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El Gerente General de la Asociación Española, Dr. Julio Martínez, hizo referencia a los socios de la Institución que viven en el interior del país, y para el cual está pensado este producto.

“Tenemos una cantidad de socios que viven en el interior, en lugares donde no estamos. Y ellos quieren seguir siendo socios de la Asociacion Española, aunque no estemos presencialmente allí. Entonces tienen esta necesidad de contar con el envío de sus medicamentos”, graficó el Dr. Martínez.

Fue allí que, indagando posibilidades, la Institución descubrió el sistema de Envío Farma del Correo Uruguayo, un sistema de envío de medicamentos ya probado y exitoso, entre otros casos en la experiencia con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

“Entendimos que era el momento de firmar un convenio marco con el Correo Uruguayo que nos permita, además, el desarrollo de otras colaboraciones y productos que podamos impulsar con el fin de dar un mejor servicio a nuestros socios”, expresó el Gerente General, quien hizo referencia a la historia de ambas instituciones y su desafío constante por estar actualizados.

“Somos dos instituciones que venimos del siglo XIX y nos estamos aggiornando plenamente en el siglo XXI. Hoy el Correo no es meramente una empresa que transporta cartas, sino que es una importante empresa de logística, y por eso nosotros la hemos seleccionado”, concluyó.

A su turno el presidente de la Asociación Española, Fernando García, valoró como principal activo del Correo Uruguayo la confianza. “Lo que más valoramos de este convenio es la confianza que nos genera el Correo Uruguayo para cumplir con el objetivo de brindar un buen servicio a nuestros socios”.

Para García el servicio de medicación a domicilio ha sido un desafío importante para la Institución, al que se le ha dedicado esfuerzo y horas de trabajo. “Queremos, de alguna forma, llegar nosotros al socio y evitarle que venga directamente a farmacia. Estamos intentando cambiar eso. Y nos pone muy contentos que el Correo Uruguayo sea nuestro socio en este camino”, remarcó.

Por su parte el Presidente del Correo Uruguayo, Rafael Navarrine, dijo sentirse agradecido por tener la confianza de una Institución como la Asociación Española, al tiempo que aseguró que el Correo atraviesa un proceso de modernización.

“La tecnología nos lleva a que debamos cambiar en algún punto nuestro modelo de negocio. Y dentro de ese proceso de modernización hemos incluido como prioritario los Envíos Farma. El Correo cuenta con una capacidad instalada muy importante para poder cumplir ese servicio de buena manera”, afirmó Navarrine, quien recordó la experiencia reciente con ASSE al comienzo de la pandemia, con la entrega de más de 60 mil medicamentos.

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A través de la firma de un acuerdo entre SUAT Emergencia Médica y San Roque, los socios de SUAT cuentan con importantes descuentos en estas farmacias.

Consiste en el 50 % en medicamentos presentando la receta médica de SUAT y es acumulable con los descuentos de las tarjetas de crédito.

Estos beneficios son exclusivos para socios de SUAT y rigen todos los días de la semana.

SUAT sigue brindando más y mejores beneficios a sus socios.

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Por Alejandro Sciarra ///

Hebert tenía 39 años, necesitaba un cardiodesfibrilador y no tenía los $ 300.000 que costaba. El desesperado pedido de Hebert no tuvo eco en el Fondo Nacional de Recursos. Sus hijas se aprestaron ante el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, pero el recurso de amparo no logró llegar a tiempo.

A fines de julio, el ministro Basso firmó la resolución que otorgaría a Hugo su tan esperado medicamento contra el cáncer de próstata. Dolorosamente, había fallecido en junio.

Esta situación se repitió al menos cuatro veces este año.

Desde el Ministerio de Salud Pública se repite una y otra vez, que los recursos son finitos.

Pero aún resignándonos ante la idea de la finiquitud de los recursos, no podemos bajo ningún concepto permitir la solución que presentó el gobierno. Se trata de un no tan inocente artículo que silenciosamente casi se cuela en la ley de Rendición de Cuentas, y que directa y disimuladamente bloqueaba el acceso a la Justicia para reclamar por un medicamento mediante un recurso de amparo. No solo atenta contra la Constitución de manera flagrante sino que resulta moralmente censurable para cualquiera que aprecie la democracia. Por lo que ante la inmediata presión social y los llamados de atención de sendos profesionales, esta norma volvió a Comisión para su estudio. Y esperemos, para su sepultura.

Así y todo, con la misma creatividad legislativa, con el mismo deseo de encontrar una solución, pero quizá y sólo quizá, con mayor interés por la protección de la vida, el diputado Martín Lema propuso una solución que parecería más que atendible.

Recordarán ustedes aquella ley que permite a los privados realizar donaciones a ciertas instituciones, a cambio de un beneficio fiscal. Sin ir más lejos, es la ley que permite el financiamiento de instituciones educativas de primerísimo nivel para los que menos tienen.

Dicha norma enumera aquellas instituciones autorizadas expresamente para recibir estas denominadas “donaciones especiales”.

Pues el diputado Lema propuso incluir en aquel artículo al Fondo Nacional de Recursos, con la exclusiva finalidad de financiar medicamentos de alto costo no cubiertos hasta hoy.

Así, tal como instituciones educativas reciben dinero de privados que a cambio verán reducidos sus impuestos, tantos Hugo, o tantos Hebert, podrían recibir en tiempo y forma su medicamento sin necesidad de litigar contra el Estado.

Un privado donaría el dinero para el medicamento y a cambio obtendría un beneficio tributario.

Al parecer, la propuesta naufragó sin demasiados argumentos.

La solidaridad ajena parece mal vista desde ciertas filas oficialistas. Se hace difícil comprenderlo de otra manera.

Es cierto que los recursos son finitos, aunque a veces no lo parezca. La cobertura universal es un sueño seguramente compartido por todos los gobernantes, sean del partido que sean. Sean oficialismo u oposición.

Todos comparten también la conciencia del desafío enorme que la ciencia le está planteando al Estado. Nuevos medicamentos surgen para enfermedades que eran hace quizá solo un año, asegurada condena de muerte. Nuevos medicamentos, que hace un año no existían, surgen hoy para quienes estaban destinados al sufrimiento en sus últimos días o meses de vida. Nuevos medicamentos surgen como pequeñas llamas de esperanza a la que pacientes y familiares buscan abrazarse con todas sus fuerzas.

Pero el silencio ensordecedor, o la negativa helada de la burocracia suenan como una sentencia de condena. El Estado al que quizá Hugo o Hebert aportaron toda su vida con su trabajo, se transforma en juez y verdugo por ausencia del dios billete.

Entonces a todos nos duele y nos llena de rabia. Y la necesidad de buscar soluciones no admite necedades. Ni egoísmos, ni politiquerías. Ni mucho menos admite demoras.

Entonces quizá y sólo quizá, no importa tanto de dónde viene la solución, o a quién se le ocurrió, si puede reavivar un poquito esa llama de esperanza.

Todavía estamos a tiempo.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 22.08.2018

Sobre el autor
Alejandro Sciarra es abogado de formación, pero a los 30 años dio un giro hacia la psicología positiva aplicada al ámbito educativo y empresarial. Desde los 18 años participa en política, integró en más de una oportunidad La Tertulia de En Perspectiva, es colaborador del Semanario Voces y en Radio Oriental. Desde hace un año está radicado en Italia con su esposa, desde donde sigue de cerca la realidad política y social uruguaya y europea.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 11.10.2016, hora 8.29

EMILIANO COTELO (EC) —La Cancillería uruguaya se refirió al tratado de libre comercio (TLC) firmado con Chile la semana pasada como un hito importante en su misión de encontrar “mejores oportunidades para la producción nacional”. Sin embargo, dentro del país no todos opinan lo mismo.

La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) advierte de que el capítulo referido a los acuerdos sobre propiedad intelectual podría perjudicar a la industria farmacéutica local. Pero además, alerta que la población y el Estado serían perjudicados, ya que podrían encarecerse de manera sensible los medicamentos de consumo habitual.

¿Por qué? ¿Cuáles serían las alternativas?

Vamos a ocuparnos de este tema con el doctor Alfredo Antía, presidente de la ALN y, al mismo tiempo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIF).

ALFREDO ANTÍA (AA) —Esperamos que esta sea una oportunidad de presentarnos y expresar los valores que ofrecen este conjunto de empresas que han venido produciendo en el país y creciendo con el país a lo largo del tiempo, como también mostrando que Uruguay puede tener medicamentos de calidad fabricados por empresas nacionales, por manos uruguayas, por técnicos uruguayos, que no solamente están tomando posición y cada vez más relevante en el mercado laboral, sino que también están empezando en forma constante y creciente a mostrar sus productos en el exterior.

EC —Comencemos describiendo cómo funciona la industria farmacéutica en Uruguay. Por ejemplo, ¿a quiénes representa la ALN?

AA —La ALN representa a 23 empresas nacionales y regionales que producen medicamentos en el país. Es una institución ya histórica, tiene casi 75 años, los cumplirá el año próximo. En el momento de su fundación ya existían empresas en el país por muchos años que se encontraron ante la necesidad de unirse para buscar puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con el desarrollo sanitario y las posibilidades de obtener mejores posicionamientos en el ámbito local e internacional.

EC —¿Cuántos empleados abarcan esas 23 empresas?

AA —En este momento en planilla tenemos algo más de 3.000 empleados en forma directa, y en forma subcontratada unos 1.000 empleados. Para darle una dimensión del tamaño y de los efectos sobre la producción, representa aproximadamente el 5 % del producto bruto industrial.

EC —Eso es lo que representa el sector de laboratorios nacionales.

AA —Este sector. Pero por ejemplo el sector cárnico representa el 12 % y la industria láctea el 6 %. Y cuando hablamos de exportación, el año pasado este sector exportó US$ 102 millones. Es un número relevante en cuanto es el 20 %-25 % de la producción farmacéutica nacional, pero es un 10 % de lo que exportó Uruguay en carne. Por lo tanto un país con una matriz productiva esencialmente agropecuaria tiene un destello, un brillo para mostrar en esto, y en el brillo y el destello, una oportunidad.

EC —Por otro lado está la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), integrada por empresas multinacionales.

AA —Exactamente, es la cámara que nuclea a los laboratorios multinacionales.

EC — ¿Cómo se reparte el mercado?

AA —En este momento creo que tiene 13 asociados. El mercado farmacéutico se describe del siguiente modo: más del 90 % de las unidades que se consumen en el Uruguay son aportadas por los laboratorios nacionales. En valores, eso representa el 70 % y el 10 % restante de las unidades se lleva el 30 % de los valores y está en manos de los laboratorios multinacionales.

EC —¿Por qué es eso?

AA —Tiene que ver con que el volumen masivo de aporte de productos a bajo precio es de los laboratorios nacionales. El consumo esencial del Estado, del sistema mutual y de las farmacias en casi todas las clases terapéuticas es aportado por nuestras empresas.

EC —¿Qué tipo de productos farmacéuticos elaboran los laboratorios uruguayos?

AA —Prácticamente todos, tenemos presencia en todas las clases terapéuticas, que son muchas. Por supuesto en algunas nuestros productos son absolutamente dominantes y en otras, en los productos hoy conocidos como productos de alto costo, recién estamos en la etapa de incursión. Pero lo que revelamos con esto es la necesidad de impulsar al sector nacional a tener políticas públicas coherentes, que alienten la inversión en el área farmacéutica de modo tal que esta cartera de productos que hoy están generando dificultades desde el punto de vista financiero a los sistemas de salud en Uruguay y en el mundo sea también abastecida por el sector nacional.

EC —En este punto conviene clarificar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo es la clasificación de los medicamentos que se venden en Uruguay? Están los productos con patente, hay productos genéricos y hay “copias” o “similares”. ¿Qué quiere decir cada una de estas categorías?

AA —El producto patentado es el producto innovador, el producto que es propiedad del inventor. Las demás acepciones mencionadas, el genérico, el similar, son productos como el patentario pero fabricados por un laboratorio nacional, o en su defecto importados que no están en ejercicio del uso del monopolio legal que ofrece la patente, pero que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y son consumidos por los distintos sectores de salud del país. Esto es así en Uruguay y en cada uno de los países del mundo. La convivencia entre productos patentados y productos genéricos o similares o similares de marca es el vocabulario de encuentro de los productos patentados y los productos similares.

EC —A ver si está bien esta definición: producto patente es aquel cuya fabricación se encuentra protegida temporalmente por la ley de patentes, lo que posibilita al laboratorio que registró esa patente ser el único que lo produce comercialmente.

AA —Exactamente, porque en la medida en que el producto se registra en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), y registra su condición de ser una novedad absoluta, de tener altura inventiva y de tener aplicación industrial –que son los tres parámetros que mide la ley a la hora de extender una patente–, ese producto goza del privilegio de la exclusividad, entonces ningún laboratorio podrá competir con ese producto por 20 años, según establece la ley. Hay una primera parte de esos 20 años que se consumen en tiempos administrativos y finalmente el ejercicio no es tan largo, pero es así. Eso es así en el Uruguay, y si bien no lo estamos viendo aún en términos importantes, porque la ley es relativamente reciente y los lanzamientos de productos protegidos por este sistema legal por ahora son pocos, con el paso del tiempo va a haber más productos protegidos por patentes que van a gozar de monopolio y las empresas podrán venderlos al precio que consideren.

EC —¿Y qué tipo de productos elaboran los laboratorios nacionales?

AA —Los productos que no tienen protección de patentes, que son la enorme mayoría y que son los que consumimos, los que vamos a buscar a las mutualistas, a los hospitales o a las farmacias.

EC —¿Son los que se denominan genéricos?

AA —En términos generales en el mundo se los conoce por genéricos, en contraposición con los productos patentados. En Uruguay les decimos productos similares, genéricos con marca o directamente genéricos sin marca.

EC —¿Qué significa eso? ¿En qué se parecen a los patentados?

AA —Significa que es el mismo producto, con la misma formulación, con la misma concentración de droga, con el mismo efecto terapéutico. Si hay algo que ratifica esto que estoy diciendo es que nuestros productos de similares o genéricos de marca han ido tomando posiciones en el mercado a tal punto que hoy llegan al 90 % del consumo en el país. Le doy un dato: el promedio de abastecimiento de la industria nacional en América Latina es de 75 %, Uruguay llega al 90 %. Esto es porque tiene una industria presente, competitiva, fermental, y desde el lado de la medicina, los médicos, las instituciones y por cierto los pacientes han ido aceptando cada vez más nuestros productos.

EC —Muchos pueden plantearse: ¿es mejor un producto con patente que un producto genérico?

AA —Si usted necesita el producto con patente y es el único, es el mejor. Pero si usted necesita ese producto y tiene la posibilidad de utilizar el producto genérico o similar de marca, que es el que usted puede pagar, le va a hacer bien, es excelente también. Lo importante para los sistemas de salud es la accesibilidad, que haya posibilidades para los pacientes.

EC —Pero ¿efectivamente es equivalente?

AA —Efectivamente el producto le va a dar el mismo resultado. El tema de la bioequivalencia está limitado a unas pocas moléculas con riesgo de producir efectos secundarios porque las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas son muy cercanas, por tanto se requieren estudios de bioequivalencia. Pero eso es para un puñado de productos, ya está establecido por la normativa uruguaya y estamos en cumplimiento y en camino al mejor cumplimiento de esa normativa.

EC —Quedó dicho al pasar que entre el producto con patente y el producto genérico hay una diferencia de precio.

AA —Sí, muy importante.

EC —¿De qué orden?

AA —Ingresando en el asunto del acuerdo con Chile, veíamos que un producto para el sida, el tenofovir –que es una de las moléculas más modernas que se está utilizando en Uruguay–, tiene en Chile un único oferente que es el original, el laboratorio Gilead de Estados Unidos. Cada comprimido fue ofertado en la última licitación pública de Chile a US$ 3. En Uruguay también está ese producto, del mismo laboratorio, y convive con otras cuatro ofertas nacionales. El ganador de la última licitación en Uruguay ganó con $ 25 el comprimido.

EC —Menos de US$ 1, en comparación con los US$ 3 del original en Chile.

AA —Exactamente. Eso ocurrió porque la normativa uruguaya lo permitió, porque quizás no se interesaron en el pequeño mercado uruguayo, porque el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP) no estaba vigente en Uruguay y la patente de ese producto no llegó a formalizarse. Por tanto Uruguay quedó libre para lanzar al mercado ese producto, y ese producto hoy está más al alcance del paciente que está en Chile.

EC —El fin de semana pasado el diario El País publicó una nota sobre estos asuntos en la que lo consultaban a usted, y usted planteó una frase que quizás haya llamado la atención a muchos. Dijo “los medicamentos uruguayos son los más baratos de América Latina”. ¿Cómo es eso?

AA —Efectivamente, el precio promedio de América Latina en el año 2015 fue de US$ 7,5 la unidad, y el precio promedio en Uruguay fue de US$ 3,5. Ese es el precio promedio actual de los laboratorios nacionales y extranjeros, $ 91. No lo decimos nosotros, estamos leyendo información de auditoras internacionales que revelan el precio de los medicamentos en los países del mundo.

EC —Uruguay es barato en materia de medicamentos.

AA —Es el más barato de América Latina.

EC —Curioso, porque está muy arriba de la mesa la discusión sobre los medicamentos de alto costo, etcétera.

AA —Pero los medicamentos de alto costo son un puñado al lado del consumo masivo de medicamentos. Uruguay consumió 130 millones de unidades farmacéuticas en el año 2015, de las cuales 118 millones fueron abastecidas por nuestros laboratorios. Entonces, ¿de cuántos tratamientos con productos de alto costo hablamos? El dato está en las estadísticas del Fondo Nacional de Recursos, en su página web, no recuerdo si son cerca de 3.000 tratamientos en el año. Entonces, por más caros que sean, que son caros –ojo, hay productos en el exterior muchísimo más caros que los que compra Uruguay–, todo se vuelve un poco más relativo y el precio promedio de Uruguay es ese US$ 3,5.

El precio promedio de nuestros laboratorios, de la ANL, este año es de $ 72. Para llegar a $ 72, les vendemos al Estado y al mutualismo casi el 75 % de las unidades y el resto se lo vendemos a las farmacias a un precio algo superior. Entonces somos parte de la solución del problema, porque usted va a una mutualista a comprar un medicamento y le van a cobrar un tique moderador que va a estar en los $ 150, $ 200. Contribuimos al financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud.

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EC —En estos días los laboratorios nacionales han advertido de que la firma del TLC con Chile facilitará el monopolio, afectará la competencia y llevará a largo plazo a un aumento del precio de los medicamentos. ¿Qué es concretamente lo que los preocupa?

AA —Nos preocupa que Uruguay firma con un par, Chile, un par similar, un país un poco más grande, con una economía más poderosa, un TLC –que por cierto ya tiene, vía Mercosur– y agrega un capítulo de propiedad intelectual. ¿Qué sentido tiene? La primera impresión que nos genera es que estamos adquiriendo, por transitiva, las obligaciones que Chile se ha dado en materia de propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales o multilaterales que ha firmado y que quizás le han generado beneficios para vender sus uvas, su salmón, sus flores, su cobre, en fin, sus productos, en Estados Unidos o donde sea; ahora acaba de firmar el TTP (Trans Pacific Partnership Agreement). Pero como en materia de propiedad intelectual Chile tiene un estatus mucho más alto que el nuestro, se firma esto –que no sé exactamente qué beneficios le va a generar al país– y se agrega un tratado específico de propiedad intelectual, el capítulo 10. El capítulo 10 contiene una convocatoria a la firma de un TCMP.

EC —En el capítulo 10 del TLC se establece textualmente que los países signatarios deberán hacer “los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP)”. ¿Qué es eso?

AA —Exactamente. Ratificando lo que decía antes, uno entendería que Estados Unidos o la Comunidad Europea nos planteasen un tratado así para defender sus innovaciones y sus creaciones, pero Chile esencialmente no es una economía tecnológica como para plantear un capítulo de esta naturaleza y sí nos lo plantea. El TCMP es un régimen simplificado y unificado por el cual un investigador presenta en una oficina la solicitud de una patente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza la publica –esa es la fase 1– y luego, si adhiere a la fase 2, le concede el análisis profundo de la patente a una de las oficinas centrales de algunos de estos países con importantes oficinas de propiedad intelectual.

EC —Eso implica que el trámite para esa patente no es relativo a un solo país, sino que abarca a una cantidad de países, a todos los integrantes de ese tratado.

AA —En el instante en que pide el análisis profundo de la patente debe pagar un arancel y debe poner tics en los países donde pretende registrar la patente. Fíjese que hay una perversidad ahí –o una ventaja, vamos a verlo, en función de quién lo mire–, porque en la medida en que pague un poco más de arancel va a poder poner más tics y va a haber bonificación de tics, va a poder agregar más países que le van a aparecer gratuitamente si en la primera instancia los incluyó en la solicitud de la patente.

EC —Pero ¿no es lógico que el procedimiento sea así, que se desburocratice el registro de patentes en el mundo? Si alguien es el propietario de un principio como este, de una molécula por ejemplo, ¿por qué va a tener que ir país por país haciendo los trámites en las oficinas correspondientes?

AA —Totalmente de acuerdo. El problema está en que la lectura, la sintonía del observador que va a analizar esta patente va a estar influida por la política de patentes de su país. Los países centrales tienden a ser benévolos en el juicio de las patentes de sus connacionales y tienden a ser más estrictos con los productos de otras regiones. Entonces, si el informe es positivo, si bien no es vinculante y no obliga al Uruguay –en el caso de que se firme este PCMT– a inscribir la patente, entendemos que de algún modo va a relajar, alivianar, puede haber una tendencia de la oficina local del MIEM a dar por bueno lo que se ha juzgado en otro lado.

EC —Supongamos que quien está registrando uno de estos medicamentos por ese sistema del TCMP marca a Uruguay en esa selección de tics, ¿qué impacto real tiene eso?

AA —Uruguay va a tener que analizar la patente, porque los efectos no son vinculantes.

EC —Va a tener que analizarla sin que haya que haber empezado el trámite acá.

AA —Exactamente. Pero Uruguay tiene un atraso; nos consta que la doctora [Marianela] Delor, la directora de la DNPI, está haciendo enormes esfuerzos, pero me parece que necesita más respaldo de la administración para tratar de hacer de esto algo más ágil. Porque los pedidos van a venir vía PCMT y van a ser muchos más, porque va a haber muchos tics, y el análisis se tendrá que hacer igual. El riesgo que vemos es que una cosa es el análisis que hace Uruguay, que tiene una ley… Por ejemplo, Uruguay no admite las patentes de segundo uso, si un medicamento es inventado para una determinada cosa, si aparece una indicación posterior en Uruguay ese producto no puede patentarse otra vez. Un ejemplo concreto: desde que rige la ley de patentes la ANL viene oponiéndose, observando las patentes que entiende que no corresponde ser adjudicadas. Se han presentado 3.500 solicitudes y nos hemos opuesto a 1.500. Le cuento una: el ácido acetilsalicílico tiene 100 años en el mercado…

EC —La aspirina.

AA —Lo dice usted. Ese producto pretendió patentar un segundo uso por sus indicaciones cardiovasculares, pero nuestra Asociación de opuso en la oficina del MIEM, y finalmente el interesado desistió y el camino no continuó. Pero en esa avalancha de patentes alguna cosa puede pasar, alguna cosa se puede colar, en estos países que han firmado el PCMT se han colado cantidad de cosas. Y hay productos que están patentados y están en el mercado, se están vendiendo, pero puede ocurrir que consigan la patente y no vengan a venderlo y que el Uruguay ni siquiera pueda tener la chance de producirlo porque hay un monopolio para un tercero que no se interesa en este pequeño mercado. Es ahí que las empresas nacionales pierden la chance de lanzar sus productos con sus propias marcas.

EC —Ustedes entonces en vez de centrarse en los perjuicios que esto implicaría para la industria farmacéutica nacional, prefieren observar lo que implicaría para el usuario, para las instituciones, incluso para el Estado.

AA —Nos corresponden las generales de la ley y debemos defender el interés de nuestro sector de actividad, que, como decíamos, tiene un peso en la economía del país, en el empleo, en la inversión, en el aporte mediante los impuestos que contribuye al funcionamiento de la comunidad. Pero es obvio, nosotros producimos bienes primarios que van a la vida del hombre, y en nuestro caso estamos asegurando la independencia y la soberanía de abastecimiento. Por eso estamos alertando a las autoridades de que esta fotografía que tenemos hoy de que el 90 % de lo que consumimos surge de las plantas productoras en Uruguay es una ventaja enorme que debemos potenciar hacia el futuro y perfeccionar.

EC —De la audiencia llegan visiones críticas. Por ejemplo, Daniel dice: “Más les vale que sean baratos en la producción de estos medicamentos acá. Lo que pasa es que como sociedad estamos plagiando. Imaginen que a Luis Suárez una empresa china lo utilizara para su imagen sin su permiso; seguro pondríamos el grito en el cielo, tenemos que reconocerlo”.

AA —La batalla por las patentes es una batalla mundial. Durante la ocupación de Berlín en la Segunda Guerra Mundial la oficina de patentes germana era un botín de guerra para los países aliados, el que llegara primero se llevaba las investigaciones, particularmente en el ámbito de la química. Llegaron los rusos primero. Nuestro asesor en el área de propiedad intelectual, el doctor Agustín Prat, que fue director de la oficina de patentes en el año 86, me contaba una anécdota de su participación en una reunión de la OMPI en Pekín en el año 1990, pos-Tiananmén. Me decía que en esa ciudad había dos edificios enormes que resaltaban, uno era el hotel Sheraton y el otro era el edificio de patentes. Y recordaba la frase de una delegada de un país del sureste asiático, de Filipinas, que decía: “Quisiéramos, como países en desarrollo, tener en el siglo XXI los edificios de oficina de propiedad intelectual que tienen los países desarrollados ahora en el siglo XX”. Los países que se plantean un desarrollo y un crecimiento invierten muchísimo en esto, porque les va el futuro. De lo contrario terminamos produciendo carne, granos, productos primarios, y renunciamos a las posibilidades de desarrollar otros aspectos de la vida industrial que nos permitan trascender, ya no solo en el mercado local, sino también en el mercado internacional.

EC —¿Cómo sigue para ustedes este tema?

AA —Tenemos que hablar con las autoridades, tenemos que alertarlas. El hecho de que se ponga el tema sobre la mesa nos permite justamente esto, ver qué es lo que tenemos, valorar lo que tenemos y ver qué es lo que nos falta para tratar de hacer entender que tenemos un futuro promisorio en la medida en que convengamos en que esto ya es no un activo para los dueños de estas empresas o un puesto de trabajo para sus trabajadores, sino que es un activo para el país. Porque ahí hay una fuente de abastecimiento, hay una fuente de crecimiento y de financiamiento del propio sistema de salud, que puede acceder a productos a los que de otro modo no podría acceder.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Transcripción de la entrevista con Alfredo Antía, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales y presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas

La cancillería uruguaya se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Chile la semana pasada como un hito importante en su misión de encontrar “mejores oportunidades para la producción nacional”.

Dentro del país, sin embargo, no todos opinan lo mismo. La Asociación de Laboratorios Nacionales advierte que el capítulo referido a los acuerdos sobre propiedad intelectual podría perjudicar a la industria farmacéutica local. Pero además, alerta que la población y el Estado serían seriamente perjudicados, ya que podrían encarecerse sensiblemente los medicamentos de consumo habitual.

¿Por qué? ¿Cuáles serían las alternativas? Para respodner a esta pregunta en la entrevista central de En Perspectiva recibimos al doctor Alfredo Antía, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales y, al mismo tiempo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas.

Transcripción de la entrevista con Alfredo Antía, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales y presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas

Documento relacionado
Capítulo del Tratado de Libre Comercio con Chile referente a la propiedad intelectual

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El reciente cruce entre el presidente Vázquez y el senador Lacalle Pou, referido a los llamados “medicamentos de alto costo”, merece una adecuada contextualización que permita comprender las connotaciones últimas del problema de fondo, que hoy desvela a muchos gobiernos en el mundo.

Desde hace tiempo se plantea, por parte de respetados científicos, que esos medicamentos tienen precios inflados que no están en relación con lo que cuesta producirlos sino con lo que paga el mercado. Para un enfermo de cáncer es terrible oír respecto a su enfermedad palabras como “precio”, “mercado”, o expresiones como “relación costo‒beneficio”, pero los gigantes de la industria farmacéutica ni parpadean. Ellos facturan.

En EEUU, el altísimo costo de determinadas drogas ha desatado una verdadera guerra entre asociaciones privadas, médicos especialistas, instituciones públicas y laboratorios. Peter Bach, tal vez el más acreditado experto en la materia, fue muy gráfico al resumir el estado actual de situación en aquel país: “El sistema está quebrado”, dijo.

Bach es el impulsor de la nueva política llevada adelante por un centro de referencia a nivel mundial: el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York. Allí se estableció un sistema para calcular el “precio justo” de las drogas oncológicas más caras. El propio Bach ha indicado que muchas veces el costo real del medicamento debería ser significativamente menor al establecido por el laboratorio que lo fabrica.

Leonard Saltz, un oncólogo gastrointestinal de gran prestigio, afirmó en una conferencia brindada en Chicago a fines de mayo pasado que “los precios de las drogas no están relacionados con su valor, sino con lo que el vendedor cree que puede soportar el mercado”. El psiquiatra Allen Frances, por su parte, asegura que el negocio de los laboratorios “está causando más muertes que los cárteles de la droga”.

Estas declaraciones son extremas, es cierto, pero debe subrayarse que provienen de ilustres figuras del mundo científico, con una vasta trayectoria y experiencia en ese ámbito. No son improvisados opinantes. En ese contexto global debe analizarse el entredicho entre Vázquez y Lacalle Pou. Un espíritu aldeano podría entenderlo como un simple cruce político doméstico. Pero el trasfondo va mucho más allá y está vinculado a la ética del poder. Es obligatorio para un gobernante preguntarse qué está bien y qué está mal, a quiénes debe oír, qué consejos seguir, qué resolver.

En ese marco, resulta razonable y adecuada la respuesta de Vázquez a la carta abierta que le enviara Lacalle. En su misiva, el presidente le informó al senador que “se harán las consultas debidas con quienes tienen autoridad para opinar y aconsejar al respecto, que son las correspondientes cátedras médicas de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la República”.

Ciertamente es un tema por demás delicado, que atañe a la calidad de vida de muchos enfermos y de sus familias. Por eso mismo, no resultó feliz banalizar el asunto mediante un procedimiento tan cuestionable e innecesario como una carta abierta. Lacalle podría haber elegido, para cumplir con su loable cometido, otra forma de comunicación con el presidente de la República. En especial si recordamos que él mismo acusó a Vázquez, hace apenas unos meses, de tener “el monopolio del cáncer en Uruguay”.

Lo único que les falta a los pacientes graves es que su enfermedad sea convertida en una bandera para hacer política de pequeño calibre. Es decir, que se pretenda añadirle al abusivo costo monetario de los medicamentos el costo político de su buena administración.

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El diario del lunes es el blog de Fernando Butazzoni en EnPerspectiva.net. Como no podía ser de otra manera, actualiza los lunes.

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Por Leonardo Costa ///

Una reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno replanteó un debate más que recurrente: en materia de salud, y para proteger el derecho de un paciente en concreto, ¿debe el Estado asegurar en forma ilimitada los recursos para satisfacer esa necesidad o, por el contrario, se debe optimizar el gasto público en salud mediante un análisis de costo-beneficio?

Los hechos que motivan la sentencia son los siguientes:

Un paciente enfermo oncológico pide acceder a un medicamento denominado Cetuximab, según la recomendación de su médico tratante, aduciendo que es un paciente joven con un excelente estado general.

De acuerdo a un peritaje médico el medicamento no tiene un potencial curativo sino que incrementa la sobrevida total del paciente. Se indica que los beneficios del producto no son seguros y que el potencial incremento de sobrevida y periodo libre de la enfermedad es variable. Se destaca que el paciente no dispone de ningún otro tratamiento oncológico para la mejor calidad de vida. Finalmente, se señala que el Ministerio de Salud Pública (MSP) en otras ocasiones ha brindado ese fármaco.

Para negar el medicamento solicitado, el MSP adujo –en este caso–que el mismo estaba fuera del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) en función de una resolución ministerial de fecha 27 de febrero de 2015. Agregó que “la inclusión de los medicamentos requiere un proceso de evaluación que tiene como principal objetivo optimizar el gasto público en salud, mediante la evaluación de los costos y beneficios que aporta dicha inclusión. Y sostuvo que la obligación del Estado es otorgar prevención y asistencia, pero ello no puede considerarse como un recurso ilimitado.

El tribunal acogió la pretensión del paciente, debiendo el MSP proveer el medicamento en cuestión. La sentencia señala que “el Estado está constitucionalmente obligado a proteger el derecho a la salud, conforme al art. 44 de la Constitución al establecer que debe proporcionar gratuitamente a los indigentes o carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia, lo que se traduce en el caso en que debe atender la necesidad de una persona cuya patología requiere una medicación específica para prolongar en el tiempo o mejorar la calidad de sobrevida, pero carece de los fondos necesarios para adquirirlo”.

Agrega la sentencia que no puede aducirse razones de costo beneficio cuando no está probado que por la aplicación de este medicamento se estaría perjudicando el sistema de salud en general como señaló el MSP. Mas aún cuando el propio Ministerio ha aplicado el medicamento en otras ocasiones y por ende se estaría violando, en este caso, el principio de igualdad.

Mas allá de que el caso tiene sus particularidades, el fallo plantea temas clave para la salud en concreto, por un lado, pero también para la economía presupuestal del sistema de salud en general. Hay una serie de preguntas que, por incómodas que sean, la sociedad debería plantearse, pues los recursos en una economía siempre son limitados. Veamos:

Para incrementar la sobrevida de un paciente terminal ¿debe la sociedad disponer de todos los recursos para pagar el tratamiento, aún cuando no esté asegurado el resultado del medicamento en la salud del paciente, aunque solo sea para aumentar la sobrevida unos pocos meses?

¿Deben establecerse en base a criterios científicos listas de medicamentos excluidos en forma general o debe hacerse caso a caso? ¿Debe hacerse por resolución ministerial o por ley?

¿Debe promover la sociedad una especie de carrera desenfrenada en la búsqueda de lo que parecería ser la solución al inevitable problema de la muerte?

¿Debe ser el médico tratante quien maneje las expectativas del paciente y de sus familiares y así evitar que sea la autoridad sanitaria quien al final deba decir que no se puede conceder el medicamento solicitado?

Como puede apreciarse hay muchas preguntas que la sentencia plantea y al final el Estado mediante la ley –y no la autoridad administrativa por resolución– debe ser quien establezca criterios generales de manera de que el interés general y el individual se encuentren debidamente equilibrados, teniendo en cuenta, al final del día, que siempre existirán limites presupuestales y por ende el Estado no puede asegurar a cualquier costo la sobrevida de pacientes terminales. Por último, deberá ser la bioética quien dé indicaciones generales al médico tratante para que pueda, mediante el diálogo, manejar las expectativas siempre razonables del paciente y de sus familiares.

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Me gustaría consultarle al ministro: ¿Por qué no se utilizan medicamentos genéricos? Si nuestro país no puede asumir los costos, ¿a nivel Mercosur no es posible encontrar las herramientas? ¿Es posible que el bloque adopte normas de negociación que promuevan las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y que permiten el acceso a los medicamentos que hoy no es posible alcanzar?

Patricia Dante Elliot
Vía correo electrónico

Tengo farmacia y nos encontramos con muchos clientes que vienen a buscar medicamentos que no son extremadamente caros sino que las mutualistas no los dan. Solo le dan paliativos que prolongan la situación del paciente sin llegar a curar la dolencia.

Terminan consultando en forma particular y ahí le recetan el medicamento que verdaderamente precisan, el cual terminan comprando en la farmacia, con sacrificio propio.

Estamos hablando de medicamentos de más de $ 1.000. Generalmente no los tenemos en el estante, los pedimos al laboratorio en el día. Sería bueno también que el ministerio tomara esto en cuenta.

Alejandro Pereyra
Vía correo electrónico

No solo los medicamentos se compran a precios más caros, sino que se suman gastos legales… y los abogados tampoco son baratos.

Gabriel Fagúndez
Vía correo electrónico

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Vea el video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Miércoles 12.08.2015, hora 8.15

EMILIANO COTELO (EC) —Para algunos enfermos, el acceso a fármacos de alto costo puede ser una carga tan pesada como los síntomas del mal que padecen.

Las pacientes con pocas posibilidades económicas se dirigen al Fondo Nacional de Recursos (FNR) en busca de esos medicamentos. Pero esa institución solo está obligada a suministrar los productos que figuran en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), una lista elaborada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Si el médico receta un fármaco que no está en el formulario, la persona queda en una encrucijada, por lo que suele acudir a la justicia por medio de una acción de amparo. La judicialización de estos trámites es un fenómeno creciente que preocupa a las autoridades.

¿Cómo solucionar las inequidades en el acceso a estos fármacos? ¿Habrá cambios en la forma en que se financian y se compran los medicamentos de alto costo?

Vamos a conversarlo con el ministro de Salud, Jorge Basso.

Usted concurrió ayer a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a instancias del diputado nacionalista Martín Lema, que estaba preocupado porque entendía que el ministerio había sido injusto con algunas excepciones. Concretamente se refería a una decisión del MSP de otorgarle un medicamento que estaba fuera del FTM al hijo de Alberto Cid, un ex senador frenteamplista. ¿Cómo se justifica esa decisión?

JORGE BASSO (JB) —Hay todo un contexto que hay que identificar para saber de qué estamos hablando. Tenemos por ley el FTM para medicamentos de alto costo, que son los que financia el FNR, que se viene realizando desde el año 2005. No todo el mundo tiene esa percepción de que estamos frente a un modelo de financiamiento para medicamentos de alto costo que es relativamente reciente…

EC —…antes el FNR se aplicaba solamente a tecnologías de tratamiento.

JB —Efectivamente. El FNR tuvo sus orígenes en 1980, 1974, y en cierto modo antes del 2005 estaba en quiebra. Varias consultorías realizadas oportunamente daban cuenta de que no era viable económicamente. A partir de esa fecha y luego a partir de 2005 empieza todo un proceso de mejora de gestión que incorpora el financiamiento de los medicamentos de alto costo. Desde ese momento hasta ahora han pasado ya varias administraciones que han identificado cuáles son los procedimientos para la inclusión de los fármacos en el FTM.

El FTM se creó en el 2007. Allí se identifican por un lado los fármacos que son obligatorios para los prestadores integrales –las mutualistas, ASSE y todas las sanitarias–, en el Anexo 1, y por otro aquellos otros que por su alto costo deben ser financiados por el FNR, en el Anexo 3. Para el ingreso a ambos hay una serie de requisitos que están establecidos en sendos decretos y hay comisiones integradas por representantes del MSP, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de los prestadores, tanto públicos como privados. Estas comisiones analizan periódicamente todas las solicitudes de ingreso de medicamentos, a partir de lo cual rigen una serie de procedimientos que son los que se usan en todas partes del mundo donde se financian medicamentos de alto costo. Estos procedimientos son muy estrictos básicamente en tres componentes: la evidencia científica, el costo-beneficio y la sustentabilidad del sistema.

EC —La dificultad aparece cuando lo que se necesita es un medicamento que no está incluido en el FTM. Por ejemplo este del caso que motivaba la discusión ayer en Comisión de Salud de la Cámara de Representantes: una persona que según los médicos que lo atendían debía tener a su disposición ese medicamento que no figura en el FTM, en consecuencia el ministerio en principio no habilita que sea suministrado por el FNR, pero después termina haciendo una excepción. ¿Cómo se entiende que haya procedido de esa forma?

JB —Tenemos como criterio establecer esos requisitos a que hacíamos referencia (evidencia científica, costo-beneficio, sustentabilidad del sistema) para ingresar a la lista de medicamentos. Pero hay una lista menor de medicamentos que no se incorporan porque no cubren algunos de esos requisitos. La gran mayoría, que se solicitan por la vía judicial, directamente no se incorporan porque la evidencia no justifica su incorporación. El MSP no da curso a buena parte de los amparos porque son medicamentos que no están habilitados desde el punto de vista del conocimiento científico-técnico o porque tienen costos tan importantes que no se habilitan acá ni en ninguna parte del mundo. Es esa lista pequeña de medicamentos que desde el punto de vista de los costos no es posible incorporar.

EC —En este caso el paciente inició un recurso de amparo ante la justicia, la justicia le dio la razón al MSP, lo exoneró de la obligación de proporcionar el medicamento, pero después en determinado momento el ministerio da un paso al costado y decide otorgar el medicamento. ¿Cómo fue eso?

JB —Es una situación excepcional. Y no es la única que ha sucedido en estos años, en los últimos ocho años ha habido situaciones excepcionales muy puntuales.

EC —Este caso tomó notoriedad por el hecho de tratarse del hijo de alguien que había sido senador, dirigente del Frente Amplio, etcétera, entonces alimentaba una serie de suspicacias.

JB —Además tomó estado público porque salió en la prensa, él hizo una entrevista en la prensa. Hay una primera sentencia judicial que obliga al ministerio a comenzar a dar el tratamiento en horas, se comienza el tratamiento, pero en segunda instancia, tiempo después, se plantea que hay que retirar el medicamento. Esa ha sido una situación muy particular, porque tiene que ver con un medicamento que, a diferencia de otros, hay evidencia científica de que aumenta la sobrevida, no hay alternativas terapéuticas eficaces y el fármaco está vinculado a laboratorios con los cuales se está negociando a los efectos de la incorporación al FTM. Se dan esas tres condiciones, es un medicamento muy particular, no hay otras alternativas terapéuticas, se comenzó a dar, está interactuando en el organismo de la persona, y la decisión de retirarlo puede tener resultancias perjudiciales desde el punto de vista clínico. Además es un medicamento que está entre las prioridades para ingresar. Esas circunstancias son muy excepcionales, ha habido dos o tres situaciones similares en estos últimos años; ese es el concepto de excepción.

EC —Pero lo que usted cuenta, si bien explica por qué se hace esta excepción, también describe lo complicado y lo tortuoso que están resultando el procedimiento y el trámite. Porque en principio el medicamento no estaba en el FTM y no iba a ser proporcionado por el FNR, el paciente hace una acción de amparo, en primera instancia la justicia falla a favor del paciente…

JB —…se comienza a dar la medicación…

EC —…el ministerio empieza a dar la medicación, pero al mismo tiempo apela ante la justicia… ¿Por qué apela el ministerio? Y esa apelación es exitosa, la justicia le da la razón. ¿No es todo demasiado complicado?

JB —El tema de la judicialización es complicado, porque en distintas situaciones que se han apelado la justicia no siempre ha fallado de la misma manera. En algunos casos obliga al ministerio a dar un medicamento y en otros casos no lo obliga desde la primera instancia. La judicialización no es una buena solución en el mundo, pero nadie puede negar que está instalada en el mundo, en nuestro país es aún incipiente. Gracias a la existencia del FNR, que establece ese piso que hace que hoy todos los habitantes de este país con 144 pesos por mes financien todos los procedimientos de alto costo más todos los medicamentos para las enfermedades oncológicas, hematooncológicas, inmunitarias y algunas más, se resuelven problemas que en la mayor parte del mundo no están resueltos de esta manera. Incluso en los países de la región. En este momento estamos asesorando a varios países que no tienen esta realidad instalada, en particular el último es Chile. Tampoco otros países cercanos –no corresponde que los mencione– lo tienen resuelto, por tanto todos los medicamentos de alto costo van por la vía de la judicialización.

EC —En Uruguay lo tenemos resuelto, pero el sistema funciona a los tropezones, tiene todas estas dificultades que estamos explicando. La pregunta que yo me hago es: si el ministerio fue obligado por el fallo de primera instancia a suministrar el medicamento y empezó a suministrarlo, el ministerio y los médicos como usted que figuran en la estructura del ministerio sabían que una vez comenzado a suministrar era muy complicado después dejar de suministrarlo. Entonces, si se comenzó a suministrar el medicamento, ¿por qué igual el ministerio burocráticamente apeló? ¿Qué era lo que se esperaba? Si tenía éxito, ¿qué iba a hacer el ministerio?

JB —Las políticas tienen que ser de carácter poblacional, no pueden ser individualizadas para las personas. Es cuando se judicializa que se identifica a las personas. El ministerio no puede resolver las políticas en función de circunstancias o de personas individuales, son políticas generales que establecen criterios para la incorporación de medicamentos que le han permitido sustentar el sistema. En este momento en el Reino Unido se está dando el mismo debate a propósito de esta droga de que estamos hablando, y se establece que se indica siempre y cuando el laboratorio baje el costo. Por tanto no estamos hablando de una circunstancia puntual, sino de una realidad mundial frente a un conjunto de drogas que por su altísimo costo no están incluidas en las prestaciones que se dan. Y en particular con esta droga se da la excepción de que no hay otra alternativa terapéutica, a diferencia de lo que ocurre con otras drogas.

EC —Pero si ante el fallo de primera instancia se empezó a suministrar el medicamento, ¿por qué igual el ministerio continuó apelando?

JB —El ministerio tiene la obligación de apelar porque reivindica su papel de rector en poder definir criterios para la incorporación de medicamentos. Hay medicamentos que el país hoy por hoy a los precios que tiene la industria no puede incorporar, no son sustentables. Ese es un debate que hay que asumir de frente, y hay que buscar alternativas maduras profesionalmente hablando en cuanto al tema de la comercialización y la articulación con los intereses de la industria. Pero es así, en ninguna parte del mundo se dan todos los medicamentos.

EC —Pero entonces terminamos expuestos a esta realidad que vemos con frecuencia: un paciente con una de estas enfermedades que requieren medicamentos de alto costo y que encuentra como única alternativa en busca de una solución la justicia y la prensa. Los dos caminos casi siempre van juntos, y tenemos ese drama expuesto públicamente en busca de una alternativa.

JB —Sí, por eso le quiero dar esta visión global. Esta realidad no es de nuestro país, no es exclusiva de los países pobres, se da en todas partes del mundo. Los sistemas integrales, los sistemas que dan cobertura universal, tienen restricciones, no pueden dar todo. Además, hay estudios internacionales que muestran que del 100 % de los medicamentos innovadores que ingresan al mercado pasado el tiempo solo 2 % resultan eficaces. Entonces hay que ser muy criterioso. Y para muchos de esos medicamentos hay alternativas terapéuticas. Para este no las hay, por eso la excepcionalidad, no hay alternativas terapéuticas eficaces para esta patología. Por eso está en la lista de medicamentos cuya incorporación se está analizando y negociando con la industria, como se debe hacer, como se está haciendo en el Reino Unido y en los países serios del mundo.

***

EC —Hay varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo Osvaldo me dice: “Emiliano, el Estado siempre apela. El jerarca público tiene la obligación de apelar, así sepa que no le asiste la razón, debe agotar los recursos”.

Entiendo que esa es la forma de proceder, pero lo que aparece públicamente después está muy enredado, sobre todo cuando está de por medio algo tan delicado como una enfermedad de estas, tan seria.

JB —Este es de los temas más complejos que tienen los ministerios de salud en el mundo. Y ciertamente se va a seguir complejizando, porque lo que se viene en materia de incorporación tecnológica, los medicamentos biotecnológicos, los medicamentos monoclonales, que multiplican por 1.000 el costo promedio de los medicamentos básicamente químicos, genera enormes desafíos de ver cómo se logra la cobertura universal. Estamos hablando de que lo que se incorpora está accesible para toda la población sin otros costos, ese es el gran instrumento que tiene el FNR y que queremos preservar.

EC —Otro oyente me aclara que el diputado Lema con su convocatoria a comisión ayer no estaba cuestionando este caso particular, sino la forma arbitraria en la que aparentemente se maneja el ministerio en este tema. Lo que se cuestiona en todo caso son las distintas situaciones similares.

JB —Yo diría que, por las características del medicamento y de la patología que estamos considerando, no hay situaciones similares, hay otras alternativas terapéuticas. Como todo, hay que tomar decisiones. El procedimiento de incorporación de medicamentos tiene una serie de procesos que lejos de ser burocráticos son garantistas, son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EC —En la entrevista que hacíamos ayer con el diputado Lema, él sostenía que cada vez más los médicos prescriben medicamentos que están fuera del FTM. Allí hay una discrepancia importante entre los profesionales que atienden pacientes y el equipo del ministerio que elabora el FTM. ¿Por qué sucede eso?

JB —Es siempre multifactorial, siempre puede haber más de una razón. Dentro del equipo asesor se encuentra la doctora Lucía Delgado, que es representante del ministerio en el FNR, es la grado 5 de la Facultad de Medicina en Oncología Médica, por tanto es la persona jerárquicamente más importante en el área médica vinculada a la oncología. Con ella nos asesoramos respecto a las drogas.

EC —Porque se puede pensar en dos hipótesis que ayer estaban flotando durante la entrevista. Una hipótesis es que exista cierto lobby de los laboratorios sobre los médicos para que indirectamente haya una presión sobre el ministerio para incluir determinados productos en el FTM. ¿Eso existe?

JB —Es un tema importante desde el punto de vista planetario. Tanto es así que a usted le consta que hemos dado una señal inicial con la doctora Lustemberg, la subsecretaria de Salud, firmando apenas ingresamos el Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses, y se lo hemos reclamado para todos quienes prescriben medicamentos en el FNR.

EC —¿Qué es eso?

JB —Por ley quienes trabajan en las IMAE (instituciones de medicina altamente especializada) y quienes prescriben medicamentos financiados por el FNR deben firmar el formulario de conflicto de intereses. Implica establecer claramente cuáles son los vínculos que ese profesional tiene en sus distintas actividades laborales. Queremos extenderlo, porque la ley no prevé ningún tipo de sanción a quien no lo firme, simplemente establece que no se dará curso a esa indicación. Eso atenta y perjudica al usuario, que hace un trámite que finalmente no se resuelve porque quien prescribió no cumplió con ese requisito. Estamos muy interesados en esto. Y eso tiene que ver con el tema, que no es una novedad para nadie, de que todo el mundo tiene que saber de qué lado del mostrador se encuentran en este caso los profesionales sin aventurar y sin aventar ninguna duda previa, simplemente hacer transparente esa información.

EC —Esa es una inquietud que ustedes tienen, que pueda haber un lobby incidiendo.

JB —Es una realidad que se considera en todas partes del mundo. Por eso la ley previó que existiera esa declaración, para despejar las dudas.

EC —La otra hipótesis, la otra interpretación posible para esta realidad de que los médicos recetan cada vez más medicamentos que están fuera del FTM es que el FTM no funcione con agilidad, que sea muy lento y muy trabajoso el proceso por el cual se habilita o no se habilita un medicamento.

***

EC —¿Qué análisis hacen ustedes de esta hipótesis de que el mecanismo del FTM sea lento, poco ágil y que allí esté la causa de que cada vez se prescriban más medicamentos que están fuera de él?

JB —Como decíamos, el proceso de creación del FNR para el financiamiento de los medicamentos es relativamente reciente, es de 2005; en el 2007 se incorpora el FTM, e incluso en esa primera etapa 2005-2010 el único factor que primaba para la incorporación de medicamentos eran los beneficios en cuanto a sobrevida, calidad de vida, mantenimiento de la vida. Eso generó que se fueran incorporando, a partir de distintas ordenanzas, un conjunto de medicamentos al Anexo 3.

En el 2010 se incorpora otro requisito, que comenzó a aplicarse en el 2011, que es el costo-efectividad. Es decir que, tal como lo recomienda la OMS y como se hace en los países que tienen sistemas de salud con cobertura universal de medicamentos de alto costo, además de la eficiencia se tienen que valorar la sustentabilidad del sistema y la viabilidad de asumir la incorporación de esos medicamentos.

EC —Es muy chocante eso, pero supongo que no hay más remedio.

JB —Es de los temas que se discuten en todas partes del mundo, porque uno se puede preguntar: ¿entonces qué es lo que prima, la salud o la economía?

EC —Ayer el diputado Lema decía que el ministerio tendría que ocuparse más de la salud que de la economía.

JB —Yo entiendo que es un discurso propio de alguien de la oposición, pero para quien tiene que tomar decisiones para sostener un sistema que, reitero, es un modelo en el mundo, que financiamos entre todos los uruguayos y que les da la cobertura a unas 300.000 personas, como viene dando el FNR, con medicamentos de eficiencia comprobada y sustentables desde el punto de vista económico-financiero, también es un tema de responsabilidad. No hay que perder la sensibilidad ante un tema tan complejo y tan particular como este tipo de situaciones, pero no se puede ser irresponsable y llevar a la bancarrota esto. Reitero, antes del 2005 el FNR era inviable si no tomaba medidas.

EC —De todos modos, cuando el ministerio es condenado por un fallo judicial a suministrar un determinado medicamento la plata termina apareciendo. Y no solamente termina apareciendo, sino que probablemente lo hace a partir de una compra a un precio más caro que el que se podría haber obtenido si ese medicamento hubiese estado en el FTM y se hubiesen hecho compras en volumen. Tienen que comprar a precio de lista.

JB —Las acciones de amparo son un derecho de los ciudadanos. Es parte de cualquier marco constitucional el hecho de que las personas tienen derecho a ciertas acciones de amparo. Por otra parte el ministerio tiene la responsabilidad de que todo lo que se incorpora esté basado en la evidencia. Buena parte de las solicitudes con las cuales lidiamos permanentemente no cuentan con evidencia que sostenga las acciones de amparo. Y hay un pequeño grupo, mínimo, que se cuenta con los dedos de una mano, que son los que están siendo el centro de un problema y que están vinculados a encontrar en este país, como en todos los países del mundo y del Primer Mundo, debate. Hay países en los cuales los medicamentos se registran siempre que se llegue a un acuerdo de precios. No hablo del FTM, porque para entrar en el FTM tiene que estar registrado. El procedimiento es: se incorpora un medicamento al MSP porque se inicia una solicitud de registro; después que está el registro se ve si se financia, si se incorpora al FTM. Hay países que directamente no lo registran, países del Primer Mundo han tomado ese tipo de decisiones tan fuertes como decir “este medicamento acá no entra”, y ni siquiera vinculado a alguna posibilidad de amparo porque no existe. Los temas de los que estamos hablando son complejos en cualquier país del mundo.

EC —Volvamos a los procedimientos del FTM. Hoy, tal cual funciona, hasta el 30 de junio de cada año pueden presentarse medicamentos, y después hay que esperar un año para que vuelva a abrirse la ventanilla. ¿No es demasiado tiempo, teniendo en cuenta los avances que están produciéndose permanentemente?

JB —Yo estuve en la génesis de ese decreto en mi cargo anterior. Está prevista en la normativa la posibilidad de que surjan situaciones que excepcionalmente justifiquen considerar la incorporación de un medicamento fuera de esa fecha. Es un tema de ordenamiento del trabajo que habilita que todas las partes puedan concentrar la información, pero está prevista la excepción, que por razones de política sanitaria puedan incorporarse medicamentos al registro fuera de esa fecha.

EC —¿Y ocurre realmente?

JB —Excepcionalmente. Porque incluso en el caso de algunos de estos medicamentos que están en el debate los laboratorios todavía tienen pendientes aspectos que no son burocrático-administrativos, son parte de la normativa, lo que se llama el registro por indicación, el lanzamiento. Es responsabilidad de los laboratorios cumplir con esas etapas, hasta que no se cumplan los medicamentos no pueden ser considerados por la Comisión del Formulario Terapéutico de Medicamentos. Hay todo un proceso que todas las partes conocen perfectamente, además estamos en contacto, en un país chico todos nos conocemos. Estamos trabajando en un tema complejo con un núcleo pequeño de medicamentos de alto costo que tienen eficiencia comprobada.

EC —Otro punto de inquietud es lo que demora el análisis de un caso concreto. Ayer se mencionaba que un medicamento que estaba habilitado para comercializarse desde el año 2009 estuvo tres años y medio en estudio. ¿Puede demorarse tres años y medio?

JB —No voy a justificar cosas que no son justificables. En esta administración vamos a acelerar los procedimientos que estén de nuestra parte de forma que si hay un problema vinculado a la falta de personal o de herramientas para resolver este tema, pueda hacerse de la forma más eficiente.

EC —Da la impresión de que ahí hay un punto delicado.

JB —Sin embargo cuando vamos a instancias internacionales en las que se habla de estos temas con colegas, sobre todo en materia de evaluación de tecnologías, en las cuales está incorporado el tema de los medicamentos, estos tiempos no están alejados de lo que pasa en el mundo. No le hablo de tres años, pero son tiempos largos, porque se analizan con mucha precisión los estudios. Porque los estudios que se presentan para demostrar la evidencia son financiados por la propia industria, no es la academia que se pone a estudiar un medicamento. Por lo tanto hay que mirar eso desde todo punto de vista para ver si cumple con los requisitos de viabilidad científica, tal cual está establecido en el marco normativo que promueve la OMS.

EC —En definitiva, ¿qué cambios están promoviendo ustedes ante esta situación tal cual ha venido perfilándose últimamente?

JB —Vamos a trabajar sobre aquellos medicamentos de los cuales hay evidencia…

EC —¿Qué quiere decir eso?

JB —Aquellos que permiten una sobrevida clara identificada por esos estudios, que son estudios poblacionales randomizados, es decir que están fuera de sospecha en cuanto a la manipulación y al criterio científico de elaboración, que son muy pocos, el 2 % de los medicamentos que se presentan. En esos hay que ver cómo nos generamos las posibilidades para trabajar.

EC —¿Qué cambio implica eso con respecto a la ley actual, para quienes están pidiendo cambios?

JB —Por ejemplo, en estos tiempos están venciendo muchas de las patentes de los medicamentos que financia el FNR. La patente dura 10 años, después se puede trabajar con genéricos. Algunos de los medicamentos que hoy financia el FNR están dentro de los US$ 35 millones que gasta el país anualmente en la compra de medicamentos de alto costo, que son el 18 % de los casi US$ 200 millones que gasta el FNR en general, algo así como el 8 % del gasto del sector salud. Con ese dinero que hoy tenemos para administrar podemos estudiar estos temas que son muy puntuales y encontrar fórmulas para que se aproximen a ese costo-beneficio, que es una herramienta complementaria de la evidencia científica, para que se pueda incorporar financiamiento del FNR. Estamos haciendo una gestión tendiente a lograr que ese dinero que la población paga, esos $ 144 que se pagan todos los meses, se administre de la mejor manera posible de modo que con esos fondos podamos ir incorporando medicamentos que son muy escasos y que están dentro de nuestros objetivos para mejorar la calidad de la atención de algunas de estas patologías complejas.

EC —¿Eso implica una mejora con respecto al sistema vigente?

JB —Toda organización tiene que apuntar a la mejora. Es clave que encontremos formas. Incluso se han incorporado nuevos mecanismos de negociación con la industria, por ejemplo el costo compartido.

EC —¿Qué es eso?

JB —Es un mecanismo por el cual tanto el Estado como las empresas asumen riesgos en cuanto a la incorporación de un medicamento, si da resultado o no. Son mecanismos que se usan en todas partes del mundo. Si el medicamento que se incorpora no da el resultado que se estima, el Estado no lo paga. Hay que buscar mecanismos de negociación, que no son una novedad, pero hay que asumirlos con total profesionalidad. El FNR a partir del 2011 incorporó este tema del costo-beneficio en los requisitos para el ingreso de medicamentos y ha conformado un equipo técnico que está libre de sospecha, que tiene firmados los formularios de conflicto de intereses y que tiene la experticia y la capacidad para, junto con el ministerio, poder negociar con la industria. Tenemos un excelente relacionamiento con la industria, nos vemos periódicamente, sabemos cuáles son nuestros problemas y estamos tratando de ver cómo resolverlos.

EC —Esto que está explicando ¿qué tiene que ver con los reclamos a propósito de la ordenanza 86, que firmó la entonces ministra Susana Muñiz, casi al final de su período, en el mes de febrero, por la que se excluyen expresamente 16 medicamentos oncológicos que paradójicamente son los más solicitados por los pacientes, aquellos por los cuales más se recurre a las acciones de amparo?

JB —Para 10 de esos medicamentos no hay ninguna evidencia científica que nos lleve a considerarlos; en tres o cuatro los laboratorios tienen que completar la información formal, cumplir los requisitos propios, y hay tres o cuatro que tenemos en la mira y estamos tratando de encontrar una formulación que nos habilite a ir incorporándolos progresivamente.

EC —¿La ordenanza se va a mantener?

JB —Las ordenanzas se van modificando. Si uno mira la historia de la ordenanzas, desde la creación del FTM ha habido distintas ordenanzas que dan de alta y baja los medicamentos. Por lo tanto hay que asumir que esta ordenanza se va a ir modificando en función de estos elementos que estoy diciendo: que hay medicamentos que no se justifica que se prescriban y por lo tanto no los vamos a incorporar; hay otros que están pendientes de que los laboratorios completen los procedimientos, y hay otros que estamos negociando con la industria.

Vea el video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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