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Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

La bancada de diputados del Frente Amplio pidió ayer la renuncia del director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, luego de que la semana pasada el fiscal Gilberto Rodríguez archivara la denuncia que el jerarca había presentado por las filtraciones del plan de inteligencia nacional.

Hablando en conferencia de prensa, el diputado frenteamplista Mariano Tucci, dijo que “archivada esta causa”, lo mínimo que espera la oposición es “las disculpas del Ejecutivo y la renuncia del jerarca”.

Archivada esta causa de carácter penal, no recordamos antecedentes desde la apertura democrática hasta estos días de que un integrante del Poder Ejecutivo señale, sospeche y denuncie penalmente al parlamento nacional: un poder del Estado denunciado penalmente a otro. La gravedad de esta situación amerita la consideración por parte del presidente de pedirle la renuncia a Garcé, porque llevó a la justicia penal a legisladores de la comisión que lo controla simplemente con elementos de convicción y no con pruebas concretas, como advirtió el dictamen del fiscal.

Además, Tucci apuntó que Garcé “en el marco de su acción destemplada”, comprometió al presidente, Luis Lacalle Pou, y al ministro de Defensa, Javier García, porque, actuando de buena fe, Lacalle Pou, enterado de esta situación, habló de “sabotaje” a la seguridad pública, mientras García habló de “traición a la patria”.

Algunos aspectos del Plan de Inteligencia Nacional fueron publicados en Twitter por el periodista Eduardo Preve nueve días después de que Garcé presentara el documento ante la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

En su denuncia ante fiscalía, Garcé pidió investigar a los diputados y senadores integrantes de esa comisión. Además, en varias declaraciones de prensa, manifestó su convicción de que el documento filtrado era el mismo que él había expuesto en la sesión de comisión.

Sin embargo, en el dictamen en el cual archivó la causa, el fiscal Gilberto Rodríguez aseguró que existen diferencias entre el documento que Garcé llevó a la fiscalía cuando presentó la denuncia y el documento que él mismo llevó al Parlamento.

“Se observa, entre otros, que el documento de los señores legisladores guardan correspondencia entre sí, pero no necesariamente con los documentos presentados en su primera comparecencia [en fiscalía] y luego en la ampliación efectuada por el Sr. Director de la Secretaria de Inteligencia, Dr. Garcé”, dice el dictamen.

En el escrito, el fiscal señala que al no poder acceder al documento filtrado, porque el periodista (Eduardo Preve) se amparó en su reserva de la fuente, “no es posible confirmar” y “confrontarlo con los entregados” a los legisladores. “Por esto – dice- resulta en vano disponer otras medidas que articulen el seguimiento” de la investigación “ni ingresar siquiera al análisis de su contenido”.

La Tertulia de los Jueves con Hernán Bonilla, Martín Couto, Cecilia Eguiluz y Esteban Valenti.

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Congreso de Perú destituyó al presidente Castillo, al que acusa de dar un “golpe de Estado”
El Doctorado Honoris Causa a la profesora Judith Sutz… Y otros telegramas

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Enlace relacionado: Solicitud de archivo de la denuncia, del fiscal Gilberto Rodríguez

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.

Coordinadores de bancada de los partidos con representación en el Parlamento se reunieron ayer a raíz de la denuncia que presentó ante fiscalía el Secretario de Inteligencia Álvaro Garcé, señalando que información confidencial sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado se filtró de una sesión secreta de una comisión especial del Poder Legislativo.

A la investigación que comenzará en Fiscalía se sumó la reunión de ayer, donde la vicepresidenta Beatriz Argimón entregó un “informe de Jurídica” del Parlamento en el que se detallan las consecuencias que podría enfrentar quien haya filtrado la información. 

La situación se desató luego de que TV Ciudad publicara información presuntamente filtrada de una sesión secreta realizada en el Parlamento el 24 de octubre, señalando que el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé, había dado la orden de que la Policía investigara a las organizaciones posiblemente violentas en el país.

La historia empieza con información publicada por TV Ciudad en MVD Noticias. Concretamente allí se dio cuenta del trabajo de la Secretaría de Inteligencia con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia. Se señala que se encarga a la Policía, Cancillería, Aduanas y Defensa Nacional la recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas; así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.

También se indicó que las organizaciones administradoras del Río de la Plata y el Río Uruguay, tienen encargado brindar información sobre ciudadanos o residentes con el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas.

Esto será coordinado por Cancillería. Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.

En otro de los incisos, MVD Noticias señaló que el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre grupos o personas que inciten a la violencia y a la usurpación de espacios públicos o privados; así como los bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios.

Para Argimón se trató de un "hecho gravísimo". "Evidentemente hay alguien o algunos que no estuvieron a la altura de lo que es el mandato", advirtió.

Conversamos En Perspectiva con la senadora Liliam Kechichian, coordinadora de bancada del Frente Amplio.

Destaques de la entrevista:

• "Este tipo de documentos que podemos llamar reservados, clasificados, tienen trazabilidad. Todos quienes hemos estado en el gobierno sabemos que a veces recibíamos documentos que tenían, para cada uno de los que lo recibía, una trazabilidad; un número, una letra o incluso una marca de agua. Justamente el protocolo dice que debe registrarse así. Cada uno de los que se hace debe tener una identificación".
• "Ayer quisimos saber si estaban realmente con trazabilidad, el director de Servicios de Inteligencia puede saber perfectamente quién fue el que trasladó esa información. Eso no se nos contestó. Otra cosa que al menos yo no sabía, es que Garcé no había llevado suficientes copias para todos los senadores y pidió en ese momento que se hicieran fotocopias".
• "La trazabilidad de la documentación no estuvo asegurada".
• "Compartimos contribuir y colaborar con todas las investigaciones que se quieran hacer, es lo que corresponde. No compartimos que el foco esté puesto sólo en el parlamento. Este es un documento que estuvo unos días en Presidencia para que lo firmara el Presidente, se trabajó con cuatro ministerios (Interior, Defensa, Cancillería y Economía) que a su vez coordinan con varias agencias del Poder Ejecutivo. En todos esos lugares estamos seguros que otras personas manejaron esa información. Son muchos otros los ámbitos donde se debería instalar una investigación o en todo caso, si a Garcé le parece que debería ampliar la denuncia, que se convoque a Fiscalía a otras personas y no solo a los parlamentarios".
• "Fue una sesión desprolija, el Dr. Garcé no pudo comprobar la trazabilidad de la información, tampoco presentó un plan, sino un punteo. Se le está dando un volumen a esta información que nos da la sensación que no corresponde".

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

La entrada Apuntes. Alvaro Garcé: La Secretaría de Inteligencia Estratégica no investigó sobre Astesiano porque no le correspondía se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En el gobierno de Luis Lacalle Pou, el doctor Álvaro Garcé será el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

Garcé ha sido en estos años el principal asesor de Lacalle en materia de seguridad pública. Por eso, justamente, se le encomendó tarea que sorprendió: coordinar los servicios de inteligencia y contrainteligencia.

Se conoce poco de esta oficina, que trabaja de manera muy cercana al presidente de la República, y que tiene su cuota de responsabilidad en el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.

¿Cuál será su impronta? ¿Cuán importante será esa Secretaría en los próximos cinco años? Lo conversamos esta mañana con Álvaro Garcé.

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Foto: Álvaro Garcé en el estudio de En Perspectiva. Crédito: Agustín Dorce.

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La entrada Álvaro Garcé asumirá la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, donde desempeñará “un papel fundamental” en el combate al narcotráfico, ciberataques y terrorismo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El ministro de Defensa, José Bayardi, consideró ayer un “disparate” la propuesta de Luis Lacalle Pou de una ley que permita derribar aviones clandestinos que transporten droga:

Creo que quien aconsejó a uno de los candidatos o lo aconsejó mal, o el candidato entendió mal qué es una ley de derribo. La ley de derribo se usa para que cuando haya un interés vital o una infraestructura estratégica en peligro se pueda llevar adelante el derribo de una aeronave que se presupone va a causar daño. Ahora, vayamos al caso que se está planteado: que venga una avioneta, que vaya tirando fardos de droga en el campo… En realidad, el daño que uno presupone es que le caiga un fardo de droga en la cabeza a alguien. No está en riesgo ningún interés vital ni estratégico del país en juego como para que se apelara a una ley de derribo. Por lo tanto, invocarla para esto parece un tanto desmedido

Lacalle Pou había lanzado su iniciativa el sábado, luego de que tomaran estado público las incautaciones en Europa de dos cargamentos de cocaína, en un avión y en un contenedor procedentes de Uruguay, y se conociera también el caso de una avioneta que ingresó al espacio aéreo nacional desde Paraguay y lanzó paquetes con droga que salió a recoger el capataz de una estancia ubicada en Artigas.

Según ha dicho, Lacalle Pou pretende incluir este punto en una Ley de Urgente Consideración con 300 artículos que enviará al Parlamento si llega a la Presidencia.

Profundizamos en el tema y en los detalles de la ley con el doctor Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario para las cárceles y hoy asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou.

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La entrada Álvaro Garcé sobre ley de derribo propuesta por Lacalle Pou: "Es una herramienta de naturaleza prevento-disuasiva", solo "excepcionalísimamente" represiva se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El Ministerio del Interior resolvió que la Guardia Republicana asumirá las tareas de seguridad en las cárceles.

Esta mañana, En Perspectiva analizó el tema con el doctor Alvaro Garcé, asesor en seguridad ciudadana de Luis Lacalle Pou y ex comisionado Parlamentario para el sistema carcelario. También se repasaron las propuestas del sector Todos Hacia Adelante en esta materia.

Diferencias en el oficialismo

La decisión, que se comunicó oficialmente el viernes la semana pasada, provocó diferencias en la interna del oficialismo, que desde 2005 levantó las banderas de la humanización del sistema carcelario.

Por ejemplo, el sector Casa Grande, que lidera Constanza Moreira, emitió un comunicado donde manifestó su "profunda preocupación" por "el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder". El sector que encabeza Constanza Moreira agregó que "el aumento de la represión pone en riesgo no solamente a las personas privadas de libertad", sino "también a funcionarios policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas". A la declaración se añadió un mensaje de Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande, que escribió en Facebook que "apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso".

Por otro lado, el precandidato Óscar Andrade dijo que esperaba tener "conversaciones" con "gente del Ministerio del Interior" para escuchar los "fundamentos" y "no cobrar al grito", pero que "la primera señal es de preocupación". Otro sector en el que, en primera instancia, se plantearon reparos fue el Partido Socialista, que abordó el tema en la reunión de su ejecutivo el lunes pasado.

Oposición

Pero también se escucharon discrepancias desde la oposición.

El general (R) Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, advirtió que con este paso se retira personal de la Guardia Republicana de las calles, que es donde se la necesita para combatir a la delincuencia.

Jorge Larrañaga, precandidato de Alianza Nacional en el Partido Nacional, dijo que la medida "no hace más que confirmar el fracaso" de la política carcelaria.

Otra voz que discrepó fue la del abogado Andrés Ojeda, asesor en seguridad del precandidato colorado Julio María Sanguinetti. Consultado por el diario El Observador, Ojeda rechazó la idea y sostuvo que "esto es prácticamente lo mismo que lo que propone Edgardo Novick al militarizar las cárceles".

Y el ex fiscal Gustavo Zubía, que apoya a Sanguinetti, comparó la decisión con "meter al rottweiler dentro de casa para controlar que el nene no le pegue a la abuela".

Por su parte, Ernesto Talvi (precandidato colorado del sector Ciudadanos) dijo que si bien a "largo plazo" no le parece una decisión correcta, sí está de acuerdo en que puede corregir un "problema inmediato". "Lo primero que tenemos que garantizar es la vida adentro de las cárceles”, sostuvo Talvi.

La explicación

¿Cuáles son los motivos de esta reforma? ¿En qué consiste, exactamente? ¿Cómo se la implementará?

Las autoridades explicaron que el objetivo es proporcionar seguridad al personal civil que realiza tareas de rehabilitación, por ejemplo la educación o el trabajo, y al mismo tiempo proteger a los propios reclusos.
El ministro Bonomi enfatizó que la medida dispuesta «significa ordenar el sistema penitenciario, que permita (a los reclusos) mayores estadías fuera de la celda, más deporte, más patio, más estudio, pero con garantías».

Se recordó que en 2018, 19 presos fueron asesinados en establecimientos carcelarios, según datos del Ministerio del Interior.

Según se informó a En Perspectiva, los efectivos policiales que están actualmente asignados a las cárceles pasarán a revistar en la Guardia Republicana, para lo que recibirán un entrenamiento específico. Es decir que, con nueva formación, seguirán en los mismos puestos de trabajo que ocupan hoy pero dependiendo de otro cuerpo del Ministerio del Interior.

Paralelamente, la Guardia Republicana capacitará a parte de su personal en el trato con presos a fin de que contar con un grupo de efectivos que puedan tener un desempeño adecuado si es necesario convocarlos para reforzar el plantel asignado a los establecimientos penitenciarios, por ejemplo, para contener algún tipo de crisis violenta.

¿Dónde, por ejemplo, sería especialmente útil este nuevo esquema? Un caso tristemente conocido es la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), un complejo de gran tamaño donde en los últimos meses se han producido graves enfrentamientos entre los internos del módulo 10 y el 11.

Sin embargo, según se adelantó, la primera experiencia se haría en el nuevo establecimiento penitenciario de Punta de Rieles.

También se prevé que en 2021 la Guardia Republicana asuma la custodia perimetral de las siete cárceles en las que actualmente el Ejército cumple esa función. Se aguarda que para ese año pueda aplicarse la ley de reordenamiento del sistema carcelario, que hoy está a estudio de la Cámara de Diputados. De acuerdo a ese texto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que gestiona las penitenciarías, pasaría a ser un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, pero la seguridad se mantendría bajo responsabilidad de la Policía y el trabajo dentro de los centros continuaría asignado a los operadores penitenciarios civiles.

De todos modos, en el gobierno enfatizan que las medidas relativas a la Guardia Republicana pueden llamar la atención pero son sólo una parte de un proceso más amplio de transformación de sistema penitenciario.

Así lo explica el senador del MPP Charles Carrera, exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior:

Se está trabajando en la creación del sistema penitenciario nacional, que es una ley en la cual se establecerá claramente los cometidos que desarrollará cada una de las instituciones del Estado en el proceso de rehabilitación e inclusión de las personas privadas de libertad. Y allí se definirá, por ejemplo, el rol que tendrá el MI, la Policía, el MSP, las políticas sociales y educativas.

Y lo que se anuncia ahora, la participación de la Guardia Republicana brindando seguridad en los centros penitenciarios, forma parte de ese proceso de descentralización. Es una fase más.

La pregunta es: ¿es necesario que la Guardia Republicana participe dando seguridad en algunos centros penitenciarios? Sí, es necesario. Es necesario que se brinde seguridad a los trabajadores del sistema y a los privados de libertad. Para que los procesos de rehabilitación se puedan brindar en los centros penitenciarios.

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Foto en Home: Agustín Magallanes

La entrada Para Álvaro Garcé, poner a la Guardia Republicana a cargo de la seguridad en las cárceles es "una medida extrema", "una improvisación", "incompatible con el modelo de ONU" se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Richard Marcelo Roldán Requeijo, más conocido como “El Pelado”, fue asesinado este jueves por la madrugada en el Penal de Libertad en un crimen sangriento. Su compañero de celda, Víctor Hugo Pereyra Da Silva, fue el autor del homicidio.

Pereyra dijo ante la justicia que mató a Roldán porque éste venía insultando reiteradamente a su madre. Según relató la fiscal, Nidia Morosini, en su testimonio este hombre relató que cometió el asesinato con un cuchillo casero y que después arrastró el cuerpo hasta el baño de la celda, lo colgó de los pies y lo decapitó. Pero no terminó allí. Realizó un corte en el torax de la víctima, y extrajo trozos del cadáver que a continuación fritó y luego comió (*).

Violencia en el Penal
Se trata del homicidio número 16 en lo que va del año en las cárceles uruguayas. Si sumamos suicidios y accidentes o fallecimientos dudosos llegamos a 22 muertes violentas hasta ahora. Todo indica que 2018 cerrará con menos muertes violentas que en los dos años anteriores que fueron record. De todos modos, hay que tener en cuenta que la población carcelaria es menor, según comentó a En Perspectiva Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.

En 2017 hubo 28 muertes violentas en total, 17 de ellas “homicidios en custodia”, como se los denomina formalmente (**). Peor había sido 2016, con 32 muertes violentas, 16 de ellas homicidios de presidiarios.

La recopilación realizada por la oficina del comisionado parlamentario registra 229 muertes violentas en custodia desde 2009.

En su último informe anual, Petit advirtió que el Penal de Libertad tiene una cantidad de fallecimientos desproporcionada: aloja al 10% de la población del sistema, pero registra el 19% de las muertes de presos y el 32% de las muertes violentas. Es decir que una de cada tres muertes violentas en el sistema carcelario ocurre en esta prisión. Por esa razón, y por otras, varios especialistas se preguntan si no llegó ya la hora de clausurar Libertad.

Petit adelantó a En Perspectiva que este viernes visitará la cárcel de Libertad para transmitirle su pesar a los funcionarios, por el “horror” que tuvieron que presenciar.

A fines de noviembre, el comisionado se presentará en el Parlamento para exponer sobre otra muerte violenta ocurrida a comienzos de octubre en ese mismo recinto, que en principio fue atribuida a un enfrentamiento entre reclusos pero que ahora -luego de una larga investigación- se considera fue responsabilidad de un guardia, disparando muy cerca de la cabeza de la víctima con un arma de municiones no letales.

Brutalidad
Los episodios violentos en cárceles son permanentes. Sin embargo, el ex director nacional de cárceles Enrique Navas (que ocupó ese cargo entre 2002 y mayo de 2006) solo recuerda un caso que puede asemejarse en brutalidad al asesinato de Roldán.

Ocurrió en el penal de Libertad en la madrugada de Navidad del año 2005, cuando dos reclusos asesinaron a su compañero de celda, lo descuartizaron y hasta comieron parte de sus órganos. Fue el crimen de Ruben Julio Domínguez da Luz, alias “el Caramelero”, llevado a cabo por Rafael García Rodríguez, alias “El Sapo”, y Diego de León Conde, alias “El Cosita”.

Domínguez, la víctima, había sido procesado en marzo del año anterior por coautoría de homicidio especialmente agravado. Domínguez y otros tres hombres participaron en la violación y muerte, en noviembre de 2003, de una liceal de 14 años en el monte de la Francesa, en la zona de Colón. A su vez, los que lo mataron en el Penal de Libertad habían sido encarcelados 20 días antes por múltiples violaciones, atentado violento al pudor y dos homicidios de jóvenes mujeres en la zona del barrio Borro.

“El Sapo” y “El Cosita” explicaron a las autoridades del Penal que estaban molestos con Domínguez porque alardeaba de la forma como había violado y mató a su víctima.

Álvaro Garcé, que fue comisionado parlamentario para el sistema penitenciario entre 2005 y 2014, recordó otro episodio de gran brutalidad, que sucedió en Tacuarembó, en el año 2008. En aquel momento, Juan Gilberto Coitiño, procesado junto con su esposa por prostituir a su hija de diez años, fue linchado por siete presos apenas 24 horas después de su ingreso en prisión.

Su esposa y uno de los hombres que había abusado de la niña también fueron víctimas de golpizas en sus respectivos encierros. Pero en el caso de Coitiño, la violencia llegó a más. Fue crucificado en la parrilla de su cama, le laceraron y quemaron el pene, y luego lo asesinaron a golpes y patadas.

Quién era el Pelado
“El Pelado” Marcelo Roldán –asesinado ayer- era uno de los presos más conocidos del sistema penitenciario uruguayo: tenía 44 años y había pasado más un tercio de su vida entre rejas.

En 1989, con solo 13 años, cometió su primer asesinato durante el asalto a una vinería de Villa Española. Todavía siendo menor de edad, mató a otro delincuente.

Cobró fama durante los años 90 y desde entonces estuvo internado en prácticamente todos los hogares para menores infractores y luego en cárceles para mayores.

El exdirector Navas recuerda muy bien a Roldán. Según explicó a la producción de En Perspectiva, era una persona muy conflictiva y tenía pocos vínculos de amistad con otros reclusos. Era el foco permanente de problemas en la cárcel porque participaba con frecuencia en riñas con otros presos.

Por lo general, aquel interno que se llevaba bien con Roldán, no tenía una buena relación con los otros. Eso sí, aquel que lograba ingresar a su círculo de amistades pasaba a beneficiarse de su protección.

Garcé lo tiene presente como un hombre solitario. "Yo no lo recuerdo como alguien que dentro del sistema carcelario fuera un líder", dijo. "No tenía ningún grupo que lo respaldara, se movió siempre de forma individual".

Navas recordó que durante su gestión en la entonces Dirección Nacional de Cárceles puso en marcha un plan para trasladar a presos peligrosos del penal de Libertad a la cárcel de La Tablada.

La condición para permanecer allí era que tuviera una buena conducta. De lo contrario, se disponía el regreso a Libertad. Navas recuerda que en ese establecimiento Roldán logró ser contenido debidamente. Al poco tiempo comenzó a recibir la visita de una mujer, con quien mantuvo encuentros íntimos, fruto de los cuales tuvo un hijo con ella. “Fue el momento de mayor humanidad que tuvo”, recuerda Navas.

De todos modos, allí en La Tablada Roldán protagonizó en 2007 un hecho muy sonado, cuando se subió al techo durante unas 12 horas, amenazando con tirarse al vacío, en reclamo de mejores condiciones de reclusión.

Quien dialogó con él para que cesara su protesta fue Garcé. En conversación con En Perspectiva, evocó que ese diálogo con Roldán fue “muy complejo” y supuso asegurarle garantías una vez depusiera su actitud.
En 2011, Roldán salió en libertad tras cumplir con su condena. Pero duró poco en la calle: primero fue identificado como autor de una rapiña y luego provocó un suceso violento en un juzgado. Así volvió a entrar al sistema. En 2013 una pelea en el Penal lo dejó hospitalizado, aunque sobrevivió.

Homicidio
Este jueves, finalmente, el “Pelado” tuvo su último enfrentamiento. Según el Ministerio del Interior, Roldán y su homicida, Víctor Hugo Pereyra, llevaban poco tiempo como compañeros de celda y no habían tenido problemas. Pero durante la noche, según Pereyra, Roldán le faltó el respeto a su madre, lo que ya había hecho otras veces, con lo cual provocó su reacción. El arma homicida fue un corte carcelario.

De acuerdo con el comunicado oficial, Víctor Hugo Pereyra Da Silva cumple condena por varias causas, entre ellas un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado en la modalidad de concurso, un delito de hurto, un delito continuado de suministro de estupefacientes y un delito de homicidio en reiteración real, un delito de extorsión, un delito de rapiña y privación de libertad en grado de tentativa.

(*) Estos últimos detalles no figuraron en el informe emitido al aire el viernes de mañana. Fueron revelados más tarde, en declaraciones a la prensa, por fiscal de la ciudad de Libertad, Nidia Morosini, responsable de la investigación de este caso.

(**) Las cifras de ese año incluyen una muerte por caída de altura por causas no aclaradas, y el homicidio de una mujer que había ido a visitar a su pareja, preso en el Penal de Libertad; el hombre la asesinó en el baño de visitas.

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Foto: Imagen Telemundo

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Transcripción de la entrevista con Álvaro Garcé

En el Partido Nacional es unánime el cuestionamiento a la política de seguridad pública del gobierno; pero en cuanto a soluciones, la interna muestra alternativas diferentes.

El senador Jorge Larrañaga busca plebiscitar una reforma constitucional con cuatro puntos, de los cuales el más polémico es la creación de una guardia nacional con 2.000 militares. La senadora Verónica Alonso puso el énfasis en un refuerzo a corto plazo de la Guardia Republicana y en que se asigne a ese cuerpo un papel más activo en el patrullaje.

Mientras tanto, ¿en qué está el sector Todos Hacia Adelante, que lidera Luis Lacalle Pou? Aparentemente se ha concentrado en una medida en particular: cambiar el sistema de legítima defensa de la Policía. ¿Por qué? ¿Qué otras iniciativas maneja este movimiento?

Vamos a conversarlo con el principal asesor en materia de seguridad pública del senador Lacalle Pou, el doctor Álvaro Garcé.

Transcripción de la entrevista con Álvaro Garcé

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 26.06.2018, hora 8.27

EMILIANO COTELO (EC) —En el Partido Nacional (PN) es unánime el cuestionamiento a la política de seguridad pública del gobierno; pero en cuanto a soluciones, la interna muestra alternativas diferentes.

El senador Jorge Larrañaga busca plebiscitar una reforma constitucional con cuatro puntos, de los cuales el más polémico es la creación de una guardia nacional con 2.000 militares. La senadora Verónica Alonso puso el énfasis en un refuerzo a corto plazo de la Guardia Republicana y en que se asigne a ese cuerpo un papel más activo en el patrullaje.

Mientras tanto, ¿en qué está el sector Todos Hacia Adelante, que lidera Luis Lacalle Pou? Aparentemente se ha concentrado en una medida en particular: cambiar el sistema de legítima defensa de la Policía. ¿Por qué? ¿Qué otras iniciativas maneja este movimiento?

Vamos a conversarlo con el principal asesor en materia de seguridad pública del senador Lacalle Pou, el doctor Álvaro Garcé.

Usted es abogado y docente universitario. Fue comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario de 2005 a 2014, y en la campaña electoral de ese año (la última) fue presentado como el principal asesor de Lacalle Pou en seguridad pública. Pero últimamente ha mantenido un perfil más bien bajo. ¿Qué pasó?

ÁLVARO GARCÉ (AG) —En este momento estamos dedicados a la docencia, una actividad vocacional que hace tiempo que desempeñamos. Y por supuesto nos mantenemos en permanente contacto con todo el sector del partido, con el senador Lacalle Pou en particular. Hemos estado trabajando en algunos proyectos de ley. El hecho de no tener una exposición permanente no significa que no estemos activos y en trabajo.

EC —Todo indica que la seguridad pública va a ser uno de los temas más importantes de la próxima campaña. ¿Qué lugar entiende usted que va a ocupar personalmente en el equipo de técnicos de Lacalle Pou? ¿Cómo se lo localiza allí?

AG —El tema de la seguridad pública sin duda va a estar en un primer plano de la agenda porque es la primera preocupación que tienen los uruguayos. Desde ese punto de vista podemos llegar a pensar que en la próxima campaña electoral el debate respecto a la seguridad pública va a ser más intenso que en 2014, cuando igualmente ocupó un lugar importante en la agenda. En ese escenario nos vemos trabajando, formulando propuestas y probablemente recorriendo el país con distintas iniciativas.

EC —¿Usted va a ser el principal referente?

AG —Yo soy un técnico que está encantado de poder participar y dar su punto de vista. No nos adjudicamos ese protagonismo.

EC —Hace pocos meses se alejó de Todos el licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado, que se incorporó al Partido de la Gente. ¿Qué significó esa salida?

AG —Cada uno es libre de tomar el camino que desee. En ese sentido no tengo otro comentario.

EC —Pero ¿qué lugar ocupaba él en este equipo?

AG —Él había participado activamente en el equipo de 2014. Pero reitero, me parece que es propio de hombres libres elegir en qué lugar se quiere volcar su trabajo y las iniciativas.

EC —Vayamos a lo que estamos viviendo hoy. Un período muy especial en materia de delincuencia e inseguridad. El gobierno ha reconocido en los últimos días que ahora, en julio, cuando se divulguen las cifras del primer semestre, nos encontraremos con registros récord de rapiñas y homicidios, con crecimientos fuertes en muy pocos meses.

AG —Pero ya lo sabemos, la gente ya lo sabe.

EC —Sí, pero lo curioso es que hubo declaraciones, por ejemplo, del vocero del Ministerio del Interior (MI), Fernando Gil, en su blog personal. Y después del propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como dejando eso ya señalado, haciendo un anticipo.

AG —Atajándose.

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