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Regresó La Mesa de Juristas, un espacio discutirá una vez por mes cómo están funcionando algunas variables clave de nuestro sistema democrático, por ejemplo, el estado de derecho, la independencia judicial, la relación política y Justicia, o la calidad de las leyes.

En esta oportunidad tomamos como disparadores, el fallo de la Jutep sobre Álvaro Danza y el reciente caso vinculado al senador Andrés Ojeda, ambos relacionados a posibles incompatibilidades por ejercer simultáneamente actividades profesionales privadas y públicas.

En los últimos meses, la relación entre la política y la justicia ha tomado un lugar central y dominante en el debate público. Cada vez con más frecuencia, las discusiones políticas se entrelazan con dilemas jurídicos que requieren una definición clara.

Esta realidad se puso de manifiesto con casos recientes que generan controversia.

Por un lado, la situación del senador Andrés Ojeda, acusado de una presunta violación a la Constitución por su desempeño como abogado en simultáneo con su cargo legislativo; un asunto en el que diversos informes interpretan de distinta manera la norma constitucional.

Por otro lado, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) debió expedirse en noviembre sobre el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE, y la presunta incompatibilidad entre sus actividades profesionales privadas y públicas. A pesar de que la Jutep resolvió por mayoría que no existía tal incompatibilidad, la decisión fue cuestionada al desoír el informe de su propia asesoría jurídica.

Ante un escenario donde estos cruces son cada vez más habituales: ¿cómo se resuelven? ¿Cuál es la relación exacta entre política y justicia y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? ¿Qué peso tienen las consultas técnicas a cátedras o los informes de especialistas en estos procesos? Y, fundamentalmente, ¿cuál es el rol de los juristas en el debate público?

Para analizar a fondo estas interrogantes, volvimos a instalar La Mesa de Juristas, que contó con un plantel de destacados profesionales en la materia que nos acompañarán habitualmente en este espacio una vez al mes:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

Cristina Vázquez. Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM. Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo. Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo.

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Foto: AFP

La conferencia de prensa que Marcelo Bielsa, el técnico de la selección uruguaya de fútbol, dio el viernes en las horas previas al partido entre Uruguay y Canadá por el tercer puesto de la Copa América, generó mucha repercusión por las críticas que hizo a la organización del torneo, a una parte de la prensa y hasta a Estados Unidos.

El miércoles, luego la semifinal que Uruguay perdió con Colombia, hubo serios incidentes en el estadio Bank of America que culminaron cuando varios jugadores celestes subieron a una tribuna y se tomaron a golpes de puños con hinchas colombianos que provocaban disturbios cerca de un sector donde se encontraban las familias de los integrantes del plantel.

Bielsa se molestó cuando un periodista le consultó si exitía “temor” por la posibilidad de perder a algunos jugadores para las Eliminatorias a raíz de las sanciones que la Conmebol pudiera disponer. El DT replicó que esa pregunta “condiciona el abordaje del tema”.

"¿Cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones? Cuando la única lógica que impera en esta situación -madres de familia con bebés en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres siendo agredidas por los espectadores- es que la protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la Federación. Ustedes saben de quién es la responsabilidad y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones. Lo que me tendrían que preguntar, si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta, es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen dentro de su responsabilidad salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores. Usted me pregunta si le temo a las sanciones pero cómo voy a temer a una sanción que es imposible de que suceda".

Luego continuó con sus severos cuestionamientos a la organización del torneo. Sostuvo que en la FIFA y en la Conmebol “hay una plaga de mentirosos” que tienen “amenazados” a quienes, como él, denuncian, fallas en la logística.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Acá no pasó nada, no hay nada qué quejarse”, ironizó, y amplió: “¡No se puede seguir engañando con que las canchas estás buenas! La jefa de campo de juego, qué sé quién es y lo mal que hace su trabajo, hizo una conferencia para mentir. A [Lionel] Scaloni lo amenazaron para que no hable más”.

El sábado, luego del partido con Canadá, Bielsa ratificó sus dichos. El entrenador sostuvo que hace tiempo “dejó de leer” lo que se publica sobre sus declaraciones. “Todo lo que dije es cierto y verificable”, finalizó.

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Foto: AFP

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Foto: AFP

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Cámara de Diputados aprobó ayer en general un nuevo proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, todavía no se llegó a un acuerdo sobre los artículos que obligan a los canales de televisión a otorgar espacios gratuitos para pautar publicidad electoral en el horario central en los períodos de campaña. Blancos y colorados entienden que si se introduce ese mecanismo el Estado debe compensar a los canales por la pérdida de facturación que implica la cesión de esos minutos.

En medio de este debate, que ya lleva semanas, el abogado constitucionalista Martín Risso propuso directamente prohibir la propaganda político electoral en televisión.

En una carta publicada en el semanario Búsqueda la semana pasada, Risso sostuvo que las soluciones que se discutieron hasta ahora para eliminar inequidades en la contratación de publicidad electoral en televisión no han sido “satisfactorias” e incluso han sido inconstitucionales.

Pero además Risso agregó que la propaganda política electoral “no es relevante para la calidad democrática”. Según el abogado, estas piezas publicitarias sólo buscan agradar a los votantes “con candidatos sonrientes, música pegadiza e imágenes de niños que van a la escuela”, pero dicen poco o nada sobre las propuestas de cada partido o sector.

Por estas dos razones, Risso propuso prohibir la propaganda política electoral en los medios audiovisuales de forma permanente y no sólo en los períodos preelectorales fijados por ley. De esta manera, explicó el constitucionalista, “se elimina toda diferencia económica entre los partidos en materia de publicidad en los medios audiovisuales y todos compiten en igualdad de condiciones”.

En lugar de publicidad político electoral, Risso propuso “establecer que cada medio debe otorgar, en un cierto número de días antes de las elecciones, un espacio de media hora gratis, en horario central, para que comparezcan, por separado, los distintos candidatos de los partidos y expliquen su propuesta política”. Según este planteo, los medios sortearían con los partidos los días en que cada uno aparecería.

¿Qué dicen de esta observación? ¿Aporta la publicidad electoral a la calidad democrática?

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Foto: Captura de video, Santo y Seña

El fiscal de Corte Juan Gómez sostuvo ayer que la Fiscalía General de la Nación “no negocia con narcotraficantes”. La declaración fue una respuesta a las conversaciones que, según dijo el abogado Santiago Moratorio, ha mantenido con varias autoridades para que su cliente, Sebastián Marset, se entregue a la justicia uruguaya junto a sus familiares.

Hablando con el informativo Subrayado, Gómez dijo que “ningún fiscal está dispuesto a saltear la aplicación de la ley y de los tratados y convenios internacionales que rigen”. Y agregó: “Si hay una alerta roja de Interpol, se actuará como debe ser” y “Marset será detenido”.

“Un mensaje muy claro, la Fiscalía General de la Nación está para cumplir las normas y de modo algun, ningún fiscal podría pasar por encima de la ley y de los tratados internacionales. Que quede muy claro, no se negocia con narcotraficantes en esta situación”.

El domingo pasado, en el programa Santo y Seña de Canal 4, Moratorio confirmó que desde finales de 2022 está en “conversaciones” con autoridades uruguayas en busca de que “garantías” para que se entreguen a la justicia de nuestro país Marset, un hermano suyo, su cuñado y su pareja, que están requeridos en Paraguay.

Moratorio explicó que el objetivo es que estas tres personas no sean extraditadas a Paraguay y sean enjuiciadas en Uruguay, donde podrían demostrar que no hay pruebas de que hayan cometido ilícitos. Moratorio dijo que mantuvo conversaciones con la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y el Ministerio del Interior.

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Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos.

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