El Grupo de Reserva Táctica es el único que cuenta con 80 cámaras GoPro para filmar operativos policiales, pero las autoridades tienen la intención de extender la herramienta a otros cuerpos, como la Guardia Republicana, dijo a En Perspectiva el comisario Alfredo Clavijo, jefe de la Zona Operacional 5 de Montevideo de la Jefatura de Montevideo.

Lea la transcripción de la entrevista con el comisario inspector Alfredo Clavijo, jefe de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Montevideo

Las cámaras tienen como objetivo brindar “garantías a todos los ciudadanos del accionar moral que debe tener la policía” y las filmaciones tienen también una función didáctica para los propios policías porque permiten saber “qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y qué errores estamos cometiendo”, explicó Clavijo.

Además, las grabaciones dan determinada protección para los policías ante ciertas denuncias, dijo Clavijo, quien señaló que “comúnmente” el accionar policial “es adecuado” y las filmaciones permiten demostrarlo. Esto ha llevado a que los policías estén “demandando que la cámara esté, y que esté encendida”.

Clavijo dijo que la experiencia con cámaras en Inglaterra y EEUU ha mostrado que la propia existencia de la cámara hace que el policía sea “más aplicado en sus conductas y acciones” estando con victimarios, pero también con víctimas.

Actualmente la Policía tiene 80 cámaras que son portadas por los integrantes del Grupo de Reserva Táctica, que fue definido como Clavijo como “una primera línea de contención con tareas específicas para actuar en apoyo en allanamientos o desalojos”. Las cámaras pueden ser apagadas por el policía, pero esto consiste una falta: deben estar encendidas desde que comienza hasta que termina el operativo. Esto se cumplió durante el desalojo del edificio del Codicen, aseguró Clavijo. El policía “debería encender la cámara en todo momento que va a tener una acción de intervención, con una víctima o un victimario”, agregó.

Hasta ahora en las filmaciones no ha aparecido “algo relevante para presentar ante la Justicia o realizar un procedimiento administrativo” por mala conducta policial, dijo Clavijo, antes de aclarar que el contenido de las grabaciones es “información reservada” a la que los ciudadanos podrían acceder recurriendo a la Justicia.

Clavijo aclaró que todavía se está en fase de pruebas y ajustando lo protocolos, pero los primeros resultados están siendo positivos, por lo cual se buscará extender la experiencia “a varias unidades ejecutoras”, entre ellas la Guardia Republicana.

Lea la transcripción de la entrevista con el comisario inspector Alfredo Clavijo, jefe de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Montevideo

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Por Fernanda Boidi ///

En los últimos días, la Policía Nacional ha estado en el centro de la polémica fruto de las acusaciones de violencia excesiva por parte de los ocupantes de la sede del Codicen que fueron desalojados por la Guardia Republicana.

Esta no es la primera denuncia de abuso policial, pero sí es la primera que recibe una respuesta contundente desde el Ministerio del Interior, respuesta que además contó con el respaldo del gobierno, formalizado en la presencia de varios ministros y legisladores del Frente Amplio en la conferencia de prensa.

El ministro Eduardo Bonomi no solo refutó categóricamente las acusaciones, sino que puso a disposición de la prensa la filmación de todo el procedimiento. En esta instancia, Bonomi se refirió al carácter democrático de la Policía uruguaya. En particular, enfatizó que se está trabajando para construir una Policía democrática.

La Policía uruguaya no es democrática. No puede serlo. No debe serlo. La Policía es una organización vertical, jerárquica. Para que funcione bien los miembros deben respetar la cadena de mando; no votar, debatir u ostentar discrecionalidad sobre su conducta. Reglas claras y modos de proceder preestablecidos y protocolizados están en el centro de su exitoso desempeño, como en el de cualquier institución de esa naturaleza.

No obstante, la Policía sí debe ser funcional al orden democrático en el que se inscribe. Como mínimo, esto implica que en su accionar debe honrar los principios democráticos y respetar las leyes en cuya defensa, precisamente, interviene. Esto es, sin dudas, más fácil en la teoría que en la práctica. Pero es por eso justamente que la profesionalización del cuerpo policial es tan importante. La Policía no solo debe cumplir de modo eficiente la función de “proteger y servir”, debe hacerlo respetando –y hasta elevando la calidad– de la institucionalidad democrática.

Y, para esto, importa tanto el fin como los medios. Los ciudadanos demandan seguridad (por varios años ya uno de los problemas más acuciantes para la mayoría de los uruguayos), y esperan que la Policía sea efectiva en el combate a la delincuencia (esperan otro tanto de la Justicia, pero eso es tema para otro editorial). El riesgo aquí está en esperar la efectividad policial a cualquier precio. El riesgo es preferir la mano dura, o peor aún, la propia mano. En varios países de las Américas hemos visto el avance de la llamada justicia por mano propia entre ciudadanos hartos de la ineficiencia (muchas veces también de la corrupción) policial. Hemos visto a ciudadanos reclamar que los militares se ocupen de la seguridad interna, incluso si eso implica saltearse alguna disposición constitucional. Cuando esto sucede, la que pierde es la calidad de la democracia.

Las percepciones en torno a las instituciones se construyen en base a acciones –en este caso, qué cosas efectivamente hace la Policía– y también en torno a discursos: qué se dice del trabajo que hace la Policía. Por aquello de que una buena publicidad no puede vender un mal jabón, poco impacto tendrá hablarle a los ciudadanos de lo bien que se hacen las cosas si no se ven resultados concretos en la vida diaria de las personas. Pero, el discurso sobre la Policía también importa. E importa mucho más cuando la institución se ve atacada por acusaciones que son graves, y –según la evidencia disponible– al menos en algunos casos infundadas. Por eso me parece atinada la reacción del Ministerio del Interior ante las denuncias respecto de lo sucedido durante el desalojo del Codicen.

Un cuerpo policial eficiente y digno es uno que recibe el respeto y la confianza de los ciudadanos. Y la confianza en las instituciones políticas es uno de los componentes centrales de las democracias saludables. En esto, también, Policía y democracia van de la mano.

***

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 5.10.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

Foto: A las 22 hs del martes 22 de setiembre la policía desalojó el local del Codicen y reprimió a cerca de 200 personas que se concentraban afuera. Crédito: Santiago Mazzarovich/adhoc Fotos.

La entrada Sobre Policía y democracia se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Emiliano Cotelo ///

Este lunes el Ministerio del Interior nos sorprendió a todos. En una conferencia de prensa convocada especialmente se divulgó la grabación en video realizada durante el operativo de desalojo llevado a cabo el martes anterior en el edificio donde tiene su sede el Codicen. Las imágenes provenían de cámaras GoPro instaladas en los chalecos de los policías, pertenecientes al Grupo de Respuesta Táctica de la jefatura de Montevideo, que registraron todo el accionar, sin interrupciones. El ministro Eduardo Bonomi exhibió un resumen de siete minutos de duración pero al mismo tiempo entregó a los periodistas todo el material en bruto, sin editar, para que pudiera ser examinado libremente.

Casi una semana después de los hechos, las filmaciones avalaron la versión de Bonomi y otros jerarcas de gobierno en cuanto a que la desocupación se había ejecutado sin violencia, cuando, del otro lado, algunos estudiantes y personas mayores que los acompañaban venían denunciando que habían sufrido golpes y malos tratos.

La jugada fortaleció la posición del Ministerio del Interior y virtualmente desautorizó a quienes habían realizado las acusaciones, entre otras cosas porque se vio que uno de ellos también estaba grabando con su celular y, sin embargo, no había difundido su archivo. Por otro lado, la iniciativa le sirvió a la población, que pudo observar desde un punto de vista privilegiado cómo se llevaba a cabo aquella intervención tan delicada.

Una aclaración. Aunque llamó mucho la atención, este recurso de los videos policiales, en realidad, no es algo nuevo. En agosto del año pasado el propio Ministerio del Interior había informado que los agentes del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) llevarían desde entonces en su uniforme cámaras de última generación destinadas a documentar visualmente “todo el accionar policial”, generando archivos que luego serían ingresados a una base de datos. En esa ocasión las autoridades sostuvieron que la herramienta del video había sido sugerida por Lawrence Sherman, un experto estadounidense en temas de criminología durante una visita de asesoramiento al país. Y agregaron que se trataba de un mecanismo que ofrecía garantías tanto para la Policía como para los ciudadanos. Según se explicó entonces, en cada situación el funcionario debe encender la cámara una vez que desciende del vehículo y apagarla una vez que concluye su actuación.

Todo indica que, realmente, estamos ante una herramienta destinada a ofrecer mayores garantías. Yo, por lo tanto, le doy la bienvenida a esta novedad. De todos modos, luego de haber tratado este tema en nuestro programa en estos días, anoté algunas observaciones importantes que hay que incorporar al análisis, y que surgieron de mensajes de los oyentes, de las discusiones que se dieron en La Mesa y de la reflexión en el equipo de En Perspectiva.

Por ejemplo, sería bueno que estas cámaras de video también se instalaran en los uniformes de otras fuerzas del Ministerio del Interior. Pienso en particular en la Guardia Republicana que, con mucha frecuencia, aparece vinculada a episodios de abuso. Algo de eso se dio el mismo martes de la semana pasada, en algunos momentos, en el enfrentamiento con manifestantes afuera del edificio sede del Codicen. Pero también está el antecedente del mes pasado, en ocasión del traslado de 19 jóvenes del Sirpa que acabó con varios de ellos golpeados a manos de los efectivos, en un hecho que todavía está siendo investigado por la Justicia.

Pero además falta información relevante que sería bueno que el Ministerio del Interior diera a conocer. ¿Esta fue la primera vez que se emplearon las imágenes para esclarecer hechos confusos en un episodio del que participa el Grupo de Respuesta Táctica (GRT)? ¿En cuántas ocasiones se ha utilizado este sistema desde agosto del año pasado y para qué han servido los registros?

¿Existe un protocolo para el uso de estas cámaras? Si son los propios policías quienes prenden y apagan las cámaras, ¿cómo se controla que éstas no sean desconectadas en la mitad de un procedimiento? ¿Quiénes son los encargados de estudiar esas imágenes, revisar su continuidad y asegurarse de que no sean alteradas luego de una actuación que haya salido mal? ¿Hay sanciones previstas para los policías que manipulen o intenten manipular esas grabaciones?

El ministro Bonomi dijo en la conferencia de prensa del lunes que se está trabajando para construir una policía democrática y destacó que cuando se ha constatado excesos, irregularidades o corrupción protagonizados por funcionarios, ha sido el propio gobierno quien ha efectuado las denuncias. Eso está muy bien. Pero… ¿ya se han presentado denuncias de ese tipo basadas en videos de estas cámaras? Y además, como cuestionaba Daniel Supervielle en La Mesa del miércoles pasado, ¿qué ocurrirá si un día una de esas grabaciones deja en la cuerda floja al ministerio? ¿En un caso así también se organizará una conferencia de prensa para difundir los documentos gráficos?

Como todo paso adelante, la innovación en el empleo de tecnologías implica desafíos. Uno de ellos, lo dejaba planteado Gabriel Mazzarovich en esa misma tertulia del miércoles que ya mencioné, cuando destacaba que “lo que no muestren las cámaras también existe” y, por lo tanto, toda investigación debe evitar la tentación de tomar los videos como la prueba final de lo que pasó o no pasó en determinada intervención. Porque, como él decía, y aunque suene de Perogrullo, “los procedimientos policiales tienen que estar apegados a la ley, se filmen o no”.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 2.10.2015, hora 08.05

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Tras los incidentes que se produjeron luego del desalojo del edificio en dónde funciona el Codicen, los gremios docentes y estudiantiles denunciaron excesos por parte de la Guardia Republicana. En diálogo con En Perspectiva, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa, aseguró que hubo desbordes puntuales pero no un operativo expresamente montado por la policía para reprimir y dar golpes "a mansalva".

EN PERSPECTIVA
Jueves 25.09.2015, hora 7.50

EMILIANO COTELO (EC) —Los incidentes que ocurrieron en la noche del martes en el Centro de Montevideo, después del desalojo del edifico donde tienen sede el Codicen y otras oficinas públicas, dieron pie a nuevas denuncias sobre excesos en la actuación policial.

Para los estudiantes y gremios docentes que ayer de tarde se movilizaron entre la Plaza Fabini y el Palacio Legislativo, el despliegue de la Guardia Republicana el martes fue desmedido y contrario al respeto por los derechos humanos.

Ayer temprano, muy pocas horas luego de los hechos, el ministro del interior Eduardo Bonomi realizaba un primer comentario sobre ese tema aquí, En Perspectiva. Bonomi puntualizaba que la Guardia Republicana debió reprimir en respuesta a varias agresiones que recibió de parte de los militantes que se encontraban fuera del edificio.

Sin embargo, diversas imágenes y videos que se difundieron en las últimas horas muestran a efectivos de la fuerza de choque dando golpes y patadas a manifestantes que ya habían sido reducidos.

Agregamos ahora el punto de vista del doctor Juan Faroppa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que estuvo presente durante el operativo del martes.

EC —¿Cuál es el papel que está jugando la INDDHH en situaciones como la del martes de noche?

JUAN FAROPPA (JF) —En el caso puntual de la ocupación del codicen la Inddhh recibió la solicitud de la presidencia del Codicen para que estuviéramos presentes como observadores en el caso que se diera el desalojo de los ocupantes. Al día siguiente recibimos una llamada similar del Ministerio del Interior a través del director general de secretaría. La inndhh lo consideró con muchas dudas por la escasez de recursos humanos con la que tenemos que encarar estas situaciones. Pero ya habíamos estado presente en situaciones conflictivas en el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente], en el Compen [Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez) durante el último motín. Y, bueno, el compromiso fue que se participaba solamente como observador. No como mediador ni como negociador.

EC —Usted aclara que participó como observador. Sin embargo ayer el ministro Bonomi aseguró que usted intervino en una negociación con los estudiantes en donde estuvo presente la policía.

JF —La actuación fue dentro de ese mismo rol de acercar a las partes al diálogo entre el subjefe de policía y el abogado de los chicos que estaban ocupando. Una tarea de negociador requiere que las dos partes se los soliciten a un tercero. En estas circunstancias nunca se nos solicitó el rol de mediador. Pero frente a una situación complicada con un alto riesgo de violencia podría resultar hipócrita no tratar de colaborar. Y  la colaboración fue acercar a las partes para trasmitir las propuestas de un parte y la otras. En ese caso el ministerio del interior le comunicó a los ocupantes que ya tenían la orden de desalojo. El abogado de los ocupantes plantea que no es legal porque todavía no se ha cumplido con las etapas previas al desalojo que prevé el decreto vigente en la materia. Él abogado que asesora a los estudiantes se retira para conversar con la asamblea. El inspector Perdomo hace lo propio con las autoridades. La propuesta que vino de la asamblea de estudiantes varios minutos después fue que aceptaban desalojar todo el edificio con excepción del Codicen, con la condición de que al día siguiente [miércoles] se reuniera una mesa de negociación entre los estudiantes, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Codicen. Eso se trasmitió a los jerarcas de la policía. Se hicieron las consultas correspondientes a nivel político y lamentablemente no se llegó a un acuerdo y el planteo que recibimos de parte de la policía era que iban a cumplir con la orden que tenían. En mi caso, no me quedó otra que decir: es su trabajo; si tiene la orden cúmplala; yo hago mi trabajo, usted el suyo. Y lamentablemente constatamos que no hubo más espacios para la negociación que podía quizás haber evitado algunas situaciones. Aunque el clima para el enfrentamiento estaba bastante caldeado desde el primer momento.

EC —¿A qué momento se refiere?

JF —Hay dos momentos. Hay un momento que se da el desalojo de los estudiantes  que la policía lo hace por una puerta lateral. Lo que tenemos de primerísima fuente  y podemos afirmar es que en ese momento no hubo enfrentamientos entre los estudiantes y la policía, salvo prueba en contrario y cualquier otro tipo de información que pueda contradecirnos. Pero en principio es la versión que manejamos. Y luego que ya el edifico había sido abandonado por los ocupantes es que se produce un enfrentamiento entre manifestante que estaban fuera del edifico que no eran ocupantes -muchos de ellos mayores- cuando llega la Republicana. Quien realizó el procedimiento de desalojo de los estudiantes no fue la Guardia Republicana sino una unidad de la jefatura de policía de Montevideo [N. de R: el Grupo de Respuesta Táctica].

EC —Pero …¿a juicio de la Inddhh se cumplieron las instancias de negociación previstas en el decreto del año 2010 que regula cómo proceder en caso de oficinas públicas ocupadas?

JF —No entramos en esas situaciones porque no se nos lo solicitó. Ya entramos con la posición que se iba a realizar el desalojo. Cuando los ocupantes plantean que no se había cumplido la etapa de negociación es que se abre un impasse para poder conversar. El Poder Ejecutivo entendió que ya se habían cumplido las etapas y decidió seguir adelante con el procedimiento de desalojo. Todo lo demás es un tema en el que la INDDHH no ha ingresado aún porque todavía estamos procesando la información de los incidentes. Seguramente va a estar dentro de nuestra investigación.

EC —¿Hubo gente de la ADES [Asociación de Docentes de Secundaria], del Sindicato del Taxi [SUATT], o de la Plenaria Memoria y Justicia adentro del edificio participando de la ocupación? Se lo pregunto porque Bonomi dijo que los incidentes no fueron con quienes ocupaban, que eran estudiantes, si no con la Plenaria y el SUATT que estaban afuera. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura, en un comunicado que difundió ayer, dice que el SUATT y Plenaria participaban de la ocupación. Allí hay una contradicción…

JF —No lo puedo confirmar, en la medida que cuando comienza la actividad con la intervención de la policía se da una situación caótica y es imposible decir quiénes estaban adentro desde antes y quiénes estaban afuera y habían entrado. No puedo afirmar ni una cosa ni la otra. Por honestidad intelectual no puedo decir si había gente que no perteneciera a los estudiantes ocupando si la había o no la había. Eso realmente no lo pudimos verificar.

EC —¿Cómo vio la intervención de la Guardia Republicana? ¿Hubo excesos?

JF —Es posible que se hayan dado excesos puntuales. En términos generales el procedimiento no pareció ser un procedimiento masivamente dirigido al uso excesivo e ilegal de la fuerza. Esto no quiere decir que en algún caso no haya habido ese tipo de uso de la fuerza fuera de la normativa. No hubo utilización de gases lacrimógenos ni balines de goma. En situaciones donde interviene la fuerza de choque muchas veces hay un contacto físico, roces, agresiones mutuas. Eso es algo que nadie quiere, que es desagradable pero es parte del enfrentamiento. Lo que nosotros no percibimos fue un operativo montado expresamente por la policía para una tarea exclusivamente represiva y de golpes a mansalva en general. Eso no quiere decir que no se puede haber dado en alguna situación. Existen filmaciones de todo el procedimiento tanto por parte de los manifestantes como por parte del Ministerio del Interior Esperaremos poder acceder a esas filmaciones para dar una opinión.

EC —Ayer Bonomi sostuvo aquí En Perspectiva que la agresión inicial fue a la policía y que esta respondió. ¿Qué  vio usted?

JF —Bueno en estos caso es difícil plantear de donde surge la primera agresión. Lo que yo pude ver desde el lugar donde estaba es que ante la presencia de la policía hubo una reacción de los manifestante arrojando piedra y otros objetos. De lo que puedo dar fe es lo que sucedió en la puerta del edificio cuando aún no había intervenido la Guardia Republicana. Cuando se inicia el procedimiento de la republicana el conflicto se extiende y ya no tenía sentido estar realizando tareas de observación de ningún tipo porque era imposible abarca una sola persona un área de conflicto muy amplia

EC —¿Pero qué observó usted en la puerta el edificio, antes de que llegara la Guardia Republicana?

JF —Hubo forcejos pedreas, no percibí que la policía hubiera agredido en algún momento en primer lugar a los manifestantes. Usó la fuerza como la usa la policía, pero no percibí actos de agresión injustificados. Ya cuando llega la republicana, los estudiantes que eran el objetivo nuestro, habían sido desalojados. El hall estaba liberado y la guardia llega cuando en principio ya no quedaba nadie dentro del edificio de los que nosotros teníamos el compromiso con el Codicen y el Ministerio del Interior de velar y observar la pertinencia del operativo

EC —Esta no es la primera vez que la Guardia Republicana es denunciada por actuar con violencia excesiva. ¿Cómo analizan desde la INDDHH el accionar de esta fuerza?

JF —Ya tuvimos una situación con el desalojo de uno de los hogares del Sirpa. La inddhh ha hecho varias recomendaciones al Ministerio del Interior sobre la necesidad de seguir profesionalizando todo el cuerpo policial pero fundamentalmente las fuerzas especiales que tiene una capacidad de respuesta que implica un mayor uso de la fuerza. La INDDHH lo ve como una materia en donde resta mucho por hacer. Lamentablemente cuando intervienen este tipo de unidades policiales generalmente siempre se producen situaciones de mayor impacto. Por lo tanto, es fundamental que el personal siga siendo capacitado en forma permanente para usar la fuerza estrictamente necesaria que requiere la situación en la que tenga que intervenir.

EC —Así que en la INDDHH no están del todo satisfechos con la capacitación de la Guardia Republicana…

JF —Es difícil estar plenamente satisfechos con todo lo que se viene haciendo. Nosotros lo que recomendamos es que se siga mejorando, se pueda reconocer que hay avances en algunos puntos y que otros requieren una formación que además es permanente. No se capacita a una fuerza de un día para siempre. Hace falta un entrenamiento permanente que tenga que ver con el conocimiento de técnicas que sean lo menos lesivas posible para restablecer la seguridad ciudadana. Tener la capacidad de soportar situaciones de alta presión como soportan las fuerzas de choque y es un cosa que se tiene que hacer de manera continua y permanente.

EC —Volviendo a los hechos del martes, ¿qué pasos tiene pensado dar ahora la Inddhh?

JF —Seguir adelante con la investigación del caso y seguir preparándonos ante la eventualidad que se nos solicite intervenir en situaciones similares. Mejorar nuestras propias capacidades. Este es un caso más. La participación como observador solamente es una parte de los elementos de juicio con los que puede contar la Institución y seguramente pueden surgir otras informaciones y elementos posibles que nos ayuden a hacer las recomendaciones más acertadas para evitar que este tipo de hecho se puedan volver a dar.

EC —¿Las conclusiones quedarán plasmadas en un informe?

JF —Hasta ahí llega el mandato de la institución. La Inddhh recomienda e informa a la Asamblea General y a la opinión pública. Luego le damos seguimiento  a esas recomendaciones y hacemos público cuando el organismo involucrado cumple o no cumple con las mismas. Hasta ahí llega nuestro mandato. No somos un organismo jurisdiccional como para imponer un fallo o una sentencia.

EC —¿Este tipo de intervenciones de la Institución pueden ponerse en práctica también en otras situaciones de tensión? Pienso, por ejemplo, en partidos de fútbol de alto riesgo…

JF —Espero que no nos pidan ir a un partido de alto riesgo. Vamos a manejar las cosas con la debida mesura, la prudencia la conciencia de nuestra capacidad. En este momento nuestra preocupación es que había personas menores de edad que estaban ocupando un lugar y dos organismos del Estado le piden a la Inddhh que de alguna manera verifique de qué manera se realiza el procedimiento. Todo lo que pasó afuera y lo que salió después estaba fuera de la solicitud que se le hizo a la Inddhh. Pero estábamos ahí, no podemos mirar para otro lado y decir que no lo vimos. El camino de la Inddhh, en la medida que refuerce sus recursos técnicos y humanos, es tener equipos capacitados y equipados de observación permanente (como tienen otras defensorías de la región, como en Chile donde son funcionarios con capacidad para intervenir en estas situaciones de tensión extrema) y de esa manera, con la debida preparación, con el equipo informático y técnico para poder registrar la situaciones que se pueden ir dando, tener mejores elementos para cumplir mejor nuestro trabajo.

***

Foto en Home: A las 22 hs del martes 22 de setiembre la policía desocupó el local del Codicen, ocupado por estudiantes de Secundaria desde el viernes 18 de setiembre, y reprimió a cerca de 200 personas que se concentraban afuera. Crédito: Santiago Mazzarovich/adhoc Fotos.

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Esta mañana declararon en la justicia penal once hombres y una mujer, todos mayores de edad y ninguno estudiante, que fueron detenidos el martes de noche, durante los incidentes que siguieron a la desocupación del edificio donde tiene su sede el Codicen. Ayer habían quedado en libertad pero emplazados a presentarse hoy ante la jueza Ana de Salterain. Mañana deberán declarar 24 policías que participaron del desalojo.

El saldo oficial de los enfrentamientos es de siete policías lesionados, otros 20 con heridas leves y cinco particulares con lesiones, todos los cuales fueron sometidos a reconocimientos forense.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Jueves con Fernando Butazzoni, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Agustín Canzani.

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Benjamín Peulla, estudiante del liceo Zorrilla que estuvo entre los ocupantes del edificio del Codicen, dijo a En Perspectiva que la ocupación fue mantenida solamente por los estudiantes y que hubo violencia contra ellos durante la desocupación.

Lea la entrevista completa con Benjamín Peulla, estudiante de 6º de Medicina del Liceo Zorrilla que estuvo entre los ocupantes del edificio del Codicen

“Yo estaba como negociador y no tenía por qué ligarme ningún palazo”, dijo Peulla, mientras contaba que la policía entró al edificio dando golpes y gritando cosas como “Quedate ahí, mocoso”, y que él y “varios” estudiantes fueron golpeados. Desmiento totalmente lo que dijo [el ministro del Interior, Eduardo] Bonomi de que no hubo violencia”, agregó.

“¿Por qué no muestran cuando llega la policía reprimiendo a los que estaban en la puerta?”, se preguntó Peula acerca de los videos del Ministerio del Interior (MI) que están circulando en distintos medios. “El MI muestra solo lo que quiere”, aseguró.

Peula también desmintió el comunicado del Ministerio de Educación y Cultura y aseguró que la ocupación estaba siendo mantenida sólo por estudiantes y no por integrantes de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) u otras organizaciones.

En su relato Peulla dejó entrever que los estudiantes mantenían distintas posturas sobre si desalojar el edificio antes de que se produjera la desocupación. Mientras algunos estudiantes estaban dejando en buen estado los pisos que no eran del Codicen (para que la ocupación continuara sólo en éste) otros planteaban que no había que desalojar ningún piso y “estaban seguros de que el desalojo no iba a pasar”.

“No sé cuál hubiera sido la situación adentro del edificio” durante la desocupación si no hubieran estado, afuera, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) y la organización Plenaria, Memoria y Justicia, dijo Peulla. Agregó que “gracias” a que ellos realizaron un escudo humano para retrasar el ingreso de la policía al edificio se logró que los estudiantes más chicos “salieran ilesos”.

“Nosotros antes generamos instancias de negociación, de charla, de diálogo, como muchos jerarcas lo han mencionado”, dijo Peulla, refiriéndose a las instancias previas a la desocupación. Aseguró que la extensión de la ocupación dentro del edificio, que comenzó siendo solo en el Codicen y después se amplió a otros pisos, “fueron tomadas por no llegar a un acuerdo en conjunto” con el gobierno.

Lea la entrevista completa con Benjamín Peulla, estudiante de 6º de Medicina del Liceo Zorrilla que estuvo entre los ocupantes del edificio del Codicen

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Sobre el tema del día, desalojo y paro. Todo, todo mal:

La ocupación: improcedente, poco representativa, inoportuna porque el conflicto general por la educación estaba tomando otros caminos.

El desalojo: hay que hacerlo y los funcionarios policiales obedecen órdenes, fue violento y se excedieron los límites por parte de los dos "bandos".

Los paros del día de hoy: no ayudan en nada, confunden, porque es contra de la represión pero sobre una ocupación sobre la cual no se pronuncian.

Al final, la misma consecuencia: los sectores más débiles de la sociedad perjudicados por toda una serie de malas decisiones tomadas por unos pocos…

Opté por la educación pública por convicción, no por conveniencia económica. De hecho, me sale más caro que la educación privada (extra en niñera, idioma, club). ¡Y otra vez paro! Y por algo que no tiene sentido. Por otro lado, los docentes asisten a todos los colegios privados, qué bárbaro… Si el paro es por la represión excesiva, deberían hacer paro en todos sus trabajos… ¿Es raro no?

Los niños y adolescentes que no tienen opciones no acceden a clases y a la contención de la institución educativa. Sus padres, que no tienen opción y tienen que ir a trabajar, se angustian y los dejan solos en la calle… o pierden sus trabajos. Y el círculo se va cerrando y destruyendo cualquier posibilidad de salir. Y los maestros y profesores siguen asistiendo al colegio…

A quienes creemos en el sindicalismo, en la democracia y en la lucha por los derechos se nos hace muy difícil seguir defendiendo nuestra posición, porque unos pocos destruyen todo lo construido durante años.

¿Y quién pone los límites? Si lo hace el gobierno es represivo, si lo hace el sindicalismo es de derecha. Bueno, hay que respetar un poco más al otro y hay que construir cualquier cosa a partir de eso: del respeto.

Adriana Eiraldi
Vía correo electrónico

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La entrada Desocupación del edificio del Codicen y paro en repudio: "Todo, todo mal" se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Este miércoles en La Mesa de En Perspectiva se trató el desalojo de los ocupantes del edificio donde funcionan la sede del Codicen y otras instituciones públicas, por parte de la Guardia Republicana.

A raíz de esto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y las filiales Montevideo y Canelones de Afutu convocaron a un paro de 24 horas para hoy, en repudio a la forma en que la Policía procedió anoche.

La Guardia Republicana ingresó al edificio de Avenida Libertador y Colonia sobre las 21 horas en medio de incidentes, sobre todo con personas que, desde afuera del local, apoyaban la ocupación.

Según el diario El País, luego de conversaciones con el abogado de los ocupantes, en las que participaron desde ministros hasta el presidente de la República, un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo a la Policía: “hagan lo que tengan que hacer; acá no hay ganas de negociar nada”.

De inmediato la Guardia Republicana ingresó por una puerta lateral al edificio de Avenida Libertador y Colonia, mientras otros efectivos apostados frente a la puerta principal recibían pedradas, palazos y todo tipo de objetos.

Según el diario El Observador, los estudiantes no ofrecieron resistencia y se autoevacuaron por una puerta trasera, pero los desmanes se desataron en la vereda y en la calle, donde militantes de Ades, Plenaria Memoria y Justicia y el sindicato del Taxi, entre otros, lanzaron piedras sobre la policía.

Según El País, hubo 12 personas arrestadas y alojadas en calabozos de la seccional 3a, entre ellas el dirigente sindical de Ades-Montevideo Emiliano Mandacen. Desde allí, ocho de los jóvenes detenidos, visiblemente lastimados, fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que del lado de los efectivos, seis resultaron heridos, principalmente por pedradas y palazos.

A estas horas permanece una guardia policial en la sede del Codicen acabó con vidrios rotos, calefactores arrancados de las paredes, sillas destrozadas y colchones quemados.

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Este miércoles mientras se trataba en La Mesa de En Perspectiva el desalojo de la sede del Codicen, se comunicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro y brindó su opinión de lo sucedido.

La entrada Desalojo en Codicen: Entrevista al ministro Ernesto Murro se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Este miércoles en La Mesa de En Perspectiva se trató el desalojo de los ocupantes del edificio donde funcionan la sede del Codicen y otras instituciones públicas, por parte de la Guardia Republicana.

A raíz de esto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y las filiales Montevideo y Canelones de Afutu convocaron a un paro de 24 horas para hoy, en repudio a la forma en que la Policía procedió anoche.

La Guardia Republicana ingresó al edificio de Avenida Libertador y Colonia sobre las 21 horas en medio de incidentes, sobre todo con personas que, desde afuera del local, apoyaban la ocupación.

Según el diario El País, luego de conversaciones con el abogado de los ocupantes, en las que participaron desde ministros hasta el presidente de la República, un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo a la Policía: “hagan lo que tengan que hacer; acá no hay ganas de negociar nada”.

De inmediato la Guardia Republicana ingresó por una puerta lateral al edificio de Avenida Libertador y Colonia, mientras otros efectivos apostados frente a la puerta principal recibían pedradas, palazos y todo tipo de objetos.

Según el diario El Observador, los estudiantes no ofrecieron resistencia y se autoevacuaron por una puerta trasera, pero los desmanes se desataron en la vereda y en la calle, donde militantes de Ades, Plenaria Memoria y Justicia y el sindicato del Taxi, entre otros, lanzaron piedras sobre la policía.

Según El País, hubo 12 personas arrestadas y alojadas en calabozos de la seccional tercera, entre ellas el dirigente sindical de Ades-Montevideo Emiliano Mandacen. Desde allí, ocho de los jóvenes detenidos, visiblemente lastimados, fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que del lado de los efectivos, seis resultaron heridos, principalmente por pedradas y palazos.

A estas horas permanece una guardia policial en la sede del Codicen acabó con vidrios rotos, calefactores arrancados de las paredes, sillas destrozadas y colchones quemados.

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