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EN PERSPECTIVA
Lunes 05.10.2015, hora 8.18

EMILIANO COTELO (EC) —El Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente) sigue estando en el centro de la polémica.

Al procesamiento de 26 funcionarios debido al incidente en el Ceprili (Centro de Privación de Libertad), en julio de este año, le siguió la renuncia de dos de los directores del Sirpa y luego un nuevo episodio de abuso hacia internos protagonizado esa vez por la Guardia Republicana, que aún está siendo investigado por la justicia. Además de varios casos de fuga e intentos de motín de los jóvenes a cargo de la institución.

Las últimas novedades, sin embargo, apuntan a la gestión anterior del Sirpa. A partir de una denuncia, la justicia de Crimen Organizado está indagando la forma en que ingresaron varios de los funcionarios. Según publicó el semanario Brecha el viernes 25 de setiembre, mientras fue presidente Ruben Villaverde fueron incorporadas 79 personas que tenían vínculos familiares con jerarcas del organismo.

Pero ese no es el único frente que tienen abierto las autoridades que estuvieron a cargo del Sirpa en el gobierno de José Mujica. El juzgado también investiga las obras que se realizaron en hogares del Sirpa en ese período, y que, según las nuevas autoridades, ya presentan señales de deterioro.

¿Cómo responde Ruben Villaverde a estas acusaciones?

Vamos a conversarlo con Ruben Villaverde, técnico en Relaciones Laborales, ex director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y ex integrante de las tertulias de En Perspectiva hasta su nombramiento en el Sirpa, en abril de 2012.

RUBEN VILLAVERDE (RV) —Hay un programa, creo que en Estados Unidos, de esos para latinos, en el que aparece una mujer presentadora que dice: “¡Y que pase el desgraciado!”.

EC —¿Se considera “el desgraciado”?

RV —Sí, claro, pronto para la interpelación. ¡Adelante!

EC —Hay varios temas arriba de la mesa. Supongo que los conoce de cerca. En primer lugar quiero pedirle una consideración general. ¿Cómo analiza este revisionismo que se ha instalado con respecto a su gestión?

RV —Supongo que el revisionismo va a permitir destacar lo que fue una gestión diferente. Yo asumí ahí enfrente [en la Torre Ejecutiva], el 12 de abril de 2012, en el Sirpa, cuando se crea el Sirpa. Ya había arrancado el gobierno de Mujica dos años antes. El día que asumí pude pronunciar un discurso, cosa que no pude hacer el día que me fui porque no me dejaron.

EC —¿No lo dejaron hacer un discurso?

RV —No. Yo salí el 20 de mayo de 2015, y el 19 de mayo de 2015 me llamó la presidenta del INAU, Marisa Lindner, quien estaba como muy afectada, pero lo hizo personalmente –es una mujer con quien tuve un trato muy muy bueno– para decirme que lamentablemente, por razones que no me podía señalar, yo no iba a poder dar unas palabras de saludo al personal ni de bienvenida a las nuevas autoridades…

EC —¿Esa disposición de quién era? ¿De la nueva presidenta, Gabriela Fulco?

RV —No lo sé, tampoco le pregunté. … Y que no iba a poder estar sentado en la mesa junto con la ministra Arismendi y las nuevas autoridades del Sirpa, en ese momento Fulco, Bellomo, Noya; de esas tres personas solamente queda Fulco.

El 12 de abril del 2012, cuando asumí, en el discurso de presentación terminé planteando un concepto que era: llegó la hora de empezar a escribir las páginas de la educación y el trabajo en lugar de las páginas de los motines y las fugas. Básicamente ese fue el concepto trasmitido el día de inicio de tareas y esa fue la inflexión que le dimos a la función.

No me encargué de mirar para atrás, en ese momento me paré mirando hacia delante, con una referencia que era el pasado. En los 20 años anteriores a mi gestión se habían producido –está registrado– 15.250 fugas. En el mundo no existe algo similar, en sistemas para mayores, para menores, para el que sea. No existe en 20 años 15.250 fugas. Por eso tiene tan mala opinión entre la población, en general se dice “el INAU”, pero póngale el nombre que quiera, Sirpa, Inter, Semeji.

EC —Usted da esta respuesta cuando yo le pregunté cómo veía todo este proceso de revisionismo. ¿Por qué se fue al discurso que hizo cuando asumió?

RV —Porque hay que tener un punto de partida. Y supongo que el revisionismo va a dar que la gestión que tuvo la primera Comisión Delegada (Villaverde; el maestro Alonso, quien luego falleció, y José María Mieres por el Partido Nacional; luego Jorge Gago en lugar de Alonso y Carlos Manzor en lugar de Mieres por el Partido Nacional) cumplió con lo que prometió. Apareció la educación, nosotros recibimos 28 exámenes rendidos –claro, no había presos, se escapaban– y entregamos a las nuevas autoridades 2.500 exámenes, y faltaba por avanzar en materia de educación. Recibimos que nadie trabajaba –¿a quién le iba a interesar trabajar si era un boleto escaparse?–, sin embargo entregamos más de 400 posiciones de trabajo en los tres años y un formato de acuerdo con sindicatos, empresas, el propio sector público, que permite un horizonte diferente. Tanto que se redujo sensiblemente la reincidencia. Prácticamente la totalidad reincidía, y la entregamos en un 23 %. Por lo tanto el revisionismo, bienvenido.

EC —No, no me parece que le resulte bienvenido…

RV —Ah, no. [Se ríe.] Bueno, pero…

EC —…Por las primeras palabras que dijo hoy cuando empezó la entrevista…

RV —Y menos mal que la audiencia no escuchó las que dije antes de empezar la entrevista, que son exactamente lo contrario de lo que acabo de decir. Pero sí, me la tengo que fumar, ¿qué querés que le haga? [Se ríe.] Meten una denuncia en Crimen Organizado… Todo aquel que lee eso… no sé, me imagino en el edificio… Yo vivo en un edificio de 55 apartamentos, hay 54 que deben de estar temblando de tener un vecino investigado en Crimen Organizado. ¡Temblaron!

EC —La justicia de Crimen Organizado está investigando una denuncia presentada por un exfuncionario que abarca dos aspectos de su administración: ingresos de empleados y calidad y forma de contratación de obras. ¿Ya tuvo que declarar?

RV —No, no, no. No, no.

EC —¿No fue citado?

RV —No, tampoco. Estoy esperando que aparezca un policía –que es una cosa un poco desagradable para los que no somos delincuentes– y me golpee la puerta. Los 54 vecinos están esperando ese momento –porque tiene su costado cholulo la cosa–, veamos cuándo viene la policía a llevarse esposado a Villaverde. Estoy esperando. Hasta ahora lo único que tengo son sueltos en los medios de comunicación. Ni siquiera sé quién es el denunciante. ¿Usted sabe quién es?

EC —Sí, algo de información hemos logrado juntar a los efectos [de la preparación de esta nota].

RV —Ah, avíseme si llega a saber quién es, porque…

EC —No creo que no sepa [quién es]…

RV —¡Pero es que no tengo información real! No tengo acceso al dato de quién fue que me denunció. Lo que tengo son oídas, pero me gustaría conocer el pedigrí del individuo.

***

EC —Hace un par de semanas el semanario Brecha publicó que en el Sirpa hay al menos 114 funcionarios que ingresaron por sus vínculos familiares con autoridades, directores, subdirectores, gerentes o funcionarios. Se señala además que la mayor parte de esos ingresos, 79, habrían ocurrido en la administración anterior, cuando usted la encabezaba. Así que, primero, y sin entrar a ver casos particulares, ¿alguna consideración general?

RV —¿Sin entrar en casos particulares? Esa nota está encabezada: “No se salvó ni el presidente Villaverde, quien habría llevado a su cuñada”.

EC —Bueno, hablemos en todo caso en primer lugar de esa situación en particular.

RV —Tengo un hermano, Jorge Villaverde, que no está en pareja en este momento, yo no tengo cuñada por mi hermano. Estoy casado, mi señora tiene dos hermanos varones, y no contraté a los hermanos de mi señora, mis cuñados no entraron. Ellos están y han estado casados, el hermano mayor está casado con Silvia Bonifás, que trabaja en la Intendencia de Montevideo, no vino a trabajar al Sirpa, y el hermano menor, con Giovanna Pina, quien tampoco entró al Sirpa. Adriana Pronzatti…

EC —Ese es el nombre que se maneja en la nota de Brecha y en la denuncia.

RV —Exactamente… Adriana Pronzatti ingresó como asesora mía. Yo tenía como presidente del Sirpa la posibilidad de contratar a dos personas. Y llevé una para el área de Seguridad, por sugerencia del Ministerio del Interior, Elena Rodríguez, que trabajaba junto con el asesor José González. Y para un área que armé, de Comunicación y Convenio con las Empresas, la señora Adriana Pronzatti.

La señora Pronzatti estuvo casada con mi cuñado hace 23 años y se separó de él hace unos 10 y se divorció hará unos ocho años. Y la verdad es que no fue por razones familiares, porque en todo caso los que no quedaron muy contentos fueron mis familiares por esa decisión. Esto parece Intrusos en el espectáculo, pero hay algunas decisiones que no son muy comprendidas en la familia. Yo llevé a esta persona por sus competencias en el medio empresarial. Es socia fundadora de la empresa AMEC, una empresa muy grande y muy reconocida en nuestro medio. Ella vendió hace muchos años a su hermana, Lisa Pronzatti, su mitad en la empresa y quedó haciendo otras cosas.

Un buen día yo aparezco en el Sirpa y el principal elemento que queríamos distinguir en la gestión era educación y el trabajo. Para los temas de educación estaba el maestro Robert Alonso, para los temas del trabajo estaba yo, no precisaba ningún asesoramiento para vincularme con el PIT-CNT, de hecho tuve un apoyo fenomenal de la central sindical, pero sí lo necesitaba para el medio empresarial. Y fue esta persona la que me generó un vínculo estupendo. Además en materia de comunicación hizo cosas muy interesantes, como una revista de la que salieron seis números –seguramente algunas vieron ustedes en su momento–. Esa fue la tarea que cumplió conmigo.

EC —No fue designada por concurso.

RV —Es que el presidente puede designar dos personas. Tampoco designé a la persona que me asesoraba en seguridad, Elena Rodríguez.

EC —Se lo pregunto porque la nota destaca que el ingreso de Pronzatti figura con la misma fecha, 1.º de diciembre de 2012, en la que un grupo de funcionarios ganaron el único llamado que se abrió durante su administración.

RV —¿1.º de diciembre del 2012?

EC —Sí.

RV —Puede ser que haya coincidido la fecha en la que tuve habilitado el mecanismo para nombrar a los asesores. Será esa la fecha, pero no tiene nada que ver, porque cualquier cargo de gobierno tiene la posibilidad; en otros organismos son cinco las personas que se pueden llevar, yo tenía la posibilidad de llevar a dos personas de mi confianza para trabajar conmigo. Una de esas posiciones fue esa, pero no es mi cuñada.

EC —Sigamos. En el listado que publicó Brecha aparecen varios casos llamativos. Uno de ellos involucra a quien entonces era el representante de la oposición en la comisión delegada del Sirpa, Carlos Manzor (Partido Nacional). Mientras estaba en el cargo ingresaron a trabajar en la institución tanto su hija como su nuera. ¿Qué sabe sobre esas incorporaciones? ¿Cómo se dieron?

RV —El director Manzor tenía la misma posibilidad que tenía yo de llevar a dos personas de su confianza. Y no hay nada sobre qué personas puede llevar. Puede llevar a su madre, a la abuela, al tío, al primo… Llevó a las personas que llevó y punto, sí. Es facultad del director llevar a dos personas de su confianza.

EC —¿Se discutió en el directorio?

RV —Yo no puse en discusión quién me iba a asesorar en materia de seguridad, ni puse en discusión quién me iba a asesorar en el vínculo con los empresarios para conseguir puestos de trabajo para los internos. Por lo tanto un día Manzor me dijo: “Estos son mis nombres para trabajar conmigo”. Me di cuenta de que algún parentesco había porque se repetía el apellido; en el otro caso no tenía la más pálida idea –me vengo a enterar ahora– de que había otro vínculo familiar. Pero delito no hay ninguno.

EC —De todos modos, los casos más impactantes refieren a dirigentes sindicales de la lista mayoritaria (la lista 10) cuyos familiares ingresaron a trabajar en el Sirpa. Por citar algún ejemplo, la nota de Brecha apunta al director del programa de Seguridad –vamos a no dar el nombre–. Trabajan en el Sirpa seis hermanos, dos cuñados y su concubina; nueve personas en total, la mitad de las cuales entraron siendo usted el presidente del Sirpa. Y hay varios casos más similares a este. ¿Qué explicaciones tiene para dar sobre estas situaciones?

RV —Yo hice un llamado a concurso para que entraran 300 educadores, al inicio de la gestión. Presentaron interés en participar en el concurso más de 3.000 personas, trajeron su carpeta más de 1.000, y entre las más de 1.000 personas se hizo una selección de 300. Si alguno piensa que yo sabía quiénes eran los 3.000 interesados en venir a trabajar al Sirpa, lo voy a decepcionar. No. En ese momento teníamos una gerenta general y un par de directores de programa y se compusieron los tribunales. Bastante tiempo después me enteré de que algunos eran familiares. Recibí la objeción en el Parlamento, en una convocatoria en el año 2013. Allí apareció el tema y existió alguna crítica sobre ese concurso. Y hubo una nota, también en Brecha, por el ingreso de la esposa de un dirigente sindical.

En el concurso no estaban impedidos de entrar los familiares. De hecho, ya que vamos por la transparencia y me parece bien, revisemos en absolutamente todas las dependencias del Estado la cantidad de familiares que han ingresado en los distintos concursos. No sé si hay alguna dependencia del Estado en la que los familiares… Ahora, ¿necesariamente lo hicieron con malas artes? Yo no puedo saber si hubo algún fallo en los tribunales. Cuando revisamos las cosas porque en el Parlamento hubo esa objeción, no aparecieron elementos que nos hicieran pensar que había habido un mal manejo de las situaciones.

EC —Pero es sugestivo esto de que de una persona terminen ingresando seis hermanos, dos hermanos y su concubina.

RV —Sí, pero es un proceso bastante más largo que mi gestión. Había familiares que ya estaban de antes y aparentemente en mi gestión, sí, ingresó alguno más. Y lo de la concubina… es una relación que tiene, si no me equivoco, un año, un año y poco. Sí, el tipo se enganchó con una funcionaria de la institución, pero la mujer no entró a la institución a partir… Se entrevera un poco la baraja. Yo no voy a andar negando que haya sucedido algo de eso, pero el director de seguridad del que estamos hablando no lo registro en la directiva del sindicato. Tal vez sea un votante, tal vez sea cercano a la actual conducción del sindicato, pero desde que yo lo conozco, mediados del 2011, no lo registro en la directiva del sindicato.

EC —Según el resumen que publica Brecha, al menos 18 familiares de sindicalistas y directores accedieron a un cargo en esa instancia, cuando –en algunos casos– sus propios allegados integraban el tribunal. O sea que incluso hubo ingreso de familiares de los integrantes del tribunal.

RV —Eso surgió en el Parlamento en el año 2013. Se compusieron varios tribunales y lo que en su momento me informó el área de Recursos Humanos, que era la que llevaba adelante el control de eso, fue que los familiares no concursaron delante de su pariente, sino que fueron a otro tribunal. Tengo entendido que eso fue así.

EC —¿No debió haberse incluido normas en el llamado que impidiesen este tipo de situaciones? ¿Por qué no se lo hizo?

RV —Precisábamos incorporar 300 personas para que no se escaparan los gurises. La verdad es que en ningún momento se me ocurrió decir “y queda prohibido que ingresen familiares”, entre otras cosas porque no está prohibido en el Estado que los familiares de personas que trabajan accedan a un concurso. Esto nos llevó –está registrado en el trabajo administrativo– a pedir una lista de todos los vínculos familiares que existían en los distintos centros, para que una persona que tenía un hermano o un cuñado trabajando en el mismo centro fuera separada. Si estaba en el centro A, uno queda en el A y el otro pasa al B, y así sucesivamente. Ese trabajo se hizo a lo largo del año 2013 para evitar cualquier tipo de ulterioridad por el vínculo familiar. Pero no hay una prohibición en el Estado, en ningún organismo, de trabajar los familiares.

EC —Una de las sospechas que están detrás de estas noticias es que hubiese algún tipo de “acuerdo” entre la dirección del Sirpa y los sindicalistas, en particular con la lista 10, la lista mayoritaria.

RV —Sí, muchas veces se dijo eso…

EC —Se dijo eso como explicación incluso de la caída abrupta en la cantidad de fugas.

RV —Sí, sí. Yo sería algo así como un gran estúpido, incapaz de dirigir absolutamente nada, que solo mediante “malas artes” puedo lograr un buen resultado. Mire, me he fumado en estos últimos cuatro meses cualquier clase de disparate. Entre otros, tuve que ir a la bancada del MPP, antes de la interpelación a Marina Arismendi, a explicar precisamente esto. Y a los compañeros del Espacio 609, bancada del MPP, entre otras cosas, les dije: “¿Alguno se piensa que por connivencia con el sindicato se redujeron las fugas y los motines?”. Como se hizo silencio, nadie me dijo ni que sí ni que no, por las dudas, seguí explicando. Logramos reducir las fugas y los motines con medidas bastante elementales. Una, dotamos de personal a los centros, había turnos para atender 30 y 40 gurises de dos personas. Tuve que hacer un acuerdo por un concepto cuya existencia desconocía, el de horas a compensar. Gente que de repente estaba dos y tres días consecutivos en el mismo lugar de trabajo porque no había quien la relevara. ¡Era un caos total la institución! Ni le cuento tener que administrar edificios con más de 100 años de antigüedad. Y yo no me quejé, no salí a decir “¡uy, esta casita parece de azúcar!”.

EC —Esa es una alusión a la nueva directora, Gabriela Fulco.

RV —No; no lo dijo ella.

EC —Pero ella se ha quejado de la mala calidad de algunos de los edificios nuevos.

RV —El término no le corresponde a Fulco. Yo no me quejé, porque, primero que nada, yo me considero frenteamplista, y un frenteamplista que tiene el honor de integrar el gobierno tiene que bancar lo que sea. Si no, que no acepte. Si no tiene temperamento para aguantar condiciones difíciles, que no acepte. ¿Qué hice? En mis estudios –en los que no están precisamente los de la criminología y otras yerbas– fui un estudioso de sociología de las organizaciones y tuve la suerte de tener a José Arocena de profesor. Y si algo me dediqué a mirar para ver qué podía hacer, porque me habían puesto en un lugar que supuestamente era o la tumba de los cracks o el lugar donde fracasaban todos los fenómenos…

EC —No tenía muchas alternativas.

RV —No tenía mucha alternativa. Entonces ¿qué hay que hacer cuando a uno lo paran en un lugar tan complicado? Ver la historia de la organización, ver el entramado, cómo funcionan las redes de poder. Porque el sambenito de “la culpa la tienen los empleados, que son todos corruptos” a mí no me cierra. Tiene que haber alguna responsabilidad de los distintos gobiernos. ¿Cómo puede ser que sistemáticamente hayan aparecido personas que luego desaparecieron diciendo “todo esto es corrupto, todo esto es inmanejable, esto es una mafia” y todos esos términos a los que nos acostumbramos? ¿Cómo puede ser que haya habido 15.250 fugas, y el día que aparece un tipo que termina con las fugas [risas] le meten una denuncia en Crimen Organizado? Es una cosa absolutamente de locos. Desde ya adelanto: no me llevé un peso, ni siquiera me comí el asado del final de obra. ¿Sabe por qué? Porque la obra no terminó.

EC —Enseguida hablamos de eso. Estaba explicando de qué forma logró la reducción de las fugas.

RV —A los compañeros de la 609 lo que les dije fue: “Muchachos, a mí me apoyó el Ministerio del Interior: donde habían sacado perimetrales, decisión de las administraciones, ¡puse perimetrales!”

EC —¿Qué son los perimetrales?

RV —Un alambrado de 4, 5, 6 metros de altura, y […] arriba para que no se fueran por el campo de la Colonia Berro. Además, en cada esquina del centro, una caseta policial, con un milico arriba, en cada posición. Hay custodia del Ministerio del Interior. Entonces los que durante tiempo dijeron que yo era un inepto probablemente tuvieran razón; inepto y todo, pusimos perimetrales, pusimos un milico en cada esquina, ¡y además pusimos personal donde no lo había! Con la historia de “los tienen 23 horas encerrados, qué horrible”… ¡Es que no los podían sacar porque eran uno o dos tipos para custodiar a 30! Yo sé que hay algunas visiones idílicas sobre estos muchachos. Pero estamos hablando de jovencitos que vienen con unas trayectorias difíciles, homicidas, sicarios, violadores, rapiñeros de una gravedad inusual, traficantes, traficantes que se han quedado con el negocio de su jefe… Acá ha pasado de todo. Entonces, ¿con dos personas querés atender un turno? Imposible. Por eso hubo un ingreso muy importante de personal. De repente la gente dice: “¡Eh, qué bárbaro, pusieron a 300 personas a trabajar!”. ¡No fue suficiente, tuvimos que llevar más gente!

EC —No todos entraron por concurso. Recién yo le preguntaba por los cuestionamientos que se hacen a los llamados. Pero una parte importante de ese nuevo contingente de funcionarios entró de otra manera, por designación directa.

RV —Fueron talleristas, exactamente. Una competencia que no tenía delegada la comisión del Sirpa era el ingreso de personal. Eso se hacía vía Recursos Humanos del INAU. Recursos Humanos del INAU tenía que administrar una cantidad de recursos gigantesca en todo el país, además de los concursos del Sirpa. Atendió lo que pudo del Sirpa y lo que no pudo fue quedando para atrás. Porque la oficina de Recursos Humanos del INAU no es que no tenga buenos trabajadores ni competencia, pero son cuatro gatos locos y no dieron abasto para llamar a todos los concursos. Algunos que se abrieron, que anuncié el mismo 12 de abril de 2012, fueron: vamos a contratar hasta 50 abogados, hasta 50 asistentes sociales, hasta 50 psicólogos. Me fui y no entró un abogado por concurso porque hubo presentación de recursos en el concurso. No entró ninguno, yo estuve tres años largos y no entró un solo abogado por esa vía. Los tuve que contratar por la vía de los talleristas. No entró un solo psicólogo, porque presentaron recurso los que perdieron y durante dos años eso anduvo dando vueltas, sigue dando vueltas. Y con las asistentes sociales, que fue el que se hizo más rápido, terminaron entrando dos.

¿Sabe quién presidió la mesa que permitió entrar a dos asistentes sociales –precisábamos 50– por concurso? La presidí yo. ¿Sabe por qué? Porque en el 2013 habíamos tenido un cuestionamiento en el Parlamento. Ahí tomé la decisión: cuando tengamos llamados a concurso yo voy a presidir los tribunales. Figuraba presidiendo el tribunal de asistentes sociales, que hubo que hacer de vuelta porque el primero falló, y figuraba al frente del de choferes, porque teníamos que entrar choferes. Y el resto de los tribunales, si hubieran salido los concursos, los iba a presidir todos yo, para que se terminara esta historia de las dudas de qué era lo que había pasado, si alguien se había puesto de acuerdo con otra persona. Están todos los papeles para demostrar eso.

***

RV —Me quedaron varias cosas colgadas de esa explicación que les di a los legisladores sobre por qué era que [los internos] no se fugaban [durante mi gestión en el Sirpa].

[…] Policías en la custodia, en los perímetros, una cantidad de personal como para poder atender. Eso permite el desarrollo de lo que se denomina internamente el cotidiano: levántese a tal hora, realice esta actividad, educación. Teníamos profesores, maestros, profesores de secundaria, horas de UTU, convenios con ONG para distintas actividades, talleres para actividades deportivas. Contratamos por la vía de los malvados talleristas profesores de educación física para todos los centros, terminamos con actividad física en absolutamente todos los centros. Llegamos a comprar los aparatitos esos que se ven en la rambla para hacer gimnasia. Se hicieron cosas para volcar actividades adentro, disminuir la presión interna; muy buena la comida, además. Eso fue parte del secreto para evitar los motines y esto de las fugas constantes. Ese capítulo lo quería señalar.

Sí, contratamos mucha gente, en la medida que no tenía la posibilidad en el último año de llegar por la vía de los concursos a tener médicos, enfermeros, profesionales psicólogos, profesionales asistentes sociales, porque los concursos habían fracasado, sí, contratamos gente por la vía de los talleristas. Facultad que está habilitada en la ley de creación del Sirpa. Se lo explicaremos al juez en su momento.

***

RV – Utilicé el término milicos y desde la audiencia me lo acaban de observar correctamente. Efectivamente lo que pusimos allí fue policías, las disculpas del caso.

EC —Sí, hay un mensaje de texto que dice: “Supongo que cuando dice milicos está hablando de policías”.

RV —Sí, estoy hablando medio caliente y a veces se me va la boca. Perdón.

***

EC —Otro tema que actualmente está siendo investigado internamente por el Sirpa, pero además por la justicia de Crimen Organizado, es la calidad de algunas obras que se realizaron durante su gestión. Obras que han mostrado gran fragilidad, edificios que se rompen o que tienen facilidad para romperse. De hecho, las nuevas autoridades del Sirpa han señalado que algunos de los incidentes ocurridos en algunos de los centros se deben, justamente, a la facilidad que los internos tienen para acceder al hierro de las paredes, con el cual confeccionan cuchillos, cortes. ¿Qué responde?

RV —Sí, se cuestiona la calidad y además se cuestiona la modalidad contractual. Me voy a referir a las dos cosas. En el caso del Cuartel 9, atrás del Hipódromo de Maroñas, ahí pretendimos construir un centro para 108 internos en cuatro módulos de 27 con unas características de seguridad muy baja. Hacia el exterior sí un muro perimetral importante –asesorados por el Ministerio del Interior, en todo momento tuve el asesoramiento del Ministerio del Interior para este tipo de cosas– y hacia adentro le pedimos a la empresa que construyó que hiciera un centro de seguridad. Porque ahí íbamos a mandar a los muchachos que estaban en los procesos de estudio para prepararse para el trabajo y a los que estaban saliendo a trabajar, hacia allí queríamos derivar a todos los muchachos que estaban con salidas laborales.

EC —Pero a propósito de ese lugar dice la nueva presidenta, Gabriela Fulco: “En ese ex cuartel, en las instalaciones que se construyeron, con nada menos que 80 plazas nuevas todavía sin ocupar, la primera tormenta voló el techo, inundó todo y llevó a colapsar la red eléctrica”.

RV —Por lo que yo recuerdo, el techo en donde estaban los lugares para dormir de los internos era de concreto, de cemento. No sé cómo se hizo para volar eso. Creo que el problema estuvo en un área de oficina, en donde además tengo entendido que la empresa había dejado expresas instrucciones de que había que hacer la limpieza –porque en esa zona hay muchos árboles– de las hojas para que no se tapara y creo que hubo un problema de ese tipo. No es que “se voló un techo”. Me parece que la presidenta no estaba del todo informada, o capaz que el que no está del todo informado soy yo. Lo podemos chequear oportunamente. De todos modos, lo que hay que entender es que ese no es un centro construido con criterios de alta seguridad, porque ahí íbamos a poner a los muchachos que están trabajando. Si yo tengo trabajando a un tipo en las cuadrillas de OSE o en el Hipódromo de Maroñas o en la Junta Departamental de Montevideo, no le voy a construir Alcatraz. Entonces, si ese edificio dio algunos problemas, tal vez hayan tenido que ver con una derivación o clasificación no adecuada a los perfiles para los que se había diseñado ese centro.

EC —De todos modos, también están los cuestionamientos a las nuevas instalaciones del Ceprili. Ahí estamos hablando de otro tipo de centro.

RV —Pero ese centro no se terminó de pagar porque teníamos informes que decían que había algunos defectos constructivos que tenían que ser solucionados. Esa obra no se terminó. Por eso había un módulo ocupado y tres no, porque había cosas que corregir. Eso está en los informes y por eso no se terminó de pagar. No nos patinamos los famosos US$ 20 millones, que eran US$ 20 millones a $ 20, no a $ 30.

En el otro, en el Ceprili, yo recibí un avance de la obra en abril del 2014 y me fui el 19 de mayo de 2015. A mí no me pasó nada de eso, no me lo rompieron cada cinco minutos, no me rascaban las paredes y hacían puntas.

EC —La presidenta Fulco señaló que esta nueva onda de fugas que se ha dado este año en parte tiene que ver con la fragilidad estructural que muestran las instalaciones y que ameritaron la puesta en marcha de una auditoría. Por eso hubo que evacuar el Ceprili, “porque se estaba deshaciendo, y es nuevo”, dijo.

RV —Durante un año no presentó esos problemas. Pero está bien, si lamentablemente recibí una obra que no resistía mucho más allá del año que yo la pude ver, está bien que las autoridades actuales cuestionen.

EC —¿Qué controles existieron mientras se hacía la obra a propósito de la calidad, de la rigidez de determinados elementos críticos?

RV —Pusimos un equipo con un arquitecto al frente y personas que hacían la revisión –creo que sobrestante es uno de los términos–, y había otra gente más que iba recibiendo. Se fueron haciendo modificaciones, hubo que agregar cosas que no estaban previstas inicialmente, pero problemas de gravedad no detectamos. De todos modos, esta obra de lo que ahora llaman el Ceprili, en Bulevar y Gral. Flores, no se terminó de pagar tampoco, porque faltaban cosas y había cosas que corregir. Eso figura en los informes.

EC —De su respuesta anterior yo concluyo que usted atribuye los inconvenientes que se han dado por ejemplo en materia de fuga o de intentos de motines ahí, el hecho de que varios internos accedieran al hierro de la estructura no tanto al edificio, a la forma como fue construido el edificio, sino a la forma como se controla hoy o se controlaba a esos jóvenes.

RV —El primer motín que tiene esta administración es en el Centro Ariel, que tiene casi tantos años como la independencia del Uruguay. Cuando hacen la requisa aparecen 14 celulares, puntas y algunas otras sustancias extrañas. El motín del Ariel nos remite a problemas en la seguridad. Luego hubo motines en el Centro SER –que yo había desafectado y estas autoridades reabrieron–; ese un centro que no presenta problemas constructivos, pero ahí también hubo motines e intentos de fuga. También hubo levantamientos e intentos de fuga en el Centro Piedras de la Colonia Berro. Creo que hubo un incendio en El Hornero, tuvieron que cerrarlo. En Montevideo creo que este fin de semana –por algo que vi en un portal de noticias– hubo un intento de fuga de 20 internos, los 20 que estaban en el viejo Ceprili de la calle Burgues, que es un centro viejo, con unos agujeros en las paredes respetables.

Es decir, hay un problema de seguridad. Yo no voy a ser tan tonto de decir que la culpa la tiene la nueva Comisión Delegada, pero evidentemente algo ha pasado que los internos están teniendo mucha facilidad para hacerse de puntas, de armas, por lo que me han dicho algunos trabajadores que siguen revistando en la institución. Hay un acoso permanente al personal, una actitud muy desafiante, y creo que los episodios que determinaron 26 procesamientos hacen que el personal tenga mucho miedo. Y supongo que el mismo miedo tiene la policía, porque van a hacer una desocupación al Codicen y hay gente que presenta denuncia por tortura, fueron a hacer una intervención al Ceprili y también están denunciados por tortura.

Entonces creo que acá estamos teniendo otro tipo de problemas, más allá de que pueda existir algún tipo de dificultad con la obra como tal. Para eso están las garantías, para eso están los informes técnicos que le dirán a la empresa “usted tiene que venir y reparar esto, porque esto estuvo mal”. Y si yo me tengo que atener a alguna consecuencia de no haber sabido que un fierro estaba mal puesto, pagaré el precio de que un fierro estaba mal puesto. Ahora, mientras yo estuve no se rompía nada.

***

EC —Quedaron preguntas y temas afuera… Veamos cómo sigue esto en los días que vienen y volvemos a conversar.

RV —En la próxima preguntame si yo puse al arquitecto [Daniel] Majic al frente porque era amigo mío, y seguidamente te voy a tener que explicar que entre los 250 invitados al casamiento de mi hija no estaba Majic, por lo tanto tan amigo no era.

EC —¿Quién es el arquitecto Majic?

RV —El arquitecto que yo puse al frente para controlar todas las obras que había que llevar y todas las reparaciones que había que hacer en los 20 centros. Y lo puse por su competencia notoria en una gran obra que se hizo en este país, que fue el Parque Central.

EC —¡Ah, ahora aparece la condición de nacionalófilo! Está respondiendo allí a otra de las denuncias.

RV —¡Si llegaron a decir que le adjudiqué obras a Majic y el tipo era el jefe del área Mantenimiento del Sirpa! Llegaron a decir que estábamos juntos en Nacional. Yo entré en Nacional con 16 años de mensajero a las dos de la tarde del 4 de marzo de 1980, y me fui de Nacional el 28 de junio de 1992. No sé si era recibido Majic en esa época, capaz que sí, pero Majic apareció en Nacional con [Ricardo] Alarcón, o sea que estamos hablando del año 2006, 2007, 2008. Y han pretendido decir eso. Cualquier cosa.

Vea el video de la entrevista

***

Transcripción: María Lila Ltaif

La entrada Entrevista central, lunes 5 de octubre: Ruben Villaverde se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En entrevista con En Perspectiva el ex presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), Ruben Villaverde, defendió las decisiones que tomó y aseguró que el revisionismo “va a permitir destacar lo que fue una gestión diferente”.

Nota relacioanda
Entrevista central, lunes 5 de octubre: Ruben Villaverde

La entrada Ruben Villaverde (ex presidente del Sirpa): “En estos últimos cuatro meses me he fumado cualquier disparate” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Lea la transcripción de la entrevista con Ruben Villaverde, ex presidente de la Comisión Delegada del Sirpa

Villaverde dijo que mientras estuvo al frente del Sirpa se cumplió con lo que había prometido, y destacó los avances en educación y trabajo para los menores internados, así como la reducción de las fugas y de la reincidencia que, dijo, dejó en 23 %.

“Se hicieron cosas para volcar actividades adentro y disminuir la presión interna. Eso fue parte del secreto de evitar los motines y las fugas constantes”, señaló Villaverde, y dijo que para eso fue necesario contratar gente.

Villaverde dijo que algunas de las contrataciones denunciadas por el semanario Brecha ya habían sido señaladas en el Parlamento y habían sido objeto de una investigación interna en el Sirpa, en la cual se demostró que no hubo acomodo. “No hay una prohibición en el Estado de que entren a trabajar los familiares” de los funcionarios, subrayó.

Acerca de la denuncia puntual de que habría contratado a su cuñada, Villaverde contó que Adriana Pronzatti ingresó como su asesora por sus competencias en el medio empresarial ocho años después de haberse divorciado de su cuñado. “No fue por razones familiares, porque en todo caso los que no quedaron muy contentos fueron mis familiares”, señaló. También dijo que Pronzatti fue una de las dos personas de confianza que él podía llevar para que trabajaran con él.

Sobre los cuestionamientos a la calidad de las obras construidas durante su gestión, Villaverde dijo que durante su gestión no se detectaron “problemas de gravedad”. Dijo que la obra del excuartel del batallón en la calle Belloni no se terminó de pagar porque sí había algunos problemas de construcción. Acerca de las declaraciones de la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, de que la “fragilidad estructural” de la construcción del Ceprili permitía que los internos se hicieran con puntas de hierro, Villaverde aseguró: “Mientras yo estuve no se rompía nada”.

“Hay un problema de seguridad, evidentemente algo ha pasado que los internos están teniendo mucha facilidad para hacerse de puntas y armas”, dijo Villaverde, antes de señalar que hay “un acoso permanente al personal” y que “los episodios que determinaron 26 procesamientos hacen que el personal y los policías tengan mucho miedo”.

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Según el semanario Brecha, en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) hay al menos 114 funcionarios que ingresaron por sus vínculos familiares con autoridades, directores, subdirectores, gerentes o jefes de distintas áreas.

En la lista publicada por Brecha el viernes pasado aparecen padres, hijos, esposos, hermanos, cuñados, nueras y yernos que fueron contratados por el Sirpa en los últimos años, la mayor parte de los cuales comenzó a trabajar en la anterior administración, que estuvo encabezada por Rúben Villavede, cuando entraron 79 nuevos funcionarios con estas características.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de En Perspectiva con Martín Couto, Felipe Schipani, Hoenir Sarthou y Gonzalo Baroni.

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EN PERSPECTIVA
Lunes 07.09.2015, hora 8.19

ROMINA ANDRIOLI (RA) —En poco más de 100 días al frente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), la licenciada Gabriela Fulco enfrentó fugas, intentos de motín, la renuncia de dos directores y episodios de malos tratos en un centro de reclusión que terminaron con funcionarios procesados.

El disparador de este clima de inestabilidad fue la denuncia penal a un grupo de funcionarios que redujeron con violencia a varios internos del Ceprili (Centro de Privación de Libertad) y fueron registrados en una cámara de seguridad del centro. Ese episodio, que terminó con 17 procesados, tensó aún más la relación con el sindicato, que incluso antes de asumir tildó a Gabriela Fulco de “autoritaria”.

¿Qué reformas tiene pensadas para el sistema de reclusión de menores infractores? ¿Cómo hará para llevar adelante una mejora en este clima?

Vamos a conversarlo con la licenciada Gabriela Fulco.

NICOLÁS BATALLA (NB) —La semana pasada se dieron siete fugas del ex Hogar Puertas, que se sumaron a las de otros tres adolescentes en la madrugada del 11 de agosto del Ceprili. Y a su vez, el viernes el portal Montevideo.com difundió un video con internos prendiendo fuego y tratando de destrozar las instalaciones del lugar, que se suma también a la situación de varios motines que describíamos al inicio.

¿Cómo define la situación que atraviesa el Sirpa por estos días?

GABRIELA FULCO (GF) —Ustedes lo han dicho. Hay una serie de incidentes que complejizan el proyecto de reforma que anunciamos el 20 de mayo.

Pero también hay otras cosas que no son de tan pública notoriedad, a las cuales podemos aludir en este momento como foco esperanzador y alentador en el trabajo que hemos emprendido. Por ejemplo, empezó a funcionar la Comisión Asesora Intergubernamental, que tuvo su primera sesión la semana pasada. En el Código de la Niñez y la Adolescencia estaba contemplado que existiera esta comisión, pero hasta la fecha no se había creado, se creó recientemente. Se embarcan en este barco de trabajo del Sirpa los ministerios en su mayoría, las organizaciones internacionales específicas del tema infancia, como Unicef y el Instituto Interamericano de Derechos del Niño, como también las organizaciones de la sociedad civil que han venido siguiendo los temas y los problemas de esta institución por medio de los informes que se han presentado; allí están representados el Comité de los Derechos del Niño y Anong. Una suma de instituciones que apoyan un pensar, un ver cómo seguimos adelante y sobre todo el fortalecimiento de políticas transversales y apoyos de cada uno de esos ministerios e instituciones de acuerdo a las especificidades de cada uno o de sus perfiles.

Estos organismos van a aportar elementos sustantivos para atravesar esta tormenta y salir adelante con un proyecto de renovación, de creación de una nueva institucionalidad que viene de la mano de la aprobación de un proyecto de separación del Sirpa del INAU –se llamará INTA, el nombre es lo de menos–, que va a tener otro modelo de trabajo y sobre todo un faro por delante que es la mejora total del sistema.

RA —Volviendo a la pregunta que le hacía Nicolás respecto a las fugas, ¿cuál es la situación actual en los centros donde están dado estos incidentes? Por ejemplo, ¿lograron recapturar a los menores que se fugaron? ¿Cuántos siguen prófugos?

GF —Algunos fueron recapturados y otros retornaron voluntariamente con el apoyo de sus padres. Son jóvenes a los que les queda muy poco tiempo para el vencimiento de la pena, lo que hace pensar en qué pasa en esos momentos para que alguien a quien le queda tan poco tiempo para salir protagonice un hecho que genera una inconducta y una nueva sanción. Son cosas que estamos analizando. Etas fugas de alguna manera también responden a una fragilidad en la infraestructura de la institución, que también ha sido de pública notoriedad y que determina que no sea muy complejo ni muy difícil poder salir de un centro que estructuralmente, desde todo punto de vista, está debilitado.

NB —¿Cuántos siguen prófugos en este momento?

GF —En este momento si le doy un número quizás cometa un error, voy a tener el informe completo en el día de hoy. De todos modos, en el centro de Belloni se recapturaron tres de los cinco y en el otro centro de siete retornaron tres. Esos son los números que tenemos a la fecha respecto a la situación de fuga.

Pero hay otras novedades que quiero resaltar, porque si nos centramos únicamente en los incidentes, que han sido detalladamente publicitados en la prensa, vamos a estar siempre hablando de lo mismo. Le hablaba de la comisión que empezó a trabajar. También la mesa de trabajo que se creó a partir del decreto de esencialidad de hace dos semanas para tres centros en el marco de un preacuerdo está trabajando, funcionando normalmente, integrada por el PIT-CNT, por el sindicato del Sirpa, por el directorio de INAU y por nosotros como comisión directiva. El foco de esa mesa es la revisión de los manuales o protocolos de procedimientos generales que existen y que están vigentes, con los que el Sirpa trabajó hasta la fecha. Estamos afinando el área de los procedimientos de acuerdo al requerimiento que ha hecho el sindicato.

RA — Carlos Salaberry, uno de los integrantes del sindicato, decía que el fallo de la justicia por el video de Ceprili –el que todos conocemos– dejó en evidencia que no hay un soporte administrativo que autorice procedimientos en los que se usa la fuerza física para reprimir motines. Y agregó que actualmente si un funcionario tiene que realizar un procedimiento para evitar una fuga después no sabe qué va a pasar. ¿Qué opina de estos dichos? Dejan entrever que los funcionarios tienen miedo a actuar después del fallo judicial. ¿Cuánto pudieron avanzar en este protocolo que ellos reclamaban?

GF —Sí, es lógico que haya miedo y que se hayan generado inseguridades con respecto a algunas prácticas que los mismos funcionarios mencionaron en algún momento públicamente que se venían dando. De hecho, hay investigaciones administrativas y penales del período anterior que están abiertas, que aún no se han cerrado, muchas de ellas vinculadas a situaciones similares. Por lo tanto, para mirar para adelante, esta mesa de trabajo nos está permitiendo responder a esas inseguridades a partir del repaso de esos procedimientos un poco más afinados, incorporando modelos de buena práctica que han sido exitosos en otros sistemas de otros países y que van a permitir quitar del paso esta inseguridad que hoy se puede tener respecto a lo que se debe hacer.

RA —¿Cuáles son esos modelos de buenas prácticas que se podrían trasladar de otros países? Se ha comentado la posibilidad de que los funcionarios utilicen un gas a la hora de tener que reprimir situaciones de motines, y usted en alguna oportunidad ha mencionado lo de trabajar con colchones. ¿En qué están estas dos iniciativas?

GF —No son tanto iniciativas, es un repaso de lo existente y aprobado dentro de marcos legales de determinados países que han dado buen resultado, que protegen –que es el centro de la cosa– al joven recluido y también brindan garantías a los funcionarios que participan. En todos los países estos procedimientos están en permanente revisión. Eso es lo que tener poner en marcha aquí, como una nueva forma de trabajo, revisar, ajustar permanentemente los procedimientos. Es un cambio de cultura en lo que hace a determinadas áreas de trabajo y de la organización del sistema.

NB —¿Cómo funcionan estos dos planteos en términos concretos?

GF —Estos ejemplos salen mucho a la luz y se fortalecen por la repetición permanente. Pero pueden ser los que queden o pueden ser otros. Son algunos de los tantos ejemplos de procedimientos que hay para incorporar en determinadas situaciones puntuales. No le puedo afirmar que sean estos los que van a quedar, porque se está trabajando, se está elaborando y desarrollando. Simplemente sale a la luz alguna cosa que llama la atención, que no se conoce, sobre la que nunca se tuvo mucha información, pero que sí, son modelos de buena práctica, porque garantizan la seguridad física de ambas partes, aquel sobre quien hay que intervenir y el que debe intervenir para determinar una medida de sujeción. Porque esto va por el lado de cómo se sujeta, cómo se controla, cómo se incide en una persona que está en un momento de violencia hacia sí o hacia los demás. Son esos ejemplos y hay otros muchos más que vamos a ir comunicando en la medida en que cerremos en algún momento estos procedimientos y protocolos.

NB —En estos momentos en que se está avanzando sobre los protocolos, ¿de quién es la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en el Sirpa? Por lo pronto, junto con las denuncias públicas que ustedes presentaron hubo denuncia penal hacia los funcionarios, y en su momento actuó la Guardia Republicana, que aparentemente está interviniendo en algunos casos y también terminó con una denuncia penal de las autoridades del Sirpa. ¿Cómo se están dividiendo las responsabilidades en estos casos?

GF —La responsabilidad de la conducción del sistema es de la comisión directiva o delegada del Sirpa, de cómo establece políticas de gestión en la privación de libertad que tiene como misión o fin la prevención de la reincidencia y el reintegro de estos jóvenes a la sociedad. Lo que tiene que ver con responsabilidades puntuales en hechos puntuales lo determinan las investigaciones administrativas que están en marcha desde el punto de vista administrativo y las investigaciones en el área judicial, que hay que esperar que terminen y den un resultado. Nosotros a priori no podemos prejuzgar ni opinar sobre lo que está en curso, porque interfiere con esas investigaciones.

NB —Volviendo al tema que le planteábamos al inicio de la conversación, ¿cuál es su explicación de por qué hayan vuelto las fugas al Sirpa?

GF —Yo estaba hablando de una fragilidad estructural, de que en cada cambio de administración puede producirse resistencia al cambio, en un sistema que ya viene con complejidades desde hace muchas décadas, porque esto no es de ahora, de lo cual nos han dado anuncio, dato, información, no solamente los organismos nacionales de [inspección] de los derechos humanos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño y otros, sino también, a la par y en sintonía, los veedores internacionales tanto de Naciones Unidas como de la OEA, en esos informes se reflejan desde hace mucho tiempo el deterioro progresivo, la inestabilidad y distintas complejidades del sistema.

Todo eso hace a la explicación de esta situación que estamos atravesando, de la que auguro que vamos a salir, porque hay mucho esfuerzo, mucha voluntad de cambio y porque además se suman a intervenir en el sistema otros actores que antes no estaban. Por eso lo primero que mencioné fue la integración de esta comisión, así como la organización que está haciendo el Mides para apoyar, dentro del marco de la ley de voluntariado, con distintas organizaciones que van a trabajar en el fortalecimiento del cotidiano, que es en lo que escasean los recursos humanos especializados. No quiere decir que no los haya, pero no son suficientes para el abordaje individual de todos los jóvenes que se encuentran en el sistema.

RA —Esa situación se volvió más crítica a raíz de los procesamientos.

GF —Sí, de hecho sí, evidentemente, por las inseguridades.

RA —Pensando en los funcionarios que fueron procesados con prisión y en aquellos que después pidieron licencia, se certificaron por problemas médicos.

GF —Es cierto, hay un número muy elevado muy licencias que también están siendo inspeccionadas, como es lógico dentro de la administración pública, porque están un poquito por encima de las certificaciones médicas normales del invierno, por las gripes y demás. Eso también hace que el sistema se siga fragilizando en la medida en que resta personal en servicios que de por sí ya están debilitados y recarga a otros que sí están trabajando. Esto a su vez empieza a minar su salud física y mental en una tarea que de por sí es insalubre y muy compleja.

NB —Eso la llevó a firmar una circular en la que se estableció para todo el personal del sistema, sin excepciones y por razones de servicio, la suspensión de licencias a partir del 24 de agosto, eso está corriendo. Usted explicó en La Diaria que esa medida fue tomada por la abrumadora cantidad de certificaciones.

GF —Sí, esa medida fue tomada por la abrumadora cantidad de certificaciones médicas y también porque en sí en los servicios cuando hay razones servicio se suspenden licencias. La medida se tomó por un período corto, que no alcanzó a 10 días y se levantó inmediatamente; de eso la prensa no informó.

NB —¿Cuándo se levantó?

GF —Se levantó hace una semana. En una reunión general con los directores de los centros ellos presentaron una suerte de reorganización interna, con la que sostuvieron que se podía cubrir el servicio, por lo tanto la medida podía ser levantada. Nosotros aceptamos que la medida se levantara y que continuara el cronograma común de licencias, que se planifican generalmente al inicio del año.

NB —¿Qué implica ese déficit de personal en términos concretos para los jóvenes internados? ¿Cómo se trastoca su rutina a partir de que están faltando recursos humanos?

GF —Se trastoca en las actividades cotidianas. Puede haber demora para asistir a algunas actividades de corte educativo o de talleres o recreativas, que se limitan, y también en lo que hace a la composición de las distintas tareas diarias que tiene un centro, que ya de por sí son escasas. Esto es parte de las causales de una conflictividad que empieza a reverberar y genera estos problemas que ha habido en este tiempo. No es la única cosa, es una de muchas causales.

En la contrabalanza positiva, estamos trabajando con otros actores externos que van a venir a ayudar en ese cotidiano. Mientras tanto, vamos tratando de que las cosas se normalicen.

NB —Sobre el tema de las licencias, parte de las críticas que han surgido del sindicato, más allá de esa medida que había tomado, apuntan a que usted misma solicitó la semana pasada al directorio del INAU que le aprobara una licencia reglamentaria entre el 19 y el 26 de setiembre. ¿Es así? Y si es así, ¿es apropiado hacerlo en ese contexto?

GF —Eso es un error de difusión. Yo estoy trabajando, y además soy una funcionaria pública que tiene derecho a licencia reglamentaria que tomaré cuando lo considere necesario. Eso no quiere decir que el barco quede sin timón y sin quien lo lleve adelante, porque hay un directorio y siempre hay una persona que sustituye a la presidenta cuando no está, sea por viaje, por enfermedad o por otro asunto. O sea que tengan la seguridad de que, si yo en algún momento no estoy, va a haber quien me sustituya en ese período. Por lo tanto no está relacionado con esto otro de las licencias por necesidad de servicio que se dieron en un contexto y en una coyuntura puntuales del sistema. O sea que no hay que insistir demasiado con eso.

***

NB —Usted planteaba que ante la hipótesis de que tomara licencia hay un directorio que quedaría trabajando, alguien que la sustituiría. Sin embargo ese fue otro de los frentes que se abrieron en este período. Las diferencias no han sido únicamente con el sindicato, alcanzaron también a los directores de la institución, que de hecho presentaron renuncia. Edgar Bellomo, por ejemplo, que renunció por discrepancias con el trato que usted tenía con el sindicato, aseguró aquí en En Perspectiva que no compartía su estilo de confrontación y dijo también que en determinadas ocasiones usted no respetó la experiencia del personal. ¿Cómo analiza esas diferencias que se presentaron en el seno del directorio?

GF —Las opiniones del director saliente hay que respetarlas, son sus opiniones. No voy a ahondar en los motivos por los cuales el señor Bellomo dejó la dirección del sistema, lo cual tenía casi previsto desde el inicio de la gestión. El directorio fue constituido por una cuota de cupo del sector blanco que se espera se incorpore con la aprobación del proyecto de ley que está ahora en curso. Por lo tanto el período en el cual él pensaba permanecer trabajando dentro del sistema era aproximadamente el período que demoraría en ocuparse ese cupo.

El señor Bellomo es una excelente persona, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y me merece el mayor respeto. El tema es que estos ámbitos de trabajo son altamente complejos, se requiere cierta experiencia acumulada para abordar y atravesar crisis, se requiere de estudios en la materia. A veces no alcanza con la buena voluntad que todos podemos traer de cambiar algo que socialmente es importante modificar por el bien de la sociedad y de los jóvenes que están allí. Por lo tanto, al ser también un trabajo insalubre, las tensiones que generan estos incidentes que todos hemos conocido a veces hacen difícil para una persona sostener estas crisis desde el punto de vista físico y psíquico. Eso es parte de las causales que determinan ese alejamiento. Lo mismo en el caso del segundo director, que también es una persona excelente desde todo punto de vista.

Para los dos este ha sido un campo de trabajo nuevo, más allá de sus aptitudes, de sus aptitudes intelectuales y en general de su voluntad para incorporarse a hacer cambios. Acá sobre todo lo que está pesando son las tensiones del diario vivir, que resienten la salud y lleva a tomar una decisión que es de carácter estrictamente personal y particular y que hay que respetar. Se decide dar un paso al costado o alejarse a realizar otras tareas en las que pueden hacer muchísimos aportes de acuerdo a su calidad intelectual y a su trayectoria de vida.

NB —Bellomo sostenía que usted llegó con una perspectiva refundacional al Sirpa, cuando tanto él como el propio sindicato veían que si bien por supuesto que hay cosas a mejorar, la administración anterior había llevado algunas acciones positivas. El propio José Lorenzo López lo explicaba en alguna entrevista: el aumento de los recursos humanos, ya que se pasó de 600 a 1.400 funcionarios; la construcción de nuevas plazas, el programa de inserción laboral por el que han pasado unos 400 jóvenes privados de libertad. ¿Usted lo ve de esa manera?

GF —Vamos a edificar sobre todo aquello que represente un capital que está funcionando, lo vamos a fortalecer, y de hecho lo hemos previsto en el presupuesto. Pero usted mencionó la inauguración de nuevas construcciones, y allí estamos con una auditoría en marcha del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en función de que tanto las que estaban funcionando como las que estábamos por ocupar han demostrado gran fragilidad y posibilidad de rotura. Por ejemplo en el excuartel del batallón en la calle Belloni, con nada menos que 80 plazas nuevas todavía sin ocupar, la primera tormenta voló el techo, inundó todo y llevó a colapsar la red eléctrica. Por lo tanto ese no se puede tomar como un mérito o como una base de trabajo sobre la que hay que seguir; al contrario, más bien es un demérito.

NB —¿Eso en qué centro fue?

GF —En el centro nuevo de la calle Belloni, al cual se le llama ex Batallón, que se ocupó con una parte administrativa, pero hubo toda una construcción nueva de carcelaje.

NB —Tengo entendido que la empresa ya solucionó eso.

GF —No, no se solucionó, para nada. Los techos están volados, la electricidad está colapsada y el edificio se inundó con el temporal fuerte que tuvimos hace poco. O sea que eso no se deterioró por haber sido ocupado ni por el desgaste de la propia ocupación.

NB —Ese es otro de los cuestionamientos que se han escuchado de la administración anterior. El hecho de que algunos lugares se están deteriorando por la falta de atención y de control de lo que hacen los internos.

GF —Yo le explico y le he puesto un ejemplo que es contundente, me parece. Eso da paso y lugar a la necesidad de una auditoría. Por tanto ahí no tenemos un capital y una plataforma para edificar, sino por el contrario, una dificultad instalada que ha dado lugar a estas complejidades y a estos incidentes. Una estructura absolutamente frágil, que no cuenta por lo visto con los materiales antivandálicos que permitan sostener una población privada de libertad.

Usted me mencionó además como capital del período anterior mencionado por las autoridades anteriores o por el sindicato lo que tiene que ver con programas de reinserción comunitaria. Obviamente ese es uno de los principales ejes que anunciamos al comienzo de la gestión. De hecho hemos tenido muchos ofrecimientos que están en marcha para distintos convenios laborales en los cuales estamos clasificando, seleccionando y ocupando a muchos jóvenes. Se va a aumentar el número de jóvenes que puedan salir a formarse en algún oficio, en alguna tarea y a trabajar. Eso está en marcha, no se dice pero está en marcha en forma bastante amplia, porque ha sido muy importante el número de empresas e instituciones que han ofrecido esos cupos y esa formación. Eso está bien encaminado, sin ninguna complejidad.

Respecto a otras fortalezas que pueda tener el sistema, hay mucha gente que viene trabajando desde hace mucho, que tiene un capital de experiencia acumulada, con la cual estamos trabajando, la estamos consultando y se están desarrollando o fortaleciendo los distintos programas que están en marcha.

Pero en sí hay otras debilidades que son las que nos llevan a estas situaciones. Lo que proponemos es un cambio de visión de lo que es el centro de tema, que es el adolescente privado de libertad. Un adolescente que viene de historias de mucha fragilidad personal, de mucha violencia familiar y social, que atraviesa justamente una etapa, la de la adolescencia –que en este caso penalmente está comprendida entre los 13 a los 18 años–, que suma de por sí es una etapa compleja. Estos jóvenes necesitan programas de tratamiento que atiendan esas necesidades que están en las causales del hecho delictivo. No alcanza de ninguna manera con desparramar una serie de actividades inconexas, hay que agruparlas en un régimen de trabajo y de tratamiento. Por supuesto, la educación es uno de los ejes fundamentales, y se está tratando de ampliar y desarrollar de forma más efectiva y para todos. Tendríamos mucho para hablar en ese sentido.

En lo que hace a tratamientos personalizados individuales desde el punto de vista psicoterapéutico y psiquiátrico, no hay ninguno. Es en ese sentido que nosotros insistimos en que esto, por más que se hayan hecho algunas actividades y algunas cosas, es un cascarón vacío. Queremos dotar ese cascarón vacío de contenido, dentro de la modernidad y teniendo en cuenta las experiencias y las indicaciones que han dado resultado desde el punto de vista científico.

También queremos incorporar a la familia, que está excluida, ha estado excluida del sistema. Necesitamos que la familia se incorpore, que en este paréntesis de privación de libertad siga siendo parte de proceso de crianza, porque tiene una voz, tiene un apoyo para dar que no debe limitarse de ninguna manera al día y el horario de visita.

RA —¿Y cómo se los puede incorporar?

GF —Con un grupo de padres organizados que hay, con los que nos venimos reuniendo regularmente, estamos proyectando algunos trabajos para invitarlos a participar. El tema es cómo se organiza una vez que se estabilice el sistema. Queremos que esté junto a su hijo en momentos vitales como luego del procesamiento y la devolución de un informe de clasificación, que sepa por qué se clasificó de esta manera, en qué nivel de ese sistema le va a corresponder iniciar su reclusión, que acompañe esa evolución, que se explique, que tengan ellos algo que aportar, ya que son los que conocen a su hijo desde hace mucho tiempo, y que también haya un compromiso de estos padres de apoyar estas medidas. Porque todavía tenemos padres que intentan diariamente ingresar droga. Necesitamos que estos padres cambien la actitud. El grupo de padres organizados con una actitud más positiva van a tratar de reclutar a estas personas, que a su vez necesitan ayuda porque el ingreso de droga para su hijo no lo va a favorecer en el proceso que tiene en el sistema. Esto denota que estas familias tienen su fragilidad y que deben ser atendidas por otras instituciones. Hay muchos planes en marcha.

RA —La pregunta es cómo conjugar todas estas nuevas iniciativas que usted pretende llevar adelante con la situación que ha quedado planteada con los funcionarios. Evidentemente hay una situación de enfrentamiento, de tirantez, y se ha dejado entrever que las fugas pueden deberse a este mal relacionamiento. ¿Qué tan optimista es entonces con respecto a poder concretar estos cambios que está planteando?

GF —Primero, ya lo dijimos, hay una mesa de trabajo, de diálogo, en la cual están el PIT-CNT y la mesa del sindicato del Sirpa, que está en marcha en forma positiva, con avances y elaboraciones.

Por otro lado, hemos dicho desde el primer día que uno de los ejes de trabajo de la nueva administración va a ser ocuparnos de todo lo relativo a la salud ocupacional, que es inexistente en este sistema. No hay antecedentes de programas de salud ocupacional, que es un factor importante. En un trabajo que de por sí es insalubre hay que desarrollar programas de prevención de estrés y burnout; si la persona acusa estos síntomas de estrés y burnout mal va a poder desarrollar una tarea eficiente. En ese sentido vamos a trabajar codo a codo con el sindicato, escuchando sus reclamos, haciendo nuestros aportes y desembarcando programas de cuidar al que cuida. En segundo lugar y como eje fundamental, también está la capacitación y la formación permanentes, el reciclaje de cada uno de los actores que están en cada una de las tareas del sistema, desde el portero hasta el director.

RA —¿Reciclaje?

GF —Sí, reciclaje en cuanto a formación y capacitación, como debe ser en sistemas de alta especialización como este. No se puede entrar a un sistema sin tener una formación en ese tema. Y si no se la tuvo, en algún momento tiene que llegar. Ahí es que nos ponemos con la creación de una escuela, que ya está prevista en el organigrama que acompaña el proyecto de ley. Estamos haciendo seminarios y talleres y cursos […] de seguridad, técnicos y de directores, que van poniendo algunas semillitas en la base del futuro programa de capacitación continua y de revisión de tareas, que también nos dará la visión de qué personas deben estar trabajando en determinados perfiles de cargos. Con el apoyo de la cooperación de proyectos Unión Europea ya está definido qué perfiles se necesitan para cada cargo. Por tanto podemos ver qué personas no tienen el perfil y si pueden alcanzarlo con una capacitación o tendrán que rotar de funciones.

Esto es la base de la reforma estructural del sistema, que no se logra de un día para el otro. Mientras se va trabajando en eso –lo cual no se conoce y no se hace propaganda–, se atraviesan estos incidentes que sí han tenido mucha difusión. Por lo tanto le aseguro que hay un programa serio y profundo de trabajo, de reestructura, de refundación y de mejora del sistema, siempre –repito– sobre la base de los capitales de cosas positivas que estén funcionando.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Lea la entrevista completa con Gabriela Fulco, presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa)

Fulco dijo que, más allá de los aspectos negativos del Sirpa que han tomado pública notoriedad, hay cosas menos públicas que funcionan “como faro esperanzador y alentador” en el trabajo para reformar el Sirpa.

La directora reconoció que es “lógico” que tras el fallo judicial por los hechos del Ceprili “haya miedo” e “inseguridades” sobre algunas prácticas que, según los funcionarios, se hacían con cierta regularidad. En este sentido, recordó que hay investigaciones administrativas y penales en curso sobre “situaciones similares” ocurridas en la administración anterior.

Fulco dijo que el Sirpa “está debilitado desde todo punto de vista”, que tiene una fragilidad estructural que se agudiza con el cambio de administración, que siempre genera resistencias. El Sirpa “es un cascarón vacío que queremos dotar de contenido”, dijo, antes de señalar que es necesario un cambio en la visión sobre el adolescente privado de libertad y el involucramiento de las familias, así como incorporar modelos de buenas prácticas que han sido exitosos en otros países.

En el Sirpa "escasean" los recursos humanos, señaló Fulco, y la situación empeoró después de que varios funcionarios fueran procesados (algunos con prisión preventiva), tras lo cual aumentaron las certificaciones médicas, “que están un poquito por encima de lo que serían las normales de un invierno”. Esto tiene un efecto directo en los menores infractores, ya que se limitan sus actividades cotidianas. En este sentido, se está trabajando “con actores externos que van a venir a ayudar en este cotidiano” con el objetivo de que “las cosas se normalicen”.

Fulco atribuyó las renuncias de los otros dos integrantes de la Comisión Delegada del Sirpa, Edgar Bellomo y Luis Noya, a las tensiones propias del trabajo en el Sirpa que tienen un efecto negativo en la salud.

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EN PERSPECTIVA
Jueves 27.08.2015, hora 10.16

ROMINA ANDRIOLI (RA) —El sindicato de funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] convocó para hoy un paro de 24 horas contra lo que considera un “atropello judicial” por el procesamiento de 26 trabajadores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa].

A su vez, el gremio presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia por lo sucedido durante el traslado de 19 jóvenes de un centro a otro el domingo pasado, en el cual varios de ellos resultaron heridos.

Mientras tanto, la crisis en el Sirpa tuvo también repercusiones políticas en el gobierno. Ayer Edgar Bellomo, uno de los directores de la Comisión Delegada de esta institución, que había sido designado por el Poder Ejecutivo, presentó su renuncia al cargo por diferencias de estilo en la conducción con la directora del Sirpa, Gabriela Fulco.

Vamos a profundizar en esta noticia, estamos en línea con Bellomo.

¿Qué es lo que lo llevó a tomar esta medida? ¿En qué consisten exactamente esas diferencias de estilo que tiene con Fulco?

EDGAR BELLOMO (EB) —Creo que hay una serie de factores: algunos desencuentros, alguna idea no compartida, aunque en general los principios, el interés o la intención por la capacitación de funcionarios, más horas de actividad para los jóvenes, menos encierro, respeto irrestricto de los derechos humanos –de los jóvenes, de sus familiares y de los funcionarios también–, son objetivos compartidos.

¿Por qué el problema de estilo? Primero porque, la verdad, yo no estoy dispuesto a avalar este estilo de confrontación que lleva adelante la presidenta Fulco. Yo conocía su nivel de exigencia porque la conozco, mantuvimos una muy buena relación siempre, y hemos tenido actividades y trabajos en conjunto desde la época del Grupo Tripartito de Trabajo para el Mejoramiento del Sistema Carcelario, yo como diputado, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, ella representando al Ministerio del Interior.

RA —Estamos hablando del año 2002, 2003, más o menos, ¿no?

EB —Estamos hablando de esos años, y después coincidimos, si bien no en la misma tarea, en el período 2010-2015 en el Ministerio del Interior. Ella era asesora en materia penitenciaria, tuvo mucho que ver con la reforma penitenciaria, con lo que es hoy el Instituto Nacional de Rehabilitación, y con muchas mejoras que indudablemente se introdujeron en el sistema. Yo estaba en ese momento al frente del programa Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana.

Ese estilo de confrontación, que yo no suscribo y que creo que no es bueno –nunca y menos en este momento–, sumado a no tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia y el esfuerzo que uno notaba –de muchos funcionarios de a pie, pero también de muchos técnicos y profesionales– y a un aval explícito que la ministra [de Desarrollo Social] Marina Arismendi hace de esta labor, no me dejan espacios para otra cosa que dar un paso al costado. Reitero: sigo compartiendo los objetivos, esa idea que todos tenemos de ayudar y contribuir a mejorar un sistema. Creo que no va a ser de esta forma, creo que no está siendo de esta forma, pero veremos cómo sigue.

RA —Veía en su carta de renuncia, la que presentó a las autoridades del INAU que publica el diario El Observador. Allí usted dice concretamente que “la falta de calificación puede ser una limitante a la hora de la gestión, pero no puede ni debe ser motivo de descalificación”. ¿Usted entiende que Fulco está descalificando a los funcionarios del Sirpa?

EB —Yo creo que en algunos casos puede haber descalificación, pero lo que es seguro que hay es desoír, o de otra forma, un no escuchar…

RA —¿En qué casos, concretamente?

EB —Hay casos que no voy a dar públicamente porque hasta temo que terminen en consecuencias para la gente que los vivió. Pero cuando usted a un funcionario le dice: “Arrégleme eso”, le dicen: “Pero mire que eso lo hicimos así, está provisorio porque mañana…”, y responde: “Bueno, no, pero hay que hacerlo de tal o cual forma”, desconociendo la experiencia, el esfuerzo, lo que ya se ha hecho, y no contando a veces –cuando creemos que otras cosas son las mejores, y puede que se tenga razón– con la alternativa suficiente…

Pongamos un ejemplo: anunciaron el cierre de Colonia Berro. Le confieso que antes de ingresar como parte del equipo compartía este esquema, porque como presidente de la Comisión de Derechos Humanos habíamos estado con el entonces diputado y médico [Jorge] Gallo ante un brote de sarna en Colonia Berro en 2002, 2003. Lo que me quedó impregnado en aquel momento en la nariz es ese olor del porro […] mezclado con el guiso, que era día y noche y no había otra cosa, y una falta de higiene importante que yo había observado en Berro. Iba con el preconcepto de cerrarla, lo compartía, pero cuando tuve la oportunidad de visitar, ahora, distintos hogares de Berro, algunos hay que cerrarlos, lo tengo claro, pero otros se están reabriendo entre otras cosa porque no hay una alternativa ante la rotura de los centros –que es otro tema aparte–. Cuando veo que hoy Berro presenta otros olores, otra higiene, veo mucho más pulcros a muchos de los hogares; veo que en la alimentación hay carne, hay milanesa más seguido, de repente no es la alimentación ideal y balanceada, pero ya no es el guiso siempre; que hay un entorno de la naturaleza que favorece, ayuda a la reinserción y la rehabilitación, que permite el cultivo y la crianza de animales; que hay canchas de fútbol, en Berro que no podemos tener en Montevideo en este régimen prácticamente carcelario que hay construido –de lo cual no tiene la culpa Fulco–…Lo que tenemos hoy para ofrecer no es mejor que Berro. Se generan temores e inestabilidades porque no se atiende la palabra, la opinión y la experiencia del otro. En ese proceso refundacional parece no servir nada de lo anterior. Yo eso no lo comparto.

RA —Esa es una de las críticas que le hace el sindicato también, que desde que está ella al frente de la gestión se desconoce lo que se hizo en la gestión pasada y se viene a derribar lo que ellos consideran algunos avances. ¿Usted comparte eso, entonces?

EB —Esto que usted me dice sí, no sé si es exactamente lo que dice el gremio, si coincide o no. Porque también seamos justos: el gremio desde antes de asumir Fulco estaba planteando sus reparos por determinadas situaciones anteriores, que yo eso no lo comparto. Esto que usted dice sí, por supuesto, lo comparto.

RA —Usted presentó la renuncia, ¿ya se la aceptaron?

EB —Bueno, mire, no lo sé. Yo recorrí el camino orgánico habitual: presenté en INAU, que es la institución que nos designa, porque la Comisión Delegada es todavía una comisión del INAU designada por éste y delegada en sus funciones, y dejé la copia de esa carta ya recibida por INAU en el Sirpa, que tenía lugar ayer reunión de la CD. Con total franqueza, y no le oculto información, nadie me ha llamado, ni a nadie de los compañeros o ex compañeros he llamado, sólo he manifestado que transcurran los plazos legales, lo que tenga que ocurrir. Se me explicaba jurídicamente que esto tiene que ser considerado, elevado y que hay determinadas cosas que pueden llevar más allá de la voluntad de la aceptación de la renuncia, que pueden llevar un proceso de 15 días entre la aceptación y las nuevas designaciones. Lo cierto es que, más allá de que el régimen que me corresponda sea el de tomar días de licencia, estar en inactividad, yo he manifestado mi decisión de no volver a Sirpa en estas condiciones, con esta conformación.

RA —Viéndolo ahora casi desde afuera, ¿qué es lo que le preocupa de qué consecuencias puede tener esta conducción y este enfrentamiento que hay hoy en día entre el sindicato del INAU y la directora?

EB —Yo no quiero que se me tilde de vanidoso ni de desubicado. Realmente yo hago este gesto porque no tenía espacio y porque espero que sea una señal que ayude a recapacitar, a lo que los chicos llaman “bajar un cambio”, porque la situación tuvo picos muy altos y muy críticos en este fin de semana. Yo ya había tomado la decisión de renunciar el sábado, luego de ir a Colonia Berro, y se la comenté a algunos compañeros, pero el domingo seguí por la prensa la situación, el lunes le avisé al conjunto de los compañeros formalmente que me retiraba, que iba a culminar unos trámites para que no se enlentecieran por la falta de mi firma en el expediente, etcétera, y que en la primera oportunidad, eso iba a ser al día siguiente hábil, que era ayer, presentaría la renuncia.

Veo con buenos ojos que se ha instalado, con la mediación del Ministerio de Trabajo, una mesa que tendrá un subgrupo que va a estar trabajando en ese famoso protocolo, que hay y que no hay, pero que tiene que ver con la seguridad jurídica y física de los funcionarios que tengan que reducir eventualmente a los chicos o acompañarlos a la pieza, a la celda, en el momento en el que este no quiera. Porque una de las cosas que va a pasar es que, si bien hay carencias enormes de funcionarios –a nivel de cantidad más que de calidad–, que pueden ser sustituidos con otros funcionarios o con participación de organización no gubernamentales… Lo cierto es que se tiene que volver a un cotidiano que hoy no se está teniendo y que todos queremos, todos lo anunciamos y me consta que es la intención de todos que [los jóvenes] tengan más horas de actividad y menos de encierro.

Cuando terminado el taller de percusión, donde no va a haber ningún problema y si usted le pregunta al educador él le va a decir que con él estuvieron bárbaro, se les diga [a los jóvenes]: ahora hay que ir a cenar, a bañarse y de vuelta a la celda, y alguno o algunos digan que no, ¿quién y cómo los va a guardar? Creo que este es un debate que se está debiendo la sociedad, libre de prejuicios y, por favor, libre de hipocresía. Tuve el inmenso honor de presidir la Comisión de Derecho Humanos, me considero una persona respetuosa de los derechos humanos de todos, pero también vamos a entendernos: hay protocolos que a la Policía le son permitidos y a los funcionarios no. Ahora, los funcionarios terminan siendo procesados por tortura, por ejemplo, y de repente otros funcionarios del Estado no.

No quiero abrir juicios de valor, me llevé yo también una sorpresa con esta resolución, pero no quiero hablar más que esto: solo digo, pongámoslo desde el punto de vista del funcionario, ¿quién es el que va a estar dispuesto a ir a soportar negativas, a enfrentar algún insulto, alguna provocación, cuando no una agresión, y que su proceder, para que la medida se cumpla, entre otras cosas, porque si no se está alentando a que todos los demás se alcen contra las directivas? Cuando se exceda, o no, y sea denunciado y sea probado o no, ¿cuál es el futuro que le corresponde? Yo llamo a gente, la invito para que venga a colaborar pero después la voy a tener que denunciar porque los malos tratos o el forcejeo… Esto es de lo que tenemos que hablar sin tapujos y realmente con sinceridad para buscarle una solución. No sé si es el famoso punto medio o no, sé que no podemos continuar como estamos hoy.

***

Transcripción: Andrea Martínez

La entrada Director del Sirpa renuncia como señal que ayude a "bajar un cambio" en la institución se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En diálogo con En Perspectiva, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, agregó que además estará sobre la mesa la incorporación de más trabajadores en función de la población de adolescentes recluida en los centros del Sirpa.

EN PERSPECTIVA
Lunes 24.8.2015

La entrada Gobierno y Suinau discutirán la incorporación de más personal en centros de reclusión del Sirpa se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El MTSS declaró este sábado la esencialidad de los servicios de los centros que dependen del Sirpa. Entre ellos, del Ceprili.

La decisión se tomó por pedido del Ministerio de Desarrollo Social, luego que el sindicato de trabajadores del INAU (Suinau) decidiera iniciar una huelga para protestar por la decisión de la Justicia que ordenó el procesamiento con prisión de varios funcionarios de ese organismo.

Recordemos que el juez Gustavo Iribarren, resolvió el viernes procesar con prisión a 17 funcionarios del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) por considerarlos autores y coautores del delito de tortura, al tiempo que procesó sin prisión a otros nueve funcionarios como cómplices de ese delito, entre ellos el presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. La imputación de esos cargos tiene que ver con los maltratos recibidos por adolescentes recluidos en ese instituto que se hicieron públicos a través de la difusión de un video en varios medios de comunicación.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de En Perspectiva con Hoenir Sarthou, Martín Couto, Carina Novarese y Felipe Schipani.

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La entrada Gobierno decretó esencialidad de servicios para tres centros del Sirpa se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Salaberry sostuvo que el operativo que culminó con los jóvenes lesionados estuvo bajo la dirección del Sirpa. “Fueron ellos los que tomaron las decisiones o habilitaron que estos jóvenes quedaran toda la noche esposados y que no recibieran asistencia médica”, aseguró el dirigente.

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EN PERSPECTIVA
Lunes 24.08.2015, hora 10.16

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Los funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] evalúan presentar una denuncia penal tras constatar que varios menores trasladados del centro Ceprili al ex Hogar Puertas en la madrugada del domingo resultaron heridos.

El traslado tuvo lugar cuando los funcionarios estaban en huelga y eran las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa] y la Guardia Republicana quienes estaban a cargo de la seguridad.

Por otra parte, el sindicato decidió el domingo, en asamblea, levantar la huelga que llevaban adelante en los centros Ceprili, ex Ser y CIEDD, y negociar a partir de hoy con las autoridades las condiciones de trabajo y los protocolos de actuación en los centros de reclusión.

¿Qué fue lo que sucedió exactamente el domingo con los internos trasladados? ¿Cuáles van a ser los planteos del sindicato en la mesa de negociación con el gobierno? Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Salaberry, secretario general del Sindicato del INAU, el Suinau.

NICOLÁS BATALLA (NB) —Primero para aclarar: ¿cómo fue la situación el domingo, cuál es la información que ustedes tienen?

CARLOS SALABERRY (CS) —¿Con respecto al traslado?

NB —Exacto, con respecto al traslado de los jóvenes del Ceprili.

CS —Bueno, la situación es así: la asamblea del sábado a media tarde resolvió declarar la huelga en el Sirpa y comenzar esa misma tarde la huelga con abandono de los puestos de trabajo en los tres centros que estaban intervenidos por la Policía, que eran el Ceprili, CIEDD y el ex Ser en la Colonia Berro. A las 19.00 ya no quedaba ni un trabajador, el centro quedó en mano de la administración y la guardia policial que ya estaba ahí.

RA —Cuando usted dice “intervenido por la Policía”, ¿eso implica que había autoridades de la Guardia Republicana adentro de los propios centros? Porque hoy Juan Castillo, el director nacional de Trabajo, nos decía que el Ministerio del Interior y sus funcionarios intervinieron específicamente en el traslado, no dentro de los centros.

CS —No, hacía cuatro o cinco días que estaban dentro del centro, en un determinado momento creo que un juez ordenó que esperaran en la puerta, y era visible en la calle Bulevar Artigas la presencia policial. Permanentemente estaban entrando, aun cuando no había ninguna medida sindical. Así fue en los días previos, pero en la noche…

NB —¿Eso era común antes o fue a partir de la excepcionalidad de esta situación concreta?

CS —No, es absolutamente excepcional. No recuerdo una presencia policial tan larga en tantos centros. Es una situación compleja obviamente a partir del procesamiento del conjunto de trabajadores que quedaron privados de libertad -muchos desempeñaban sus tareas en esos lugares- por el cual el número de trabajadores disminuyó ostensiblemente. Eso dio lugar a una situación complicada con los jóvenes que desde la tarde ya estaban quemando colchones y esas cosas. Tuvieron que intervenir los bomberos en una oportunidad, más tarde vuelven, ahí los trabajadores ya habían salido y tuvo que haber una intervención de bomberos nuevamente. Finalmente las autoridades dispusieron el traslado al ex Hogar Puertas, que estaba vacío, a uno de los módulos que hoy no utilizaban. El traslado se opera entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el ínterin el gobierno decretó la esencialidad, nosotros reclamamos condiciones de seguridad para cumplir con los servicios esenciales, cuando nos comunican que está resuelta la situación desde el punto de vista de la seguridad ingresan los trabajadores y constatan que todos los jóvenes trasladados, 19, están esposados o engrilletados, algunos con lesiones graves. Se llama a la emergencia móvil, que es lo que se tiene que hacer en esas circunstancias, y las autoridades no permiten el ingreso de la emergencia móvil. Recién son asistidos pasado el mediodía del domingo.

NB —¿Las autoridades no permitieron el ingreso de la emergencia móvil?

CS —No permitieron el ingreso de la emergencia móvil.

NB —¿Con qué explicación?

CS —No sé.

Frente a la situación que estaban presenciando los compañeros nos convocan y lo que acordamos es labrar un acta de los presentes que describen la situación con la que se encontraron. Consultamos con nuestros abogados y nos sugirieron poner en conocimiento de la Justicia la situación para deslindar responsabilidades de los funcionarios del INAU. A la luz de lo que fueron los procesamientos del viernes nosotros no queremos más compañeros presos por tortura, no queremos quedar involucrados en una situación en la que no tuvimos nada que ver.

Esto es entera responsabilidad de las autoridades.

NB —Cuando dice las autoridades se refiere a las autoridades del Sirpa y no a las autoridades policiales, ¿verdad?

CS —Sirpa.

NB —¿Los trabajadores del INAU en este momento ya están en funciones en todos los centros?

CS —Sí, sí, nosotros en el día domingo hicimos una asamblea en la que pusimos en consideración la oferta que hizo el Ministerio de Trabajo de instalar un ámbito de negociación. Se aceptó esa oferta y levantamos la huelga en esos tres centros en los que se había decretado la esencialidad.

NB —¿Eso quiere decir que la atención por parte de los funcionarios es normal? Porque durante el fin de semana se había hablado de que con el decreto de esencialidad habría una guardia mínima que daba para que se le diera de comer a los internos, para los traslados a enfermería y que implicaba, por ejemplo, encierros de 24 horas. Eso ahora ya está saldado.

CS —El tema es que la situación en estos tres centros es absolutamente irregular. Sus directores han quedado presos, no hay un relevo claro, los equipos de trabajo han quedado diezmados, entonces lo que se garantiza es lo esencial. No hay un plan de trabajo cotidiano, un funcionamiento establecido, además de que hubo movimientos importantes de la población de un centro para otro en la semana previa a todo esto. En realidad todos estos lugares están en una situación como de emergencia, no hay un cotidiano estructurado, de que a tal hora se levantan, se bañan, desayunan, van a estudiar o a hacer actividades recreativas, las distintas actividades en el día. No hay nada de eso por muchos factores, entre ellos porque la población ha sido movida de un lado para otro, porque las direcciones de esos lugares prácticamente ninguna está en funciones, buena parte de los equipos de dirección tampoco están… es una situación caótica.

Eso obliga a que la posibilidad de atención se reduzca al mínimo. Todo lo que es el cuidado de la salud, la visita, la alimentación [está siendo atendido], pero no está dando para mucho más hasta que no haya… el aspecto programático es uno de los putos de la negociación, nosotros consideramos que se llega a esta situación precisamente por la ausencia de una propuesta de trabajo coherente en el tiempo. Se estaba y se sigue improvisando, se da respuesta a los emergentes que generan nuevas situaciones y así vamos de mal en peor.

NB —Esa situación que usted describe ahora imagino que genera un ambiente complicado con los propios internos que, por ejemplo, terminan pasando muchas horas encerrados.

CS —Por supuesto. Lo que nosotros vamos a poner en conocimiento de la justicia es una situación grave, pasaron toda la noche esposados, sin atención médica cuando algunos tienen lesiones graves. Es toda una situación complicada, y nosotros queremos deslindar nuestra responsabilidad como trabajadores del INAU de esa situación.

NB —Hoy en la diaria la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, puso el foco sobre la actitud de ustedes como uno de los problemas que desencadenaron en esta situación. Según la diaria ella se pregunta cuál es el origen de este problema y sostiene que es el abandono del servicio: “Acá no vamos a poner foco en las protestas de los jóvenes, [lo que hicieron los funcionarios] es como abandonar a un paciente en el quirófano. Son situaciones de extrema vulnerabilidad; es impensable que alguien deje así un centro”. ¿Ustedes qué dicen al respecto?

CS —Es que una vez más la señora Fulco miente. Esa situación estaba instalada cuando estaban los trabajadores, no es que hubo un episodio puntual ayer: ese centro está incendiado hace un mes y medio y no logran dar una respuesta adecuada para restablecer el orden. La propia Comisión Delegada ha firmado una resolución para intervenir ese centro hace más de un mes, y sin embargo ha pasado todo lo que es conocido, y muchísimas cosas más del mismo tenor -que no han tomado estado público- y sin embargo [Fulco] siempre trata de excluir su responsabilidad como jerarca. Acá la culpa es de la Policía, de los funcionarios del INAU o de las autoridades del INAU que trancan las cosas, siempre afuera, nunca asume una responsabilidad la señora Fulco.

RA —Ustedes van a presentar una denuncia penal por este episodio que según ustedes protagonizó la Guardia Republicana y por la situación en la que quedaron los menores. ¿Qué es concretamente lo que les interesa: deslindar responsabilidades o que se juzgue con la misma severidad que a los trabajadores lo ocurrido con la Guardia Republicana y las autoridades del Sirpa?

CS —No, nuestros abogados lo que nos sugirieron -y es lo que vamos a hacer- es enterar a la Justicia de la situación con la que nos encontramos para establecer que cuando ingresaron a trabajar los funcionarios del INAU esa situación ya estaba dada. Sobre las responsabilidades, es una tarea de la Justicia investigar. Esto no es una denuncia contra la Policía ni nada, eso lo verá la Justicia. Desde nuestro punto de vista todo este operativo estuvo bajo la dirección del Sirpa, fueron ellos los que tomaron las decisiones o habilitaron que estos jóvenes quedaran toda la noche esposados y que no recibieran asistencia médica. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, la justicia verá dónde cabe la responsabilidad. Nosotros sobre estos hechos lo que queremos es, según nuestros abogados, informar a la Justicia para deslindar responsabilidades.

NB —Ayer en la asamblea de funcionarios Joselo López decía, según publica hoy El País, que no iban a hacer nada que implicara un riesgo y que si hay problemas salen de las instituciones. ¿Cómo es que van a estar actuando en los centros, en este proceso de transición mientras negocian con el Ministerio del Trabajo y las autoridades del Sirpa?

CS —Efectivamente. Ese tema fue uno de los puntos que se discutió en una reunión en el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que exigimos de inmediato son garantías para la seguridad física y jurídica de los trabajadores que se tienen que desempeñar en estos centros. Jurídica en el sentido de que, a la luz del fallo, si se presenta una situación de tener que hacer uso de la fuerza y no está regulada, nos exponemos nuevamente a repetir la situación de un procesamiento. Nosotros lo que exigimos, y es uno de los temas centrales de la reunión de las 11.00 en la Dirección Nacional del Trabajo, son resoluciones mínimas que orienten cómo actuar. En ese sentido, frente al riesgo, nosotros nos replegamos, informamos a las autoridades y les pedimos apoyo. Si hay que entrar con apoyo policial a servir los alimentos o a dar la medicación, o cualquier otra situación que se tenga que desarrollar en un centro, lo vamos a hacer así. No vamos a poner en riesgo nuevamente a los trabajadores en esta situación de inseguridad que estamos colocados.

NB —¿Cómo califican el diálogo en este momento con el gobierno en general y las autoridades del Sirpa en particular? Porque las crónicas periodísticas de estos días han señalado que el SUINAU está en pie de guerra contra las autoridades del Sirpa, ¿cómo califican ustedes esa relación en este momento?

CS —No, nosotros hemos asistido a todas las instancias de negociación a las que nos han convocado, muchas veces hemos solicitado nosotros ámbitos de negociación. El problema se focaliza en la Presidencia de la Comisión Delegada, en la señora Fulco, nosotros con los otros miembros de la Comisión Delegada, [Edgar] Bellomo y con [Luis] Noya, no tenemos ningún inconveniente, tenemos un relacionamiento fluido. Creemos que parte de ahí, por falta de cultura de negociación y por características personales tal vez, un rasgo de autoritarismo que tiene la señora Fulco, que es lo único del relacionamiento que se podría entender como complicado. Pero es la persona que está y nosotros tenemos que negociar con quien está, no es un problema para nosotros. El tema es también las actitudes, como le decía hoy, si siempre se parte de la base de que quien está al frente nunca tiene una responsabilidad y la culpa siempre es de algún subordinado, cuando acá se está fallando en la lógica del sistema, es difícil encontrar un punto de acuerdo.

NB —El fallo del viernes por el cual fueron procesados 26 funcionarios del INAU dice que todo el cúmulo de situaciones que se vio en aquel episodio del 24 de julio muestra negación de la dignidad humana, crueldad, degradación y desprecio a la integridad moral ajena. En todo este proceso, ¿cómo ha encarado el SUINAU la discusión sobre ese tipo de procedimientos a implementar cuando están ante ese tipo de situaciones?

CS —En primer lugar nosotros discrepamos con el fallo del juez y la fundamentación nos parece absolutamente disparatada, pero eso va a correr en el recurso de apelación. Lo que precisamente nosotros estamos intentando es evitar quedar expuestos nuevamente en esa situación. Ahí, sacando la impresión que genera el número de personas, quienes actúan efectivamente es un grupo relativamente reducido y hace lo que habitualmente se hace en esas situaciones que es reducir jóvenes y empezar una requisa en función de que estaban armados y se había perdido el control de la situación. Pero todo eso se desarrolla sin que exista un protocolo detallado de cómo hacerlo, entonces a partir de ahora lo que estamos exigiendo es saber cuál dice la administración que es la forma correcta de encarar estas situaciones.

NB —Si no me equivoco lo que ustedes plantean es que este tipo de procedimiento ya lo han aplicado otras veces y en general es más o menos así…

CS —Siempre.

NB —Y nunca habían tenido la observación de las autoridades, lo hacían con la connivencia de las autoridades.

CS —Las reducciones son una situación frecuente cuando se pierde el control o hay un desacato. No solo en el ámbito del INAU, también en otros centros carcelarios, en los hospitales, estas cosas… cuando una persona se descompensa hay que reducirla para evitar que se dañe a sí misma, que dañe a otros o rompa el edificio…

NB —En esa situación se ve más que simplemente la reducción, ¿no?

CS —Lo otro que se ve es el comienzo de una requisa, los que quedaban adentro [de las celdas], que también estaban armados, se los saca de a uno esposados, engrilletados, al piso, y luego se revisan las piezas [para verificar que] no haya objetos prohibidos. Eso es lo que en realidad hay en la imagen, impresiona el número, y se debía a varios factores, no a una asamblea, y los trabajadores hicieron lo que tenían que hacer, por eso también… si yo no acudo en apoyo a un lugar donde hay un problema en realidad estoy faltando a mi deber como funcionario. Todos los que están en la vuelta tienen que ir. Uno cuando entra no sabe con qué se encuentra: había dos y en realidad había 13, las celdas estaban con los candados rotos y por lo tanto podían salir, fue… eso.

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Transcripción: Andrea Martínez

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