Foto: adhocFotos
El Poder Ejecutivo resolvió modificar desde 2027 las exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos e híbridos. La medida, establecida en un decreto publicado ayer, es una de las fuentes de financiamiento del aumento de gasto previsto en la Rendición de Cuentas.
Los eléctricos puros con valor de importación de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados; los de más de 19.000 y hasta 27.000 pagarán una tasa de 5%, y los de mayor valor, 9%.
En el caso de los híbridos, las tasas variarán según el valor de aduana, la cilindrada y el tipo de motorización, con un mínimo de 7% y máximo de 34,5%.
El gobierno argumentó que las importaciones de eléctricos e híbridos crecieron con fuerza en los últimos años y que las exoneraciones representaron un costo fiscal de 156 millones de dólares en 2025. Para este año, la renuncia de recaudación se estima en 203 millones.
El Ejecutivo sostuvo que, ante la mayor presencia de esta tecnología en el mercado, corresponde reducir gradualmente los incentivos, como ya hicieron otros países. De todas formas, los eléctricos mantendrán una carga tributaria menor que los vehículos a combustión.
La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) expresó su preocupación por la decisión del gobierno de aplicar el Imesi a vehículos eléctricos e híbridos. La gremial cuestionó además que sus asociados se hayan enterado a través de los medios, pese al compromiso de las autoridades de informarles antes de adoptar la medida.
ACAU sostuvo que el nuevo impuesto se suma al aumento del costo de la carga pública y de la patente para este tipo de vehículos. Afirmó que estas decisiones encarecerán el acceso de familias y empresas a tecnologías más eficientes y podrían retrasar la renovación del parque automotor.
La asociación también cuestionó la rapidez del cambio y la falta de una evaluación integral de sus consecuencias. Señaló que presentó alternativas para compatibilizar la recaudación con los incentivos a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, pero que no fueron consideradas.
ACAU advirtió que la medida implica un cambio respecto a la política de movilidad sostenible y transformación energética impulsada por Uruguay. Por eso, pidió al Poder Ejecutivo que reconsidere la decisión y abra una instancia de diálogo con el sector.
Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.
