Como toda ideología, el antisemitismo es capaz de reinventarse, utilizar nuevos envases y adoptar maquillajes a tono con los tiempos que habita. Es capaz de todo eso y de más, sin cambiar su venenosa esencia. Las dos series de pintadas en el memorial del Holocausto montevideano, introducen en nuestro espacio público una nueva variedad de antisemitismo. Es un antisemitismo elaborado y pensante, alejado de los exabruptos y las amenazas. Es un antisemitismo, también, doloroso hasta el hueso para sus destinatarios y profundamente violento en su mensaje entre líneas.

No está solo quien hizo (o quienes hicieron) estas pintadas. A posteriori del incidente, unos cuantos uruguayos repitieron consignas muy similares en el ciberespacio: que el Holocausto es una mentira (un “holocuento”), que no murieron seis millones de judíos sino algunos cientos de miles por enfermedades, que no hubo cámaras de gas en Auschwitz, que la Cruz Roja lo desmintió. Desconozco cuántos son exactamente quienes abrazan el negacionismo en Uruguay pero es claro que están allí, deseosos de hacer ruido.

¿Qué tiene de antisemita, se preguntarán los más ingenuos de ustedes, poner en entredicho un hecho histórico como se han puesto tantos? La respuesta es sencilla: todo.

El negacionismo es una corriente ideológica bien conocida en otras partes del mundo. Tiene en su haber varios libros, panfletos, videos y otros materiales propagandísticos. Lo que no tiene, en cambio, es una sola referencia académica respetada en el universo de las ciencias sociales. Leyeron bien: ni una sola. No puede haber negacionista alguno respetado pues los más diversos ámbitos universitarios han documentado el Holocausto con inapelable contundencia. Richard Evans, Raul Hilberg, Saul Friedlander, Ian Kershaw, Peter Longerich y Martin Gilbert son sólo ejemplos de una larguísima lista de investigadores científicos que han estudiado a fondo las causas, las características y las consecuencias de esta empresa criminal. Sumemos a todo esto las decenas de jerarcas nazis condenados en las últimas décadas por diferentes sistemas judiciales respetables a raíz de su responsabilidad en el Holocausto.

Como en toda ciencia, en la historiografía hay hechos disputados por los expertos y otros que son unánimemente aceptados. Quién mató a John F. Kennedy, dónde nació Carlos Gardel o si Vivián Trias fue espía para el comunismo checo pertenecen al primer grupo. La llegada del hombre a la Luna, la existencia de miles de desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas y el Holocausto del pueblo judío pertenecen al segundo grupo.

Si el Holocausto está probado fehacientemente a lo largo y ancho del mundo universitario y jurídico, ¿qué sentido tiene seguir militando por su negación? Uno solo: deshonrar la memoria de las víctimas y los sobrevivientes y agredir a quienes conmemoran el episodio como el más trágico evento que ha vivido el pueblo judío en su milenaria historia. No importa que los negacionistas digan a los cuatro vientos que no son antisemitas. Sus ideas y el trasfondo de las mismas hablan mucho más que el prolijo empaquetado al que suelen apelar.

Los negacionistas se asemejan a quienes después de afirmar que existe una conspiración judía mundial sostienen no ser antisemitas por tener un amigo judío. Por eso, cuando uno de los mejores polemistas mediáticos y un profesional del derecho como Hoenir Sarthou afirmó que las pintadas en el memorial fueron una simple falta y un acto vandálico como tantos, quedé estupefacto por tanta liviandad. Sarthou se equivocó de cabo a rabo. Ejercer el negacionismo en un memorial del Holocausto tiene una sola definición: delito. Y ejercerlo en otros ámbitos, como en un mural cualquiera o en un mitin del club de bochas de la esquina, como mínimo roza lo criminal. No por casualidad, negar el Holocausto está explícitamente penado por ley en tantas sociedades democráticas.

El único argumento por el que cabría considerar la no penalización del negacionismo es por una cuestión de eficacia: para no victimizar a sus portadores ni alentar su crecimiento. Es un argumento para discutir con tiempo, paciencia y evidencia de otras sociedades. Invocar el derecho a la libertad de expresión, en cambio, es bastante más dudoso cuando comprendemos que el negacionismo no es cualquier disputa sobre un hecho histórico sino una que lleva en su ADN una sofisticada apología del odio (figura que integra nuestro Código Penal).

Salvo un auténtico milagro, los activistas del negacionismo no cambiarán de parecer. Entre ellos hay dos grandes grupos: el “negacionista cínico” que sabe que lo que dice es mentira pero que políticamente quiere repetirla con la esperanza de transformarla en creíble y el “negacionista convencido” que cree en su propia mentira y no está dispuesto a abandonarla sin importar cuán abrumadora sea la evidencia en su contra. Ninguno de estos dos perfiles cederá un ápice ante la fuerza de los hechos y la argumentación. Sí, en cambio, es necesario que nuestros esfuerzos apunten a construir ciudadanos ilustrados en las peores matanzas del hombre hacia el hombre, del cual el Holocausto es uno de los más terribles ejemplos.

Los negacionistas provienen de dos grandes vertientes ideológicas, ambas presentes en Uruguay. La vertiente más conocida es el neonazismo. En este caso, la negación del Holocausto es una de las tantas armas empleadas para reivindicar el legado del Tercer Reich de Adolf Hitler y favorecer el regreso de la ultraderecha al poder. Al amparo de Donald Trump, esta vertiente está ganando actualmente un gran protagonismo en EEUU. En Europa, su popularidad es también creciente como ejemplifican las recientes elecciones en Alemania.

Un segundo negacionismo está asociado a ciertas facciones que defienden la causa palestina en el conflicto con el sionismo. Abu Mazen, actual presidente de la Autoridad Palestina, supo por ejemplo ser negacionista en su juventud. La obvia estrategia es maximizar el sufrimiento de los palestinos a raíz del conflicto y minimizar el horror vivido por los judíos a manos del nazismo. Es una estrategia retórica alternativa a la que sostiene que los judíos están cometiendo con los palestinos aquello que los nazis cometieron con los judíos (otra falsedad histórica mayúscula pues el sionismo, pese a sus innegables crímenes, no ha intentado jamás exterminar al pueblo palestino).

Los uruguayos no debemos caer en las telarañas retóricas de los negacionistas ni aceptar su disfraz de caperucita cubriendo su piel de lobo. No tiene sentido ingresar en largas e inútiles discusiones historiográficas con aquellos cuyo interés es hacer política de la peor calaña. Por sobre todo, no debemos darle a los negacionistas un solo gramo de legitimidad como interlocutores. Negar el Holocausto es como negar el Genocidio Armenio, el de Bosnia y el de Ruanda. Es una bajeza como sostener que el Gran Mufti de Jerusalem inspiró y convenció a los nazis de cometer el Holocausto (cosa que dijo el actual premier israelí Benjamín Netanyahu hace exactamente dos años).

Peor aún que glorificar el horror de una matanza es sepultar en la negación a las víctimas que la sufrieron. En cada acto de negación, como escribiera Roberto Cyjon, se asesina a las víctimas una y otra vez. Si estamos de acuerdo en esto, es hora de preguntarnos de dónde salen estos infames negadores uruguayos y cómo vamos a lidiar con ellos.

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Sobre el autor
Rafael Porzecanski es sociólogo, magíster por la Universidad de California, Los Angeles. Colaborador de En Perspectiva desde 2015, fue autor del blog Segunda mirada en EnPerspectiva.net y es integrante habitual de La Mesa de los Miércoles.

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Estamos viviendo un tiempo de auténticas movilizaciones en materia de relaciones de género. No me refiero únicamente a las movilizaciones colectivas que constatamos cada tanto en las marchas multitudinarias del “Ni una menos” o consignas similares sino también a esas movilizaciones íntimas que ocurren en nuestras cabezas y que nos obligan a revisar viejos y nuevos paradigmas a través de los cuales nos vinculamos hombres y mujeres. Tengo al respecto la impresión de que cada vez más nos debatimos entre una barbarie machista que se resiste a su extinción y entre un impulso por momentos civilizatorio y por otros momentos disciplinador proveniente desde el movimiento feminista.

La barbarie machista está a la vista de todos. Es esa que ejercen algunos hombres que visualizan a las mujeres como objetos que deberían servir para satisfacer mansamente sus deseos, necesidades y fantasías. Las manifestaciones más extremas de ese machismo fanático son múltiples, recurrentes y espeluznantes: una veintena de mujeres uruguayas que mueren asesinadas cada año por sus parejas o ex parejas; miles de casos de violencia doméstica que no desembocan en la muerte pero que dejan secuelas imborrables y agresiones sexuales de todo tipo y color por parte de extraños y conocidos (algunas filmadas por celular y difundidas alegremente como trofeos de guerra).

A esa barbarie la toleran, la matizan y la amparan muchos otros, hombres y mujeres. Están, por ejemplo, aquellos que miden el grado de culpabilidad de los violadores según el historial sexual de las víctimas o el largo de sus polleras. Unos cuantos van más lejos y siembran la violencia machista aunque no derramen una gota de sangre. Los populares Pibes Chorros supieron cantar hace unos años “Ay Andrea vos si que sos ligera, ay Andrea qué puta qué sos” para que muchos de nosotros bailáramos al son del machismo más puro y duro a ambos márgenes del Río de la Plata.

Todo mecanismo de dominación suele, no obstante, generar sus expresiones de resistencia. Así, frente a los crímenes machistas se alzan cada vez con más fuerza y legitimidad las voces de las (y los) activistas de género. Hay, en esa entendible resistencia, muchos aspectos de corte civilizatorio en respuesta al costado más oscuro del patriarcalismo, empezando por la elemental defensa del derecho más elemental del que debería gozar cualquier ser humano: el de la vida. Sin embargo, hay algunos aspectos de esa lucha feminista (o quizá mejor dicho de ciertas luchas feministas) que desprenden un fuerte aroma a disciplinamiento y revanchismo.

A través de esta estrategia disciplinadora, dirigida desde ciertos nichos institucionales e importada desde otros contextos, se procura enfrentar al patriarcalismo con una línea de fuerte impronta represiva, muy similar a la que reclama la oposición tras algún crimen de resonancia mediática. Lo curioso del caso es que muchas de las feministas que reclaman mano dura para los criminales machistas luego suelen estar del lado de quienes se oponen tenazmente al incremento de penas para otros delitos o a reducir la edad de imputabilidad.

Tras el reciente caso de la whiskería de Artigas que se proponía sortear los servicios de una prostituta en una rifa de $ 50, la directora del Instituto de Mujeres Mariela Mazzoti abogó por un enfoque abolicionista de la prostitución que penalice duramente al cliente. Esta es una medida adoptada en varios países europeos pero resistida por muchos otros pues está basada en un muy discutible supuesto: que la abolición será eficaz para acabar con un mercado sostenido por una fuerte oferta compuesta por mujeres pobres y jóvenes que buscan generar ingresos de otra forma impensables y por una fuerte demanda proveniente de miles de hombres ávidos de intercambiar dinero por sexo.

Está en estudio, por otro lado, un proyecto de ley de violencia de género que propone leyes mucho más duras para los femicidas y condiciones mucho más desventajosas para los sospechosos de violencia doméstica. Este proyecto también parte de otro supuesto harto discutible: que los violentos domésticos son seres fríos y calculadores que dejarán de amedrentar, abofetear o disparar a “sus” mujeres según la cantidad de años que les espere en la cárcel.

La línea disciplinadora de cierto feminismo uruguayo puede verse en muchos otros ejemplos recientes, algunos que directamente rayan en la ridiculez: un veterano profesor machista de tango sentenciado a participar en “acciones de formación en políticas de género e inclusión” de la IM tras haber impedido a dos mujeres bailar juntas en su milonga; un concurso literario abierto que sin embargo favorece a las obras que traten la temática de género y diversidad sexual (siempre y cuando obviamente los artistas se afilien al discurso oficialista); un certamen de humor prohibido para machistas y para todo aquel políticamente incorrecto (como si el humor no apelase por su misma naturaleza a la distorsión y la burla) y una revista para adolescentes “invitada” a cuidar el contenido de sus publicaciones para no reproducir peligrosos estereotipos.

Pareciera, en la concepción de fondo de esta estrategia feminista, que con bastante prohibición, una pizca de talleres de sensibilización y otro poco de transfusión ideológica desde las mentes iluminadas de las activistas de género hacia las mentes retrógradas machistas tuviésemos en las manos el antídoto perfecto para desterrar a los hombres golpeadores, violadores y discriminadores de este mundo. Un problema adicional con las propulsoras de esta estrategia más disciplinadora que civilizatoria es que su retórica suele ir cargada de un fuerte recelo hacia el mundo masculino en general, como si todos los hombres llevásemos un barbárico machista en nuestro interior y todas las mujeres fuesen víctimas en potencia. Como era esperable, esta retórica ya ha cosechado fuertes cuestionamientos, incluso dentro mismo del amplio y diverso movimiento feminista.

Combatir eficazmente la violencia de género es un desafío harto difícil si tomamos en cuenta el extenso prontuario acumulado por los hombres en las más diversas épocas y en los más diversos contextos. Se requiere, probablemente, un enfoque educativo diferente que arranque en las etapas más tempranas de la formación de la personalidad y reformas integrales que aseguren una igualdad de oportunidades genuina entre ambos sexos (no una que únicamente exista en la letra de la Constitución). No deberíamos, además, dejar de lado un enfoque y una reflexión más abarcativa sobre la violencia masculina que incluya pero no se agote en la dimensión de género. Basta recordar que en Uruguay los varones no solo prevalecen abrumadoramente entre los asesinos sino también entre las víctimas.

Si bien nuestro país ha dado pasos gigantescos en materia de igualdad de género en las últimas décadas, la persistencia de la barbarie enseña que hay aún mucho camino por recorrer. Para ese desafío que tenemos por delante, optar por la ruta del prohibicionismo, de mayor mano dura al “macho violento” y de sensibilización forzosa al “macho discriminador” luce una opción muy dudosa no solo en cuanto a su eficacia sino también en cuanto a su compatibilidad con los principios republicanos.

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Vivimos rodeados de encuestas. Tenemos encuestas sobre actitudes democráticas, sobre identidades deportivas y continuidades de directores técnicos, sobre los más íntimos deseos y prácticas sexuales, sobre alimentación, sobre obesidad y sobre hambre, sobre machismo, racismo y el ismo que se nos antoje. Como nunca antes, gráficos y porcentajes deambulan entre nosotros como si fuesen un integrante más de nuestras respectivas familias. Sin embargo, muchos de esos matemáticos frutos de la investigación social lucen cada vez más sospechosos y cada vez menos confiables.

“Lo que podemos hacer, además de reconocer nuestros errores y pedir disculpas, es hacer los deberes, tratar de aprender del fracaso y tratar de mejorar”. Esta disculpa, portadora de una brutal honestidad, pertenece al recientemente desaparecido Luis Eduardo González durante una entrevista con el periodista Aldo Silva, al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales uruguayas de 2014. La valiente autocrítica de González era entendible y pertinente; tanto su empresa (Cifra) como las demás encuestadoras nacionales habían errado en varios de sus pronósticos más importantes, fundamentalmente por subestimar la votación frentista. Así, en lugar del pronosticado parlamento sin mayorías y un supuesto escenario de balotaje competitivo, los resultados electorales le dieron al Frente Amplio su tan ansiada mayoría legislativa y lo posicionaron de cara a una fácil victoria en la segunda vuelta.

Sin que signifique un consuelo, esta clase de graves desaciertos no son monopolio de las consultoras uruguayas. Hace pocos días, Colombia fue escenario de errores aún más groseros. En los días previos a la realización del plebiscito por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, todas las consultoras marcaron un cómodo triunfo del “Si”. Según una medición de finales de setiembre, Ipsos Napoleón Franco otorgaba al “Si” el 66 % de los votos, mientras que la empresa Polimétrica le asignaba un 62 % y Datexco un 55 %. Los resultados, en cambio, arrojaron un triunfo exiguo del “No” con poco más del 50 % en el marco de una también sorpresiva baja tasa de participación (cerca de dos tercios de los electores se quedaron en sus casas ese domingo crucial para la suerte del pueblo colombiano). En el primer mundo, en tanto, las cosas no funcionan demasiado mejor. En Reino Unido, por ejemplo, el triunfo del Brexit no fue previsto por casi ninguna encuesta y algunas incluso estimaron la victoria de la opción de permanencia en la Unión Europea por varios puntos de ventaja.

En cuestiones electorales, los errores y horrores de las empresas encuestadoras salen fácilmente a la luz pues se cotejan con la voluntad popular en las urnas. Sin embargo, seguramente en muchos otros temas las cifras que consumimos y digerimos como si fuesen la más pura verdad adolecen de los mismos pecados y las mismas falacias. Así, cabría preguntarse cuánto se ajustan a la realidad los números que emergen de instrumentos ampliamente conocidos y masticados por el público como ser el Latinobarómetro (que hace poco nos asustó al revelar que los uruguayos somos más autoritarios que otrora) o la Encuesta Mundial de Valores (que el año pasado nos afirmó que cada vez culpamos más a los pobres de su pobreza).

En cualquier curso serio de metodología de investigación en ciencias sociales, hay una palabra clave sobre la que se machaca constantemente: “validez”. Para convertirse en una fuente genuina de saber, una encuesta debe ser válida en dos aspectos centrales. De un lado, sus instrumentos empleados deben medir lo que se proponen y no algo diferente. A este requisito se le llama “validez interna”. Si una pregunta es mal formulada o incorrectamente interpretada por el entrevistado, la información recolectada carecerá de validez interna. Al mismo tiempo, como las encuestas usualmente trabajan con pequeñas muestras de la población estudiada (son excepcionales los censos), se presenta también el requisito de la “validez externa”: que los resultados pertenecientes a la muestra sean generalizables al resto de la población. Una de las grandes ventajas que otorgan las encuestas es que, gracias a las propiedades de la estadística, cuentan con el potencial de estudiar a millones de personas apelando a los datos de unos pocos miles (o incluso cientos) de casos, con márgenes de errores bajos y niveles de confianza elevados. Sin embargo, construir una muestra estadísticamente representativa y, sobre todo, asegurarse que la población seleccionada acepte participar de la encuesta y responda honestamente las preguntas formuladas, constituye un reto extremadamente exigente y raramente conseguido.

Probablemente, las encuestadoras de aquí y allá están fallando en los dos aspectos de validez mencionados. En las elecciones sin voto obligatorio, por ejemplo, las consultoras siguen sin poder encontrar un instrumento de estimación fiable de la conducta que efectivamente adoptará el elector al llegar el día de la votación. En Uruguay, por ejemplo, son ampliamente conocidos los múltiples problemas de predicción para las elecciones internas en los partidos políticos (única instancia del ciclo electoral donde el voto no es obligatorio). Allí hay un claro problema de validez interna: muchos electores dicen que harán una cosa pero terminan finalmente haciendo algo muy diferente, comenzando por el hecho de concurrir o no a votar.

En tanto, los problemas de generalización de resultados parecen a esta altura un mal endémico en casi todas las instancias de opinión pública. Una dificultad particularmente acuciante son las altas tasas de rechazo cada vez que las consultoras golpean las puertas o hacen sonar las líneas telefónicas de los hogares seleccionados. Hablamos aquí de casos que declinan participar de la encuesta o que no logran ser efectivamente contactados, demandando así su sustitución por un hogar o persona que no integraba la muestra original. Aunque las encuestadoras locales han manejado con bastante opacidad las cifras vinculadas al “rechazo” y los métodos concretos aplicados para combatirlo (como ser la ponderación de los datos), varios expertos como Fernanda Boidi o Ignacio Zuasnabar reconocen que allí se encuentra una de las grandes fuentes de la mala praxis encuestadora contemporánea.

Uno de los principales problemas de vivir bajo una fiebre “encuestológica” repleta de porcentajes inexactos (o incluso apócrifos) es evidente: construimos expectativas y adoptamos cursos de acción sobre la base de escenarios inexistentes. El reciente caso colombiano, por ejemplo, deja flotando dos preguntas clave al respecto. Primero: ¿cuántos colombianos que hubiesen votado el “Si” en caso de haber concurrido a las urnas prefirieron la comodidad de sus hogares al constatar que las encuestas anunciaban un cómodo triunfo de dicha opción? Y segundo: ¿qué hubiesen hecho las elites políticas (en especial aquellas que apoyaron el proceso de paz) en caso de haber sabido que existía una paridad mucho mayor entre las dos alternativas?

Las soluciones a los problemas mencionados están lejos de vislumbrarse en el horizonte. Naturalmente, la consigna no debería ser volverse un ludita de las encuestas pues, bien utilizadas, constituyen un formidable instrumento de saber social. Sin embargo, la evidencia ya es suficientemente concluyente como para demandarnos, en tanto ciudadanos, una actitud cautelosa frente a esos porcentajes que llueven reiteradamente desde el cielo mediático. Entre los números mágicos supuestamente paridos por la opinión pública y la realidad misma existe, a veces, un auténtico abismo.

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Hace ya tiempo que sigo de cerca los pasos públicos del diputado Fernando Amado. Por esta razón, no me sorprendió que días atrás Amado lanzara un nuevo sector político –“Batllistas Orejanos”–, con la intención de convertirlo en una suerte de ala centroizquierdista del Partido Colorado y explícitamente desmarcado de las figuras y los liderazgos colorados más importantes de las últimas décadas (el término “orejano” justamente alude en el lunfardo gauchesco a aquello que no tiene dueño).

Hay algo indiscutible en el perfil de esta joven figura de la arena política doméstica: es propenso a nadar a contracorriente y a tomar riesgos políticos considerables. Los ejemplos abundan y arrancan con su propia biografía: Amado es hijo de un ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas identificado con la línea castrense conservadora y en su momento progolpista, el Gral. Fernán Amado. Así como fue capaz de tomar un sendero ideológico muy diferente al de su padre, Amado también demostraría rápidamente voluntad de desafiar a sus colegas políticos, incluyendo a sus propios compañeros.

En 2010, por ejemplo, Amado declaró en una sesión de la Asamblea General que los parlamentarios fueron parcialmente responsables del golpe de Estado por aceptar mansamente los famosos comunicados 4 y 7 del Ejército en febrero de 1973. En 2011, en tanto, Amado publicó un polémico libro sobre Oscar Magurno (antiguo dirigente colorado y ex presidente de la Asociación Española entre otras actividades) en el que criticaba duramente su estilo de hacer política y negocios (basado, según Amado, en el padrinazgo y las gauchadas). No cualquiera, ciertamente, se hubiese atrevido a cuestionar la conducta pública de una personalidad con fuertes nexos en los más diversos sectores de poder de la sociedad uruguaya.

Las patadas de Amado contra el tablero continuarían. Una de las más importantes ocurriría en 2015 cuando, resistiendo la voz mayoritaria de blancos y colorados, Amado se opondría férreamente al proyecto de la Concertación para disputarle la intendencia de Montevideo al Frente Amplio en las pasadas elecciones municipales. La lista de ejemplos “disidentes” podría seguir hasta llegar al pasado sábado 17 de setiembre en donde Amado decidió rendir homenaje a la figura de José Batlle y Ordóñez en la Plaza 1º de Mayo de la capital mientras el grueso de la dirigencia del Partido Colorado celebraba en Durazno los 180 años de vida de la colectividad y homenajeaba a los ex presidentes Sanguinetti y Batlle.

Hasta ahora, el lugar de “orejano” en el cual ha procurado situarse Amado le ha traído algunos réditos innegables. Dentro de los actuales diputados, Amado goza de una gran visibilidad mediática y ha logrado posicionarse con un perfil propio al que se agrega el “aire fresco” aportado por su juventud en un sistema político gerontocrático.

Además, haberse situado explícitamente en el tramo centroizquierdista de la escala ideológica constituye una movida política razonable pensando en las próximas elecciones presidenciales. Una reciente encuesta de Opción Consultores, por ejemplo, marca un gran sector de indecisos de cara a las próximas elecciones presidenciales; sumados, indecisos y votantes en blanco llegan en esa encuesta a 33 %). Más de la mitad de esos indecisos, a su vez, votaron por el Frente Amplio en 2014. Es probable que ese perfil de indecisos se encuentre doblemente insatisfecho, de un lado con los resultados de once años de gestión frentista en el poder y del otro con la oferta electoral prevalentemente conservadora de las restantes fuerzas políticas. La estrategia de Amado podría bien implementada transformarse pues en una opción electoral atractiva para ese sector de votantes.

Son varias, sin embargo, las interrogantes que se abren en el comienzo de esta nueva aventura política. En primer lugar, Amado ha sido hasta ahora muy hábil para exprimir los frutos de su rebeldía. El éxito político-electoral, sin embargo, requiere también de un paciente tejido de alianzas y de acuerdos personales e intersectoriales, más todavía en un país como Uruguay con partidos e instituciones políticas robustas y añejas. Allí, se le abren al diputado Amado varias posibilidades no solo dentro sino también fuera de su partido si tomamos en cuenta que la centro-izquierda uruguaya está presente en los cuatro partidos políticos principales.

El tiempo dirá si Amado, en su nueva condición de líder sectorial y probable candidato presidencial en las elecciones internas del Partido Colorado, será capaz de combinar rebeldía con negociación y compromiso. En segundo lugar, incluso asumiendo una estrategia política adecuada, resulta difícil en este contexto imaginar al diputado Amado venciendo a sus rivales en las internas coloradas. Si ese rival fuese Bordaberry, por ejemplo, a Batllistas Orejanos se le plantearía una situación de difícil resolución: deberá pelear por obtener escaños en el parlamento en la primera vuelta promocionando al mismo tiempo la candidatura de una figura contra la cual se ha situado en la vereda de enfrente desde el mismo inicio. El problema de fondo, es que Amado quizás haya volado algunos puentes sin antes haberlos cruzado.

En tercer lugar, es preciso tomar en cuenta que la oferta “centroizquierdista” de Amado tiene competidores importantes, incluso fuera del Frente Amplio. Por ejemplo, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) viene machacando hace ya bastante tiempo con la idea de un espacio socialdemócrata interpartidario. A esta iniciativa le han hecho guiños figuras políticas como los senadores Jorge Larrañaga o Tabaré Viera (blanco y colorado respectivamente). Aunque aún no está nada claro quiénes integrarían ese eventual espacio ni qué tipo de alianza electoral implicaría, Amado y su sector deberán estar alertas de la evolución de esta propuesta y considerar los pasos a seguir en torno a la misma, pues se trata de un proyecto con muchos puntos de contacto ideológico y enfocado en un nicho bastante similar de votantes.

Finalmente, otro desafío para Amado y su flamante sector será demostrar capacidad de resistencia en el largo plazo a la tentación de incorporación a un partido masivo como el Frente Amplio, donde hoy habita el grueso de la centro-izquierda uruguaya. No todos, pero sí muchos actores políticos que han intentado desarrollar la centro-izquierda fuera del FA con una propuesta similar a la Amado, han tarde o temprano sucumbido a dicha tentación. En el Uruguay posdictadura, entre algunas de esas figuras están, por ejemplo, el ex diputado colorado Victor Vaillant (en su momento una de las voces solitarias del Partido Colorado en favor del voto Verde en el Plebiscito de 1989 sobre la Ley de Caducidad); el hoy senador Rafael Michelini (fundador en su momento del Nuevo Espacio) o el actual canciller Rodolfo Nin Novoa (ex dirigente y ex intendente de Cerro Largo por el Partido Nacional).

Naturalmente, Amado y sus batllistas orejanos no están solos en este juego y su suerte también dependerá de cómo otros actores políticos relevantes decidan actuar frente a ellos. Pensando por ejemplo en sus compañeros y rivales de partido, la figura de Amado luce como un cuchillo de doble filo. De un lado, la constante pose de “guerrero solitario” así como la retórica de Amado en contra de los viejos liderazgos es una evidente piedra en el zapato para los dirigentes de otros sectores colorados. No por casualidad, algunos dirigentes colorados han denostado públicamente a Amado tras la consolidación de su nuevo sector.

Al mismo tiempo, la transformación del Partido Colorado en la colectividad más homogénea desde el punto de vista ideológico muestra claros signos de agotamiento y constituye una gran debilidad en comparación a la mayor diversidad existente en el Frente Amplio y el Partido Nacional. Por ello, potenciar un sector como Batllistas Orejanos y apostar a una convivencia razonable entre al menos dos alas bien diferenciadas (siempre y cuando se constatara simultáneamente un giro actitudinal de parte del mismo Amado), podría marcar el regreso a un Partido Colorado más diverso y, presumiblemente, más competitivo en el plano electoral.

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¿Cómo explicar que la tardecita del martes 23 de agosto, los principales medios de prensa de nuestro país siguieran minuto a minuto la votación de una asamblea de clubes de fútbol sobre una oferta de la empresa Nike para vestir a las selecciones nacionales a partir de 2017? ¿Cómo explicarle a un desprevenido turista que se encontraba en esas horas en Uruguay que esa avidez periodística estaba respaldada por la expectativa de miles de ciudadanos que seguían esa votación como si se estuviese decidiendo nuestra anexión a Brasil o Argentina?

Sin recurrir a la semiótica -a los aspectos simbólicos del asunto-, no habría respuesta satisfactoria posible. A fin de cuentas, observado desde un punto de vista estrictamente fáctico, lo que ocurrió ese martes en la calle Guayabo (sede de la AUF) ni siquiera fue una instancia definitoria. Si bien la asamblea aprobó la propuesta de Nike, aún está pendiente la posibilidad de igualación de la oferta por parte de la empresa Tenfield (en sociedad con Puma). Lo que el público uruguayo terminó haciendo, pues, fue convertir una puja comercial en una telenovela con héroes y villanos bien definidos, con inesperadas vueltas de tuerca y con un final incierto y sorpresivo.

A diferencia de las clásicas historias de Grecia Colmenares o Lali Espósito, el deseo del público uruguayo estaba principalmente enfocado en paladear el fracaso de los asignados villanos de esta historia. Hace ya muchos años, el grueso de la afición futbolera eligió a su gran anti-héroe: Francisco “Paco” Casal.

Hay muchas razones por las cuales Casal encaja en ese papel; como en toda mitología, algunas de esas razones se corresponden con la realidad y otras con la fantasía. Por un lado, “Paco” es uno de los hombres más poderosos del país, con un imperio económico construido desde cero sobre la base de un extraordinario olfato comercial pero también a través de un estilo intimidatorio y sanguíneo ampliamente conocido (el mismo Casal se ha auto-definido repetidas veces como “calentón”). Sobre Casal pesan, por ejemplo, denuncias de graves amenazas contra el fallecido dirigente Juan José Ramos y contra el ex presidente de la AUF Sebastián Bauzá.

Casal tiene otra cualidad fundamental para desempeñar el papel de Goliat en el imaginario uruguayo: su poder luce imbatible en las arenas domésticas. Es “Paco”, según esta extendida concepción, quien ha silenciado periodistas disidentes, quien derroca y designa a su exacto gusto presidentes en la AUF, quien contrata y despide entrenadores, quien le “hizo el cuadro” a Púa en el Mundial de Sudáfrica 2002, quien habría decretado en su momento el descenso del “rebelde” Liverpool a la B y, sobre todo, quien se lleva la parte del león en todo negocio en el que interviene.

En los últimos años, además, la imagen omnipotente de Casal no ha hecho más que crecer, llegando incluso al terreno de la política. Se le responsabiliza, por ejemplo, de haber provocado la destitución del ministro Lescano o de haber intimidado exitosamente a la DGI tras ser investigado por evasión fiscal.

Por si algo faltaba, en 2015, cuando el mundo FIFA-Conmebol sufriera una catarata de acusaciones y arrestos por corrupción, Casal le regaló a la sociedad uruguaya una imagen imborrable. En medio de todo ese escándalo internacional, “Paco” asistió a los juzgados uruguayos en calidad de denunciante para demostrar que la Conmebol había funcionado durante largos años como una “asociación para delinquir”. 

Otro aspecto fundamental para entender el rechazo del grueso del público uruguayo hacia Casal es que cuenta desde hace años con una larga corte de antipáticos servidores que protegen sus intereses a capa y espada: socios empresariales que desafían a sus críticos invitándolos a dirimir sus diferendos a los puños, una larga lista de periodistas deportivos que saben recitar de memoria el libreto de la obsecuencia y una también extensa hilera de dirigentes de clubes (generalmente al borde de la ruina) que pagan sus deudas económicas con enormes favores políticos. Gracias a esos favores, en la AUF ocurren auténticos milagros matemáticos. En 1998, por ejemplo, 50 millones de dólares supieron ser más que 82 millones (cuando la oferta de Tenfield para los derechos televisivos del futbol uruguayo primara por sobre la de la empresa Bersabel) y hace pocos días 3.5 millones anuales estuvieron a punto de valer menos que 750 mil dólares.

Si el casting de los “malos de la película” hace tiempo estaba decidido, sólo faltaba que entrara en escena un “héroe” a la altura de las circunstancias. Pues bien, en esta particular historia ingresó el actor idóneo para el papel: el plantel de la selección uruguaya, encabezado por el capitán Diego Godín. Hablamos de la generación de jugadores que desde Maracaná más alegrías le ha dado a la sociedad uruguaya: un cuarto puesto en Sudáfrica 2010 festejado casi como un nuevo campeonato del mundo; una Copa América obtenida en 2011 en Argentina y eliminando al local; dos épicos triunfos en el Mundial de Brasil 2014 y un relacionamiento con la hinchada que ha dejado completamente enterrada la palabra “repatriado” (esa con la que con bastante carga peyorativa se aludía a los jugadores que provenían desde el exterior a defender a la selección).

En esta puja, los actuales jugadores de la celeste tuvieron una activa participación en favor de la oferta de Nike e incluso difundieron un comunicado en el que, con terminología “artiguista”, se situaron contra el “yugo de intereses ajenos” y contra la venta del “rico patrimonio al bajo precio de la necesidad”. Pareciera, en ese comunicado, que estuviéramos en 1813 y que Casal encarnase al ambicioso centralismo porteño o al agresivo imperio portugués al norte de la Banda Oriental. Esa retórica encajó a las mil maravillas con el ánimo de la afición local, que no demoró en vestir a Godín como José Gervasio Artigas.

El último condimento decisivo para el rutilante éxito de esta peculiar telenovela lo aportaron una gama de pintorescos personajes secundarios. Entre otros se destacan: el presidente de la AUF Wilmar Valdez, una supuesta marioneta de Casal que adquirió vida propia y se volvió en contra de su titiritero; los dirigentes de Nacional y Peñarol jugando un clásico con los colores de Nike y Puma respectivamente; un presunto archi-enemigo de Casal devenido sorpresivamente en aliado estratégico (José Luis Palma, presidente de Liverpool) y un connotado sindicalista y dirigente comunista (Juan Castillo, presidente de Rampla Juniors) que con gran picardía “asambleísta” acaparó la atención de todos volcando la balanza capitalista en favor de Nike con un “voto-gol” en la hora.

El “Guayabazo”: así deberíamos llamar al imperdible capítulo de esta saga, en donde el público saboreó una derrota del imperio más odiado del condado a manos de una admirable legión de soldados artiguistas del siglo XXI. “Yo sé que capaz te importa cinco. ¿Pero esta? Esta la perdiste Paco”. Este fue el mensaje que publicó un buen amigo cibernético y que ilustra a la perfección la alegría desbordante de la hinchada al término de la asamblea. Haber transformado una votación por una cuestión comercial en una dramática definición por penales entre el bien y el mal deja una vez más en claro que para los uruguayos el futbol es, además de un juego, un instrumento crucial para definir quiénes somos y quiénes queremos ser.

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La extraordinaria cobertura mediática de los juegos olímpicos de Río ha dejado varias postales memorables. Entre ellas se encuentra la de dos jugadoras de beach volley disputando el destino de una pelota a cada lado de la red. De un lado, puede observarse a la alemana Kira Walkenhorst vistiendo un ajustado bikini y del otro a la egipcia Doaa el Ghobashy con su cabellera y casi totalidad de su cuerpo cubiertos, salvo sus manos, sus pies y su rostro.

La imagen cobró instantáneamente fama mundial por retratar el encuentro de dos culturas muy diferentes gracias al idioma compartido del deporte. No es un dato menor, además, que la foto corresponda a una disciplina en donde los competidores se enfrentan sin jamás tocarse; recuérdese que en el voleibol los participantes de cada equipo deben necesariamente permanecer en las respectivas mitades trazadas por la infranqueable red.

La foto en cuestión provocó una gran variedad de valoraciones sobre temas que trascienden el ámbito del deporte y, especialmente, sobre la condición de las mujeres en los países occidentes versus las naciones musulmanas. De las múltiples interpretaciones que he encontrado sobre esa imagen (que vale más que mil palabras pero que no habla por sí sola), quisiera detenerme en dos que a mi juicio arriban a conclusiones erróneas.

Por un lado, algunas miradas han encontrado en la foto un asimétrico encuentro entre una mujer libre que goza de los frutos de la secularización occidental y una mujer oprimida por las rígidas normas prevalentes en las sociedades islámicas y desfavorecida para la práctica deportiva en igualdad de condiciones. “No tengo ni idea de vóley playa. Sí, un poquito, de religión. Una puede elegir como vestir. La otra no.” se expresó un usuario español en Twitter sintetizando muy bien este tipo de argumentación.

Un problema mayor con esta interpretación es que hace caso omiso al hecho de que la jugadora egipcia pertenece a un país en donde ni el velo ni la cobertura completa del cuerpo son obligatorios para la mujer. Sin ir más lejos, la otra integrante de la dupla egipcia no tenía su cabellera cubierta durante la disputa del partido. Solamente en unos pocos países islámicos, una voleibolista de playa estaría mandatada a vestir como la jugadora egipcia (Arabia Saudita e Irán, entre los más poderosos y conocidos). Por ello, al revisar la base de datos de las atletas participantes en estas olimpiadas, es posible toparse con una gran cantidad de mujeres de países musulmanes que compitieron utilizando vestimentas similares a las del resto de las participantes.

En segundo lugar, refiriéndonos específicamente al “hijab” (la prenda utilizada por El Ghobashy para cubrir su cabello), deberíamos tener presente que en muchos casos es explícita y voluntariamente lucido como un símbolo de empoderamiento y afirmación cultural por parte de las mujeres musulmanas. Las mismas declaraciones de la jugadora egipcia al término del partido ilustran lo dicho: “Llevo el hijab desde que tenía 10 años. El velo no me impide hacer las cosas que me gustan; y una de ellas es jugar a este deporte…“ y “no renunciaré a mi velo de ninguna manera, porque es una parte importante de nuestra religión y creencias”. Además, en alusión a las críticas recibidas en su propio país por usar el hijab, El Ghobashy declaró: “Si hubiera jugado con bikini, se habrían extrañado (…) y me habrían llamado inmoral. Y si jugamos con velo, [también] nos critican”.

Si la indumentaria de la jugadora egipcia se encuentra lejos de ser un equivalente de opresión, el bikini de la jugadora alemana tampoco debería ser interpretado automáticamente como un símbolo de libertad e igualdad de género. De hecho, hasta los juegos de Londres 2012, las jugadoras de esta disciplina estaban obligadas a usar bikinis mientras que la vestimenta de los hombres era libre, en lo que constituía una evidente práctica sexista. Desde Londres, la normativa cambió para permitir la incorporación deportiva de países contrarios al uso de bikinis, pero la historia previa deja bien en claro que las fronteras de la libertad y la opresión femenina no son idénticas a las dibujadas por la red de la foto.

Una segunda interpretación a mi juicio muy problemática de la foto en cuestión la ofrecieron voces como la del periodista español Kiko Jiménez. En su breve y potente columna “El machismo estaba a los dos lados de la red”, Jiménez equipara las consecuencias actuales del patriarcalismo occidental con aquel prevalente en el mundo musulmán. En opinión de Jiménez, si de un lado se encuentra el machismo religioso establecido por las tradiciones islámicas y las reglas coránicas, del otro se encuentra el machismo propio de las sociedades occidentales en donde la mujer es sexualmente cosificada y su cuerpo tratado como un bien de consumo (sea físico o visual). Así, prosigue Jiménez, “en realidad no hay libertad total a ningún lado de la red. A una le imponen su religión, el incómodo hijab; a la otra le exigen la braga corta de las modas sexistas dominantes, que no las normas. En ambas hay una falsa libertad que parece les deja elegir”. El autor cierra su argumentación con una ingeniosa sentencia: “la libertad no se mide sólo por centímetros cuadrados de tela”.

Esta argumentación también adolece de graves problemas. En primer lugar, Jiménez cae en el mismo error que aquellos a quienes procura criticar cuando interpreta al hijab como un símbolo de dominación masculina, desconociendo las múltiples instancias en que las mismas mujeres musulmanas lo han resignificado y convertido en un instrumento de protesta y reivindicación de sus derechos. En la visión de Jiménez, pareciera que las mujeres de un lado y el otro fueran simples marionetas y que todas sus decisiones (incluyendo qué vestir y cómo lucirlo) estuviesen severamente contaminadas por el patriarcalismo. En el universo de Jiménez, la autonomía de las mujeres huele puramente a ficción.

Un segundo gran problema de esta visión es que, en su afán de equiparar el machismo a ambos lados de la red, el autor termina por desconocer una realidad que ni el más férreo relativista cultural debería hoy discutir: más allá de sus importantes diferencias internas, los países musulmanes sufren de niveles de desigualdad de género mucho mayores que los países occidentales en cualquier indicador social relevante escogido. Por solo citar un ejemplo, en el ranking de igualdad de género de 2014 elaborado por el Foro Económico Mundial, entre 142 países considerados, las naciones islámicas se encuentran invariablemente en los últimos lugares: Irán en la posición 137, Arabia Saudita 130, Turquía 125 y Egipto 129 por citar algunos de los referentes musulmanes más importantes. A la inversa, la casi totalidad de los primeros lugares del ranking están ocupados por países occidentales, liderados por los escandinavos y sus avanzados marcos legales en la materia.

Aunque nos pueda disgustar el sexismo en el mundo occidental y sus múltiples consecuencias, resulta absurdo equipararlo con el de un submundo compuesto de países que en su mayoría restringen severamente la autonomía de las mujeres y que limitan su capacidad de realización en las más variadas áreas vitales (con medidas que pueden llegar a la prohibición de conducir automóviles o a la lapidación de las adúlteras). En el caso específico del deporte, vale recordar que en casi todas las delegaciones olímpicas de países musulmanes las mujeres han sido y son una franca minoría pese a pequeñas mejoras en tiempos recientes.

Esta constatación no implica incentivar la imposición de una cruzada occidentalista en dichos países sino que es un llamado a reconocer que la fusión entre Estado e Islam (manifestada en teocracias y sultanatos) y la variedad de feroces autoritarismos en casi todos los países de mayoría musulmana tienen gigantescas cuentas pendientes que resolver en materia de derechos humanos, siendo la dimensión de género una de las más significativas deudas.

Partiendo de la base que las mujeres deberían gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres, uno desearía que algún futuro juego olímpico nos regalara otra foto icónica de beach volley femenino. Esta vez, las jugadoras estarían del mismo lado de la red, defendiendo los colores de un mismo país. Una de ellas estaría vestida como Doaa el Ghobashy, mientras que la otra luciría un bikini similar al de Kira Walkenhorst. Esas jugadoras podrían ser alemanas o egipcias, habitantes tanto de una sociedad mayoritariamente secular o, a la inversa, de otra predominantemente religiosa. Lo que uniría a esas dos competidoras, además de su nacionalidad, sería el hecho de que las partes de su cuerpo expuestas y cubiertas se corresponderían estrictamente con sus decisiones y preferenciales personales.

En esa nueva imaginaria foto estaríamos pues retratando a dos mujeres tan libres como diferentes. Ese debería seria el espíritu del juego que transcurre antes, durante y después de una partida de voleibol.

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Durante estos últimos días, muchos uruguayos discutimos con fervor sobre el destino de US$ 1.500.000. Ese dinero es el que, aproximadamente, dejarían de percibir las universidades privadas por concepto de donaciones empresariales a cuenta (hasta en un 83 %) del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con los votos de los legisladores del Frente Amplio y resta saber si el Senado hará lo mismo.

Probablemente, la fuerte polémica instaurada se explica no tanto por el dinero en juego (una cifra muy menor en términos de su impacto impositivo) sino más bien por los temas subyacentes, vinculados a la relación deseable entre Estado y mercado y, más específicamente, a los grados de libertad que deberían tener los contribuyentes para elegir el destino de sus impuestos, a lo que constituyen auténticas prácticas de solidaridad y a las características que debería tener nuestro sistema de educación terciaria.

En medio de esta polémica, varios dirigentes y militantes del Frente Amplio han utilizado como argumento la necesidad de favorecer a la educación pública superior por su carácter presuntamente igualitario y gratuito (los diputados Macarena Gelman y Gonzalo Civila han sido probablemente quienes más han subrayado este argumento en el reciente debate mediático). El problema con esa clase de argumentos, sin embargo, es que obvian la existencia del Fondo de Solidaridad, un impuesto que desde 1994 ha transformado a la educación terciaria estatal en parcialmente gratuita y que en 2015 recaudó casi US$ 30 millones.

Desde su creación, el Fondo de Solidaridad establece que aquellos egresados de la educación terciaria pública deben obligatoriamente realizar aportes para solventar, entre otras cosas, un amplio programa de becas universitarias¹. Desde la Ley de Presupuesto de 2015, además, el Fondo de Solidaridad se extendió significativamente en el tiempo, obligando a los egresados a pagarlo hasta los 70 años de edad (en lugar de un período máximo de 25 años). Según el nuevo régimen, un egresado de una carrera de cuatro o más años de duración que aportara durante 30 años, culminaría pagando cerca de US$ 7.000. La cifra podría llegar a los US$ 12.000 si ese egresado pagase un adicional actualmente comprendido para carreras de cinco o más años. Considerando esta información, la pregunta es más que obvia: ¿cómo puede considerarse gratuito a un sistema educativo que tiene en los aportes obligatorios de su población graduada una de sus vías de financiamiento?

Además de no ser gratuita, la educación terciaria superior y su Fondo de Solidaridad están lejos de operar con criterios de auténtica equidad. Es encomiable, por un lado, que nuestra universidad pública tenga un poderoso sistema de becas para apoyar a sus estudiantes de escasos recursos. Aunque los estudiantes del sistema público están exentos de pagar una matrícula, la educación superior tiene múltiples costos que justifican el apoyo a los sectores de bajo poder adquisitivo (que de lo contrario deberían tener una inserción de tiempo completo en el mercado laboral en desmedro de su rendimiento estudiantil).

En la actualidad, 18 de cada 100 estudiantes de Udelar son de hecho becarios, con partidas promedio que rondan los $ 50.000 anuales. También es destacable y compartible que, como parte de las modificaciones introducidas en 2015, el Fondo de Solidaridad incrementara significativamente la franja de ingresos exonerada de realizar aportes. Mientras antiguamente debían aportar al fondo los egresados con ingresos mensuales mayores a 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), hoy equivalentes a $ 13.360, hoy lo deben hacer aquellos con ingresos superiores a 8 BPC, $ 26.720.

Sin embargo, mucho más discutibles son otros criterios que emplea el Fondo de Solidaridad para decidir quiénes pagan y quiénes no. En especial, llama poderosamente la atención que estén exonerados de pagar este impuesto todos aquellos ciudadanos que hicieron uso del sistema pero que no se graduaron. Quizás la premisa para establecer esta línea demarcatoria es que la obtención del título universitario o terciario suele ser recompensado por mejores ingresos.

Esta presunción tiene sustento empírico pues existe una probaba y fuerte correlación entre título e ingresos. Sin embargo, tal correlación está a años luz de ser perfecta. Con este criterio más que imperfecto, pues, el Fondo de Solidaridad abre la puerta a un cúmulo de injusticias. ¿Qué criterio de equidad puede sustentar, por ejemplo, que esté exonerado de pagar el Fondo de Solidaridad un ex estudiante avanzado de ingeniería que no llegó a graduarse pero que aprovechó sus estudios como insumos para fundar una exitosa empresa, mientras que sí debe pagarlo una graduada en trabajo social con ingresos mucho menores? ¿Acaso no hicieron ambos un uso extensivo de todos los servicios brindados por la universidad? Un razonamiento similar podría realizarse respecto al criterio que exonera de pagar este tributo a los egresados que no residen en Uruguay. Una vez más: ¿qué clase de criterio es aquel que exonera del tributo a un acaudalado abogado que vive en el extranjero pero que se formó íntegramente en la Facultad de Derecho de Udelar y obliga en cambio a realizar aportes a un defensor de oficio con un sueldo bastante inferior al del promedio de la profesión?

Si nuestra universidad pública no es universalmente gratuita ni tampoco emplea los mejores criterios posibles de justicia distributiva para determinar quiénes pagan o no por haber utilizado sus servicios, ¿no será tiempo de volcarnos hacia un sistema diferente? ¿Por qué no establecer un sistema en el cual los estudiantes aporten durante sus años de estudio (y no a posteriori) según la cantidad de años cursados y sus posibilidades económicas? O, alternativamente, si nos volcáramos por una alternativa de educación universitaria superior genuinamente gratuita, ¿por qué no derogar el Fondo de Solidaridad y solventar el sistema de becas universitarias con parte de los ingresos provenientes del IRPF, un impuesto que grava a los ciudadanos según su nivel de ingresos?

Curiosamente, ninguno de estos temas cruciales referidos al Fondo de Solidaridad han propiciado un debate amplio en nuestra sociedad (aunque sí es verdad que un pequeño grupo de profesionales ha intentado derogarlo sin éxito en diversas instancias judiciales). Inversamente, la mayor polémica instaurada en torno al Fondo de Solidaridad en los últimos tiempos se suscitó al publicarse el suculento sueldo de su gerente general, un dato que por más polémico o irritante que sea no toca el verdadero centro de gravedad de este asunto.

En este contexto en el que tanta importancia le hemos dado al millón y medio de dólares que hoy reciben las universidades privadas gracias a las exoneraciones impositivas de las empresas, sería deseable que sumáramos a la discusión a una educación pública superior que acoge a muchos más estudiantes, a la que se destinan muchos más recursos y sobre la que existen unas cuantas preguntas, hasta ahora, sin la debida respuesta.

1. Junto a la Universidad de la República, también pagan este impuesto los egresados de la novel Universidad Tecnológica (UTEC) y de las carreras terciarias ofrecidas por el Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP.

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El pasado jueves 14 de julio, una delegación del Mides encabezada por la ministra Marina Arismendi se entrevistó con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En ese encuentro, la ministra realizó una serie de afirmaciones sobre los jóvenes “ni ni” que rápidamente tomaron estado público, levantaron polvareda y generaron predominantemente desaprobación ciudadana a juzgar por la reacción en diversas redes sociales.

La ministra declaró que “detesta” el término “ni ni” para aludir a los jóvenes que no trabajan en forma remunerada ni se encuentran en el sistema de educación formal. Conociendo varias declaraciones previas de la ministra, al menos dos razones explican su visceral rechazo a esa terminología. En primer lugar, la expresión “ni ni” se enfoca y hace hincapié en lo que los jóvenes no hacen (“ni” estudian, “ni” trabajan), lo que podría llevar a su estigmatización y a suponer que la raíz del problema es de orden estrictamente cultural (es decir, una decisión de los jóvenes asentada en pautas de vida reñidas con el esfuerzo y la disciplina).

Respecto a este primer punto, entiendo y comparto el sentir de la ministra. Como una vez escuché decir al sociólogo Luis Eduardo Morás, cada “ni ni” es también un “sin sin”, un joven a quien el mercado laboral no le ha ofrecido oportunidades suficientes y a quien el ámbito educativo ha sido incapaz de retener, entusiasmar y formar adecuadamente. Cuando un joven no estudia ni trabaja, pues, quien está en problemas no es solo el sujeto en cuestión sino todo un entramado institucional que debería ofrecer condiciones mucho mejores para una inserción social exitosa.

La segunda razón del enfado de la ministra con el término “ni ni” es que existe un sector muy significativo de jóvenes que, pese a no estudiar ni percibir un ingreso, dedican varias horas del día a trabajos no remunerados. Al respecto, la apreciación de la ministra tiene datos sólidos que la respaldan. Según las encuestas de hogares recientes, entre la población juvenil entre 14 y 29 años hay aproximadamente un 18 % que no estudia ni trabaja (alrededor de 130.000 jóvenes).

Sin embargo, como la misma ministra afirmó durante el encuentro con la Comisión de Hacienda, cerca de una tercera parte de esos jóvenes son los principales responsables del trabajo no remunerado en el hogar. Se trata, básicamente, de mujeres que realizan tareas domésticas de todo tipo y que se encargan de la crianza o cuidado de niños, adultos mayores y discapacitados.

Existe, además, otro numeroso subgrupo (cercano al 35 %) de jóvenes que busca trabajo, lo que vuelve a relativizar y cuestionar la imagen clásica del “ni ni” abúlico o descarriado. Al tomar estas realidades en cuenta, el llamado “núcleo duro” de los ni ni queda reducido a una cifra sustancialmente menor y hoy cercana a los 35.000 jóvenes (un 5 % del total de los jóvenes uruguayos). Ese “núcleo duro” serían aquellos jóvenes que, además de no estudiar ni trabajar, tampoco buscan trabajo ni colaboran significativamente con las tareas del hogar.

Si bien las ciencias sociales uruguayas nos han permitido conocer mejor su perfil sociodemográfico, es necesaria evidencia adicional para desentrañar cabalmente las razones de su desafiliación social, para saber hasta qué punto dichas razones son coyunturales o duraderas y para pronosticar las consecuencias que esa desafiliación tendrá para su vida adulta.

El problema con la ministra Arismendi es que en su compartible afán de evitar la estigmatización y culpabilización de los jóvenes (y en especial de los jóvenes en situación de pobreza) fue demasiado lejos y cayó en simplificaciones inconvenientes. En especial, cuando la ministra afirmó que “muchas veces no es verdad que [los ni ni] no trabajen. Trabajan mucho y por eso no estudian.” la ministra incurrió en una generalización que la evidencia disponible está muy lejos de respaldar. La realidad del gran bolsón de los “ni ni” es por demás compleja y exige reconocer una multiplicidad de causas, situaciones y trayectorias.

Solo a modo de ejemplo, entre los ni ni nos encontraremos: a quienes buscan una y otra vez trabajo sin encontrar una posibilidad decorosa o ajustada a sus perfiles; a madres adolescentes que deben postergar o abandonar sus estudios para dedicarse a la crianza de sus hijos; a jóvenes (generalmente pobres y varones) seducidos por la próspera industria del narcotráfico para vender, vigilar o matar; a una variedad de casos con graves e inhabilitantes discapacidades psicofísicas y a muchachos de diferentes estratos sociales que han sido ganados por la apatía –aunque quizás sólo temporariamente– en el marco de una educación secundaria en graves problemas.

Podríamos, además, agregar a una de las franjas más problemáticas de la juventud uruguaya que usualmente no es contabilizada en las estadísticas de los “ni ni” pero que constituyen una de las peores caras de la desafiliación y la fractura social: los más de 500 menores infractores internados en el Sistema de Rehabilitación Penal Adolescente (Sirpa) y los miles de adultos jóvenes presos en las cárceles de nuestro país (según el último censo carcelario, cerca del 35 % de los casi 10.000 reclusos –casi todos hombres– es menor de 25 años y otro 35 % tiene entre 26 y 35 años).

Para tantos y tan variados perfiles de jóvenes, se requieren abordajes con acentos institucionales muy diferentes. Como bien destaca un informe sobre el tema: “La heterogeneidad existente entre los jóvenes ni ni debe tener su correlato en el diseño e instrumentación de políticas. Si entendemos que el conjunto de jóvenes presenta diversas realidades, las respuestas desde las Políticas de Estado también debe ser amplias. Los desafíos se encuentran relacionados con la importancia de aumentar las posibilidades de los jóvenes de obtener y mantener un trabajo decente, lograr su reinserción en el sistema educativo (tanto formal como no formal), mejorar el sistema de cuidados para los jóvenes con carga familiar y lograr dar respuesta a aquellos jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, entre otras.”

Para futuras instancias sería saludable que, con el debido asesoramiento de su equipo técnico, la ministra hilase más fino al referirse a la población de jóvenes con dificultades de inserción laboral y educativa y a las causas que explican sus situaciones. No es mucho pedir. A fin de cuentas, estamos hablando de la principal autoridad y referencia del ministerio donde se diseñan e implementan buena parte de las políticas sociales sobre juventud.

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Hace pocos días, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa publicó una columna titulada Los Justos de Israel. En la nota, el escritor peruano destaca el trabajo de una variedad de activistas israelíes en pos de los derechos humanos del pueblo palestino. Según Vargas Llosa, esos “justos” son hombres y mujeres que “hacen oír su voz, enfrentados a la corriente, indiferentes a la impopularidad y a los peligros que corren actuando de ese modo, para exponer una verdad o defender una causa que la mayoría, cegada por la propaganda, la pasión o la ignorancia, se niega a aceptar”.

Entre los “justos” mencionados por Vargas Llosa se encuentran, por ejemplo, la periodista Amira Haas, que denuncia y reporta la dura vida de los palestinos en los territorios ocupados en las páginas del diario Haaretz, un joven llamado Max Schindler que se mudó a la asediada aldea palestina de Susiya para enseñar inglés a sus habitantes y Yehuda Saul, uno de los fundadores de Breaking the Silence, una organización que denuncia las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército de Israel principalmente sobre la base de testimonios aportados por soldados y ex soldados.

Tiene razón Vargas Llosa cuando señala que los “justos de Israel” son actualmente minoría entre su pueblo. Hoy son mayoría, en cambio, los israelíes que prefieren a líderes conservadores e intransigentes como Benjamín Nethanyahu, quien desde 2009 ejerce como Primer Ministro de Israel gracias a contundentes triunfos electorales. Bastante lejos han quedado en el tiempo los Acuerdos de Oslo de 1993 (que registrara aquel emblemático apretón de manos entre Ytzhak Rabin y Yasser Arafat) y la fracasada Cumbre de Taba a fines de 2000 (donde el Gobierno laborista israelí timoneado por Ehud Barak estaba dispuesto a realizar concesiones que hoy serían impensables).

También son minoría en su pueblo los “justos de Palestina”, la otra cara de la moneda de esta historia, una cara que Vargas Llosa no aborda en su columna pero que es imprescindible contar y conocer. Me refiero a esos hombres y mujeres palestinos que, en un mar de fundamentalismo y resentimiento, han decidido luchar por los derechos de su pueblo desde el camino del diálogo y la movilización pacífica. Investigando sobre el tema, es posible toparse con muchísimos de estos “justos”. Permítanme presentarles a tres de ellos cuyas biografías son particularmente ilustrativas y conmovedoras.

Uno es Muhamad Dajani, un “justo” cuya historia me hizo conocer la periodista Ana Jerozolismki. En enero de 2007, Dajani, por entonces profesor de ciencias políticas de la universidad palestina Al Quds (y con pasado como activista político palestino en OLP y Fatah), fundó junto a su hermano la ONG Wasatia (término coránico cuya traducción sería “camino intermedio”). Los objetivos primordiales de Wasatia son la promoción y difusión de un islamismo no violento y humanista y la lucha por el fin de la ocupación militar israelí a través de la negociación y la paz.

Con ese mismo espíritu con que fundó Wasatia, Dajani lideró en 2014 un viaje al campo de concentración de Auschwitz junto a 27 de sus estudiantes de Al Quads en el marco del Programa sobre Reconciliación y Conflicto auspiciado por la Universidad Friedrich Schiller (Alemania) y la Universidad Ben-Gurion (Israel) y apoyado por Wasatia. Según la información disponible, se habría tratado del primer viaje de estudiantes palestinos a dicho memorial del horror humano y del holocausto judío en particular.

En ese mismo programa, una semana antes del viaje a Auschwitz, otro grupo de estudiantes israelíes había visitado el campo de refugiados palestinos de Dheisheh para aprender más sobre las dolorosas consecuencias para el pueblo palestino que conllevó la fundación del Estado de Israel en 1948 (y que los palestinos usualmente apodan la “Nakba” -catástrofe en árabe-). En una de las entrevistas periodísticas para conocer los motivos de su experiencia en Auschwitz, Dajani respondió: “Ayudó a enfatizar la historia humana del holocausto, a estudiar el significado de la historia en relación a nuestro propio conflicto, a enfatizar la empatía, la conciencia y la sensibilidad”.

Otro “justo de Palestina” es Bassam Aramin, nacido en Hebrón, Cisjordania, hace 48 años. En 2005, Aramin fundó junto a excombatientes palestinos y ex-soldados israelíes el movimiento Combatants for Peace, cuyo fin principal es promover una lucha no violenta contra la ocupación israelí. Los primeros viernes de cada mes es habitual ver a estos activistas liderando una pacífica marcha por las calles de alguna ciudad israelí.

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Hace algunas semanas, el secretario de la OEA Luis Almagro afirmó que el Gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro no es de izquierda pues “no puede haber un régimen de izquierda con presos políticos”. Similarmente, luego del escándalo de los millones y el convento protagonizado por el ex vice ministro “K” de obras públicas José Lopez, el periodista Fernando López D’Alessandro –habitual analista de la situación política argentina– escribió en su página de Facebook: “Los que denunciamos siempre la corrupción K (…) los que siempre dijimos que (…) hablaban por izquierda pero que robaban en el estilo de la derecha, teníamos razón.”

Tanto Almagro como López D’Alessandro no son los primeros ni serán los últimos que procuren separar las aguas entre varios de los llamados gobiernos “progresistas” de la región y una auténtica identidad de izquierda. Lo que observamos en esta clase de afirmaciones es una operación de rescate en procura que la noción de izquierda se preserve virgen, impoluta y a salvo de todos los males políticos que han azotado a nuestra región recientemente, entre los que se encuentran la corrupción sistémica y a gran escala, la persecución política (especialmente en Venezuela) o la utilización inescrupulosa del Estado como maquinaria para la preservación del poder.

El obvio problema que presentan estos intentos de salvataje es que le quitan al eje “izquierda-derecha” toda utilidad para el análisis político pues la transforman en una dicotomía esencialmente moral en donde uno de los polos queda emparentado con el monopolio de lo admirable y el otro polo emparentado con el monopolio de lo repulsivo. Además, si aplicamos esa clase de exigencias puristas a los gobiernos para que califiquen como de “izquierda” me temo que nos quedaremos en el plano empírico con un casillero vacío tanto en nuestra América Latina como en cualquier otro rincón del planeta. Por esta razón, cabe en estos tiempos de crisis del progresismo latinoamericano recordar la fructífera distinción entre izquierda y derecha realizada por el politólogo Norberto Bobbio en Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política, su clásica obra.

Según Bobbio, la diferencia clave entre izquierda y derecha remite a la relación con la igualdad, teniendo los movimientos de izquierda una propensión mucho mayor a cuestionar las desigualdades sociales y la segunda una desconfianza mayor en la capacidad y en la pertinencia de la política para corregir dichas desigualdades. En las sociedades capitalistas en particular, donde las principales asimetrías derivan de la posición ocupada por las personas en el mercado, los movimientos de izquierda realizarán especial énfasis en la eliminación o amortiguación de las desigualdades de clase mientras que los movimientos de derecha generalmente se asociarán a la defensa de, al menos, ciertas desigualdades básicas.

Como el mismo Bobbio destaca, en la vida real el eje izquierda-derecha es mucho más un continuo que incluye una amplia gama de matices que una línea fronteriza que distingue tajantemente a los defensores de cosmovisiones políticas irreconciliables. Además, si bien el eje izquierda-derecha suele ser un referente clave para entender la vida política de las naciones, está lejos de ser el único y no necesariamente es el más importante.

Bobbio, al mismo tiempo, deja explícitamente abierta la posibilidad de combinar de múltiples formas izquierda y derecha con otras tantas díadas políticas. El mismo autor, por ejemplo, reconoce explícitamente la existencia de regímenes de izquierda y derecha tanto autoritarios como democráticos y así podríamos seguir combinando izquierda y derecha con otras dicotomías fundamentales como corrupción-transparencia, proteccionismo-aperturismo, o centralismo-federalismo entre tantas otras.

Pensando pues en la distinción de Bobbio, podríamos reformular la discusión sobre los recientes “progresismos” de la región y preguntarnos en qué medida las políticas de estos gobiernos han procurado atemperar, conservar o incrementar las evidentes desigualdades heredadas de sus predecesores. Al respecto, la evidencia es concluyente: la mayor parte de estos gobiernos intentaron no solo en su retórica sino también en sus medidas concretas reducir la desigualdad entre sus poblaciones.

Los resultados, además, están a la vista. Según un reciente reporte del PNUD, por ejemplo, la significativa reducción de la pobreza en la región durante la última década no solo se debió a la bonanza económica –mayormente explicada por el precio favorable de las materias primas– sino también a una sensible mejora de la distribución de los ingresos. Los datos desagregados por países permiten observar que la disminución de la desigualdad fue especialmente importante en todos los países que han sido identificados con el progresismo sudamericano (más allá de sus obvias y significativas diferencias): Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Uruguay.

La fuerte correspondencia entre progresismo y reducción de la desigualdad está lejos de ser una mera coincidencia. A través, por ejemplo, de la implementación de transferencias monetarias directas, de modificaciones en el sistema tributario o de la ampliación de derechos laborales de vastas capas de trabajadores, la ola progresista en América Latina tiene ciertamente un papel explicativo importante.

Por ello, quizás sea tiempo de abandonar la ambigua noción de “progresismo” y catalogar a los mencionados gobiernos sudamericanos como lo que fueron y son: como regímenes emparentados con ideologías de izquierda, donde las políticas destinadas a mejorar los indicadores de desigualdad (sobre todo de clases) cumplieron un papel central en su agenda.

Es saludable que desde la misma izquierda muchos actores y analistas interpelen a varios de estos gobiernos por sus errores u horrores. Pensando especialmente en Argentina, Brasil y Venezuela, sus niveles de corrupción han sido escandalosos, sus gestiones globales de la economía han sido malas o pésimas (especialmente en los últimos años) y sus retóricas polarizadoras y maniqueas han sido no solo consecuencia sino también causa de fuertes antagonismos y tensiones sociales.

Sin embargo, quitarles el signo izquierdista de su gestión impide en el plano empírico distinguir algunos componentes centrales de sus políticas en comparación a las aplicadas por gobiernos anteriores y en el plano teórico esteriliza el fuerte potencial del eje izquierda-derecha como herramienta de análisis político.

Siguiendo la simple pero potente distinción de Bobbio, es hora de reconocer que, en su afán distintivo de atacar las desigualdades sistémicas, una gestión de izquierda puede ir acompañada de los más variados ornamentos, condimentos y procederes. Por ello es que en el gran zoológico histórico de la izquierda podemos encontrar el totalitarismo soviético, el comunismo caudillista de Fidel Castro, la frustrada y derrocada vía democrática al socialismo de Salvador Allende en Chile, un kirchnerismo con el sello de fábrica peronista y un neobatllismo frenteamplista con pequeñas pinceladas marxistas, entre muchas otras especies.

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Segunda mirada es el blog de Rafael Porzecanski en EnPerspectiva.net. Actualiza el sábado en forma quincenal.

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