En primer lugar, ACAU manifiesta su profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso. Se trata de una decisión de enorme trascendencia para el sector automotor, para miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país. Sin embargo, nuestros asociados tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, pese al compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector sobre las conclusiones alcanzadas antes de su adopción, permitiéndonos expresar, por última vez, nuestras consideraciones.

Esta situación constituye una nueva señal de incertidumbre para el sector, que se suma a dos decisiones recientes que también afectan el proceso de transición hacia una movilidad más sostenible: el incremento del costo de la energía en los cargadores de acceso público y el aumento del valor de la patente de rodados para este tipo de vehículos.

Asimismo, llama especialmente la atención la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, sin un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales. ACAU puso oportunamente a disposición de las autoridades información sobre experiencias internacionales, demostrando que numerosos países han diseñado esquemas tributarios que, aun procurando la sostenibilidad fiscal, continúan privilegiando la incorporación de tecnologías más eficientes y de menor impacto ambiental.

Entendemos que, si el objetivo fuera revisar el esquema tributario vigente, existen alternativas técnicamente más adecuadas que permiten compatibilizar la recaudación con el estímulo a la eficiencia energética, las menores emisiones y la renovación del parque automotor. Lamentablemente, dichas alternativas no fueron consideradas.

Resulta igualmente preocupante que esta iniciativa haya avanzado con tanta celeridad, mientras otras regulaciones de gran relevancia para la seguridad vial y la modernización del sector permanecen pendientes desde hace años o aguardan desde hace meses la firma de las autoridades competentes. Esta diferencia en el tratamiento de los temas transmite una señal equivocada respecto de las prioridades de la política pública.

En definitiva, quienes terminarán soportando el impacto de estas decisiones serán los ciudadanos. La aplicación de nuevos gravámenes, sumada al aumento de otros costos asociados al uso de vehículos eléctricos e híbridos, dificultará el acceso de las familias y las empresas a tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente, retrasando la renovación del parque automotor nacional.

ACAU considera que este conjunto de medidas implica un cambio sustancial respecto de la política de Estado que Uruguay ha sostenido durante las últimas décadas en materia de transformación de la matriz energética y promoción de la movilidad sostenible. Dicha política ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional, se encuentra respaldada por acuerdos multipartidarios y constituye la base de diversos compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de descarbonización, eficiencia energética y mitigación del cambio climático.

Por ello, exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo a reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados que permita alcanzar soluciones equilibradas, previsibles y técnicamente fundadas, preservando la competitividad del sector, el acceso de la población a tecnologías limpias y el prestigio internacional que Uruguay ha construido en materia de políticas energéticas y ambientales.

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay reitera su plena disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que contemplen los intereses generales del país, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo de una movilidad cada vez más eficiente, segura y ambientalmente responsable".

CONSEJO DIRECTIVO ACAU

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Foto: adhocFotos

El Poder Ejecutivo resolvió modificar desde 2027 las exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos e híbridos. La medida, establecida en un decreto publicado ayer, es una de las fuentes de financiamiento del aumento de gasto previsto en la Rendición de Cuentas.

Los eléctricos puros con valor de importación de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados; los de más de 19.000 y hasta 27.000 pagarán una tasa de 5%, y los de mayor valor, 9%.

En el caso de los híbridos, las tasas variarán según el valor de aduana, la cilindrada y el tipo de motorización, con un mínimo de 7% y máximo de 34,5%.

El gobierno argumentó que las importaciones de eléctricos e híbridos crecieron con fuerza en los últimos años y que las exoneraciones representaron un costo fiscal de 156 millones de dólares en 2025. Para este año, la renuncia de recaudación se estima en 203 millones.

El Ejecutivo sostuvo que, ante la mayor presencia de esta tecnología en el mercado, corresponde reducir gradualmente los incentivos, como ya hicieron otros países. De todas formas, los eléctricos mantendrán una carga tributaria menor que los vehículos a combustión.

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) expresó su preocupación por la decisión del gobierno de aplicar el Imesi a vehículos eléctricos e híbridos. La gremial cuestionó además que sus asociados se hayan enterado a través de los medios, pese al compromiso de las autoridades de informarles antes de adoptar la medida.

ACAU sostuvo que el nuevo impuesto se suma al aumento del costo de la carga pública y de la patente para este tipo de vehículos. Afirmó que estas decisiones encarecerán el acceso de familias y empresas a tecnologías más eficientes y podrían retrasar la renovación del parque automotor.

La asociación también cuestionó la rapidez del cambio y la falta de una evaluación integral de sus consecuencias. Señaló que presentó alternativas para compatibilizar la recaudación con los incentivos a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, pero que no fueron consideradas.

ACAU advirtió que la medida implica un cambio respecto a la política de movilidad sostenible y transformación energética impulsada por Uruguay. Por eso, pidió al Poder Ejecutivo que reconsidere la decisión y abra una instancia de diálogo con el sector.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

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Decreto Imesi eléctricos by En Perspectiva

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Cecilia Eguiluz y Ana Laura Pérez

El Poder Ejecutivo resolvió modificar desde 2027 las exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos e híbridos. La medida, establecida en un decreto publicado ayer, es una de las fuentes de financiamiento del aumento de gasto previsto en la Rendición de Cuentas.

Los eléctricos puros con valor de importación de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados; los de más de 19.000 y hasta 27.000 pagarán una tasa de 5%, y los de mayor valor, 9%.

En el caso de los híbridos, las tasas variarán según el valor de aduana, la cilindrada y el tipo de motorización, con un mínimo de 7% y máximo de 34,5%.

El gobierno argumentó que las importaciones de eléctricos e híbridos crecieron con fuerza en los últimos años y que las exoneraciones representaron un costo fiscal de 156 millones de dólares en 2025. Para este año, la renuncia de recaudación se estima en 203 millones.

El Ejecutivo sostuvo que, ante la mayor presencia de esta tecnología en el mercado, corresponde reducir gradualmente los incentivos, como ya hicieron otros países. De todas formas, los eléctricos mantendrán una carga tributaria menor que los vehículos a combustión.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que considerando las importaciones de los últimos seis meses, el 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total (tasa 0%). Y estimó que a partir del 1 de enero de 2027 continuarán exonerados de Imesi aquellos vehículos que tengan un precio de venta al público en el entorno de USD 30.000 (hasta US$ 19.000 valor aduana).

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) expresó su preocupación por la decisión del gobierno de aplicar el Imesi a vehículos eléctricos e híbridos. La gremial cuestionó además que sus asociados se hayan enterado a través de los medios, pese al compromiso de las autoridades de informarles antes de adoptar la medida.

ACAU sostuvo que el nuevo impuesto se suma al aumento del costo de la carga pública y de la patente para este tipo de vehículos. Afirmó que estas decisiones encarecerán el acceso de familias y empresas a tecnologías más eficientes y podrían retrasar la renovación del parque automotor.

La asociación también cuestionó la rapidez del cambio y la falta de una evaluación integral de sus consecuencias. Señaló que presentó alternativas para compatibilizar la recaudación con los incentivos a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, pero que no fueron consideradas.

El gerente de ACAU, Ignacio Paz, puso como ejemplo cómo se retiraron incentivos a la movilidad eléctrica en otros países: 

“Noruega ha llegado a tener hasta el 98% de ventas de eléctrico en un mes. Arrancaron en el año 90 con el tema de movilidad eléctrica y fueron estableciendo un plan de eliminar las exoneraciones de manera muy paulatina, avisada y prolija. El otro país que se nombra es Costa Rica que tiene un 13% de IVA. Lo llevaron al 3% y avisaron que iba a ir desgravándose año tras año un punto hasta llegar al 13% de vuelta en 2035. Ahí todos están avisados, todos pueden hacer sus proyecciones con condiciones bien claras. Entonces eso es lo que nosotros más o menos reclamamos.”

ACAU advirtió que la medida implica un cambio respecto a la política de movilidad sostenible y transformación energética impulsada por Uruguay. Por eso, pidió al Poder Ejecutivo que reconsidere la decisión y abra una instancia de diálogo con el sector.

Viene de: Rendición de cuentas: Creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia

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Ayer el ministro de Economía, Gabriel Oddone, mantuvo una reunión con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y sus colegas de Río Negro, Guillermo Levratto, y de Salto, Carlos Albisu, dónde se transmitió la preocupación del litoral del país por la reciente rebaja del Imesi, que a comienzos de agosto pasó del 40% al 32% por resolución de la DGI. Conversamos En Perspectiva con Levratto.

Olivera informó que el gobierno evalúa aumentar el beneficio del Imesi para las estaciones de servicio cercanas a la frontera con Argentina, llevándolo del 32%, aprobado este mes, al 36%.

En declaraciones recogidas por Radio Monte Carlo, el jefe departamental sanducero afirmó que los intendentes quedaron "conformes con la apertura del ministerio”. Agregó que la cartera revisará la situación la próxima semana y, si se mantuvieran las actuales diferencias de precios con Argentina, podría aplicar el incremento.

“Y el porcentaje no es caprichoso, no es que nosotros venimos a pedir más y ellos nos quieren dar menos. Responde a una lógica de cuál es el precio en Uruguay y cuál es el precio en Argentina. Y el decreto dice que de forma regular se tiene que ajustar el descuento para hacer competitiva la situación en la frontera”.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijo la semana pasada al semanario Búsqueda que el ajuste se realizó en base a un decreto de 2007, que dispone relevamientos mensuales para comparar precios con los países vecinos. Afirmó que no se trata de una medida recaudatoria, sino de aplicar un criterio de equidad y sustento económico.

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Al mismo tiempo, el gobierno decretó que desde la misma fecha, la rebaja de los combustibles que se venden a menos de 20 kilómetros de la frontera con Brasil se reduzca a 7 %. En los hechos implicará que en esas estaciones la nafta aumente $ 7.

El director de la Dirección General Impositiva, Joaquín Serra, explicó a En Perspectiva que la medida se tomó porque la diferencia en el precio del combustible entre Uruguay y los dos países fronterizos no ameritaba que se siguiese con la actual exoneración impositiva. En Argentina, dijo Serra,  la nafta se vende a 52 pesos uruguayos mientras que en nuestro país está a 43 pesos sin reducción de impuestos, con lo que la rebaja no se justificaba. En el caso de Brasil la diferencia se redujo a un 7% a favor del país norteño lo que implicó un ajuste del lado uruguayo.

Serra aseguró además que con las rebajas tributarias las estaciones cercanas a las fronteras vendían nafta sensiblemente más barata que el resto del país con lo que se generaba una "competencia desleal".

El jerarca explicó que a partir del decreto, la DGI hará un monitoreo mensual de los precios en Argentina y Brasil para determinar si se hacen ajustes a la baja o a la alza en Uruguay. Con la medida el Estado volverá a recaudar entre 300 y 400 millones de pesos al año.

Foto en Home: Estación de Ancap en La Paloma. Crédito: Ricardo Antúnez/adhoc Fotos

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Hoy hay gente que no fuma y compra cigarros solo con tal de salir a fumar esos minutos que –por ley– deben darle en los trabajos.

Jorge Rodríguez Duhalde
Vía SMS

Al cigarrillo se le agregan muchas sustancias súper insalubres. La marihuana es pura.

Silvia, de Fray Bentos
Vía SMS

Muchos kioscos venden cigarrillos sueltos.

Pablo, del Cerrito
Vía SMS

Tabaré "medicalizó" a la sociedad.

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