Foto: Defensoría del Contribuyente de Chile
En Montevido existe un Defensor del Vecino. A nivel nacional está la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que depende del Parlamento, y, por otro lado, la Unidad de Defensa del Consumidor, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanza.
Pero no tenemos a una institución que defienda al contribuyente frente a los organismos de recaudación, como el BPS o la DGI.
¿Qué pasa cuando una persona o una empresa tiene que hacer un trámite y se encuentra con que no puede avanzar porque le responden que tiene una deuda vencida? ¿Cómo debe proceder si esa deuda prescribió pero sigue registrada? ¿Cómo se pueden financiar las deudas de impuestos? ¿A quién recurrir para demostrarle a un organismo que hay un reclamo injusto o infundado?
Todas estas son consultas habituales que llegan a profesionales del sector privado pero no hay una institución que tenga facultades para actuar frente a los organismos oficiales.
A lo largo de los años el tema ha sido discutido por académicos del Derecho, la Economía y la Contabilidad, tomando como referencia instituciones novedosas que han surgido en otros países: Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Chile, entre otros.
En una investigación publicada por la Universidad de la Repúblia (Udelar) en 2017, el 70% de los operadores consideraba a los contribuyentes “poco y nada” informados sobre sus derechos, marcaba una asimetría de los ciudadanos frente al fisco y el 40% planteó la necesidad de que se creara un ombudsman tributario con autonomía técnica, política y financiera.
Ahora, el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, que reúne a egresados de Derecho y carreras económicas junto a expertos extranjeros, está organizando un coloquio para sus socios en la cual se escuchará la experiencia chilena de formación y desarrollo de una Defensoría del Contribuyente.
La actividad tendrá formato webinar (o sea, un seminario a través de internet), se desarrollará el jueves 28 y contará como expositor al al Defensor Nacional del Contribuyente de Chile, Ricardo Pizarro, acompañado de las principales autoridades de esa oficina.
La Defensoría chilena del Contribuyente fue creada en 2020 en una ley de modernización de la normativa tributaria. Es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, que depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Su misión es velar por la protección y el resguardo de los derechos de los contribuyentes en materia de tributación fiscal interna, cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera. Esto abarca a gestiones tanto de personas como de empresas.
Además de actuar como defensa e intermediario en casos de particulares frente al Estado de forma gratuita, esta oficina puede emitir recomendaciones públicas no vinculantes sobre impuestos que vulneran los derechos del contribuyente o sean contrarios a la ley.
Se encarga además de realizar estudios sobre la carga impositiva y el ordenamiento tributario y de asesorar al Parlamento cuando analice normas de este tipo. También evalúa las compras públicas y las acciones de lobby.
Como quedó dicho, son varios los países que tienen este tipo de oficinas en funcionamiento. Un informe del Banco Mundial publicado en 2016 ya señalaba que las autoridades de América Latina “enfrentan el reto de simplificar sus sistemas tributarios y adoptar medidas que prevengan o disminuyan los conflictos con los contribuyentes” y agregaba que “estas oficinas contribuyen a mejorar el funcionamiento de los sistemas tributarios.”
¿Hace falta una oficina que defienda al ciudadano frente a los organismos recaudadores de impuestos?
