Foto: En Perspectiva

A la segunda reunión de los Encuentros por Seguridad en Torre Ejecutiva, los blancos llegaron con un documento con más de 20 medidas para proponer y reclamaron que en las reuniones se hiciera presente el ministro Carlos Negro.

Los nacionalistas consideraban que el diálogo tenía que arrojar medidas concretas que dieran respuesta inmediata a los problemas de seguridad, pero el plan que impulsaba el gobierno estaba concebido con otros plazos.

El jueves pasado, cuando finalmente se hizo la presentación oficial, las autoridades enfatizan que el Plan Nacional de Seguridad Pública no es una lista de medidas como era costumbre en administraciones anteriores sino una nueva forma de gestionar esta materia, que va más allá del Ministerio del Interior y que plantea políticas basadas en evidencia. 

“Nada está escrito en piedra”, dijo el ministro Negro, porque, según explicó, se irá evaluando y modificando, aprendiendo de lo que se hace.

Luego de la divulgación del documento las primeras reacciones de la oposición fueron de rechazo.

Pero ahora que ya pasaron unos días, ¿qué análisis realizaron de la propuesta? ¿Contempla algunas de las iniciativas de la oposición? ¿De qué manera incidirán en el monitoreo que el propio gobierno impulsa?

Profundizamos en la perspectiva que tiene la oposición sobre el plan de seguridad del gobierno, Emiliano Cotelo conversó con el ex ministro del Interior, Dr. Nicolás Martinelli.

Nicolás Martinelli

• Ex Ministro del Interior (noviembre 2023-marzo 2025)
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar)
• Senador suplente por el Partido Nacional

La entrada Plan Nacional de Seguridad Pública: Que “reconozcan que se basa en continuar políticas del gobierno pasado es el camino para empezar a trabajar una política de Estado”, dice Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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El gobierno dice que el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó el jueves pasado “es una estrategia de Estado que no solo enfrenta el delito, sino que introduce una nueva forma de intervenir: más presencia donde hoy hay violencia, más prevención para evitar que ocurra y más inteligencia para anticiparse.”

Según enfatizó el ministro del Interior, Carlos Negro, esta forma de trabajo permitirá pasar “de respuestas fragmentadas y de corto plazo a una estrategia basada en evidencia, con acciones concretas y posibles de ser evaluadas.”

“No es una propuesta integral paralizadora, donde se le da espacio a múltiples instituciones para que después no pase nada, sino al revés; es una apuesta de acción de trabajo encabezada por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior y el resto del Estado, nos encolumnamos detrás de esto".

El plan está organizado en siete ejes temáticos: homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de armas de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y sistema de prevención del delito y la violencia.

Y luego prevé 79 acciones y más de 130 medidas, algunas ya en ejecución y otras pensadas a mediano y largo plazo. Entre las medidas figuran, por ejemplo, la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. También se prevé mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado para reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción”.

Negro subrayó que la mayoría de las iniciativas no requerirá leyes nuevas. Según indicó, sólo seis o siete propuestas deberán pasar por el Parlamento.

El ministro resaltó que el documento fue elaborado a partir de un diagnóstico técnico y de un proceso de diálogo, que comenzó a mediados del año pasado, en el que participaron partidos políticos, sindicatos, empresarios y academia. Sin embargo, ese trabajo es cuestionado por la oposición que sostiene que si bien asistió a las reuniones no tuvo devoluciones sobre sus planteos. Además, blancos, colorados y el Partido Independiente consideran que gobierno siguió ese camino porque el Frente Amplio llegó al poder sin tener una estrategia definida en este asunto, que es el de mayor preocupación para los uruguayos.

Entonces, ¿qué aporta de nuevo este plan? ¿Por qué se dice que no es solo un conjunto de medidas? ¿Cuándo se verán sus resultados? 

Emiliano Cotelo conversó con el coordinador del PNSP, Emiliano Rojido, sociólogo, doctor en Políticas Públicas y asesor del Ministerio del Interior.

Emiliano Rojido

• Coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública
• Doctor en Políticas Públicas (Universidad de Río de Janeiro)
• Licenciado en Sociología (Udelar)
• Autor de varias publicaciones sobre violencia, seguridad pública y criminología

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La Tertulia de los Lunes con
Gonzalo Baroni, Matías Bordaberry,
Juan Erosa y Elisa Lieber

El gobierno presentó el jueves pasado el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) “Uruguay más seguro”, previsto para aplicarse en el período 2025 – 2035.

El ministro del Interior, Carlos Negro, lo definió como “una nueva forma” de gestionar esta materia en nuestro país:

"Ustedes van a ver que está expresamente previsto que este sea un plan monitoreable y evaluable. Es lo que distingue a este plan de lo que nos tenían acostumbrados otrora, a lo que llamábamos nosotros una lista de medidas que a menudo consistían en proyectos de reforma o de proyectos de ley, que a menudo también giraban en torno al aumento de penas o a la creación de delitos o incluso, a cambiarle el nombre a delitos que ya existían. Nosotros queremos salir de esa dinámica porque sabemos que esa fórmula fracasó."

Con este plan, según explicaron las autoridades, se busca establecer un “modelo uruguayo” en seguridad pública. 

Su elaboración insumió (nueve) meses de trabajo, incluyó reuniones con partidos políticos, instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, y se nutrió de aportes ciudadanos y de organismos internacionales.  

El documento de 340 páginas establece 7 ejes prioritarios de trabajo: homicidios, violencia de género, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia y sistema de prevención del delito y la violencia. 

El PNSP incluye más de 130 medidas, algunas que ya están en marcha y otras planificadas a mediano y largo plazo; también se preve cambios en la normativa vigente que requieren aprobación parlamentaria. 

En el texto se aclara que “no es un catálogo de promesas ni un conjunto de medidas sueltas” sino “un instrumento estratégico de política pública para ordenar la acción del Estado.” En esa línea, se plantea un alcance de 10 años porque se procura “construir una política pública de largo plazo, capaz de trascender gobiernos y ciclos electorales”.

Entre las medidas, el documento incluye la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Por otro lado, también plantea mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado. Esta acción – se aclara- está orientada a reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción, mediante la combinación de decisión judicial, tratamiento supervisado y control de cumplimiento (…) Su contribución central es romper el ciclo entre consumo problemático y reiteración delictiva, al tiempo que alivia la carga del sistema de justicia penal, permitiendo una asignación más eficaz de recursos judiciales y policiales hacia la persecución de mercados ilegales de mayor daño”.

El mismo día de la presentación la oposición reaccionó ante los anuncios. “La montaña parió un ratón” fue una frase repetida por dirigentes opositores como el senador colorado Andrés Ojeda o el diputado blanco Pablo Abdala. 

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado escribió en sus redes sociales: “No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron. Muchos titulares y pocas medidas concretas”. Y agregó: “Además de llegar tarde, el plan se queda corto". 

En cambio, Guido Manini Ríos fue el único dirigente opositor que asistió a la reunión convocada por el ministro Negro para esa misma tarde a efectos de presentar el PNSP a los partidos políticos. El líder de Cabidlo Abierto recibió el documento y se comprometió a estudiarlo y responder.

¿Cómo vieron los contertulios la divulgación del PNSP, su contenido y las repercusiones que tuvo?

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Foto: adhocFotos

El gobierno dio a conocer ayer su Plan Nacional de Seguridad Pública, bajo el nombre “Uruguay más seguro”, una estrategia para el período 2025-2035 que incluye 79 acciones y más de 130 medidas. La presentación estuvo encabezada por el presidente Yamandú Orsi, junto al ministro del Interior, Carlos Negro, y al director de la Policía Nacional, José Azambuya.

En conferencia de prensa, luego de encabezar un Consejo de Ministros en la Sociedad Criolla Elías Regules, Orsi dijo que el plan no parte de cero y que recoge años de trabajo y acumulación de la Policía.

“No es una propuesta integral paralizadora, donde se da espacio a múltiples instituciones para que después no pase nada, sino al revés: es una puesta de acción, de trabajo, encabezada por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior, y el resto del Estado nos encolumnamos detrás de esto”.

El presidente enfatizó que la estrategia prevé articulación con ministerios como Desarrollo Social, Salud, Defensa y Transporte, además de organismos públicos, Fiscalía, el Poder Judicial y también empresas de seguridad privada. Agregó que se trata de un plan abierto, que podrá ajustarse y complementarse en el futuro.

Por su parte, el ministro Carlos Negro sostuvo que desde el 1 de marxo del año pasado el gobierno trabajó en “dos velocidades”: por un lado, atendiendo las urgencias en materia de seguridad y, por otro, diseñando una política pública de mediano y largo plazo.

El ministro resaltó que el documento fue elaborado a partir de un diagnóstico técnico y de un proceso de diálogo en el que participaron partidos políticos, sindicatos, empresarios y academia, y detalló que está organizado en siete ejes temáticos: homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de armas de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y sistema de prevención del delito y la violencia.

Entre las medidas, el documento incluye la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. 

Por otro lado, también plantea mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado. Esta acción – se aclara- está orientada a reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción, mediante la combinación de decisión judicial, tratamiento supervisado y control de cumplimiento (…) Su contribución central es romper el ciclo entre consumo problemático y reiteración delictiva, al tiempo que alivia la carga del sistema de justicia penal, permitiendo una asignación más eficaz de recursos judiciales y policiales hacia la persecución de mercados ilegales de mayor daño”.

Negro subrayó que la mayoría de las iniciativas no requerirá leyes nuevas. Según indicó, sólo seis o siete propuestas deberán pasar por el Parlamento.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, del sector MPP.

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El Partido Nacional (PN) presentó el documento que entregará al Ministerio del Interior con distintas propuestas para mejorar la seguridad pública, mientras esa cartera desarrolla el Diálogo Social para elaborar un plan que comenzará a aplicar el año que viene.

Luego de la reunión del lunes, el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, volvió a cuestionar “la poca importancia política” que —según dijo— la cartera dio a ese ámbito, pero remarcó que la seguridad ciudadana es el principal problema del país y que por esa razón el PN “no puede estar ajeno”.

En su documento, el PN plantea, entre otras medidas:

• la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada especialmente a algunos homicidios;
• la creación de la figura “anti-mafia” para combatir a las organizaciones criminales con fuerte aumento de las penas;
• el combate al fentanilo con penas de 8 a 15 años;
• prohibir los celulares en las cárceles, a partir de tipificarlo como delito;
• habilitar el allanamiento de bocas sólo por la denuncia policial como autorización expresa para el allanamiento;
• la prohibición de pernoctar en espacios públicos con sanción de trabajos comunitarios;
• establecer límites a la Fiscalía para la finalización de una investigación a partir de cambios al Código del Proceso Penal;
• la deportación de Delincuentes Extranjeros por delitos graves;
• modificar la ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género como el proyecto de ley presentado en el gobierno pasado;
• y combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo y los grafitis a partir de lo que antes era considerada “la ley de vagancia”.

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¿Qué visión tiene la oposición sobre la gestión del gobierno en seguridad pública? Conversamos En Perspectiva con el Dr. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior entre noviembre de 2023 y febrero de 2025.

En los últimos 15 días el gobierno de Yamandú Orsi se ha mostrado muy activo en temas importantes vinculados con la seguridad pública.

El jueves pasado el Poder Ejecutivo presentó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que define un plan de acción para el período 2025-2030.

Una semana antes, el 29 de julio, una delegación del gobierno compareció en comisión del Parlamento para responder preguntas de la oposición sobre el decreto por el cual se creó el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.

Y el lunes previo, el Ministerio del Interior puso en marcha los Encuentros por Seguridad, la segunda fase del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, que se aplicará desde marzo del año próximo en adelante.

Sobre estos temas hemos entrevistado a voceros del gobierno, entre ellos al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el asesor del Ministerio del Interior, Emiliano Rojido.

Mientras tanto, ¿qué dice sobre estos temas la oposición?

En la entrevista central de hoy recibimos al Dr. Nicolás Martinelli, senador suplente por el Partido Nacional, ex ministro del Interior entre noviembre de 2023 y febrero de 2025.

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El gobierno del presidente Yamandú Orsi lanzó ayer los Encuentros por Seguridad. Este ciclo de mesas de diálogo procura sentar las bases para un Plan Nacional de Seguridad Pública que, según lo previsto, comenzará a implementarse en 2026. Conversamos En Perspectiva sobre este proceso y su alcance con Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior, que estuvo al frente de la preparación de esta iniciativa y ha participado activamente en su presentación.

“Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido, para el país todo”.

La frase pertenece al ministro del Interior, Carlos Negro.

La dijo ayer, durante el lanzamiento de los Encuentros Por Seguridad, que funcionarán entre julio y diciembre, y serán un espacio amplio de diálogo político y social para validar el diagnóstico, identificar prioridades y proponer intervenciones.

De todos modos, se aclaró: no es un “ámbito de cogobierno”. “Las decisiones las va a tomar el gobierno, pero de manera sensible, con los aportes relevantes con los que podemos contar”.

El objetivo es ambicioso: definir nuevas medidas y acciones concretas para abordar la principal preocupación de los uruguayos en las últimas décadas. Se busca un "modelo uruguayo de seguridad pública", no pensado para un gobierno específico, sino con visión de Estado y a largo plazo.

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La Tertulia de los Jueves con
Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Eleonora Navatta y Daniel Supervielle

El Ministerio del Interior inició este miércoles una ronda de consultas con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, con el objetivo de diseñar un Plan Nacional de Seguridad Pública que comenzará a aplicarse en 2026. El proceso también incluirá a organizaciones sociales.

El ministro Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde recibieron al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado; al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; y a Iván Posada, por el Partido Independiente.

Negro agradeció la disposición de los líderes partidarios a participar en este diálogo, en un momento en que nadie cuenta con mayorías propias en el Parlamento.

“Eso demuestra que la seguridad es un tema estructural que nos preocupa a todos, que nadie ha resuelto por separado, y que, como hemos dicho, es momento de empezar a construir juntos, a ver si por fin tenemos resultados evaluables y positivos en la gestión, en esta y en las que vienen”.

Críticas al Plan Nacional de Seguridad Pública para 2026

Ante las críticas por el hecho de que el nuevo plan se aplicará recién el próximo año, el ministro aclaró que eso no implica desatender la coyuntura, y destacó el trabajo policial que está en marcha.

Negro explicó que se busca elaborar un programa con visión de mediano y largo plazo, con aportes de todos los partidos y también de organizaciones de la sociedad civil. Adelantó que el lunes 28 se presentará públicamente un diagnóstico de situación, como parte de la primera etapa del plan.

Ese día, según informó el matutino la diaria, el Ministerio iniciará un proceso de diálogo con más de cien organizaciones sociales vinculadas al tema, además de los partidos políticos. Se instalarán 30 mesas de trabajo -en una de ellas estarán los partidos-, con el objetivo de terminar el proceso a fin de año y definir políticas concretas para implementar a parti de 2026.

Negro indicó que las medidas que surjan de este proceso serán financiadas mediante futuras rendiciones de cuentas, ya que no llegarán a tiempo para ser incluidas en la Ley de Presupuesto de este año, que debe presentarse en agosto.

Desde la oposición, en tanto, se valoró la convocatoria del gobierno, aunque se señaló que, más allá de este proceso liderado por el Ministerio del Interior, es necesario actuar ahora mismo frente a los problemas más urgentes, como los homicidios.

Por esa línea fue Ojeada en sus declaraciones al término del encuentro:

“Es de alta preocupación que nos tomemos un año para armar un plan, de parte de un partido político que decía estar listo para entrar y jugar. Si vos mira esto, tenés la actitud actual de continuar lo del gobierno anterior y un año para armar el plan para después. Esto evidencia que no está claro el qué, cuándo y por dónde, que es lo que más nos preocupa”.

También se refirió a los modelos de seguridad de la región:

"Emiliano Rojido, quién lideró la conversación, dice que tenemos que hacer el modelo alternativo a Bukele, que parecería ser algo que el ministerio ve con malos ojos. Si bien capaz que no estoy 100% de acuerdo con el modelo Bukele, me parece que uno no tiene que desterrar o enemistarse con cuestiones que han tenido relativo éxito y capaz que hay cosas que están buenas para adoptar".

¿Qué expectativas genera este intento de construir un plan nacional de seguridad con respaldo multipartidario y participación social? ¿Es razonable que el nuevo plan comience a aplicarse a mediados de 2026, cuando queden menos de cuatro años de gobierno? ¿Puede este proceso sentar las bases para una política de Estado en seguridad pública, o quedará condicionado por las diferencias partidarias y los tiempos electorales?

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A comienzos de este mes, el Ministerio del Interior presentó el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), que busca ser un referente en el análisis estadístico y criminológico.

La unidad, tiene como misión “producir, analizar y difundir información estadística y criminológica precisa y confiable, mediante metodologías científicas rigurosas, para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y la orientación en la toma de decisiones estratégicas en seguridad pública”.

Este lunes, se presentó el primer boletín semestral de estadísticas criminales del año 2025 y además, un informe temático sobre “Estafas en Uruguay”, donde se informa sobre la evolución, las características y los desafíos culturales que presentan este tipo de delitos.

Lo novedoso de este boletín es que arroja resultados basados en una metodología diferente a la anterior, que incorpora otros indicadores a la lista de los delitos que se venían presentando hasta ahora.

Los números muestran una reducción en la mayoría de los crímenes, cierta estabilidad en algunos casos y un aumento exponencial en cuanto a las estafas.

Profundizamos En Perspectiva sobre esta noticia con el Dr. Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada.

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