendo cómo hacerlo sin afectar los servicios esenciales de la Intendencia.

EC —O sea, usted piensa llevar a cabo esa medida.

PC —Sí, estamos en ese tema. Vemos cómo otras intendencias, como San José, Rivera, con 900 funcionarios se mueven muy bien, y nosotros queremos realizar obras, pero con ese 89 % quedamos muy acotados.

EC —¡Qué desafío, teniendo en cuenta el problema en materia de desempleo en el departamento, que hoy está agravado!

PC —Sí, es un tema muy preocupante, es permanente. A veces nos desconcentra un poco de la tarea que queremos desarrollar, las solicitudes de trabajo nos desconcentran de aquello para lo que realmente nos pusieron, que es administrar el departamento.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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