Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

El ex presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, estuvo ayer aquí En Perspectiva donde respondió a varias denuncias que se han formulado desde el gobierno sobre el fallido proyecto de la planta regasificadora, a partir de una auditoria de gestión realizada por la consultora PwC que concluyó que aquella iniciativa dejó 213 millones de dólares de pérdida para el Estado.

Casaravilla hizo sus cuentas y sostuvo que "si se hace la cuenta país el numero es otro", señalaba que la cuenta rondaba entre 30, 40 o como máximo 50 millones de dólares. 

Sobre el final de la entrevista, Casaravilla afirmó que los jerarcas de las administraciones frenteamplistas asumieron, con aquel proyecto,  “riesgos” típicos del mercado energético, donde es imposible tener certezas a futuro, como por ejemplo, el recio del petróleo. Y por eso, señaló "no tendría lógica que sean conducidos a la justicia".  El ingeniero criticó la decisión del gobierno de remitir el trabajo de PwC a la Fiscalía.

“¿El que tiene que tomar la decisión tiene que estar pensando que, porque quizá alguna de las hipótesis que tomó fue equivocada, puede terminar en un juzgado? Yo creo que estamos destruyendo la gestión pública”, opinó, y enfatizó: “Si el que tenga que tomar decisiones tiene que estar elucubrando y pensando no en tomar la mejor decisión, sino la que lo pone a cubierto de eventualmente terminar en un juzgado, estamos en un problema”.

Casaravilla, ponía el acento de aquí en adelante, él decía "si me llaman voy a ir a la justicia". Pero su preocupación es que, en primer lugar,  en las políticas energéticas se necesitan acuerdos y consensos de todos los partidos; y  segundo,  no deberían existir estos fantasmas, estas posibilidad de que los jerarcas en el futuro tengan que responder por decisiones que tengan "riesgos". 

El ingeniero sostuvo que “la ansiedad está tomando el estado de ánimo de los planificadores entonces cuando las cosas no son cómo uno las planifica, lo ejecutan”. Casaravilla agregó que en gobiernos blancos y colorados se construyeron gasoductos con Argentina que también dejaron pérdidas y que a su juicio son mayores que las que dejó el fallido proyecto de la regasificadora.

La Tertulia de los jueves con Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Juan Pedro Mir, Daniel Supervielle.

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Gobierno presentó Rendición de Cuentas con incremento de gasto “casi cero”

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Miércoles 30.06.2021

EMILIANO COTELO (EC) —El proyecto fallido de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, que iba a ser una de las obras más importantes del gobierno de José Mujica, ha sido este mes un tema candente en el debate político.

El punto de partida fue un estudio que realizó la consultora PWC, a pedido de UTE, sobre la contabilidad de Gas Sayago SA, la empresa propiedad de UTE y Ancap que estaba a cargo de llevar adelante el proyecto de la regasificadora. Las conclusiones del trabajo, que estimaron pérdidas por 213 millones de dólares, fueron remitidas por UTE a Fiscalía.

Desde entonces, varios jerarcas del gobierno, entre ellos el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, han señalado que la iniciativa era inviable desde el inicio y se han preguntado por qué, de todos modos, las autoridades frenteamplistas decidieron seguir adelante engrosando las pérdidas.

Pero también desde el Frente Amplio (FA) se escucharon reproches. Por ejemplo el de Danilo Astori, exvicepresidente y exministro de Economía, que señaló que la regasificadora fue un “error importante, grande” de las dos últimas administraciones encabezadas por la izquierda.

¿Qué dicen quienes lideraron aquella propuesta?

Hoy vamos a conversar con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, expresidente de UTE, cuyo nombre ha estado en la discusión política en estos días y que hasta ahora no había aparecido en entrevistas.

GONZALO CASARAVILLA —Muchas gracias por la oportunidad. La última entrevista la hice contigo allá por marzo de 2020, nos hemos mantenido al margen y creo que hoy podemos aportar algo a todo este debate.

EC – Usted no ha hablado, pero escribió una columna en Facebook, en la que respondía a detalles de la auditoría de gestión que hizo PWC sobre Gas Sayago. Sostuvo que la divulgación de ese trabajo fue una “movida de marketing”. ¿Por qué?

GC – Es lo que está pasando. De repente los temas aterrizan, tienen una movida mediática importante y después se apagan. El informe de PWC lo que hace es poner números, esos números se interpretan y se sacan conclusiones equivocadas, como que hubo una pérdida de más de 200 millones de dólares. Uno tiene que clarificar el panorama y decir “muchachos, no se crean todo lo que escuchan, analicemos un poco”. Coincido, es un proyecto fallido, esa es una buena definición, termina dando pérdidas. Eso es correcto, pero lejos de ser esos millones de dólares de que se habla.

EC – ¿Por qué la cifra no es correcta?

GC – Porque cuando uno tiene que analizar la pérdida de algo tiene que comparar la situación previa con la situación posterior. Entonces no solo tiene que considerar los gastos, también tiene que considerar quién puso la plata y cuál es la cuenta país al final del día. E incluso si uno toma los números de ese informe de PWC, efectivamente hay unos gastos y endeudamiento documentados; está todo, si todo esto lo sabemos es porque estaba absolutamente documentado. El gasto es de 213 millones de dólares, pero a eso le sacamos los 100 millones de dólares que puso GNLS cuando ejecutamos la garantía del contrato, le sacamos los 8,8 millones que puso la garantía de la ejecución del contrato con OAS –que es una plata que muestra la calidad de los contratos, porque ejecutamos todas las garantías de todos los contratos que tuvimos que ejecutar por incumplimiento–, le sacamos unos 51 millones de dólares de cosas que están ahí arriba de la mesa. Porque cuando Gas Sayago por ejemplo pagó 27 millones de dólares de impuestos, cuando cobramos la garantía de 100 millones de dólares el impuesto a la ganancia lo cobró el Estado y aportamos 27 millones de dólares, y con esa plata se construyeron escuelas, era plata dulce que entró en la cuenta país que en realidad terminó poniendo y financiando la garantía. Eso uno lo tiene que sacar, es plata que quedó y está arriba de la mesa. Tenemos que sacar 20 millones de dólares de infraestructura que quedó en Puntas de Sayago, eso uno lo ve, antes no había nada, eran unos pastos, y ahora hay un muelle, hay galpones, hay cosas.

EC – Hay unos pilotes que hay que sacar también.

GC – Los pilotes están mar adentro, pero en Puntas de Sayago hay cosas que valen por lo menos 20 millones. En realidad la cuenta contable es 25, pero ponele que 20 millones de dólares, que es la cuenta que informamos en el 2017 en el Parlamento en la comisión investigadora.

Le decía que hay 51 millones de dólares de cosas tangibles porque están los 27 millones del aporte impositivo, como 8 millones de dólares de los estudios técnicos, 5 o 6 millones de dólares del Camino de la Petisa que quedó construido en el Cerro y un pago que se hizo por una arena al banco. Y 10 millones de dólares que le dimos al puerto por arrendamiento de un lugar que era pasto. Con eso puedo decir que construimos el muelle C.

Cuando uno hace la cuenta y a los 213 les saca 100, 8,8, 20, 51 y algunos otros aportes, da un negativo de 33 millones de dólares. Y queda ver qué pasa con los juicios, que puede ser 13 para arriba o 15 para abajo. Eso hace que al final la eventual pérdida, dirimido todo esto a febrero de este año –porque puede haber algún gasto menor que no va a cambiar mucho las cosas–, puede andar en perder 20 o 48.

EC – Ese es el número para ustedes.

GC – Ese es el número. Lo dejé documentado hace un año y pico, cuando me fui de UTE, en una constancia de actas que retomaba lo que informé en el Parlamento en el 2017. O sea que hay una serie de documentos que documentan cómo llevábamos los números para ver de qué estábamos hablando.

EC – Usted hace las cuentas desde el punto de vista del Estado, teniendo en cuenta que el Estado puso 113 millones de dólares, qué pasó con esos 113. Pero también se puede decir que Gas Sayago tiró, dilapidó, gastó 213 porque los 100 que entraron de la ejecución de la garantía también se terminaron gastando. Pudieron haber cortado en ese momento el proyecto de Gas Sayago y tener ese dinero disponible y no seguir gastando.

GC – Esa es una interesante pregunta… Hay que separar y hay que hacer algún modelo para poder explicar las cosas. Para poder hablar de esto me parece que una contribución es decir que hay cosas que son del pasado, previas a Gas Sayago, que también son parte porque tienen que ver con la motivación de tener gas. Después estuvo lo que fue todo el proyecto de Gas Sayago a partir de 2010, que fue un proyecto multipartidario; ahí se tomaron un montón de decisiones hasta el 2013, o sea que tuvieron consecuencias hasta que ejecutamos el contrato de GNLS, los 100 millones de dólares. Ahí la cuenta daría un resultado, pero, efectivamente, yo hasta coincido con Astori en que no supimos poner el freno de mano eventualmente. Y podemos decir por qué no pusimos el freno de mano. Y ahí sí hubo cuatro año más, que es lo que llamamos el reposicionamiento, del año 2016 al 2019, de lo cual también podemos hablar.

Si analizamos estos números que acabo de decir, el saldo termina dando 20 negativo o 48 negativo. Son todos números muy grandes, pero hay que relativizarlos a los números de UTE. El cambio de la matriz eléctrica, que también hicimos y fue una decisión multipartidaria, lo hicimos en equipo, generó un ahorro para el país de 10 millones de dólares por semana, en la continuidad del tiempo. Ahora estamos exportando energía a Brasil y estamos ganando un millón de dólares por día. Los números de UTE, del rubro energía, son tan grandes que están fuera de la escala humana, no nos acostumbramos. Cuando decimos que perdimos 20, son 20 días de exportación, de otras inversiones que hicimos que están dando resultado económico. Hay que ver todo en contexto.

Como decía, tenemos el pasado, el Gas Sayago multipartidario, y después tenemos el reposicionamiento, en el que lo multipartidario se cayó, se quebró el apoyo multipartidario. Pero si hacemos todos esos números, en el período que tiene que ver con la parte del reposicionamiento la inversión que hicimos –defiendo que fue una inversión porque ese gasto en que incurrimos estaba fundamentado– fue del orden de 16 millones de dólares. En esa cuenta todo lo demás, todos los otros números están asociados con el proyecto multipartidario fallido de la regasificadora.

EC – Vamos a tratar de ordenar todo este proyecto desde que empezó hasta ahora, estos mismos meses o fines de 2019.

***

EC – Primero es importante definir algunas cosas. ¿Qué es una regasificadora? Es una planta ubicada en un puerto que produce gas natural a partir de gas licuado de petróleo que llega por mar. Segundo, ¿por qué se necesitaba una regasificadora en Uruguay?

GC – El tema es que el gas en origen, cuando uno lo saca de un pozo, es gaseoso.

EC – Se lo licúa para transportarlo.

GC – Se lo enfría y eso le reduce el volumen 600 veces. Y cuando llega y uno lo tiene líquido, lo único que tiene que hacer es calentarlo y se convierte de vuelta en gas y se multiplica el volumen. Para calentarlo se usa el agua de mar, el gas está muy frío, a 200 grados bajo cero, y cuando uno lo pone a 15 grado, que es la temperatura del agua de mar, se calienta y se vaporiza de vuelta.

Respecto a por qué tener gas, desde siempre Uruguay quiso tener gas. A todos los países les gusta tener gas, es un combustible fósil mejor que el combustible líquido, tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la logística. Eventualmente puede tener costos menores incluso, y además es más ameno para el medio ambiente y para las máquinas generadoras eléctricas, se deterioran menos. Por tanto tiene un montón de ventajas y de hecho Uruguay podría escribir libros y libros de intentos de tener gas. Por eso hablaba del pasado, no hace tanto hicimos un gasoducto con Argentina, compramos un predio en Casablanca, les pagamos a gasoductos entrerrianos un montón de plata para tener gas en el litoral y generar energía eléctrica. Si uno hace la cuenta de lo que fue el intento anterior, en números contables hay una pérdida de 200 millones de dólares, más o menos 60 UTE y 140 Ancap.

EC – Ahí está pasando cuentas para el otro lado, recuerda que en períodos anteriores al FA hubo dos proyectos para traer gas a Uruguay, el Gasoducto Cruz del Sur y el del Litoral, que también resultaron fallidos.

GC – Era importante buscar esa alternativa porque era importante el beneficio de tener gas. Porque cuando uno analiza una pérdida tiene que decir por qué el país incurrió en esa inversión. El tema son los beneficios. En ese momento existían beneficios, se tomaron ciertas decisiones y esos beneficios no se realizaron. En el 2010 nos dimos un susto enorme con la sequía, en 2008, en 2009. A un grado tal que llegamos a una cosa fantástica: el acuerdo multipartidario. En el 2010 llegamos al acuerdo multipartidario porque el susto despertó al mamado, veníamos de una paliza que nos había dado el sector energético, nos dimos cuenta de que había que construir política de Estado y nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas. Además –lo puedo decir con total conocimiento de causa– nos permitió cambiar la matriz eléctrica del Uruguay y hacer todo lo que hicimos en los años 10, 11, 12, 13, ahí fue que tomamos todas las decisiones de la regasificadora, todas las decisiones de la interconexión con Brasil, todas las decisiones de matriz eléctrica. Fue porque había un acuerdo multipartidario y pudimos trabajar en equipo.

EC – Pero el acuerdo multipartidario no era directo para la regasificadora.

GC – Era para la incorporación de gas.

EC – “Culminar los estudios necesarios y tomar definiciones que permitan incrementar la participación del gas natural en la matriz energética, de manera robusta y a un precio razonable: planta regasificadora y/o nuevo gasoducto dedicado, mediante inversiones mixtas”. Ni siquiera se jugaban por el proyecto regasificadora en el acuerdo multipartidario.

GC – Eso fue firmado en febrero de 2010. Llegamos al directorio de las empresas, ya venía bastante cocinado y avanzado el acuerdo con Argentina, con la empresa Enarsa. Eso ya estaba perfilado, nos sentamos y dijimos: ¿qué hacemos? Vamos a hacer una regasificadora. Ahí creamos Gas Sayago y el primer directorio de Gas Sayago tuvo integración multipartidaria, lo integraba el doctor Garchitorena. Y ese directorio fue el que decidió la contratación de personal, decidió todos los estudios técnicos que se hicieron, todo lo que tuvo que ver con el tema hasta que firmamos el contrato, que fue votado en el directorio de UTE por unanimidad, con el voto del Partido Nacional (PN). Me saco el sombrero con Garchitorena y Antía que respetaron el código de un acuerdo y votaron convencidos de que era la solución, porque nadie vota algo por mandato.

EC – Repasemos. En mayo de 2013 Gas Sayago anuncia qué oferta fue seleccionada para construir una planta regasificadora en Uruguay. Se opta por el consorcio GNLS, cuyos accionistas eran la francesa Gaz de France-Suez y la francesa Marubeni. En la propuesta, ese consorcio se comprometía a realizar las obras de una escollera de piedra y hormigón de 1.800 metros de largo a dos kilómetros de la costa oeste de Montevideo, en Puntas de Sayago. Junto a ella se instalaba la regasificadora flotante, el barco que debía recibir el gas licuado de otro buque, procesarlo y dejarlo pronto para el uso. Capacidad de almacenamiento: 267 millones de metros cúbicos. Inversión total: 1.225 millones de dólares. Las obras de construcción debían estar terminadas en marzo de 2015. El contrato establecía que la disponibilidad del barco regasificador era de 20 años, en ese plazo el contratista recuperaba la inversión con un canon pagado por el Estado. Ese canon se cobraba a cambio de la gasificación de 10 millones de metros cúbicos de gas por día, independientemente de si consumía o no la totalidad de ese volumen. ¿Algún otro dato para agregar al resumen?

GC – Es un buen resumen de lo que fue el contrato que terminamos firmando.

EC – El miércoles pasado, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, cuando compareció en comisión del Senado, aseguró que en la auditoría de gestión que elaboró PWC aparecen con claridad las falencias del proyecto. Y como ejemplo citó “la falta de aprobación formal de estudios de factibilidad”, y planteó esta como una de las preguntas: “¿por qué se decide, por parte de los directorios de Ancap y UTE de la época, avanzar arbitrariamente con el proyecto sin aprobar un estudio de factibilidad completo que incluyera la sensibilidad al riesgo?”.

GC – Es muy fácil hacer análisis con el diario del lunes, con todo el respeto que me merecen el diario del lunes y los que hablan de cosas con los hechos a la vista, ese es el karma de los planificadores. Yo me dedico a la planificación energética desde hace muchos años y después uno siempre tiene que someterse al diario del lunes. Pero la verdad es que en su momento, en el acuerdo multipartidario, todos, con los mejores informes técnicos, con los mejores técnicos, que hicieron los mejores estudios que tuvimos a la vista, tomamos decisiones. Porque la decisión de los directores siempre tiene que ser fundada en información objetiva, en general informes técnicos.

Yo puedo coincidir en que puede haber formas diferentes de hacer estudios de factibilidad, pero hubo muchísimos estudios, durante mucho tiempo, que mostraban la factibilidad, y cuando finalmente tomamos la decisión los directorios teníamos informes técnicos que mostraban la factibilidad. En el caso del sector eléctrico era un empate, pero en el caso país había un beneficio y por eso seguimos adelante. Evidentemente uno ahora puede decir que se podría haber hecho diferente o con una metodología diferente; yo tomé nota, leí el informe –y me voy a referir a informe– de PWC en el cual hay una especie de racconto de las mejores prácticas actuales para hacer esto y lo otro. En todo caso, lo bueno es trasladar eso a los equipos técnicos para que vean si hay alguna oportunidad de incorporar algo en los procesos de elaboración de informes. Si nos equivocamos nos equivocamos todos, pero eso no tiene que ser nunca una excusa, tiene que servirnos como aprendizaje.

EC – El ministro también planteó que son pocos los estudios que existen sin aprobación formal y que los ingresos estaban sobreestimados, por ejemplo el petróleo a 110 dólares para todo el período. Y preguntó: “¿Por qué las autoridades de la época insisten en subestimar los gastos cuando se tenían costos de inversión 84 % superiores a los inicialmente planteados?”.

GC – De vuelta, en el momento en que se tomaron las decisiones, y las tomamos todos, teníamos los informes que habían hecho los técnicos con la mejor información posible. Por ejemplo, el barril de petróleo a 110 dólares como valor tendencial era la información que teníamos en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, hasta 2014, y las decisiones las tomamos en el 2013. No es que lo diga Casaravilla, lo dice la Agencia Americana Independiente de Energía con sus proyecciones. Por supuesto que tenía valores tendenciales y valores de mínima y de máxima, en planificación se toman decisiones en función del valor esperado y se hace un análisis de riesgo. Y con toda esa información se toman decisiones. Pero al final, como uno no sabe lo que va a pasar, tiene que decidir en función del valor esperado. Y el valor esperado era de 110 dólares, eso está documentado y archidocumentado. Eso se hacía en el sector eléctrico en todo el mundo. Evidentemente alguien había pronosticado que podía ser 50, pero si uno toma las decisiones como que el valor del petróleo iba a ser 50 y después se cumple la otra predicción y cuesta 150 o 200, queda colgado muerto. Entonces uno tiene que tomar decisiones de riesgo que siempre son decisiones de riesgo.

Siempre hay una probabilidad de que las cosas no sean como uno las planificó. Eso es lo que le está pasando al mundo; le pasó siempre al mundo pero ahora es más grave todavía. Porque si uno no logra tomar decisiones porque cuando las probabilidades no son las esperadas o las más deseadas no se cumplen, a uno lo ejecutan. Ese es el problema que está teniendo el mundo caótico que tenemos hoy en día en el cual la ansiedad está tomando el estado de ánimo de los planificadores, la incertidumbre los está bloqueando y en definitiva tenemos acuerdos muy frágiles, como fue el acuerdo multipartidario, que en determinado momento se rompió. Mi motivación en este momento es reconstruir el espíritu multipartidario. Porque si en el sector energético, que es demasiado importante como para dejarlo a la Bartola, no retomamos esa visión y construcción multipartidaria, nadie más va a tomar nunca decisiones. Enrique Iglesias me dijo, muy poquito antes de irme de UTE: “No hay que vivir de los recuerdos sino que hay que pensar en los proyectos”. Hoy mi preocupación es el futuro, cómo vamos a encarar el futuro. ¿Qué vamos a hacer con el gas?, ¿sigue habiendo un beneficio por tener gas?

***

EC – Uno de los aspectos que más se cuestionan es que la rentabilidad del proyecto de la planta regasificadora dependía de que Argentina comprara excedente de gas almacenado en Puntas de Sayago. Hay cuestionamientos por eso del gobierno y también del FA. Astori hizo una autocrítica por este punto en específico, dijo que la regasificadora fue un error grande, importante de las administraciones frenteamplistas. En una entrevista hace pocos días en Buscadores señaló que “con el cambio de la matriz energética, que entre otras cosas transformó al Uruguay en exportador de energía eléctrica y a nuestro vecino Argentina en cliente de nuestra energía eléctrica, hicimos una regasificadora para venderle gas a la Argentina, que no tenía ningún sentido”, y agregó:

(Audio Danilo Astori.)

Ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que desde el principio no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro.

(Fin.)

EC – ¿Qué dice a propósito de este diagnóstico lapidario de Astori?

GC – Con respecto a la parte de que era un proyecto sin futuro, como ya dije, cuando tomamos finalmente la decisión en 2013 era un proyecto que para el sector eléctrico empataba, no era un proyecto espectacular, pero cuando uno empezaba a poner la expectativa de exportación de gas los números se iban para arriba. Si Argentina está ahí y puede hacer que se desarrolle, ahí es donde explotan los números y los beneficios son cuantiosos. En definitiva uno toma decisiones de riesgo.

En todo caso, yo soy el primero en tratar de hacer un análisis de lo que pasó, generar autocrítica y aprender del pasado para no repetir errores eventuales. Pero Astori también fue protagonista durante esos años. Nada hubiese pasado si no venía la firma de Economía, que era la que nos autorizaba todas las cosas. La garantía soberana la otorgó el Ministerio de Economía, la que nos permitió tener el contrato firmado.

EC – Ese era el período de Mujica, en ese momento Astori era vicepresidente.

GC – Sí, pero todo terminaba pasando por Economía.

EC – Y el equipo económico era el equipo de Astori.

GC – Todo terminaba pasando por Economía.

EC – Recordemos: en 2011 Gas Sayago constituyó un consorcio con Enarsa de Argentina en el que se estableció como objetivo una capacidad de producción inicial de 10 millones de metros cúbicos diarios y se obligó a cada parte a contratar para todos los días del año el 50 % de esa energía. Luego en agosto de 2013, Ancap e YPF firmaron un memorándum de entendimiento para analizar la potencial exportación de gas natural uruguayo a territorio argentino. Ahí cambió, lo primero era un compromiso muy firme, lo segundo era una posibilidad, después ese compromiso no se concretó. Entonces, ¿no se estaba caminando sobre terreno poco seguro con esta dependencia de Argentina?

GC – De hecho, el proyecto de la regasificadora arranca en el 2007, cuando se acuerda avanzar en ese camino.

EC – Primer gobierno de Vázquez.

GC – Cuando arranco en el 2010 eso ya venía bastante delineado, incluso la asociación con Enarsa ya estaba bastante avanzada. Y sí, efectivamente, Argentina es parte. Y sigue siéndolo, cuando hoy uno analiza cuáles son los beneficios de cualquier cosa del sector eléctrico, analiza qué es lo que puede pasar con Argentina y ahora además qué es lo que puede pasar con Brasil, con quien estamos bien interconectados. Eso es parte de los análisis, siempre.

EC – Si algo tiene como característica el factor Argentina, es la inestabilidad, la inseguridad, la incertidumbre, con Argentina para atrás, para adelante.

GC – Y con Brasil también. La interconexión con Brasil, que fue una inversión 100 % de Uruguay, la hicimos porque sabíamos que había un beneficio, pero es imposible cerrar acuerdos con los vecinos. En definitiva uno planifica tratando de no perder.

EC – Otra de las preguntas del ministro Paganini en comisión la semana pasada: “¿Por qué en el año 2012, cuando queda claro de que Argentina no va participar como socio –porque Argentina iba a ser socio en la regasificadora–, las autoridades de la época insisten en la viabilidad de la regasificadora?”.

GC – Los números están a la vista, hay unos informes muy completos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Después están los informes técnicos de los técnicos de UTE, y eso está en la resolución 13.666, en la que están todos los documentos técnicos, todos los informes técnicos que llevan a UTE a tomar una decisión fundada respecto a la regasificadora, en la cual, como digo, los números eran en un escenario conservador que empataba. Claro, hoy lunes podemos decir que le erramos en esto o lo otro. Tomamos una decisión, que además fue multipartidaria, porque ese contrato con GNLS, que votamos por octubre de 2013, lo votó la oposición con nosotros. Y de vuelta, me saco el sombrero por el código que demostró la oposición respetando el acuerdo multipartidario. Pero además, si alguien finalmente firma algo y vota algo, es porque está convencido de los argumentos.

EC – Pero había dudas –estoy repasando en la prensa–. Por ejemplo, en mayo de 2013, el momento en que se resuelve el contrato con GNLS, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dice: “La planta regasificadora no puede ser una aventura caprichosa, el país no está para arriesgar sin un mínimo de certeza, sin los debidos cuidados técnicos y blindajes políticos”.

Por su lado, el diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional, decía: “No solo hay poca información sobre el proceso que escogió el gobierno para construir la regasificadora, sino que de acuerdo a información que manejan integrantes de su partido, la conclusión es que ‘no hay que avanzar con el proyecto tal cual está planteado’”. Mayo de 2013.

GC – En mayo de 2013, en el proceso competitivo que se armó, se optó por GNLS. Y ahí hubo un error de manejo: se anunció públicamente antes de que fuéramos a los directorios y eso llevó a un enojo circunstancial que probablemente motivó muchas de estas salidas. Pero finalmente, cuando después el contrato vino estudiado y negociado y llegó a UTE, fue votado por unanimidad. Esos son los momentos que valen, los momentos en que se resuelven las cosas.

EC – Yo recuerdo haber entrevistado a Enrique Antía, integrante del directorio por el PN, que explicaba las dudas que tenía.

GC – Claro, si tenía dudas no tendría que haber votado. Porque uno cuando vota, vota convencido de que algo sirve o no sirve. Si estaba convencido de que no servía tenía que haber votado negativamente. Así funciona, la responsabilidad de los directores es votar o no votar. Si vota es porque está convencido, porque si no, está prevaricando, está votando algo que está convencido de que le hace daño a la empresa.

EC – ¿Usted dice que Antía votó? Yo tengo acá la entrevista que le hice a Antía el 17 de mayo de 2013…

GC – Eso fue cuando se seleccionó con qué empresa negociar el contrato.

EC – Ahí no acompañó Antía.

GC – No acompañó por ese tema, porque veníamos trabajando, él estaba muy bien informado, pero hubo una desinteligencia si se quiere, porque yo lo llevo al directorio un martes de tarde y al mediodía Mujica ya lo había anunciado. Y se enojó. Y tenía razón. Entonces no acompañó. Pero ese tema no tiene que ver con el fundamento de la decisión. El fundamento de las decisiones importantes es que las tomamos todos levantando la mano. Y eso no es una excusa, eso es que con la mejor información los directores tomamos decisiones en función de si eso era bueno o era malo. Y si era malo teníamos que votar en contra, y eso no pasó.

EC – Vuelvo al tema dependencia de Argentina. Voy al año 2016, en unas declaraciones sobre otra cosa Tabaré Vázquez dice: “Uruguay necesitaría como mucho de unos 2 millones de metros cúbicos por día y esta regasificadora estaría en el orden de 10 o 12 millones, por lo que tenemos un excedente de 10 millones. ¿Qué hacemos con ello? Tenemos que venderlo para que el proyecto sea redituable”. Eso lo decía en 2016 cuando se seguía estirando.

GC – La etapa de reposicionamiento.

EC – Pero voy a los números, Vázquez decía “se necesita alguien que compre ese excedente de 10”. ¿Entonces?

GC – Por eso hicimos lo que hicimos. A fines de 2015, cuando abortó el proceso en el cual estábamos porque cayó el contratista y ejecutamos todas las garantías, dijimos: ¿qué hacemos?, tenemos esto avanzado. ¿Sigue siendo interesante tener gas? Los estudios técnicos de esa época –estudios conservadores– nos informaban a los directores de UTE que había un beneficio potencial de 300 millones de dólares en un escenario conservador. Usted es director, los técnicos le dicen que hay un beneficio potencial de 300 millones de dólares. Y que si a ese beneficio estando solito le agregábamos Argentina, se iba a 475 millones de dólares. Y si además de vender la energía eléctrica le vendíamos gas, se iba a 660 millones de dólares. Ese era el informe técnico que teníamos en noviembre de 2015. Uno tenía un proyecto que había fracasado por la ejecución de todos estos contratos y tenía que tomar una decisión. Y ahí efectivamente –y suscribo lo que dijo Vázquez–, dijimos “este partido ahora lo vamos a jugar tratando de que venga un tercero y vea si puede gestionar este riesgo que tenemos hacia delante”. Fue lo que hicimos.

EC – En el medio se estaban cobrando los 100 millones de dólares.

GC – Los cobramos ahí, sobre fines de 2015.

EC – En 2015 OAS, la compañía constructora elegida por GNLS, se retira de las obras.

GC – Por el Lava Jato se le cayó, murió todo.

EC – Con todo el escándalo del Lava Jato en Brasil, Odebrecht, etcétera, se viene abajo la compañía OAS, se retira de las obras, las deja a medio terminar, se ejecuta la garantía, entran 100 millones de dólares a Gas Sayago SA. Ahí está otra de las preguntas de Paganini…

GC – Y la de Astori también: ¿por qué no pusimos el freno de mano?

EC – ¿Por qué cuando finalmente se decide rescindir el contrato con GNLS no se opta también por terminar el proyecto, por cerrar Gas Sayago?

GC – Es lo que le estoy explicando. En ese momento, a principios del 2016, teníamos arriba de la mesa informes que nos decían cuál era el beneficio; incluso ese beneficio de 300 millones de dólares suponía pagar 1,5 dólares por millón de BTU, incluía haber pagado el servicio de regasificación, un valor razonable. O sea que era un beneficio genuino en la medida en que hubiera gas incluso interrumpible, o sea que el 90 % del tiempo estuviera y el 10 % no, o sea en unas condiciones bastante conservadoras. Era un beneficio tangible y arriba de la mesa. Ahí dijimos: esto funcionaría si logramos que alguien se encargue de correr estos riesgos. Los números tres años antes eran mucho mejores, se había deteriorado el mundo, entonces los números eran peores.

EC – ¿Cuál iba a ser el destino de ese gas?

GC – Estoy diciendo que el sector eléctrico si tuviera gas en esas condiciones medio interrumpibles tenía un beneficio de 300 millones de dólares.

EC – ¿No había avanzado ya enormemente la diversificación de la matriz energética con todas las instalaciones de energía eólica?

GC – ¿Sabe cuánto gastamos el año pasado en combustible? 100 millones de dólares.

EC – Pese a los aerogeneradores, a la biomasa…

GC – Está en el diseño, el año pasado hubo seca, gastamos 100 millones de dólares; este año estamos exportando, va a haber como 140 millones de dólares. Si tuviéramos gas los números serían la mitad a un precio competitivo del gas. Si tuviéramos gas a precios competitivos y alguien se encargara del servicio de regasificación porque está haciendo un negocio asociado con Argentina –supongamos que ese fuera el escenario–, tendríamos un beneficio tangible. Entonces dijimos en el 2016: tenemos arriba de la mesa que si hubiera gas en estas condiciones bien conservadoras, hay un beneficio. Si además alguien está tratando de hacer el negocio con Argentina, hay mucho más. Pongamos a la venta o pongamos a disposición la capacidad de lo que queda del proyecto. Hicimos una temporada abierta, absolutamente competitiva, y se presentó un privado, Shell. Y yo puedo aceptar que me digan que no hicimos un buen análisis de situación, y Shell habrá hecho su propio análisis. Es verdad que vino uno solo, pero no era uno cualquiera, era uno que tenía muchos activos energéticos en Argentina, era propietario de un pedazo grande de Vaca Muerta y de varios activos de petróleo.

EC – Vaca Muerta es un yacimiento de gas y petróleo en Argentina.

GC – En ese contexto, Shell nos plantea diferentes formas de negocios; nosotros estábamos negociando con Shell y con otros proveedores la compra de gas, y al final Shell dice “yo veo un negocio acá”. Podemos decir que nos equivocamos, pero en todo caso nos equivocamos varios, porque Shell puso un millón de dólares; supongo que ahora les estará explicando a los accionistas por qué lo hizo, pero seguramente algo veía. O sea, tan solos en el mundo no estábamos porque algo veía, puso un millón de dólares en la cuenta país. Yo no lo comenté hoy, pero hay un millón de dólares que yo resto porque de la plata que gastamos –después vinieron ingresos y el resultado es el que hoy les dije–, hay un millón de dólares que puso un privado cuando estábamos viendo qué hacíamos. Finalmente Shell en marzo de 2018 dice “hasta aquí llegué”, no hubo forma de lograr la autorización de la exportación de gas en Argentina, que era lo que buscaba, y eso le permitía saber que si ponía una planta regasificadora iba a tener libertad de movimiento para comprar y vender gas en la región y se bajó del carro. Ahí empezamos a reposicionar drásticamente Gas Sayago, empezamos a despedir personal, negociamos con el personal, todo un sistema de reposicionamiento que llevaba al cierre total de Gas Sayago, y en el ínterin además pusimos a la venta las acciones. Y cuando finalmente, en el 2019, nadie se presentó a la licitación de las acciones, cerramos Gas Sayago. Ese es el cuento, no hay otro.

EC – Claro, pero la apuesta por Shell o por esa apertura en busca de un socio en un proceso en el cual la única que apareció fue Shell también fue fallida. Y eso implicó que Gas Sayago siguiera funcionando con todos sus gastos anuales, del orden de más de 3 millones de dólares, simplemente por existir.

GC – Por en esos cuatro años hubo tres fuentes de gastos: uno que tenía que ver con los estudios que había que hacer para mantener vivo todo eso, ahí hubo como 10 millones de dólares, de los cuales 4 son estudios de geotécnica, que son útiles en cualquier forma, ya los puse en la cuenta de aquello que eran estudios útiles. Después hay como 5 millones de dólares de gastos de funcionamiento: salarios y arrendamiento de las oficinas y demás. Y después tenemos un par de millones de dólares de mantenimiento del permiso ambiental. Es esa plata, que tiene como contrapartida la apuesta a capturar esos 300 millones de dólares.

Incluso yo ahora, si no hubiésemos hecho eso, podría preguntar: ¿y por qué usted, en ese escenario, con toda la información que tenía, teniendo un beneficio potencial de 300 millones de dólares como mínimo, tiró todo al diablo? Es como todas las apuestas, cuando hicimos la apuesta al cambio de la matriz eléctrica, teníamos un beneficio, lo capturamos, lo tenemos y tenemos 10 millones de dólares por semana. Ese salió bien. Pero yo tenía que ver si invertía 10 millones de dólares más o 10 millones de dólares menos para tratar de capturar 300 millones de dólares. La pregunta podría ser al revés, la responsabilidad que les hubiera cabido a los directores si no hubiesen apostado un poquito más, tratado de tener la temporada abierta, de vender las acciones. Yo soy muy ansioso y creo que fuimos más lento de lo que hubiese querido.

EC – Que el freno de mano se tuvo que haber puesto antes.

GC – No, tendríamos que haber apretado un poquito más el freno de mano, porque lo que hicimos en cuatro años creo que deberíamos haberlo hecho en dos. Pero era muy complejo, porque Shell tenía sus tiempos, nosotros teníamos nuestros propios tiempos y además estaba el tiempo natural de desactivar un proyecto. Un proyecto que tenía muchas infraestructuras, que había que mantener en estado y mantener la transferencia hacia UTE y Ancap. Fue un proceso muy complejo que dedicó muchas horas a desarticular un proyecto que, me crearán o no, fue muy complejo, multidisciplinario, con muchos actores involucrados, requirió muchísimo trabajo de coordinación. Es de lo más complejo que enfrenté a lo largo de la vida profesional y de lo que he visto. Y para lo cual, como yo le decía a mi compañero de toda la ruta, el ingeniero Brioso: acá no podemos errarle, tenemos que poner lo mejor de nosotros y el mejor personal para sacar esto a flote. Esa fue la apuesta. Y todo eso llevó a que efectivamente fuera un proyecto fallido, que dio los números que dio y ahora la pregunta es cómo seguimos.

***

EC – Me llama la atención, después de haber escuchado sus argumentos, sus razones, que no mencionara para nada a Aratirí, el proyecto Aratirí, frustrado también, un proyecto privado en aquel caso. ¿La viabilidad de la planta regasificadora no dependía para nada del consumo extraordinario de energía eléctrica que en principio implicaba Aratirí?

GC – No, yo nunca lo vi así. Aratirí aumentaba o disminuía la demanda, y sí, de alguna forma impactaría en el beneficio el sector eléctrico, porque si bien el sector eléctrico cambió la matriz, necesita igual el respaldo térmico y por tanto necesariamente hay consumo de combustible fósil en la matriz uruguaya. Pero el impacto no de primer orden, es de segundo orden porque efectivamente hace que la demanda crezca más rápido. Pero la receta de Uruguay es que a medida que crece la demanda se instalan renovables, no convencionales, y la cuota parte de la parte fósil no se ve tan impactada por ese tema. Si uno hace la cuenta efectivamente hay un impacto, pero nunca lo vi tan directamente asociado. Lo que Aratirí cambió es que bajó la demanda de acuerdo a lo proyectado en el 2013, 2014, cuando estábamos tomando decisiones.

EC – ¿Va a concurrir al Parlamento si lo citan? Se habló incluso de crear una nueva comisión investigadora. Pero independientemente de eso, la comisión sectorial del Senado está trabajando en el tema.

GC – Sí, yo estoy a las órdenes. El informe de la comisión investigadora, que se puede bajar [de la página web] del Parlamento, es una radiografía absolutamente completa de todo lo que fue el proyecto, porque además lo bueno es que fueron todos a declarar. Después cuando fue a la justicia fueron pocas personas a declarar, no sé ni en qué está el trámite, pero a la comisión investigadora, que tiene un informe muy completo, fue todo el mundo, fueron todos los actores, de la oposición, del gobierno, de UTE, de Ancap, de Gas Sayago, todos. Ahí hay una versión de todo, incluso en el propio Parlamento hay nueve cajas con toda la información documental hasta octubre de 2017. Porque si hoy estamos hablando con un nivel de detalle muy grande de qué fue lo que pasó es porque está absolutamente todo, en forma transparente, documentado.

EC – Y este debate nuevo, que incluye la posibilidad de una nueva acción judicial, de una nueva investigación en la justicia penal, ¿qué deja? Usted puede terminar citado en los juzgados, pero independientemente de eso, ¿qué conclusiones saca mirando hacia delante?

GC – Por supuesto me siento tranquilo por la gestión porque todas las resoluciones las tomamos fundadas y convencidos. Desde el punto de vista si se quiere moral y ético estoy tranquilo. Evidentemente a nadie le gusta terminar en un juzgado, y menos a mi familia. Yo tengo una preocupación pensando en el futuro: el sector energético es muy importante, hay que construir políticas de Estado, y yo veo que se quebró la posibilidad. Hay que recuperar, hay que agarrar los pedacitos del piso y juntar de vuelta el espíritu multipartidario al menos en el sector eléctrico, que permita tomar decisiones. Realmente, ¿hoy sigue habiendo un beneficio por tener gas? Tenemos una experiencia pasada, perdimos 200 millones, tenemos una experiencia reciente, perdimos capaz que 50 millones. ¿Aprendimos de todo eso?

EC – Usted insiste en poner en las cuentas experiencias anteriores a los gobiernos del FA.

GC – Es importante entender que el deseo de tener gas es algo que hace muchos años estamos persiguiendo y no le hemos encontrado la vuelta. La pregunta hoy es: ¿sigue habiendo un beneficio? Por ejemplo hoy, si uno hiciera algún procedimiento, ¿el gobierno actual va a plantear algo? Capaz que no lo plantea porque con todo este bagaje de discusión que tenemos alguien prefiere no hacer nada, pero capaz que no es la decisión, capaz que hay que sentarse y ver qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con el tema del gas? ¿Qué vamos a hacer con las exportaciones? Hay que construir política de Estado también. Y hay que tomar decisiones, y esas decisiones son de riesgo. Y el que tiene que tomar la decisión…

EC – Está hablando de exportaciones de energía.

GC – Claro, ¿el que hoy tiene que tomar la decisión tiene que estar pensando que capaz que porque después el diario del lunes hace que alguna de las hipótesis que tomó fue equivocada va a terminar en un juzgado? Creo que estamos destruyendo la gestión pública. Tengo la sensación, porque está muy complejo en un sector que tiene que tomar hipótesis para desarrollar inversiones y que son de largo plazo, que el que toma las decisiones tiene que estar elucubrando no tomar la decisión con la mano en el corazón sino la decisión que lo pone a cubierto de eventualmente terminar en un juzgado. Estamos en un problema. Yo, por supuesto, a las órdenes para lo que sea, pero me siento con más ganas de construir a futuro para tratar de recuperar ese espíritu multipartidario en el sector energético. Yo me dedico a la planificación energética en la universidad, hasta los 70 años cuando me echen espero seguir trabajando en estas cosas y creo que atrás de eso hay muchísimos millones de dólares que pueden beneficiar a todos los uruguayos.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Audio y video de la entrevista

La entrada Entrevista del miércoles 30 de junio de 2021: Gonzalo Casaravilla se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Transcripción completa de la entrevista en este link

El proyecto fallido de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, que iba a ser una de las obras más importantes del gobierno de José Mujica, ha sido este mes un tema candente en el debate político.

El punto de partida, fue un estudio que realizó la consultora PwC sobre la contabilidad de Gas Sayago SA, la empresa propiedad de UTE y Ancap que estaba a cargo de llevar adelante el proyecto. Las conclusiones del trabajo, que estimaron pérdidas por 213 millones de dólares, fueron remitidas por el dierectorio de UTE a Fiscalía.

Desde entonces, varios jerarcas del gobierno, entre ellos el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, han señalado que la iniciativa era inviable desde el inicio y se han preguntado por qué, de todos modos, las autoridades frenteamplistas decidieron seguir adelante engrosando las pérdidas.

Pero también desde el Frente Amplio se escucharon reproches, por ejemplo el de Danilo Astori, ex vicepresidente y ex ministro de Economía, que señaló que la regasificadora fue un “error importante, grande” de las dos últimas administraciones encabezadas por la izquierda.

¿Qué dicen quienes lideraron aquella iniciativa?

Hoy En Perspectiva, conversamos con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, ex presidente de UTE, cuyo nombre ha estado en la discusión política en estos días y que hasta ahora no había aparecido en entrevistas. 

Destaques de la entrevista: 

• • "El informe (de PwC) lo que hace es poner números, y a partir de eso se sacan conclusiones equivocadas de que la pérdida es de 200 millones de dólares y uno tiene que aclarar el panorama a la luz del propio informe. (…) Coincido en que es un proyecto fallido que termina dando pérdida, pero está lejos de esos millones de dólares que se habla".
  • "Respecto a por qué tener gas, desde siempre. Uruguay siempre quiso tener gas porque tiene muchas ventajas desde el punto de vista logístico, es más ameno para el medio ambiente, etc". 
  • "El primer directorio de Gas Sayago tuvo participación multipartidaria y tomó decisiones como contratación de personal, todos los estudios técnicos hasta que firmamos el contrato, que fue votado en el directorio de UTE por unanimidad  y me saco el sombrero por (Enrique) Antía (PN) y José Garchitorena  (PC) que respetaron un acuerdo y con convicción". 
  • “Con los mejores informes técnicos, con los mejores estudios y técnicos que tuvimos a la vista, tomamos decisiones y nosotros tomamos decisiones en base a información objetiva. Hubo muchísimos estudios durante muchísimo tiempo de la factibilidad y cuando tomamos la decisión lo hicimos con la mejor información posible”. 
  • Consultado por la retirada de Argentina como socio: "Cuando nosotros a fines de 2015 vimos que se había abortado el proceso en el cual estábamos, porque se cayó el contratista y ejecutamos todas las garantías, dijimos ‘qué hacemos? ¿seguimos necesitando o siendo interesante tener gas?’. Los estudios de esa época nos informan que en un escenario conservador había un beneficio potencial de 300  millones de dólares y si a eso le agregamos Argentina, se iba a 475 millones, y si además de vender energía eléctrica, vendíamos gas", subía más aún.
  • "Yo puedo aceptar que me digan que no hicimos un buen análisis de la situación, pero si un actor de la zona, de muchos activos energéticos y de petróleo en Argentina, nos dice que ve un negocio… podemos decir que nos equivocamos nosotros y en todo caso nos equivocamos varios".
  • "En el Parlamento había 9 cajas con toda la información documental, porque si esto se habla ahora es porque están todos los documentos transparentados".
  • Sobre el posible proceso judicial: "Estoy tranquilo porque todas las decisiones se tomaron con información fundamentada, en el plano ético y moral estoy tranquilo".
  • "Yo creo que estamos destruyendo la gestión pública, porque estamos en un sector que tiene que tomar hipótesis para desarrollar inversiones a largo plazo y eso hace que el que esté tomando decisiones tiene que estar elucubrando no tomar la mejor decisión con la mano en el corazón, sino aquella que lo pone a cubierto de eventualmente terminar en un juzgado".

Transcripción completa de la entrevista en este link

La entrada Denuncias sobre Gas Sayago: Siempre hay riesgos a futuro en el mercado energético; los gasoductos con Argentina también dejaron pérdidas. Jerarcas no pueden resolver con miedo de terminar en la justicia; eso afecta la gestión pública, dice Casaravilla, ex presidente de UTE se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA

Jueves 05.03.2020

EMILIANO COTELO (EC) —Ancap fue la única empresa pública que envió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la información solicitada el lunes a los entes del Estado a efectos de ser utilizada como insumo en el ajuste de tarifas que prepara el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En su cuenta de Twitter, la presidenta de Ancap, Marta Jara, escribió que “el equipo técnico de la empresa elaboró información de costos para la OPP” que ella remitió en la tarde de ayer. “Comprometidos con información de calidad, transparencia, eficiencia, competitividad y gestión de riesgos”, siguió en su nota la ingeniera Jara.

En cambio, los presidentes de Antel, UTE y OSE, designados por el Frente Amplio (FA), respondieron a la OPP que los datos requeridos ya se encuentran en poder de las nuevas autoridades desde la transición. Lo hicieron en cartas de textos muy similares, en las que afirmaron que los directorios que integran tienen mayoría de miembros del gobierno anterior que resolvieron, junto con el Poder Ejecutivo anterior, no proponer ajuste de tarifas. En las misivas, estos jerarcas expresan que no están de acuerdo con el aumento que será definido por el gobierno actual y por eso ponen sus cargos a disposición. Estas respuestas van en línea con lo resuelto el martes por el Secretariado Ejecutivo del FA, que tuvo una reunión con estas autoridades de los entes autónomos.

Ya tuvimos varios enfoques sobre este tema en estos días. Más temprano hablábamos con el senador Gustavo Penadés, de Todos, Partido Nacional (PN). Vamos ahora a uno de los presidentes de entes.

Estamos con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE.

¿Cómo se siente en general? Una pregunta por el lado de las sensaciones en estos días de tanta tensión.

GONZALO CASARAVILLA (GC) —Muy tranquilo, muy tranquilo. Tomé 15 días de licencia y cuando volví me di cuenta de que por primera vez que había descansado realmente porque no había estado planificando todo el año y todo lo que es la siguiente revolución, digamos.

EC —¿Cuándo volvió de la licencia?

GC —El 20 de enero. Ahí me di cuenta de que algo había cambiado. La tranquilidad venía porque no tuve que planificar cómo organizar el año, etcétera, más allá de las cosas de transición, y porque desde el punto de vista de la gestión hicimos el mayor esfuerzo. La casa está en orden, UTE hoy es una roca, tiene bien definidos todos los planes. Por supuesto, siempre hay variaciones y matices, pero el ministro de Industria entrante habla de las cosas de las que hablamos y que estamos implementando. Puede haber después mayor velocidad o mayor agilidad o puede haber una mirada respecto a si eso lo hacen privados o lo hace la propia UTE, pero desde el punto de vista de lo que hay que hacer y de cómo está parada la UTE, estoy muy tranquilo.

EC —¿Ha tenido reuniones de transición?

GC —No, ninguna, absolutamente ninguna.

EC —¿Con el ministro Paganini?

GC —No, ninguna.

EC —¿Y con futuras autoridades de UTE tampoco?

GC —Ninguna, ninguna. A principios de año, cuando nos pidieron para la transición, hicimos un voluminoso informe que me consta fue entregado al ministerio entrante, a Paganini; creo que se lo entregaron el 13 de enero, nosotros lo entregamos el 8 de enero al ministro Moncecchi. Ese informe pasó por el directorio y fue aprobado por unanimidad por todos los directores. Hace muy poquito, cuando vi que no pasaba nada, lo mandé al directorio para que por lo menos tomara conocimiento de que habíamos mandado ese informe con los equipos técnicos. Yo le adjunté, también con mi firma, una nota, pensando: “La próxima vez, cuando me reúna con quien vaya a hablar, estos son los temas que quiero transferirle de boca”. Y estoy a la espera de esa circunstancia.

EC —Y ahora, en estos días en particular, desde el lunes hasta hoy, ¿cuál es el estado de ánimo?

GC —Es el mismo, porque básicamente, más allá de este transitorio, que creo que es un malentendido que no era necesario, uno tiene que esperar que vengan las nuevas autoridades, que vayan tomando la posta.

EC —¿No se siente protagonizando una pulseada política fuerte?

GC —Así ha sido mi vida estos últimos 10 años. Por ejemplo, en el tema tarifas, hace 10 años que la discusión de tarifas es tensa, es una discusión de ida y vuelta.

EC —¿Con quién?

GC —Con quien tengo que discutirlas, el Poder Ejecutivo. Fueron discusiones y negociaciones.

EC —Ah, está hablando de negociaciones dentro del propio FA.

GC —Claro. Entonces es normal la discusión asociada con los ajustes de tarifas. De hecho, uno va y se discute, cada uno hace sus cuentas y discutimos números hasta dos lugares después de la coma hasta que finalmente sale una resolución.

EC —Usted firma esta carta que llegó ayer a la OPP junto con Jorge Fachola, que es el secretario general, en la que en definitiva no le contesta al economista Isaac Alfie lo que él le pedía.

GC —Yo creo que sí le contestamos. En realidad acá hay un malentendido… para mí queda muy claro que lo que pide la nota de la OPP no es información, lo que pide es un estudio tarifario, eso es explícito.

EC —Sí, algo parecido a un estudio tarifario, ¿no?

GC —No, algo parecido no, es un estudio tarifario. El estudio tarifario se hace en función de determinadas hipótesis y corriendo modelos; el modelo de UTE es un bollo, es muy fácil, porque hay que hacer una sola cuenta y ya la conoce todo el mundo. En función de esas hipótesis hay que hacer una cuenta aritmética para ver cuál es el ajuste de tarifas.

EC —Acabo de releer la carta del economista Alfie y sí, efectivamente, usa el término “estudio tarifario”, termina diciendo “solicito a usted tenga a bien remitir el estudio tarifario solicitado a más tardar a la hora 16 del próximo miércoles 4 de los corrientes”.

GC —Y para hacer ese estudio tarifario, para hacer los estudios tarifarios, la OPP tiene absolutamente, con dos lugares después de la coma, toda la información, absolutamente toda la información.

EC —Pero ¿no hay modelos que tiene cada una de las empresas a los que hay que cargarles los datos?

GC —No sé otras empresas, creo que Ancap es bastante más compleja, pero en el caso de UTE el único modelo que hay es cuánto va a salir la energía del año, que es el costo de abastecimiento de la demanda. Ese estudio es parte de las cosas que todos los meses vemos con el equipo técnico de OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y lo hicimos este verano en un par de ocasiones. O sea, esa información, que es el costo de abastecimiento de la demanda, la tienen hoy los técnicos, con dos lugares después de la coma. Esa información la tienen, ya se sabe, son 650 millones de dólares de abastecimiento de la demanda; puede variar uno o dos dólares, pero es un número recontraconocido, lo puede calcular la propia Administración del Mercado Eléctrico (ADME). Después podés agarrar los valores que están en el programa financiero que todos los meses seguimos, extrapolarlos a fin de año y sale el número.

EC —La OPP le pide que proceda a estudiar los precios de venta a partir de una serie de parámetros para los próximos meses que son nuevos, porque los está determinando el nuevo Poder Ejecutivo.

GC —Y ahí es donde está el problema.

EC —Por ejemplo, dice que hay que tener en cuenta el aumento de salarios ya otorgado con vigencia enero 2020, y tira una inflación –inflación promedio anual 2020-2019 de 8,7 –, una cotización promedio anual 2020 del dólar estadounidense 40,705, después el arbitraje dólar-euro, etcétera. Esos son datos nuevos, no existían hasta ahora, son los que la OPP dice que va a tomar en cuenta para este año.

GC —Bien, agarrar esos números y a partir de los números del programa financiero ver cuál es el ajuste de tarifas es una cuenta que hace un niño de escuela. Eso es lo primero. Y además hace 10 años que cada vez que voy y me siento con la OPP y el MEF, la OPP ya tiene absolutamente hecha toda la cuenta y empezamos a discutir sobre las hipótesis. La discusión del ajuste tarifario no es sobre los números o la información, la información siempre la tienen.

EC —¿Usted dice que la OPP tiene el mismo modelo, puede correr el mismo modelo que ustedes?

GC —No, para poder hacer la cuenta del ajuste tarifario el único modelo que gestiona UTE, si se quiere, es saber cuánto vamos a comprar de energía, cuánto vamos a pagar de energía. Todo lo demás es información de contador que está en los balances, que está en la información que todos los meses la OPP y el MEF reciben y que tienen todos los técnicos. La discusión tarifaria es una discusión de hipótesis, y ahí es donde está el problema. Primero, es falso que lo que nos pidió la OPP es información, lo que nos pidió es que hiciéramos un cálculo tarifario, un estudio tarifario, y lo que embarra la cancha es que las hipótesis que plantea son incorrectas, sesgadas y tendenciosas.

EC —Bueno, pero ¿por qué no lo puede hacer UTE igual?

GC —Eso muestra eventualmente la intencionalidad que tiene que haga esa cuenta. ¿Por qué quiere que yo la haga, con una cosa que además es incorrecta? Me está obligando a hacer una cuenta que es formalmente incorrecta.

EC —¿Por qué?

GC —Por ejemplo, para decir un número, me dice que mantenga el nivel de gastos y que no tenga en cuenta eventuales disminuciones de los gastos. Nosotros todos los años venimos bajando los gastos, venimos mejorando la productividad, y cada año cuando calculamos el ajuste tarifario, incorporamos las mejoras que vamos a hacer el año en curso. Entonces cuando me dice “hacé la cuenta pero no consideres la mejora de la productividad”, ya me está diciendo “hacé la cuenta para que el número dé grande”.

EC —Después le dice, por ejemplo, que en cuanto a la versión de utilidades a Rentas Generales, lo que Rentas Generales quiere de UTE, “considerar para el 2020 un importe igual al promedio de los últimos tres años ajustados por la variación del IPC”.

GC —Es como la jubilación, tomar los mejores años para calcularla. Si tomamos los últimos tres años, primero, el dólar era otro y no tiene nada que ver, y segundo, fueron años en los que UTE pudo dar más recursos al Estado entre otras cosas porque fueron años lluviosos. Entonces calcular eso es como suponer que vamos a tener años lluviosos y eso es incorrecto técnicamente. Nunca, nunca, jamás un ajuste de tarifa tiene que incorporar variables sesgadas o tendenciosas, hay que usar el valor esperado.

EC —Pero ustedes no dicen eso en la respuesta, no lo detallan.

GC —Es lo que digo para tratar de ser lo más elegante posible, pero después, cuando escucho las cosas que escuché ayer, tengo que salir a decir: es mentira, no nos pidieron datos. Y le digo: “Los datos que solicita usted ya los tiene y el ajuste tarifario le corresponde hacerlo a usted. Estamos a disposición para otra información que eventualmente no tenga”.

EC —Pero hay otra actitud posible, que es la de la presidenta de Ancap, Marta Jara.

GC —No sé la realidad de Ancap, si los modelos son más complejos.

EC —Ella remitió lo que la OPP le solicitaba, hizo correr en Ancap las simulaciones correspondientes. Podría haber razonado igual que usted.

GC —Primero, esto es un tema que escapa incluso a mis preocupaciones diarias en la gestión, es un tema político.

EC —Ah, esa es otra historia.

GC —Entonces, cuando digo que me mandan una nota, y además el talante de esa nota… si es correr modelos muy complicados no me podés dar 48 horas para hacerlo, y además tuvimos meses para estar en transición. Pero además cuando uno ve el contenido, que en realidad lo que está tratando de hacer es que alguien haga una cuenta –alguien que no sea el que tiene que tomar la decisión– para que el número dé enorme, con hipótesis sesgadas, yo le digo: “Me parece que la información la tenés y políticamente te corresponde a ti hacer la cuenta y proponer lo que tengas que proponer”.

EC —Según la información que recogió la producción de En Perspectiva, la ingeniera Marta Jara, cuando le respondió a la OPP, respondió más que lo que la OPP le preguntaba, consideró otros escenarios.

GC —Perfecto, es una forma de encarar el tema.

EC —Ustedes podrían haber hecho lo mismo, podrían haber dicho: “Le contesto sobre el escenario que ustedes me están pidiendo, pero también le sobre este otro que es más realista, con menor dinero […]”, etcétera.

GC —El escenario realista es que UTE no necesita un ajuste de tarifas en la medida en que el Poder Ejecutivo no quiera llevar plata al fisco. Ese es el tema que tienen que ver las próximas autoridades una vez que definan cuánta plata quieren llevar a Rentas Generales. Corriendo una cuenta que es casi una regla de tres, sumas, ni siquiera divisiones hay, se saca el ajuste de tarifa. Es un bollo el tema del ajuste de tarifas.

EC —Más temprano entrevistamos al senador Gustavo Penadés, del sector Todos, PN, que a propósito de estas respuestas que ustedes han remitido a la OPP, a propósito de la actitud que han adoptado a partir de la reunión con el Secretariado Ejecutivo del FA esta semana, decía lo siguiente:

(Audio Gustavo Penadés.)

Esa es una interpretación absolutamente equivocada y errónea, porque no es a las autoridades frenteamplistas a las que se está comprometiendo, se está comprometiendo a las autoridades de los entes autónomos. Y se está comprometiendo mucho más aún a los servicios, que no son frenteamplistas, que son los servicios de los entes autónomos, a las gerencias, subgerencias, que tienen la obligación de remitir esa información al Poder Ejecutivo. Yo creo que se actúa de forma equivocada porque se actúa desde una mirada político-partidaria que las empresas públicas no deberían tener, no pueden tener. Porque el actual presidente de UTE, que es un presidente de UTE designado en la anterior administración y cuya militancia política no fue considerada ni siquiera cuando se votó la venia en el Senado, si es frentista o no es frentista me importa poco, es el presidente de UTE. El presidente de UTE se negó a darle al Poder Ejecutivo información que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de pedirle. Entonces acá está jugando con un hilo muy delicado que no debiera traspasarse, que es el respeto a la institucionalidad.

(Fin.)

EC —¿Qué dice usted?

GC —Ya lo dije, lo que nos está pidiendo es información, la información ya la hemos brindado, está con dos lugares después de la coma. Están interpretando y por eso hemos salido hoy a aclarar que es mentira que lo que nos están pidiendo es información. Lo que nos están pidiendo es algo que incluso puedo ver con la responsabilidad de presidente y desde el punto de vista institucional: si yo hiciera esa cuenta incorrecta, sesgada y tendenciosa que me están pidiendo, yo podría hasta dar una señal errónea al resto del mercado con respecto a la situación en la cual está UTE, como que UTE necesita, porque los servicios hacen un número, un determinado número. Y eso es una falacia, están tratando de construir, esa es mi interpretación.

EC —El senador Penadés dice que esta es la forma de trabajo habitual y que el Poder Ejecutivo tiene el derecho a solicitarles a las empresas públicas este tipo de estudios. No es solo el presidente de UTE el que está de por medio, están los servicios técnicos de por medio, está la empresa de por medio.

GC —De vuelta, si me piden un disparate, yo no estoy obligado a hacer una cuenta con un disparatario de hipótesis. El que quiera usar esas hipótesis, que lo haga, pero yo no estoy obligado a hacer algo que está incorrecto, sesgado y tendencioso. Y mis equipos técnicos nunca le van a poner la firma diciendo que eso es algo que puede ser esperable. En definitiva, yo no inventé todo esto, yo no mandé la carta a la UTE.

EC —Usted tenía otra salida, que era contestar dejando anotadas todas estas puntualizaciones: le estamos respondiendo, pero con las siguientes discrepancias con las hipótesis que nos presentaron.

GC —Con el diario del lunes y después con la tranquilidad de la reflexión –la voy a tener en su momento–, capaz que son alternativas. El tema es que esta es una discusión política, después podemos hablar de qué pasó hace 15 años con el ajuste de tarifas.

EC —Me deja intrigado.

GC —Lo dejo intrigado. Esta es una discusión política, si en el medio de la transición, que está trabajosa, en la que tenemos incertidumbres respecto a cómo va a seguir en cada una de las empresas públicas, en ese momento, cuando incluso la semana pasada me llamó una autoridad de gobierno para saludar y decirme que el lunes me iban a mandar una nota… Está todo bien, espectacular…

EC —Esa fue la economista Azucena Arbeleche, según los datos que tiene la producción de En Perspectiva.

GC —Está todo bien, veníamos todo bien.

EC —Usted tuvo una comunicación la semana pasada con Azucena Arbeleche.

GC —Nos conocemos de haber trabajado en temas cuando hicimos las emisiones [de deuda] con el Banco Central, etcétera, alguna reunión que tuve con Economía en el Banco Central, básicamente, una cosa razonable como venimos haciendo toda la transición. Pero cuando aparece –y no la escribí yo ni le puse la firma a la nota que mandó la OPP– una granada arriba de la mesa, como fue esta nota, que la fuerza política interpretó políticamente y sacó el comunicado que sacó… En definitiva recibimos un respaldo por las decisiones que tomara cada uno de los directorios, estuvimos hablando con los demás integrantes de otras empresas y más o menos coincidimos en qué era lo que teníamos que hacer. Nos podemos haber equivocado todos, es válido, pero quienes iniciaron esta guerra mediática con el tema del ajuste de tarifas no fuimos nosotros.

EC —¿Para usted el tono de la carta no fue el adecuado?

GC —El tono no fue el adecuado, como tampoco es adecuada toda la discusión que se da, estamos discutiendo a ver quién se hace cargo del ajuste de tarifas. No hay en la historia reciente…

EC —El gobierno nuevo –lo decía el senador Penadés más temprano– está dispuesto a hacerse cargo del ajuste de tarifas. Lo dijo Lacalle Pou en diciembre cuando incluso pidió que el ajuste se hiciera en enero y se lo “cargaran” a la cuenta del gobierno nuevo.

GC —La gente tiene poca memoria. Hace 15 años…

***

EC —Usted decía que uno de los problemas en esta situación que se ha planteado, en este cortocircuito entre el nuevo gobierno y los directores frenteamplistas de las empresas públicas, es el tono de la carta del director de la OPP, Isaac Alfie. Hablaba también de problemas que hay con las hipótesis que plantea para que ustedes corran los modelos, para que hagan el estudio tarifario. Ya lo explicó, por ahí hay un inconveniente, usted llegó a decir que algunas de esas hipótesis es disparatada. ¿Es correcto eso?

GC —Absolutamente.

EC —Pero después hablaba del tono de la carta y sobre todo de que se le requiriera esta información con 48 horas de plazo. Ahí usted introducía antecedentes, qué pasó hace 15 años. ¿Por qué quería hablar de esto?

GC —Porque lo quiero llevar a que esto en definitiva es una discusión política, también de política empresarial, pero una discusión política, con respecto a los ajustes de tarifas, en lo cual tenemos historia.

EC —Una discusión un poco cansadora, muy cansadora en el debate político uruguayo.

GC —Es cansadora. Yo hace 10 años que ajustando las tarifas, en general por debajo de la inflación, me dicen que es un tarifazo. Y tengo todas las constancias de actas de todos los directores que tuve de la oposición durante estos años diciendo que cuando hacíamos un ajuste por debajo de la inflación era un tarifazo y ahora están diciendo que van a hacer un ajuste tarifario que va a ser en el eje de la inflación y eso no es aumentar las tarifas. Por suerte alguien finalmente reconoció, por lo menos ya unánimemente reconocemos todos los uruguayos, o por lo menos la oposición ahora lo reconoce y ahora es gobierno, que si se hace un ajuste en el eje de la inflación no es ajuste, no es aumento, sino que es mantener los precios. Pero es una discusión política.

EC —Usted decía que hace 10 años…

GC —Hace 15 años una de las primeras resoluciones que tuvo que tomar el directorio de UTE, allá por abril de 2005, fue ajustar las tarifas, porque el MEF, el Poder Ejecutivo de turno hace 15 años, no ajustó las tarifas en enero. Hace 15 años simplemente el FA cuando asumió su responsabilidad ajustó las tarifas porque no las había ajustado el gobierno anterior. Eso es lo normal.

EC —Usted dice que se dio el mismo escenario.

GC —También le pasó a Tabaré Vázquez cuando agarró la Intendencia de Montevideo, que tuvo que entrar y ajustar el boleto porque no lo había ajustado cuando correspondía el anterior gobierno. Eso ocurre siempre. Por eso me llamó muchísimo la atención cuando empezaron sobre fin de año a armar un bardo con esto, porque es una discusión estéril, en la cual hay antecedentes y claramente ningún gobierno saliente ajusta las tarifas, ninguno. Ya le digo, el cambio de signo anterior fue así, hubo que poner directores nuevos del FA en las empresas públicas para hacer el ajuste de tarifas.

EC —¿Quién era el ministro saliente en esa época?

GC —Mire, me falla un poco la memoria, pero estoy casi seguro de que era Isaac Alfie. Pero era el ministro que estuvo en el último período de Jorge Batlle.

EC —O sea que ese ministro con sus directivas optó por no aumentar las tarifas y el FA tuvo que aumentarlas, dice usted, cuando asumió en los primeros meses, no en marzo.

GC —No, porque hubo que esperar las venias. Y en ese caso, como las venias […] rápido…

EC —Ahí estamos ante otro factor, cuánto demoran las venias.

GC —Incluso la resolución que tomó la Mesa del FA –no estuve cuando se tomó pero después la leí–, además de darnos respaldo a lo que resolviéramos, marca una cosa que es verdad: hoy si el Poder Ejecutivo, que fue el que armó la discusión política sobre esto, en una cosa que ya está saldada históricamente, cada vez que hay un cambio de signo el que viene es el que tiene que hacer los ajustes. Eso ya es así. Por eso llama la atención que le hayan metido tanto calor a este tema; es más, yo escuché, algunos decían, allá por diciembre, “che, tranquilícense con esto, si esto es lo que hicimos siempre nosotros”.

EC —Escuchó a algún dirigente de la coalición multicolor.

GC —De la coalición. Entonces ¿de qué estamos hablando? Armaron un bardo innecesario, y esta nota que manda la OPP es simplemente echar nafta a eso.

EC —A ver, yo trato de leer el escenario del otro lado. En el gobierno que asume hay una preocupación por el estado de las cuentas públicas, por el deterioro en la economía, incluso por factores del exterior, y entonces se entiende que no se puede demorar más el ajuste de tarifas.

GC —Lo pueden hacer.

EC —Debió haber ocurrido en enero, no ocurrió, pues entonces vamos a hacerlo –dice el gobierno nuevo– lo más pronto posible, en los primeros días de marzo. Y eso fue lo que ocurrió esta semana.

GC —Ya le digo que en los primeros días de abril de 2005 entraron los nuevos directores. Eso fue porque apenas entró el nuevo Poder Ejecutivo en 2005 mandó las venias, en el acuerdo legislativo se votaron las venias y entraron y ajustaron las tarifas. ¿Por qué no está pasando eso ahora? No me lo pregunte a mí, no me pregunte por qué no está la propuesta de venias, yo no tengo que ver con eso. Pero además, si lo quieren hacer ahora, cuando estábamos preparando la transición yo alerté a todos los equipos: muchachos, pensemos que hay un escenario posible –porque uno como ingeniero tiene que pensar todos los escenarios, así nos formaron–, de muy baja probabilidad, pero la probabilidad simplemente nos dice que una cosa que es poco probable puede ocurrir: que el 2 de marzo ya no seamos más directores, presidentes, vicepresidentes, etcétera, porque desde el punto de vista constitucional el Poder Ejecutivo toma las personas que hoy tienen venia parlamentaria y las pone a dirigir las empresas públicas. Basta que nombren a tres, caen todos los demás en forma automática. Es algo que escuché que es una hipótesis de trabajo.

EC —Pero primero tienen que tomar la iniciativa de removerlos a ustedes.

GC —Claro, pero si armaron este bardo y mandaron esta carta, que es “vamos a pelear”, porque esto no es pedir información…

EC —Casaravilla tiene en su mano derecha la carta de la OPP.

GC —… esto es “vamos a pelear a la salida”, uno tiene que manejarse con responsabilidad. Tomamos la decisión. La historia dirá si es la mejor, pero el instrumento lo tienen, y si mandan la solicitud de venias ahora, seguramente, como ha pasado en la historia, en poco tiempo las tienen. Y si no pueden poner a los directores.

EC —Para usted se forzó una “crisis”, una controversia…

GC —No entiendo por qué, eso es lo peor, no entiendo por qué.

EC —Usted dice que había dos posibilidades: o se esperaba a que estuvieran los nuevos directorios y eso implicaba una postergación de un mes…

GC —¡Quince días! Porque en definitiva ahora me están trayendo eso.

EC —Eso capaz que implica un ajuste más alto de las tarifas, no sé. La otra posibilidad era tomar las decisiones con los otros directores del actual oficialismo que ya tienen venia en otras empresas públicas.

GC —Creo que la mejor era la primera, simplemente el 2 de marzo enviar las venias, en 15 días el trámite está hecho en pocos días, antes de que termine el mes, cosa que pasó en el último cambio de signo, y santas pascuas.

EC —Y con un mes de demora en el impacto fiscal.

GC —Un mes de impacto fiscal… Nos movemos un poquito más en temas de intercambio energético proactivamente y ahí aparecen los recursos.

EC —¿Cómo, cómo?

GC —Que asociado a la gestión y a todas estas nuevas ideas que trae el nuevo gobierno, capaz que ahí también aparecen nuevos recursos. Los números son flexibles.

EC —Ahí me perdí.

GC —Que yo evalúo que puede ser una diferencia de 15 días de recaudación entre haber tomado una decisión ejecutiva proponiendo las venias rápidamente y lo que estamos transitando ahora en forma kafkiana. Veníamos espectacular en la transición… Bueno, es verdad que yo no tuve mucha transición porque nunca nadie vino a hablar conmigo, pero todo ordenadito, pautado, yo hasta me preparé pensando que el 2 de marzo podía eventualmente estar fuera de la gestión y está todo así. ¿Yo tengo que escuchar ahora –y miro las redes sociales– “lo que pasa es que ocultan información”? ¿Que UTE oculte información? Eso es una falta de respeto, tenemos una empresa auditada, transparente, los números están hasta en la página web. Ahora tenemos el cierre de cuentas anual. Y además tenemos en el directorio un director con el que hemos trabajado espectacular y si hay algo que ha fluido en la UTE es la información.

***

EC —Volviendo a la carta que usted firmó respondiendo a la OPP, allí dice: “Es pertinente recordar en esta instancia que este directorio no ha propuesto, al igual que el Poder Ejecutivo anterior, realizar un ajuste tarifario”. Mi pregunta es: ¿puede continuar UTE recorriendo este año sin ajuste de tarifas?

GC —Afirmativo.

EC —¿Afirmativo?

GC —Desde el punto de vista empresarial, de recaudar la plata que necesitamos para el funcionamiento, teniendo en cuenta los ajustes que venimos operando todos los años, mejorando la productividad, reduciendo los gastos como los venimos reduciendo, incluso manteniendo el dos por tres, que cada tres funcionarios que se van entran dos –ahora el Poder Ejecutivo aparentemente plantea una hipótesis de que cada tres que se vayan entra uno, cosa que no vino en las pautas de OPP para que yo lo tuviera en cuenta, eso muestra lo tendenciosa, sesgada e incorrecta que es la solicitud de hipótesis–, teniendo todo eso en cuenta y más o menos manteniendo los números estables en los valores que tenemos hoy, desde el punto de vista de UTE, exclusivamente de UTE, las cuentas cierran.

EC —¿UTE podría mantener estas tarifas todo el año?

GC —Todo depende –y eso lo va a definir el nuevo Poder Ejecutivo– de cuánta plata quiere sacar […]

EC —¿Pero por ejemplo está de por medio el nuevo valor del dólar, está de por medio esta seca o este déficit hídrico que venimos padeciendo?

GC —Todo. La seca, tuvimos dos meses de seca, ¿sabe cuál es el ahorro que tuvo el sector eléctrico si no hubiésemos cambiado la matriz? Hubiésemos gastado 110 millones de dólares más, solo en dos meses. Lamentablemente tuvo que venir una seca para que viéramos que el cambio de la matriz tenía significado. Eso me lo dejó picando tenía que decirlo. Pero si llega a venir la seca más seca, el sector eléctrico tiene 100 millones de dólares guardados en el Fondo de Estabilización, que sería el peor de los escenarios desde el punto de vista del sobrecosto que tendríamos en una situación de seca. UTE hoy está robusta, está bien. Que defina el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, cuáles es el resultado o cuáles son los dividendos y tendrá la decisión.

Lo único que me queda a esta altura es mi ética, mi credibilidad, yo soy profesor universitario grado 5, profesor titular, tengo una trayectoria, soy un ingeniero, soy un nerd. Me he dedicado a esto de la gestión política y entiendo que hago política también, política empresarial, y llevo adelante políticas, en definitiva es una gestión política, y con la mano en el corazón tengo que decir cómo son las cosas. Y efectivamente estamos en esa condición, una vez que el Poder Ejecutivo defina cuánta plata quiere sacar de UTE. Es la historia del Uruguay –incluso hoy Penadés lo reconocía– utilizar las empresas públicas para financiar eventuales déficits.

EC —Sí, por eso le decía que la historia del debate sobre las tarifas es cansadora.

GC —Es cansadora, pero cada uno… Y yo ahí tratar de salir de eso.

***

EC —Usted firmó la carta de respuesta a OPP en la que en definitiva no le pasa los estudios tarifarios que Alfie procuraba. Usted dice que la información ya se encuentra en su poder. Dice hoy El Observador que ante esta situación que ha quedado planteada, integrantes de los directorios pertenecientes al actual oficialismo están procurando obtener la información y remitirla. Y por ejemplo cita el caso concreto de José Amy, el director de UTE perteneciente al Partido Colorado (PC), que intentó acceder a la información técnica que pidió OPP pero no tuvo éxito. Recordó que en otras cuatro ocasiones nunca tuvo dificultades para hacerse de esos datos y culpó de lo que está pasando al presidente Gonzalo Casaravilla, que estaría bloqueando el acceso. ¿Qué dice usted?

GC —Yo en este momento represento a la UTE y tengo atrás una resolución de directorio que votaron cuatro directores conmigo y votó en contra Amy. O sea que esto no es Gonzalo Casaravilla, el directorio de UTE tomó una resolución y mandó una nota. Lo que pasa es que las notas las firman el presidente y el secretario general. Pero es una resolución del directorio.

EC —¿Significa que entonces no puede un director aparte conseguir la información y mandarla?

GC —Me llama poderosamente la atención que Amy haya hecho esa declaración, que haya personalizado en mi persona estos hechos. Porque estos hechos son colectivos. No tengo problema en lo que dice, pero me llama la atención porque no ha sido la forma de relacionamiento que hemos tenido. Esto es un tema político, es un tema que votó el directorio, yo estoy hablando en representación del directorio y esa nota fue en representación del directorio.

Respecto a información, los directores, por lo menos en estos 10 años en que he tenido varios directores de la oposición, tuvieron acceso a toda la información. Ahora, acá volvemos a lo que venimos discutiendo en toda la charla: la información es una cosa, pero hacer una cuenta tendenciosa, sesgada e incorrecta es otra. Yo no voy a habilitar, desde el directorio de UTE, que se les pida a mis técnicos que hagan una cuenta que es tendenciosa, sesgada e incorrecta.

EC —Decía más temprano el senador Penadés: “Planteadas las cosas como quedaron planteadas, teniendo los directores frenteamplistas la postura que tienen, capaz que lo más lógico era que directamente presentaran renuncia”. ¿Por qué usted no lo ha hecho?

GC —Es complejo…

EC —Ustedes dicen que tienen el cargo a disposición, pero […].

GC —Es que al final del día, todo depende de un acto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no necesita mi renuncia, me sustituye y listo. Pero incluso si yo renuncio por escrito, hasta que no la acepta el presidente, no cambia nada. Entonces el acto de presentar renuncia puede tener algún significado administrativo asociado con algún tema jubilatorio, alguna cosa, pero es una entelequia, no tiene nada que ver con nada. Lo que quisimos decir es: a ver, señores, nosotros acá no estamos atornillados y ustedes tienen la posibilidad de cambiaros cuando quieran.

EC —En ese caso se colocan como víctimas, esa es la lectura que se hace del otro lado.

GC —Uno tiene la responsabilidad de la gestión. Lo que tengo claro es que si el Poder Ejecutivo no nombra un presidente, si yo me voy para mi casa, la UTE se tranca, no funciona, porque se necesita la firma del presidente. Es más, puede funcionar la UTE en la medida en que haya un presidente, si no hay directorio el presidente toma las resoluciones y el próximo directorio las ratifica, pero el presidente es necesario. Entonces si yo digo renuncio y me voy para el balneario a pasar mis vacaciones, incurro en una omisión institucional, ahí tengo un problema. ¿En qué idioma lo podemos expresar? Esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, tenés la forma de poner las personas, poné las personas y hacé el ajuste de tarifas, como pasó hace 15 años.

EC —¿Futuro, su futuro, porque está claro que, días más, días menos, usted dejará de ser presidente de UTE?

GC —Un gran amigo me dijo hace poco tiempo: es más importante tener proyectos que recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos de la gestión y de estos años, y en este momento estoy viendo cuál de todos los proyectos que tengo por delante es el más adecuado. Claramente mi vida va a seguir de alguna forma vinculada a la Universidad de la República, donde además, por ejemplo este semestre, el 2 de marzo, a las 8 de la mañana, fui el primero en empezar a dar clase, porque siempre me mantuve dando clase en cursos que llevo hace treinta y pico de años. O sea, seguir vinculado a la universidad, evidentemente puede aparecer algún trabajo, pero lo que tengo claro es que por un tiempo quiero descansar de los trámites, de los expedientes y de tener que levantarme todos los días de mañana viendo si aparece algo de UTE en los diarios o en las radios y salir a desmentir cosas que normalmente son falsas o incorrectas, es muy demandante en ese sentido. Así que por lo pronto un tiempito voy a descansar.

***

EC —Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.

GC —A las órdenes. Es parte de nuestra función informar todo lo que se está haciendo y por qué.

***

Video de la entrevista

Transcripción: María Lila Ltaif

La entrada Entrevista del jueves 5 de marzo de 2020: Gonzalo Casaravilla se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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ANCAP fue la única empresa pública que envió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la información solicitada el lunes a los entes del Estado para ser utilizada como insumo en el ajuste de tarifas que prepara el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En su cuenta de twitter, la presidente de ANCAP, Marta Jara, escribió que «el equipo técnico” de la empresa “elaboró información de costos para la OPP”, que ella remitió en la tarde ayer. “Comprometidos con información de calidad, transparencia, eficiencia, competitividad y gestión de riesgos», agregó.

En cambio, los presidentes de Antel, UTE y OSE, designados en su momento por el Frente Amplio (FA), respondieron a la OPP que los datos requeridos el lunes ya se encuentran en su poder desde la transición.

En cartas de textos muy similares, los presidentes de esos entes afirman que los directorios que integran tienen mayoría de miembros del gobierno anterior que «resolvieron junto con el Poder Ejecutivo anterior no proponer ajuste de tarifas». En las misivas los jerarcas expresan que no están de acuerdo con el aumento que será definido por el gobierno actual y ponen sus cargos a disposición.

Esas cartas van en línea con lo resuelto el martes por el Secretariado Ejecutivo del FA, que recibió a sus directores en entes autónomos y definió que la contestación a la OPP no incluyera una propuesta de ajuste ni una proyección de los costos internos solicitada. En dicho encuentro no participó la presidente de Ancap, Marta Jara.

A raíz de la situación que quedó planteada ayer, los directores que responden al nuevo oficialismo también movieron sus piezas para hacerse de la información por sus propios medios, aunque contaron con distinta suerte. Según informa el diario El Observador, el director nacionalista de Antel, Gustavo Delgado, accedió a una cantidad importante de información y la envió al Ejecutivo. Por su parte, el director colorado en OSE, Vilibaldo Rodríguez, hizo las gestiones con las gerencias y está a la espera de los datos, mientras que José Amy, director colorado de UTE, fracasó en su intento de conseguirlos.

Sobre las causas y las consecuencias de esta pulseada entrevistamos más temprano por teléfono al senador Gustavo Penadés, del Partido Nacional, y ahora vamos a conversar en el estudio de En Perspectiva con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE.

Acceda aquí a la transcripción completa de la entrevista

Destaques de la entrevista:

• "No he tenido ninguna reunión de transición con las nuevas autoridades".
• "Esto es un malentendido que no era necesario. Acá hay que esperar que vengan las nuevas autoridades y tomen la posta".
• "Lo que pide la nota de la OPP no es información, es un estudio tarifario y eso es explícito".
• "Para hacer los estudios tarifarios, la OPP tiene toda la información".
• "Agarrar los números del programa financiero y ver cuál es el ajuste de tarifas, es una cuenta que hace un niño de escuela".
• "Es falso que lo que nos pidió la OPP es información. Nos pidió que hagamos un estudio tarifario pero lo que embarra la cancha es que las hipótesis que plantea son incorrectas, sesgadas y tendenciosas".
• "El escenario realista es que UTE no necesita un ajuste de tarifa en la medida en que el Poder Ejecutivo no quiera llevar la plata al fisco".
• "Si yo hiciera esa cuenta incorrecta, sesgada y tendenciosa que me están pidiendo, yo podría dar una señal errónea al resto del mercado respeto a la situación de UTE".
• "En el primer período del Frente Amplio hubo que poner directores nuevos para hacer el ajuste tarifario. A mí me falla un poco la memoria pero estoy casi seguro que el ministro de Economía era Isaac Alfie".
• "No tuve mucha transición porque nunca nadie vino a hablar conmigo".
• "Decir que UTE oculta información es una falta de respeto. Tenemos una empresa auditada, transparente y los números están en la página web".
• "Lo único que me queda es mi ética y mi credibilidad. Soy profesor universitario grado cinco, profesor titular, tengo una trayectoria, soy un ingeniero, soy un nerd".
• "Al final del día, todo depende de un acto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no necesita mi renuncia, me sustituye y listo".
• "Si el Ejecutivo no nombre un presidente y yo me voy para mi casa, la UTE se tranca".

Acceda aquí a la transcripción completa de la entrevista

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Foto: Gonzalo Casaravilla en estudios. Crédito: Agustín Dorce.

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La obra demoró bastante más de lo esperado, pasó por conflictos e incluso enfrentó al Estado con la empresa Hyundai en un juicio millonario que finalmente quedó por el camino.

¿Cómo funciona? ¿Por qué UTE precisa esta nueva planta? Para responder esas preguntas, En Perspectiva se contactó con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de la empresa energética pública.

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Foto: Planta Punta del Tigre B. Crédito: Presidencia

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UTE viene avanzando en la instalación residencial de “medidores inteligentes”.

Entre otras cosas, estos dispositivos permiten la lectura del consumo eléctrico a distancia y varias veces por hora, lo que genera información detallada sobre el perfil de consumo del usuario y abre la posibilidad de definir tarifas más beneficiosas, realizadas a la medida de cada caso.

En estos días una serie de avisos anuncia que La revolución tecnológica ya comenzó. En esa publicación UTE anuncia que a fines de 2020 habrá medidores inteligentes en el 50% de los hogares, lo que permitiría que Uruguay contara con la mayor Red Inteligente de América Latina.

¿Cuáles son las ventajas para UTE y para sus clientes? ¿Qué puertas se abren? De estas y otras innovaciones conversó En Perspectiva con el presidente de UTE, el ingeniero Gonzalo Casaravilla.

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