Apertura: El anuncio y la historia previa

En Uruguay, Praxis apareció de golpe en las redes y en los portales. La frase que difundió la propia organización fue tan rotunda como llamativa: “Estamos construyendo una nueva ciudad en Uruguay”. Pero Praxis no nació esta semana, ni es una empresa de inteligencia artificial que haya decidido instalar una oficina en Colonia.

Es una organización que existe desde hace varios años y que viene intentando convertir una idea ambiciosa en un lugar físico. Su historia combina una comunidad digital, inversores tecnológicos y de criptomonedas, planes de ciudades en distintos países y preguntas que siguen abiertas sobre cuánto dinero está realmente disponible y qué parte de sus proyectos puede llegar a concretarse.

Qué es Praxis – Y qué no es

Para entender qué es Praxis hay que empezar por una distinción. No es una empresa que desarrolle modelos de inteligencia artificial como OpenAI. Tampoco es una ciudad ya construida, un país reconocido ni una jurisdicción independiente.

Es una compañía y una comunidad internacional que dice querer crear nuevas ciudades para una época transformada por la inteligencia artificial. Su propuesta consiste en reunir primero a personas interesadas en ese proyecto, conseguir financiación y socios, elegir un territorio y, finalmente, desarrollar una comunidad física.

Praxis se describe como una “nación digital”. Esa expresión puede inducir a error. No significa que tenga un territorio soberano ni que sus integrantes sean ciudadanos de un país reconocido. Describe, más bien, una comunidad organizada en internet que busca instalarse en un lugar concreto y construir una vida en común.

El nombre alude a la idea de poner la teoría en práctica. Y esa tensión entre la teoría y la materialización ha acompañado a la organización desde el comienzo: Praxis ha difundido durante años una imagen de ciudades futuras, aunque hasta ahora su recorrido ha sido mucho más extenso en la presentación de proyectos y en la construcción de una comunidad que en la construcción de una ciudad propia.

La empresa fue fundada en 2019 por Dryden Brown y Charlie Callinan. En sus primeros tiempos se llamó Bluebook Cities. Brown, que es estadounidense, se convirtió en la cara más visible del proyecto y asumió como cofundador y director ejecutivo.

La idea: Una comunidad digital y una ciudad física

La idea no salió de la nada. Desde hace décadas existen propuestas para crear nuevas ciudades con reglas diferentes a las de los países donde se encuentran. Algunas apuntan a obtener zonas económicas especiales; otras imaginan comunidades autónomas, ciudades privadas o asentamientos fuera de los Estados tradicionales.

En el ambiente tecnológico, una de las expresiones que ganó fuerza para describir estas ideas es “Estado red”, o “network state”. El concepto plantea que un grupo de personas puede organizarse primero como una comunidad digital, compartir una identidad y objetivos, y luego buscar un territorio donde establecerse.

Praxis se inscribe en esa corriente. Comparte con ella la idea de que las instituciones existentes limitan la innovación y que sería posible ensayar nuevas formas de organización social y económica en comunidades físicas creadas desde cero. En distintas etapas, la compañía ha hablado de autonomía, de menor regulación y de ciudades diseñadas para atraer a emprendedores, inversores, científicos y artistas.

Brown también ha presentado la idea como una respuesta a los cambios que podría provocar la inteligencia artificial. Si las máquinas llegaran a realizar buena parte del trabajo que hoy hacen las personas, sostiene Praxis, cambiarían las razones para vivir en las grandes ciudades. En esa visión, la arquitectura, la vida cultural, la comunidad y el acceso a entornos atractivos ganarían importancia.

La compañía no plantea solamente un parque tecnológico o un barrio de oficinas. Su aspiración, al menos en el discurso, es crear un lugar donde las personas vivan, trabajen y participen de una comunidad con una identidad compartida.

Los primeros planes: De África al Mediterráneo

En los primeros años, sin embargo, la idea seguía siendo muy abstracta. Según una investigación publicada por Mother Jones, Brown y Callinan exploraron en 2019 la posibilidad de levantar una ciudad en África. El plan luego cambió de dirección y se concentró en la costa del Mediterráneo.

La primera gran visión pública de Praxis fue la de una ciudad mediterránea. Sus fundadores hablaron de una comunidad tecnológica y libertaria, con una estética monumental y futurista. Brown llegó a describir esa estética con la expresión “hero futurism”: un futuro de arquitectura grandiosa, referencias a civilizaciones antiguas y una idea épica de la historia occidental.

En aquellos años, la ubicación exacta no estaba definida. En 2023, un periodista de Mother Jones visitó las oficinas de la compañía en Nueva York y recogió comentarios de sus responsables sobre posibles lugares en Italia, Marruecos y Montenegro. El propio medio subrayó que no estaba claro quién tomaría la decisión final ni cómo se gobernaría esa comunidad.

Financiación, miembros y las primeras dudas

El dinero y los inversores ayudaron a que el proyecto empezara a ser tomado en cuenta. Mother Jones informó que en 2021 Praxis obtuvo una ronda inicial de unos cuatro millones de dólares, con participación de Pronomos Capital, un fondo dedicado a iniciativas de nuevas ciudades.

Meses más tarde, según ese mismo medio, la empresa sumó una ronda de unos quince millones de dólares. Entre los inversores mencionados figuraban fondos y actores del mundo de las criptomonedas. Algunos de ellos, como Alameda Research, vinculada a Sam Bankman-Fried, terminaron posteriormente en quiebra.

A fines de 2023, The New York Times informó que Praxis había recaudado 19,2 millones de dólares. Para una empresa que aspiraba a construir una ciudad, ese era un capital pequeño. Pero el interés de los medios no se debió solamente al dinero. También llamaba la atención la distancia entre el tamaño de la ambición y la experiencia del fundador, que hasta entonces no había construido una ciudad ni desarrollado un gran proyecto inmobiliario.

El reportaje del New York Times se tituló “¿Quién le daría millones a este hombre para construir su propia utopía?”. El diario describió a Brown como un joven que hablaba de fundar una ciudad mediterránea, pero que todavía no podía precisar dónde estaría ni cómo se levantaría.

El artículo también puso el foco en las cifras de la comunidad. Brown decía que Praxis tenía una lista de espera cercana a las 50.000 personas y que unas 12.000 se interesaban en mudarse. Pero el Times informó que, en un registro interno de la compañía que pudo consultar, aparecían 431 miembros.

Esas cifras no necesariamente medían lo mismo: una lista de espera, personas interesadas y miembros registrados son categorías distintas. Pero el contraste puso sobre la mesa una pregunta que ha vuelto a aparecer desde entonces: cuando Praxis habla de decenas o cientos de miles de miembros, ¿a cuántas personas se refiere exactamente y cuántas están dispuestas a vivir e invertir en una ciudad concreta?

Las controversias y el debate político

En septiembre de 2023, Mother Jones publicó una investigación más extensa y crítica. Presentó Praxis como un proyecto de ciudad cripto y libertaria, y relató que sus responsables organizaban fiestas y encuentros para atraer a posibles miembros, inversores y figuras de la cultura digital de Nueva York.

El artículo también describió los vínculos de algunos financiadores con Peter Thiel y con otras figuras del mundo tecnológico. Es una distinción importante: la conexión con Thiel aparece, en buena medida, a través de fondos y redes de inversión como Pronomos; no corresponde convertir automáticamente esa relación en la afirmación de que Thiel financiara personalmente cada etapa de Praxis.

Mother Jones recogió además testimonios de antiguos empleados que atribuían a Brown ideas autoritarias o de extrema derecha, y describió una cultura interna que esos exfuncionarios cuestionaban. Esas afirmaciones fueron presentadas como testimonios de fuentes y ex empleados, no como conclusiones judiciales. Brown no respondió el cuestionario detallado enviado por la revista, aunque emitió una declaración en la que sostuvo que algunas personas mentían sobre la organización y que Praxis existía para construir.

La controversia importa porque Praxis no presenta su ciudad como un proyecto inmobiliario neutral. Su lenguaje habla de civilización, valores occidentales, libertad económica, tecnología y nuevas formas de gobierno. Sus críticos se preguntan si detrás de esa retórica hay solamente una urbanización tecnológica o una propuesta política para que grupos de alto poder económico puedan vivir con menos controles democráticos y regulatorios.

No existe una única descripción aceptada por todos. Para sus promotores, el proyecto permitiría experimentar con formas nuevas de vida y organización. Para sus críticos, la idea puede abrir la puerta a enclaves privados, creados por empresarios, con una influencia muy grande sobre las reglas y la vida de sus habitantes.

2024: Los 525 millones en compromisos

Praxis tuvo otra fecha clave en octubre de 2024. El Wall Street Journal informó que la organización había conseguido compromisos de financiación por 525 millones de dólares para su ciudad “heroica”, todavía sin ubicación definida.

La cifra tuvo una enorme repercusión, pero exige una aclaración. El titular podía hacer pensar que Praxis acababa de recibir medio billón de dólares en efectivo. El propio artículo explicó que se trataba de financiación condicionada a determinados hitos. Una parte importante dependía de que la empresa colocara tokens de criptomoneda en un mercado público.

Dicho de otra manera: los 525 millones no equivalían necesariamente a dinero ya desembolsado ni a capital que estuviera listo para financiar una obra. Eran compromisos bajo determinadas condiciones. En las noticias posteriores, la diferencia entre dinero comprometido, crédito disponible, capital invertido y dinero efectivamente gastado es fundamental.

2025: Groenlandia y el Proyecto Atlas

Durante 2025, Praxis volvió a aparecer en medios internacionales al hablar de nuevas localizaciones. Una de ellas fue Groenlandia. Brown viajó allí y defendió la posibilidad de construir una ciudad tecnológica en ese territorio.

En abril de ese año, Reuters informó que inversores tecnológicos conversaban sobre la posibilidad de impulsar en Groenlandia una “ciudad de la libertad”, con una regulación empresarial reducida y actividades vinculadas con inteligencia artificial, vehículos autónomos, energía, lanzamientos espaciales y trenes de alta velocidad.

Reuters aclaró que esas conversaciones estaban en una etapa inicial. También informó que otras empresas habían contactado a Praxis para explorar una posible colaboración. No se trataba de un acuerdo cerrado ni de terrenos comprados. Era una opción en discusión, que adquirió interés internacional en un momento en que el presidente Donald Trump hablaba de adquirir Groenlandia.

Ese mismo año, Praxis presentó otro proyecto, llamado Atlas, para una ciudad enfocada en defensa y tecnología espacial en las proximidades de la base militar de Vandenberg, en California. También se manejó la posibilidad de ubicarla junto a la base.

La propuesta situaba a Atlas cerca de la industria aeroespacial y de defensa estadounidense. Pero, otra vez, había que distinguir entre un anuncio y un desarrollo material. La cobertura del Financial Times y de WIRED se refería a planes anunciados, no a una ciudad construida ni a una obra que estuviera en marcha.

Una marca global, todavía sin ciudad

En 2025, la revista Vanity Fair publicó un perfil extenso de Brown y de Praxis. La describió como una campaña persistente para construir una ciudad que todavía no existía: una combinación de reuniones, fiestas, objetos promocionales, diseños arquitectónicos, promesas de financiación y búsqueda de una ubicación.

Ese perfil destacaba que Praxis ya había logrado crear algo real, aunque distinto de una ciudad: una marca reconocible y una comunidad internacional en torno a una visión tecnológica y política. Para quienes participan, la red de contactos, los encuentros y la posibilidad de formar parte de un proyecto futuro tienen valor por sí mismos. Pero eso no demuestra que la ciudad vaya a construirse ni que todos esos miembros vayan a mudarse.

En septiembre de 2025, WIRED incluyó a Praxis en una investigación sobre empresarios y multimillonarios tecnológicos que quieren crear comunidades propias. El medio señaló que Praxis decía tener más de 100.000 miembros y mencionó el proyecto Atlas.

En diciembre, el Financial Times volvió a abordar el fenómeno de las ciudades tecnológicas con fines de lucro. Situó a Praxis dentro de una tendencia más amplia, en la que aparecen decenas de propuestas de nuevas ciudades o sociedades experimentales. Brown decía entonces que el proyecto tenía unos 150.000 posibles ciudadanos.

Esas cifras crecieron con el tiempo, pero no son directamente comparables con las del New York Times en 2023. Puede haber diferencias entre miembros, aspirantes, seguidores, personas que expresaron interés o potenciales residentes. Hasta ahora, los datos públicos no permiten tratarlas como un censo comprobado de personas que ya hayan comprometido su mudanza.

2026: El acuerdo con +Colonia

Después de ese recorrido, llegamos a Uruguay. El anuncio de septiembre de 2026 es distinto de las versiones anteriores porque, por primera vez, Praxis señala un socio y un desarrollo territorial identificables: +Colonia, el proyecto urbanístico que impulsa el empresario argentino Eduardo Bastitta cerca de Colonia del Sacramento.

La empresa anunció que quiere movilizar mil millones de dólares en los próximos tres años y que espera recibir a sus primeros residentes a mediados de 2027. Bastitta dijo que unas 2.700 personas de la comunidad expresaron interés y compromiso de mudarse e invertir en la futura sede.

El plan difundido combina viviendas, hotelería, servicios, espacios comerciales y culturales, restaurantes, galerías y estudios. Praxis plantea también destinar una parte de los ingresos de la venta de residencias a becas, residencias artísticas e instituciones culturales.

La compañía afirma que eligió Uruguay por su estabilidad institucional, sus condiciones para vivir y la posibilidad de desarrollar el proyecto junto a una comunidad y un emprendimiento urbanístico ya existentes. Y ha dicho que sus instituciones funcionarían dentro de la Constitución, la legislación y el sistema democrático uruguayos.

Eso marca una diferencia respecto de la retórica más radical asociada a los “Estados red”: por lo menos en el anuncio uruguayo, Praxis no reivindica tener soberanía propia ni operar fuera del orden legal nacional.

¿Qué está pendiente en Uruguay?

Pero el anuncio también debe leerse con cautela. Según la cobertura de El Observador, The New York Times describió el acuerdo como "en gran medida no vinculante". Forbes Uruguay informó que la compra de los terrenos todavía no se había concretado. Praxis dice que quiere movilizar mil millones de dólares: eso no significa que ese monto ya esté invertido, desembolsado o garantizado.

Además, hay que separar tres proyectos distintos: Praxis como comunidad digital; +Colonia como desarrollo inmobiliario más amplio; y el sector específico que Praxis pretende ocupar dentro de ese desarrollo. Las obras que ya se ven en +Colonia no son, automáticamente, obras de Praxis.

Balance: ¿Qué ha hecho Praxis y qué le falta?

Entonces, ¿qué es Praxis después de siete años de historia? Es una compañía que nació con la idea de crear una nueva ciudad, reunió una comunidad en internet, atrajo inversores tecnológicos y cripto, y ha presentado distintas localizaciones y proyectos. Su trayectoria demuestra que ha sabido construir una marca y generar atención internacional. Pero hasta el anuncio uruguayo no había demostrado que pudiera construir una ciudad propia.

Y Uruguay es, por ahora, su intento más concreto de pasar del discurso al territorio. Hay un socio local, un lugar definido, un acuerdo anunciado y una cifra de inversión proyectada. Todavía faltan las compras de tierra, la ejecución del financiamiento, las obras específicas y, sobre todo, la llegada efectiva de residentes.

La historia de Praxis no es la de una ciudad que ya existe. Es la historia de una promesa de ciudad que lleva años buscando dónde hacerse realidad. La novedad es que ahora apunta a Colonia. La pregunta que queda abierta es si esta vez el proyecto podrá cumplir, en el terreno, todo lo que durante años prometió en internet.

Materiales complementarios

The New York Times, diciembre de 2023: [perfil de Dryden Brown y Praxis]( https://www.nytimes.com/2023/12/12/style/praxis-city-dryden-brown.html)

Mother Jones, septiembre de 2023: [historia, financiación y controversias]( https://www.motherjones.com/politics/2023/09/praxis-society-city-dryden-brown-peter-thiel/)

Wall Street Journal, octubre de 2024: [compromisos financieros condicionados por US$ 525 millones]( https://www.wsj.com/articles/tech-utopian-project-praxis-gets-525-million-in-commitments-for-planned-heroic-city-f4623e98)

Reuters, abril de 2025: [conversaciones sobre una posible ciudad tecnológica en Groenlandia]( https://www.reuters.com/world/europe/greenland-freedom-city-rich-donors-push-trump-tech-hub-up-north-2025-04-10/)

Vanity Fair, junio de 2025: [perfil de Brown y de la campaña para crear Praxis]( https://www.vanityfair.com/news/praxis-dryden-brown)

WIRED, septiembre de 2025: [Praxis dentro de la tendencia de comunidades tecnológicas privadas]( https://www.wired.com/story/tech-billionaires-communities/)

Financial Times, diciembre de 2025: [el fenómeno de las ciudades tecnológicas con fines de lucro]( https://www.ft.com/content/b127ee7a-5ac4-4730-a395-c9f9619615c7?syn-25a6b1a6=1)

Comunicado de Praxis, septiembre de 2026: [anuncio del proyecto en Uruguay]( https://www.praxisnation.com/content/praxis-uruguay-announcement)

El Observador, septiembre de 2026: [antecedentes, acuerdo y situación del proyecto en +Colonia]( https://www.elobservador.com.uy/nacional/la-comunidad-tecnologica-praxis-eligio-uruguay-construir-su-ciudad-del-futuro-y-su-fundador-preve-reunirse-orsi-nueva-york-n6058042)

La entrada ¿Qué es Praxis, la comunidad tecnológica que anunció una inversión en Colonia? Su historia y su filosofía se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

A partir de la comparecencia de la Fiscalía General de la Nación ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el 20 de julio de 2026

La Fiscalía General de la Nación fue la segunda delegación en comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda el pasado lunes, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas. Lo que expuso la fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, junto a su equipo, no fue solo un repaso de artículos y créditos: fue el relato de un organismo que administra su escasez transformando sus propias vacantes en la fuente principal de financiamiento de su funcionamiento diario.

El 72% que no se cubre para poder funcionar

El dato más contundente de toda la comparecencia lo dio el contador Pablo Velazco, secretario general de la Fiscalía, cuando explicó de dónde sale el dinero para pagar los gastos corrientes del organismo: "el 72 % de la ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones sale de no cubrir vacantes, de utilizar esos cargos, que son necesarios, para destinarlos a funcionamiento e inversiones, porque, si no, la Fiscalía no vive".

Es decir: la Fiscalía deja adrede sin llenar una enorme proporción de sus cargos presupuestados —fiscales, adscriptos, administrativos— para poder pagar alquileres, limpieza, vigilancia y servicios informáticos con la plata que esos sueldos no se gastan. El contador Guillermo Larrañaga lo graficó con una serie histórica: desde 2016, cuando se separó el Inciso, esas economías del "Grupo 0″ (retribuciones personales) que se derivan a gastos de funcionamiento vienen en ascenso, y desde 2021 se mantienen estabilizadas en ese entorno del 70%.

Más tarde, ya en el bloque de respuestas, el contador Sebastián Domínguez precisó la cifra exacta correspondiente a 2025: "$179.218.651. Eso representa el 72 % del total de gastos de funcionamiento". Para ponerlo en contexto, la ejecución total de gastos de funcionamiento e inversión de la Fiscalía en 2025 rondó los $288 millones —una cifra incluso menor a la de 2024 ($292 millones)—, mientras que el rubro de retribuciones personales sí creció, porque se están cubriendo algunas vacantes.

El artículo 20 del proyecto de la Fiscalía pide, justamente, salir de esa lógica: un refuerzo de aproximadamente $150 millones para no depender de las vacantes. Domínguez fue explícito sobre qué representa esa cifra: "esos 150 millones nos permitirían desengancharnos, salir de esta lógica de no llenar vacantes o de llenar vacantes lo menos posible y pasar a financiar nosotros, con nuestros créditos, los gastos de funcionamiento". Según detalló, ese monto equivale a la mitad de todo lo que la Fiscalía gastó en funcionamiento e inversión durante 2025.

Domínguez también desglosó los rubros que más pesan: arrendamientos de inmuebles (el ítem más alto después de suministros), limpieza ($30 millones anuales), vigilancia de las sedes de Montevideo ($33 millones), servicios informáticos ($23 millones) y el Datacenter de Antel, donde se resguarda el Sippau —el sistema de información del proceso penal acusatorio— por unos $26 millones anuales. La Fiscalía dijo haber logrado bajar algunos de esos costos: mudó su sede en la calle Uruguay a un local en 25 de Mayo que cuesta menos de la mitad de alquiler ($390.000 mensuales contra $858.000).

Fiscalías que se piden y no aparecen en el Mensaje del Poder Ejecutivo

Del paquete de creaciones de cargos y fiscalías que propuso el organismo (artículos 13 a 19 de su proyecto), el Poder Ejecutivo recogió muy poco: apenas la Fiscalía Especializada en Cibercrimen (ya creada en el Presupuesto anterior, pero con un solo fiscal y un adscripto) y los cargos para poner en funcionamiento la fiscalía de Toledo. Quedaron afuera del Mensaje oficial, entre otras, la segunda Fiscalía de Cibercrimen, la creación de cuatro Fiscalías de Ejecución de Penas y una segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Sobre el cibercrimen, Ferrero insistió en el argumento de la aleatoriedad que el propio Parlamento reclama para la asignación de denuncias: "¿Cómo vamos a hacer para que sean aleatorios si tenemos una sola Fiscalía de Lavado y una sola Fiscalía de Cibercrimen? ¡Siempre va a ser el mismo fiscal!". Y explicó la fragilidad actual de esa fiscalía, armada a costa de otra: "Quedó nada más que con el titular y un adscripto porque desgraciadamente no tenemos gente. Yo estoy desvistiendo una fiscalía, para vestir otra", apuntó.

En cuanto a las fiscalías de Ejecución de Penas, el reclamo fue casi una súplica textual: "Yo les pido que por lo menos en la solicitud de creación de Fiscalías de Ejecución de Penas aunque sea nos den dos. ¿Saben por qué? Porque ya hay juzgados de Ejecución creados, están trabajando; son ocho o nueve juzgados los que están trabajando, y no hay Fiscalía de Ejecución". Explicó que, a diferencia de otras fiscalías nuevas que se crean en espejo con juzgados nuevos, en este caso los juzgados ya existen desde hace tiempo y la Fiscalía nunca fue acompañada con la estructura correspondiente.

Sobre la segunda Fiscalía de Lavado de Activos, recordó que en el Presupuesto anterior "hubo toda una discusión de si la eliminábamos, si la dejábamos" y defendió su necesidad vinculándola a delitos que hoy no tienen quién los investigue desde la fiscalía, en particular el contrabando: "¿Quién es el que se está enriqueciendo trayendo contrabando? ¿A quién va? ¿Dónde lo destina? ¿Dónde están las cuentas del que se está favoreciendo? (…) pero si no tengo gente, ¿qué hago? ¿Cómo investigan?".

En otro pasaje Ferrero señaló: “Vi que el Ministerio del Interior pidió 300 policías. Me parece genial que tengan 300 policías más porque lo amerita la situación. Ahora bien, imaginen una cosa, que yo ya me imaginé en mi casa, con los años que tengo a caballo luchando contra la delincuencia: va a haber 300 policías y, seguramente, van a traernos más detenidos, y vamos a ser los mismos jueces y los mismos fiscales. ¿Y qué van a demandar? Van a demandar que nosotros respondamos. Porque a ningún policía que está en el terreno, luchando y combatiendo contra el delito, que trae a los detenidos con la evidencia, etcétera, le va a gustar que le digamos: "No, pará, hoy tenemos diez y no nos dan los juzgados y no nos dan los plazos y no nos da nada". Creo que cada cosa que vayan haciendo la tienen que ir pensando porque van concomitantemente encadenadas. Me parece genial que haya 300 policías más; capaz que podrían ser más todavía, pero es la realidad y con algo empezamos. Pero, por favor, la otra pata somos nosotros; somos la pata que investiga los delitos, la que lleva a los presos ante un juez. El juez solo los espera; es el fiscal el que les dice a los jueces”. 

Un juicio resuelto por Google Translate

Uno de los pasajes más elocuentes de la tarde llegó cuando Ferrero, ya en la ronda de respuestas, ejemplificó las carencias del organismo con un caso concreto de crimen organizado internacional. "Recuerdo un juicio en el que teníamos montenegrinos y nadie sabía el idioma. Había que llevar un traductor y no teníamos", relató. El equipo agotó opciones: "Llamamos a todas las provincias de Argentina para ver si habían tenido algún caso, para contar con un traductor. Llegamos a llamar a España para ver si por Skype nos ayudaban con la traducción".

La solución final fue recurrir a un traductor automático, con el aval de la jueza actuante: "la doctora Chamsarian habilitó hacer la traducción por Google, porque en todos los demás juzgados de Argentina se había utilizado y las sentencias habían quedado firmes". Ferrero defendió esa salida de emergencia con una pregunta retórica que resume su diagnóstico sobre la falta de recursos: "¿Qué vamos a decirle al narco que entró con una gran cantidad de droga? ¿Vamos a decirle: ‘Andate que este país no tiene traductor; te salvaste’? No, de ninguna manera. Buscamos las formas de resolverlo”. Y luego reflexionó: “Quizás, acá, que tenemos tan poco dinero para pagarle a un traductor, también nos sirve este tipo de norma. Hemos ido pensando de dónde sacar. Como verán, – dijo Ferrero- es como en sus respectivas casas: quien lleva las cuentas, la mujer o el hombre, va vichando qué se puede sacar de acá o de allá. Eso es lo que estamos haciendo: buscamos, de alguna manera, cómo ir sobreviviendo, como dice la canción”.

Una contadora "prestada" y devuelta en plena investigación de lavado

Otro capítulo revelador fue el de la contadora Liguori, la única especialista en pericia contable para casos de lavado de activos con la que contó la Fiscalía durante un tiempo —y que no era personal propio, sino cedida por el Banco Central. Ferrero lo contó así: "Ustedes vieron por la prensa todo el lío que se armó con la parte de lavado de activos y la famosa contadora Liguori, a quien el Banco Central nos había dado en préstamo. Ella sacó los dictámenes de cinco causas grandes, como República Ganadera —que está en trámite—, Conexión Ganadera, Larrarte, Berruti (…) y algún otro que puede ser que se me escape".

La explicación de por qué era indispensable: "necesitábamos el informe de un contador para rebatir, porque el lavado de activos, justamente, va por la pericia contable". Pero el préstamo terminó: "La contadora Liguori vino en pase en comisión; después me la reclamó el Banco Central y se la llevó. Sobrevivimos y sacamos esos juicios gracias a que trajimos a esa contadora por unos meses". Y remató, sin matices, sobre la situación actual: "Hoy no tenemos contador; ya se fue la contadora Liguori". 

Ferrero llegó a relatar que en una oportunidad debió disculparse por no poder concurrir a una convocatoria parlamentaria porque, ese mismo día, le habían retirado en comisión a la contadora que necesitaba para otro trámite: "era ir al Parlamento un día; al MEF, al otro día, y nos quedábamos sin la contadora. ¡Era de locos!".

Este episodio tiene que ver con otro reclamo planteado por el organismo: la eliminación de la preceptividad para los pases en comisión entrantes de personal hacia la Fiscalía. ¿Cómo es eso? Hoy la Fiscalía tiene un cupo de 10 cargos para recibir funcionarios de otros lados en comisión. En su proyecto pide duplicarlo (10 más), pero el reclamo central no es la cantidad sino que sean preceptivos: es decir, que si un organismo autoriza a un funcionario suyo a pasar en comisión a la Fiscalía, esa autorización se conceda automáticamente y no pueda negarse. Hoy es discrecional, y según contó el contador Velazco, en la práctica "cada vez que se piden, se niegan". Puso un ejemplo concreto: pidieron el pase de un simple administrativo de grado de ingreso a un organismo grande, y les dijeron que no.

¿Y cuál es el reclamo? Los legisladores sí tienen esos pases garantizados por ley (preceptivos), pero la Fiscalía no.

"¿Estado fallido?" — la pregunta que Ferrero no respondió de frente

Hubo momentos también de tensión y picardía política. Uno de los hechos lo protagonizó el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir. Además de anunciar públicamente que "esta Rendición de Cuentas no tiene votos para ser aprobada, a 13 días de su consideración" —dato que generó una réplica inmediata del nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien le cuestionó que reiterara ese planteo y le señaló que la responsabilidad en conseguir los votos es del oficialismo—, Valdomir le formuló una pregunta directa a la fiscal: "quisiera preguntarle a la doctora Ferrero, a la fiscal, qué opina ella (…) si piensa que estamos ante un Estado fallido en materia de seguridad pública (…) quisiera saber su opinión, porque no es poca cosa este tema y han sido actores políticos de relevancia que han señalado este concepto (…) y no es poca cosa este tema", .

Ferrero la vio venir y no contestó la pregunta en esos términos. En su respuesta extensa —que ocupó buena parte del cierre de la sesión— eligió hablar de su propia trayectoria, de las amenazas que reciben los fiscales y de la necesidad de cuidar a la Policía y a la Justicia por igual, pero evitó pronunciarse sobre el concepto de "Estado fallido" que se le planteó explícitamente.

El atentado, las amenazas y la respuesta a la "presión política"

La sesión había arrancado con el diputado Pablo Abdala aclarando que el respaldo institucional expresado por su partido a la fiscal no debía leerse como una forma de "presión" sobre su actuación, en referencia a versiones periodísticas que circularon en esos términos. Ferrero retomó el tema al final, en un tono personal poco habitual en este tipo de comparecencias: "no me voy a hacer eco de las cuestiones que van hacia mi persona porque yo tengo formación jurídica (…) no vine por la vida así, sin ningún conocimiento a cuestas".

Defendió su historial en la lucha contra el narcotráfico y hasta reveló que llegó a duplicar funciones —su fiscalía de estupefacientes y la subrogación de la Fiscalía de Corte— durante siete meses seguidos: "estuve trabajando en mi Fiscalía, cumpliendo la subrogación de la Fiscalía de Corte, yendo y viniendo en el día durante siete meses, hasta que mi cuerpo me reclamó y dijo: ‘Ahí hay que encontrar una solución'".

Sobre el atentado en su domicilio y las amenazas a la investidura de su cargo, fue categórica: "pegarle a una autoridad va de mensaje a los narcos (…) si no hay respeto para la autoridad que dirige a todos los fiscales, los narcos no son tontos: recogen el guante y lo capitalizan". Y cerró, en un tono que mezcló orgullo profesional y advertencia velada: "yo estoy en una postura en la que casi me matan por representarlos a todos ustedes, a toda la sociedad, donando días y horas de mi vida por un flagelo que hoy nos está consumiendo (…) no voy a decir algunos otros detalles más, porque yo también tengo hijos, y mis hijos sufren".

La foto completa

Entre los cuatro ejes —el 72% financiado con vacantes, las fiscalías que no llegaron al Mensaje, el traductor de Google y la contadora prestada— la comparecencia de la Fiscalía dejó una imagen de organismo que resuelve con improvisación lo que no puede resolver con presupuesto, mientras su titular gestiona en paralelo el desgaste personal de ser, como ella misma planteó, un blanco simbólico para el crimen organizado.

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Foto: Defensoría del Contribuyente de Chile

En Montevido existe un Defensor del Vecino. A nivel nacional está la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que depende del Parlamento, y, por otro lado, la Unidad de Defensa del Consumidor, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanza. 

Pero no tenemos a una institución que defienda al contribuyente frente a los organismos de recaudación, como el BPS o la DGI.

¿Qué pasa cuando una persona o una empresa tiene que hacer un trámite y se encuentra con que no puede avanzar porque le responden que tiene una deuda vencida? ¿Cómo debe proceder si esa deuda prescribió pero sigue registrada? ¿Cómo se pueden financiar las deudas de impuestos? ¿A quién recurrir para demostrarle a un organismo que hay un reclamo injusto o infundado? 

Todas estas son consultas habituales que llegan a profesionales del sector privado pero no hay una institución que tenga facultades para actuar frente a los organismos oficiales.

A lo largo de los años el tema ha sido discutido por académicos del Derecho, la Economía y la Contabilidad, tomando como referencia instituciones novedosas que han surgido en otros países: Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Chile, entre otros.

En una investigación publicada por la Universidad de la Repúblia (Udelar) en 2017, el 70% de los operadores consideraba a los contribuyentes “poco y nada” informados sobre sus derechos, marcaba una asimetría de los ciudadanos frente al fisco y el 40% planteó la necesidad de que se creara un ombudsman tributario con autonomía técnica, política y financiera.

Ahora, el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, que reúne a egresados de Derecho y carreras económicas junto a expertos extranjeros, está organizando un coloquio para sus socios en la cual se escuchará la experiencia chilena de formación y desarrollo de una Defensoría del Contribuyente.

La actividad tendrá formato webinar (o sea, un seminario a través de internet), se desarrollará el jueves 28 y contará como expositor al al Defensor Nacional del Contribuyente de Chile, Ricardo Pizarro, acompañado de las principales autoridades de esa oficina.

La Defensoría chilena del Contribuyente fue creada en 2020 en una ley de modernización de la normativa tributaria. Es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, que depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Su misión es velar por la protección y el resguardo de los derechos de los contribuyentes en materia de tributación fiscal interna, cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera. Esto abarca a gestiones tanto de personas como de empresas.

Además de actuar como defensa e intermediario en casos de particulares frente al Estado de forma gratuita, esta oficina puede emitir recomendaciones públicas no vinculantes sobre impuestos que vulneran los derechos del contribuyente o sean contrarios a la ley.

Se encarga además de realizar estudios sobre la carga impositiva y el ordenamiento tributario y de asesorar al Parlamento cuando analice normas de este tipo. También evalúa las compras públicas y las acciones de lobby.

Como quedó dicho, son varios los países que tienen este tipo de oficinas en funcionamiento. Un informe del Banco Mundial publicado en 2016 ya señalaba que las autoridades de América Latina “enfrentan el reto de simplificar sus sistemas tributarios y adoptar medidas que prevengan o disminuyan los conflictos con los contribuyentes” y agregaba que “estas oficinas contribuyen a mejorar el funcionamiento de los sistemas tributarios.”

¿Hace falta una oficina que defienda al ciudadano frente a los organismos recaudadores de impuestos?

Producción: Leonardo Silvera

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Foto: adhocFotos

Cada vez hay más monopatines eléctricos en las ciudades de nuestro país.

Estos vehículos se han convertido en una opción ágil y económica de transporte para los trayectos cortos en el congestionado tránsito uruguayo.

Los primeros en llegar fueron 700 monopatines de empresas que los alquilaban allá por el el año 2019. ¿Los recuerdan?

Aquel envión duró poco. Por un tiempo esos artefeactos desaparecieron.

Pero más tarde comenzaron a verse como una opción para el transporte personal, al punto de que en los últimos tres años las ventas de estos vehículos se multiplicaron por 6, informó El País en marzo.

No hay registro oficial que permita saber cuántos hay pero basta ver las calles para tener idea de la popularidad que han ganado.

Es que un monopatín de gama media cuesta unos 500 dólares, puede circular a unos 25 kilómetros por hora, con una autonomía de 30 kilómetros, se carga en 5 horas en el enchufe de una casa, pesa 20 kilos y transporta hasta 120 kilos. 

Pero los monopatines más nuevos y potentes alcanzan hasta los 70 kilómetros por hora.

Para muchos son una solución. Pero otros los ven con preocupación, por los riesgos quienes se mueven en estos monopatines y por los imprevistos y problemas que pueden provocar (y provocan) en el tránsito urbano. Mientras tanto, las autoridades competentes van reaccionando, cada una a su ritmo.

Montevideo ya tiene una regulación desde el año 2019 que establece límite de velocidad a 25 kilómetros por hora, que no pueden circular por veredas, deben hacerlo con elementos de seguridad obligatorios que incluyen timbre o bocina, luces, y para los conductores se ha fijado edad mínima de 16 años, con casco, chaleco y sin pasajeros.

Hace un mes el intendente Mario Bergara planteó que debería avanzarse en los controles y posiblemente matricular los monopatines, lo que generó alguna polémica sobre el eventual costo que eso podría implicar. Bergara descartó que se fuera a cobrar patente y el tema quedó como pendiente de estudio.

El proyecto de Colonia, el más reciente

El miércoles pasado en Colonia, ediles frenteamplistas presentaron un proyecto departamental que toma como base las mismas normas que tiene Montevideo y las  adapta a su departamento. Lo que dicen es que no hay tanta cantidad de monopatines en Colonia del Sacramento y Carmelo, las ciudades más pobladas, pero que los vecinos se quejan constantemente de que transitan de modo caótico.

El edil Martín Collazo, autor de la iniciativa, dijo a En Perspectiva que él mismo vio monopatines con hasta 3 niños circulando a contramano por la calle principal de Carmelo o por la vereda, a alta velocidad. 

Agregó que legislar y ordenar es la primera obligación y que luego vendrá la tarea de la Intendencia de controlar que se cumpla la normativa. 

El proyecto establece que cada vehículo deberá inscribirse en un registro oficial y obliga a circular con casco y chaleco y multas en caso de incumplimiento. La edad mínima para circular sería de 14 años. No está previsto que el registro implique costo para el ciudadano. 

El proyecto está a estudio de la Comisión de Tránsito y pasará luego la intendencia para que lo analice.

Se viene la normativa nacional

Pero mientras tanto avanza una regulación nacional que será adoptada por todas las intendencias del país.

El Congreso de Intendentes con la Unasev (Unidad Nacional de Seguridad Vial) están trabajando en un proyecto que quieren analizar y votar en junio y que tiene 4 elementos principales:

Primero: los monopatines deberán tener una matrícula electrónica. Llevarán un chip que puede ser leído por los inspectores de tránsito. Los vehículos deberán estar registrados ante los gobiernos departamentales a nombre de un titular responsable. Esto no tendrá costo ni implicará pago de patente.

La velocidad máxima que permitirán será de 50 km/h y la edad mínima de conducción será de 15 años.  Además, se dispondrá zonas de circulación diferenciada por edades: la idea es que por ejemplo no haya niños o adolescentes moviéndose en monopatines en las zonas con mayor volumen de tránsito.

El texto está siendo analizado en este momento por los directores de tránsito de todo el país que elevarán un informe para que sea considerado por los intendentes y las autoridades nacionales de Seguridad Vial.

¿Qué pasa en el mundo?

La regulación de los monopatines, llamados formalmente Vehículos Móviles Personales, ya existe en más de 60 países de todo el mundo.

España fue pionera, pero en Europa ya la mayoría de los países tienen limitación de velocidad, prohibición de circular por las veredas y obligación de utilizar casco y otros elementos de seguridad.

En Alemania las normas incluyen además la necesidad de contar con un seguro obligatorio para ciertos modelos.

En la región:  Buenos aires tiene limites de circulación por zonas y prohibición de uso en autopistas. Otros países como Colombia, Mexico o Brasil también tienen regulaciones para estos vehículos.

En Japón se requiere registro y equipamiento especial de seguridad para la circulación.

En todos los casos son vehículos unipersonales con prohibición de circular con pasajeros y restricciones de edad que dependiendo del país pueden comenzar desde los 12 años.

Entonces…

Los monopatines llegaron para quedarse como parte del paisaje urbano y el tránsito. Y sus regulaciones, también.

Producción: Leonardo Silvera

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Foto: En Perspectiva

Muchas veces pensamos que los cambios estructurales a nivel social dependen de grandes políticas públicas. Sin embargo, existen pequeñas o micro iniciativas que para algunas personas, pueden significar un impacto que ni imaginamos. 

Hace dos años existe en el Complejo Crece, ubicado en el barrio Flor de Maroñas, un lavadero comunitario. Las personas llevan sus prendas para lavar y se las devuelven secas y planchadas. Cuando se inauguró hicimos una nota para conocer de aquel proyecto que parecía tener mucho potencial ya que, en muchos casos tener una lavadora no es un objetivo ni siquiera a largo plazo. 

Hace algunos días estuvimos allí para saber en qué está el proyecto y tuvimos la posibilidad de charlar durante un rato con Patricia y Leticia, dos de las usuarias del lavadero.  ¿Cómo ha simplificado sus vidas este lavadero? ¿Qué otras actividades existen en el complejo? ¿De qué manera se les puede ayudar? 

Sobre estos y otros puntos Romina Andrioli profundiza en un informe sobre esta visita.

Producción: Romina Andrioli y Pilar Zorrilla de San Martín

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Foto: AFP

Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Epic Fury y atacaron a Irán, la economía de buena parte del mundo sufre las consecuencias. Y en esa crisis el factor principal es lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) calificó como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global. 

A raíz del bloqueo del Estrecho de Ormuz implementado por Teherán en respuesta a los bombardeos sobre su territorio, el tráfico de barcos por esa vía marítima cayó de alrededor de 130 por día en febrero a apenas 6 en marzo: una caída de casi el 95%. 

La tregua de dos semanas que se pactó hace siete días pareció abrir una ventana de salida, pero el fracaso de las negociaciones en Islamabad, este fin de semana, la clausuró: este lunes, Estados Unidos inicia un bloqueo naval de todos los puertos iraníes.

El espacio aéreo: Una situación que se fue resolviendo lentamente

El cierre del espacio aéreo fue uno de los primeros impactos visibles del conflicto —y fue muy significativo, porque el Golfo Pérsico es uno de los corredores de aviación más transitados del mundo, el puente entre Europa y Asia. Irán, Iraq, Kuwait y Siria cerraron completamente su espacio aéreo, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Israel y Baréin operaron bajo restricciones severas con posibilidad de cierres sin previo aviso. Para los vuelos entre Europa y Asia, el corredor habitual del Golfo quedó efectivamente inhabilitado, lo que obligó a redirigir el tráfico por el norte —a través del Cáucaso y Afganistán— o por el sur, vía Egipto, Arabia Saudita y Omán.

La situación comenzó a descomprimirse solo después de la tregua del 7 de abril. Baréin fue el primer país del Golfo en reabrir completamente su espacio aéreo, el 8 de abril, tras 40 días de cierre. Pero la normalización es parcial: la Agencia Europea de Seguridad Aérea extendió su advertencia de zona de conflicto para el espacio aéreo de Medio Oriente hasta el 24 de abril, y la mayoría de las aerolíneas internacionales —British Airways, Emirates, Etihad— aún no confirmaron fechas de reanudación en rutas clave. Las aerolíneas asiáticas comenzaron a agregar sobrecargos de combustible, y Qantas rediseñó sus rutas de ultra largo alcance entre Perth y Londres pasando por Singapur.

El choque energético en cifras

La UE calcula que los precios del gas subieron un 70% y los del petróleo un 50% desde el inicio del conflicto, lo que implica una factura adicional de 13.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. 

El gas natural licuado (GNL) llegó a cotizarse por encima de los 60 euros por MWh en los mercados mayoristas europeos, casi el doble de los niveles previos al conflicto. El precio del barril Brent llegó a tocar los 118 dólares el 31 de marzo, cuando antes de la guerra rondaba los 72 dólares.

Las rutas alternativas existen, pero no alcanzan

Frente al bloqueo de Ormuz, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos activaron sus oleoductos alternativos —el Este-Oeste saudita hacia el Mar Rojo y el Abu Dabi–Fujairah emiratí. Iraq mantiene activa la ruta Kirkuk–Ceyhan hacia el Mediterráneo. Y el cabo de Buena Esperanza, que rodea África por el sur, ganó tráfico. Pero los números no cierran. 

Pero la AIE estima que solo entre 3,5 y 5,5 millones de barriles diarios pueden redirigirse por estas vías alternativas. Con una circulación normal de 20 millones de barriles por día, el déficit potencial ronda los 14 a 16 millones de barriles diarios. 

Además, estas rutas alternativas son más largas y requieren más buques, en un momento en que el mercado mundial de petroleros ya está bajo presión. 

Otro dato: El cabo de Buena Esperanza agrega entre 10 y 15 días a los trayectos, lo que eleva costos de flete, seguros y tiempo de entrega.

Los fertilizantes: el impacto que llega por los alimentos

Hay un capítulo de este conflicto que suele subestimarse en el debate público: los fertilizantes. En épocas normales cerca de un tercio del suministro global de fertilizantes transita por el Estrecho de Ormuz. 

Esta situación coincide con la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que presiona directamente los precios de los alimentos. El precio de la urea en el hub de Nueva Orleans —un indicador clave del mercado global— ya trepó de 475 a 680 dólares por tonelada métrica. Si los embarques siguen bloqueados durante la ventana de siembra de soja y maíz en el Medio Oeste estadounidense, podría desatarse una nueva ola de inflación alimentaria. Para los países más pobres, que ya destinaban una proporción alta de sus ingresos a alimentos, este es el vector de impacto más doloroso de toda la crisis.

Europa: los números de inflación que acaban de conocerse

El dato más reciente, conocido la semana pasada, es claro y contundente. La inflación de la zona euro en marzo de 2026 fue del 2,5% anual, según la estimación preliminar de Eurostat, subiendo desde el 1,9% de febrero. La energía fue el componente que más empujó: pasó de una caída del 3,1% en febrero a un alza del 4,9% en marzo —la primera suba en casi un año y la más pronunciada desde febrero de 2023.

Detrás del promedio hay diferencias importantes entre países. Alemania pasó del 2,0% al 2,8%; Francia del 1,1% al 1,9%; España subió del 2,5% al 3,3%; y el Reino Unido se mantuvo en el 3%, con proyecciones que apuntan a superar el 5% a lo largo del año. El dato es elocuente porque enero y febrero todavía no reflejaban el pleno impacto del conflicto —que estalló el 28 de febrero. Los datos de abril y mayo van a ser bastante peores.

Para ponerlo en contexto: la eurozona venía en proceso de “desinflación” desde la crisis energética de 2022. En enero de 2026 la inflación había tocado el 1,7%, un mínimo de 16 meses. La guerra en Medio Oriente revirtió esa tendencia de un mes para el otro.

El debate sobre subsidios: una Europa que no habla con una sola voz

La crisis abrió además un debate político intenso dentro de Europa. Varios países —entre ellos España, Portugal, Alemania, Italia y Austria— le pidieron a la Comisión Europea que grave con un impuesto especial las ganancias extraordinarias que están obteniendo las empresas energéticas en medio de la crisis. Ya se hizo algo parecido en 2022, cuando la guerra de Ucrania disparó los precios del gas, y la llamada "contribución de solidaridad" permitió redistribuir parte de esos beneficios hacia los consumidores.

Pero la Comisión Europea tiene una postura diferente. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advirtió a los gobiernos que eviten medidas que terminen estimulando el consumo de combustibles —y en esa categoría incluye a los subsidios directos al precio de la energía. El argumento es el siguiente: si el Estado abarata artificialmente el combustible, la gente consume más, y eso agrava la escasez en un momento en que el suministro ya está bajo mínimos. La apuesta de Bruselas es la contraria: ahorrar. Menos desplazamientos no esenciales, menos uso del auto particular, más teletrabajo.

La tensión es real: los gobiernos tienen presión política para proteger a sus ciudadanos del golpe en el bolsillo y proteger a las empresas del aumento de sus costos, pero Bruselas les dice que subsidiar el consumo es, paradójicamente, parte del problema.

Las respuestas nacionales son muy dispares: Italia busca más gas argelino; Bélgica explora fuentes alternativas de GNL de Estados Unidos y Nigeria; Austria cortó impuestos al combustible e impuso límites a los márgenes de los distribuidores; Eslovenia introdujo directamente racionamiento de combustible. Y el gobierno de Orbán en Hungría rechazó de plano las directivas de Bruselas. Alemania y Polonia llegaron a reactivar temporalmente plantas de carbón; Francia extendió la vida útil de sus centrales nucleares; y Japón y Corea del Sur reactivaron reactores nucleares para reducir su dependencia del petróleo del Golfo.

Más allá de Europa: un impacto desigual en todo el planeta

El Fondo Montetario Internacional (FMI) fue muy directo en su evaluación. La directora gerente Kristalina Georgieva señaló que, sin este conflicto, el FMI habría revisado al alza sus proyecciones de crecimiento global, que se situaban en 3,3% para 2026. "En cambio, ahora todo apunta a un aumento de los precios y a un crecimiento más lento", afirmó. Y agregó que incluso un pronto fin de las hostilidades y una recuperación rápida darán lugar a una revisión a la baja del crecimiento y a una revisión al alza de la inflación.

Asia es la región más expuesta en términos de volumen. Los principales importadores de energía en Asia y Europa se llevan la peor parte: alrededor del 25-30% de la producción mundial de petróleo y el 20% del gas natural licuado transitan por el estrecho de Ormuz, y la mayor parte de ese flujo iba destinado a Asia. India es particularmente vulnerable: sus reservas estratégicas cubren apenas 20 a 25 días reales de consumo. Japón y Corea del Sur tienen márgenes mucho mayores —254 y 208 días respectivamente— pero eso no los hace inmunes, solo les compra tiempo.

África y los países de bajos ingresos enfrentan el peor escenario posible. Para estas economías que dependen principalmente de las importaciones petroleras, se volvió cada vez más difícil acceder a los insumos que necesitan, incluso a precios elevados. La situación se ve agravada por la suba de los precios de los alimentos y los fertilizantes en plena temporada de siembra en el hemisferio norte. Países como Zimbabwe, Pakistán, Bangladesh y Nigeria enfrentan escasez severa de combustible.

América Latina presenta una foto más matizada. La región es, en general, la menos expuesta al impacto directo, porque la mayoría de sus principales países son exportadores netos de energía. Colombia, Brasil y Venezuela pueden verse beneficiados por el alza de precios del petróleo. Pero no todos son exportadores, y además la suba del precio de los fertilizantes y la inflación de los alimentos golpea a todos. 

Veamos un par de casos particulares.

En México el problema es específico: alrededor del 60% de su electricidad se genera con gas natural, y el 59% del gas consumido va a generación eléctrica. Con la producción doméstica cayendo un 33% entre 2014 y 2024, México depende estructuralmente de importaciones de gas de Estados Unidos. 

En Colombia, el impacto se combina con el calendario electoral: la inflación presiona los índices de aprobación del presidente Petro justo antes de las elecciones, en un contexto donde el gobierno debe elegir entre asumir el costo político de subir los precios o asumir el costo fiscal de subsidiarlos.

Estados Unidos tiene su propia paradoja: es exportador de petróleo y gas, lo que en principio lo beneficia. Pero el conflicto llegó cuando la economía ya enfrentaba tensiones por los aranceles, inflación persistente y empleo en declive. La suba de las tasas de los bonos a 10 años al 4,46% en marzo —el nivel más alto desde julio de 2025— y la suba de las hipotecas a 30 años al 6,38% añaden presión sobre los consumidores. Trump tiene además un problema político inmediato: la gasolina cara es políticamente tóxica en un año de elecciones de medio término.

El peaje de Irán y el fracaso de las negociaciones de Islamabad

La pretensión iraní de cobrar peajes por el paso del estrecho —y de retener el control sobre el mismo— fue una de las principales causas del fracaso de las negociaciones de paz que se desarrollaron este fin de semana en Islamabad, Pakistán. Tras más de 21 horas de negociaciones cara a cara, el vicepresidente JD Vance y los delegados iraníes no lograron ningún acuerdo. Vance señaló que el principal escollo fue la negativa iraní a comprometerse a abandonar su programa nuclear, pero también citó la pretensión de Teherán de retener el control del estrecho como un factor que complicó las conversaciones.

Hay que recordar que durante las semanas del conflicto, Irán ya instaló de facto un sistema de peajes: la firma de análisis TRM Labs reportó que las Guardias Revolucionarias cobraron a los barcos que lograron transitar hasta 2 millones de dólares por viaje, aceptando pagos en yuan chino, Bitcoin y otras criptomonedas. En su plan de paz de 10 puntos, Irán buscó formalizar ese sistema, imponiendo una tarifa de aproximadamente 2 millones de dólares por buque —con más de 130 barcos cruzando el estrecho cada día antes de la guerra, los ingresos potenciales serían enormes. Omán, que comparte el estrecho con Irán, rechazó la propuesta por violar los acuerdos internacionales de transporte marítimo que tiene suscriptos.

La respuesta de Trump fue inmediata y escalatoria. En un posteo en Truth Social, el presidente anunció que la Marina de los Estados Unidos comenzará "de inmediato" a bloquear cualquier barco que intente entrar o salir de puertos y zonas costeras iraníes. Calificó la postura de Irán de "extorsión mundial" y ordenó a la Marina interceptar en aguas internacionales a todo buque que haya pagado un peaje a Irán. El Comando Central aclaró que el bloqueo aplica a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes, pero que no obstaculizará la navegación por el estrecho hacia puertos no iraníes. Es una distinción técnica relevante pero en los mercados no fue suficiente para calmar los ánimos; por el contrario, en las últimas horas volvió el nerviosismo.

Un cierre corto del estrecho es un shock petrolero. Uno largo se convierte en un shock de inflación y crecimiento. Y por ahora, nada indica que esto vaya a ser corto.

El presidente del Parlamento iraní no tardó en replicar a Estados Unidos: publicó en redes sociales una foto de los precios en estaciones de servicio cercanas a la Casa Blanca, con el mensaje: "Disfruten el precio actual de la gasolina. Con lo que están llamando un ‘bloqueo’, pronto van a extrañar los 4 o 5 dólares por galón." 

El precio del barril de Brent volvió a superar los 100 dólares este domingo.

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Foto: adhoc Fotos

“El Mides no paga”

Eso dicen los carteles con los que unos 200 trabajadores contratados por el ministerio se movilizaron en estos días reclamando por atrasos de hasta 3 meses en el pago de salarios.

La situación no es nueva, se repite a lo largo de los años en distintas administraciones y lo que se preguntan los trabajadores no es cuándo cobrarán esta vez sino ¿por qué la forma de trabajar y de cobrar es y seguirá siendo esta?

El origen del problema es que la mayoría de los trabajadores del Mides no son funcionarios del Mides. Una hojeada a los datos oficiales de la Oficina del Servicio Civil nos dice que en el Ministerio de Desarrollo Social hay unos 1700 funcionarios públicos. Pero eso no incluye a los contratados que son 2.500 aproximadamente.

El mecanismo funciona así: el ministerio hace convenios con organizaciones de la sociedad civil que subcontratan trabajadores en distintas formas. Esos trabajadores son los que van en las camionetas a atender a personas que están en la calle, dan respuesta a víctimas de violencia de género, se encargan de dispositivos de atención a salud mental, consumo problemático de drogas, personas con discapacidad y en el interior están a cargo de todos los refugios para personas vulnerables. Todo tercerizado.

Foto: adhoc Fotos

Una persona que trabaja en una de estas organizaciones y que pidió mantener en reserva su nombre, dijo a En Perspectiva que el sistema de contratación es precario, que hay contratos por 6 meses porque no generan aguinaldo, por ejemplo.

Esas organizaciones contratadas deben rendir cuentas al Mides antes de cobrar y allí se generan controles y empiezan los atrasos. El pago no sale y el trabajador no cobra en fecha.

Esta situación de los atrasos tiene tantos años como el mismo ministerio. Tan crónica es que esta administración propuso una solución que consiste en que la organización contratada pueda tomar un préstamo por no cobrar en fecha y que el Mides luego cubre los intereses de ese crédito cuando tenga el dinero. Igual, el Sindicato dice que esto tampoco funciona y por eso siguen los atrasos.

Para los trabajadores la solución es la presupuestación, pasar a la plantilla del organismo como funcionarios públicos pero la respuesta ha sido siempre negativa. El ministerio asegura que es el mecanismo de funcionamiento el que genera perjuicios y por eso propuso esta herramienta de solución, mantiene el diálogo abierto y regulariza los pagos en cuanto puede. Pero si la organización civil no presenta sus rendiciones de cuentas en fecha los pagos no se pueden ordenar. Además en el proceso de control y pago intervienen varios organismos, lo que genera también demoras.

Foto: adhoc Fotos

También desde el ministerio dijeron a En Perspectiva que hubo años peores y que todas las situaciones se van encaminando. Los números cambian a diario. Cuando consultamos al sindicato para este informe el atraso era con 4 organizaciones, unas 300 personas. La que peor está, hace 3 meses que no cobra. En lo que va de esta administración este es el tercer retraso grande, de meses.

Diego Andrada, directivo del SUTIGA (Sindicato Único de de Trabajadores Gremiales y Afines), aseguró que tercerizar es más caro porque muchas veces el Estado paga doble. Explicó que si una organización cobra y no le paga al trabajador, el Mides termina perdiendo   un juicio y así tiene que pagar dos veces.

Al sindicato le preocupa que hoy hay trabajadores con aviso de desalojo porque no han cobrado y plantea que la pregunta a largo plazo es: por qué se mantiene un formato que sistemáticamente deja de pagarle a los trabajadores que cumplen con una tarea prioritaria para el Estado.

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Foto: Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo comienza este jueves a fiscalizar el uso indebido del carril preferencial para ómnibus con el objetivo de mejorar la movilidad y hacer más fluido el tránsito.

Lo que se va a penalizar es que se circule por más de 100 metros dentro del carril, en ese caso la multa es de 5.600 pesos (3UR); o que se estacione dentro de esa senda, lo que será multado con 3.700 pesos (2UR).

¿Cómo se harán los controles?

Usando las cámaras de video de la Intendencia que están instaladas en 58 ómnibus del sistema de transporte urbano. La fiscalización será de lunes a viernes de 7 a 20 horas.

Las multas serán resueltas por inspectores municipales y la Intendencia aclara que las empresas de ómnibus no tienen incidencia en el proceso.

Según el intendente Mario Bergara, con solo el anuncio de que se iba a comenzar a multar ya mejoró la agilidad del transporte colectivo entre un 10 y un 12%.

Con datos del Centro de Movilidad de la Intendencia a diciembre, Bergara aseguró en que con la percepción de riesgo hubo un cambio en la conducta de los conductores que impactó rápidamente en una mejora en los tiempos del sistema.

Según datos de Cutcsa publicados por El observador en julio de 2025: la velocidad promedio de los ómnibus bajó 7% en Montevideo respecto al 2018. Al tramo que le va mejor en circulación es el de Avenida Italia que se recorre a 21 kilómetros por hora.

Recordemos brevemente cómo funciona el carril Solo Bus:

Es una senda de circulación preferencial de ómnibus, señalizada en la calle con pintura blanca y con carteles colgantes.

El sistema fue habilitado en Montevideo en 2010 con el objetivo de ordenar el tránsito y dar mayor seguridad y agilidad al transporte colectivo de pasajeros, según justificó en su momento la Intendencia. Estimaron que la medida permitiría separar la circulación de los ómnibus y la de los vehículos particulares, lo que ayudaría a mantener una velocidad constante y mejorar así el cumplimiento de los horarios.

Foto: Intendencia de Montevideo

Montevideo tiene 13 carriles Solo Bus en diferentes tramos de Avenida 8 de Octubre, Agraciada, Avenida Italia, Rivera, José Enrique Rodó, Fernández Crespo, Mercedes, Eduardo Víctor Haedo y Colonia.

Por ellos tienen circulación preferencial los ómnibus de transporte público, de turismo y transporte internacional, taxis y remises con pasajeros.

¿Quiénes más pueden circular allí?

Las ambulancias, vehículos del Ministerio del Interior en respuesta a una emergencia o móviles de la División Transporte de la Intendencia pueden también ir por el Solo Bus.

Un vehículo que lleve a una persona con discapacidad o del transporte escolar puede estacionar para el descenso de pasajeros y no se multa, o también pueden circular los camiones que transportan dinero por razones de seguridad.

Las bicicletas y monopatines también pueden usar el Solo Bus, contra el cordón de la vereda, cuando no hay bicisenda o ciclovía.

Foto: adhoc Fotos

¿Quiénes no deben circular por el Solo Bus?

Los demás vehículos particulares solo pueden ir por el carril preferencial al entrar o salir de un garage o girar a la derecha en una esquina, pero siempre en tramos menores a 100 metros.

La intendencia informó también otras dos excepciones que hay que tener en cuenta: también va a controlar (con multa) la prohibición de circular o estacionar en dos calles que no tienen carril solo bus pero por donde transitan ómnibus, en Avenida Millán y en Avenida Rivera.

Producción de Leonardo Silvera

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Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

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Lectura de Emiliano Cotelo del libro "Al volver la vista atrás" del Cr. Enrique Iglesias.

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