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Existen trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social que desde hace varios meses no cobran su salario. 

El mecanismo funciona así: el ministerio hace convenios con organizaciones de la sociedad civil que subcontratan trabajadores en distintas formas. Esos trabajadores son los que van en las camionetas a atender a personas que están en la calle, dan respuesta a víctimas de violencia de género, se encargan de dispositivos de atención a salud mental, consumo problemático de drogas, personas con discapacidad y en el interior están a cargo de todos los refugios para personas en situación de calle. Todo está tercerizado. 

Representantes de los sindicatos Sutiga y Utmides estuvieron reunidos el pasado 16 de abril en comisión de asuntos laborales y seguridad social en el Senado donde reclamaron: “Como es público trabajamos en lugares con plagas de chinches y ratas. Algunos centros se caen a pedazos. Esto también se denuncia y tiene que ver con no utilizar los fondos para que esos lugares sean habitables. Cuando los compañeros denuncian estas situaciones la OSC, se encargan de perseguirlos para que no sigan denunciando”

¿Por qué no se ha encontrado hasta ahora una solución para este problema? ¿Cómo logran atender la demanda de las personas en situaciones vulnerables en esta dinámica laboral? ¿Qué alternativas plantean desde los sindicatos?

Romina Andrioli conversó con Rodrigo Solaro, vocero de Sutiga (Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines).

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“La calle no es un lugar para vivir. Por primera vez Uruguay tiene una estrategia, un rumbo claro: acciones y cambios para revertir la situación de calle.”

Así presentó el gobierno el paquete de 42 medidas que conforman una estrategia para atender el problema de las personas que viven en la calle en todo el país. Un drama cada vez más grande, según subrayó el propio presidente Yamandú Orsi.

“En el 2024, la cantidad de personas que hizo uso de dispositivos con alojamiento, estoy hablando antes de nosotros asumir el gobierno, eran 11.251 personas. Lejos estamos de aquel 3.000 del que hablábamos. En el año 25 esa cifra trepó a 13.597, quiere decir que hubo más de un 20% más y, por ejemplo, para tener una idea de la dimensión de esto, de los ocho mil y poco cupos que hay están todos ocupados, o sea hay 8.000 personas que están en situación de alojamiento, de cuidado".

¿Qué busca esta estrategia? Generar un modelo uruguayo de atención que prevenga, repare y permita superar la situación de calle. Se basa en tres “V”, vínculo, vivienda y vida, e incluye, entre otras medidas: una cobertura todo el año de lo que hasta ahora funcionaba como respuesta para el invierno, la ampliación de la atención a los 19 departamentos, planes piloto de trabajo, algunas experiencias de hogares en el ámbito rural, seguimiento a los ex presos a la salida de la cárcel, acceso a viviendas con apoyo social y una app para que la ciudadanía reporte casos de personas en la calle.

¿Qué hay de nuevo en estas medidas? ¿Qué se prevé para atender hoy a la emergencia, a los casos de personas que ahora están en la calle?

Emiliano Cotelo conversó con el Director Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Gerhard.

Daniel Gerhard

• Director Nacional de Protección Social, Mides
• Licenciado en Historia
• Docente
• Técnico en Comunicación Social
• Ex Diputado por Montevideo (2020 – 2025)
• Fue Educador y Coordinador del Club de Niños “Paso Solidario” – Paso Carrasco (2007 – 2019)

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“El Mides no paga”

Eso dicen los carteles con los que unos 200 trabajadores contratados por el ministerio se movilizaron en estos días reclamando por atrasos de hasta 3 meses en el pago de salarios.

La situación no es nueva, se repite a lo largo de los años en distintas administraciones y lo que se preguntan los trabajadores no es cuándo cobrarán esta vez sino ¿por qué la forma de trabajar y de cobrar es y seguirá siendo esta?

El origen del problema es que la mayoría de los trabajadores del Mides no son funcionarios del Mides. Una hojeada a los datos oficiales de la Oficina del Servicio Civil nos dice que en el Ministerio de Desarrollo Social hay unos 1700 funcionarios públicos. Pero eso no incluye a los contratados que son 2.500 aproximadamente.

El mecanismo funciona así: el ministerio hace convenios con organizaciones de la sociedad civil que subcontratan trabajadores en distintas formas. Esos trabajadores son los que van en las camionetas a atender a personas que están en la calle, dan respuesta a víctimas de violencia de género, se encargan de dispositivos de atención a salud mental, consumo problemático de drogas, personas con discapacidad y en el interior están a cargo de todos los refugios para personas vulnerables. Todo tercerizado.

Foto: adhoc Fotos

Una persona que trabaja en una de estas organizaciones y que pidió mantener en reserva su nombre, dijo a En Perspectiva que el sistema de contratación es precario, que hay contratos por 6 meses porque no generan aguinaldo, por ejemplo.

Esas organizaciones contratadas deben rendir cuentas al Mides antes de cobrar y allí se generan controles y empiezan los atrasos. El pago no sale y el trabajador no cobra en fecha.

Esta situación de los atrasos tiene tantos años como el mismo ministerio. Tan crónica es que esta administración propuso una solución que consiste en que la organización contratada pueda tomar un préstamo por no cobrar en fecha y que el Mides luego cubre los intereses de ese crédito cuando tenga el dinero. Igual, el Sindicato dice que esto tampoco funciona y por eso siguen los atrasos.

Para los trabajadores la solución es la presupuestación, pasar a la plantilla del organismo como funcionarios públicos pero la respuesta ha sido siempre negativa. El ministerio asegura que es el mecanismo de funcionamiento el que genera perjuicios y por eso propuso esta herramienta de solución, mantiene el diálogo abierto y regulariza los pagos en cuanto puede. Pero si la organización civil no presenta sus rendiciones de cuentas en fecha los pagos no se pueden ordenar. Además en el proceso de control y pago intervienen varios organismos, lo que genera también demoras.

Foto: adhoc Fotos

También desde el ministerio dijeron a En Perspectiva que hubo años peores y que todas las situaciones se van encaminando. Los números cambian a diario. Cuando consultamos al sindicato para este informe el atraso era con 4 organizaciones, unas 300 personas. La que peor está, hace 3 meses que no cobra. En lo que va de esta administración este es el tercer retraso grande, de meses.

Diego Andrada, directivo del SUTIGA (Sindicato Único de de Trabajadores Gremiales y Afines), aseguró que tercerizar es más caro porque muchas veces el Estado paga doble. Explicó que si una organización cobra y no le paga al trabajador, el Mides termina perdiendo   un juicio y así tiene que pagar dos veces.

Al sindicato le preocupa que hoy hay trabajadores con aviso de desalojo porque no han cobrado y plantea que la pregunta a largo plazo es: por qué se mantiene un formato que sistemáticamente deja de pagarle a los trabajadores que cumplen con una tarea prioritaria para el Estado.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Pablo Díaz,
Miguel Fernández Galeano y Elisa Lieber

En un par de semanas el Operativo Calle que el Ministerio del Interior desarrolla en la zona céntrica retiró de la vía pública a unas 360 personas y, además, 20 toneladas de residuos pertenecientes a los campamentos instalados. Esta línea de trabajo, que se apoya en la Ley de Faltas, es ejecutada por la Jefatura de Policía de Montevideo, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Montevideo y otros organismos del Estado, con el objetivo de preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de los espacios comunes.

Según explicó el director de Protección Social del Mides, Daniel Gerhard, los trasladados ingresan a un Centro de Primera Atención, ubicado en Casavalle, donde reciben asistencia social y de salud, y pueden alimentarse y bañarse.

En declaraciones a Subrayado, Gerhard aclaró que estas personas no están privadas de libertad y pueden decidir si continúan o no en el sistema.

“Hay enfermería 24 horas, ambulancia, comedor. Luego de esa primera atención, tenemos plazas allí, también las 24 horas. Pero además es la puerta de ingreso a un sistema de protección social que tiene 8.500 plazas. Intentamos que las personas acepten alguna de esas respuestas”.

Gerhard informó que en 2025 pasaron por centros del Mides unas 15.500 personas, unas 2.000 más que en 2024, lo que muestra un aumento de personas que acceden por primera vez a este tipo de asistencia.

Ayer, en una entrevista en el diario El País, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, consultado sobre estos operativos, afirmó que “todo aquel debate que se dio sobre el derecho de vivir en la calle fue superado por la realidad” y agregó: “Lo que hay son un montón de derechos vulnerados”

Aclaró que el uso de la compulsividad para retirar a quienes se encuentran en situación de calle “es una herramienta que está vigente”. Pero acotó: “Después si esos instrumentos contribuyen más o menos a una solución de fondo del problema es otro debate”.

Ante la pregunta de por qué se decidió intensificar las medidas en este momento, dijo que “hay una especie de direccionamiento de la mirada sobre las medidas compulsivas”.

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Miguel Fernández Galeano, Elena Grauert y Patricia González

El gobierno dio por finalizada la alerta roja para personas en situación de calle, que había entrado en vigor el 26 de junio luego de que se registraran varias muertes por hipotermia en distintos puntos del país.

La herramienta de la alerta roja, prevista en la ley de creación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) no restringe la movilidad ni implica el cese de actividades, como las clases, pero permite la “evacuación obligatoria” de personas y animales en situación de vulnerabilidad o riesgo.

En una conferencia de prensa que encabezaron ayer el ministro de Desarrollo Social y Leandro Palomeque, director del Sinae, se informó que durante más de tres meses el operativo implicó un despliegue interinstitucional sin precedentes: se habilitaron refugios 24 horas y centros de evacuación en coordinación con intendencias y organizaciones sociales, se brindaron atenciones médicas en terreno y hasta se acondicionaron espacios para recibir mascotas.

Otros datos: hubo 19.802 traslados voluntarios, se gestionaron 22 internaciones compulsivas y 99 detenciones.

El ministro Civila sostuvo que el sistema llegó a duplicar su capacidad habitual, creciendo más de un 140% respecto al inicio del invierno.

Con la mejora de las temperaturas, se da por concluida esta etapa de emergencia y comienza otra: la del proceso de “desevacuación”, es decir, el retorno de quienes pasaron por los centros a los refugios habituales del Mides o a programas como los vales habitacionales y los dispositivos de rehabilitación.

“Hoy podemos decir que más de 100 personas de las abarcadas por los centros de evacuación, pudieron ingresar en comunidades terapéuticas, en propuestas de rehabilitación para consumo problemático de drogas, y eso para nosotros es una muy buena noticia porque da cuenta de que hay experiencias que pueden ir más allá de un lugar para pernoctar, un lugar para pasar la noche o para pasar el día, en el caso de las personas que no tienen una vivienda a la que poder acceder”

La pregunta ahora es: ¿cómo se sostiene la atención a las personas en situación de callle cuando el frío ya no es la urgencia? ¿De qué manera se abordan las causas estructurales de este fenómeno? ¿Alcanza con los refugios y los programas existentes para dar una respuesta de fondo?

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Miércoles con
Juan Erosa, Elena Grauert, María Josefina Plá y Tomás Teijeiro.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó este lunes sus iniciativas para atender a las personas en situación de calle.

Gonzalo Civila, el titular de la cartera, anunció la ampliación del Plan Invierno,informó sobre el plan Comunidad a la Calle y adelantó que en el segundo semestre del año se implementará la primera Estrategia Nacional Integral de prevención y abordaje de la situación de calle.

La conferencia de prensa encabezada por Civila comenzó con un diagnóstico de la población que vive en la calle, que tomó como base el censo realizado por la anterior administración, en agosto de 2023. En ese relevamiento se identificó un total de 2.756 personas viviendo en la vía pública, en 90 zonas de Montevideo.

Estos datos suponían un incremento de 24% en comparación con un relevamiento anterior, efectuado también en la administración de Luis Lacalle Pou, en 2021.

En base a este diagnóstico, el ministerio propone una serie de iniciativas basadas en seis principios generales: integralidad, trabajo en red, presencia territorialidad, participación, prevención de la violencia institucional y enfoque estructural.

Civila advirtió que estas acciones se ejecutan con el Presupuesto del período anterior, al que se suma un “refuerzo”.

"La complejidad es muy grande, y a la complejidad solo se la puede atender con una respuesta que sea interinstitucional, que sea potente, y que además sea en red con actores sociales. Por eso decimos: trabajo en red entre diversas instituciones, organizaciones y vecinos también, de cada uno de los barrios de nuestras ciudades".

Como novedad, el titular del Mides anunció el plan Comunidad a la Calle, que se propone atender dos problemas: por un lado, el “tiempo perdido” entre que una persona solicita un cupo y este es otorgado; por otro, el “escaso despliegue territorial” de los servicios a la hora de “salir a buscar” a aquellas personas que viven en la calle y que, por diferentes razones, no acuden a los refugios.

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