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Fotos: Mauricio Zina/ adhocFOTOS y web de Mariana Zerpa

A comienzos de este mes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspendió unas 11.500 asignaciones familiares (AFAM) a beneficiarios cuyos hijos no estaban concurriendo a centros educativos.

El control, que se aplica dos veces por año, se debe a las condiciones que rigen para las asignaciones familiares según la ley votada en 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio: inscripción en institutos de enseñanza y alta asistencia a clases, más la realización de controles médicos periódicos a los niños.

Debido a la pandemia la medida se dejó en suspenso en los primeros años de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Pero después se retomó y ahora, en la segunda oportunidad, se disparó la polémica, o, mejor dicho, se reinició una polémica que vuelve cada tanto, y que incluso generó diferencias internas en el último período de Tabaré Vázquez.

Esta vez, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón planteó públicamente su preocupación por lo que ocurre con los niños a los que se les corta el beneficio y el ministro Martín Lema aclaró que no había “marcha atrás”.

El lunes 8 entrevistamos sobre este tema a Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides.

Hoy les proponemos otro enfoque: desde la academia, donde se advierte que las condicionalidades no tienen el impacto esperado para mejorar la asistencia a la educación de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se podrían modificar estas políticas para lograr mayor efectividad?

Conversamos En Perspectiva con la economista Mariana Zerpa, doctora en Economía por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, profesora asistente en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y especializada en políticas sociales.

Destaques de la entrevista:

• "Las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad son el principal programa de transferencias hacia familias en situación de pobreza y están focalizados en embarazadas, niños y adolescentes".
• "Las evaluaciones que existen de las Asignaciones Familiares muestran que, la recepción de la transferencia en sí, aumenta en promedio en un 3% la asistencia al sistema educativo. No sabemos cuál es específicamente el efecto de la condicionalidad o cuánto es por recibir la transferencia que puede facilitar que la familia pueda enviar a sus hijos a centros educativos".
• "En los liceos de los barrios más pobres hay tasas escandalosas de repetición. Si un adolescente está teniendo mucho problemas para encontrar incentivo para ir al liceo, probablemente este incentivo económico a la familia no logre abatir esos otros inconvenientes que esa familia está enfrentando".
• "No conocemos el impacto específico de estas suspensiones sobre las familias, porque no tenemos los datos. Sí podemos decir que las transferencias monetarias tienen efectos positivos sobre las familias, quitarla va a quitar ese efecto positivo. Sabemos que mejora la nutrición infantil, sabemos que mejora los resultados durante el embarazo, sabemos que en general las transferencias de ingreso durante la infancia y adolescencia son importantes para mejorar muchos resultados de los niños y adolescentes más allá de la asistencia a la educación. Quitar esa transferencia va a tener un impacto negativo sobre esas familias que tienen niveles de ingresos muy bajos. Además, eso de dársela y quitársela le introduce una fuente de incertidumbre a las familias sobres sus ingresos. Genera impactos negativos".
• "Por la fecha en que hoy por hoy se producen las suspensiones es muy difícil que en el mismo año logren corregir esa situación".
• Que las políticas no se evalúen "probablemente sea de lo más frecuente".
• "Es posible corregir las condicionalidades (para acceder a estas asignaciones familiares), y rever si realmente después de corregirlas se logran los objetivos deseados o sirve mejor eliminarlas".
• "Tal como están diseñadas hoy es difícil que tenga impacto positivo. Es necesario rever el diseño para intentar ver si se logran esos impactos que se buscan".

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió ayer con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Robert Silva, para plantearle su inquietud por la suspensión de 11.000 Asignaciones Familiares que son cobradas por padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, el liceo o la UTU.

Hablando en rueda de prensa, Silva aseguró que la cantidad de prestaciones suspendidas genera “una nueva alarma”.

“Una de las cosas que hablamos con la vicepresidenta es que estos números nos revelan la imperiosa necesidad de transformar la educación, y que particularmente nuestros jóvenes y adolescentes nos están dando cuenta de que hay una realidad que es multicausal, que tiene muchos factores, pero que también hay un sistema educativo en la educación media que muchas veces no colma las expectativas, como ellos mismos lo dicen en muchas evaluaciones e instancias donde se consulta su opinión”.

Robert Silva dijo que la Anep ya puso en marcha un estrategia para identificar a los niños y adolescentes que no están concurriendo a los centros educativos y luego reinsertarlos mediante clases de apoyo, tutorías y horas de acompañamiento.

Argimón había solicitado el encuentro con Silva la semana pasada cuando el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que iba a suspender 11.000 Asignaciones Familiares que son abonadas a través del BPS. La vicepresidente aclaró que estaba de acuerdo con la medida (que está prevista por ley) pero manifestó públicamente su preocupación por saber qué pasa con los niños y las familias a quienes se le suspende el cobro de esa prestación.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, por su lado, fue enfático en remarcar que “no iba a haber marcha atrás en la decisión”. “Prefiero adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice la situación cuanto antes, que dar una señal de que es lo mismo si los niños van o no van a los centros educativos", continuó.

La Tertulia de los Miércoles con Juan Pedro Mir, Gabriel Budiño, Desirée Pagliarini y Agustín Iturralde.

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Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS

Destaques de la entrevista:

• "Por la situación extraordinaria que estábamos viviendo y porque no estaban las escuelas funcionando en situación regular, en 2020 no se podían aplicar estos controles y también en el primer semestre de 2021, que fue el pico más grave, no se llevó adelante por esta razón".
• "La oferta educativa está funcionando normalmente, entonces no tenemos instrumentos para no aplicar esto. En lo que respecta a la parte económica, para los hogares que están en situación de extrema vulnerabilidad económica, en caso de que estén dentro de este universo de estar suspendidos y que no regularicen su situación, igual cuentan con el apoyo de la tarjeta Uruguay Social. Ahí no se le quita porque es una transferencia sin contraprestación pero sí está focalizada, tanto en el tema vulnerabilidad como la posibilidad de utilizarla en productos de primera necesidad".
• "Desde el aviso hasta que se efectivizó la suspensión, se pasó de "11.500 a 10.790″ usuarios a suspender, "no es un impacto muy grande. Ahí creemos que, más allá del comunicado que pueda brindar BPS, tenemos que tomar medidas más proactivas de contactarnos directamente con las familias y ahí el BPS está trabajando para indicarles directamente a través de un sms o un mail. Nosotros desde el ministerio, lo que estamos haciendo desde el sistema de atención ciudadana es poner un sistema de notificaciones. Si la persona se acerca a una oficina, llama al 0800 del Mides, o está en un programa que está haciendo acompañado, le avisa al técnico que está trabajando con esa familia para que pueda ir a regularizar su situación".
• "El 77% de los alumnos en esta situación tienen más de 13 años".
• "Las razones por las que los jóvenes dejan de ir al liceo son multifactoriales. Por temas económicos, por cuidados en el hogar, desinterés, etc".
• "Estas 10.792 personas que van a ser suspendidas representan menos del 3% de todo el universo de beneficiarios. Entonces, más allá de que tal vez con estas personas no podamos revincular al sistema educativo al total, la señal para todos los demás es que sí, este control se está aplicando".
• "También es importante apoyar a aquellos que sí están haciendo un esfuerzo importante para poder enviar a sus hijos a los centros educativos".

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EN PERSPECTIVA
Lunes 11.07.2016, hora 8.27

EMILIANO COTELO (EC) —El jueves pasado el Banco de Previsión Social (BPS) informó que los hogares de casi 16.000 estudiantes de entre 5 y 17 años pueden perder su derecho a la asignación familiar ya que sus hijos dejaron de asistir a clase.

El presidente del directorio del BPS, Hebert Galli, dijo a Canal 10 que el 75 % de los casos corresponden a alumnos de enseñanza secundaria y el restante 25 %, a primaria. Además, del total de alumnos detectados en esta situación, el 50 % son mayores de 15 años.

Ante estos casos de deserción, las autoridades activan un protocolo de ausentismo, aprobado en 2014, que en última instancia prevé la intervención de la justicia y de la Policía Comunitaria, que va puerta por puerta en busca de esos jóvenes.

Para actualizar ese tema, estamos con la profesora Laura Motta, consejera de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública).

Casi 16.000 los alumnos que no figuran inscritos en centros de enseñanza y cuyas familias corren el riesgo de perder las asignaciones familiares. ¿Qué le dice a usted este dato?

LAURA MOTTA (LM) —Lo primero es la preocupación de que haya familias que aún no hayan comprendido la importancia de mandar a sus hijos todos los días a clase y que por tanto se den estas situaciones.

La segunda reflexión es, respecto al dato que tenemos de 2013, que en primera instancia fueron 20.000, esta situación ha disminuido. Por lo cual también entendemos que hay una mayor comprensión de la necesidad de que los niños y jóvenes asistan a clase todos los días, siempre, más allá de la asignación familiar, que sabemos que siempre es un estímulo.

EC —¿Qué número manejaba como antecedente? Porque el presidente del BPS señaló que en el primer control de matrículas en 2013 habían sido 31.000 los jóvenes con su asignación familiar cuestionada.

LM —Sí, pero luego, cuando se hace la depuración, finalmente el número desciende. Pensamos que lo mismo va a suceder en este caso.

EC —Entonces quizás convendría comparar 16.000 contra 31.000. Estaríamos en la mitad de lo que fue el primer número en esta política de seguimiento del ausentismo.

LM —Exactamente. Con lo cual podemos decir que estamos frente a un escenario que obviamente no es el ideal, porque el ideal es que todos los niños y jóvenes vayan todos los días a clase y que cobren su asignación porque así lo están haciendo.

EC —¿Los números corresponden a educación pública y privada?

LM —Sí, a todo.

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Para actualizar ese tema, conversamos con la profesora Laura Motta, consejera de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública).

Transcripción de la entrevista con Laura Motta, integrante del Codicen de la ANEP

Según Motta la cifra se redujo a la mitad con respecto a 2013, cuando el Codicen comenzó con su política de seguimiento del ausentismo. La consejera aseguró que "hay una mayor comprensión de la necesidad de que los niños y jóvenes asistan a clase todos los días más allá de la asignación familiar, que siempre es un estímulo". Sin embargo, aseguró que el escenario "no es ideal" ya que el Codicen quiere que "todos los niños y jóvenes estén en alguna propuesta educativa, porque eso significa que se establece una cultura del estudio, y una cultura de la obligación de hacer algo".

Transcripción de la entrevista con Laura Motta, integrante del Codicen de la ANEP

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Foto en Home: Laura Motta en acto de campaña en el barrio La Teja de Montevideo. Crédito: Javier Calvelo/adhoc Fotos

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