Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó esta semana un recurso de amparo ante la Justicia Civil pidiendo “el cese” de todas las tareas de prospección de petróleo en aguas uruguayas.

El texto presentado dice que estas actividades son ilegítimas y vulneran derechos humanos fundamentales.

Ahora la justicia puede desestimar el pedido o darle trámite. En este último caso, en un máximo de tres días debe citar a una audiencia pública para escuchar a las partes y recibir pruebas y testimonios.

Las prospecciones todavía no comenzaron pero un primero barco, perteneciente a la empresa Viridien, llegó este mes al puerto de Montevideo y está a la espera de la aprobación del plan de trabajo. El buque estaría listo para operar entre marzo o abril.

¿Qué implica la presentación de este recurso? ¿Por qué la INDDHH interviene en un asunto de este tipo?

Emiliano Cotelo conversó con la presidenta de la Institución, la Dra. Mariana Mota.

Mariana Mota

• Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos
• Abogada
• Ex jueza

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La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Leonardo Costa,
Juan Erosa y Lucía Zapata

La Cámara de Senadores aprobó ayer el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) con mayoría especial, gracias a los votos del Frente Amplio y de tres senadores del Partido Colorado (Robert Silva, Heber Duque y Tabaré Viera). El Partido Nacional resolvió no acompañar el incremento planteado, pese a que en comisión había tenido un voto favorable (el de Carlos Camy, que en la sesión de ayer pidió licencia y dio paso a su suplente). El proyecto se aprobó finalmente por 20 votos en 31.

En un principio, la INDDHH había pedido un aumento de 27%, monto que la oposición consideró “exorbitante” y no acorde con la realidad presupuestal del Estado.  El martes 3 de febrero, el Senado resolvió postergar el tratamiento y devolverlo a comisión. A raíz de esto, la institución hizo una nueva propuesta de incremento del 16,5% y la fundamentó el lunes último en la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta.

Ayer en el Plenario, el miembro informante, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, destacó que la institución redujo su pedido inicial de aumento de 27% a 16,5%, al eliminar cargos y nuevas contrataciones. La nueva propuesta mantiene la creación de siete cargos para sustituir convenios que ya no existen y conservar las tareas actuales con personal propio.

Sabini sostuvo que era clave aprobar el presupuesto del instituto para garantizar la continuidad de sus funciones, entre ellas la búsqueda de detenidos desaparecidos. Agregó que los fondos permitirán además cubrir compromisos asumidos con organismos internacionales, en áreas como salud mental, discapacidad e infancia.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, explicó que su fuerza política no apoyó la votación del incremento de 16,5% porque entienden que es “suficiente” el presupuesto que ya tiene la institución “para el cumplimiento de sus objetivos”. A entender de los nacionalistas, las necesidades que tienen “se pueden solucionar poniendo un poco más de expertise a la hora de ejecutar el dinero de los contribuyentes”.

Desde el oficialismo, en cambio, se cuestionó que no se voten recursos para derechos humanos.

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La Tertulia de los Jueves con
Miguel Fernández Galeano, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daniel Supervielle

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) exigió al Estado una respuesta urgente y concreta ante las muertes de menores bajo amparo del sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

"Estos hechos continúan interpelando la calidad y suficiencia de las medidas de protección, los dispositivos de cuidado y los mecanismos de supervisión", señaló en un comunicado.

"La INDDHH enfatiza la responsabilidad del Estado de resguardar la vida, la integridad y la dignidad de las infancias y adolescencias”, agrega. .

El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años murió ahogado en una playa de Capurro, en la zona oeste de Montevideo. La víctima estaba al amparo del INAU, alojada en el Hogar Tribal.

Luego, el domingo 11 de enero, un niño de 10 años oriundo de Paysandú, falleció en una clínica especializada en la que se encontraba internado, bajo el amparo de INAU.

Este martes, en Tacuarembó, un incendio en un hogar del INAU causó la intoxicación de una menor de edad. La adolescente de 15 años se encuentra en estado grave en el CTI con sus vías respiratorias comprometidas. Bomberos ingresó al lugar y encontraron a la menor desvanecida en el lugar donde se originó el foco. Los demás menores se encuentran alojados en un hotel de la ciudad.

Por otro lado, esta semana se conoció que una adolescente que está bajo el amparo del INAU, y que se había ausentado del hogar el pasado 28 de diciembre tras una salida no acordada, fue hallada en una boca de venta de drogas tras un allanamiento en la ciudad de Rivera.

Según detalló el director de INAU en Rivera, Marcio Pintos, la joven "fue vulnerada por adultos". "No es una adolescente que consume", aseguró el jerarca en conferencia de prensa este martes, pero sí hay señales de que se encuentre dentro de una red de trata, por lo que "se trabaja para protegerla de todas las maneras posibles".

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La Tertulia de los Lunes con
Gonzalo Baroni, Matías Bordaberry,
Juan Erosa y Teresa Herrera

Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que se divulgó la semana pasado, advirtió sobre las “múltiples” vulneraciones que sufren los niños y adolescentes bajo protección del Estado, que con frecuencia están expuestos a situaciones de “alto riesgo” sin respuestas adecuadas.

El estudio, realizado entre 2023 y 2025 por el Mecanismo Nacional de Prevención, da cuenta de daños físicos y emocionales que se agravan durante la estadía en los centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), especialmente en materia de salud mental.

Informe "Panorama de las infancias y adolescencias en clave regional. Niñas, niños y adolescentes en e… by En Perspectiva En Perspectiva

El relevamiento detectó centros saturados, con colchones en el piso y adolescentes sin poder ingresar por falta de cupos. También se constató que en muchos casos hay apenas dos funcionarios por turno y que varios centros carecen de equipos técnicos. A esto se suman problemas edilicios, violencia entre pares, salidas no autorizadas y actitudes estigmatizantes por parte de algunos funcionarios.

El viernes pasado conversamos En Perspectiva con Jimena Fernández Bonelli, integrante del directorio de la INDDHH para profundizar en ese reporte y la situación de los niños institucionalizados:

“En 15 años, la cantidad de niños institucionalizados dentro del sistema creció un 67%, no es razonable desde ningún punto de vista pero si además pensamos en que entre los dos censos la población en esa edad baja, nos transformamos en el tercer país de América Latina con más institucionalización de niños, niñas y adolescentes, lo cual es llamativo porque la institucionalización tiene que ser el último de los recursos; y como decías, una vez que el niño, la niña o el adolescente entra en el sistema se queda en promedio siete años. Imaginate si siete años para tu vida o para mi vida es mucho tiempo, para la vida de un niño o de un adolescente es una eternidad”

El informe advierte además sobre la violencia sexual, con ingresos por explotación especialmente en departamentos de frontera, y sobre la alta incidencia de crisis psicológicas y autoagresiones: más de la mitad de los centros reportó intentos de autoeliminación en el último año. Como contracara, se señala que la mayoría de los niños y adolescentes acceden a educación formal y no formal, y que se valoran positivamente actividades recreativas, culturales y deportivas.

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La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó este jueves un informe sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del INAU. El estudio, realizado entre 2023 y 2025 por el Mecanismo Nacional de Prevención, da cuenta de daños físicos y emocionales que se agravan durante la estadía en los centros, especialmente en materia de salud mental.

Informe "Panorama de las infancias y adolescencias en clave regional. Niñas, niños y adolescentes en e… by En Perspectiva En Perspectiva

El relevamiento detectó centros saturados, con colchones en el piso y adolescentes sin poder ingresar por falta de cupos. También se constató que en muchos casos hay apenas dos funcionarios por turno y que varios centros carecen de equipos técnicos. A esto se suman problemas edilicios, violencia entre pares, salidas no autorizadas y actitudes estigmatizantes por parte de algunos funcionarios.

El informe advierte además sobre la violencia sexual, con ingresos por explotación especialmente en departamentos de frontera, y sobre la alta incidencia de crisis psicológicas y autoagresiones: más de la mitad de los centros reportó intentos de autoeliminación en el último año. Como contracara, se señala que la mayoría de los niños y adolescentes acceden a educación formal y no formal, y que se valoran positivamente actividades recreativas, culturales y deportivas.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Jimena Fernández Bonelli, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La entrada Inddhh presentó informe sobre el sistema de protección del INAU: Las salidas no acordadas de los niños “están directamente ligadas a la explotación sexual y fenómenos relacionados al narcotráfico”, dice su directora Jimena Fernández Bonelli se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Informe "Panorama de las infancias y adolescencias en clave regional. Niñas, niños y adolescentes en e… by En Perspectiva En Perspectiva

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La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Patricia González,
Elena Grauert y Daoiz Uriarte

La Asamblea General eligió este martes a Mariana Mota para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

La exjueza, que ya había integrado el organismo entre 2017 y 2022, ocupará la vacante que dejó Wilder Tayler, quien renunció al cargo en marzo por motivos personales.

Mota recibió 75 votos, sobre un total de 123 legisladores presente en sala, con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Independiente y parte del Partido Colorado. La otra candidata, la exfiscal Gabriela Fossati, obtuvo un único voto, emitido por el senador colorado Gustavo Zubía. Además, 41 parlamentarios votaron en blanco y otros 6 anularon su voto.

La semana pasada ya se habían realizado dos votaciones, pero de las tres candidatas propuestas inicialmente -Mota, Fossati y la abogada Luz Dupetit- ninguna logró alcanzar los dos tercios necesarios. En esta tercera instancia, bastaba con mayoría simple para concretar la designación.

Mota fue destacada por su trayectoria en la Justicia, en particular por su actuación en decenas de causas relacionadas con delitos cometidos durante la dictadura. Desde el oficialismo se resaltó su experiencia y compromiso. Desde la oposición, en cambio, hubo cuestionamientos a lo que consideran una visión sesgada o excesivamente centrada en el pasado reciente.

En paralelo, se abrió un nuevo proceso de negociación para cubrir otra vacante en el Consejo Directivo, tras la renuncia de Bernardo Legnani. Uno de los nombres que genera consenso entre el Frente Amplio y sectores del Partido Colorado es el del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.

Estas decisiones reabren el debate sobre el papel y la vigencia de la INDDHH, un organismo autónomo creado en 2008 para velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos en Uruguay.

¿Qué lugar ocupa hoy esa institución en la vida democrática? ¿Qué temas debería priorizar? ¿Y qué condiciones necesita para cumplir eficazmente su mandato?

Viene de: El Diálogo Social impulsado por el gobierno comienza sin la mayoría de los partidos políticos

Continúa en: 75 años del Maracanazo, recomendación de la obra "Fiesta Patria" y presentación del libro "Desigualdad, violencia y derechos humanos en América Latina"

La entrada Mariana Mota fue elegida para el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuán vigente es esta institución hoy en día? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

El equipo de antropólogos que analiza los restos encontrados en el Batallón 14 del Ejército maneja varias opciones para confirmar su identidad, entre ellas la de pedir la exhumación de familiares de algunas mujeres detenidas desaparecidas.

Esta posibilidad fue mencionada ayer en la primera reunión del grupo de trabajo que se conformó junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, la fiscalía y Madres y Familiares para continuar con la investigación.

La razón es que hay 18 mujeres detenidas desaparecidas que no cuentan con suficiente información genética de sus familiares para contrastarla con la de los restos encontrados recientemente.

La lista oficial de la Secretaría de Derechos Humanos dice que hay 39 desaparecidas cuyos restos aún no fueron encontrados. De ese universo, hay tres que —según los testimonios y las pruebas— se sabe estuvieron secuestradas en Uruguay y fueron vistas por última vez en territorio uruguayo.

Elena Quinteros y María Claudia García de Gelman fueron descartadas por el estudio de ADN. Pero de Amelia Sanjurjo, la tercera en cuestión, no existen muestras “suficientes” para contrarrestar la información genética.

Conversamos En Perspectiva con Wilder Tayler, integrante del directorio del Inddhh.

La entrada Desaparecidos: ¿Cómo se trabaja para identificar restos de mujer hallados en junio en el Batallón 14? ¿Cómo se amplía la base de referencia de muestras de ADN?“ Con Wilder Tayler (Inddhh) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

¿Qué archivos hay sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura?

¿Quiénes tienen acceso a ellos?

¿Con qué fines se usan?

Estas preguntas quedaron planteadas la semana pasada, cuando se supo que un anónimo estaba subiendo a internet miles de documentos de servicios de inteligencia, de la dictadura y de gobiernos democráticos.

En concreto, el autor publicó material de un gran archivo que fue localizado en 2006 Azucena Berruti, entonces ministra de Defensa, y otros documentos, incluyendo algunos que se buscaban desde hace décadas.

Al difundirse la noticia, el ministro de Defensa, Javier García, ordenó una investigación interna y presentó una denuncia ante fiscalía para averiguar el origen de la divulgación.

Este lunes, en entrevista aquí en Perspectiva, el ministro García vinculó esa publicación en Internet con la decisión del Poder Ejecutivo que este mes remitió al Parlamento un proyecto ley que dispone el acceso público y universal a todos los documentos existentes sobre ese período y que hoy se encuentran en poder del Estado, por ejemplo en el Archivo General de la Nación.

"Esto confirma lo que desde el gobierno planteamos. Porque sería mucho mejor que fueran publicados con las garantías de la ley y no con la garantía de un anónimo que vaya que hay que primero que creerle. Ahora… ¿esto hubiera sucedido así por arte de magia si no hubiera existido un impulso del debate político por parte del gobierno con un proyecto de ley? Yo le digo que no hubiera existido".

En medio de este panorama, y en el mes de los 50 años del golpe de estado, la Universidad de la República (Udelar) y la Institución Nacional de Derechos Humanos inauguraron el miércoles el Repositorio Luisa Cuesta, en el que la población podrá consultar el “archivo Berruti” en un lugar físico, bajo protocolos que eviten filtraciones o un mal uso de los documentos.

En esta iniciativa participan docentes de la Facultad de Información y Comunicación y de la Facultad de Ingeniería, que integran el proyecto Cruzar, que desde 2018 encara la tarea de reconstruir e interpretar los archivos de la dictadura.

Conversamos En Perspectiva con dos integrantes de este proyecto, para pasar en limpio la situación de los archivos, qué implican las revelaciones de estos días y qué cambia ahora con la creación del repositorio Luisa Cuesta.

Dialogamos con Fabián Hernández, licenciado en archivología del Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información del Instituto de Información de la FIC

Y el ingeniero Gregory Randall, Coordinador del equipo del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Facultad de Ingeniería.

Destaques de la entrevista: 

• "Aquí hay una contradicción entre la ley de acceso a la información pública, que dice que todo ciudadano tiene derecho a acceder a este tipo de archivos, y por otro lado, la ley de protección de datos personales que dice que no tenemos derecho a menoscabar el honor, etc. de las personas que allí aparecen. Una solución intermedia que fue la que pudimos implementar es esta. Las personas no van a tener acceso como tienen a archive.org donde cualquiera puede acceder y hacer lo que quiera con esos documentos y después nadie sabe quién accedió. Acá las personas que accedan firmarán un compromiso de responsabilidad que dice claramente que deben cumplir la ley en el uso de esos datos. Nosotros vamos a guardar tres cosas: El documento firmado por las personas, la lista de documentos cuya copia les dimos y todas las búsquedas que hicieron las personas en la base de datos. Eso queda resguardado, si un día alguna persona incumple la ley y va a un proceso judicial, nosotros tendremos esa información para proporcionar. Es una forma intermedia, porque la otra solución sería que se destinaran recursos para que docenas de archivólogos revisaran todos los documentos y cuando se pide uno, meticulosamente tachar aquello que no corresponde que se vea. Eso tiene varios problemas: el volumen y la cantidad de datos que hay, las transcripciones que son muy imperfectas".

La entrada Archivos de la dictadura: ¿Qué puede ser público y qué no? ¿Cómo funciona el Repositorio Luisa Cuesta, gestionado por UdelaR e INDDHH? Con Fabián Hernández y Gregory Randall se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: GUB.UY

El ADN de los restos humanos encontrados en el Batallón 14 del Ejército, cuyo hallazgo fue confirmado ayer, será llevado a Argentina para su análisis a efectos de la identificación, en un proceso que puede llevar de uno a dos meses.

El objetivo es determinar si estos restos son compatibles con alguno de los detenidos-desaparecidos antes y durante la última dictadura cívico-militar.

El hallazgo se produjo a escasos cien metros del lugar donde fueron encontrados en 2011 los restos del maestro Julio Castro y los del militante Ricardo Blanco Valiente en 2012.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que los científicos que trabajan en el lugar localizaron un cráneo junto a otros restos en una fosa “evidentemente clandestina”, que aparecía tapada con una losa y con rastros de cal.

Profundizamos sobre este tema, conversamos En Perspectiva con el Dr. Wilder Tayler, integrante del Consejo Directivo del INDDHH.

La entrada Desaparecidos: Restos óseos hallados en el Batallón 14 son consecuencia de "un trabajo concatenado de relatos y testimonios de personal de tropa que estuvo allí o gente que vio algo", dijo el Dr. Wilder Tayler (Inddhh) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.