Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Viene de: Lacalle Pou le reprochó a Orsi por el “tono” de sus declaraciones

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Romina Andrioli (RA): Los aumentos de impuestos se van a dar en varios frentes. Para las personas físicas los cambios más relevantes incluyen una mayor tributación en las franjas de mayores ingresos, que es compensada en parte por una reducción del IVA cuando se paga con tarjeta de débito. Estas medidas impactan directamente en el bolsillo de los uruguayos, por lo que nos pareció que valía la pena dedicar el espacio económico de hoy a analizar estas modificaciones. ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Quiénes terminarán pagando más impuestos? Sobre estos temas conversamos a continuación con el economista Leonardo Mangado, de la consultora Deloitte.

Leonardo, si te parece bien, empecemos repasando las principales medidas que están entrando en vigencia… ¿cuáles son los impuestos que se modifican?

Leonardo Mangado (LM): Como tú decías recién, son varios cambios, que afectan tanto a las personas físicas como a las empresas. Para las personas los aumentos más significativos están en el IRPF, que es un impuesto que se paga por franjas. Esas franjas están fijadas en función de lo que se llama “base de prestaciones y contribuciones” (o BPC). Es un valor que se ajusta habitualmente a comienzos de año, por lo que en los próximos días veremos un nuevo ajuste.

De todas formas, considerando los valores actuales de la BPC, hay un monto mínimo no imponible de unos $23.400… Es decir que quien gane por mes menos de eso no paga IRPF. Luego hay varias franjas… por lo que supere los $ 23.400 de salario nominal y hasta unos $ 33.400, se paga un 10 %. Por lo que supere esos $33.400 se paga más… el siguiente tramo es de 15 %…

Los aumentos de IRPF que comienzan a regir en 2017 se dan a partir de la cuarta franja, que va desde los $ 50.000 a los $ 100.000 aproximadamente. El 20 % que se pagaba antes ahora pasa a un 24 %. En las franjas de ingreso que están por encima de eso las tasas suben entre 5 y 6 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 36% en la franja de mayor ingreso.

RA – Por lo que entiendo, entonces, solamente las personas que ganen más de $ 50.000 mensualmente van a estar afectados por el aumento de franjas ¿Es así? ¿Cuántas personas serían?

LM – Sí. De hecho, cuando el gobierno anunció estos cambios impositivos hizo mucho énfasis en que los incrementos afectaban a una parte relativamente pequeña de la población. Según los números del gobierno, aproximadamente 290.000 personas ganan más que esos $ 50.000 mensuales. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de las personas que pagan IRPF, pero es una proporción bastante chica, de alrededor de 20% de las personas que perciben ingreso.

Igualmente, las tasas que aplican sobre los ingresos son solo una parte del cálculo del IRPF… porque también las personas pueden deducir algunos conceptos del pago de sus impuestos y allí también hubo cambios que son bien importantes.

RA – ¿Podemos explicar un poco mejor ese punto de las deducciones?

LM – Claro. Hay varios conceptos que se pueden deducir del pago de IRPF. Los más importantes son los aportes a la seguridad social y al FONASA. También hay una deducción por hijo de un gasto ficto por hijo que se encuentra en $ 3.600 mensuales.

El tema central es cómo se deducen esos gastos. Hasta ahora, a esos gastos se les iba aplicando tasas progresivas, al igual que lo que ocurría con los impuestos por ingresos… Por ejemplo, una persona con un ingreso de $ 80.000 mensuales, pagaba el impuesto con tasas que comenzaban en 0 %, seguían en 10 % e iban aumentando. A los gastos deducibles también se les iba aplicando tasas progresivas… A más gastos, una proporción mayor se deducía. Por la primera parte se deducían gastos al 10 %, luego al 15% y así iba creciendo…

Sin embargo, a partir de ahora, se fija una tasa “plana” para las deducciones, que además es baja respecto a lo que eran antes. Concretamente, la tasa de deducción es de un 10% para las personas que ganan mensualmente menos de $ 50.000 y de 8% para las personas que ganen más que eso… Eso quiere decir que las personas terminarán deduciendo menos que antes… Porque antes, cuando subía el ingreso aumentaban las tasas del impuesto pero también aumentaba el porcentaje del gasto que se podía deducir… Ahora, ese porcentaje se queda estable.

RA — ¿Y cuál es el impacto de este cambio en las deducciones?

LM — El impacto depende de cada caso… Pero podemos decir que cuanto más gana una persona, se incrementa más el impuesto a pagar, porque subió la tasa del impuesto y porque baja lo que puede deducir.

Para ver esto con claridad, si te parece, podemos manejar un par de ejemplos… considerando una persona que trabaja y que tiene dos hijos.

RA — Me parece bien… ¿Qué dan esos números?

LM — Una persona que tiene un salario nominal de unos $ 50.000 por mes pagaba unos $ 1.300 y ahora pagará en torno de $ 1.700 de IRPF. Como sus ingresos no están en la franja en la que sube la tasa de IRPF, es claro que ese aumento de $ 400 viene dado solo porque puede deducir menos gastos.

Veamos otro ejemplo… Una persona que gana unos $ 85.000 mensuales, antes pagaba $ 7.200 (un 8,5 %) y pasará a pagar unos $ 9.900 (11,6 %). Paga unos $ 2.700 más, $ 1.400 por más tasas y $ 1.300 por menos deducciones.

En estos dos casos vemos que la importancia de las deducciones y las tasas en el aumento de IRPF varía mucho… y en algunos casos, los cambios en las deducciones pueden ser más relevantes incluso que los aumentos de las tasas de IRPF.

RA – Creo que está claro lo que ocurre con las personas que trabajan ¿Cuáles son los cambios que rigen para los jubilados?

LM – Los cambios del IASS, que es el impuesto que pagan los jubilados, están muy en línea con los que se adoptaron para el el IRPF. Es decir, los cambios afectarán a los pasivos que cobren mensualmente más de $ 50.000. La tasa que paguen por los ingresos comprendidos entre $ 50.000 y $ 167.000 pasará de 20% a 24%. Para los ingresos que estén por arriba de esos $ 167.000 la tasa va a ser de 30%.

RA – ¿Y qué pasa con los impuestos que pagan las empresas?

LM – Un punto importante es que la tasa de IRAE, que es el impuesto que pagan las empresas, se mantiene incambiada en un 25%. De todas formas, este año empiezan a regir diferentes mecanismos que implican más carga de impuestos, incluyendo cambios en la forma en que se pueden deducir algunos gastos y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Por otra parte, también pesa el hecho de que se va a gravar al 7% a los dividendos no distribuidos de ejercicios pasados (anteriores a los últimos tres años).

RA – Para ir cerrando, Leonardo. ¿Cuál es el aumento de la recaudación que se prevé por todas estas modificaciones?

LM – De acuerdo a las estimaciones que realizó el gobierno, los incrementos impositivos a las empresas y las personas implicarán para este año un aumento de la recaudación de unos US$ 385 millones. De todas formas, a eso hay que descontar el efecto de la reducción del IVA. Recordemos que en este año la deducción de IVA para compras hechas con tarjeta de débito y medios de pago electrónicos similares será de 4%, dos puntos porcentuales más que en 2016… Eso supone, según los números del gobierno, una resignación de unos US$ 50 millones. En consecuencia, estamos hablando de un efecto neto de unos US$ 330 millones de dólares más de recaudación (eso equivale a 0,6% del PIB). Obviamente son estimaciones y lo que ocurra finalmente va a depender de cómo evolucionen el consumo, la actividad económica y el mercado de trabajo. Pero a priori con estos cambios cabe esperar una mejora relevante de las cuentas públicas en este año.

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La entrada Entran en vigencia las subas de impuestos para 2017: ¿Cómo impactan estas medidas? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Tal vez una de las características más salientes y valiosas de nuestra sociedad es la capacidad de debatirlo todo, en un ejercicio sano, indispensable para la democracia.

Tenemos, como cualquier país, muchos temas importantes para discutir y resolver los uruguayos. Y por eso llama la atención el tiempo y el espacio que se dedica a asuntos cuya trascendencia está más bien pautada por el oportunismo político que por su importancia real para el futuro.

En estas últimas horas, desde un confuso anuncio realizado por el gobierno, se ha armado un sainete sobre el destino que debería tener el dinero resultante del proceso Philipp Morris versus Uruguay. Los jubilados, las escuelas públicas, las escuelas rurales, el sistema de salud. Las propuestas se multiplican.

El anuncio, no cabe duda, fue infeliz. Al gobierno le hubiera salido mejor –y de hecho hubiera sido más lógico– destinar los fondos, por ejemplo, a la compra de medicamentos de alto costo, ya que el dinero proviene, a fin de cuentas, de un juicio cuyo trasfondo es la salud de la población.

Pero la discusión ha llegado al punto de que algunos dirigentes políticos se pusieron a calcular cuántos pesos le tocaría a cada jubilado en esta suerte de dilución de recursos que se hace para atenuar, aunque sea un poco, el impacto negativo del anuncio de los 200 pesos de aumento para los mismos jubilados de la semana pasada.

No es sano que la demagogia de unos alimente el oportunismo de otros.

Hace algunas semanas, en medio del también polémico anuncio de ajuste fiscal, aparecieron otra vez los consabidos cuestionamientos a la compra de un avión presidencial o al Antel Arena, por poner un par de ejemplos notorios.

El argumento siempre gira en torno al mismo punto: si se gasta o no se gasta, si es oportuna la erogación o no lo es.

Hace décadas que discutimos sobre la compra de un avión presidencial como si eso fuera un lujo para el país, cuando el tema hace directamente a la seguridad de los presidentes, y el aparato podría considerarse una inversión para ir a explorar nuevos mercados en lugar de verlo como un gasto. Recordemos, al pasar, los desorbitantes precios de pasajes que pagó la última delegación de legisladores que se fue de gira a Africa. Con seguridad, no es un avión usado y viejo el que se necesita. Al mismo tiempo, seamos realistas: un país no puede pasar décadas y varios mandatarios para tomar una decisión tan menor.

Sin duda el destino de los dineros públicos es importante independientemente de la suma de la que se hable. Pero no es posible que se sucedan las generaciones y tengamos una y otra vez las mismas discusiones, y peor aún, argumentos repetidos.

Existe un concepto que está de moda y que los uruguayos haríamos bien en interiorizar: se denomina “calidad del debate público”.

Un estudio publicado en febrero de este año por la fundación española Rafael del Pino concluye que cuando un país requiere soluciones estratégicas, a largo plazo, la calidad del debate entre los diferentes actores sociales es un factor determinante para encontrar esas soluciones.

¿Debatimos hoy los uruguayos a un nivel que nos permita resolver problemas a futuro? ¿Son nuestros dirigentes políticos conscientes de cuán necesario es elevar la mirada y fomentar sin descanso la discusión de temas verdaderamente centrales?

Vivimos en un país en el que el sistema educativo público atraviesa una crisis de una profundidad inusitada. Hoy en Uruguay se habla de ir a buscar a quienes desertan del liceo casa por casa; así de grave es la situación.  Sin embargo, cuando muchos quisiéramos informar sobre acuerdos y planes de futuro para educar a nuestros jóvenes, resulta que tenemos que dar cuenta de que una ministra de Educación descalifica a los maestros por ser maestros, en una actitud que explicita un resquebrajamiento que ya parece inatajable de las relaciones entre autoridades y educadores.

Muchos nos preguntamos si serán capaces nuestros políticos, colectivamente, de levantar el nivel de la discusión pública. Al fin y al cabo, a dirigentes que se consideran líderes, hay que exigirles que prediquen con el ejemplo.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 13.07.2016

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Carol Milkewitz/EnPerspectiva.net

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Jueves 23.06.2016, hora 8.21

EMILIANO COTELO (EC) —La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA), que fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, cuando dio a conocer las medidas de ajuste fiscal planeadas por el Gobierno, fue muy bien recibida en la interna del oficialismo. Sin embargo, ha empezado a levantar polvareda fuera de él.

La propuesta generó una muy dura respuesta del Centro Militar, que el martes dio a conocer un comunicado en el que sostiene que las Fuerzas Armadas “están siendo frontalmente atacadas”, mientras el país “asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia: Ancap, ALUR, Pluna, Casinos, Fondes, etcétera”.

Pero el desacuerdo no provino exclusivamente de filas castrenses. El nacionalista Gustavo Penadés, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, entiende que las modificaciones propuestas a la Caja Militar son un disparate y que se está tomando a los militares como “chivo expiatorio” de los problemas causados por el manejo de la economía en los Gobiernos del Frente Amplio (FA).

Vamos a comenzar a abordar ese tema en En Perspectiva. Hoy recibimos al diputado Gustavo Penadés.

Recordemos cuál fue la referencia a este asunto en la intervención del ministro Danilo Astori en la conferencia de prensa del lunes 23 de mayo.

(Audio Danilo Astori)

"Pero quizás lo más importante es lo que refiere a la Caja Militar. Nosotros estamos proponiendo, y no solo proponiendo, tenemos muy avanzado el proyecto de reforma de la Caja Militar, que tiene un impacto fiscal increíblemente alto en el país. Uruguay está disponiendo una asistencia anual a la Caja Militar de unos US$ 400 millones, lo cual excede totalmente las posibilidades del país y en particular las posibilidades de esta etapa que está viviendo el país. Por lo tanto quisiéramos que este año 2016 viera aprobada una reforma de la Caja Militar de modo de disminuir la asistencia financiera del Estado."

(Fin audio)

EC —Con ese planteo, así globalmente realizado por Astori, ¿usted ya estuvo en desacuerdo en aquel momento?

GUSTAVO PENADÉS (GP) —Sí, por varios motivos. La Caja Militar es deficitaria según desde el punto que la se mire, puede llegar a concluirse que sí, pero por US$ 400 millones no. Esa es la primera cifra en que el ministro se equivoca. Y es tratar de meter este elemento en el contexto de una variable de ajuste fiscal que el Gobierno debe adoptar producto de las equivocaciones en su política económica de los últimos años. Como consecuencia de eso, el ministro Astori hace este anuncio para tratar de satisfacer a algunos sectores del FA que desde hace mucho tiempo embisten sistemáticamente contra el inciso 03 del Presupuesto Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y en especial contra las Fuerzas Armadas.

¿Por qué digo que US$ 400 millones no son el déficit? Vamos a poner algunos ejemplos. Los militares pagan IASS (impuesto de asistencia a la seguridad social), por tanto se recaudan alrededor de US$ 35 millones al año por concepto de ese impuesto, que no se le devuelve a la Caja Militar, sino que es un aporte que desde la Caja Militar se hace al Banco de Previsión Social (BPS). O sea que si a esos US$ 400 millones ya le retiramos estos US$ 35, no son más US$ 400 millones.

Si además de eso el Presupuesto Nacional prevé US$ 125 millones al año –los aportes patronales que el Estado debe hacer por los funcionarios que aportan a la Caja Militar–, ya les restamos a esos US$ 400 los US$ 35 mencionados y estos US$ 125.

EC —¿En la cuenta de los US$ 400 suele ubicarse a estos US$ 125?

GP —Por supuesto que sí. Entonces el error está en tratar de generalizar y dar una cifra que, dicha así como así, es muy importante.

EC —Su planteo es muy terminante, sin embargo la economista Azucena Arbeleche, asesora de Luis Lacalle Pou, cuando la entrevistamos aquí en En Perspectiva el 24 de mayo, al día siguiente de los anuncios, dijo –textual–: “Me parece muy bueno el revisar y analizar la Caja Militar. Creo que así como el ministro anunció un equipo de trabajo multidisciplinario para analizar el tema del BPS, eso mismo tiene que hacerse en distintas órbitas. No podemos dar todo por obvio, hay que sentarse y analizar si los gastos se están haciendo de forma correcta”.

GP —Totalmente de acuerdo con la economista Arbeleche. Una cosa es analizar y trabajar sobre la reforma, otra cosa es decir que la situación económica que el país está atravesando es consecuencia del déficit de la Caja Militar. Esa es la barbaridad en la que el ministro Astori incurre cuando mete el tema de la Caja Militar en la misma bolsa de anuncios de lo que debe hacer el ajuste fiscal para tratar de reconducir la economía nacional. Hay que estudiarla, como todo.

Además se parte de una equivocación y de una gran omisión. El tema de la Caja Militar no se puede separar de un análisis mucho más grande, que es un gran debe que el FA tiene en su programa y en su gestión de gobierno, que es analizar a las Fuerzas Armadas como tales. El problema que tenemos hoy es que tenemos dos pasivos o dos retirados o un retirado y un pensionista por cada activo del MDN. Ese déficit se arrastra desde hace muchísimos años. Todos sabían que se iban a terminar generando los problemas que hoy se están generando.

La entrada Entrevista central, jueves 23 de junio: Gustavo Penadés se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Transcripción de la entrevista con el diputado Gustavo Penadés (Todos, PN)

La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) que fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori cuando dio a conocer las medidas de ajuste fiscal planeadas por el Gobierno, fue muy bien recibida en la interna del oficialismo. Sin embargo, ha empezado a levantar polvareda fuera de él.

La propuesta generó una dura respuesta del Centro Militar que el martes dio a conocer un comunicado en el que afirma que las FFAA "están siendo frontalmente atacadas" mientras el país "asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia: ANCAP, Alur, Pluna, Casinos, Fondes, etc".

Pero el desacuerdo no provino exclusivamente de filas castrenses. El nacionalista Gustavo Penadés, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, entiende las modificaciones propuestas a la Caja Militar son un disparate y que se está tomando a los militares como “chivo expiatorio” de los problemas causados por el manejo de la Economía en los gobiernos del Frente Amplio.

Para profundizar en estos conceptos en la entrevista central de En Perspectiva recibimos en estudios al diputado Gustavo Penadés.

Transcripción de la entrevista con el diputado Gustavo Penadés (Todos, PN)

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Oficiales retirados dicen que reforma de la Caja Militar es un “ataque frontal” a las FFAA

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Es frecuente escuchar que Uruguay es un país que ofrece a quien invierte en emprendimientos o instrumentos financieros, reglas de juego claras y estables. Lo dicen las autoridades y los empresarios. Y es un haber que nuestro país debe conservar y el Gobierno de turno defender si queremos seguir siendo destino de inversiones provenientes del exterior.

También es un activo importante si como país pretendemos apuntalar el desarrollo de las empresas nacionales, grandes y pequeñas, que le dan empleo a cientos de miles de uruguayos y que igualmente dependen de reglas de juego estables para poder planificar.

Ya nos referimos en este espacio al golpe impositivo que supondrá para los trabajadores uruguayos –y también para los jubilados– el ajuste fiscal decidido por el Ejecutivo para tapar el agujero en las finanzas públicas. Tenemos que volver a ocuparnos de este asunto, esta vez para abordar, aunque sea de forma parcial, su impacto sobre las empresas privadas. En efecto, el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Gobierno incluía algunas sorpresas, que a cuentagotas están siendo conocidas por los uruguayos, y en particular por los empresarios uruguayos.

Tal vez la más llamativa sea la disposición que establece que las empresas que no distribuyeron ganancias entre sus socios durante tres años a partir de 2007, deberán pagar IRPF sobre ese dinero aunque no haya salido de la empresa o haya sido utilizado, por ejemplo, con fines de autofinanciamiento. Sabido es que las empresas utilizan parte de sus ganancias para reinvertir. Pero también lo hacen con fines financieros, para evitar endeudarse por ejemplo, o incluso para pagar deudas.

Algunas empresas se encontrarán ahora con un escenario que alterará sus proyecciones, que les obligará a pensar en que tendrán que devengar una suma importante de dinero que algún día pagarían pero que esperaban pagar más adelante. En resumen, un cambio que puede golpear su estructura financiera en momentos de debilidad económica.

Además, las empresas que tenían pérdidas acumuladas y tenían el beneficio de poder deducirlas a medida que empezaban a generar ganancias –un esquema fundamental en el caso de empresas con ciclos productivos largos o de empresas que atravesaron problemas y se plantaron para superarlos–, solo podrán hacer deducciones sobre la mitad de sus utilidades.

Menciono estos dos puntos porque, del diálogo con especialistas surgen como los dos más problemáticos. Como dije, representan un cambio en las reglas de juego que puede tener un costo a futuro en la evaluación de iniciativas de inversión.

Mientras otros países que atravesaron crisis apostaron a aligerar la carga de los actores económicos generadores de empleo y consumo, Uruguay optó por la vía opuesta. Y esto ha golpeado y muy duro en el ánimo de la población.

No hace falta dar cifras. El ajuste y sus consecuencias, el mercado del empleo, la caída del consumo, los frenos a las decisiones de gasto de las familias, la preocupación por las cuotas de los colegios en una enseñanza cada vez más privatizada, o simplemente la compra de un bien necesario pero caro en un país muy caro, son el tema permanente de conversación por estos días.

Este tipo de disposiciones poco ayudan al ánimo de quienes toman decisiones de inversión, en un momento en que el ánimo cuenta y mucho. La situación actual recuerda en algo a lo que ocurría en 2002, cuando en cada reunión o fiesta los uruguayos comentábamos sobre el impacto de la crisis. Es claro que no vivimos una crisis financiera como aquella, y que el sistema productivo está mucho mejor parado. Pero es evidente que hay preocupación en la sociedad uruguaya por el futuro del poder adquisitivo de los salarios, por el empleo, por la empresa propia o aquella que da trabajo.

No hace falta traer cifras para sustentar esta afirmación. Y en todo caso, los números están disponibles en los organismos oficiales. Pero sería deseable que disposiciones de este tipo, que no hacen otra cosa que darle un golpe a los actores económicos que dan empleo, sean revisadas para evitar que la “sensación de crisis”, puesta esta expresión entre comillas, se profundice, y terminemos alimentando aquella vieja idea de la profecía autocumplida.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 22.06.2016

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 21.06.2016, hora 8.21

EMILIANO COTELO (EC) —¿Cómo se moverá la bancada del oficialismo en la discusión parlamentaria del ajuste fiscal?

Mañana, la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo remitió al Palacio Legislativo la semana pasada.

La propuesta llegó precedida de un amplio intercambio entre el presidente Tabaré Vázquez, legisladores y el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), que implicó la modificación de algunas de las pautas que había anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) originalmente.

De todos modos, varios sectores de la coalición siguen discrepando con la decisión de posponer algunos gastos.

¿Cómo mira este proceso el principal grupo del oficialismo? ¿Cuál será la actitud del MPP (Movimiento de Participación Popular)?

Vamos a conversarlo con la senadora Lucía Topolansky

¿Cómo ha visto la forma en que se llega a la discusión parlamentaria de esta Rendición de Cuentas? Está de telón de fondo un dato fuerte, desde que gobierna el FA, esta es la primera vez que le toca encarar un ajuste fiscal.

LUCÍA TOPOLANSKY (LT) —Cuando hicimos la agrupación de gobierno, hace un par de meses, la exposición que hizo el equipo económico ya daba la pauta esta. Porque el equipo económico hizo énfasis en ese momento en el contexto, en la situación internacional y cómo iba a afectar a un país como Uruguay, que es tomador de precios. Entonces nosotros, o por lo menos algunos de nosotros, imaginamos que en la Rendición de Cuentas se iba a reflejar esa idea.

Una cosa que me pareció interesante de este proceso fue que pudimos conversar algunas cosas antes de que el proyecto ingresara. El Consejo de Ministros trabajó cuatro sesiones y después el presidente ordenó que se le informara al Secretariado, y enseguida se hizo una ronda por los grupos.

EC —Se hizo el anuncio público y después una ronda de reuniones con los grupos.

LT —Ahí va, esa fue la seguidilla. Nosotros tuvimos oportunidad de discutir rato, fue una reunión larga, en la que le planteamos las cosas que veíamos como posibles caminos para obtener algunos dineros que se precisan en este momento, sin afectar demasiado algunas cosas que son importantes, como pueden ser avances que tenemos en la sociedad uruguaya.

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De todos modos, varios sectores de la coalición siguen discrepando con la decisión de posponer algunos gastos. ¿Cómo mira este proceso el principal grupo del oficialismo, el MPP? De estos y otros temas conversamos en la entrevista central con la senadora del sector, Lucía Topolansky.

Transcripción de la entrevista con la senadora Lucía Topolansky (MPP, FA)

¿Cómo se moverá la bancada del oficialismo en la discusión parlamentaria del ajuste fiscal?

Mañana, la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo remitió al Palacio Legislativo la semana pasada.

La propuesta llegó precedida de un amplio intercambio entre el presidente Tabaré Vázquez, legisladores y el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), que implicó la modificación de algunas de las pautas que había anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) originalmente.

De todos modos, varios sectores de la coalición siguen discrepando con la decisión de posponer algunos gastos.

¿Cómo mira este proceso el principal grupo del oficialismo? ¿Cuál será la actitud del MPP (Movimiento de Participación Popular)? Para conversar de estos temas recibimos en la entrevista central de En Perspectiva a la senadora del sector, Lucía Topolansky.

Transcripción de la entrevista con la senadora Lucía Topolansky (MPP, FA)

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Por Emiliano Cotelo ///

El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Por eso, el ajuste fiscal vuelve al tapete.

El tema se había tranquilizado a comienzos de la semana pasada cuando se anunció el acuerdo entre el Gobierno y el Frente Amplio (FA), que implicó algunos cambios en el paquete original presentado por el ministro Danilo Astori, sobre todo para que el incremento del IRPF no afectara a la franja de salarios entre $ 30.000 y $ 50.000 y no se postergaran aumentos de gastos previstos en educación, ciencia e innovación. Pero pocos días después el debate se reabrió desde adentro mismo del oficialismo, cuando algunos sectores notaron que igual se correrían para más adelante gastos que consideran importantes. Y la misma alarma ganó a algunos sindicatos, por ejemplo ADUR (Asociación de Docentes de la Universidad de la República), que ya amenaza con un conflicto si la Universidad de la República no recibe en 2017 los refuerzos de rubros que se le había aprobado. ¿Cómo se saldrá de este brete? ¿Con reasignación de gastos o con nuevos impuestos?

Y aún falta agregar en este cuadro a la oposición, que incluso prepara una interpelación, a cargo de Jorge Larrañaga. Blancos, colorados e independientes van por otro lado. Pegan en la promesa de Tabaré Vázquez, cuando era candidato presidencial, de que no se iba a aumentar la presión tributaria. Pero además son muy críticos con el tipo de ajuste que decidió ejecutar el Gobierno, sobre todo porque entienden que debería basarse en el recorte de gastos y no en la suba de impuestos*.

Esta semana, justamente, el senador Luis Lacalle Pou informó que está preparando un propuesta de rebaja del gasto que financiaría el monto del ajuste (US$ 460 millones por año) sin que fuera necesario incrementar tributos. Otros sectores blancos y colorados han anunciado otras alternativas de ese estilo. El argumento principal es que, si las autoridades tomaron decisiones presupuestales equivocadas, es el Estado quien tiene que ajustarse, en vez de trasladarle el ajuste a la gente y a las empresas privadas.

Yo espero con interés esas ideas porque a mí, desde siempre, me rechinan los bolsones de ineficiencia que existen tanto en la Administración Central como en las empresas públicas. Y espero que esas iniciativas sean serias y no voluntaristas. Pero me temo que el asunto es más complejo de lo que parece.

Puede argumentarse que el Estado somos todos y que, por lo tanto, cuando se pide que sea el Estado quien se ajuste, igual quienes terminarán pagando son la gente o las empresas privadas. Por ejemplo, que si una oficina compra menos lapiceras, habrá un proveedor privado que facturará menos y que eso hasta puede impactar negativamente en la plantilla de personal de esa firma privada. Y que si se suspenden las obras del Antel Arena, habrá que pagar multas, muchos obreros y técnicos irán al seguro de paro primero y al despido después, y, por si eso fuera poco, quedará una estructura abandonada a mitad de camino, que puede permanecer así por años o décadas, como ocurrió con lo que hoy es la Torre Ejecutiva, lo que deriva en pérdidas y gastos (por ejemplo, en servicios de vigilancia), junto con un problema de imagen para la zona afectada y para el país en general.

Ojalá esta discusión sobre otros formatos de ajuste fiscal arroje soluciones ingeniosas y lo menos dañinas posible para la sociedad uruguaya. Pero mi sensación es que, con la economía estancada y un déficit fiscal que a fin de año llegará al 4.3 % del PBI, cualquier salida será amarga y que lo mejor es examinar cómo se llegó a esta situación y, sobre todo, cómo no volver a caer en estas trampas.

Es que la clave está en lo que ya ocurrió: la forma cómo aumentó el gasto desde que el FA llegó al Gobierno. La izquierda sostiene que el presupuesto debió seguir creciendo porque era necesario construir y/o fortalecer algunas políticas sociales, de educación, de ciencia y tecnología y hasta de seguridad pública. Pero ¿cómo se entiende que el gasto total aumentara por arriba del ritmo de crecimiento de la economía, que, por otra parte, era excepcionalmente alto debido al período de bonanza que estábamos viviendo? …Y con un condimento que no puede soslayarse: ese gasto, que subía en exceso, en buena medida lo hacía de manera estructural, es decir para siempre. Por ejemplo, con la instauración del Fonasa, al que debían ir incorporándose con el tiempo diferentes grupos de la población. ¿No fue eso demasiado riesgoso? Una solución pudo haber sido que la sustentabilidad de esas estructuras rígidas de gasto se garantizara aumentando impuestos, una medida que en aquel momento de vacas gordas no habría tenido un impacto tan negativo. Pero se prefirió no hacerlo. ¿Cuál fue el resultado? Que, como advertían numerosos analistas, el viento de cola no duró para siempre y llegó un momento, el actual, en que no hay otra alternativa que incrementar los tributos, justo cuando resultan menos oportunos porque la economía se está frenando.

Valdrá la pena observar cómo transcurre la polémica que se viene en el Poder Legislativo.

Y si después de ese análisis se concluye que no hay forma de evitar los aumentos de impuestos, antes de hacerlo –me parece- se impone que el FA pida disculpas a la población por el voluntarismo con que se manejó en materia fiscal en los últimos años.

Pero además, en cualquier caso, comparto lo que sugería el economista Ernesto Talvi: debe votarse de una buen vez una ley que establezca una regla fiscal. O sea: Una norma que asegure que en el futuro el Estado solo pueda gastar los recursos con los que va a poder contar en el futuro de manera sostenida, y no aquellos que surjan de condiciones excepcionales y transitorias que no van a perdurar en el tiempo. Un sistema así, por otra parte, permite que en épocas de ebullición sea posible ahorrar, a efectos de contar con un fondo soberano que ayude cuando las cosas se compliquen.

Talvi realizaba otra propuesta desafiante: que se cree por ley una comisión multipartidaria que se ocupe de realizar una preselección de candidatos a ocupar los directorios de las empresas públicas, cuidando que los elegidos tengan probada idoneidad en la gestión de organizaciones complejas. En base a esos nombres, el Poder Ejecutivo solicitaría luego al Senado el otorgamiento de las venias correspondientes. De esa manera se mejoraría la gestión en ese sector del Estado, todo un lastre, desde siempre y en especial en los últimos tiempos.

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el FA han pasado ya por el Gobierno. Y los tres han tenido que implementar ajustes fiscales. Por eso están dadas las condiciones ideales para que el sistema de partidos uruguayo envíe a la ciudadanía un mensaje fuerte y claro en cuanto a que ahora en adelante las cuentas públicas se manejarán de manera más responsable.

* Del ajuste de US$ 460 millones, la mayor parte viene del aumento de impuestos, que rendiría US$ 335 millones por año. Del lado del gasto, donde solo se obtendrían US$ 125 millones, el único recorte de rubros es, en realidad, una promesa: cada tres vacantes de funcionarios públicos que se produzcan solamente se cubrirán dos; lo otro que está previsto en esta materia es la postergación (no el recorte) de una serie de aumentos de gastos que se habían previsto.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 17.06.2016, hora 08.10

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La entrada <em>En Primera Persona</em><br>Ajuste fiscal: ¿Cómo no volver a caer en la trampa? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Emiliano Cotelo ///

El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Por eso, el ajuste fiscal vuelve al tapete. El tema se había tranquilizado a comienzos de la semana pasada cuando se anunció el acuerdo entre el Gobierno y el Frente Amplio (FA), que implicó algunos cambios en el paquete original presentado por el ministro Danilo Astori, sobre todo para que el incremento del IRPF no afectara a la franja de salarios entre $ 30.000 y $ 50.000 y no se postergaran aumentos de gastos previstos en educación, ciencia e innovación.

Pero pocos días después el debate se reabrió desde adentro mismo del oficialismo, cuando algunos sectores notaron que igual se correrían para más adelante gastos que consideran importantes. Y la misma alarma ganó a algunos sindicatos, por ejemplo ADUR (Asociación de Docentes de la Universidad de la República), que ya amenaza con un conflicto si la Universidad de la República no recibe en 2017 los refuerzos de rubros que se le había aprobado. ¿Cómo se saldrá de este brete? ¿Con reasignación de gastos o con nuevos impuestos?

Y aún falta agregar en este cuadro a la oposición, que va por otro lado y que incluso prepara una interpelación, a cargo de Jorge Larrañaga. Blancos, colorados e independientes pegan en la promesa de Tabaré Vázquez, cuando era candidato presidencial, de que no se iba a aumentar la presión tributaria. Pero además son muy críticos con el tipo de ajuste que decidió ejecutar el Gobierno, sobre todo porque entienden que debería basarse en el recorte de gastos y no en la suba de impuestos*.

Esta semana el senador Luis Lacalle Pou informó que está preparando un propuesta de rebaja del gasto que financiaría el monto del ajuste (US$ 460 millones por año) sin que fuera necesario incrementar tributos. Otros sectores blancos y colorados han anunciado otras alternativas de ese estilo. El argumento principal es que, si las autoridades tomaron decisiones presupuestales equivocadas, es el Estado quien tiene que ajustarse, en vez de trasladarle el ajuste a la gente y a las empresas privadas.

Yo espero con interés esas ideas porque a mí, desde siempre, me rechinan los bolsones de ineficiencia que anidan tanto en la Administración Central como en las empresas públicas. Y espero que esas iniciativas sean serias y no voluntaristas. Pero me temo que el asunto es más complejo de lo que parece.

Puede argumentarse que el Estado somos todos y que, por lo tanto, cuando se pide que sea el Estado quien se ajuste, igual quienes terminarán pagando son la gente o las empresas privadas; por ejemplo, que si una oficina compra menos lapiceras, habrá un proveedor privado que facturará menos y que eso hasta puede impactar negativamente en la plantilla de personal de esa firma privada.

Y si se suspenden las obras del Antel Arena, habrá que pagar multas, muchos obreros y técnicos irán al seguro de paro primero y al despido después, y, por si eso fuera poco, quedará una estructura abandonada a mitad de camino, que puede permanecer así por años o décadas, como ocurrió con lo que hoy es la Torre Ejecutiva, lo que deriva en pérdidas y gastos (por ejemplo, en servicios de vigilancia), junto con un problema de imagen para la zona afectada y para el país en general.

Ojalá esta discusión sobre otros formatos de ajuste fiscal arroje soluciones ingeniosas y lo menos dañinas posible para la sociedad uruguaya. Pero mi sensación es que, con la economía estancada y un déficit fiscal que a fin de año llegará al 4.3 % del PBI, cualquier salida será amarga y que lo mejor es examinar cómo se llegó a esta situación y, sobre todo, cómo no volver a caer en estas trampas.

Es que la clave está en lo que ya ocurrió: la forma cómo aumentó el gasto desde que el FA llegó al Gobierno. La izquierda sostiene que el presupuesto debió seguir creciendo porque era necesario construir y/o fortalecer algunas políticas sociales, de educación, de ciencia y tecnología y hasta de seguridad pública. Pero ¿cómo se entiende que el gasto total aumentara por arriba del ritmo de crecimiento de la economía, que, por otra parte, era excepcionalmente alto por el período de bonanza que vivíamos? Y con un condimento que no puede soslayarse: ese gasto, que subía en exceso, en buena medida lo hacía de manera estructural, es decir para siempre.

Por ejemplo, con la instauración del Fonasa, al que debían ir incorporándose con el tiempo diferentes grupos de la población. ¿No fue eso demasiado riesgoso? Una solución pudo haber sido que la sustentabilidad de esas estructuras rígidas de gasto se garantizara aumentando impuestos, una medida que en aquel momento de vacas gordas no habría tenido un impacto tan negativo. Pero se prefirió no hacerlo. ¿Cuál fue el resultado? Que, como advertían numerosos analistas, el viento de cola no duró para siempre y llegó un momento, el actual, en que no hay otra alternativa que incrementar los tributos, justo cuando resultan menos oportunos porque la economía se está frenando.

Vale la pena observar cómo transcurre la polémica en el Poder Legislativo. Y si después de ese análisis se concluye que no hay forma de evitar los aumentos de impuestos, antes de hacerlo –me parece- se impone que el FA pida disculpas a la población por el voluntarismo con que se manejó en materia fiscal en los últimos años.

Pero además, en cualquier caso, comparto lo que sugería el economista Ernesto Talvi: debe votarse de una buen vez una ley que establezca una regla fiscal. Una norma que asegure que en el futuro el Estado solo pueda gastar los recursos con los que va a poder contar en el futuro de manera sostenida, y no aquellos que surjan de condiciones excepcionales y transitorias que no van a perdurar en el tiempo. Un sistema así, por otra parte, permite que en épocas de ebullición sea posible ahorrar, a efectos de contar con un fondo soberano que ayude cuando las cosas se compliquen.

Talvi realizaba otra propuesta desafiante: que se cree por ley una comisión multipartidaria que se ocupe de realizar una preselección de candidatos a ocupar los directorios de las empresas públicas, cuidando que tengan probada idoneidad en la gestión de organizaciones complejas. En base a esos nombres, el Poder Ejecutivo solicitaría luego al Senado el otorgamiento de las venias correspondientes.

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el FA han pasado por el Gobierno y los tres han tenido que implementar ajustes fiscales. Por eso están dadas las condiciones ideales para que el sistema de partidos uruguayo envíe a la ciudadanía un mensaje fuerte y claro en cuanto a que ahora en adelante las cuentas públicas se manejarán de manera más responsable.

* Del ajuste de US$ 460 millones, la mayor parte viene del aumento de impuestos, que rendiría US$ 335 millones por año. Del lado del gasto, donde solo se obtendrían US$ 125 millones, el único recorte de rubros es, en realidad, una promesa: cada tres vacantes de funcionarios públicos que se produzcan solamente se cubrirán dos; lo otro que está previsto en esta materia es la postergación (no el recorte) de una serie de aumentos de gastos que se habían previsto.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 17.06.2016, hora 08.10

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