Hace cuatro meses que el Parlamento no tiene quién le hable de los presos.

El 18 de setiembre la Asamblea General aceptó la renuncia de Juan Miguel Petit, el Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario que estuvo 10 años en el cargo, el máximo tiempo permitido por la ley.

El abogado y periodista especializado en Derechos Humanos dejó el lugar y comenzaron a correr los plazos para elegir a una persona que lo suceda. Pero no ha sido fácil.

¿Faltaron candidaturas?

¿Faltó tiempo de negociación?

¿Qué faltó?

Falta acuerdo, ningún nombre concita el sí de todos los partidos o de la mayoría para ese cargo y pasa que incluso hay quienes dicen que no debería existir más… y así es difícil acordar…

Vamos por partes:

Cuando quedó el cargo vacante una comisión especial de 17 legisladores se encargó de encaminar el proceso de selección del nuevo comisionado o comisionada.

Esa comisión presidida por Bettiana Díaz, senadora del Frente Amplio y Carlos Camy, senador del Partido Nacional, informó el 8 de octubre que abría el plazo para recibir postulaciones, porque esto funciona así: las organizaciones sociales pueden postular candidatos, los legisladores también y pueden presentarse asimismo personas que entiendan que son aptas para desempeñar ese rol.

Hasta el 7 de noviembre podrían presentarse nombres.

¿Y se presentaron?

Sí, se presentaron 16 candidaturas, de las cuales una vino con respaldo de una organización, otra de varios ciudadanos y una tercera de parte de legisladores. El resto, 13 candidatos se presentaron ellos mismos.

Esto llamó un poco la atención de quienes han seguido el tema porque sienten que faltó sociedad civil en el proceso. Hay tanta gente y organizaciones involucradas en apoyar el trabajo en cárceles, de educación, de reinserción pero acá: solo una asociación propuso un nombre, se esperaba más.

Pero bueno, los candidatos entregaron sus cartas de postulación con datos de su formación, trayectoria y planes para esta oficina.

De ahí ahí la idea era que la comisión en 30 días analizara el currículum de esos candidatos y candidatas, los recibiera para conocerlos y charlar con ellos y luego conversara, tejiera acuerdos y presentara una lista corta de nombres a la Asamblea General para que se llegara a la designación. La tarea de la Comisión era esa y tenía un plazo.

Tengamos en cuenta que votar un Comisionado/a para el sistema carcelario requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos (78) y queda. Pero, agotados los plazos, eso no pasó.

¿Qué pasó?

No pasó porque la Comisión no llegó a un acuerdo sobre esos nombres. Ninguna de las candidaturas tuvo el respaldo suficiente entre los 17 legisladores de todos los partidos políticos, que integran la comisión como para decir: aplicado este procedimiento los posibles candidatos a juicio nuestro son tales.

No hubo lista corta y la idea de llegar antes de fin de año con el tema, no fue posible. La comisión cumplió, se reunió, analizó, y el informe que elevó a la Asamblea General dice: estos son los 16 nombres de ciudadanos y ciudadanas que se presentaron para el cargo de comisionado de cárceles. Formalmente: etapa cumplida pero no se eligió nada.

¿Se trancó por temas políticos?

Bueno sí. Hay dos nombres con más apoyo pero ese apoyo está dividido. Un nombre tiene fuerza en el oficialismo y otro en la oposición y entonces no se destraba.

Tenemos a Pablo Galain, que fue presentado por la diputada Graciela Barrera del Frente Amplio y que tiene el respaldo de los colorados Robert Silva y Felipe Schipani. Es abogado y académico de derecho, con doctorado y maestría en el exterior, docencia e investigación en Uruguay, España, Alemania y Chile. El tema es que no tiene el respaldo de todo el Partido Colorado ni del Partido Nacional.

El candidato de los blancos es Ariel Sánchez, también abogado, docente de la Facultad de Derecho, se especializó en gestión de Recursos Humanos y fue funcionario y en el período pasado subdirector de la Oficina Nacional del Servicio civil, la dependencia de gestión humana del Estado. El tema es que este candidato es visto como muy blanco y no tiene por tanto el apoyo del Frente Amplio.

¿Cómo se destraba esto?

Ya la idea es priorizar lo técnico, dejar las preferencias políticas para evitar trancar y ahí es donde otros nombres pueden tener prioridad. Lo que se busca es alguien técnico con trayectoria.

¿Y entonces, para cuándo quedó la elección?

Ahora terminó el período de sesiones y la idea es resolver esto antes de comenzar el nuevo período de sesiones en marzo. Lo que me dicen es: no podemos dejar esto así mucho tiempo, es una mala señal, deberíamos tejer acuerdos en estas semanas convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General en febrero y votar al nuevo comisionado.

Tomando esto de las señales, que en política son importantes, me decían: esto no es como la falta de acuerdo para un Fiscal de Corte, porque en ese caso la subrogación está prevista. Pero en este caso no. Se va uno hay que elegir otro, no sube alguien de otro lugar, no hay un mecanismo, hay que designarlo. Entonces la urgencia es otra. Los legisladores no quieren quedar como que no pueden acordar en ninguno de los temas.

Ya hay dos sesiones extraordinarias previstas de la Asamblea General para inicio de febrero pero ninguna tiene en el temario aun este asunto.

Qué destacan en el Parlamento: que hay buen clima para resolver y conformidad porque hay buenos candidatos, personas con solidez, trayectoria, conocimiento.

En contra desde el vamos están Cabildo Abierto e Identidad Soberana que consideran que no debería existir el cargo de Comisionado Parlamentario. Dicen que no sirve para nada y que esa función es del Poder Judicial. Es curioso porque tanto Salle como Perrone están en la comisión para designar al Comisionado pero no van a designar al comisionado porque ya adelantaron que no votarán a ninguno.

¿Cuál es el problema de la demora?

Bueno, la oficina del Comisionado Parlamentario de Cárceles funciona, tiene funcionarios, hay una encargada de despacho y las tareas rutinarias siguen. Se visitan cárceles, se reciben casos, se habla con las familias, con abogados, con los reclusos, pero hay que tener en cuenta que no es una oficina parlamentaria, administrativa o de asesoría, tiene un componente especial por la materia de la que trata. Te invito a escuchar brevemente la descripción que hacía Juan Miguel Petit aquí En Perspectiva, enseguida que dejó el cargo, en donde contó cómo era el trabajo:

"El lugar donde yo estuve, la oficina del Comisionado Parlamentario es un lugar de servicio, es un lugar donde todos los días llegan una veintena o más de casos, no es una oficina de estudio, de papeles, de investigación de documentos; que también los hacemos, los hacíamos con gran esfuerzo porque había que hacerlos y había también que interactuar con las autoridades, con la opinión pública, con el Parlamento, pero es básicamente una oficina que está todos los días recibiendo gente y visitando cárceles".

Si reciben 20 casos por día y van 3 meses sin un jerarca en la oficina… hay bastante trabajo que atender.

Pero además el tema es si hay una emergencia o si llega un pedido para firmar, por ejemplo, un recurso dirigido a autoridades o la justicia que debe hacerlo alguien legitimado para actuar, bueno allí hay dudas de hasta dónde se puede llegar, porque no hay una firma de un comisionado sino de alguien encargado provisionalmente de la oficina. Y esto es un problema en un asunto sensible como las cárceles uruguayas con 16 mil presos en condiciones lejos de lo ideal.

El Senado aprobó ayer la venia para designar a Mario Layera, exdirector de Policía Nacional, como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

La decisión salió adelante con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC), pero con el rechazo del Partido Nacional (PN).

Esta fue la primera vez desde el 15 de febrero que el oficialismo obtuvo un éxito parlamentario gracias a una división de la oposición.

También puede decirse que esta venia fue la única de las solicitadas por el Poder Ejecutivo para los cargos en entes autónomos y otros organismos estatales que no recibió el respaldo unánime de la oposición.

Veamos cómo se llegó a configurar este hecho político…

ANTECEDENTES

Recordemos: Layera fue jefe de Policía de Montevideo durante el gobierno de José Mujica y el comienzo de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, ascendido luego a director de Policía Nacional debido al fallecimiento de su antecesor, Julio Guarteche.

Hace varias semanas el oficialismo y la oposición acordaron votar mutuamente todas las venias propuestas, tanto para cargos en directorios de entes autónomos y otras instituciones del Estado como para puestos en organismos de contralor. Pero al recibir el nombre de Layera, los legisladores opositores solicitaron recibirlo primero en comisión para que explicara cuál era su situación judicial. Esto porque fue indagado en tres causas, dos de ellas de gran notoriedad:

• la de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de la exCárcel Central en 2019
• y la investigación sobre los traslados del narco mexicano Gerardo González Valencia, quien estuvo recluido en la sede de la Guardia Republicana y que en al menos 12 oportunidades fue llevado hasta la Cárcel Central sin las autorizaciones correspondientes y por un elevado costo, de $ 94 mil, cada salida. En Cárcel Central tuvo visitas conyugales y también se reunía justamente con Morabito.

En comisión, Layera informó que por dos de esas causas ya no estaba siendo investigado, pero que restaba resolver la última: la de González Valencia. Dijo que recientemente había sido citado a declarar por ella. A raíz de eso, el Senado solicitó a la Fiscalía que esclareciera la situación judicial de Layera.

Ante la consulta de los parlamentarios, la fiscal Silvia Porteiro notificó la semana pasada que Layera tenía dos antecedentes de investigación, ambas archivadas, y otra cuyo status por reserva no podía informarse. Luego, Porteiro resolvió archivar en parte esa última causa: los traslados de González Valencia. Aclaró que el caso continúa siendo investigado, pero que se archivó específicamente la indagatoria relativa a Layera y a otras personas.

FA PRESENTA EL NOMBRE

Este lunes trascendió que el Partido Colorado había decidido, teniendo esa información sobre la mesa, votar la venia de Layera. Por lo tanto, el FA la llevó ayer a votación en sesión de la cámara alta.

La venia fue “presentada” por el senador emepepista Daniel Caggiani, coordinador de bancada del FA, quien repasó la trayectoria policial de Layera, el hecho de que fuera un “discípulo” de Julio Guarteche, y las distinciones nacionales e internacionales que recibió (de la DEA, del Círculo Policial del Uruguay, o por el esclarecimiento del secuestro de Milvana Salomone).

Dijo que la bancada del FA tenía intención de que la venia saliera en conjunto con la oposición, porque la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado fue creada por unanimidad y desde entonces, según Caggiani, ha tenido “una maduración interesante”. Agregó que el cargo jugará un rol clave en la estrategia integral de combate al narcotráfico.

También destacó que el FA había tenido un “cuidado especial” en el tratamiento de esta venia, al atender las inquietudes de la oposición: se accedió a recibirlo en comisión a Layera, y a hacer la consulta a Fiscalía para aclarar cuál era la situación procesal del comisario. “Entendemos que esa situación está totalmente cerrada”, dijo Caggiani.

"Y, por tanto, entendemos que no hay ningún tipo de, por lo menos, razón o fundamento desde el punto de vista jurídico para no acompañar la venia de designación de una persona que sin duda tiene una expertise muy importante, que creo que también el Parlamento nacional tenemos que dar señales claras, inequívocas y también contundentes de que en estos temas no estamos divididos, sino que justamente queremos trabajar en conjunto para resolver y atacar uno de los problemas y los flagelos más importantes que tiene nuestro continente y nuestro país".

ARGUMENTOS COLORADOS

¿Qué argumentó el PC para votar esta venía tan controvertida?

Luego de Caggiani, el senador Pedro Bordaberry realizó una exposición larga para explicar el visto bueno de los senadores colorados, que, dijo, no era “una aprobación entusiasta” de la trayectoria de Layera.

“Vivimos tiempos en que el valor de la palabra, del acuerdo, del cumplimiento de los compromisos asumidos, debe estar más presente que nunca. Obviamente que a veces cumplir la palabra que uno empeñó se hace más difícil que en otras, y esta es una de ellas, confesó. Sin embargo, enfatizó: en política “lo que vale es la palabra”y ” cuando damos la palabra, la cumplimos.

“Entendemos que dimos la palabra de que votaríamos las venias que propusiera cada partido, y que la responsabilidad por el análisis de las condiciones personales de los candidatos propuestos era de quien lo proponía, siguió diciendo. La única excepción a este concepto, añadió, es que la persona no cumpla con las condiciones legales y constitucionales de asumir el cargo, y afirmó que este no es el caso. En particular, Bordaberry insistió: “negar la venia por una sospecha sería hacer lo que la democracia no permite: castigar sin juicio”.

“Esto no significa apoyo ni aval a los que sean presentados como candidatos, de la misma forma que no esperamos apoyo del oficialismo a los que nosotros presentamos”, puntualizó. Fue entonces cuando indicó que el paso que iban a dar no significaba“una aprobación entusiasta”, debido a la trayectoria de Layera. “No nos gusta el nombre propuesto, nos parece un error que lo propongan, no lo compartimos”, insistió. En ese momento recordó que como parlamentario interpeló tres veces al entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi cuando Layera era jefe de Policía, y aprovechó para repasar datos de homicidios, de rapiñas, de hurtos y de abigeato para mostrar cómo esos delitos habían crecido durante la gestión de Layera. Agregó que “lo peor” era que “su visión y sus declaraciones fueron alarmantes y derrotistas”.

"Este voto es una afirmación de principios que entendemos son fundamentales. La presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto por los compromisos institucionales, el cumplimiento de los acuerdos. Y porque entendemos que la institucionalidad, señora Presidenta, es más importante que nuestras simpatías personales. Ahora, también tenemos la obligación de decir lo que pensamos. No nos gusta el nombre propuesto, nos parece un error que lo propongan, no lo compartimos. Y así lo expresamos en su momento. El señor Layera tuvo durante su gestión como director de la Policía Nacional resultados por lo menos discutibles".

Además, el senador colorado hizo notar que el oficialismo puede, de todos modos, votar la venia de Layera sin los votos de la oposición. En la instancia de ayer se requería una mayoría especial de 3/5 de los integrantes del Senado pero dejando pasar 60 días el nombramiento puede salir adelante con mayoría simple, que el FA tiene en la cámara alta. Lo que se logra resolviendo el asunto ahora es que“se empiece a trabajar”cuanto antes.“Nunca van a poder decir de nosotros que ponemos los palos en la rueda y que frenamos el funcionamiento del Estado”, proclamó

Sobre el final de su alocución, y adelantándose a quienes pudieran acusar a los colorados de que votaban esta venia a cambio de que el FA le votara las suyas, el senador exigió que el oficialismo le vote a la oposición todas las venias “sin favoritismos” por el PC. “No queremos privilegios, solo pedimos que el compromiso sea recíproco, y para toda la oposición”, dijo Bordaberry.

Y concluyó diciendo que a Layera iban a seguirle los pasos especialmente: “Vamos a ser inflexibles cada vez que haya que hacerlo”.

El secretario general del PC, Andrés Ojeda, intervino luego porque, dijo, le parecía importante aclarar las cuestiones judiciales, dado que él es abogado penalista y de hecho trabajó en el caso Morabito y de los traslados de González Valencia, como defensor de uno de los policías imputados.

Puntualizó que el hecho de estar imputado o de que se le formalice una investigación no hacer caer la presunción de inocencia, que recién desaparece con una condena firme. Pero sí dijo que le llamaba la atención que se había archivado la investigación del caso González Valencia pocos días antes de que se votara la venia, cuando estas resoluciones no deberían responder a tiempos políticos. También indicó que le sorprendía que se hubiera archivado “con nombre y apellido”: por lo general se archivan investigaciones, no de tal o de cual, comentó Ojeda.

EL ARGUMENTO DEL PN

¿Y qué argumentaron los nacionalistas para rechazar el nombre de Layera y romper así el acuerdo interpartidario?

Primero, hubo un contrapunto sobre si la oposición se había realmente comprometido a votar este cargo. El senador nacionalista Javier García, que fue el principal encargado de exponer la posición de los blancos, sostuvo que no formaba parte de ese entendimiento interpartidario porque se trataba de un puesto “absolutamente diferente de todos los demás”; esto por tener una naturaleza híbrida, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y por estar vinculado con las garantías individuales, la vida privada de las personas, y la protección de los DDHH.

Sin embargo, luego el senador Caggiani solicitó una breve intervención para aclarar que la opinión de la bancada del FA era que sí, que esta venia entraba en el acuerdo, lo mismo que antes ya había dicho Bordaberry.

El senador García leyó el artículo 187 de la Constitución, que establece que los miembros de directorios y los directores generales que requieran venía de tres quintos del Senado deben ser propuestos por sus “condiciones personales, funcionales y técnicas”. A partir de eso, García explicó que si bien el PN defiende “a ultranza” la presunción de inocencia, sencillamente no acompañarían el nombre de Layera por “no compartir que la propuesta hecha por el gobierno pase el tamiz de las condiciones personales, técnicas y funcionales”.

Sostuvo que Layera no brinda garantías desde el punto de vista del respeto de los DDHH y las garantías individuales, y se preguntó entonces en qué se basaba el FA para elegirlo. García afirmó que cuando Layera era director de Policía Nacional “pasaron hechos muy graves bajo su mando que no necesariamente son delitos” pero que sí lo inhabilitan para el cargo, y que por la naturaleza de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado se debería haber buscado a alguien que generara consensos.

"Esta Secretaría requeriría un acuerdo político y nosotros estamos seguros que el gobierno tiene nombres de sobra para hacer propuestas que recabaran la unanimidad del Senado, que recabaran la confianza del Senado y que le eran garantías a los uruguayos para dirigir una institución tan importante de los efectos de la preservación del Estado de Derecho y las garantías individuales, por supuesto que los tiene, que el Poder Ejecutivo los tiene. Optó por este camino que es legítimo, pero porque sea legítimo no tiene por qué ser compartido por nosotros, señora Presidenta".

En este tablero político que no tiene precedentes en los últimos 20 años y que quedó definido en las elecciones de octubre, donde el oficialismo tiene mayoría propia en el Senado pero no en Diputados, el Frente Amplio (FA) sufrió la semana pasada la primera derrota en el tratamiento de un proyecto de ley.

El objetivo de esta iniciativa era crear un municipio nuevo en Florida, 25 de Mayo, y dos en Rocha: Punta del Diablo y Barra del Chuy. La intención era que la norma entrara en vigor a tiempo para que en esos lugares ya se eligieran alcaldes en los comicios del 11 de mayo próximo.

El texto, muy breve, pasó sino ruido por la cámara alta, aprobado incluso con votos de la oposición. Pero en Diputados los partidos que integran la Coalición Republicana cambiaron de postura y, paralelamente, no acompañó Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, a pesar de las negociaciones que intentó el oficialismo.

En definitiva, en la Cámara de Representantes solo hubo un voto nacionalista, del diputado suplente por Rocha, Jorge Méndez, quien ocupa la banca en lugar de Alejo Umpiérrez mientras este busca la reelección en la intendencia. Pero los 49 votos no fueron suficientes y el proyecto fue devuelto a comisión.

QUÉ ES

¿Por qué se presentó este proyecto de ley?

Para entenderlo hay que explicar brevemente cómo se crean los municipios. Hay tres mecanismos para eso:

• La ley establece que “toda población de más de dos mil habitantes constituirá un municipio” y que son las Juntas Departamentales las que autorizan crearlos, a propuesta del intendente.
• En aquellas localidades que no lleguen a esa cantidad de población, una de las formas de crear un municipio es con el 15% de firmas de ciudadanos de esa localidad y la aprobación de la Junta Departamental, previo visto bueno del intendente.
• Y el otro mecanismo es por iniciativa del intendente con aprobación de la Junta Departamental.

En cualquiera de estos tres casos, se debe solicitar 18 meses antes de la siguiente elección.

Solo se puede sortear esa limitante temporal por la vía que estamos viendo ahora: el artículo 24 de la ley prevé que vencido el plazo el Poder Ejecutivo pueda elaborar la nómina de municipios, incluyendo los nuevos, y remitirla a la Asamblea General del Parlamento para su aprobación.

Entonces, ¿por qué se recurrió a este camino? La breve exposición de motivos del proyecto en cuestión, firmada por el presidente Yamandú Orsi y nueve ministros, dice que estas tres localidades (Punta del Diablo, Barra del Chuy y 25 de Mayo) superaron los dos mil habitantes según el censo de 2023. Pero que como los resultados de esa medición se publicaron recién a fines de 2024, los gobiernos departamentales estuvieron impedidos “objetivamente” de dar cumplimiento a la normativa.

QUÉ PASÓ

¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no se aprobó un texto que suena a poco más que un trámite formal?

Ya en la comisión de Constitución y Códigos, representantes cabildantes y colorados se habían expresado contra del proyecto por considerar que contribuía a aumentar innecesariamente la burocracia estatal. Hicieron una crítica de fondo al tercer nivel de gobierno.

“Entiendo que esta ley de los municipios debe ser revisada en algún momento, porque estamos creando una burocracia enorme a través de esta cantidad de municipios, y no sé dónde vamos a parar”, dijo, por ejemplo, Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Siguió: “Voy a dar números: la mitad de la población vive en Montevideo y tiene 8 municipios y la otra mitad de la población tiene 128 municipios”.

Pero el principal argumento de los opositores, como la colorada Paula de Armas o los blancos Diego Echeverría y Napoleón Gardiol, fue que se estaba dando el paso demasiado cerca de las elecciones. Propusieron, en cambio, introducir un artículo sustitutivo para que la creación de estos municipios entrara en vigencia para 2030.

“Estar creando municipios a una semana del plazo en que cierran los procesos de inscripción de listas a los municipios, creo que complejiza hasta la legitimidad de la participación ciudadana”, dijo el diputado Echeverría según la versión taquigráfica de la comisión.

La colorada de Armas lo expresó de la siguiente forma: “No es una cuestión de no crearlos, sino por la forma en que lo estamos haciendo y por los tiempos en que lo estamos haciendo. En definitiva, con la buena fe de querer brindar a esta población un municipio, de pronto estamos generando un problema y no una solución efectiva hoy”.

LA DISCUSIÓN EN EL PLENARIO

Luego de varios intermedios, se procedió a fundamentar los votos de cada diputado a pesar de que ya se sabía que el proyecto fracasaría.

El primer vocero del FA en hacer uso de la palabra fue el miembro informante, el excolorado Fernando Amado. Señaló que en el Senado se había aprobado con 24 votos en 27 el mismo proyecto, y lamentó lo que, dijo, era una postura “anti-batllista” de parte de los diputados opositores.

"Lamentamos la situación que estamos viendo desde el punto de vista político. Acá el que pierde es el ciudadano o la ciudadana de esas localidades que por una jugarreta política queda sin la posibilidad, nada más y nada menos que de tener sus representantes en su pago".

La intervención de Amado provocó una respuesta del colorado Walter Verri. Primero apuntó directo contra Amado por tratar de darle “clase de batllismo” a su partido, y luego sumó un argumento más, que en la comisión no había quedado explícito: una cuestión electoral.

"Miremos los votos de las elecciones de octubre, noviembre, y nos vamos a dar cuenta por qué es el apuro de votar estas tres alcaldías. Es muy simple esto, no nos hagamos trampa al solitario: las quieren votar porque creen que acrecientan sus chances de ganar algún departamento. Esa es la verdadera razón de esto.

¿A usted le parece lógico a cualquier ciudadano…? Que no queda de rehén, los que quedamos de rehén son los partidos políticos, que no tenemos las listas prontas, como tiene el Frente Amplio. Porque, ¿usted cree que a ocho días de vencer el plazo de presentar las listas, algunos de los partidos que están representados en este parlamento o los que no lo están, tienen pronto las listas de los ciudadanos para ser sometidas a que la gente los vote? Es inviable, totalmente inviable".

Desde el FA negaron tener esa intención y acusaron a Verri de mentir.

El emepepista Joaquín Garlo dijo que el Poder Ejecutivo solamente estaba cumpliendo con la ley, dado que las localidades en cuestión superan los dos mil habitantes. Recordó además que ciudadanos de esos lugares habían tratado de juntar firmas para solicitar la creación de los municipios.

"Acá se dejó entrever la existencia de la persecución de una especie de rédito político por el tratamiento de este asunto, cuando en realidad estamos nada más ni nada menos que ante un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo a efectos de dar cumplimiento a la ley".

Otro que dio que hablar fue Federico Preve, del sector Progresistas, que sostuvo que se le estaba negando el derecho al voto a 6.000 personas.

"Estamos negando Estado de cercanía. Segundo, que estamos dejando identidades sin soberanía. Identidades sin soberanía. Estamos cerrando cabildos. Cerrando cabildos. Estamos… ¿o dónde están los ballistas y la descentralización del poder? ¿Y dónde están los paisanos de pueblo sin ponchos baguales? Estamos negándoles a 6.000 personas… “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”, dice ahí arriba. ¿Y dónde está el artiguismo, señor presidente?"

SALLE

¿Y qué pasó con Identidad Soberana (IS), que podría haber dado los votos suficientes para dar sanción definitiva al proyecto?

Como se recordará, antes del comienzo de esta legislatura se especuló con qué rol jugaría esa fuerza política, que tiene la misma cantidad de votos que Cabildo Abierto y uno más que el Partido Independiente.

El líder de IS, Gustavo Salle, dijo que la cuestión era netamente electoralista y que le resultaba ajena, dado que su colectividad no participará de los comicios departamentales. Pero hizo una exposición encendida para responder al diputado Preve, que incluso motivó un llamado de atención de la presidencia de la cámara para que respetara el reglamento.

"Podría estar hablando cuatro horas, cinco horas o diez horas de la cobardía con la que se ha actuado por los gobiernos, los gobiernos, de quien nos trató, y permítanme, pero lo tengo que mencionar, la palabra, entre comillas, y disculpas a los presentes: cagón.

Gobierno de cercanía, democracia, bueno, bárbaro, traigan el contrato de Pfizer, traigan el contrato del hidrógeno verde, traigan todos los contratos confidenciales con las grandes corporaciones que se han firmado y se los llevamos a los municipios. ¿Qué tal? ¡¿Llevamos los contratos secretos a los municipios, y ahí tenemos gobiernos de cercanía?!".

LOS DISIDENTES DE ROCHA

No toda la oposición votó junta.

El único diputado blanco que votó a favor de la creación de estos municipios fue el rochense Jorge Méndez. Lo hizo en concordancia con Alejo Umpiérrez, quien es el titular de la banca pero en esta discusión participó como senador (como suplente de Martín Lema) y como tal votó a favor.

Méndez argumentó en el plenario de la cámara que acompañaba la iniciativa por su experiencia con el municipio de Lascano, su localidad.

"Un municipio que nos ha dado mucha cosa, hemos conseguido mucha cosa. Y entendemos que toda esta vecindad de todos estos pueblos que están solicitando tener un municipio, es una posibilidad muy buena y a la cual yo quiero que ellos también lo tengan".

Luego, en una publicación en Facebook, Umpiérrez le agradeció al diputado por su “lealtad a los intereses de Rocha”.

En ese posteo, el candidato a intendente contó que existía un “pacto de caballeros” con el FA rochense para convertir a Punta del Diablo y Barra del Chuy en municipios, a cambio de que luego en la Junta Departamental se aprobara también la creación de otros dos municipios en Cebollatí y La Coronilla.

“No podemos ocultar que nos causa dolor y desazón el resultado y que diputados de otros departamentos incidan en nuestro departamento oponiéndose a la voluntad y vida de los rochenses”, escribió Umpiérrez. Dijo que entendía el motivo de los plazos electorales pero que de todos modos rechazaba la postura de los diputados nacionalistas, y agregó que “hasta último momento” habló con el coordinador de esa bancada para lograr un cambio.

“Se debió haber escuchado y respetado por sobre todo la opinión de esta tierra”, cierra el texto.

Las dos cámaras del Parlamento aprobaron el martes pasado el ingreso al país de diez efectivos de las fuerzas especiales de Estados Unidos, para participar en un evento conjunto de capacitación de operaciones especiales denominado “J-CET”.

Los efectivos estarán en Uruguay entre el 6 de abril y el 15 de mayo de este año.

La autorización tuvo un amplísimo apoyo (casi unanimidad). Pero el tratamiento del tema expuso divisiones a la interna del Frente Amplio, en una discusión que terminó siendo más larga de lo que varios legisladores esperaban.

DE QUÉ SE TRATA

La solicitud de autorización había sido firmada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero ingresó al Poder Legislativo recién a mediados de febrero, con el Parlamento en receso, y no pudo tratarse.

“Cabe destacar que la participación en estas actividades permitirá estrechar los lazos de unión e integración militar entre los Ejércitos, fortalecer y fomentar la cooperación institucional, profundizar en un entendimiento mutuo de los procedimientos, métodos y técnicas a emplear en operaciones militares y compartir e intercambiar experiencias que permitan afrontar los nuevos desafíos”, dice el breve mensaje firmado por Lacalle Pou y por el exministro de Defensa Armando Castaingdebat.

Según una carta del coronel Charles J. Barton, de la Fuerza Aérea de los EEUU, esta capacitación está centrada “en asistencia humanitaria y en la respuesta ante una crisis”, similar a los hechos en años anteriores que, según Barton, “fueron de gran éxito para ambos países”. Dice esa carta que el intercambio incluirá: conceptos básicos de la acción directa, tácticas de ruptura de unidades pequeñas, combate cuerpo a cuerpo, atención de bajas en combate táctico, procedimientos con tropas en operaciones marítimas; y procedimientos avanzados para equipos tácticos, de manera de tener unidades de operaciones especiales en óptimas condiciones, a efectos de poder brindar protección a la población civil en el marco de operaciones de paz.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene un artículo único, que dice sencillamente:

“Autorízase el ingreso al territorio nacional de una delegación de 10 (diez) efectivos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América, que concurre con su armamento individual, equipo y munición, a los efectos de participar en la ejecución del "Evento Conjunto de Capacitación de Operaciones Especiales (J-CET)", en el período comprendido entre el 6 de abril y el 15 de mayo de 2025”.

DISCUSIÓN PARLAMENTARIA

En la sesión del Senado de este martes, Bettiana Díaz, del MPP, que fue la miembro informante del proyecto, hizo una exposición general. En ella lamentó que faltaba información sobre cómo eran estas capacitaciones, pero adelantó que el Frente Amplio lo votaría.

De esa forma, la coalición de izquierdas cambiaba la posición negativa sobre el tema que había mostrado anteriormente, por última vez el año pasado, cuando rechazó un proyecto idéntico.

En abril de 2024, el FA argumentó que el pedido de ingreso de las tropas norteamericanas (que debe ser aprobado por el Parlamento, según está establecido en el artículo 85 de la Constitución) se hacía siempre de apuro, sin que alcanzara el tiempo para entender a cabalidad los alcances. El diputado Carlos Rodríguez Gálvez, también del MPP, dijo el año pasado que esta autorización no debía ser “simplemente un trámite burocrático” que los legisladores votaran “casi como algo naturalizado”.

POR QUÉ SÍ

Esta vez, la senadora Díaz dijo que el FA apoyaría el proyecto por una cuestión de diplomacia, y por no querer generarle problemas a un gobierno que recién arranca.

"En primer lugar, el cambio de postura de la bancada del Frente Amplio tiene que ver única y exclusivamente con el tema tiempos y porque esta es una decisión heredada de la administración anterior".

Dijo además que el país tiene compromisos asumidos que el FA se comprometió a rever, pero que no querían dañar los vínculos diplomáticos del país sin antes evaluar cuánto sirven estos ejercicios con fuerzas armadas de otros países. Adelantó que se revisarían todos los acuerdos de cooperación en defensa.

A partir de esta intervención se produjo una discusión sobre el fondo del asunto, que se llevó más de una hora.

El senador Nicolás Viera, también del MPP, agregó a lo dicho por Bettiana Díaz que habría que ir más allá y evaluar si sirvieron para algo todos los ingresos de buques y fuerzas extranjeras que el Parlamento vota cada año, porque no se hace un seguimiento y, dijo, ese tipo de cosas hacen a “cómo Uruguay maneja su soberanía”

Aunque, como quedó claro, esa evaluación todavía no existe, se elevaron varias voces de senadores oficialistas contrarias al proyecto a pesar de que terminaron votándolo por disciplina partidaria: concretamente, las del comunista Óscar Andrade y Constanza Moreira, de Casa Grande, a quienes sumó apuntes el socialista Gustavo González.

SÍ, PERO NO

El senador Andrade fue quien hizo la exposición más extensa. Opinó que en realidad el FA no estaba cambiando de postura, porque en el pasado la izquierda había votado a favor. Dijo, en cambio, que él tenía una posición crítica por cuestiones de fondo, que lo llevó a hacer un repaso histórico de las invasiones de EEUU a otros países y de su injerencia de otro tipo que también llevaron a cabo en Latinoamérica. Andrade dijo que el antiimperialismo no era anacrónico sino que había motivos actuales para mantener esa visión, como el bombardeo de Yemen o la intención del gobierno de Donald Trump de acceder a minerales ucranianos.

Andrade leyó un fragmento de un texto de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, con testimonios de militares estadounidenses que decían, por ejemplo, que querían “estar en todos lados y saberlo todo”.

"En los testimonios de algunos de los mandos dice, bueno, lo importante para Estados Unidos es que se familiarizan con el terreno, la cultura y el idioma de las Fuerzas Armadas anfitrionas. Hace más, dice, que entrenar las fuerzas estadounidenses. Se veían tácticas militares a los participantes, hay informes que destacan las actividades donde se fortalece la influencia de los Estados Unidos en los países anfitriones. Informes internos de los comandos especiales. Entonces: ¿tenemos reparo? Tenemos reparo. Independientemente de que seamos minoría, en esta opinión, de la bancada. Es nuestra opinión sobre los riesgos que tiene este tipo de acuerdos. Que no se reducen, en nuestra opinión, a aspectos técnicos. Sería medio ingenuo creer, con todo respeto, que solamente se reducen a aspectos técnicos".

Andrade afirmó entonces que se debía dar una discusión a fondo en la bancada, en el Frente Amplio en sí, y en el sistema político en general, sobre convenios militares con EEUU. Para eso repasó segmentos del programa del FA que iban en línea con su visión.

La senadora Constanza Moreira manejó argumentos similares a los de Andrade. Por ejemplo, hizo mención de que la injerencia estadounidense llevó al gobierno uruguayo a aumentar su presupuesto en Defensa antes del último golpe de Estado militar en nuestro país.

Insistió también en que hablar de antiimperialismo no era algo anacrónico sino que se estaba viendo hoy.

Moreira aclaró que le parecía bien tener que votar por disciplina partidaria porque era una herramienta que consideraba importante como politóloga, pero que igual quería exponer su posición contraria.

LA OPOSICIÓN, EX OFICIALISMO

Desde la oposición, quienes hicieron uso de la palabra aprovecharon para señalar las diferencias internas que estaba mostrando el FA, y llegaron a reclamar que la votación fuera nominativa (es decir que en vez de levantar todos la mano, fueron dando su voto uno por uno a medida que eran llamados por su nombre): “Vamos a ver quién la caretea y quiénes no”, dijo el senador Sebastián Da Silva.

Otro senador nacionalista, Sergio Botana, recordó que en su trayectoria legislativa previa el FA solía presentar reparos, amenazar con dar un debate de fondo, para terminar votando en forma favorable “con vergüenza”, dijo

Botana llamó a la coalición de izquierdas a no votar el ingreso de estas fuerzas especiales estadounidenses, o a dar de una vez el debate de fondo al respecto. “No me gusta que mi país se avergüence”, dijo, y pidió “ser claros”.

"Es más, nosotros no llamamos a Bush para pelearnos contra un hermano americano. No fue nuestro partido el que lo hizo. Porque acá hay mucho boquilleo, pero el día que tuvimos una suerte de amenaza de la Argentina, teléfono a Bush para pedir que viniera a salvar a los nenes. Los blancos nunca hubiéramos hecho eso. Nosotros somos artiguistas de veras. Nunca hubiera llamado al imperio para ir contra un hermano americano. Porque además de antiimperialistas, no andamos garganteando con la Patria Grande y esto y el otro. Pero americanistas somos nosotros".

Después expuso Javier García, también blanco, líder de Alianza País y ex ministro de Defensa Nacional, quien consideró “reconfortante” que el FA cambiara de posición porque Uruguay tiene convenios con las fuerzas armadas de EEUU desde hace décadas, incluso renovados y refrendados por gobiernos frenteamplistas.

Sin embargo, García agregó que si no querían votarlo no tenían por qué hacerlo, que no estaban obligados, pero que todo esto era muestra de una división interna.

El exministro enfatizó que estas capacitaciones servían, por ejemplo, para formar a soldados que luego se desempeñan como cascos azules de la ONU

"No todos coincidimos que la presencia uruguaya en misiones de paz, que nuestros soldados en misiones de paz, son parte de nuestros mejores embajadores en el mundo. La formación que reciben, parte de la formación que reciben nuestros soldados en misiones de paz, están dadas en estos ejercicios, evacuaciones médicas, alistamiento para proteger a población civil, por ejemplo en el Congo. Lo aprenden aquí y lo aprenden también de otros ejércitos, otras fuerzas armadas que tienen experiencia en la materia. Y todos queremos, por lo menos nosotros queremos, que nuestros soldados, sobre todo cuando están en situaciones muy peligrosas, este año fue realmente trágico en esta circunstancia, estén lo mejor preparados posible. Si esa preparación la da el Ejército de Estados Unidos, bienvenido sea, si lo da el Ejército de Alemania, bienvenido sea, porque yo quiero proteger a mis soldados".

RESPUESTA A AJENOS Y PROPIOS

En su última y breve intervención, la miembro informante, Bettiana Díaz, comentó que se estaban mezclando cosas distintas, y respondió tanto a la oposición como al senador Andrade.

Dijo que no iba a debatir el programa del FA en el Parlamento porque para eso estaban los espacios de discusión de la propia fuerza política.

Bettiana Díaz recordó que en 2005 se dio una situación similar cuando la izquierda llegó por primera vez al gobierno: que recibieron un acuerdo heredado de la administración anterior, y que la aprobaron pero como contrapartida luego procedieron a discutir qué se hacía con esas operaciones a lo largo del gobierno que entonces recién comenzaba.

"No nos corre nadie con los antecedentes cuando fue el Frente Amplio el que llamó al primer debate sobre la defensa nacional para quebrar con la doctrina de seguridad nacional en este país".

En el Senado el proyecto terminó aprobado por 27 votos en 27.

¿Cuánto invirtieron las campañas de Álvaro Delgado y de Yamandú Orsi para las elecciones nacionales de octubre del año pasado?

Hace algunas semanas repasamos los números que declararon para el balotaje, ahora damos un paso más hacia atrás.

Al igual que comentamos en las entregas pasadas de esta serie de informes, es difícil establecer con exactitud cuánto se gastó porque las elecciones internas de 2024 no estuvieron abarcadas por la nueva regulación de financiamiento de los partidos políticos. Por lo tanto los partidos y candidatos no estuvieron obligados a presentar rendiciones de cuentas de esa instancia, la primera etapa del ciclo electoral del año pasado.

Sí están disponibles las rendiciones tanto de las campañas de todos los candidatos de las presidenciales de octubre. De esa instancia ya dimos una mirada a los gastos declarados por la campaña del colorado Andrés Ojeda. Ahora les proponemos repasar las rendiciones de cuentas de las fórmulas Orsi-Carolina Cosse y Delgado-Valeria Ripoll.

En una primera mirada, una conclusión rápida: la fórmula frenteamplista declara ingresos por $100 millones más que la nacionalista.

En cuanto a gastos, están más parejos: la campaña de Orsi reporta 7 millones 700 mil pesos más que la de Delgado, es decir unos 180 mil dólares.

A continuación repasamos más en detalle las cifras de cada uno: los ingresos, los egresos, quiénes fueron sus donantes y en qué rubros gastaron.

DELGADO

Empecemos la mirada con lupa por los blancos.

La fórmula Delgado-Ripoll registra ingresos para octubre por 98 millones 230 mil pesos (es decir, unos US$ 2 millones 340 mil), y gastos por 102 millones 80 mil pesos (US$ 2 millones 430 mil).

O sea que terminaron la campaña con pérdidas de poco más de 90 mil dólares. Esto luego quedó registrado como egreso en la rendición de cuentas del Partido Nacional (PN) en el balotaje, tal como informamos hace dos semanas.

Si desglosamos los ingresos, primero hay 5 millones 500 mil pesos que registran como saldo positivo de las elecciones internas (recordemos que esto no podemos chequearlo), y luego 70 millones de pesos como financiamiento público: es decir, lo que el Estado paga por voto.

Con esto se abarca aproximadamente el 77% del total de ingresos.

¿Cómo se compone el 23% restante? $ 1.500.000 fueron aportados por el sector Aire Fresco, al que pertenece Delgado. El resto son donaciones, todas ellas nominativas.

DONACIONES PN

Repasemos por encima quiénes fueron los aportantes, ordenados de mayor a menor, empezando por quienes donaron más de un millón de pesos.

• El empresario Alejandro Bzurovsky, de Curtiembre París, ex presidente de la Unión de Exportadores, y su ex esposa Bettina Szames, presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, hicieron dos donaciones idénticas por un total sumado de poco más de $ 3 millones 200 mil (unos US$ 76 mil)
• Las hermanas Nicole y Monique Gramont Manente también hicieron dos donaciones idénticas, totalizando 2 millones 75 mil pesos (casi US$ 50 mil)
• Luego tenemos las donaciones de tres empresarios argentinos, todos ellos pertenecientes a la firma de capital de riesgo Kazsek: Hernán Kazah, también confundador de Mercado Libre; Nicolás Berman y Nicolás Szekazy
• Akzor S.A. aportó $ 1 millón 600 mil (US$ 38 mil)
• El Estudio Carlos A. Lecueder hizo lo propio por $ 1 millón 40 mil (US$ 25 mil), aproximadamente la misma cantidad que donó a la campaña de Orsi
• Cierran la lista de los aportantes que superan el millón de pesos Sebastián Servano y los empresarios argentinos Carlos Miguens y Matías Wolosky (este último creador de Auth0 Inc, considerada uno de los únicos “unicornios” del país vecino). Todos ellos hicieron donaciones de aproximadamente US$ 25 mil.

Por debajo de esos principales aportantes, aparecen:

• Julio César Lestido, empresario del rubro ventas de automóviles que preside hoy la Cámara de Comercio y Servicios, por $ 830 mil
• Guillermo Rozenbaum también por $ 830 mil
• Infotin S.A., que desarrolla estructura digital para Tienda Mía, por $800 mil
• Corporacion Navíos, operadora de la terminal portuaria de Nueva Palmira, también por $ 806 mil
• El empresario argentino Martín Migoya, CEO de Globant, por $ 820 mil
• El fabricante de envases de plástico Cristalpet por $ 600 mil
• Fabian Kopel, socio del promotor inmobiliario Kopel Sánchez, por algo menos de $420 mil
• Leandro Añón, director de La Tahona, donó unos $ 415 mil
• Sanifruit Uruguay S.A. también unos $ 415 mil
• Fernando Esteban Peluffo $ 210 mil
• Y cierra Matías Capandeguy con $ 125 mil

A esto hay que sumar una donación en especie, de Farunel S.A., es decir Familia Acompañantes, propiedad de la Asociación Española, quien compró $1.826.000 en publicidad en vía pública para la campaña.

GASTOS PN

¿En qué gastó la campaña presidencial de Delgado estos fondos?

83% del total en publicidad, por un valor de $ 84.961.038 (dentro de lo cual está incluida la donación de Farunel S.A.): unos US$ 2 millones 20 mil. A su vez, 74% de eso fue para los canales de televisión, incluyendo Montevideo e interior.

El desglose es el siguiente:

• Vía pública $ 9.307.091
  • Hay $ 1.826.000 de Farunel
• Prensa escrita $2.342.400
• Redes $2.542.541
• Televisión $62.957.354
• Radio $7.811.652

Algunos datos más:

• por el jingle declaran un gasto de $405.138
• casi 9 millones 500 mil pesos se destinaron a gastos de impresión
• 2 millones 100 mil pesos a estudios de opinión (todos de Opción Consultores).

A diferencia de la campaña de Orsi y de la de Andrés Ojeda, la campaña de Delgado no registra si se pagó a asesores o consultores, ni por qué montos.

INGRESOS ORSI

Vamos ahora del otro lado del andarivel.

La campaña del FA hacia las elecciones de octubre reporta ingresos por $ 198 millones 800 mil (US$ 4 millones 700 mil).

El grueso de ese dinero proviene del financiamiento público, dado que el Frente Amplio (FA) como fuerza única recibió muchos más votos que los partidos separados de la coalición multicolor, tanto en las internas de junio como en lo que los partidos declaran como estimativo de cuántos sufragios obtendrán en octubre.

El FA declara $ 114 millones 160 mil (US$ 2 millones 700 mil) en financiamiento público, el 57% del total de sus ingresos. Otros $ 47 millones (US$ 1 millón 120 mil) figuran como “cesión de derechos de hojas de votación”, el 23%.

DONACIONES FA

¿Cómo se conforma el 20% restante? Primero por donaciones nominativas, en donde se repiten dos nombres con las declaraciones de los nacionalistas:

• El estudio Lecueder por $ 1 millón 5 mil (US$ 24 mil)
• Infotin SA, o sea Tienda Mía, con una contribución de $ 604.995 (US$ 14 mil)

Aclaremos que hay otros donantes, como Julio César Lestido, que aparecen registrados como donantes del FA pero no en la campaña de la fórmula presidencial de octubre sino a alguno de los sectores de la coalición de izquierdas.

Lo mismo podría ocurrir viceversa, pero para este informe no se revisaron las rendiciones de cuentas de todos los sectores en sus campañas al Senado y a Diputados.

Entre las donaciones nominativas para Orsi, hay tres más:

• La empresa Divino donó $ 416 mil (unos US$ 10 mil)
• Pablo Bidegain contribuyó con $ 80 mil
• El asesor en comunicación Ernesto Tulbovitz aparece con tres donaciones y una compra de rifas, totalizando $ 557 mil, unos US$ 13 mil.

Se menciona una donación en especie, de la empresa Car One: una camioneta Renault Stepway 0 km por un valor de US$ 20 mil.

El grueso de las donaciones ingresó a través de tickets para eventos: $ 9 millones 100 mil. Entre los contribuyentes por esta vía, podemos destacar:

• Corporación Navíos, otro nombre repetido con los blancos, por $ 833 mil (US$ 20 mil)
• La empresa argentina José J. Chediack SA con $ 826 mil (algo menos de US$ 20 mil)
• El estudio jurídico Sáez y Sáez por la misma cifra
• Luis Mateu de Via Disegno por $ 422 mil (US$ 10 mil)

Hay una seguidilla de compradores de tickets por el valor de $ 416 mil, o sea algo menos de US$ 10 mil. Cinco son a nombres personales:

• Diego Lugano
• Walter Pereira
• Uri Kory
• El empresario futbolístico Víctor Hugo Mesa

Y hay otras cinco por el mismo monto a nombre de empresas:

• El estudio Cervieri Monsuárez, que además compró rifas por $ 41 mil (aproximadamente mil dólares)
• Punta Shopping
• Tip Integrated Uruguay
• HRU Codere, la firma que opera el Hipódromo de Maroñas
• La empresa logística Christophersen

Cierran la lista de compradores de tickets de eventos

• La constructora Molinsur por $ 413 mil
• Luis Saps, de Vía Confort, por $ 413 mil
• Teyma Uruguay por $ 410 mil
• Álvaro Queijo por $ 407 mil
• José Imaz de Acodike también por $ 407 mil

Por último, los ingresos de la campaña presidencial del FA mencionan 41 personas y empresas que compraron rifas, la mayoría por montos pequeños. Dos superan los $ 100 mil: Luis Pedro Mackinnon, director de la empresa Bafesa (que integra el consorcio que opera los peajes en las carreteras del país), que compró 20 rifas por $ 166 mil; y Alejandra Alfonso, que compró 15 rifas por $ 124 mil.

GASTOS FA

El FA declaró en esta rendición de cuentas egresos por $ 109 millones 800 mil (US$ 2 millones 600 mil).

El gasto más abultado es en pauta publicitaria: $ 42 millones 700 mil, poco más de US$ 1 millón. Es decir, el 39% del total. De eso, a su vez, el 60% es en gastos para publicidad televisiva.

La rendición también desglosa todos los gastos de “marketing”, incluyendo banderas, stickers, rodajes publicitarios, diseño gráfico o el gasto en el jingle. Totalizan casi $ 12 millones, unos US$ 285 mil. Por señalar uno en particular, en el jingle se gastaron $ 1 millón 98 mil, unos US$ 26 mil.

Si se suman los gastos en pauta y en marketing, entonces, se llega al 50% de los egresos.

¿En qué más se gastó?

En asesores, por ejemplo.

En ese rubro se registra un pago como consultoría a Uy Press, de Esteban Valenti, que cobró $ 1 millón 700 mil.

La consultora Doble L, especializada en “conversación pública”, cobró $ 723 mil.

El especialista en big data argentino José Norte cobró $ 13 millones 135 mil (US$ 312 mil). El consultor político argentino Mario Riorda cobró en honorarios $ 843 mil (US$ 20 mil). El especialista en redes sociales Camilo López figura con honorarios por $ 2 millones 300 mil (US$ 55 mil).

Además, el FA gastó $ 2 millones 750 mil en encuestas.

Otro de los gastos principales, desglosados por alojamiento, combustible, pasajes y alimentación, entre otros, es lo destinado a las giras por el interior del país: en total son unos $ 3 millones 100 mil. Otros $ 3 millones 300 mil aparecen destinados a “estructura interior”.

Un último punteo: el evento de lanzamiento de la campaña costó $ 1 millón 600 mil y en el acto de cierre gastaron $ 3 millones 170 mil.