Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró que en su gestión no hubo “ningún tipo de apartamiento de las normas” ni intención de favorecer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable a raíz de su actuación en una intervención quirúrgica. La jerarca compareció durante casi cuatro horas ante la Comisión de Salud del Senado.

Miralles fue condenada por el caso de la médica pediatra Soledad Barrera, quien luego de una operación de vesícula, en octubre de 2023, quedó en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024. 

La Comisión Honoraria de Salud Pública (CHSP) había inhabilitado a la anestesista por cinco años, pero en octubre del año pasado Lustemberg redujo la sanción a tres años.

La ministra sostuvo que compartió la decisión de la CHSP de atribuir responsabilidad a Miralles y que la modificación que ella introdujo alcanzó únicamente a la duración de la pena. 

Hablando en conferencia de prensa, explicó que la medida que ella adoptó se basó en criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad e individualización de la sanción, además de antecedentes de casos similares.

“La disminución a tres años está sujeta a la reevaluación profesional de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, órgano con altísima formación académica y especialidad en el tema. No existió –y esto lo quiero decir con claridad– ningún tipo de apartamiento de las normas, mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.

Lustemberg agregó que su única intervención en el expediente consistió en resolver el recurso presentado por la anestesista. También afirmó que el caso dejó en evidencia fallas del sistema y cuestionó que el prestador de salud no iniciara de inmediato una investigación interna.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Carlos Camy, senador del Partido Nacional.

La entrada Lustemberg compareció en el Senado por atenuación de la sanción a la anestesista condenada por mala praxis: “La confianza política de la ministra está en tela de juicio”, dice Carlos Camy (PN) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Miércoles con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Patricia González

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró que en su gestión no hubo “ningún tipo de apartamiento de las normas” ni intención de favorecer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable a raíz de su actuación en una intervención quirúrgica. La jerarca compareció durante casi cuatro horas ante la Comisión de Salud del Senado.

Miralles fue condenada por el caso de la médica pediatra Soledad Barrera, quien luego de una operación de vesícula, en octubre de 2023, quedó en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024. 

La Comisión Honoraria de Salud Pública (CHSP) había inhabilitado a la anestesista por cinco años, pero en octubre del año pasado Lustemberg redujo la sanción a tres años.

La ministra sostuvo que compartió la decisión de la CHSP de atribuir responsabilidad a Miralles y que la modificación que ella introdujo alcanzó únicamente a la duración de la pena. 

Hablando en conferencia de prensa, explicó que la medida que ella adoptó se basó en criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad e individualización de la sanción, además de antecedentes de casos similares.

“La disminución a tres años está sujeta a la reevaluación profesional de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, órgano con altísima formación académica y especialidad en el tema. No existió –y esto lo quiero decir con claridad– ningún tipo de apartamiento de las normas, mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.

Lustemberg agregó que su única intervención en el expediente consistió en resolver el recurso jerárquico interpuesto por Miralles contra la resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

También afirmó que el caso dejó en evidencia fallas del sistema y cuestionó que el prestador de salud no iniciara de inmediato una investigación interna.

El senador nacionalista Martín Lema afirmó que la oposición perdió la confianza en la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de su comparecencia de este martes en comisión. El legislador calificó sus explicaciones como “decepcionantes” y sostuvo que continúan las interrogantes sobre la atenuación de la sanción a la anestesista Inés Miralles.

Lema dijo que la expectativa de la oposición era que la ministra reconociera errores en el proceso y adoptara medidas para dar garantías a los usuarios. 

Según el senador blanco, todavía no está claro por qué la inhabilitación profesional fue disminuida de cinco a tres años, pese a la gravedad del caso y a la condena penal.

“La verdad, no sabemos. No sabemos los fundamentos, no sabemos los porqués. Además es una decisión que desacreditó a la academia, porque esto motivó la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que son los expertos que dan su tiempo y sus conocimientos, que ponen mucha voluntad para poder resolver asuntos de mala praxis y otro tipo de cuestiones”.

Lema acusó además a Lustemberg de haber ocultado información al Parlamento. Señaló que, en comparecencias anteriores, no informó que el ministerio había contestado un día fuera de plazo una acción presentada por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

El senador aclaró que la pérdida de confianza no equivale por ahora a pedir la renuncia de la ministra, aunque no descartó que la oposición impulse una interpelación.

Hoy, aquí En Perspectiva, el senador Carlos Camy, que preside la Comisión de Salud en el Senado, profundizó en ese punto:

“La confianza política de la ministra está en tela de juicio a partir de las medidas que toma para modificar esta resolución del ámbito técnico y después de dos comparecencias los argumentos no alcanzan”.

Continúa en: Atraso en la implementación de un sistema de aterrizaje aéreo antiniebla afecta conectividad de Uruguay

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Foto: En Perspectiva

“Los tiempos de espera (para la atención médica) generan angustia, deterioro y desigualdad”

Esta frase fue dicha por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al presentar el Plan de Garantías y Acceso Oportuno a la Salud.

En julio del año pasado las autoridades anunciaron que una de sus prioridades era establecer una estrategia para bajar los tiempos de espera de la atención médica.

En esa oportunidad se fijaron tres líneas de trabajo: mejora de la normativa, gestión y coordinación más eficiente y un sistema de información que mida y monitoree el cumplimiento de los tiempos.

Este martes las autoridades de la salud presentaron un primer hito de ese proceso: un decreto, firmado el 26 de febrero por el presidente Yamandú Orsi, que establece cambios y fija plazos máximos para la atención médica. 

Teniendo en cuenta que desde el año 1990 hay normas que, por ejemplo, fijan en 24 horas el plazo para las consultas de medicina general, ginecología o pediatría, ¿qué es lo nuevo en este decreto? ¿Cómo se alcanzará el objetivo del Ministerio de Salud Pública de que en dos años los tiempos de espera se reduzcan a la mitad? ¿Qué puede hacer el usuario si estos plazos no se cumplen?

Emiliano Cotelo conversó con Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud, el organismo encargado del seguimiento de esta nueva estrategia.

Gabriela Pradere

• Presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa)
• Economista (Udelar)
• Miembro de los equipos técnicos del MSP responsables del diseño e implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
• Directora de Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud en el MSP desde 2010

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Foto: adHOC

La Comisión Permanente del Poder Legislativo recibió este miércoles a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para explicar los cambios en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La convocatoria partió del diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien cuestionó el aumento del “tributo” y criticó que la medida se anunciara por decreto, fuera del debate presupuestal.

La modificación ajusta la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente, que mide cuánto le cuesta al sistema la atención de cada beneficiario a lo largo de su vida. Ese valor sube de 4.828 a 6.693 pesos, lo que reducirá las devoluciones: el gobierno estima que entre 60.000 y 70.000 personas dejarán de percibirlas a partir de 2027, con un impacto fiscal de entre 70 y 80 millones de dólares. 

Desde la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry habló de una “puñalada a la confianza” y sostuvo que se incumple la promesa de no subir impuestos.

“Hace más de un año que lo tenían en mente. Hace más de un año que lo planificaban. Hace más de un año que sabían que querían aplicar este ajuste y no nos lo dijeron. Ni en la campaña, para no espantar votos, ni durante el presupuesto. Lo presentan ahora, a fin de año, entre gallos y medianoche, sin posibilidades de discutirlo”.

Oddone defendió la decisión como “política, con fundamento técnico”, y negó que tenga un objetivo recaudatorio, aunque reconoció que los recursos alivian una situación fiscal compleja, peor a la proyectada por el anterior equipo económico, expresó. 

El ministro señaló que el cálculo anterior estaba mal diseñado y generaba inequidades, porque asumía cobertura desde el nacimiento y una esperanza de vida uniforme. Señaló que la decisión responde, por lo tanto, a corregir este error que se arrastra desde el diseño del Sistema Integrado de Salud. 

También respondió a cuestionamientos de la oposición sobre el destino que tendrán esos fondos: 

"A su vez, por supuesto que esos recursos son aplicados y van a poder ser utilizados para que, el Ministerio de Salud Pública, en las prestaciones que ya ha puesto sobre la mesa o las que pueda poner sobre la mesa, puedan ser afectados. Pero forman parte de los recursos que ya estaban previstos cuando nosotros hicimos la programación financiera en su debido momento”.

Lustemberg, en tanto, agregó que solo el 8% de los aportantes recibe devolución y que el cambio apunta a financiar mejor el sistema sin alterar sus objetivos solidarios.

“En los hechos afecta solamente al 8% de los aportantes, por lo que la situación para el restante 92% de los trabajadores y pasivos se mantiene incambiada. Y además, este 8% se ubica en los tramos más altos de la distribución de ingresos, sabiendo que este tramo es heterogéneo en su composición."

La estructura de ingresos del FONASA también es relevante para esta discusión. Alrededor del 78% proviene de aportes personales y patronales, incluyendo complementos de cuota mutual. Mientras que el 22% restante corresponde a Rentas Generales”.

La Tertulia de los Jueves con Miguel Fernández Galeano, Óscar Licandro, Victoria Pasquet y Ana Laura Pérez.

Viene de: Comisión Permanente aprobó por mayoría moción del FA sobre situación en Venezuela

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Foto: ADHOC

La Comisión Permanente del Poder Legislativo recibió este miércoles a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para explicar los cambios en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La convocatoria partió del diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien cuestionó el aumento del “tributo” y criticó que la medida se anunciara por decreto, fuera del debate presupuestal.

La modificación ajusta la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente, que mide cuánto le cuesta al sistema la atención de cada beneficiario a lo largo de su vida. Ese valor sube de 4.828 a 6.693 pesos, lo que reducirá las devoluciones: el gobierno estima que entre 60.000 y 70.000 personas dejarán de percibirlas a partir de 2027, con un impacto fiscal de entre 70 y 80 millones de dólares. 

Desde la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry habló de una “puñalada a la confianza” y sostuvo que se incumple la promesa de no subir impuestos.

“Hace más de un año que lo tenían en mente. Hace más de un año que lo planificaban. Hace más de un año que sabían que querían aplicar este ajuste y no nos lo dijeron. Ni en la campaña, para no espantar votos, ni durante el presupuesto. Lo presentan ahora, a fin de año, entre gallos y medianoche, sin posibilidades de discutirlo”.

Oddone defendió la decisión como “política, con fundamento técnico”, y negó que tenga un objetivo recaudatorio, aunque reconoció que los recursos alivian una situación fiscal compleja, peor a la proyectada por el anterior equipo económico, expresó. 

El ministro señaló que el cálculo anterior estaba mal diseñado y generaba inequidades, porque asumía cobertura desde el nacimiento y una esperanza de vida uniforme. Señaló que la decisión responde, por lo tanto, a corregir este error que se arrastra desde el diseño del Sistema Integrado de Salud. 

También respondió a cuestionamientos de la oposición sobre el destino que tendrán esos fondos: 

“A su vez, por supuesto que esos recursos son aplicados y van a poder ser utilizados para que, el Ministerio de Salud Pública, en las prestaciones que ya ha puesto sobre la mesa o las que pueda poner sobre la mesa, puedan ser afectados. Pero forman parte de los recursos que ya estaban previstos cuando nosotros hicimos la programación financiera en su debido momento”.

Lustemberg, en tanto, agregó que solo el 8% de los aportantes recibe devolución y que el cambio apunta a financiar mejor el sistema sin alterar sus objetivos solidarios.

“En los hechos afecta solamente al 8% de los aportantes, por lo que la situación para el restante 92% de los trabajadores y pasivos se mantiene incambiada. Y además, este 8% se ubica en los tramos más altos de la distribución de ingresos, sabiendo que este tramo es heterogéneo en su composición.La estructura de ingresos del FONASA también es relevante para esta discusión. Alrededor del 78% proviene de aportes personales y patronales, incluyendo complementos de cuota mutual. Mientras que el 22% restante corresponde a Rentas Generales”.

Conversamos En Perspectiva con Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional.

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La Tertulia de los Miércoles con Ana Laura Pérez, Cecilia Eguiluz, Juan Erosa y Pablo Díaz

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó este lunes los cambios en la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud, que se utiliza como referencia para determinar las devoluciones de aportes al Fonasa. En conferencia de prensa, el ministro Gabriel Oddone y el subsecretario Martín Vallcorba señalaron que la medida corrige errores de diseño que subestimaban el costo real del sistema, detectado por los servicios del ministerio en 2019 y no abordado por los dos
gobiernos posteriores.

La polémica ya se había desatado el viernes, luego de una declaración informal del presidente Yamandú Orsi a un grupo de periodistas en Torre Ejecutiva. Allí adelantó que, a partir de 2026, se modificará el mecanismo de cálculo y que algunas personas pasarán a recibir menos dinero, lo que generó una reacción inmediata de la oposición.

La nueva metodología introduce dos cambios centrales: por un lado, utiliza curvas de supervivencia, que reflejan mejor cuánto viven efectivamente las personas; y por otro, en el caso de los mayores de 18 años, toma en cuenta sólo los años reales de cobertura del Seguro Nacional de Salud. Con estos ajustes, el valor del CPE pasará de 4.828 a 6.693 pesos a partir del 1.º de enero.

Oddone subrayó que no se eliminan las devoluciones ni se modifican los derechos de los usuarios, pero sí cambia el valor de referencia que se usa para calcularlas. Esto implicará —como lo adelantó Vallcorba el lunes aquí En Perspectiva— que entre 60.000 y 70.000 trabajadores dejen de recibir devolución o reciban menos a partir de 2027. El efecto fiscal estimado es un ahorro de entre 70 y 80 millones de dólares, menos del 10 % del déficit del Fonasa.

El lunes, Vallcorba amplió las explicaciones en una entrevista aquí,En Perspectiva:

“Estos cambios, desde nuestra interpretación —a partir de lo que nos informan nuestros servicios jurídicos—, no requieren cambios legales, porque estrictamente la metodología está establecida en el decreto (N.º 221/011). No introducen ningún cambio en el derecho de los usuarios a tener devolución: eso no se modifica, la devolución sigue estando vigente. Lo que ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio y, en la medida en que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios”.

Oddone y Vallcorba remarcaron que los aportes mensuales no aumentan, incluidos los de los trabajadores no dependientes: mientras no haya un cambio legal, el Banco de Previsión Social mantendrá los criterios actuales para ese colectivo.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió los cambios en el cálculo de las devoluciones y aseguró que permitirán contar con más recursos para mejorar la calidad de la atención. En rueda de prensa, sostuvo que el objetivo es fortalecer el sistema y ampliar el alcance de las prestaciones.

"Si yo con esos 155.000 ciudadanos que van a dejar de percibir, o menos, lo que percibían de devolución del Fonasa en el año 2027. Si logramos que haya atención en salud mental, con psicólogos de forma gratuita y de fácil acceso en todos los prestadores del sistema de salud. ¿A usted no le parece que es algo bueno que cada uno de nosotros puede hacer por un sistema que trata, y al Uruguay lo ha sostenido siendo solidario para eso?"

Las modificaciones en el cálculo de las devoluciones del Fonasa generaron fuertes cuestionamientos en la oposición. El senador colorado Pedro Bordaberry opinó que la situación es “confusa”, porque “el presidente Orsi dijo una cosa y después el Ministerio de Economía se la cambió”.

En la misma línea, el diputado nacionalista Pablo Abdala Calificó la medida como un “impuesto encubierto” y afirmó que hay un aumento ilegítimo de la presión fiscal sobre trabajadores y pasivos.
Antes de la conferencia de prensa del equipo económico, el senador Javier García, del Partido Nacional, anunció que la oposición citará también a la ministra de Salud a la Comisión Permanente del Parlamento. El llamado se suma a la convocatoria al Ministerio de Economía por los cambios en el
cálculo de las devoluciones del Fonasa.

Continúa en: El gobierno puso en marcha una nueva Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento

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La Tertulia de los Martes con
Gonzalo Baroni, Juan Erosa,
Victoria Pasquet y Lucía Zapata

La interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza, culminó pasada la medianoche sin que prosperara ninguna de las cuatro mociones puestas a consideración.

Eso llevó a que el oficialismo sostuviera que el planteo más votado había sido el del Frente Amplio, que respaldaba la actuación de Lustemberg, mientras que desde el Partido Nacional y Colorado se insistiera en que la ministra se retiraba sin una mayoría que la respaldara. 

El llamado a sala, que comenzó después de las 10 de la mañana, se centró en las eventuales incompatibilidades entre el cargo de Danza al frente del prestador público de salud y su trabajo en tres mutualistas privadas, a las que renunció recién a comienzos de noviembre. 

El miembro interpelante, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, sostuvo que entre marzo y noviembre Danza violó el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de creación de ASSE, al ejercer simultáneamente la presidencia del organismo y tareas asistenciales en tres mutualistas privadas.

Agregó que, según la declaración de ingresos presentada por Danza ante la Jutep, la remuneración que recibía en la Asociación Española era entre 400% y 500% superior a la de un médico consultante, por lo que en los hechos habría seguido actuando como jefe de servicio. Sobre esa base, planteó que podría haber incurrido en los delitos previstos en los artículos 239 y 240 del Código Penal, que castigan la falsificación ideológica y la alteración de documentos, y que también podrían haberse vulnerado normas del Código de Ética en la Función Pública.

En particular, Sotelo cuestionó que Danza hubiera intervenido en la rescisión del contrato de ASSE con el Círculo Católico: 

"Tampoco explicaron cómo fue posible que el presidente de ASSE, siendo al mismo tiempo empleado de tres prestadores privados de salud, haya incurrido en un ilícito como fue rescindir el convenio con el Círculo Católico, siendo como decía que estaba inhibido por el Código de Ética en la función pública de estar tomando decisiones en las que claramente se perjudicaba un competidor de las empresas para las que trabajaba".

Lustemberg defendió la designación y la actuación de Danza, asegurando que él informó “de manera completa y acabada” toda su situación laboral antes de asumir y que “no hubo ningún ocultamiento”. Destacó un informe del estudio Delpiazzo y, sobre todo, el pronunciamiento de la Jutep, que por mayoría entendió que no había incompatibilidad entre sus funciones públicas y privadas.

La ministra indicó que el artículo 200 de la Constitución no debe aplicarse de forma automática o preventiva, sino atendiendo al modo concreto en que se ejerce la función y a la existencia o no de beneficios personales.

Sostuvo que Danza actuaba como médico consultante —una tarea limitada a la atención de pacientes complejos derivados por otros internistas— y que en esas mutualistas no tenía poder de decisión ni de gestión.

Además, afirmó que, como presidente de ASSE, no intervino en contrataciones relativas a los prestadores en los que trabajaba ni en actos que generaran conflictos de interés. Denunció además que tanto ella como el jerarca fueron objeto de “feroces y desproporcionados ataques” y aseguró que Danza cuenta con “todas las credenciales éticas y profesionales” para ocupar el cargo.

"He resaltado el extenso currículum de Danza, que junto con sus condiciones humanas, han determinado mi decisión y convicción de que es la mejor persona que puede gestionar y cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en la gestión. Nos queda la tranquilidad, y eso se lo digo a ustedes y a la ciudadanía que representan, de haber actuado con coherencia y aplomo, a pesar de los feroces y desproporcionados ataques que hemos recibido”.

Continúa en: PIT CNT presentó propuesta para gravar al 1% más rico

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La interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza, culminó pasada la medianoche sin que prosperara ninguna de las cuatro mociones puestas a consideración.

Eso llevó a que el oficialismo sostuviera que el planteo más votado había sido el del Frente Amplio, que respaldaba la actuación de Lustemberg, mientras que desde el Partido Nacional y Colorado se insistiera en que la ministra se retiraba sin una mayoría que la respaldara. 

El llamado a sala, que comenzó después de las 10 de la mañana, se centró en las eventuales incompatibilidades entre el cargo de Danza al frente del prestador público de salud y su trabajo en tres mutualistas privadas, a las que renunció recién a comienzos de noviembre.

Sobre el final de la sesión el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron una moción conjunta que declaraba “insatisfactorias” las explicaciones de Lustemberg, sostenía que había quedado probado que Danza violó de forma continua la Constitución, la ley orgánica de ASSE y normas de ética pública, y reclamaba su renuncia por considerar que su permanencia en el cargo supone un “problema institucional” y que su credibilidad como figura pública “se ha agotado definitivamente”. Esa moción obtuvo 46 votos en 98 diputados presente en sala.  

El Frente Amplio, en cambio, promovió un texto de respaldo a la ministra y al presidente de ASSE, basado en la resolución de la Jutep y en el hecho de que Danza ya dejó sus cargos en el sector privado, por lo que, a su juicio, la interpelación “carecería hoy de objeto”. Esa moción obtuvo 48 votos en 98. 

Cabildo Abierto optó por una tercera postura, con una moción propia que obtuvo solo dos sufragios. Sus diputados recordaron que Danza renunció a sus actividades en mutualistas privadas “tal como lo solicitó la oposición” y sostuvieron que, en esas condiciones, la interpelación perdía sentido. Reclamaron que el jerarca tenga dedicación total a ASSE, solicitaron al gobierno extremar cuidados antes de futuros nombramientos, pero remarcaron que el pedido de renuncia realizado por la oposición “no tiene efecto jurídico vinculante” y que el desenlace político dependerá de la decisión del Poder Ejecutivo.

Por su parte, Identidad Soberana, de Gustavo Salle, promovió una cuarta moción que, en lo medular, proponía el pase de este caso a la justicia penal. Esta moción terminó consiguiendo 16 votos. 

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con los diputados, Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, y Alejandro Zavala, del Frente Amplio.

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La Coalición Republicana confirmó que mantiene la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, pese a que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) falló el jueves que no había incompatibilidad entre la función pública del jerarca y sus labores privadas, y pese a que Danza renunció a los cargos que mantenía en mutualistas.

Además, la alianza integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente agregan un llamado a Sala al ministro de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, para discutir la actuación de la Jutep. 

El diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente), quien actuará como miembro interpelante, afirmó que la resolución de la Jutep representa “una situación de gravedad institucional”. En conferencia de prensa el viernes junto a legisladores de la coalición, sostuvo que el fallo “viola la ética y la transparencia” y anunció que la oposición pedirá una reunión “grave y urgente” con el presidente Yamandú Orsi, además de informes jurídicos para profundizar la investigación.

En paralelo a la interpelación, la Coalición Republicana analiza la posibilidad de denunciar a la Jutep ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según adelantó el diputado Gerardo Sotelo, el planteo apunta a que el foro regional evalúe el desempeño de ese organismo a través del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde el pronunciamiento del jueves, la Jutep estuvo en el centro del debate político. 

El senador colorado Pedro Bordaberry anunció que presentará hoy un proyecto de ley para “reformar la forma de designación de la Jutep y establecer las condiciones que deben reunir los miembros de su Directorio, fortaleciendo su independencia y prestigio institucional”, escribió en redes sociales.

Emiliano Cotelo conversó con Conrado Rodríguez, dipuatdo del Partido Colorado.

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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió ayer por mayoría que no existe incompatibilidad entre el cargo del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y su trabajo como médico en mutualistas privadas ni como docente en la Facultad de Medicina. De todos modos, el jerarca decidió dejar esas actividades y dedicarse de lleno al prestador público de salud.

El fallo fue firmado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti (ambos del Frente Amplio), mientras que el vocal Luis Calabria (Partido Nacional) votó en contra y dejó un extenso dictamen en disidencia. El pronunciamiento cierra un expediente abierto de oficio por la Jutep, tras consultas del Ministerio de Salud Pública y de la Cámara de Representantes, a raíz de denuncias de la oposición por presunta violación del artículo 200 de la Constitución y del artículo 9 de la ley orgánica de ASSE, que prohíben a sus jerarcas ejercer actividades relacionadas con el ente.

Luego de conocerse la resolución de la Jutep, el presidente de ASSE brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Aunque el fallo fue favorable, la secretaria de Estado informó que le propuso a Danza suspender sus actividades privadas durante su mandato, planteo que el jerarca aceptó.

De esta forma, Danza deja sus cargos en CAMS de Soriano, la Asociación Española y Médica Uruguaya, lo que implicará renunciar a unos 366.000 pesos mensuales, según su declaración ante la Jutep. Aclaró, además, que no abandonará su cargo docente en la Facultad de Medicina, aunque pedirá una licencia personal.

Danza, en tanto, afirmó que “no ha incurrido en ninguna irregularidad” y que su decisión de renunciar a la actividad privada busca “brindar el mejor marco institucional para mejorar ASSE”. Subrayó que se trata de una elección “personal y ética”, tomada en acuerdo con la ministra y con el presidente Yamandú Orsi, y remarcó que la ética “no se declama, se demuestra con coherencia”.

“Quiero ser claro y hacer una mención de carácter personal: no soy un político de profesión; soy un médico de profesión. Estas semanas fueron muy difíciles a nivel personal y humano. Debí hacer una denuncia por haberse difamado a uno de mis hijos, de 14 años. Eso no salió por generación espontánea, sino porque hay políticos —eso sí, de carrera— que han caído en el agravio inescrupuloso y en el hostigamiento cruel, que hace que otros lo canalicen con calumnias e infamias incalificables”.

En la parte final de su exposición Danza detalló varios cambios y mejoras concretados desde que asumió la presidencia de ASSE y que – consideró- están impactando positivamente en la atención de las personas afiliadas al prestador estatal de salud.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.

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