Foto: adhocFotos
La 31ª Marcha del Silencio reunió ayer multitudes en Montevideo y decenas de localidades en el interior del país. La movilización, convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en reclamo de memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad la consigna fue: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.
El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a TV Ciudad que la marcha fue la culminación de un “nuevo esfuerzo” y destacó su carácter masivo en todo el país.
La organización reclama que el Poder Ejecutivo ordene formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información disponible sobre enterramientos clandestinos y archivos militares, porque “quedarse pasivamente esperando a que un militar brinde información, no funciona”, dijo Errandonea a Búsqueda.
Los familiares ven algunas señales positivas del gobierno pero también falta de acción. “Vemos pequeños avances”, dijo a ese medio el integrante del colectivo. Entre ellos mencionó la reanudación de la digitalización de archivos de inteligencia policial —que había quedado en suspenso durante el gobierno anterior— y nuevas disposiciones para trabajar sobre archivos del Ministerio de Defensa. “Eso es una buena señal. Hay avances, pero no los suficientes y no los sustanciales”, evaluó.
Ayer el Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó en redes sociales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dio la orden para abrir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) archivos militares vinculados con el terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985.
La resolución, firmada el 4 de diciembre por la ministra Lazo, encomienda al Comando General del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias del ministerio «asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales» que puedan resultar relevantes para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.
La medida – destaca el MPP- busca hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 19.822, aprobada en 2019, que encomendó a la INDDHH la búsqueda de detenidos desaparecidos y le otorgó potestades legales para acceder a archivos públicos y privados vinculados al pasado reciente.
Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Mariana Mota, presidenta de la INDDHH.
