Por Fernanda Boidi ///

En Argentina, todos serán un poco peronistas, pero en el mundo político (y en el de los medios, y hasta en lo social) está claro que hay un “bando” K y uno anti-K. Y el país está partido en mitades similares entre uno y otro.

En Estados Unidos, el muy poco ortodoxo Donald Trump ganó las elecciones con la mayoría de los votos electorales, mientras que su contendiente, Hillary Clinton, ganó el voto popular. Allí también, al menos entre los que votaron, las aguas están divididas en un escenario de creciente polarización, que empezó su escalada bastante antes de las elecciones de 2016 pero claramente se exacerbó tras ellas.

Aunque hay otros, estos son dos claros ejemplos en la región de sistemas divididos en dos bloques muchas veces antagónicos; son ejemplos de democracias partidas. Polarización, bloqueos legislativos, políticas ambiciosas que naufragan o que rápidamente deben ser sometidas a contramarchas, y conflictos entre los tres poderes del Estado son la tónica, pero también la pista de que aún se trata de democracias; divididas, sí, y con problemas, pero democracias al fin.

En la región, no obstante, hay otra clase de “democracias partidas”, ya no en tanto divididas -aunque así comenzó su declive- sino simplemente rotas. A mi juicio, que es compartido por muchos otros observadores, ya no hay dudas de que Venezuela no puede ser considerada una democracia. Quienes hace décadas ostentan el poder primero se burlaron de la oposición a la que legítimamente habían “aplastado” en las urnas llamándolos “escuálidos”, luego los censuraron, después los acosaron, golpearon y encarcelaron. En el camino, promovieron por todos los medios al alcance la división de los ciudadanos con un discurso maniqueo y simplista, mientras vaciaban las arcas del Estado, destrozaban la economía interna y desmantelaban la institucionalidad democrática, o lo que iba quedando de ella.

Este pasado fin de semana se celebraron las elecciones presidenciales en Ecuador, con un gobierno que es otro ejemplo de la “nueva izquierda” latinoamericana devenida en populismo en declive. Un país que es otro ejemplo de democracia partida, con mitades casi exactamente iguales: una de ellas apoyando el proyecto correísta, y la otra tras cualquier propuesta que implique apartarse de él. Una democracia “partida” en tanto dividida, bajo riesgo de volverse una democracia rota.

En mi primera visita a Quito, un querido lugareño me llevó al centro histórico y me mostró la Plaza de la Independencia, frente a la casa de gobierno, describiendo el lugar como “dónde venimos a tirar a los presidentes”. Resumía, de este modo, décadas de democracia precaria, o por momentos inexistente, de corrupción, de presidencias bizarras y mandatos interrumpidos, y de la única salida posible ante los ojos de los ecuatorianos para recuperar su soberanía: marchas para derrocar al tirano.

Con la llegada de Rafael Correa al poder, soplaron vientos de cambio. Hubo crecimiento, se promovió la inclusión y los indicadores democráticos de Ecuador en principio se fortalecieron, y lo hicieron marcadamente. Luego de muchos años, los ciudadanos estaban conformes con la marcha de las cosas, y empezaban a mostrar signos de satisfacción con el modo en que la democracia y sus instituciones funcionaban en su país. Pero, al mismo tiempo, se volvían menos tolerantes de los que pensaban distinto. Una historia que parece repetirse…

Y esa intolerancia ha sido, sin duda, fomentada por el gobierno, empeñado en demostrar a toda costa que la única lectura posible era la oficial, llegando al punto de perseguir y censurar a la oposición política, mediática y académica en una ridícula cruzada que le valió la degradación de su categoría democrática según estándares internacionales.

Paradójicamente, tal vez el mayor legado del gobierno de Correa sea el que hoy se le vuelve en su contra: en la lucha por la inclusión y la expansión de los derechos empoderó a los ciudadanos, que hoy se paran en la Plaza de la Independencia no a decirle que se vaya, sino a exigirle a él y al Consejo Nacional Electoral que respeten la institucionalidad y garanticen la transparencia del proceso electoral y la limpieza de los resultados… Puede tratarse de la misma vieja medida, pero vaya si el contenido y el espíritu es otro. Ojalá esto sea indicador de que estamos ante otra democracia partida, pero no rota.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 22.02.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

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Por Fernanda Boidi ///

La tradicional calma noticiosa de principios de año se vio abruptamente interrumpida por la información del procesamiento de varias personas por explotación sexual de menores. El lamentable episodio que suscitó amplia cobertura en una época donde usualmente hay poco para reportar, contaba con todos los ingredientes para despertar el interés, el morbo y las reacciones más viscerales de la audiencia.

Los hechos y el tratamiento mediático y social dejaron sobre la mesa varios temas para la reflexión.

De acuerdo a la información de público conocimiento, y pese a que algunos de los actos que llevaron al procesamiento fueron perpetrados en las propias unidades de la empresa, la justicia no encontró responsabilidad de Cutcsa en los hechos. Es más, la empresa rápidamente deslindó responsabilidad, negó asistencia legal a los implicados, y más tarde despidió a los trabajadores procesados, mientras que reportó continuar con las investigaciones internas. No tengo particular simpatía por Cutcsa, pero creo que vale la pena cuestionarse si está bien que el nombre de la empresa haya aparecido en cuanto titular y cobertura mediática hubo sobre el tema, quedando por tanto asociado a un hecho negativo. Era información contextual, de relevancia para entender la noticia, se dirá. Puede ser. Pero al menos me parece que amerita detenerse un minuto a pensar sobre las consecuencias de las asociaciones y declaraciones públicas que muchos de nosotros hacemos muy sueltos de cuerpo.

Mucho más que la afectación o no de Cutcsa, me preocupan las extendidas  reacciones de condena a las víctimas y la violación de la privacidad en redes sociales amparados en el anonimato.

Los matices que se ponían a la culpabilidad de los ahora procesados se apoyaban en “evidencia” de videos de contenido sexual explícito de las chicas implicadas, y que rápidamente se viralizaron. Sigo sin entender cómo podemos seguir apropiándonos de material privado, analizarlo y difundirlo como si se tratara de un programa de televisión, como si la conducta de cada uno de los que reciben, abren, comentan y comparten estos videos no tuviera consecuencias terribles sobre el destino de las personas cuyas vidas quedan expuestas al público y que, precisamente por ello, cambian para siempre.

En este caso se trata de material vinculado nada menos que a un delito, pero lo mismo corre para cualquier foto o video íntimo que termina volviéndose viral al margen de las intenciones de sus protagonistas. Lo privado se vuelve público, descontroladamente público, pero sólo porque muchos individuos son artífices anónimos, impunes, de esa bola de nieve, sin sentirse responsables por ello, ni por serlo ante la justicia. Me parece que en este ámbito hay mucho por discutir, por conscientizar y por reglamentar.

Volviendo al centro del asunto… “Esas de nenas no tienen nada”, “A esta edad las gurisas vuelan ahora”, rezaban algunos de los comentarios en portales de noticias y redes sociales ante los artículos sobre el caso, pero también en más de una charla de bar o de playa. El eje de la cuestión era que las conductas de las menores no eran típicas de adolescentes “bien criadas”, y que además resultaba claro que habían otorgado su consentimiento y hasta sacado algún partido de su conducta.

Responsabilizar a las menores vulneradas de la situación a la que fueron expuestas no hace más que revictimizarlas. Su pasado, su conducta, sus valores, carece de relevancia cuando se cruza la línea del abuso por parte de los adultos.

Qué valores tienen los jóvenes hoy, cómo llegaron las víctimas a esta situación, qué responsabilidades caben a los padres, son todas discusiones muy válidas que deberían también darse. Pero, mientras no se cambie la legislación modificando la mayoría de edad, las nenas son nenas, y es responsabilidad del Estado (quisiera pensar que aún también de la sociedad) protegerlas.*

*¡Claro, los nenes también son nenes y aplica la misma lógica!

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 01.02.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

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Por Fernanda Boidi ///

Edgardo Novick ha sido una de las figuras políticas más interesantes de este 2015; colmo de la ironía porque se trata probablemente del outsider más puro que se ha visto en mucho tiempo en este país. Candidato de último momento y casi de relleno a la Intendencia de Montevideo por el novel Partido de la Concertación, para sorpresa de muchos fue el más votado dentro de esa fuerza y obtuvo más de 200.000 adhesiones.

Su corta campaña hacia la Intendencia y su comunicación con posterioridad a las elecciones departamentales se han centrado en el ataque duro y frontal a las administraciones frenteamplistas: José Mujica y Ana Olivera primero, Daniel Martínez más recientemente. Su eslogan es “Un cambio de frente;” su estrategia es la campaña negativa; insistente y muchas veces agresiva.

Cuando en noviembre de este año Novick registró su agrupación dentro del Partido de la Concertación e inició una gira nacional sugiriendo que estaba midiendo sus fuerzas para una plataforma nacional, se dispararon las alarmas entre los fundadores de la Concertación. Tanto, que le cerraron la puerta a sus aspiraciones nacionales –al menos en el marco del Partido de la Concertación– ratificando la “exclusiva vocación departamental y municipal” de la colectividad fundada por blancos y colorados. Claro que esta “frenada” no necesariamente frustra las eventuales aspiraciones presidenciales de Novick. Aún puede formar su propio partido, o competir en la interna de otros partidos; ya se ha coquetado más de una vez con la idea de que pudiera sumarse al Partido Colorado.

Esta semana otra vez ha vuelto al centro de la atención, al acordar con Daniel Martínez el apoyo de su sector al Fondo Capital, aunque en una versión reducida para inversión en obras puntuales de infraestructura vial y limpieza. En un cambio radical de estrategia combativa a una colaborativa, Novick acordó que sus ediles apoyaran en la Junta Departamental la creación del fideicomiso que permitirá estas obras. Como contrapartida, solicitó el compromiso de que la Intendencia de Montevideo recortara sus costos y la auditoría de este fideicomiso por un comité con mayoría opositora.

Este giro hacia la oposición constructiva muestra una nueva faceta de la corta pero intensa carrera política de Novick. Apoyó la propuesta de Martínez, pero en sus términos: limitada a las áreas que eran prioridad en su plataforma, acotando el nivel de endeudamiento, y con controles. En las horas posteriores al acuerdo se ha ocupado de hacer públicas estas “condiciones” en todos los medios en los que ha hablado, que no han sido pocos.

Y así, con un paradójico “cambio de frente” que no se da en el Gobierno de Montevideo sino en su estrategia política, ha vuelto a estar en el centro del tablero político, otra vez suscitando la atención y marcando una de las acciones de la oposición –departamental y nacional– de mayor relevancia de los últimos tiempos.

Si lo que ha sucedido en los pocos meses transcurridos desde su proclamación como candidato en febrero de 2015 es antecedente de lo que puede venir en el futuro, vamos a tener un período interelectoral cuando menos muy interesante.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 23.12.2015, hora 08.05

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Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

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Por Fernanda Boidi ///

El pasado lunes culminó la Expocannabis 2015. En su segunda edición, este evento cuya misión es “generar un espacio de comunicación y articulación entre todos los actores relacionados al cannabis” tuvo como tema central los usos medicinales, terapéuticos e industriales.

En la expo había puestos de bancos de semillas y locales de parafernalia cannábica que promocionaban sus productos, stands de ONGs y de organismos gubernamentales (Junta Nacional de Drogas, Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y una oficina del Correo en la que los autocultivadores se podían registrar). Había un “laboratorio cannábico” que presentaba al público los resultados de diversas investigaciones que se están llevando adelante en el país. Esto complementado por una serie de conferencias de académicos locales y extranjeros, y por un consultorio de medicina cannábica.

Esta iniciativa privada es, en mi opinión, el esfuerzo nacional más comprensivo y masivo de informar sobre el cannabis y su regulación. Y como tal viene a llenar un vacío muy grande en la implementación de la Ley 19.172, que regula el mercado de marihuana.

Ciertamente se ha avanzado en el control y regulación del mercado de cannabis: el registro de autocultivadores y los clubes ya están funcionando, y se progresa, aunque a un ritmo menor al originalmente estimado y ciertamente por debajo de las expectativas de los promotores de la ley, el expendio a través de farmacias.

Por un lado, la iniciativa sin precedentes de regular todas las fases del mercado de marihuana requiere un esfuerzo titánico que insume muchos recursos materiales y humanos, y toma tiempo, incluso en las mejores condiciones.

Pero además, están los tiempos políticos. La ley de marihuana fue una de las medidas más salientes del gobierno de José Mujica; pero no cabía esperar que el presidente Vázquez la abrazara con igual fervor, en especial cuando se había manifestado públicamente en contra de algunas de sus provisiones –como la venta en farmacias– aunque de todos modos, dispuesto a ejecutarla.

Aún circula en redes sociales la foto de una pancarta exhibida en una manifestación pro reforma migratoria en EEUU. La pancarta decía “Al diablo con la hierba, legalicen a mi madre”, en clara queja respecto a las prioridades de la agenda gubernamental en un estado con marihuana legal.

Bueno, aquí estaría sucediendo lo inverso. Las prioridades de Vázquez no son las de Mujica. Y es la marihuana la que ha quedado relegada en la agenda. Además de la posición personal de Vázquez en torno al tema de la regulación del cannabis, está la oportunidad política. ¿Qué incentivos tendría Vázquez para acelerar a fondo en la implementación de una política que “heredó” de la anterior administración, pero que claramente no es prioritaria en la suya? ¿Por qué, en un contexto de baja aprobación de su gestión, habría de comprometerse con una medida que es impopular?

A pocos meses de entrada en vigencia la ley, seis de cada diez uruguayos la rechazaban, y uno de cada cinco no podía pensar un motivo por el cual se había tomado la medida. Las cifras de apoyo a la ley no han cambiado mucho desde entonces, y entonces el respaldo estaba en gran medida explicado por la visión favorable hacia Mujica y su gestión.

Sin embargo, hay un aspecto de la implementación de la ley en el que seguramente se podría avanzar sin comprometer prioridades ni popularidad. Es más, alineada con la campaña contra el consumo abusivo de alcohol, luce como que ya es tiempo de una campaña informativa en serio sobre la ley de marihuana, sus motivaciones, alcance e implicancias.

Pero fundamentalmente una campaña de prevención especialmente focalizada en un público muy vulnerable, un público entre el que ha aumentado el consumo de marihuana hasta exceder al de tabaco, un público que queda por fuera del uso controlado porque este rige para los mayores de 18 años, y un público que además sufre en mayor medida las consecuencias perjudiciales del consumo de cannabis en su desempeño educativo pero también en términos de salud mental. Este público son los adolescentes. Si como colectivo nos preocupa su futuro en materia de educación, tanto más debería de preocuparnos en términos de salud y bienestar.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 9.12.2015, hora 08.05

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Por Fernanda Boidi ///

Varios medios informaron la semana pasada que Edgardo Novick, excandidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, Edgardo Novick, había comenzado una gira nacional al tiempo de haber inscripto la agrupación “Mejor Juntos” dentro del nuevo partido.

El Partido de la Concertación nació del acuerdo de blancos y colorados en aunar esfuerzos para presentar una alternativa a las candidaturas frenteamplistas a la Intendencia de Montevideo. Su objetivo siempre estuvo claro, y hasta delimitado geográficamente: ganarle al Frente Amplio la Intendencia de la capital. Para el éxito electoral, el tema de las candidaturas resultaba clave: la idea era ofrecer candidatos atractivos para los votantes de los partidos tradicionales –que ya no podrían poner la papeleta de sus amores en la elección departamental– y tal vez algún independiente para apelar a otros votantes. Pero las cosas se complicaron.

Luis Lacalle Pou le bajó el pulgar a Jorge Gandini, quien se venía perfilando como el candidato de peso del Partido Nacional. Ney Castillo renunció a su candidatura impulsada por el Partido Colorado. Ante esta situación finalmente quedaron Alvaro Garcé y Ricardo Rachetti como los candidatos por los partidos Nacional y Colorado, respectivamente. A ellos se sumó Novick, el candidato independiente. En febrero de 2015 los tres fueron proclamados por la convención partidaria.

Novick era la figura nueva. Se presentaba como un empresario exitoso hecho desde abajo en base a esfuerzo y dedicación; ser un outsider era la credencial que mostraba para la gestión eficiente que prometía para Montevideo. De un desconocido para los votantes pasó a ser, para muchos, la figura de la elección capitalina. Su corta carrera hacia la intendencia estuvo marcada por una fuerte presencia en los medios y por una campaña negativa que apuntaba contra la gestión frenteamplista. Tanto así, que su slogan fue “Un cambio de frente” y su plataforma electoral se articulaba en doce puntos de “no más”: no más despilfarro, mugre o corrupción. Todos señalaban carencias de la administración municipal.

En los comicios departamentales de mayo Novick obtuvo más de 200.000 adhesiones; casi la cuarta parte del total de votos emitidos en Montevideo, más del doble de los votos recogidos por el candidato por el Partido Nacional, y trece veces los votos del candidato del Partido Colorado. Nada mal para un recién llegado a la política. Está claro que Novick logró hacer sintonía fina con el descontento de algunos sectores de la población; muchos de los montevideanos estaban disconformes con las cosas que Novick criticaba del gobierno de Ana Olivera.

Para la Concertación, el éxito de Novick tenía cierto gustito a fracaso; el desempeño de los candidatos de los fundadores había sido indiscutiblemente empañado por el del debutante. Y no se había cumplido el objetivo original de derrotar al FA.

Tras las elecciones, Novick se ha mantenido muy activo en los medios de comunicación y en las redes sociales, criticando con dureza al gobierno nacional y al departamental. Otra vez, sus blancos parecen estar en sintonía con lo que las encuestas suelen marcar como las principales preocupaciones de los uruguayos: seguridad, educación, combate a la corrupción. Ahora registró su agrupación dentro de la Concertación, en lo que sugiere ser un movimiento para apropiarse de esta fuerza política para fines muy distintos a aquellos con los que ella nació. Se habla de la proyección nacional que buscaría tener de cara a la carrera presidencial de 2019.

Novick parecer haberse convertido en el Frankenstein de la Concertación: algo que no puede ser controlado por aquél que le dio vida. De concretarse su candidatura presidencial, en lugar de ser el punto de encuentro de los partidos Colorado y Nacional, la Concertación pasaría a ser un competidor directo de éstos.

Al saludar a Mauricio Macri por su triunfo electoral en Argentina Novick tuiteó: “Bienvenido el cambio en Latinoamérica. Bienvenida la gestión” en lo que parece ser un guiño a su propia propuesta. Sin embargo, el paralelismo entre ambos candidatos no va mucho más lejos de su común origen empresario, del énfasis en lo pragmático y de los colores usados en su comunicación.

Macri habrá comenzado como un outsider a la política argentina, pero claramente se adaptó a las reglas; creció en todo el país apoyándose en estructuras partidarias de larga tradición, se armó desde adentro, señaló problemas al tiempo que propuso soluciones, esperó su momento. Ninguna de estas características que, a mi juicio, explican en parte el éxito de Macri parecen estar presente en lo que hemos visto de carrera política de Novick.

La crítica de lo que todos, o de lo que muchos, ven defectuoso puede hacer ganar adhesiones y simpatías, pero no alcanza para sentar las bases de un verdadero movimiento nacional. La crítica dura y constante a autoridades que fueron elegidas por las mayorías en procesos electorales intachables no hace otra cosa que desgastar. Un poco, tal vez, a esas autoridades y a la institucionalidad que ellas representan, pero también al electorado.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, jueves 26.11.2015, hora 08.05

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Por Fernanda Boidi ///

La semana pasada cerró con la terrible noticia de los atentados del Estado Islámico (EI) en París, que dejaron más de 120 muertos en la capital francesa y gran conmoción en el resto del mundo. Este episodio acaparó la cobertura de los medios, y en las redes sociales explotaron los mensajes de dolor y de solidaridad con el pueblo francés.

Sin embargo, las de París no fueron las únicas acciones con saldo mortal atribuido a EI esa semana. El jueves 12 un atentado en Beirut dejó más de 40 muertos y 200 heridos. Ese mismo día, un ataque suicida en Bagdad tuvo como saldo al menos 17 muertos. Pero la atención prestada desde este rincón del mundo a estos otros episodios fue entre mínima y nula. La diferencia no está dada solo por las cifras de fallecidos y heridos, ni por lo impactante de las operaciones que llevaron a tales resultados. Hay también un componente de proximidad cultural, que hace que estos distintos actos terroristas se perciban como más lejanos o más cercanos, a pesar de que de acuerdo a la información disponible tuvieron un responsable común.

Al margen de la consternación que estos hechos generan, los uruguayos no estamos demasiado preocupados por el terrorismo (bueno, al menos no lo estábamos hace algún tiempo). En 2010, y según la encuesta del Barómetro de las Américas de ese año, Uruguay era el país con la menor preocupación en todo el continente por la posibilidad de un atentado terrorista. En una escala de 0 a 100, en la que 0 es “nada preocupado” por la posibilidad de un ataque en suelo nacional y 100 es “muy preocupado”, el promedio para Uruguay fue de 18 puntos; el más bajo de todos. Es más, el 19 % de los consultados en esa oportunidad escogió la opción “no he pensado mucho en eso” y declinó por tanto brindar una respuesta. Como referencia, los colombianos eran los más preocupados con 67 puntos en promedio, los estadounidenses alcanzaban un promedio de 48.

Luego de que el canciller Rodolfo Nin Novoa anunciara, precisamente desde París, que Uruguay se encolumnaría en el combate al Estado Islámico, el cónsul uruguayo en Toulouse manifestó preocupación por posibles represalias contra su sede de parte de los terroristas. Este fin de semana, al leer que EI se adjudicaba los atentados de París y advertía que “Francia y los que siguen su camino continúan siendo los principales objetivos del Estado Islámico” me sentí un poco como el cónsul de Toulouse, debo confesar. Y me acordé de los datos de esta encuesta, y me pregunté cómo serían hoy las respuestas de los uruguayos. ¿En cuántos la preocupación por el terrorismo se habría vuelto algo mucho más cercano? ¿Y de qué modos afectaría esto su forma de ver y evaluar el gobierno, y más en general, sus valores democráticos?

El orgullo y el prestigio que supuestamente implica sentarse a la mesa del grupo selecto de países que sentencia sobre la guerra y la paz en el mundo no luce como recompensa suficiente para los problemas que en diversos frentes el ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU podría traerle a la administración Vázquez y al país. Creo que los atentados de París lo han puesto impetuosamente de manifiesto.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 16.11.2015, hora 08.05

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Por Fernanda Boidi ///

El ciclo electoral argentino está llegando a su fin, y con él tal vez llegue a su fin también la era de la política “K”. Los años del kirchnerismo han sido años de políticas sociales ambiciosas, de política sucia, de ceses de pagos embanderados de reclamos de soberanía y de tanta cosa más dependiendo de en qué vereda se para cada uno. También han sido años de una profunda división, en gran parte fomentada desde el discurso oficial de populismo de manual que separaba “buenos” (ellos) de “malos”: todos los que tenían objeciones –de cualquier tipo– al proyecto nacional y popular.

Muchos de nosotros miramos lo que sucede en Argentina algo espantados y al mismo tiempo aliviados por haber nacido de este lado del charco. Muchos de nosotros pensamos que por suerte estas cosas no pasan acá, y seguramente nunca pasarán, porque, entre otras cosas que hacen la diferencia, acá somos inclusivos, y si no, por lo menos, somos plurales. Ese pluralismo está en la base de la institucionalidad nacional. Sin embargo, algunos acontecimientos del último tiempo me han hecho pensar en algunos puntos de contacto con esa realidad argentina; puntos de contacto que, creo, habría que atender, ya que develarían, justamente, la ausencia de pluralismo.

Días atrás se constituyó la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que nuclea trabajadores y jubilados de 11 sindicatos que dicen no sentirse representados por el PIT-CNT. La respuesta del PIT-CNT ante el nacimiento de esta nueva central sindical fue la de minimizar su relevancia: se dijo simplemente que “no existe” o que se trata de minorías que solo quieren dañar al movimiento sindical. Se señaló, además, el riesgo de dejar de contar con una única central sindical. No hay mucho de vocación pluralista en estas declaraciones.

Lo mismo puede decirse del vehemente rechazo de las gremiales del transporte ante la irrupción de Uber en la escena local. Aunque, claro, este es un caso bastante complejo por sus aristas comerciales y legales.

Hace algunas semanas, el senador Jorge Larrañaga escribía en su columna en la web de Alianza Nacional sobre la división del país, responsabilizando de ello al Frente Amplio por propagar una retórica de “buenos” y “malos”, donde solo habría lugar para lo “bueno” que se hace desde esa fuerza política. No se puede ignorar la carga partidaria y seguramente electoralista del planteo de Larrañaga, pero su preocupación va en la misma línea de los otros episodios señalados.

Es más, desde el Frente Amplio se advertía algo parecido, pero cargando las tintas hacia el otro lado. Ante lo que se denominó como la manifestación vernácula de una tendencia regional de desprestigio a los gobiernos de izquierda, la Mesa Política resolvió lanzar una campaña comunicacional. Esta campaña buscaría la defensa del proyecto y gestión de gobierno para contrarrestar la ofensiva acusatoria “de la derecha y de los medios” ¿Suenan familiares los términos en los que se plantea esta contienda? Para mi gusto, demasiado.

Seamos claros: estos episodios señalados están lejos de ser evidencia de un viraje inexorable hacia las política populista instalada en Argentina. No es la intención de esta columna implicar tal cosa. Sí creo que vale la pena llamar la atención sobre que algunos discursos y algunas prácticas que hoy se observan en Uruguay se parecen más que antes a los ejemplos menos felices de los vecinos.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 11.11.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

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Por Fernanda Boidi ///

Uber, la empresa que clama haber revolucionado la movilidad urbana en más de 300 ciudades de todo el mundo ciertamente revolucionó las cosas en Uruguay la semana pasada, cuando a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a conductores interesados en proveer el servicio en Montevideo.

Uber se define como una aplicación para smartphones que permite conectar conductores con personas que necesitan un viaje. En estricto, no brinda un servicio de transporte, lo que ofrece es facilitar el vínculo entre “conductores privados” (personas que tienen su propio auto y que están dispuestas a transportar a otros) y ciudadanos que precisan desplazarse y que pagarían por ello. En esta particular definición del negocio radica la controversia sobre su estatus legal. La empresa clama simplemente oficiar de nexo entre particulares (nexo por el que cobra un 20 % de lo que gana el conductor por cada viaje). Sin embargo, los críticos (encabezados por los servicios de taxi tradicionales para los que representa una poderosa amenaza) señalan que esta definición es un artificio para evadir la regulación.

Para ser usuario, como pasajero se necesita tener un teléfono con la aplicación descargada, conexión a Internet, una cuenta de usuario y una tarjeta de crédito previamente asociada a la cuenta. Las distintas revisiones de la plataforma que investigué estos días concuerdan en que el usuario es el claro beneficiado con este servicio. Esto coincide, además, con mi propia experiencia. Probé Uber hace unos meses en Miami y me volví fan.

Es muy cómodo: la aplicación permite encontrar los coches disponibles en la zona, y uno sabe cuánto demoraría cada uno en llegar a buscarte (es más, una vez seleccionado el coche se lo ve desplazarse por el mapa mientras viene en camino). Es seguro: no se maneja efectivo, el costo se debita de la tarjeta preestablecida una vez que pasajero y chofer dan “OK” en destino. Al seleccionar el coche el usuario recibe la descripción completa de auto y del chofer –que se supone pasó varias pruebas para ser admitido– incluyendo nombre y foto, así como su puntuación y comentarios de otros usuarios (siempre te puede tocar un sicópata, claro, como con cualquier otro servicio; si así fuera, al menos estaría bien identificado). Es más barato: qué tanto más barato depende de zonas y horarios (las tarifas se ajustan por oferta y demanda) pero la regla es que es siempre más barato que el taxi común. En mi experiencia fue entre 40 % y 60 % más barato. Es agradable: los autos están bien mantenidos y los choferes son amables (a mí me tocó uno que tenía botellas de agua para los pasajeros, otro que me preguntó qué música quería escuchar y otro que respondió con paciencia mis preguntas sobre el funcionamiento del sistema); claro, no es que todos los choferes sean per se atentos, la clave es que si no mantienen calificaciones altas de parte de los pasajeros se los saca del sistema. Hay, por tanto, potentes incentivos para que el servicio esté fuertemente orientado al usuario.

Esta es seguramente la clave por la que se celebró tanto en portales de noticias y redes sociales la inminente llegada de Uber a Uruguay. Con tantas ventajas para los usuarios, la movida a primera vista obvia sería abrazar y dar la bienvenida al sistema, esperando, además, que la competencia obligara al servicio de taxis convencionales a mejorar.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Y no solo debido a la feroz oposición que se hace, como cabía esperar, desde el gremio del taxi. Uber es un dolor de cabeza también para las autoridades y ha sido fuente de múltiples conflictos en varios contextos, que han sido resueltos de modos diversos (en el estado de Florida, en EEUU, funciona en algunos condados pero no en otros, por ejemplo). Hay ciudades que han regulado el servicio (en Nueva York se exige a los conductores de Uber requisitos similares a los que se piden a los taxistas convencionales). En algunos países se ha permitido a Uber operar pero con limitaciones, o pagando ciertos impuestos. En otros, se ha prohibido por completo.

Los argumentos para prohibir o limitar a Uber pasan por la competencia desleal: en los hechos, los conductores de Uber ofrecen un servicio de taxi sin pagar la licencia de taxi, ni pagar seguridad social por los trabajadores. Se critica también la vulnerabilidad para los choferes, que ganarían cada vez menos al bajar las tarifas por la propia irrupción de Uber en el mercado, además de que por el modelo de trabajo carecerían de protección social.

Hay preocupación en materia de seguridad del pasajero que se sube a un vehículo particular y no identificado, y también en relación a la responsabilidad en caso de accidentes. Se señala la pérdida de ingresos del Estado, porque deja de recaudar impuestos por esos viajes (algo fácil de solucionar porque todas las transacciones en Uber son con tarjeta); y se habla también de la pérdida de control del Estado ante la presencia de un servicio informal en un rubro que, en otras variantes, está fuertemente regulado.

Me parece que algunos de estos puntos son de atención, bastante más allá del capricho y pataleo de la gremial del taxi. Me parece, entonces, que el debate no puede reducirse a “Uber sí, Uber no”; si el cliente tiene al menos algo de razón, el título del debate debería ser “Uber sí, pero en qué condiciones”.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 4.11.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

Foto: Imagen de difusión de Uber en la que se ve la pantalla para solicitar un viaje desde la aplicación. Crédito: Uber.

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Por Fernanda Boidi ///

La semana pasada fue la Semana Nacional de la Seguridad Vial. Como en ediciones anteriores, incluyó  actividades de difusión, iniciativas promotoras de la toma de conciencia y el fomento de  buenas prácticas en el tránsito. En este contexto, diversos medios destacaron la importancia de los sistemas de retención infantil para prevenir lesiones severas y fallecimientos de niños en accidentes de tránsito, discutieron el riesgo al que se exponen los motociclistas (en especial los que no llevan los implementos de seguridad necesarios) y criticaron los a todas luces insuficientes mecanismos de control y de sanción. Para el éxito de las políticas en materia de seguridad vial, o en otras palabras, para que tengamos menos heridos y menos muertos en nuestras calles y rutas, es imperativo que se hagan cumplir las regulaciones existentes, y que se castigue severamente a quienes las infringen.

¿Quién de nosotros no ha leído de reojo algún mail con el título “Urgente” mientras esperaba en el semáforo o en un trancazo en hora pico? ¿Quién no mandó un mensaje de texto “Llego en 5” a alguien que nos estaba esperando a algunas cuadras mientras estaba al volante, o excedió el límite de velocidad permitido para llegar a tiempo? ¿Quién no cruzó la calle con el semáforo en rojo, o zigzagueando entre los autos para no perder el ómnibus que amenazaba con partir desde la acera de enfrente? Pero mucho peor aún, ¿quién de nosotros no ha hecho esto, al menos alguna vez, frente a sus hijos? Me aventuro a decir que probablemente muy pocos.

Hace algunos años se hizo viral un video de Napcan, la Asociación Australiana para la Prevención del Abuso Infantil titulado “Children see. Children do”, algo así como “los niños hacen lo que ven”. En la pieza, se veía a niños pequeños imitar el comportamiento grosero, violento, o abusivo de los adultos a los que acompañaban, tal como si fueran una sombra, en pequeño, de estos referentes mayores. Los niños hacen lo que ven. Y lo harán de por vida una vez que internalicen esos hábitos.

Yo me considero una conductora prudente y –en general– respetuosa de las reglas. Soy, además, una fundamentalista en materia de la seguridad de los niños en los vehículos (“la de las sillitas” me llaman con algo de sarcasmo en algunos círculos). Sin embargo, hace algunas semanas, Antonio, mi hijo de 5 años, me agarró con la guardia baja. Veníamos en el auto y yo comenté, fastidiada, sobre otro conductor que realizó una maniobra inapropiada. Mi hijo respondió con un: “¿Vos nunca te equivocás cuando manejás?”, con un tono de igual o superior fastidio al de mi comentario.

Su reacción me hizo pensar inmediatamente en el video que recién mencionaba, y dejó chiquitito el orgullo con el que predico el uso de los sistemas de retención infantil. Su comentario me hizo pensar en qué clase de peatón o conductor estaría criando si el mensaje que transmito es que son los otros los que se equivocan en el tránsito, y que por tanto, la seguridad vial es problema de los otros.

Su comentario, en suma, inspiró estas líneas, al reforzar mi convencimiento de que tal como se ha señalado estos días, autos y carreteras seguros son importantes, sí, para reducir los siniestros, que las autoridades tienen mucha responsabilidad al otorgar los permisos de conducir y al fiscalizar y sancionar, también, pero que en última instancia, cada uno de nosotros es individualmente el único responsable directo de la seguridad vial hoy, y más importante aún, de la seguridad vial de mañana.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 26.10.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

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Por Fernanda Boidi ///

En 1964, un juez de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, Potter Stewart, acuñó una frase que describe a mi juicio lo que sucede con la corrupción ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos. El juez Stewart tenía que dilucidar en un caso si una película debía considerarse o no obscena, y se le dificultaba mucho encontrar la definición y los parámetros para tal determinación. Stewart escribió que si bien no podía definir qué era pornografía, él, al igual que cualquier otra persona, “lo sabía cuando lo veía”. Desde entonces, esta expresión ha sido utilizada a menudo para referirse a temas o problemas difíciles de definir o delimitar desde lo conceptual, pero que a todos resultan evidentes cuando están en su presencia.

Me parece que con la corrupción pasa lo que con la pornografía. Tal vez la mayoría de los ciudadanos no la pueda precisar con palabras, pero sabe claramente cuándo está frente a ella. Para los análisis empíricos, la corrupción se define frecuentemente como el uso de recursos públicos para la obtención de un beneficio particular. Sin embargo, prácticas que van más allá de esta definición y que implican comportamientos deshonestos o ilegales, especialmente vinculados al abuso del poder (político o económico) en órbitas públicas o privadas, son también consideradas corruptas por la mayoría.

Por estos días, el debate del Presupuesto puso en la agenda de modo inesperado el tema de la corrupción en Uruguay. Al discutir los artículos que refieren a loterías y quinielas y a la posibilidad de ampliar la oferta de juegos vinculados a los deportes, los diputados Darío Pérez y Jorge Gandini denunciaron, cada uno por su lado y ambos sin eufemismos, la influencia del poder económico en la política a través de distintas formas de presión (desde el financiamiento de campañas hasta las amenazas), se refirieron a cómo los agentes de lotería y quiniela constituyen un monopolio de grandes ganancias que ha sido históricamente beneficiado por las políticas en la materia, y denunciaron la existencia de negocios ilícitos en torno a juegos de azar. Se habló, en suma, de varias prácticas que ante los ojos de los ciudadanos suenan a “corrupción”.

Uruguay es uno de los países de las Américas con los niveles más bajos de victimización por corrupción y de percepción de corrupción entre sus gobernantes* con valores ínfimos cuando se compara con otros países de la región. Sin embargo, en los últimos tiempos casos como los de Pluna, Ancap y ahora esta denuncia vinculada a los juegos de azar –pero que implica prácticas que indudablemente trascienden el rubro– cuestionan aquella excepcionalidad uruguaya en la materia.

A nivel de la opinión pública, las experiencias directas con la corrupción son nocivas para el apoyo al sistema democrático (aquellos a los que un funcionario público les pidió una coima, por ejemplo, tienden a confiar menos en las instituciones políticas y a estar menos satisfechos con el funcionamiento de la democracia), pero las percepciones también importan. Con independencia de los niveles reales de corrupción en un país, y con independencia de si las denuncias sobre corrupción terminan con procesamientos judiciales o no, los ciudadanos que creen que hay corrupción en sus países también tienden a desconfiar de sus instituciones y a apartarse de las mejores prácticas democráticas.

Seamos claros, el apoyo ciudadano de los uruguayos a su sistema democrático no está en riesgo, es uno de los más altos de la región. Pero, los hechos y las denuncias sobre corrupción empiezan a hacer ruido y a cuestionar el lugar que Uruguay ocupa en el pedestal como el campeón de la transparencia. Mi intención no es señalar el riesgo que las denuncias como las de los diputados Pérez y Gandini representan para el imaginario sobre la excepcionalidad uruguaya; más bien todo lo contrario.

Estas denuncias ponen –otra vez– el tema sobre la mesa, y me parece que eso es buena cosa. Que sean formuladas desde el Parlamento, desde el corazón mismo del sistema democrático, ofrece una gran oportunidad para discutir en serio, y para tomar medidas en serio a fin de evitar que las prácticas corruptas y las creencias (acertadas o no) en torno a la corrupción comiencen a tener los efectos realmente perversos, quizás irreversibles, que hemos observado en realidades no tan lejanas.

* Ver capítulo 5 del reporte del Barómetro de las Américas.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 19.10.2015, hora 08.05

Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.

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